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A A
D
Leticia Merino Pérez y
Alejandro Velázquez Montes
(Coordinadores)
C
Simone Buratti
4 Agenda ambiental
Índice
Introducción
Problemática y política del agua
13
Las condiciones de la biodiversidad:
diagnóstico y política pública
25
Los bosques de México
Crisis del sector forestal y propuestas de política
33
Las ciudades de México
Retos para el desarrollo sostenible
39
La transición energética
Hacia un nuevo paradigma en la generación y
el uso de la energía
45
Perspectivas sobre los mares
y costas de México
53
Política pública sobre minería,
medio ambiente y soberanía nacional
63
Agricultura, alimentación y suelos
69
La relación entre los derechos humanos
y el medio ambiente
73
La Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM),
institución pública comprome-
tida con los desafíos nacionales,
constituye no sólo el espacio más im-
portante de investigación y docencia del
país, sino también de construcción de
alternativas y propuestas a estos retos.
Con esta capacidad y potencial, y a la
luz de los cambios sociales y políticos
que vive nuestro país, un grupo de
40 investigadores nos hemos dado a
la tarea de poner a disposición de los
aspirantes a la presidencia de la nación
y de los candidatos a las gubernaturas
de los trece estados que renovaran su
administración en 2018, una síntesis
del conocimiento en materia ambien-
tal en los temas más acuciantes.
La iniciativa nace en el seno de la
Secretaría de Desarrollo Institucional,
Introducción
a través del Seminario Universitario en
Sociedad Medio Ambiente e Instituciones
(SUSMAI, http://susmai.unam.mx), cuya
meta central es constituir un espacio de
análisis, balance y difusión académica de
los retos ambientales que enfrenta el país.
El documento que presentamos es
el resultado de un intenso trabajo cole-
giado en el que, además de académicos
de distintas facultades e institutos de la
UNAM, han participado investigadores de
la Universidad Autónoma Metropolitana,
la Universidad Autónoma de Zacatecas,
el Centro de Investigación en Ciencias
de Información Geoespacial A.C.
Ing. Jorge L. Tamayo y el Colegio de
México. También se sumaron al esfuerzo
analistas de diversas organizaciones
de la sociedad civil, como el Consejo
Civil Mexicano para la Silvicultura
Sostenible, Conservación y Biodiversidad,
7
8 Agenda ambiental
la Fundación Semillas de Vida y la
Iniciativa Climática de México. A todos
ellos nuestro profundo reconocimiento
por su compromiso e intenso trabajo.
Esta iniciativa presenta propuestas con-
cretas, desde una perspectiva interdiscipli-
naria e intersectorial, para el tratamiento
de las problemáticas socio-ambientales
más apremiantes. Su fundamento se traza
en un apretado diagnóstico de las condi-
ciones de acceso, uso y gestión del agua, la
biodiversidad, los bosques, las ciudades, las
costas y los mares, la energía, la minería
y los suelos ligados a la problemática de la
agricultura y la seguridad alimentaria. Y
conjunta también la riqueza de las diversas
formaciones, perspectivas y experiencias
de sus distintos autores. Este documento
es parte de un proyecto y un esfuerzo
de comunicación más amplio que entre
otras actividades y productos incluye la
próxima publicación de un libro en el que
participan un mayor número de autores,
y donde los temas considerados se tratan
con mayor profundidad.
México, a pesar de contar con un le-
gado natural y cultural que se ubica entre
los más sobresalientes en el mundo, care-
ce de una política ambiental propia que
se base en las bondades del patrimonio
que alberga.
La política ambiental en general dio
un salto cuántico a partir de los años
1990, cuando por primera vez contó con
una secretaría de Estado (Secretaría de
Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Pesca) y la creación y consolidación
de diversas entidades portadoras de
grandes compromisos como la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de
la Biodiversidad (CONABIO), la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP), la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) y la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR).
Desde entonces han tenido lugar
retrocesos de la política pública en tres
grandes líneas. La primera es la insistente
sectorización del tema ambiental, que por
su esencia es multi-relacional e indivisible.
La segunda línea de regresión evidente es
la constante disminución del presupuesto
federal en la materia, lo que expresa el tra-
tamiento oficial de los temas ambientales
como accesorios o secundarios entre las
prioridades nacionales. La tercera línea de
repliegue se refiere a la separación de las
políticas públicas que atienden la salud
del ambiente y la salud de la sociedad,
cuando estos temas son dimensiones dis-
tintas de los mismos procesos.
En países de vanguardia en el trata-
miento de los temas ambientales, como
la región escandinava, se ha probado que
cualquier atención al medio ambiente tiene
repercusiones significativamente positivas
en la salud de la sociedad, con incrementos
sustanciales en la calidad de vida de los
ciudadanos. Hoy en México la atención
política a estos asuntos es secundaria
9
Introducción
frente al crecimiento macroeconómico,
la seguridad nacional y la transición de
gobierno, que ocupan las agendas cotidia-
nas y menosprecian los temas de salud, de
energía y de patrimonio natural y cultural.
Evidencia de ello es la situación actual de
la SEMARNAT, institución prácticamente
inutilizada en cuanto a sus funciones y
que en la actual administración ha sufrido
recortes de personal y de jurisdicción con-
tinuos y sin precedentes.
Los distintos problemas ambienta-
les del país –como se muestra en este
documento– han llegado a un nivel tal
que ponen en riesgo, a corto y mediano
plazos, la calidad de vida de grandes
grupos sociales, así como muchos de los
procesos productivos de los que depende
la economía y el acceso a servicios ecosis-
témicos básicos.
La falta de acceso al agua de calidad, la
acelerada pérdida de ecosistemas y de la
biodiversidad que albergan; la creciente
ilegalidad de los aprovechamientos fo-
restales; los problemas de acceso al agua,
vialidad, contaminación y vulnerabilidad
de las ciudades; el agotamiento de las
pesquerías y la destrucción de manglares;
el rápido agotamiento de los hidrocarbu-
ros convencionales y la falta de inversión
en energías renovables; la erosión de los
suelos y la creciente pérdida de seguridad
alimentaria, son problemas que distan de
ser secundarios, cosméticos y posterga-
bles. Frente a ello, este documento plantea
la necesidad de asumir los problemas am-
bientales como prioridades nacionales que
requieren atención urgente.
El análisis de los ocho temas ambienta-
les considerados aquí manifiesta proble-
mas y fallas transversales de gestión pú-
blica, cuyo tratamiento tiene importancia
estratégica para revertir las problemáticas
y avanzar en trayectorias orientadas al
logro de la sustentabilidad. Entre estas
fallas institucionales destacan:
1. La concentración extrema de capaci-
dades y recursos en algunas institu-
ciones del gobierno federal.
2. La ausencia o insuficiente partici-
pación ciudadana, que cuando se
presenta es limitada y carece de capa-
cidades vinculantes.
3. La insuficiencia, incluso la ausencia
de información pertinente sobre las
condiciones de los sistemas naturales
y los impactos de las actividades
productivas que los afectan en ma-
yor medida (minería, extracción de
hidrocarburos mediante fractura
hidráulica, crecimiento inmobiliario
y turístico desmedidos, expansión
agro-industrial) y la opacidad de la
información existente.
4. La sectorialización, falta de transver-
salidad, y carácter secundario y pos-
tergable de los problemas ambien-
tales en la política pública, así como
su subordinación y sacrificio frente
10 Agenda ambiental
a la política económica con visión de
corto plazo.
5. La marcada desigualdad en el acceso
a los beneficios y la carga de los costos
ambientales que imperan en el trata-
miento de los problemas ambientales
analizados, y que se han convertido
en fuente de conflictos cada vez más
numerosos.
Si bien los recursos como los bos-
ques, el agua, la pequeña ganadería, la
agricultura familiar y la conservación y
el uso sostenible de la biodiversidad no
definen tasas de manejo financiero de los
mercados internacionales, contribuyen a
la construcción de resiliencia de los terri-
torios y comunidades rurales y urbanas
mexicanas ante los embates derivados de
las corrientes macroeconómicas globali-
zadas y del cambio ambiental global.
Los llamados megaproyectos turísti-
cos que destruyen ecosistemas y generan
grandes presiones sobre los recursos
naturales; los extractivos que agotan y
contaminan gravemente aguas y suelos
y los agroindustriales, basados en el uso
intensivo de agroquímicos, la explota-
ción desmedida del agua y los disputados
usos de transgénicos y hormonas, con-
denan el ambiente a la insostenibilidad
y a la sociedad a la conflictividad, la vul-
nerabilidad y la dependencia económica
externa. Las elevadas ganancias financie-
ras, repartidas en muy pocas manos y con
pérdida de un bagaje cultural y natural
invaluable e irremplazable, se llevan a
cabo a expensas del bien común.
De manera opuesta, el manejo am-
biental que combine formas de uso y
manejo sustentable de la energía, el
agua, el suelo y la biodiversidad, con la
participación ciudadana en esquemas de
cogestión, resultan muy eficientes para
cubrir necesidades básicas y derechos
humanos como el acceso a un medio
ambiente sano, a agua suficiente y de
calidad, a la seguridad alimentaria,
al empleo digno, reconocidos por la
Organización de las Naciones Unidas
como Metas del Desarrollo Sustentable.
En este modelo los territorios y las pro-
pias comunidades humanas adquieren
valores intangibles, como el patrimonio
que repercute en la pertenencia, identi-
dad y usufructo equitativo y sostenible,
que nuestra sociedad requiere de manera
urgente. Es así que hoy resulta fun-
damental repensar la forma en que se
atienden los temas ambientales desde las
esferas políticas. En sentido estricto, su
manejo adecuado conlleva a la copartici-
pación y a la corresponsabilidad de todas
las esferas de la sociedad.
Concebir al gobierno federal como el
único responsable del diseño e imple-
mentación de políticas públicas de corte
ambiental es destinar cualquier inicia-
tiva a un fracaso rotundo. En primer
término, porque la enorme diversidad de
11
Introducción
condiciones (físicas, ecológicas, culturales
y geográficas) del territorio mexicano
dificulta que una política única pueda ser
igualmente efectiva y adecuada para el
conjunto del país.
Adicionalmente, cabe reconocer que el
principal potencial para el buen manejo
ambiental es la participación ciudadana,
origen de los aciertos y de muchos de los
disturbios que atienden las políticas pú-
blicas, fuente de soluciones y fuerza para
su implementación.
Por último, una creciente evidencia
empírica, nacional e internacional, de-
muestra la conveniencia de la cercanía de
la toma de decisiones a las problemáticas
sociales para generar soluciones adecua-
das y legítimas.
Este documento es un trabajo proposi-
tivo. Compromete y corresponsabiliza al
sector académico y a la sociedad civil or-
ganizada a ser proactivos en la construc-
ción de las políticas públicas ambientales
en sus etapas de diseño, implementación,
seguimiento y ajuste.
Ante los inminentes cambios en los
gobiernos federal, estatal y municipal du-
rante el presente año es necesario como
nunca poner sobre la mesa una gama de
opiniones calificadas sobre temas am-
bientales prioritarios.
Buscamos, en última instancia,
motivar a los actores políticos y a la
sociedad a la construcción conjunta de
políticas socio-ambientales que reco-
nozcan la heterogeneidad del país y que
se les otorgue la debida relevancia a los
temas de salud, igualdad de acceso a
los recursos y la atención a los derechos
sociales bajo un esquema que adopte
como eje el avance en la equidad y la
sostenibilidad.
L M P,
A V M
Enero de 2018
12 Agenda ambiental
.
P
13
Un tema indispensable en la
Agenda Ambiental de México
es el reconocimiento de la pro-
blemática del agua y de la ne-
cesidad de alcanzar la seguridad hídrica
para las generaciones presentes y futuras.
La problemática del agua no es privativa
de nuestro país; su gravedad se refleja en
un nutrido debate político, ciudadano y
académico en naciones desarrolladas y
en vías de desarrollo. En México, urge
avanzar hacia una perspectiva renovadora
para la gestión del agua y cuencas, que se
alimente, por un lado, de la experiencia
acumulada, y que, por el otro, abreve de
nuevos esquemas y paradigmas
El desafío de la gestión del agua es
fácil de formular: se debe garantizar el
abasto de agua en cantidad y calidad
suficiente para el uso doméstico urbano
y rural; para las actividades productivas
e industriales, y para los ecosistemas y
la vida silvestre. A la vez, se debe en-
frentar el riesgo hídrico. Este se refiere
a la incertidumbre o desconocimiento
de las condiciones futuras, generada
por factores como los impactos de las
actividades humanas sobre los procesos
hidrológicos y los efectos potenciales
del cambio climático sobre los patrones
de lluvia y temperatura. Otros factores
que incrementan la incertidumbre son la
creciente demanda de agua, las disputas
entre actores sociales por un bien escaso,
y la debilidad institucional para conducir
hacia la gobernanza del agua. La actual
complejidad inherente a la gestión del
Coordinadores temáticos:
Marisa Mazari Hiriart y
Adalberto Noyola Robles
1 En el desarrollo de esta sección participaron
Ana Burgos, Pedro Moctezuma Barragán, Elena
Burns, Oscar Monroy, José Agustín Breña, Antonio
Hernández Espriú y Ana Cecilia Espinosa.
14 Agenda ambiental
agua conduce a mirar a la cuenca hidro-
gráfica como una unidad hidro-social
donde el movimiento natural del agua se
entrelaza con las actividades humanas y
las acciones para su apropiación.
La acelerada crisis hídrica y el incre-
mento de las desigualdades sociales por el
acceso desigual al vital liquido condujo a
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) a declarar en 2010 el acceso al
agua como Derecho Humano, subya-
cente a otros derechos. Rápidamente, en
2012, esta declaratoria fue adoptada en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Más recientemente, en 2015, el
acceso a agua de calidad adecuada se inclu-
yó como parte de la agenda global denomi-
nada ‘Objetivos de Desarrollo Sostenible’
para el año 2030. El alcance de estas metas,
sin embargo, requiere de una enorme vo-
luntad política y de la coordinación franca
y solidaria de numerosos sectores y actores.
En un diagnostico rápido, varios focos
rojos se evidencian en la gestión del agua
y cuencas en México. Una primera alarma
se ubica en el abasto de agua a centros
urbanos. El crecimiento poblacional de
las ciudades ha desbordado la capacidad
de abastecer en cantidad y calidad a todos
los sectores de la ciudad; ello refuerza la
segregación espacial de la pobreza urbana
e incrementa la vulnerabilidad social de los
sectores más rezagados. A su vez, el abasto
a poblados rurales, aun muy numerosos
en el país, acumula deudas hacia estas
áreas, dado que los sistemas de abasto de
agua comunitarios permanecen en el olvi-
do institucional. Las pequeñas localidades
permanecen huérfanas, y no logran contar
con el agua suficiente para mantener la
salud de la población ni los procesos pro-
ductivos para la seguridad alimentaria y
el desarrollo local. En ocasiones son estas
áreas rurales las que proveen los recursos
hídricos que se trasladan a grandes distan-
cias para el abasto urbano, lo que acentúa
la brecha de oportunidades entre las áreas
urbanas y rurales.
Otro tema alarmante es el deterioro
de la calidad de las aguas superficiales
en ríos, lagos y embalses de México. Su
degradación se ha incrementado severa-
mente, lo cual genera impactos directos
en la salud pública y en la vida silvestre,
particularmente en ecosistemas y especies
amenazadas.
El manejo de aguas residuales no ha
logrado ser bien atendido. Las aguas no
tratadas se vierten “crudas” en los cuer-
pos de agua o se reutilizan para el riego.
