En el campo de las políticas sociales, la focalización y el univer- salismo suelen oponerse porque cada uno deriva de experiencias y momentos distintos en el desarrollo del capitalismo y de las instituciones de bienestar.2
La base teórica e ideológica del paradigma de la focaliza- ción es el liberalismo, y se remonta a los primeros días de las leyes de pobres inglesas, y parte de la premisa de que los canales fundamentales para satisfacer las necesidades de un individuo son el mercado privado y la familia. Por ello, este enfoque considera que sólo cuando estos pilares del bienestar fallan es legítimo que las instituciones estatales y de la política social (en adelante PS) entren en acción.3 La PS focalizada ofrece beneficios básicos y temporales a los pobres y vulnerables que logran demostrar que son incapaces de satisfacer sus necesi- dades de bienestar a través de su propia iniciativa. Este tipo de políticas selecciona rigurosamente a sus beneficiarios, utili- zando pruebas de medios y condicionalidades. Sin embargo, la provisión de servicios no es necesariamente pública, porque se considera legítimo hacerlo a través del mercado o de organiza- ciones de la sociedad civil4 (Mkandawire, 2005, pp. 2-3; Peyre, 2007, p. III; Barba, 2013, p. 528).
En contrapartida, el paradigma universalista que surgió a fina- les de la Segunda Guerra Mundial, considera que todos los ciuda- danos –sin distinción de clase, posición en el mercado, trayectoria y desempeño laboral, prueba de medios o contribución financiera– tienen derecho a acceder a los servicios sociales. Esta perspectiva descansa en la solidaridad interclasista, en impuestos universales y en sistemas públicos unificados de protección social y enfatiza una amplia desmercantilización del bienestar social (Esping-Andersen, 1990, p. 47; Barba, 2013, p. 528).
Las PS universalistas son concebidas como mecanismos para transformar la realidad social y construir una sociedad más equitativa (Titmuss, 1974, p. 145). Los servicios sociales universalistas erosionan las barreras formales que discriminan a los pobres porque reemplazan el doble estándar de los pro- gramas focalizados que ofrecen servicios de segunda clase para ciudadanos de segunda clase (Titmuss, 1965, p. 19). Por ello, promueven la igualdad de estatus y de derechos, garantizan los mismos beneficios sociales, con la misma calidad,5 a todos los ciudadanos, independientemente de su posición de clase o laboral y su situación en el mercado6 (Skocpol, 1995, p. 251; Esping-Andersen, 1990, pp. 47-65).