México es el segundo país en el mundo,
después de China, que utiliza en mayor
medida agua residual cruda para este
fin. Las aguas residuales contienen pa-
tógenos no controlados, antibióticos que
aumentan la resistencia de las bacterias,
metales pesados, residuos de productos de
aseo personal y doméstico, derivados de
combustibles, de disolventes industriales,
de plaguicidas y de plásticos, algunos de
15
Problemática y política del agua
los cuales actúan como disruptores endo-
crinos, conocidos como “contaminantes
emergentes”. Estos nuevos contaminantes
presentes en las aguas residuales no están
aún considerados en la normatividad, a
pesar de la evidencia de que inciden en el
incremento de enfermedades crónico-de-
generativas. Se tiene, entonces, una situa-
ción paradójica: a la vez que se agudizan
los problemas básicos del saneamiento de
agua derivados de la industrialización,
la población tiene acceso a productos
de una sociedad de consumo moderna.
La inversión en infraestructura de agua
y saneamiento tiene efectos positivos
evidentes en la reducción de la incidencia
de enfermedades gastrointestinales, lo
que disminuye el gasto en salud pública
y atención médica. El deterioro de la
calidad del agua, y la desconfianza gene-
ralizada hacia los servicios de abasto, ha
favorecido el consumo de agua embotella-
da. México es el principal consumidor per
cápita de agua embotellada en el mundo
(de acuerdo con el volumen de agua de
consumo por persona) y el segundo con-
sumidor mundial por volumen total.
La información oficial documenta
coberturas aceptables de suministro de
agua (92.5% de la población), drenaje
(73%) o fosas sépticas (18%). Sin embargo,
el tratamiento de las aguas residuales
es insuficiente: sólo se reportan como
tratados 129 m3/s (57%) de los 212 m3/s de
aguas residuales municipales colectadas.
Por otra parte, solo 54% de las plantas
menores a 100 litros/segundo funcionan,
y solamente 25% lo hacen de manera
adecuada. En consecuencia, más del 50%
de las plantas de tratamiento municipales
en México presentan una calificación
global de pésimo a mal funcionamiento.
Además, en ninguna de las plantas se apli-
can medidas específicas para la remoción
de los contaminantes emergentes, ni la
cloración asegura la eliminación completa
de microorganismos resistentes como vi-
rus y parásitos. Por su parte, la importan-
cia de las aguas subterráneas ha perma-
necido invisible, si bien estas constituyen
la principal fuente de agua en México y
en el mundo. Las aguas subterráneas son
un bien social y el reaseguro del agua para
las generaciones futuras, y un recurso que
genera enormes riquezas económicas. Una
estimación general indica que las aguas
subterráneas sostienen alrededor del 62%
del uso público, el 52% del uso industrial,
y el 34% del uso agrícola e industrial.
El deterioro de las aguas superficiales
apunta a un rápido incremento del apro-
vechamiento de aguas subterráneas. Sin
embargo, hay poco entendimiento sobre
el funcionamiento de los sistemas de flujo
(o acuíferos) y se carece de una norma-
tividad clara; ambos son fundamentales
para su buen aprovechamiento, protec-
ción y manejo.
A su vez, 80% del agua de calidad pro-
viene de acuíferos, mientras que el consu-
16 Agenda ambiental
mo de agua de 60 millones de mexicanos
depende de acuíferos sobreexplotados. Es
así que, de 653 “unidades de manejo del
agua subterránea”, la CONAGUA reconoció
en 2016 que 105 (16%) acuíferos están en
condiciones de franca sobreexplotación,
32 (5%) presentan agua salobre y 18 (3%)
intrusión salina en sistemas costeros.
El principal mecanismo de recarga de
los acuíferos mexicanos es la infiltración
de la precipitación pluvial, estimada en un
~6% de los ~800 mm promedio anuales
de lluvia. En México, el monitoreo de la
cantidad y calidad del agua –centralizado
en la CONAGUA– resulta inadecuado e
insuficiente y representa otra importante
dimensión del rezago del país en el tema
del manejo de este recurso y bien común
Temas básicos para la gestión del agua
y la seguridad hídrica carecen hoy de
respuesta: a) se desconoce el volumen de
agua almacenada en el subsuelo y su pro-
porción renovable; b) se ignora también
la proporción del volumen almacenado
que se extrae y qué parte de este volu-
men almacenado se puede extraer sin
consecuencias negativas a largo plazo; c)
no se cuenta con conocimiento sobre el
volumen de agua subterránea necesario
para mantener los procesos ecológicos
de los ecosistemas; d) no se tiene infor-
mación sobre la variabilidad temporal de
los volúmenes disponibles y requeridos a
partir del fenómeno del cambio climático.
La producción de conocimiento sobre
estos asuntos tiene carácter estratégico y
urgente.
Un tema con fuerte debilidad en
México es el limitado alcance de la
gestión de cuencas y su reconocimiento
como espacios físicos y sociales idóneos
para el diagnóstico, planeación, ejecución
y seguimiento de decisiones. Una ade-
cuada aplicación de este enfoque permite
estructurar la participación de múltiples
sectores y actores para manejar los recur-
sos hídricos con énfasis en el bien común
y su sostenibilidad.
A pesar de la urgencia para construir
la seguridad hídrica, los esfuerzos para
lograr la gestión de cuencas han sido
escasos a pesar de la acumulación de pro-
blemas viejos y nuevos que se entretejen
e incrementan la complejidad del pano-
rama futuro. Ejemplos claros aparecen
en la ‘paradoja’ entre el uso de agua para
mega-proyectos mineros, turísticos y de
aprovechamiento energético, que generan
riqueza y crecimiento económico, en
contraste con la necesidad del agua para
el bienestar y la salud de la población
mexicana.
En lo que va del siglo, la estructura
normativa no ha funcionado satisfactoria-
mente para promover la gestión de cuen-
cas, de modo que no hay espacios sociales
en los que de manera informada y con
marcos éticos compartidos, se pueda esta-
blecer la deliberación y negociación justa
en torno a la apropiación y preservación
18 Agenda ambiental
de los recursos hídricos en cuencas parti-
culares.
En las entidades federativas, las
Comisiones Estatales del Agua o equi-
valentes son instancias muchas veces
inoperantes, sin presupuesto, carentes de
capacidades técnicas e incapaces de apor-
tar soluciones a problemas específicos a
escala estatal. En los municipios los órga-
nos operadores de agua potable atienden
las cabeceras municipales pero sufren de
grandes vacios presupuestales por una
gran cartera vencida, lo que redunda en
la incapacidad de operar las plantas de
tratamiento de aguas residuales (PTAR).
Las pequeñas ciudades y poblados ru-
rales dentro de los municipios carecen
por completo de instancias oficiales que
contribuyan a asegurar el agua y sanea-
miento para la población, pero tampoco
las estructuras auto-organizadas, como
Comités Comunitarios de Agua, son apo-
yadas para alcanzar la autogestión. Este
esbozo de situación indica que se requiere
una profunda revisión del andamiaje
institucional actualmente existente en
México para la administración del agua.
Las problemáticas arriba mencionadas
son solamente algunas de las múltiples
consecuencias de una gestión del agua
y cuencas que no está a la altura de las
necesidades actuales de México. Las
problemáticas se han agudizado con
el tiempo y no hay claros caminos de
solución; ello revela debilidades e insufi-
ciencia en las capacidades institucionales
del país. Los criterios institucionales que
rigen a la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), principal dependencia que
opera la gestión de este líquido, deberían
revisarse para subsanar sus graves defi-
ciencias, como aquellas identificadas por
la Auditoría Superior de la Federación
en los años 2015 y 2017, entre las que se
encuentran:
Fallas de regulación del acceso a
aguas superficiales y subterráneas
(año auditado: 2016). La extracción de
agua subterránea equivale a 160% de la
recarga, con una sobreextracción de 5
631 millones m3/año; 71% del volumen
concesionado no cuenta con medidor; la
CONAGUA realizó inspecciones de volú-
menes extraídos en solo 1.7% de las 275
300 concesiones de aguas subterráneas.
En 2015 dicha dependencia otorgó 1 124
concesiones en 306 cuerpos de agua con
déficit. Sólo realizaron inspecciones de
volúmenes extraídos en 1.7% de las 275
300 concesiones de agua subterránea. En
2014, la CONAGUA realizó únicamente
24 visitas de inspección en el Valle de
México y durante 2015 esta misma ins-
titución otorgó 1 124 concesiones en 306
cuerpos de agua con déficit.
Incapacidad para garantizar la ca-
lidad del agua (año auditado: 2013). El
40% de las cuencas evaluadas estaban
contaminadas, e incluían metales tóxicos
y sustancias radiactivas. De los 191 cuer-
19
Problemática y política del agua
pos de agua superficiales considerados en
serio proceso de deterioro, la CONAGUA
solo realizó 28 estudios de calidad del
agua y llevó a cabo únicamente 298 visi-
tas de inspección de descargas a acuíferos.
Fallas para asegurar el pago de
derechos (año auditado: 2013). De las
concesiones obligadas a pagar derechos
solo 4.8% cumplieron, y se alcanzó una
recaudación de 15 mil millones de pesos,
mientras el presupuesto federal para el
sector fue 69 mil millones para el sector.
Los usuarios agrícolas, que consumen
77% del volumen total del agua utilizada
en el país, no pagan derechos; la mayoría
de ellos se concentran en zonas áridas
del centro y norte del país, y su pro-
ducción se orienta principalmente a la
exportación.
Se identificaron fallas en la regulación
del acceso a aguas superficiales y subte-
rráneas; la incapacidad para garantizar
la calidad del agua, y las debilidades
para asegurar el cobro de derechos a los
concesionarios para el uso de fuentes
de agua. En tal sentido, la Auditoría
Superior de la Federación concluyó que
“es imperativo que la autoridad en la ma-
teria realice cambios estructurales en sus
procesos y procedimientos para garantizar
la disponibilidad del vital líquido para las
generaciones presentes y futuras… los pro-
blemas podrían agravarse si la autoridad
no se replantea la forma de administrar el
agua”.
En las entidades federativas, las
Comisiones Estatales del Agua o equiva-
lentes, son muchas veces inoperantes, sin
presupuesto, carentes de capacidades téc-
nicas e incapaces de aportar soluciones a
problemas específicos a escala estatal. En
los municipios, los órganos operadores
de agua potable atienden las cabeceras
municipales pero sufren de grandes va-
cios presupuestales por una gran cartera
vencida, lo que redunda en la incapacidad
de operar las plantas de tratamiento de
aguas residuales (PTAR). Las pequeñas
ciudades y poblados rurales dentro de los
municipios no tienen instancias oficiales
que contribuyan a asegurar el agua y
saneamiento para la población, pero tam-
poco las estructuras auto-organizadas,
como Comités Comunitarios de Agua,
son apoyadas para alcanzar la auto-
gestión. Este esbozo de situación indica
que se requiere una profunda revisión del
andamiaje institucional actualmente exis-
tente en México para la administración
del agua.
Propuestas
El panorama trazado advierte severamen-
te sobre la necesidad de un cambio en
la visión sobre la gestión del agua y las
cuencas en México. La experiencia nacio-
nal e internacional señala la importancia
de algunas líneas de trabajo que sugeri-
mos a continuación.
20 Agenda ambiental
21
Problemática y política del agua
1. La seguridad hídrica debe conside-
rarse un tema de carácter estratégico
y urgente, y se debe reconocer a la
gestión de cuencas hidrográficas
como el esquema más idóneo para
alcanzarla.
2. Se requieren cambios legales y de
diseño institucional que atiendan
las debilidades ya detectadas, y que
promuevan espacios ciudadanos-
gubernamentales de deliberación,
negociación y toma de decisiones en
torno a la apropiación y preservación
de los recursos hídricos en las dis-
tintas cuencas de México. El cambio
de la Ley de Aguas Nacionales es
inminente. Las diferentes voces desde
la ciudadanía, el sector académico y
los sectores invisibles, deben ser escu-
chadas para generar una legislación
moderna que supere los problemas ya
detectados, y haga frente a los proble-
mas futuros. Se debería replantear la
construcción del sistema de derechos
a las aguas nacionales e impulsar polí-
ticas fiscales progresivas para revertir
las inequidades que comprometen la
estabilidad del país. La apropiación de
aguas binacionales, sean superficiales
y subterráneas, debe estar protegida
en los tratados o acuerdos de libre
comercio.
3. La colaboración y coordinación
interinstitucional requieren una
especial mejora en México. Los or-
ganismos del sector agua de los tres
órdenes de gobierno deberían trabajar
con mayor armonización y mediante
canales de comunicación más agiles
para lograr una gestión más eficiente
y transparente. Con ello se propiciaría
una gestión profesional de los orga-
nismos operadores, más allá de los
cambios coyunturales de gobierno.
Especial interés debería ponerse en las
entidades federativas más rezagadas
y en los municipios rurales o en pro-
ceso de urbanización, para anticipar
la crisis hídrica en esos territorios,
con repercusiones aun mayores en
su desarrollo socio-económico. La
deficiencia presupuestal que asfixia
a estos organismos debería atenderse
con la articulación de esquemas de
financiamiento a corto, mediano y
largo plazo, para mejorar la infraes-
tructura y las tecnologías del agua en
asentamientos urbanos y rurales.
4. Es fundamental implementar verda-
deros esquemas participativos para el
diagnóstico, planeación y monitoreo
de agua y cuencas. La participación
multi-actoral y la gobernanza son las
vías para la construcción de consen-
sos conducentes a una acción común.
Los acuerdos deben plasmarse en
instrumentos de planeación con vi-
sión de corto, mediano y largo plazo,
a veces llamados Planes Rectores de
22 Agenda ambiental
Cuencas Hidrográficas. En estos es
esencial la observancia del derecho
humano al agua, el sostenimiento
del derecho consuetudinario de los
pueblos indígenas sobre fuentes de
agua en territorios locales, y el orden
de prelación en la apropiación y uso
del recurso hídrico para proteger a
los sectores más vulnerables de la
sociedad. Es deseable desarrollar
nuevos instrumentos de prevención
y protección, tales como el dictamen
de impacto socio-hídrico, el dictamen
del análisis costo beneficio socio-hí-
drico, y la declaración de “cuencas en
estrés hídrico extremo”. Se requieren
nuevas estructuras de participación
de composición plural, como una
Contraloría Social del Agua que actúe
como un organismo desconcentrado
del Consejo Nacional de Cuencas, y
una Defensoría Pública del Agua y el
Ambiente.
5. La generación de información
confiable y transparente es un tema
urgente: sin información se debilita
la toma de decisiones. Es necesario
extender los sistemas de información,
monitoreo y alerta temprana sobre
aguas y cuencas. Estos deberían ser
manejados y administrados de mane-
ra colegiada desde las universidades
con participación social e institucio-
nal, de forma que se mantengan las
bases de datos y se asegure el acceso
público a la información durante y
después de los cambios de gobiernos.
6. El manejo del agua urbana seguirá
demandando propuestas de solución
acordes a cada situación. Deberán
implementarse nuevos diseños para
elevar la eficiencia del manejo de aguas
residuales, en particular en ciudades en
crecimiento. Los esquemas de descen-
tralización del tratamiento de aguas
residuales deberían ser una prioridad.
A futuro se deberá evitar el envío a
plantas de tratamiento alejadas de los
sitios donde se generen las descargas.
Preferentemente, las aguas residuales
deben tratarse de forma segregada
(tratamiento por separado de las
aguas domésticas, las industriales y los
escurrimientos urbanos). El enfoque
convencional de instalación de grandes
colectores de drenaje y grandes plantas
de tratamiento de agua residual es una
solución inadecuada en muchos casos.
La integración de distritos de reúso
urbanos, industriales y agrícolas debe
ser una prioridad en zonas con escasez
de agua, buscando acercar la fuente de
agua tratada a los usuarios.
7. El agua rural, particularmente en
territorios rurales vulnerables, como
los presentes en las entidades fede-
rativas con mayor pobreza del país,
debe ser tratada como un eje trans-
versal en el diseño de estrategias
para el desarrollo local y regional.
23
Problemática y política del agua
El futuro y la prosperidad de los
territorios rurales más rezagados
no puede pensarse sin un adecuado
abasto de agua y saneamiento.
8. La regulación y mejor gestión de las
aguas subterráneas son temas pen-
dientes. Es fundamental incorporar
en la ley el modelo de funcionamiento
del agua subterránea por el sistema de
flujos, lo que permitirá tomar mejores
decisiones sobre su preservación y
aprovechamiento. Temas especial-
mente sensibles son: la utilización
de sistemas de flujos regionales
llamados 'acuíferos profundos'; las
iniciativas de recargas artificiales;
la implementación de sistemas de
alerta temprana en sistemas de flujo
vulnerables; el aprovechamiento de
aguas subterráneas transfronterizas, y
el uso de grandes volúmenes de agua
subterránea para prácticas de fractura
hidráulica ( fracking) en la extracción
de petróleo a partir de lutitas.
L
:
diagnóstico y política pública
25
México es un país mega-
diverso, una de las diez
naciones con mayor
diversidad biológica del
mundo. Esto constituye un privilegio y
una enorme responsabilidad. La biodiver-
sidad de México se expresa en el elevado
número de especies conocidas de plantas
y animales, así como de las estimaciones
de otros organismos (microorganismos,
artrópodos, hongos, etc.), de su gran
variedad de ecosistemas y de la enorme
variación genética que permitirá afrontar
los desafíos del cambio global. Una frac-
ción importante de esta biodiversidad
es exclusiva (endémica) de nuestro terri-
torio, situación que incrementa su valor
único y la responsabilidad de conservarla
y manejarla de manera sostenible.
El país tiene una gran extensión y
variedad de ecosistemas terrestres de
los que aún sabemos muy poco. Existen
enormes vacíos de información para
algunos grupos de organismos (por
ejemplo, microorganismos y artrópodos)
y estamos lejos de conocer y valorar los
servicios ambientales que proporcionan.
Esta situación es crítica en el caso de los
ecosistemas marinos, costeros y dulcea-
cuícolas.
Es necesario hacer esfuerzos adicio-
nales para conocer a fondo los aspectos
básicos de la biodiversidad mexicana
(genética, específica y ecosistémica), así
como de su valor presente y potencial.
Este conocimiento nos permitirá la for-
mulación de políticas públicas que favo-
rezcan el desarrollo sostenible del país.
Coordinadores temáticos:
María del Coro Arizmendi y
César Domínguez Pérez-Tejada1
1 En el desarrollo de esta sección participaron Pedro
Álvarez-Icaza y Carlos Erik Muench Spitzer.
26 Agenda ambiental
México es también un país de enorme
riqueza cultural, uno de cuyos elementos
son los conocimientos tradicionales y
locales para el manejo y conservación de
los recursos y sistemas naturales. La di-
versidad y fuerza de las prácticas y cono-
cimientos de los pueblos y comunidades
mexicanas sobre su entorno natural son
base de la existencia de una importante
agrobiodiversidad, con numerosas plan-
tas útiles de las cuales México es centro de
origen, domesticación o diversificación.
A pesar de su enorme valor, este conoci-
miento no está bien documentado ni se
valora en su justa medida como fuente de
prácticas sostenibles.
Otro aspecto importante es la diver-
sidad genética, es decir la información
hereditaria de todos los organismos vivos.
Con los avances de la biología molecular
y las técnicas de ingeniería genética, se
ha logrado la manipulación de los genes
con técnicas de ADN recombinante y, más
recientemente, edición de genes. Sin em-
bargo, no se puede entender a los genes de
manera aislada, sino en relación con los
elementos ambientales y funcionales que
regulan su expresión.
La diversidad genética, en países con
alta diversidad biológica como México,
está articulada a la diversidad biocultu-
ral, creada y mantenida por los pueblos
originarios que han interactuado con
la naturaleza en condiciones ecológicas
particulares. Han llevado a cabo domes-
ticaciones y propiciado adaptaciones y
diversificaciones como en caso del maíz,
el frijol, la calabaza, el chayote y otros
muchos cultivos.
Por ello no puede abordarse la di-
versidad genética de manera aislada del
amplio ámbito en que se desarrolla: al
sustraerla de este marco se abre la posibi-
lidad de su manejo y uso como un recur-
so susceptible de manipulación, modifi-
cación y mercantilización. La diversidad
genética se protege gracias al entendi-
miento que mujeres y hombres tienen de
la naturaleza y de las diferentes formas
de relacionarse con ella, es decir de su
cosmovisión, bajo la cual se da un mane-
jo comunitario de los recursos.
Desde la cosmovisión de los pueblos
originarios y campesinos las plantas,
animales, hongos, semillas y otros pro-
págulos son elementos de uso común.
Esta visión es contraria al proceso de
patentamiento y despojo que se busca
realizar mediante la tecnología y la di-
sección de la diversidad genética como
un recurso fitogenético susceptible de
apropiación.
México es signatario del Protocolo de
Nagoya que busca “la participación jus-
ta y equitativa en los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos
genéticos, incluso por medio del acceso
apropiado a dichos recursos genéticos y
por medio de la transferencia apropiada
de tecnologías pertinentes, teniendo en
27
Las condiciones de la biodiversidad
cuenta todos los derechos sobre dichos
recursos y tecnologías y por medio de la
financiación apropiada, contribuyendo
por ende a la conservación de la diversi-
dad biológica y la utilización sostenible de
sus componentes”.
En años recientes, la aplicación de
políticas de desarrollo ajenas a la pre-
ocupación por el uso sustentable, la
conservación de la riqueza natural del
país y la calidad de vida de sus habi-
tantes ha producido la degradación y
agotamiento de los sistemas naturales,
llegando en distintas regiones a escena-
rios cercanos al desastre ambiental, con
pérdidas importantes de la diversidad
biológica. Si bien el ritmo de deforesta-
ción ha disminuido en muchas regiones,
continúa siendo significativo en otras.
En los últimos años la deforestación y
la degradación forestal se relacionan
con procesos de cambio de uso del suelo
para actividades agroindustriales a
gran escala (plantaciones de aguacate,
de palma africana, de jatropha y de
soya), con aprovechamientos forestales
ilegales y con la construcción de grandes
desarrollos turísticos. La deforestación
ha provocado la fragmentación de los
ecosistemas y el aislamiento de especies
y poblaciones. Junto con la deforesta-
ción, procesos como la contaminación
de los ecosistemas y la introducción de
especies invasoras son causas directas
de la pérdida de la biodiversidad y el
deterioro profundo de los sistemas de
soporte de la vida en el planeta.
Las dinámicas que generan degra-
dación ambiental son complejas. Entre
ellas se encuentran el crecimiento urbano
sobre áreas naturales, las presiones de
los mercados sobre distintos recursos
naturales, prácticas agrícolas, mineras y
de desarrollo turísticos de altos impactos
ambientales. Es importante conocer la
magnitud de estos problemas y de sus
consecuencias, asegurando el acceso
público a esta información, de modo que
sea posible establecer estrategias de parti-
cipación ciudadanas, políticas públicas y
legislación capaces de detener y –cuando
sea posible– revertir estas condiciones.
El manejo responsable y la conserva-
ción de la biodiversidad son temas priori-
tarios y urgentes. El éxito de estas tareas
depende de las capacidades académicas,
políticas y sociales para integrar una agenda
de conservación y desarrollo sustentable
atenta a los aspectos biológicos, económicos
y sociales de los problemas socioambientales
y de las políticas para atenderlos. En México,
la conservación de los sistemas de soporte de
vida del planeta va de la mano con la cons-
trucción de una sociedad más participativa y
equitativa.
Propuestas
• La importancia económica, social,
estética y biológica del capital natu-
29
Las condiciones de la biodiversidad
ral de México debe ser reconocida de
manera explícita buscando generar
una cultura que lo valore y lo maneje
de manera sostenible. La valoración
de la riqueza natural del país debe
promoverse en los distintos niveles
del sistema de educación.
• Es muy importante mantener pro-
gramas de investigación sobre orga-
nismos genéticamente modificados
para establecer su impacto en los
ecosistemas y en la salud humana.
Estos estudios deben evitar el conflic-
to de intereses. La sociedad debe tener
acceso abierto a esta información.
• Se requiere salvaguardar el conoci-
miento y las tradiciones asociados
con los cultivos de los cuales México
es centro de origen, reservorio de
diversidad genética y centro de
domesticación. Entre otras medidas
este esfuerzo implica recuperar
las aportaciones de la agricultura
familiar y de pequeña escala, como
recomienda la FAO, ya que ésta aporta
hasta el 80% de la alimentación del
mundo, recurriendo a sistemas de
manejo diversificado, como la milpa
en nuestro país. Esta medida es la me-
jor política de adaptación al cambio
climático en el terreno de la soberanía
alimentaria.
• El Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas es una herra-
mienta importante para la conserva-
ción de la biodiversidad. Sin embar-
go, se requiere reforzar las políticas de
manejo, conservación y protección de
estas áreas contra distintas prácticas
no sustentables como la minería a
cielo abierto y los grandes desarrollos
turísticos.
• Es necesario impulsar las activi-
dades de conservación y manejo
sustentable de los ecosistemas fuera
de las Áreas Naturales Protegidas,
con la participación de los actores
locales y el respeto a sus derechos de
propiedad. Las políticas diseñadas
para ello deben basarse en: 1) una
perspectiva de paisaje, que asegure
el mantenimiento de la conectividad
ecológica y de la funcionalidad de los
ecosistemas; 2) la conservación del
patrimonio biocultural, enfatizando
la interacción de los grupos humanos
con la biodiversidad y promoviendo
las prácticas de manejo que han mo-
delado y mantenido los paisajes, eco-
sistemas y sistemas productivos; 3) el
reconocimiento, apoyo y promoción
de las formas de manejo colectivo del
territorio y de las formas de organiza-
ción e instituciones locales.
• Algunas políticas públicas exis-
tentes que pueden fortalecerse
en este sentido son: 1) las Áreas
Dedicadas Voluntariamente a la
Conservación (ADVC), que pueden
servir para fortalecer y promover las
30 Agenda ambiental
iniciativas comunitarias de conser-
vación, asegurando que cuenten con
un mínimo de recursos económicos
para su manejo; 2) los programas
de pago por servicios ambientales
(PSA), cuya ejecución debe mejorar
para que se asegure el aspecto de
fomento productivo estipulado en
ellos; 3) los programas de refores-
tación y restauración ecológica,
que deben permitir y planificar el
aprovechamiento futuro de los sitios
a restaurar para estimular la partici-
pación y la responsabilidad social en
las actividades de restauración; 4) la
promoción de sistemas productivos
y actividades económicas de bajo
impacto, como el manejo forestal
comunitario, la producción de café,
cacao, miel, la milpa tradicional y la
ganadería silvopastoril.
• Realizar ejercicios de planeación a
escala regional enfocada en el man-
tenimiento de la conectividad del
paisaje y la funcionalidad de los eco-
sistemas, buscando mantener la con-
tinuidad espacial de elementos como
los corredores de vegetación y las
redes hidrológicas que mantienen los
flujos naturales de materia y energía
en el paisaje. Estos esfuerzos deben
buscar la integración de instrumentos
de planeación local existentes, tales
como los ordenamientos territoriales
comunitarios.
• Es necesario fomentar la participa-
ción social en las ANP, mediante la
construcción y el fortalecimiento
de instituciones locales que regulan
el acceso a los recursos naturales y el
establecimiento de mecanismos de
vinculación entre actores locales, ins-
tituciones académicas y de gobierno.
• La conservación del patrimonio na-
tural del país es un tema prioritario
que hace necesario un control y regu-
lación más estrictos sobre el apro-
vechamiento de los bienes públicos
naturales (los recursos hidrológicos
y del subsuelo). Es necesaria la
protección de las zonas de alto valor
biológico y ambiental ante actividades
extractivas de gran escala, como la
minería, la extracción petrolera y la
fractura hidráulica, así como de otras
alternativas económicas de alto im-
pacto como el desarrollo agroindus-
trial y el turismo a gran escala. Las
áreas de alto valor biológico deben
ser excluidas de estas actividades sin
importar si cuentan o no con decreto
como ANP.
• La conservación de los ecosistemas,
la biodiversidad y la calidad de vida
de los mexicanos debe tener carácter
preferente frente a otras actividades
y condiciones. De ahí la importancia
de potenciar el papel de órganos autó-
nomos de gestión pública en materia
ambiental, evitando la permisividad
31
Las condiciones de la biodiversidad
por parte de las instituciones de go-
bierno y su subordinación a intereses
económicos contrarios al bien común.
• Disminuir la huella ecológica del país
mediante el aumento del consumo
de bienes locales y nacionales, con
cadenas de valor que activen y forta-
lezcan las economías locales basadas
en el ahorro en el traslado de personas
productos y servicios.
• La conservación de la biodiversidad
y de los servicios ecosistémicos
debe basarse en alianzas entre las
distintas instituciones del Estado
y de la sociedad. Alianzas público-
comunitarias con énfasis en el México
rural. Alianzas público-privadas para
aprovechar esquemas de empresas
con responsabilidad socioambiental,
con ideas innovadoras, así como a
PYMES comprometidas con la susten-
tabilidad de México. Alianzas con la
comunidad científica para promover
programas de investigación interdisci-
plinarios que atiendan los problemas
socioambientales urgentes de la reali-
dad nacional.
• Recurrir a esquemas internacionales
de apoyo financiero y técnico a la
sustentabilidad y conservación (por
ejemplo: el Global Environmental
Facility, la Agenda 2030 y la banca
internacional para el desarrollo).
• Implementar políticas específicas
de protección de la agrobiodiversi-
dad y diversidad genética de México,
basadas en el Protocolo de Nagoya
y en el principio precautorio en los
casos de controversias.
• Priorizar leyes que operen a favor
de los procesos de sustentabilidad
y elaborar nuevos preceptos al
amparo de los derechos de nueva
generación, los DESCA (derechos
económicos, sociales, culturales y
ambientales).
• Valorar las virtudes de nuestro anda-
miaje legislativo en el sector ambien-
tal y repensar desde la transversalidad
la reforma energética, la ley de cambio
climático y la capacidad de las insti-
tuciones federales, estatales y locales
competentes en el tema, para que sean
más efectivas e incluyentes en todos
los ámbitos de la vida nacional.
Existen avances en el desarrollo de
políticas públicas e instrumentos de ma-
nejo sostenible de los recursos naturales
del país. Sin embargo, el camino todavía
es largo y se requiere de mucho trabajo e
inversión en ciencia básica y aplicada, así
como en la formulación e implementación
de instrumentos de manejo y políticas
públicas que fomenten un desarrollo sus-
tentable e incluyente.
L M
Crisis del sector forestal y
propuesta de política
33
Coordinador temático:
Gonzalo Chapela y Mendoza1
La importancia de las regiones fo-
restales de México va más allá de
la reducida contribución del sec-
tor forestal al producto interno
bruto. Los bosques, selvas y vegetación
forestal de otros tipos abarcan más del
60% del territorio del país; representan
el sustento de decenas de miles de fami-
lias campesinas; albergan una altísima
diversidad biológica y prestan servicios
ambientales fundamentales (captura,
provisión y calidad del agua, protección de
suelos, hábitat para la biodiversidad). Por
último, las comunidades forestales que
manejan activamente sus bosques repre-
sentan un factor de empoderamiento de
esquemas de gobierno local que permite
el control de las actividades ilegales.
Problemas centrales
D -
. A pesar de que los derechos a me-
dios de vida, al territorio, al consentimiento
previo e informado y a los beneficios del
uso de recursos genéticos, son derechos
constitucionales no han sido reglamenta-
dos, están en contradicción con la defi-
nición de la minería como actividad de
interés público, la prelación de la fractura
hidráulica para extracción de hidrocarbu-
ros y la figura de servidumbre obligatoria.
El marco regulatorio presenta fallas impor-
tantes. La complejidad de la tramitación
de permisos y autorizaciones asociados al
manejo forestal genera costos y tiempos
excesivos que desincentivan a los producto-
res legales y favorecen la ilegalidad.
A . Al
menos 70% de la madera que se consume
1 En el desarrollo de esta sección participaron Sergio
Madrid Zubirán, Carlos Erick Muench Spitzer y
Leticia Merino Pérez.
34 Agenda ambiental
en México (14 millones de m3 de 21 mi-
llones) tiene origen ilegal, y se beneficia
de un contexto de amplia impunidad: los
decomisos de PROFEPA alcanzan apenas
30 000 m3 de madera frente a los 14 millo-
nes de m3 que se extraen ilegalmente. La
producción y comercio ilegales se ven favo-
recidos no solo por una regulación pesada,
costosa, sino por su aplicación discrecional,
por la corrupción y la falta de supervisión
de los canales comerciales. El clandestinaje
forestal tiene fuertes implicaciones sociales,
ambientales e institucionales.
C
. Las regiones forestales enfrentan
actualmente condiciones muy desfavorables
que limitan el aprovechamiento de las
ventajas competitivas que ofrece la alta
productividad biológica de los bosques de
México: infraestructura caminera deterio-
rada, limitada investigación científica y una
reducida inversión en la generación de ca-
pacidades técnicas. De atenderse estas limi-
taciones, el sector forestal mexicano tiene
fuertes posibilidades de incrementar su
productividad, producción y rentabilidad,
incluyendo la reducción del elevado déficit
comercial (de $7 000 millones de dólares).
C. Las comunidades ru-
rales, dueñas de territorios forestales, jue-
gan un papel central en la conservación y
protección de los bosques y selvas. Su labor
es relevante en el control de los incendios
y las plagas, el cambio de uso de suelo y
la tala ilegal. Alrededor de 2 millones de
hectáreas, 25% de las áreas formalmente
bajo aprovechamiento, se dedican a la
protección de los recursos naturales,
además de las zonas que las comunidades
definen como de conservación. Existe un
enorme potencial, hoy no aprovechado,
para avanzar en la conservación a partir
del impulso a los esfuerzos comunitarios.
A . Aunque existen
técnicos capaces y comprometidos con
las comunidades forestales, la mayoría
de los proveedores de “servicios técnicos
forestales” actúan de manera autoritaria
e incluso abusiva en relación con las
comunidades forestales que requieren su
asistencia que, por otra parte, se limita a
aspectos meramente técnicos.
A . La capaci-
dad institucional se ha venido reduciendo
en los últimos años y obstaculiza las acti-
vidades productivas en aras de preservar
los recursos, sin atender tampoco cabal-
mente a las necesidades de protección y
conservación de los territorios forestales.
Propuestas
Tres perspectivas, aparentemente contra-
dictorias, han orientado la política forestal.
La producción de plantaciones forestales,
la conservación de los ecosistemas y el
manejo forestal comunitario. Una nueva
política puede y debe manejarlas de mane-
ra integral. Se proponen como ejes de esta
política: el manejo forestal comunitario
36 Agenda ambiental
sustentable y con visión ecosistémica,
paisajística y territorial; la integración
de redes locales y regionales de valor y la
intervención gubernamental con enfoque
territorial. Propuestas sobre la protección y
el cumplimiento de los derechos humanos:
manejo de salvaguardas socio-ambienta-
les; participación plena y efectiva; desarro-
llo de protocolos para la consulta previa e
informada, armonización del marco legal
y la defensa frente a los megaproyectos ex-
tractivos, agro-industriales y turísticos.
Propuestas de mejora del marco regula-
torio. Fortalecer las capacidades adminis-
trativas y técnicas de la SEMARNAT a nivel
central y en sus delegaciones. Reestructurar
el sistema regulatorio para simplificar,
transparentar y hacer eficiente la gestión
legal del bosque, incluyendo la simplifica-
ción de la tramitación de permisos. Esta
reorientación incentivará el manejo y la
conservación de los bosques y las selvas.
Propuestas para el control de los
aprovechamientos ilegales. Mejorar la re-
gulación y la aplicación de las normas, el
fortalecimiento de las empresas sociales,
el control de los canales de comercializa-
ción y la demanda, la diferenciación en
el mercado de productos de origen legal.
A esto debemos sumarle las compras
de gobierno de origen legal utilizando
procedimientos de certificación, el for-
talecimiento de la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (PROFEPA) y
la reorientación de su actuación hacia el
control efectivo de la ilegalidad y no a la
persecución de los productores legales.
Propuestas para impulsar la competi-
tividad. Buscar el incremento de la pro-
ductividad primaria mejorando los sis-
temas de manejo forestal, las condiciones
de mercado, la capacidad de exportación
y la legal procedencia de las importa-
ciones. También se requiere la creación
de un área en CONAFOR para el apoyo
a la comercialización de las empresas
sociales forestales, mejoras técnicas, de
caminos, y de las industrias forestales y
de los entornos en que operan.
Establecer en el Programa Nacional
Forestal (PRONAFOR) la prioridad del
impulso al manejo activo de los bosques
y selvas.
Operar un sistema de monitoreo para
evaluar la efectividad del programa de
apoyos de la CONAFOR, atendiendo la in-
corporación de áreas forestales al manejo
y el grado de desarrollo en la cadena pro-
ductiva y de valor forestal de las comuni-
dades. Modificar las reglas de operación
del PRONAFOR para vincular los apoyos a
iniciativas productivas relacionadas con el
uso y aprovechamiento del bosque.
Incrementar la inversión en bienes
públicos (investigación, información,
infraestructura caminera) que permitan
mejorar, entre otros, las condiciones
para la realización de negocios.
Compras gubernamentales de pro-
ductos forestales que cuenten con certi-
37
Los bosques de México
ficados de legal procedencia, de manera
que este consumo pueda dinamizar las
economías forestales regionales.
Programas de manejo forestal regio-
nales para simplificar la gestión de los
programas prediales de manejo forestal.
Establecimiento de un Programa
Especial, en la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), para impulsar el manejo
forestal sostenible que ofrezca la dismi-
nución de inspecciones y la agilización y
simplificación de trámites a los dueños de
los terrenos forestales a cambio de com-
promisos de adopción de buenas prácticas.
Además, establecer redes de mercados
regionales para que todas las compras de
todos los niveles de gobierno se cubran con
madera regional otorgando incentivos a la
madera con certificación ambiental.
Propuestas de conservación forestal. Dar
visibilidad, apoyo e incentivos a las inicia-
tivas comunitarias de conservación; mejo-
rar la ejecución de los programas de pago
por servicios ambientales (PSA) y generar
figuras de conservación como “paisajes
bioculturales” con presencia de activida-
des productivas sustentables. Buscar la
gobernanza local o co-gestión de corredo-
res biológicos que permitan la conectividad
regional de los paisajes; vincular los pro-
gramas de reforestación-restauración con el
desarrollo rural comunitario.
Propuestas de mejora de la asesoría
técnica: constituir equipos interdiscipli-
narios de acompañamiento, atentos a las
necesidades de manejo, administrativas
y comerciales de las comunidades.
Buscar paulatinamente la transferencia de
funciones a las comunidades u organiza-
ción de comunidades.
Propuestas de mejora del arreglo
institucional. Es importante revertir la
tendencia al deterioro de las capacidades
institucionales, buscando revisar y dar
coherencia a sus funciones. Se propone
fortalecer a la SEMARNAT corrigiendo su
sesgo de restricción de las actividades fo-
restales productivas y evitando la concen-
tración de capacidades en la CONAFOR sin
contrapesos institucionales y/o sociales.
Es importante simplificar procesos
administrativos, disminuyendo la carga
regulatoria y la gestión de los programas;
identificar tramos donde resulte posible la
descentralización a gobiernos estatales y
locales.
Incorporar en las reglas de operación
del PRONAFOR componentes que gene-
ren capacidades para el control de los
territorios comunitarios por parte de sus
dueños y reducir la dependencia y control
de los prestadores de servicios técnicos
forestales sobre ellos.
Por último, se requiere fortalecer las
funciones del Consejo Mexicano para el
Desarrollo Rural Sustentable que permita
la creación de acuerdos intersecretariales
para la alineación de la intervención gu-
bernamental en las regiones forestales.
38 Agenda ambiental
L M
Retos para el desarrollo sostenible
39
Coordinadores temáticos:
Luis Zambrano González y
Salvador Medina Ramírez
Diagnóstico
La mayor parte de la pobla-
ción en México es urbana,
la proporción aumentará
poco en los siguientes años;
sin embargo, se ha multiplicado el
número de ciudades en el territorio,
lo que genera necesidad de políticas
públicas urbanas modernas y diná-
micas para atender diferentes tipos
de situaciones y contextos locales.
La base de la pirámide poblacional
en las ciudades se está modificando, en
algunos casos envejeciendo, así que tam-
bién se requerirá modificar los servicios,
el equipamiento y el diseño urbano, entre
otras cosas. La densidad de las pobla-
ciones aumenta el riesgo de contagio
de enfermedades, por contacto o por la
concentración de los deshechos, si no
existen las políticas adecuadas para evitar
estos problemas.
El cambio climático representa un
reto para las ciudades, en particular
en lo que se refiere a la política hídrica
(aprovisionamiento e inundaciones) y el
clima. Las ciudades se asientan en cuen-
cas que tienen dinámicas propias y de
las cuales se obtienen los beneficios (ser-
vicios ecosistémicos) que la mantienen,
como el agua y el clima. Hay un manejo
fragmentado de las cuencas donde se
asientan las ciudades, debido a que las
políticas corresponden a las divisiones
administrativas y políticas, mientras
que la dinámica de la cuenca responde a
procesos ecosistémicos.
Hay un patrón no sustentable de la
ocupación del territorio en las ciudades.
La urbanización expandida y difusa au-
menta la huella ecológica de sus habitan-
40 Agenda ambiental
tes y genera problemas de movilidad (ma-
yor uso del auto), de provisión de bienes
y de manejo de desechos. Debido a que
diferentes ciudades, en especial en Zonas
Metropolitanas (ZM), se establecen en la
misma cuenca, existe una fragmentación
administrativa (entre los municipios de
las ZM) en la toma de decisiones que pue-
den ser contradictorias para la dinámica
de la misma.
Con la urbanización se ha incrementa-
do la utilización de recursos materiales,
pero la economía en general ha manteni-
do su índice de utilización de materiales.
Por sus características, todas las ciudades
requieren de importación de materia y
energía (alimento, agua, electricidad)
y exportación de desechos (desechos
sólidos, aguas negras, etc.). Los residuos
sólidos urbanos han crecido a una tasa
anual promedio de 3.3% (superior a la de
la economía), duplicándose entre 1992
y 2012, mientras que la generación per
cápita ha crecido de 0.7 a 1.0 toneladas
anuales. El 90% de los residuos sólidos
urbanos se recolecta, y la disposición
en rellenos sanitarios representa el 70%
del total recolectado, lo que implica un
grado muy reducido de oportunidades de
reciclaje.
Sólo alrededor del 40% de la produc-
ción puntual de aguas residuales recibe
tratamiento; la capacidad instalada sólo
representa el 50% del flujo de producción
municipal. Existe una distribución des-
igual de los recursos (por ejemplo, agua)
y servicios (como la movilidad) dentro de
las ciudades.
Todas las áreas verdes urbanas (áreas
naturales protegidas, parques e, incluso,
camellones) aportan beneficios a la so-
ciedad, tanto ecológicos como a la salud
física y mental. Las áreas verdes urbanas
están distribuidas de manera heterogénea,
son pequeñas y están fragmentadas. Los
habitantes de zonas más pobres tienen
menos acceso a ellas que los residentes
con mayor capacidad económica.
Buena parte de la urbanización está
guiada por los mercados informales,
pues es la única solución para que mu-
chas personas puedan acceder a una
vivienda. Sin embargo, su ocupación
suele suceder en el campo, en áreas na-
turales protegidas y zonas riesgosas, lo
que acrecienta el fenómeno de la expan-
sión urbana. Los mercados informales
también permiten proveer variedad
de servicios, incluyendo el transporte
público, pero de manera deficiente y con
serias externalidades negativas. Existe
una correlación entre el incremento en
la densidad media urbana y el valor
agregado de la infraestructura en el
territorio, es decir, con el crecimiento
económico. La tecnología de la comuni-
cación (teléfonos inteligentes, internet)
y las ecotecnologías están modificando
gran parte de la dinámica urbana en
movilidad, hospedaje, energía, agua.
41
Las ciudades de México
No hay suficiente investigación, da-
tos e información base sobre ciudades.
Las ZM tienen grandes problemas de
gobernanza de sus territorios, dada la
falta de mecanismos de coordinación
que impidan superar los problemas de
fragmentación institucional. Las leyes de
participación ciudadana locales son más
una barrera que un mecanismo efectivo
para incluir a la ciudadanía en la toma de
decisiones.
Propuestas
Debido a la cantidad de población que re-
presentan en México, en un territorio pe-
queño y a las dinámicas socioambientales
y económicas, el manejo apropiado en las
políticas urbanas es fundamental para la
sostenibilidad del país. El crecimiento de
la población urbana, su diversificación en
el territorio y el consiguiente crecimiento
económico que pueden generar, requiere
desacoplarse de las externalidades nega-
tivas que genera, así como adaptarse a las
nuevas necesidades de la población.
La política de agua urbana debe fun-
damentarse en el balance hídrico de la
cuenca, donde se debe conocer la calidad
y la cantidad de agua que entra y se utili-
za. La política de agua tiene que incluir el
análisis de la capacidad de los acuíferos
y la restauración y manejo de los cuerpos
de agua superficiales para evitar inunda-
ciones y aumentar las posibilidades de
provisión. Las ciudades deberán crear un
sistema de monitoreo público sobre cali-
dad del aire y del agua potable. El mane-
jo del agua de la ciudad, la contaminación
y la conservación deben estar basados en
una visión de cuenca. Cada ciudad debe
generar un programa de información
pública sobre la calidad de agua y de aire
para que los citadinos tengan posibilidad
de tomar decisiones.
Es necesario fortalecer los instrumen-
tos de protección de las zonas verdes
de diferente tamaño, desde las áreas na-
turales protegidas hasta los camellones.
Fomentar una distribución homogénea
de las áreas verdes urbanas, ya que
funcionan como puentes de dispersión
de plantas y animales nativos de las
ciudades.
La movilidad tiene que afrontarse
con esquemas de eficiencia para mover
personas, de reducción de externalidades
y no pensada sólo para los automóviles. El
transporte público de calidad es funda-
mental para reducir contaminación y la
inequidad en la movilidad. Cada ciudad
debe contar con un Instituto Municipal
de Planeación o Instituto Metropolitano
de Planeación que sea autónomo de las
autoridades y que se encargue de los
programas de manejo territorial. Las ciu-
dades que estén asentadas en las mismas
cuencas deberán contar con un programa
intergubernamental que permita tomar
decisiones políticas integrales. Fortalecer
42 Agenda ambiental
43
Las ciudades de México
climático que reduzca su vulnerabilidad.
Las políticas de sustentabilidad requieren
considerar la desigualdad creciente en
las ciudades y la existencia de mercados
informales. Las ciudades deberán contar
con un programa de agricultura urbana
y se deberán analizar las implicaciones
de las nuevas tecnologías desde la pers-
pectiva de sostenibilidad y de desigual-
dad que puedan generar o bien reducir.
los mecanismos de coordinación metro-
politana, incluyendo incentivos, como
recursos provenientes de la Federación
(por ejemplo, fondo metropolitano), y
modificar las leyes de participación
ciudadana locales para incluir una pers-
pectiva urbana.
Las ciudades deben contar con un
programa de planeación para la adap-
tación y mitigación frente al cambio
44 Agenda ambiental
L
Hacia un nuevo paradigma
en la generación y el uso de la energía
45
Coordinadores temáticos:
Adrián Fernández Bremauntz y
Luisa Sierra Brozon
Diagnóstico y propuestas
El mundo viene experimentando
durante la última década una
acelerada transición energética
impulsada por muy diversos
factores. Entre los más importantes se
encuentran: la reducción de las reservas
de petróleo de fácil acceso y bajo costo;
los avances tecnológicos y reducción
masiva de costos de energías renovables
como la eólica y la solar y, por último, el
avance de los acuerdos internacionales y
de las políticas de un número importante
de países que han decidido combatir el
cambio climático reduciendo sus emi-
siones de gases de efecto invernadero.
Estos factores sumados han generado
un punto de no retorno. Los países
desarrollados y algunos emergentes se
están moviendo ya hacia una economía
de bajas emisiones de carbono, lo que
implica disminuir y, eventualmente,
eliminar el uso de combustibles fósiles.
A continuación se describen algunos
de los principales retos de política pública
en materia de transición energética que
México debe enfrentar y resolver en el
futuro inmediato. Las decisiones deberán
tomarse con base en el mejor conocimiento
técnico y científico en la materia, conside-
rando las implicaciones económicas a largo
plazo y maximizando siempre el beneficio
social para la mayoría de la población.
A nivel internacional, México se ha
sumado, junto con prácticamente todos
los países del mundo, al Acuerdo de París,
un tratado que busca reducir, de manera
importante pero no suficiente, las emisio-
nes de bióxido de carbono, metano y otros
gases y compuestos con efecto invernadero.
La ciencia nos dice que aún con un estricto
46 Agenda ambiental
cumplimiento de las metas de reducción
de emisiones que cada país se ha planteado
(incluyendo México), nuestro planeta
probablemente se calentaría de 3 a 4 grados
centígrados por arriba del promedio histó-
rico (el que existía hasta la primera mitad
del siglo XX). Este escenario es simplemente
inaceptable pues conllevaría impactos
enormes a la salud, a los sistemas de pro-
ducción de alimentos, a la biodiversidad, y
a una buena parte de la infraestructura de
comunicaciones y transportes.
Ante esta realidad, la transición
energética, como uno de los principales
pilares de la mitigación climática, no pue-
de ser gradual sino transformacional,
adoptando el nuevo paradigma de la des-
carbonización de la economía de manera
rápida y profunda, pero reconociendo que
la transición sólo se dará exitosamente
si se garantiza que todo mexicano tenga
acceso a los energéticos necesarios para
una vida digna y prospera.
Es necesario entender con claridad
la urgencia y la dimensión del problema
para evaluar si las políticas propuestas
por la administración de gobierno que
inicie a finales del 2018 son, con respecto
al diagnóstico, pertinentes en tino y
congruentes en su magnitud y tiempos de
implementación.
Dado que la agenda del sector ener-
gético se vincula con la sustentabilidad
y la variedad de acciones de combate
al cambio climático es amplísima, aquí
abordaremos un número limitado pero
muy importante de temas sobre los cuales
será fundamental una toma de decisiones
adecuada. Estos asuntos se describen bre-
vemente a continuación.
Pobreza y desigualdad energéticas
A pesar de ser un país emergente y de ren-
ta media, en nuestro país existían en 2015
más de 50 millones de pobres y el 1.02% de
las viviendas en México no disponían de
energía eléctrica. Las amplias desigualda-
des sociales y económicas se reflejan entre
otras variables en grandes diferencias
en el consumo energético. El desarrollo
acelerado de la energía solar fotovoltaica
distribuida a nivel de hogares individuales,
aunado a la reducción significativa de los
precios de estas tecnologías, ofrecen una
opción tecnológica viable para reducir con
rapidez los niveles de pobreza energética,
si las autoridades actúan con decisión.
Si bien han habido diferentes programas
para la instalación de paneles solares en
comunidades rurales aisladas, estos deben
escalarse de forma importante. De acuerdo
con un estudio reciente, además de ayudar
a combatir la pobreza, la energía solar
distribuida por medio de la instalación de
varios millones de techos solares, ofrece
en el mediano plazo la oportunidad de
transformar o reorientar los subsidios
a las tarifas eléctricas de alrededor de
100 mil millones de pesos por año, para
47
La transición energética
48 Agenda ambiental
convertirlos en una ambiciosa inversión en
generación de energía limpia.
En regiones con climas extremos, la ge-
neración solar distribuida por medio de la
instalación de techos solares a gran esca-
la, idealmente debe ir acompañada por el
suministro de tecnologías de iluminación
y enfriamiento eficientes. La siguiente
administración deberá considerar priori-
tario proveer cientos de miles de sistemas
eficientes de enfriamiento (tecnología de
inversores) y millones de luminarias de
LED, de la misma manera que hace cerca
de una década se promovió la utilización
de lámparas compactas fluorescentes.
Estos sistemas consumen mucho menos
energía que los convencionales, a la vez
que mejoran el bienestar y confort de mi-
les de familias. Los paneles fotovoltaicos,
la iluminación con LED y los sistemas
eficientes de enfriamiento constituyen in-
versiones costo-eficientes que no pueden
postergarse, pues mejorarán el bienestar
y condiciones de vida de la población a la
vez que harán innecesario continuar con
el otorgamiento de miles de millones de
pesos en subsidios a la electricidad.
Otra área de oportunidad que debe
escalarse es la dotación de sistemas de
alumbrado público urbano eficientes. Se
ha demostrado que la facturación por
alumbrado público puede reducirse en
más de 35%, además de los numerosos
co-beneficios asociados con una mejor
imagen urbana, la percepción de mayor
seguridad en la ciudadanía, y, por supues-
to, la reducción de emisiones tanto de
contaminantes como de gases de efecto
invernadero. La medida se ha aplicado en
algunas ciudades y debe ahora establecer-
se el compromiso de llevarla por lo menos,
a todas las ciudades de más de 250 mil ha-
bitantes, sumando los esfuerzos y recursos
de los gobiernos locales y federales.
Energías renovables a gran escala. La
Ley de Transición Energética, aprobada y
publicada en diciembre de 2015, establece
metas obligatorias graduales de penetra-
ción de las energías limpias, hasta llegar
a un 35% de la generación en la matriz
energética. Las tres subastas de energía
realizadas en 2016 y 2017 han demostrado
que la generación con energía solar y eóli-
ca ofrecen los precios más bajos del mer-
cado, muy por debajo de los precios de
generación de electricidad de las propias
plantas de ciclo combinado a gas natural,
las más competitivas entre las que usan
combustibles fósiles. Aunque faltan por
resolver algunos problemas de gober-
nanza, impactos sociales y ambientales
y de fortalecimiento y ampliación de la
red eléctrica, hoy se cuenta con suficiente
evidencia para poder plantear una meta
de energías renovables bastante más am-
biciosa que la actual. Esta deberá ser una
prioridad de la siguiente administración.
Capacidad de refinación de petróleo.
Otro tema de gran importancia, que re-
querirá de decisiones claras e informadas
49
La transición energética
por parte de la administración 2018-2024,
es el de las capacidades de refinación de
petróleo para producir gasolinas y diésel
en el país. Por diferentes razones, en 2016,
México importó el 61% de las gasolinas
que consumimos y 47% del diésel. Esta
alta dependencia del exterior, aunada a
cambios acelerados que se anticipan en la
oferta y demanda de combustibles a nivel
mundial, plantea el problema de encon-
trar el punto óptimo de crecimiento en
nuestra capacidad de refinación para re-
ducir nuestra dependencia y la inversión
de divisas en derivados del petróleo, pero
garantizando que no sobreinvertimos en
capacidad de refinación. Debemos evitar
quedarnos en el futuro con “activos
varados” (stranded assets), representados
por una infraestructura de refinación que
en menos de 20 años estaría sobrada y
sería ociosa (como ya está ocurriendo en
los Estados Unidos), si perseguimos obse-
sivamente la idea de la autosuficiencia en
la producción de gasolinas y diésel.
Calidad de los combustibles. Otra va-
riable fundamental que debe considerarse
para determinar la relación óptima entre
combustibles producidos en el país frente
a combustibles importados es garantizar
que en el menor tiempo posible contemos
con un suministro de gasolinas y diesel
sin azufre en todo el territorio nacional. El
retraso de más de una década por parte de
PEMEX en el cumplimiento de este compro-
miso, asentado en una norma obligatoria,
ha condenado al país a seguir sumergido en
la obsolescencia tecnológica de los vehícu-
los (automóviles y sobre todo de los camio-
nes de carga y pasajeros) que se venden en
México. Es indispensable y urgente que la
nueva administración federal atienda desde
el arranque este pendiente que ocasiona
enormes impactos ambientales y sobre todo
en la salud de la población.
Diversificar los mercados de suministro,
ampliar de manera importante la capaci-
dad de almacenamiento estratégico e im-
plementar medidas de control de la deman-
da o del consumo, como lo son normas de
eficiencia vehicular ambiciosas y un mayor
impuesto al carbono en los combustibles,
son medidas complementarias que deben
formar parte del conjunto de opciones ana-
lizadas para determinar el punto óptimo de
capacidad de refinación deseada.
Además de las decisiones con respecto
a la infraestructura de refinación futura,
también hay muchos casos en los cuáles
podemos avanzar de manera costo-efectiva
en la transición energética adoptando
las mejores prácticas internacionales por
medio de leyes, reglamentos y normas.
Existen grandes oportunidades en materia
de eficiencia energética en sectores como el
de transporte o el residencial. Por ejemplo,
México tiene un rezago en la adopción de
normas de eficiencia vehicular comparado
con países desarrollados, e incluso frente
a naciones como China. La razón de este
rezago histórico se debe a la captura regu-
50 Agenda ambiental
latoria que el sector automotriz continúa
ejerciendo en México, argumentando de
forma rara vez sustentada que la adopción
de normas más estrictas de eficiencia (o
de emisiones de contaminantes o de segu-
ridad), como las que ya aplican nuestros
socios comerciales norteamericanos, pon-
drían a la industria mexicana en desventa-
ja competitiva, amenazando su viabilidad.
Otra área donde aún existen rezagos, y
por tanto oportunidades, es en la elimina-
ción de los subsidios a la energía. Eliminar
los subsidios a los combustibles y a las
tarifas eléctricas están entre los asuntos
más impopulares y controversiales en las
decisiones de política pública. Sin embargo,
es impostergable abordar frontalmente este
tema para evitar que se sigan otorgando
subsidios a grupos poblacionales de media-
no y alto ingreso que no los requieren y que
consumen recursos públicos que podrían
aplicarse de formas más eficientes. En
México, la eliminación de los subsidios a la
energía se ha visto complicada adicional-
mente por el manejo opaco de las finanzas
públicas y el descontento entendible de la
población que sabe de los numerosos casos
de corrupción a gran escala y de la impu-
nidad por parte de funcionarios públicos
de los tres niveles de gobierno.
Para complicar aún más la formulación
de políticas adecuadas de transformación
de subsidios, es común que en tiempos
electorales los partidos políticos y sus
candidatos ofrezcan de manera populista
mantener o ampliar subsidios a combusti-
bles y electricidad para conseguir votos. Lo
anterior a pesar de que los subsidios a la
energía en México tienden a ser regresivos
(al favorecer en mayor grado a población
de altos ingresos) y contribuye así a la
inequidad social, además de ocasionar
fuertes costos de oportunidad, puesto
que utilizan recursos públicos que, de otra
manera, podrían aplicarse a programas de
educación, salud, transporte público y ge-
neración de empleo, entre otros. Los subsi-
dios a la energía no siempre son negativos,
pero deben focalizarse cuidadosamente
en los grupos poblacionales que realmente
los necesitan. Deben también manejarse
con total transparencia, e impedir que
produzcan incentivos perversos como la
ineficiencia, el desperdicio o el abuso en el
uso de recursos como la electricidad, los
combustibles o el agua.
Otro tema que requiere atención inme-
diata es el de las emisiones de metano en
el sector de la explotación de petróleo y
gas. Por un lado, México importa el 55%
del gas natural que consume para generar
electricidad, en la industria y en el sector
doméstico. Por otro lado, desperdiciamos
grandes volúmenes de gas que se ventea,
se quema o simplemente se fuga, a lo lar-
go de la cadena de suministro de petróleo
y gas. Además de representar oportuni-
dades económicas perdidas, se contribuye
de forma importante con emisiones de
un potente gas de efecto invernadero. Un
51
La transición energética
reporte reciente de ICF International esti-
ma que nuestro país puede reducir más
de la mitad de las emisiones de metano
producidas por la industria de gas na-
tural y petróleo con costos de inversión
por tonelada reducida realmente bajos. El
Gobierno de México ha planteado, dentro
de sus contribuciones al Acuerdo de París,
la reducción significativa de sus emisiones
de metano. Destaca que tan sólo 21 fuen-
tes de metano representan más del 80% de
las emisiones estimadas para el 2020. Sin
embargo, cumplir con estas intenciones de
mitigación requiere de medidas e inver-
siones que hasta ahora no se han logrado
concretar en la escala que se necesita.
Vinculado a las emisiones de metano
se encuentra el controversial tema de la
explotación de recursos no convenciona-
les y, en particular, la extracción de gas
de lutitas o de esquisto (shale gas). Se
estima que México tiene grandes reservas
de gas no convencional cuya extracción
se llevaría a cabo por medio de la fractura
hidráulica o fracking, que conlleva el uso
de grandes volúmenes de agua, y tiene el
potencial de ocasionar impactos ambien-
tales y sociales significativos. Ante esta
situación es indispensable y urgente que
nuestro país emita un marco regulatorio
normativo estricto y comprehensivo
que incorpore las mejores prácticas
mundiales en esta materia, para evitar
las emisiones de metano, el agotamiento
y contaminación de mantos freáticos, y
otros impactos ambientales negativos am-
pliamente documentados, que se encuen-
tran asociados con esta actividad. En esta
materia consideramos en primer término
el respeto a los derechos humanos y el
derecho a la consulta y al consentimiento
libre e informado de aquellos potencial-
mente afectados por estas actividades.
El marco regulatorio deberá acompa-
ñarse de una completa transparencia en el
procesamiento, otorgamiento o negación
de permisos y licencias para la explotación
de recursos no convencionales, así como
del fortalecimiento técnico, legal y político
de la Agencia de Seguridad, Energía y
Ambiente (ASEA) y en la evaluación de
los impactos sociales. Finalmente, no
deben otorgarse subsidios a la extracción
de gas de lutitas por ningún motivo. Ni
directamente como “incentivos” fiscales u
otros apoyos gubernamentales, ni indirec-
tamente por medio de una normatividad
ambiental laxa o una fiscalización y vigi-
lancia inadecuadas u omisas, lo que pudie-
ra generar inaceptables externalidades ne-
gativas sociales y ambientales. En Estados
Unidos se ha documentado que, a pesar de
que la explotación de pozos individuales
es rentable, diversos factores como la ad-
quisición de la tierra o la incertidumbre en
los recursos existentes, pueden traer costos
y conflictos significativos. Por esta razón,
México debe desarrollar con extremo
cuidado, objetividad y transparencia su
política en esta materia.
52 Agenda ambiental
P
M
53
Coordinadores temáticos:
Eduardo Peters y Luis Fueyo
Los mares y costas son una por-
ción indispensable del territorio
nacional para la soberanía, la
seguridad y el desarrollo susten-
table del país. Además, la privilegiada
ubicación geográfica de México lo
posiciona de manera estratégica en el
contexto mundial entre los dos océanos
más grandes del planeta. Estas regiones
marinas –que superan en extensión la
parte terrestre de México– resguardan
una gran riqueza natural que debe ser
conservada, permitiendo el desarrollo
responsable y el bienestar de sus pobla-
ciones sin comprometer las generaciones
futuras, porque es ampliamente recono-
cido que sin océanos no habría vida en
la Tierra. De las 32 entidades federativas
que conforman la República Mexicana,
17 tienen acceso al mar y represen-
tan el 56% del territorio nacional.
Durante el primer tercio del siglo XX
se estableció en México un régimen es-
pecial de pesca al definirse que distintas
especies de alto valor comercial (como
el camarón, la langosta, el abulón, las
tortugas marinas, el ostión, la totoaba, la
cabrilla y la almeja pismo) se considera-
ran reservadas a las sociedades coopera-
tivas, lo que otorgó un marco jurídico al
desarrollo del sector social de la pesca.A
lo largo de dicho siglo se perfilaron dos
sectores económicos diferenciados para
esta actividad: el sector industrial priva-
do, con embarcaciones mayores, con tec-
nología y equipos de pesca modernos y
con gran poder de pesca, y el sector arte-
sanal, en el que participan comunidades
pesqueras ribereñas con embarcaciones
menores con motor fuera de borda, poca
autonomía de desplazamiento y equipos
de pesca artesanal.
54 Agenda ambiental
En 1982, la Asamblea General de las
Naciones Unidas promulgó el Tratado
Internacional de Derechos del Mar, en
el marco de la Convención de Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, que
establece la categoría de Mar Territorial y
estableció Zonas Económicas Exclusivas
que otorgan a los estados ribereños
derechos de soberanía sobre una franja
de 200 millas náuticas medidas a partir
de la línea de costa.México incorporó
en la Constitución el concepto de zona
económica exclusiva a partir de lo cual
expulsó a las flotas extranjeras de sus
aguas, e impulsó grandes flotas pesqueras
que aprovecharon importantes recursos
como el atún y los tiburones.Endiciem-
bre de 1989 se publicó la reforma de la
Ley Federal de Pesca que termina con
el régimen de especies reservadas a las
cooperativas.
La disputa real por el aprovechamien-
to de los recursos pesqueros se establece
entre la pesca industrial y la pesca artesa-
nal, sobre todo en recursos compartidos
como el camarón, los tiburones y rayas o
los peces de pico. La política pesquera ha
favorecido al sector pesquero industrial
con importantes subsidios y apoyo gu-
bernamental. Los pescadores artesanales
han sido marginados y acceden sólo a
recursos limitados. No obstante, la orga-
nización cooperativa ha permitido gestar
empresas sociales prósperas en algunas
entidades de la república en donde tienen
acceso a especies de alto valor comercial.
Sin embargo, la mayoría de las coopera-
tivas pesqueras o pescadores se dedican a
la explotación de especies que se conocen
genéricamente como escama y viven en
condiciones de pobreza.
La dimensión ambiental estuvo ausen-
te de la actividad pesquera hasta finales
de los años 1980. Con la publicación de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en 1988 se intro-
ducen en el sector pesquero elementos para
proteger el entorno y la conservación de
las especies. Y con la publicación de la Ley
General de Vida Silvestre se distinguen las
atribuciones en materia de recursos vivos
del mar: las especies acuáticas protegidas
están sujetas a una política de protección y
conservación (ballenas, delfines, tortugas
marinas, entre otras) a diferencia del resto
de las especies.
A partir de la primera década del
siglo XXI varias organizaciones ambien-
talistas trabajan con el sector artesanal
y emprenden proyectos exitosos de
protección, recuperación de especies y
aprovechamiento sustentable. México ha
suscrito el Código de Conducta de Pesca
Responsable de la FAO y, posteriormen-
te, los Planes de Acción Internacional
derivados. México participa también
activamente en el Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES) y ha sido promotor de la protec-
55
Perspectivas sobre los mares y costas de México
ción de varias especies marinas, como
los tiburones.
A pesar de su importancia y potencial,
lograr el desarrollo sustentable dista
de haberse cumplido. A continuación
se describen algunos retos que requie-
ren atención prioritaria, y que sería
deseable formen parte decisiva de la
agenda nacional. Sepresentan también
las problemáticas ambientales más
importantes que enfrenta el desarrollo
sustentable pesquero en el país y se
incluyen propuestas generales de política
pública para enfrentarlos.
Diagnóstico y propuestas
Crecimiento poblacional costero
Las zonas costeras mexicanas experi-
mentan un crecimiento poblacional
espacialmente irregular, focalizado en
pocas localidades urbanas, lo que pro-
duce importantes presiones económicas,
sociales, institucionales y ambientales
sobre esas zonas costeras y marinas.
Para el desarrollo regional de las zo-
nas marinas y costeras del país se debe
insistir en orientar el crecimiento bajo un
modelo de ordenamiento espacial de las
actividades urbanas y productivas, cen-
trado en las aptitudes naturales y en las
necesidades y expectativas de los muni-
cipios costeros. Para ello se cuenta ya con
un número importante de instrumentos
de gestión socio-ambiental que falta
fortalecer, ejecutar y vigilar: la planeación
ambiental, el ordenamiento ecológico del
territorio, el ordenamiento territorial y la
regulación ambiental de los asentamien-
tos humanos, el ordenamiento pesquero
y acuícola, el ordenamiento turístico, así
como las Zonas de Desarrollo Turístico
Sustentable.
Sobrepesca
La mayoría de las pesquerías, en el
Pacífico y en el Atlántico en México,
se encuentran en su límite de aprove-
chamiento máximo sostenible (51 y
67%, respectivamente) y un número
importante de ellas está deteriora (19 y
27%). El sector pesca y acuacultura tiene
una contribución históricamente baja al
PIB nacional, pero relevante en términos
sociales, como opción de trabajo y de ali-
mento para las comunidades costeras, en
particular las más pobres del país.
A fin de lograr la sustentabilidad de
nuestras pesquerías es necesario contar
con estudios poblacionales de todas las
especies objetivo; generar planes de or-
denamiento pesquero; eliminar la pesca
ilegal y reducir (y, de ser posible, elimi-
nar) la pesca incidental. Adicionalmente,
es importante crear áreas marinas prote-
gidas, o zonas de regeneración de peces,
con base en el conocimiento técnico y
científico existente.
56 Agenda ambiental
Por último, es recomendable recuperar
las lecciones aprendidas de los modelos
sustentables autogestionados por las
comunidades pesqueras, con apoyo de
las organizaciones de la sociedad civil;
son casos de éxito que merecen, con las
debidas reservas, ser escalados a áreas
mayores.
Cambio climático
Tal vez la velocidad del calentamiento
de los océanosno suene dramática−se
estima que su temperatura aumentó du-
rante el siglo pasado aproximadamente
0.1 ºC−; sin embargo, este incremento
es suficiente para matar a las algas que
mantienen vivos a los corales, trasladar
especies a nuevas áreas e incrementar el
nivel del mar.
Incluso si dejáramos de enriquecer
con dióxido de carbono adicional a la at-
mósfera, los efectos del cambio climático
continuarían presentándose durante otro
siglo. Eso no quiere decir que no debemos
actuar sobre las emisiones, pero también
tenemos que adaptarnos, lo que será espe-
cialmente perturbador en relación con el
aumento del nivel del mar.
Desafortunadamente, no hay una solu-
ción inmediata para enfrentar el calenta-
miento global, pero debemos emprender
la transición, lo antes posible, a un
modelo de eficiencia energética basado
en fuentes de energía renovable.
Acidificación de los océanos
La superficie de los océanos tiene un
pH que va de 8.0 a 8.3. Los organismos
marinos han evolucionado para adaptarse
a esas condiciones. El incremento de la
acidificación de los océanos, resultado
de la absorción de CO2 cada vez más
presente en la atmósfera, amenaza a gran
parte de la vida marina. Debido a la alta
capacidad de absorción de CO2propia de
los océanos, al entrar en contacto con
el agua, dicho gas reacciona inmediata-
mente y se forma ácido carbónico cuyo
resultado esuna mayor acidez marina.
Mientras más grande sea la acidez del
agua menor será la capacidad de los orga-
nismos calcáreos de fijar los carbonatos
y el calcio, lo que imposibilita formar
conchas y corales.
La fórmula para revertir la acidifi-
cación de los océanos es la misma que
se requiere para enfrentar el cambio
climático: emprender la transición lo
antes posible a un modelo de eficiencia
energética que se base principalmente en
fuentes de energía renovable.
Zonas muertas, eutrofización e
hipoxia
Las zonas muertas en el mar son exten-
siones con concentraciones tan bajas
de oxígeno (hipoxia) que no pueden
57
Perspectivas sobre los mares y costas de México
sustentar gran parte de la vida marina.
Cantidades inusuales de nutrientes, ya
sea nitrógeno o fósforo, llegan a la costa
y provocan la eutrofización (exceso de
nutrientes en un sistema) del ecosistema
acuático, proceso que aumenta la biomasa
de algas, pero destruye la biodiversidad,
puesto que la proliferación de estos últi-
mos organismos reduce la concentración
de oxígeno en el agua y mata las poblacio-
nes de peces y otros animales marinos.
En la mayoría de los casos la eutro-
fización es el resultado de actividades
humanas, como el uso de fertilizantes
industriales y detergentes, que contienen
nitrógeno, fósforo y fosfatos, nutrientes
químicos que estimulan el crecimiento de
las algas.
La única solución probada para este
problema es evitar que los agroquími-
cos lleguen al mar. En este sentido, las
regulaciones y políticas sobre el uso de
agroquímicos deben aplicarse de manera
enérgica; igualmente es necesario impo-
ner una mayor carga fiscal a su uso, que
podrá ser mayor en relación conforme su
grado de toxicidad.
Contaminación por hidrocarburos
Los derrames de petróleo son bastantes
frecuentes, y en algunos casos resultan
catastróficos por el nivel de daño a los
ecosistemas marinos. El 80% del crudo
que se encuentra en los mares proviene de
la explotación petrolera de las plataformas
marinas, el otro 20% de derrames de
barcos y de aportes desde el continente.
A nivel mundial cada año se arrojan en
los mares alrededor de 4 millones de to-
neladas de combustibles o petróleo crudo.
Entre 2007 y 2012, PEMEX reportó 290
derrames anuales en promedio, con un
volumen, también promedio, de 4 938
toneladas. Estas situaciones provocan
gran cantidad de problemas ambientales
ya que los hidrocarburos contaminan
playas, agua, sedimentos, biota, rocas,
arrecifes, etc.
En México, a raíz de la reforma energé-
tica, la exploración y explotación se con-
centrará en el Golfo de México, y dado
que se creó una agencia especial para
atender este tema, la recomendación –al
igual que en el apartado sobre Transición
Energética– es fortalecer técnica, legal y
políticamente a la Agencia de Seguridad,
Energía y Ambiente (ASEA).
Plásticos y microplásticos
Se estima que cerca de medio millón
de toneladas de plásticos van a dar a
los mares de México. Equivale a un
camión lleno de esta basura por hora.
Este tipo de contaminación cuesta la
vida de miles de aves, mamíferos y peces
cada año. Además, el agua marina está
contaminada con microfibras de plástico
y, aunque no se tiene claro el impacto de
60 Agenda ambiental
consumirlas y su traslado en la cadena
trófica, algunas investigaciones sugieren
que los micro-plásticos podrían transferir
sustancias tóxicas al cuerpo cuando son
consumidas por los seres humanos, aun-
que se requiere mayor investigación.
La solución, al menos en parte, radica
en el diseño urgente de políticas que
prohíban o limiten la venta y uso de las
bolsas de plástico, siguiendo el ejemplo
de algunas naciones latinoamericanas.
Al parecer una fuente importante de
micro-plásticos es el lavado de prendas
sintéticas, por lo que se sugiere el uso de
filtros en las máquinas de lavar como una
forma de control. Este tema requiere ma-
yor investigación para sustentar políticas
públicas adecuadas.
Monitoreo e investigación científica
México cuenta con un número importan-
te de instituciones que realizan investiga-
ción oceanográfica de talla internacional;
sin embargo, los presupuestos destinados
a la investigación oceanográfica son limi-
tados y resultan pequeños para el tamaño
de los sujetos de estudio: las costas y ma-
res de México y sus retos asociados.
Existen algunas excepciones, como
el experimento que está en marcha a
través del Fondo Sectorial CONAC yT-
SENER-Hidrocarburos, donde el gobierno
mexicano invierte 1 500 millones de
pesos para realizar y tener listo en 2020:
1) la línea base del Golfo de México; 2)
un sistema de monitoreo del océano y de
la atmósfera a través de boyas, radares
HF,glidersy percepción remota; 3) un
entendimiento profundo de las corrientes
del Golfo de México y el comportamiento
del petróleo en caso de derrames; 4)
el estado del conocimiento sobre la
degradación natural de los hidrocarburos
del Golfo de México, y 5) la capacidad de
determinar escenarios de derrames y su
potencial efecto sobre los ecosistemas.
En este sentido, se propone lo siguien-
te: 1) invertir más en la investigación
científica y el desarrollo tecnológico
para las costas y mares de México; 2) que
el gobierno etiquete presupuestos para
crear y mantener un sistema nacional
de monitoreo de las costas y mares de
México, a cargo de instituciones académi-
cas dedicadas a la materia; 3) promover
la investigación científica bajo la asocia-
ción en consorcio para que atiendan de
manera integral los grandes problemas
de estos ecosistemas, y 4) que la ciencia
que se desarrolle vaya acompañada de
una estrategia de comunicación y un
involucramiento de las comunidades.
Arquitectura institucional y
gobernanza
La gestión de las costas y mares en
México es muy compleja dado que le
resultanaplicables 42 leyes generales
61
Perspectivas sobre los mares y costas de México
y federales, un número importante de
leyes estatales y ordenanzas municipales,
numerosas normas oficiales mexicanas
e instrumentos internacionales, sin
mencionar que allí ejercen sus atribucio-
nes al menos 12 dependencias y 22 enti-
dades paraestatales de la Administración
Pública Federal, un número importante
de secretarías estatales y unidades de las
administraciones públicas municipales.
Las limitaciones más importantes de
este marco jurídico y normativo son: 1)
sobrerregulación en la materia; 2) incon-
sistencias y falta de congruencia entre
los diversos instrumentos jurídicos; 3)
lagunas jurídicas; 4) sobreposición o des-
articulación de competencias, y 5) bajo
nivel de control y vigilancia.
Ante este panorama existen dos pro-
puestas que valdría la pena explorar para
mejorar las condiciones de los mares y
costas de México: 1) continuar alineando
a las dependencias y entidades que tienen
atribuciones sobre el tema, junto con la
atención de las limitaciones del marco
jurídico arriba señalado, o 2) elaborar y
promulgar una Ley General de Mares y
Costas, y asociada a ella una dependencia
del gobierno federal donde se centralice
el mayor número de funciones y cuyo
objeto sea armonizar y coordinar lo rela-
tivo a las costas y mares de México.
P ,
63
Coordinador temático:
Rodolfo García Zamora1
Diagnóstico
A
partir de la crisis de la deuda
externa en 1982, el gobierno
mexicano optó por un cam-
bio radical en el modelo de
desarrollo, y apostó por la apertura de
la economía nacional, la reducción del
Estado y la privatización de distintas
empresas estatales y por la desregulación
de diferentes actividades económicas.
Durante 35 años este modelo, presen-
tado como modernización de la economía
del país, ha transformado el papel estatal
en el proceso de desarrollo, convirtiéndo-
lo en promotor de tales acciones y garante
y protector de los intereses de los inver-
sionistas y corporaciones transnacionales
(y mexicanas).
La minería ha tenido un papel pre-
ponderante en esta reorientación de la
actividad económica, refuncionalizando
los mecanismos de dependencia y subor-
dinación a las corporaciones extranjeras
y mexicanas, generando sobreexplotación
de los recursos mineros del país, con
grandes impactos ambientales negativos
y graves daños a las comunidades en los
territorios donde existen concesiones
mineras, y donde los movimientos de
resistencia han sido a menudo reprimidos
por las fuerzas policiacas y militares. Más
de 120 conflictos ambientales vigentes
relacionados con la minería en el país
reflejan sus grandes costos socio-ambien-
tales, en un contexto en que el Estado ha
renunciado prácticamente a la regulación
1 Esta sección se desarrolló con la colaboración de
Francisco Cravioto, Rolando Cañas, Marisol Aburto
Zepeda, Federico Guzmán López y Selene Gaspar
Olvera.
64 Agenda ambiental
de esta actividad, así como a la protección
del medio ambiente y de las comunidades
indígenas y rurales en las regiones donde
se lleva a cabo dicha actividad.
Ante esta situación, y de cara al cam-
bio de administración de 2018, resulta
fundamental promover un amplio debate
nacional sobre el proyecto de nación, el
papel de los recursos naturales y la ener-
gía, el medio ambiente y, en particular, los
territorios y las comunidades afectadas
por la minería.
Entre 1988 y 1994, el gobierno mexi-
cano buscó institucionalizar la inversión
extranjera y las exportaciones como los
ejes de la economía nacional, para lo cual
se modificó la Constitución y se firmó el
Tratado de Libre Comercio de América
del Norte. Como parte de estas reformas
se modificó la Ley Minera, colocando
dicha actividad como “actividad prefe-
rente” por encima de cualquier otra acti-
vidad o interés. En 2013 este carácter fue
otorgado a otras actividades extractivas,
con el argumento de que a partir de esta
estrategia se generaría un crecimiento
anual del PIB de 6%, cuando apenas se ha
logrado alcanzar el 2%.
México se localiza en un territorio con
ricos y variados recursos minerales. Bajo la
nueva ley minera, según datos de 2014, se
han desarrollado 888 proyectos de explo-
ración y explotación mineros con capital
extranjero operados por 268 empresas
de distintos países, estas últimos con una
vigencia prorrogable de 50 años. Ambos
tipos de concesiones comprenden 112.82
millones de ha, equivalentes al 57.4% del
territorio nacional. Para 2014, la Secretaria
de Economía informa de la existencia de
3 832 empresas de capital transnacional
dedicadas a esta actividad.
Nuevas tecnologías de aprovechamien-
to de los minerales permiten reaprovechar
yacimientos que ya no resultaban renta-
bles con la minería a cielo abierto, con
alto consumo de agua y altos impactos
(desechos, destrucción y contaminación
de suelos y cuerpos de agua, remoción de
la cobertura forestal y destrucción de la
biodiversidad), muchos de ellos irrever-
sibles. La minería a cielo abierto cambia
definitivamente la estructura del suelo
y de las cuencas hidrológicas, afectando
y contaminando los suelos, los cuerpos
de agua, así como la flora y fauna de las
zonas, donde se pierde completamente
la cobertura vegetal. A ellos se suma el
desplazamiento y destrucción de cientos
de comunidades.
Los aportes de la minería al desarrollo
local son inexistentes. Según Fundar, en
el 76% de los municipios con producción
de oro y en el 87% con producción de
plata, el nivel de pobreza de la pobla-
ción es mayor al promedio nacional.
Por cada mil dólares obtenidos por las
corporaciones mineras, las comunidades
afectadas por la minería recibieron, por
medio de sus gobiernos estatales y muni-
65
Política pública sobre minería
cipales, 15 centavos. Tales son los montos
del Fondo para el Desarrollo Regional
Sustentable de Estados y Municipios
Mineros (Fondo Minero), que represen-
taron el 0.015% del total del valor de la
producción minera metálica en 2014.
Las aportaciones fiscales de la mine-
ría son raquíticas: en 2016 fueron de ape-
nas de $2 509 millones de pesos, el 0.32%
del total de los ingresos fiscales, mien-
tras que el valor de la producción minera
metálica generado en 2014 alcanzó los
$14 765 millones de dólares, transferidos
en su mayoría a Canadá, Estados Unidos
e Inglaterra.
La insustentabilidad de la mega
minería en México se percibe en la des-
trucción masiva y acelerada de la tierra,
en la contaminación del aire, en la huella
hídrica, el enorme uso y destrucción de
millones de metros cúbicos de agua y en
la desarticulación social extrema. En el
caso del Sonora, el Grupo México y en el
caso de Zacatecas, la Gold Corporation,
consumen más agua que toda la pobla-
ción de cada entidad. Además, se conta-
minan los ríos, pozos y mantos freáticos,
como sucedió en el primer estado sin
ninguna sanción ni remediación a fondo.
El despojo hídrico por parte de la
mega minería se beneficia de las inicia-
tivas oficiales de privatización del agua,
lo que explica que 197 mega proyectos
mineros han privado del acceso a los
recursos hídricos al 10% de la población
nacional, según cifras de la CONAGUA y
Cartocrítica. Ante este enorme despojo,
que pone en riesgo el futuro de grandes
grupos de la población nacional, es fun-
damental el respaldo colectivo a la ini-
ciativa ciudadana “Ley General de Aguas
Nacionales”.
La contaminación de los acuíferos con
metales pesados y otras sustancias tóxi-
cas significa millones de metros cúbicos
de agua mezclados con tóxicos vertidos al
subsuelo, a los cuerpos de agua y mantos
freáticos. Además, se generan residuos
sólidos que en 2014 alcanzaron 10 748
millones de toneladas de roca del desper-
dicio resultante de beneficiar oro, plata,
cobre, plomo y zinc.
La estrategia ideológica y política cor-
porativa, de la mano de instituciones esta-
tales, promueve un discurso dominante
apologético de modernización mediante
el cual se encubren las acciones de agota-
miento y contaminación de los recursos
naturales y ecosistemas, el desplazamien-
to y el despojo a las comunidades locales,
la criminalización de las protestas y la
privatización de recursos como el agua.
Propuestas
Es fundamental que en la coyuntura
electoral del 2018, los candidatos a la
Presidencia de la República suscriban
un compromiso para decretar la mo-
ratoria a nuevas concesiones mineras y
66 Agenda ambiental
establecer la fecha de caducidad de las
concesiones otorgadas para proyectos de
exploración y explotación minera en todo
el territorio nacional, como lo ha hecho
Costa Rica.
Promover una iniciativa ciudadana
de reforma y adiciones al artículo 27 de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y al artículo 6 de la
Ley Minera para restablecer el carácter
preferente de la soberanía nacional, el
bien público y los derechos humanos
sobre la minería y la extracción de hidro-
carburos.
Promover una nueva Ley Minera que
faculte a los estados con mayor afecta-
ción por la mega minería a establecer un
impuesto ecológico que permita prever
y enfrentar la huella ecológica desde el
inicio de las actividades hasta el final de
los proyectos, para evitar la destrucción
ambiental a gran escala que la minería ha
ocasionado en Sonora, Zacatecas y otras
entidades.
El Congreso de la Unión, el Senado y
el Poder Judicial deben jugar un papel
clave en la solución de más de 120 con-
flictos ambientales mineros activos y en
la construcción de un marco normativo
de verdadera regulación de la actividad
minera, subordinándola a los intereses
de las comunidades locales, el desarrollo
sustentable y la soberanía nacional.
Se requiere que los tres poderes del
Estado mexicano se comprometan a
realizar estudios integrales sobre la
huella ecológica de la mega minería en
los estados con mayor presencia de esta
actividad, considerando los impactos
ambientales, los costos de remediación y
prevención de daños ambientales y a la
salud humana, antes de que concluya la
vigencia de esto proyectos. En estos estu-
dios debe haber participación directa de
las comunidades afectadas, instituciones
de educación superior, organizaciones
ambientales y las instituciones estatales y
federales correspondientes.
Garantizar el acceso público a la
información sobre todas las acciones,
impactos, ingresos, impuestos, transfe-
rencias, contrataciones, compras y con-
cesiones que realizan las corporaciones
mineras en el país.
Integrar como línea prioritaria
del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt) la investigación
sobre minería, recursos naturales y desa-
rrollo sustentable de México. Se propone
que cuente con el apoyo técnico y finan-
ciero necesario, que aproveche las Redes
de Investigadores del país y el extranjero,
de la Red Global de Talentos Mexicanos
en el Exterior y de las ONG reconocidas
por la seriedad de sus estudios y recomen-
daciones a nivel nacional y mundial.
Establecer observatorios ciudadanos
estatales sobre la mega minería, los
recursos naturales y el desarrollo sus-
tentable en cada estado, con el apoyo de
67
Política pública sobre minería
las instituciones de educación superior y
los congresos respectivos, para realizar el
diagnóstico y propuestas de regulación,
monitoreo y evaluación de estas activida-
des y el diseño de políticas posextractivis-
ta y posdesarrollistas, de acuerdo con las
condiciones de cada entidad.
Garantizar que sean los municipios y
las comunidades afectados por la mega
minería quienes decidan el uso del im-
puesto minero hasta ahora aplicado unila-
teralmente por la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
y los gobiernos estatales, priorizando las
acciones para enfrentar los impactos de la
huella ecológica minera, sus afectaciones
en la salud pública y las propuestas de de-
sarrollo humano integral sustentable.
68 Agenda ambiental
A,
69
Coordinadores temáticos:
Helena Cotler Ávalos, Héctor Robles Berlanga,
Elena Lazos Chávez y Jorge Etchevers Barra
El retiro del Estado tanto de la
producción agrícola como del
acopio, de la regulación de los
precios y de la estructura de
créditos y subsidios, ha llevado a una
polarización entre pequeños y grandes
productores agrícolas, pauperizando a
los pequeños agricultores y abriendo
el camino a corporaciones transnacio-
nales agroalimentarias. Con ello se ha
impactado negativamente el sistema
agroalimentario mexicano, su nivel
nutricional, su seguridad alimentaria, y
ocasionado graves afectaciones a la salud.
Entre las políticas públicas en materia de
desarrollo rural, integradas en el Programa
Especial Concurrente para el Desarrollo
Rural (PEC) destaca, por un lado, la dis-
minución del presupuesto destinado al
campo, y por el otro, el carácter desigual
de los apoyos. Para los grandes produc-
tores, ubicados en estados de Sinaloa,
Jalisco, Chihuahua, Sonora, Michoacán y
Tamaulipas, se concentran subsidios pro-
ductivos y financiamiento, dándoles me-
jores condiciones para producir y competir
nacional e internacionalmente. Mientras
que a la mayoría de los pequeños produc-
tores se destinan menores montos del
presupuesto productivo y más subsidios
asistencialistas, y los apoyos que llegan
a recibir son de menor magnitud, lo que
no permite mejorar la productividad en
estas regiones. Estas inconsistencias están
asociadas al fracaso del modelo económico
hacia la población más vulnerable.
Esta situación ha desencadenado una
intensa pauperización de los pequeños
agricultores, que conforman la mayoría
de los propietarios en el país, quienes per-
dieron su capacidad de alimentarse a partir
de su propia producción. Esta pequeña
70 Agenda ambiental
agricultura, reconocida como indisociable
a la seguridad alimentaria, a pesar de sus
condiciones precarias para producir y de
la falta de apoyos económicos guberna-
mentales, aporta el 39% de la producción
agropecuaria nacional, jugando un rol
fundamental en la conservación de la
agrodiversidad y como fuente importante
de generación de empleos. Sin embargo,
el fraccionamiento de las propiedades
que explica el incremento de unidades de
producción de menos de 5 ha constituye
uno de los problemas estructurales del
campo mexicano. Reconocer el problema
de la pulverización de la tierra conlleva a
buscar como solución formas de organiza-
ción de los productores que descansen en
los lazos de solidaridad que existen en las
localidades.
Con la liberalización comercial, ini-
ciada a partir de la entrada de México al
GATT (1986), la producción alimentaria
dejó de ser parte de la estrategia de desa-
rrollo nacional. Por un lado, se planteó al-
canzar la seguridad alimentaria mediante
la importación y, por el otro, se convirtió
a la agricultura en una actividad genera-
dora de divisas, por lo cual se brindó el
apoyo a las grandes empresas por medio
de políticas comerciales, laborales y de
desregulación. Desde entonces, el sistema
agroalimentario mexicano se convirtió en
un complejo agroindustrial integrado por
compañías semilleras, agrobiotecnológi-
cas, agroquímicas, agroindustriales y ali-
mentarias que se encuentran en manos de
pocas compañías transnacionales. Hoy en
día, en México, alrededor de 10 empre-
sas controlan la industria alimentaria.
Con este rumbo nos alejamos de la
posibilidad de alcanzar la seguridad
alimentaria. Hoy casi uno de cada cinco
habitantes carece de los recursos para
satisfacer sus necesidades nutricionales
mínimamente adecuadas y la pobreza
alimentaria extrema ha aumentado, y
empeorado en el medio rural y entre
la población indígena. Este panorama
muestra que las recientes políticas
agropecuarias, o los programas como la
Cruzada Nacional contra el Hambre, no
han tenido impacto en la reducción de
las carencias alimentarias.
La transformación sociocultural de la
alimentación causa estragos a la salud de
la población. Al modificar sus patrones
de consumo con alimentos ricos en
colesterol, grasas saturadas, azúcares
y sodio, los problemas de sobrepeso y
obesidad, por un lado, y de desnutrición
infantil por el otro, constituyen serios
problemas de salud pública e hipotecan
la vida de las siguientes generaciones.
Después de varias décadas de imple-
mentación del modelo de la Revolución
verde y del abandono del campo por parte
del Estado, el intenso deterioro de los
suelos, sustento de la agricultura, ame-
naza la soberanía alimentaria del país.
El apoyo a sistemas agropecuarios insos-
71
Agricultura, alimentación y suelos
tenibles causa que más de la mitad de los
suelos del país estén degradados, causan-
do la disminución de los rendimientos
y procesos de desertificación, muchas
veces irreversibles, pero también impac-
tos a nivel regional como la pérdida de
la biodiversidad, la contaminación de
cuerpos de agua, y la emisión de gases de
efecto invernadero. Las consecuencias de
la degradación de los suelos impactan di-
rectamente en el bienestar de la población,
pudiendo incrementar niveles de pobreza
e impulsar procesos de migración.
La respuesta gubernamental ante este
problema ha sido la creación de progra-
mas rígidos y centralizados con poca
capacidad de adaptarse a condiciones
biofísicas, sociales e institucionales dis-
tintas que propicien un fortalecimiento
de capacidades locales.
Al limitar el acceso al mercado, a los
créditos, al asesoramiento, a la informa-
ción o a las herramientas de gestión de
riesgos, la política agrícola va en sentido
contrario a la posibilidad de conservar los
suelos como medio para recuperar la sobe-
ranía y la seguridad alimentaria del país.
En contrasentido de la política agrope-
cuaria, a lo largo del país se vienen ges-
tando estrategias alternativas en forma
de sistemas agroforestales y ganadería
sustentable acordes a las condiciones
locales. Estas experiencias deben confor-
mar las semillas para la construcción de
una política de conservación de suelos
flexible y adaptativa, que cuente con el
apoyo de instancias de investigación es-
tatales, mercados y apoyos económicos.
La recuperación de la seguridad alimen-
taria requiere un programa integral de
apoyo productivo a la pequeña agricultu-
ra que reoriente las políticas de desarrollo
agrícola y rural para un reajuste de los
incentivos y eliminación de los obstáculos
para la transformación de los sistemas
agrícolas y ganaderos hacia modelos más
sustentables que, junto con una política
nacional agroalimentaria, favorezca la
producción diversificada y que conserve la
agrobiodiversidad y los suelos.
El diseño e implementación de las po-
líticas públicas agropecuarias deben reco-
nocer los cambios en la estructura agra-
ria del país de las últimas décadas, como
el minifundismo y el envejecimiento de
la población, forjando un programa de
apoyo a la organización productiva local
con asistencia técnica y capacitación.
El Programa Especial Concurrente
(PEC) debe construirse sobre la base de
bienes públicos, como medio para reducir
la pobreza en la población rural así como
para disminuir las disparidades regionales.
Recuperar el sistema agroalimentario
mexicano debe ser un eje central de una
estrategia de desarrollo nacional. Lograr
la calidad de los alimentos requerirá la
regulación del uso de agroquímicos tóxi-
cos, la prohibición de cultivos transgéni-
cos y el fomento de productos locales.
L
73
Rodrigo Gutiérrez1
Hoy en día está muy exten-
dida la idea de que existen
relaciones estrechas entre los
derechos humanos y la pro-
tección del medio ambiente; sin embargo,
hace cuatro décadas sostener lo anterior
podría haber pasado como una ocurren-
cia o una equivocación. Los vínculos y
relaciones entre estos dos campos se han
ido construyendo en fecha reciente, en
el marco de complejas discusiones que
continúan abiertas y llenas de preguntas;
también es cierto que han habido impor-
tantes avances en la discusión y algunos
consensos. El objetivo principal de este
texto es explicar las razones por las cuales
la mayor parte de las preocupaciones
ambientales expuestas en la agenda
ambiental de la UNAM pueden tener una
traducción al lenguaje de los derechos y
por tanto ser exigidas por la ciudadanía,
incluso en tribunales, con el objetivo de
que las autoridades responsables cumplan
con sus obligaciones de promoción, res-
peto, protección y garantía del derecho
al medio ambiente sano en nuestro país.
Los derechos humanos surgieron y
se han desarrollado en la historia del
constitucionalismo como instrumentos
jurídicos orientados a salvaguardar aque-
llas necesidades, bienes o intereses consi-
derados fundamentales para la vida de las
personas y las comunidades. La historia
de las luchas por la protección de bienes
fundamentales muestra que cuando una
sociedad percibe que una necesidad o
interés social considerado indispensable
para la vida se pone en riesgo o deja de
estar al alcance de la población, muy
1 Investigador del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM.
74 Agenda ambiental
pronto aparecen exigencias en clave de
derechos humanos para protegerlo.
Eso fue lo que ocurrió en las décadas
de los sesenta y setenta del siglo pasado,
cuando distintos actores de la sociedad
(universidades, movimientos, pueblos)
avanzaron en el conocimiento y visi-
bilización pública del alcance de los
graves impactos que los seres humanos
causamos en la naturaleza y las conse-
cuencias que ello tiene sobre otros bienes
considerados clave para poder vivir con
dignidad. Comenzó a ser obvio que la de-
gradación ambiental implica la afectación
de recursos y seres con los que la digni-
dad de nuestra vida se relaciona de forma
estrecha; además resultó cada vez más
evidente que esa degradación de la natu-
raleza pone en riesgo bienes y necesidades
fundamentales para la vida que ya habían
sido protegidos jurídicamente a través
del enfoque de derechos. Estas razones
han ido aportando fundamentos para el
paulatino reconocimiento del derecho
humano al medio ambiente en distintos
ámbitos normativos.
Reconocimiento normativo del de-
recho humano al medio ambiente
Ámbito internacional de los derechos
humanos
El ámbito universal de los derechos es un
área donde se ha avanzado poco. A pesar
de las intensas discusiones que se han
producido en el entorno de las Naciones
Unidas y de la existencia de declaraciones
e instrumentos jurídicos importantes que
reconocen la necesidad de proteger la na-
turaleza y el ambiente, hasta hoy no existe
ninguna convención o tratado internacio-
nal que consagre el derecho humano al
medio ambiente como derecho autónomo.
Si bien existen pronunciamientos univer-
sales muy relevantes en materia ambien-
tal, como la Declaración de Río de 1992 o
“La Cumbre de la Tierra” (Johannesburgo
2002), a través de las cuales se reconoce la
relación interdependiente que existe entre
la protección del ambiente y el ejercicio
de los derechos, ninguno de dichos ins-
trumentos reconoce, en sentido fuerte, el
derecho humano a un medio ambiente.
Ámbito regional de los derechos
humanos
En el ámbito regional de los derechos
humanos es posible encontrar múlti-
ples tratados y convenciones que han
reconocido de forma rotunda el derecho
humano al medio ambiente.2 Dentro
del Sistema Interamericano, a través del
Protocolo de San Salvador (art. 11) se
reconoció de forma explícita el derecho
2 Opinión Consultiva OC-23/17 del 15 de noviembre
de 2017 solicitada por la República de Colombia
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Resolución No. 12/85, caso no. 7615, 5-03 1985.
75
La relación entre los derechos humanos y el medio ambiente
que tiene toda persona a vivir en un
medio ambiente sano y a contar con
servicios públicos básicos, exigiendo a
los Estados la promoción, protección,
preservación y mejoramiento del medio
ambiente. Con base en dicha disposición,
en fecha reciente la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte IDH)
emitió la Opinión Consultiva OC–23/17
que aporta elementos importantes para
aclarar el alcance del derecho así como
sus obligaciones. Además, existen sen-
tencias de la CIDH que han protegido
este derecho solo en vía refleja, esto es,
a través de la interconexión entre el tema
ambiental y los derechos protegidos por
la Convención Americana, tales como el
debido proceso, la libertad de expresión
o el derecho a la propiedad. Este último
ha sido especialmente importante en
la mayoría de los casos resueltos por la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y la Corte IDH relativos
a problemáticas ambientales vinculados
con la violación del derecho a la propie-
dad indígena por grandes proyectos de
inversión.
Ámbito nacional de los derechos
humanos
Los avances en los sistemas universal y
regional de los derechos humanos vuel-
ven pertinente la pregunta sobre si en el
ordenamiento jurídico mexicano existe
un derecho humano al medio ambiente,
como derecho autónomo que permita a
las personas, en lo individual o colectivo,
defender un conjunto de bienes cuando
estos sean lesionados. Una pregunta com-
pleja que se subdivide en preguntas espe-
cíficas es: ¿quién o quiénes son los titula-
res de ese derecho? ¿Qué obligaciones le
imponen al Estado? ¿Ante qué instancia o
autoridad se puede acudir para reclamar
su violación y exigir la reparación? ¿Cuál
es su contenido y alcance? ¿Qué es lo que
se puede proteger a través de él?
A la primera pregunta, la respuesta
es rotunda: sí, el derecho humano a un
medio ambiente sano como derecho
autónomo es una realidad jurídica incues-
tionable reconocida en el artículo 4° de
la Constitución, cuenta con una ley que
lo garantiza3 y existen sentencias de dis-
tintos tribunales que lo han reconocido
como tal.
A la pregunta ¿quiénes en México son
titulares del derecho al medio ambiente?
3 El artículo 1° de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente señala: “La
presente Ley es reglamentaria de las disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos que se refieren a la preservación y
restauración del equilibrio ecológico, así como a la
protección al ambiente, en el territorio nacional y las
zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y
jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público
e interés social y tienen por objeto propiciar el
desarrollo sustentable y establecer las bases para:
I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un
medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y
bienestar… (énfasis nuestro).
76 Agenda ambiental
responde el párrafo quinto del artículo
4° constitucional, donde se establece que
“Toda persona tiene derecho a un medio
ambiente sano…” Toda persona, no
admite equivocación, cualquier persona,
de forma individual, puede exigir este
derecho. Este mandato constitucional
queda reforzado por el artículo 1° de
la norma máxima cuyo primer párrafo
establece que “En los Estados Unidos
Mexicanos todas las personas gozarán
de los derechos humanos reconocidos en
esta Constitución y en los tratados inter-
nacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte…”.
La Constitución responde con toda
claridad al cuestionamiento sobre las
obligaciones que impone el derecho al
Estado. El propio párrafo quinto del artí-
culo 4° establece: “El Estado garantizará
el respeto a este derecho”. Se trata de un
énfasis en la obligación de respeto que
impone la exigencia de no daño o afecta-
ción al derecho. Si acudimos al artículo
1°, párrafo tercero de la norma máxima,
decreta que: “Todas las autoridades en
el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos”, lo
cual incluye el derecho al medio ambien-
te. Así, a la obligación de respeto prevista
en el propio artículo 4° se le suman las de
promoción, protección y garantía. A los
deberes estatales señalados en ese mismo
párrafo se añade que “el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos,
en los términos que establezca la ley.”
¿Ante qué autoridades se puede recla-
mar? Igual que en la pregunta anterior, la
respuesta se encuentra en el párrafo terce-
ro del artículo 1°: “Todas las autoridades
en el ámbito de sus competencias tienen
la obligación…” Cuando la Constitución
mandata “Todas las autoridades…” y no
distingue entre ellas, resulta obvio que
también las autoridades judiciales (y sobre
todo ellas) están obligadas a promover,
respetar, proteger y garantizar el derecho
al medio ambiente. De ahí que no existan
dudas sobre la justiciabilidad del derecho
al medio ambiente dentro del ordena-
miento jurídico mexicano; tan es así que
existen múltiples sentencias, de distintos
tribunales federales, que han dado en-
trada a demandas ciudadanas que han
reclamado la violación de este derecho y
han dictado sentencias para protegerlo y
garantizarlo.
La pregunta más difícil de responder
es ¿cuál es el contenido mínimo o alcance
del derecho?, o dicho de otra forma,
¿qué podemos exigir que sea protegido
en México a través del derecho al medio
ambiente? La Constitución aclara muy
poco sobre el contenido del derecho. Sin
embargo, también establece (en el párrafo
segundo de su artículo 1°) que “las nor-
mas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta
77
La relación entre los derechos humanos y el medio ambiente
Constitución y con los tratados interna-
ciona les…”.
El siguiente paso es identificar qué ele-
mentos de contenido existen en el ámbito
internacional de los derechos humanos.
En este sentido interesa concentrarnos en
una reciente Opinión Consultiva (23/17)
emitida por la Corte IDH, a la fecha el
documento que con mayor precisión y
claridad avanza en la identificación de
los elementos que dan contenido a este
derecho. La jurisprudencia de la Corte
Interamericana incluye sus opiniones
consultivas, vinculantes para las autorida-
des del Estado mexicano, tal y como lo ha
reconocido el Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
En la opinión citada, la Corte IDH,
retomando lo señalado por el Grupo
de Trabajo sobre el Protocolo de San
Salvador (GTPSS), ha señalado que el ejer-
cicio del derecho al medio ambiente sano
debe guiarse por los criterios de:
• D. Los Estados deben
asegurar la existencia de suficientes
recursos para que todas las personas
puedan beneficiarse de un medio am-
biente saludable.
• A, que implica que
todos los Estados deben lograr que
todas las personas, sin discrimina-
ción, puedan hacer realidad cuatro
dimensiones distintas sobre el medio
ambiente: la accesibilidad física, la
económica, la no discriminación y el
acceso a la información.
• S, el cruce entre los
criterios anteriores con el objetivo de
asegurar que las generaciones futuras
también puedan tener acceso a un
medio ambienta sano y a los servicios
públicos.
• C, que exige que los elementos
constitutivos del medio ambiente no
se degraden y resulten aceptables de
acuerdo a estándares internacionales.
• A, el reconocimiento
de la diversidad de criterios sobre lo
que se considera “sano”.
Aunque la ley marco sobre la protec-
ción del ambiente en México (LGEE PA)
no fue diseñada con base en un enfoque
de derechos humanos, dentro de ella se
encuentran elementos que dialogan con
lo que la Corte IDH identifica como el
contenido y las obligaciones del derecho
al medio ambiente. La fracción tercera del
artículo 1° de la LGEE PA señala que entre
los objetivos principales de la ley están
los de establecer las bases para la preser-
vación, restauración y mejoramiento del
ambiente, por lo que muchas de las obli-
gaciones de política pública establecidas
en la misma pueden ser interpretados
como obligaciones vinculadas al derecho
humano al medio ambiente que pueden
ser denunciadas y litigadas ante tribuna-
les por violación al mismo. De ahí que es
78 Agenda ambiental
posible pensar los daños que personas,
comunidades y pueblos están padeciendo
en la actualidad para traducirlos al len-
guaje de derechos humanos y reclamarlos
ante los tribunales federales a partir de lo
establecido en el derecho internacional y
en nuestra ley ambiental.
Agenda ambiental de la UNAM y
violaciones al derecho humano al
medio ambiente
Gran parte de las preocupaciones plan-
teadas por los especialistas en la agenda
ambiental del SUSMAI-UNAM pueden ser
traducidas al lenguaje de los derechos
humanos y convertidas en exigencias
jurídicas obligatorias que podrían ser exi-
gidas a las autoridades, incluso acudiendo
a tribunales federales. Veamos algunos
ejemplos.
En la sección “problemática y política
del agua” se aportan datos preocupantes
relativos a la calidad de las aguas en
el país. Con base en información de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF)
–obtenida a partir de la realización de
auditorías elaboradas sobre diversas cuen-
cas– se sabe que el 40% de las que fueron
evaluadas tenían grados importantes de
contaminación por metales tóxicos y sus-
tancias radioactivas. Cualquier persona
o colectivo habitante de dichas cuencas
capaz de demostrar que su suministro
de agua contiene alguno de dichos con-
taminantes, por encima de lo que marca
la norma, podría alegar ante tribunales
que se le ha violado el derecho al medio
ambiente, en tanto que el elemento cali-
dad está siendo afectado, con fundamento
en el artículo 4° de la Constitución en
interpretación conforme al artículo 11 del
Protocolo de San Salvador y la Opinión
Consultiva 23/17 emitida por la Corte
IDH. En esa misma sección de la agenda
se señala que la ASF también detectó que
en 2015 la Comisión Nacional del Agua
otorgó 1 124 concesiones para extracción
de agua subterránea en 306 cuerpos de
agua sobre explotados. Esta situación
también podría demandarse, en un juicio
de amparo, por una persona o colectivo
que demuestre abastecerse de dichas
fuentes, señalando la violación del ele-
mento de disponibilidad del contenido del
derecho al medio ambiente.
En la sección “Condiciones de la bio-
diversidad” se expone que debido a las
presiones de los mercados sobre recursos
naturales a través de prácticas agrícolas,
mineras o turísticas de alto impacto, se
están degradando y agotando los sistemas
naturales. Si una comunidad indígena o
campesina, habitante de un bosque, padece
la llegada intempestiva de un megaproyec-
to que impacta de forma significativa su
entorno, y produce la fragmentación del
ecosistema o el aislamiento de determina-
das especies, podría exigir ante tribunales
la protección del derecho al medio ambien-
79
La relación entre los derechos humanos y el medio ambiente
te por afectar el elemento de sostenibilidad
del mismo establecido por la Opinión
Consultiva 23/17 de la Corte IDH.
En la sección “Las ciudades de México”
se señala que no solo existe un patrón no
sustentable de la ocupación del territorio
por el crecimiento de las ciudades, sino
que este se produce en un marco de dis-
tribución desigual de bienes comunes. Se
especifica que las áreas verdes se encuen-
tran distribuidas de forma heterogénea
y que los habitantes de las zonas más
pobres no tienen acceso a ellas, mientras
que los habitantes de zonas ricas sí. Esta
situación inequitativa también podría
ser traducida al lenguaje de los derechos,
como exigencia hacia las autoridades,
argumentando que el derecho humano al
medio ambiente prevé el acceso físico al
mismo en condiciones de igualdad y no
discriminación.
Así como estos, muchos de las proble-
mas analizados y expuestos en la Agenda
Ambiental 2018 pueden encontrar con
facilidad una traducción al lenguaje de
los derechos humanos. De la ciudadanía
organizada y consciente de sus derechos
dependerá que las autoridades estatales
y los poderes privados comiencen a
cumplir con aquellas obligaciones que
han sido establecidas por el derecho
internacional de los derechos humanos,
así como por nuestra Constitución, y
que algunos tribunales, tanto nacionales
como internacionales, han comenzado a
proteger.
Agenda Ambiental 2018. Diagnóstico y propuestas,
coordinado por Leticia Merino Pérez y
Alejandro Velázquez Montes
se terminó de imprimir en los talleres
del Grupo Infagón en la Ciudad de México
durante el mes de marzo de 2018
Créditos
F
Claudio Contreras Koob:
portada, 1, 2, 4, 6, 24, 28, 32,
38, 42, 43, 44, 52, 58-59, 61, 72, 79
Helena Cotler:
68
Etienne Forcada/CCMSS:
35
Informador.com.mx:
47
Marisa Mazari Hiriart:
12, 17, 20, 23
Minera México (página web):
67
Pixabay.com:
62
E
Corrección de estilo, diseño y formación:
Raúl Marcó del Pont Lalli
© D.R. Seminario Universitario de Sociedad,
Medio Ambiente e Instituciones
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
http://susmai.unam.mx/
febrero de 2018
