Organizaciones campesinas y defensa de la coca: contribución a una economía política de la acción colectiva

Full text

R  C P  G, 4(7), 2017, 83-104
* Magíster en Ciencia Política en la Universidad de Lille 2. Investigador visitante en el Laboratorio de
Criminología y Estudios de la Violencia de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas en la PUCP.
+Recibido el 15 de febrero de 2017; aceptado el 13 de mayo de 2017.
Organizaciones campesinas y defensa de la coca: contribución a
una economía política de la acción colectiva+
ROMAIN BUSNEL*
Université de Montréal, Université de Lille 2
romain.busnel@umontreal.ca
https://doi.org/10.18800/rcpg.201701.004
R
A partir de las resistencias en torno a la hoja de coca, desarrolladas en la provincia de La
Convención (Perú) y en el Trópico de Cochabamba (Bolivia), esta contribución propone estu-
diar las variaciones en las trayectorias de movilización de las dos regiones a través de una
lectura de economía política de la acción colectiva. Al aplicar el concepto de social embedded-
ness de Polanyi a las organizaciones sindicales de campesinos, demostramos que la capacidad
de regulación económica inuye en el poder de convocatoria de las organizaciones sociales
para la defensa de los intereses relacionados con la coca. Mientras el monocultivo de la hoja
de coca en el Trópico de Cochabamba ha permitido a los sindicatos regular esta actividad
económica —que el Estado boliviano condenaba y rechazaba—, la diversidad agropecuaria
de La Convención y la regulación de los mercados de la coca por el Estado no han permitido
a la federación regional de campesinos regular con la misma intensidad las actividades eco-
nómicas regionales, que han sido más dependientes del Estado o de los mercados. El fuerte
enraizamiento social de los sindicatos de cocaleros en el Trópico de Cochabamba permitió
importantes movilizaciones sociales para la defensa de la coca, mientras el proceso de desenrai-
zamiento de la federación campesina debilitó la intensidad de las luchas sociales.
Palabras clave: organizaciones campesinas, movimientos sociales, sindicalismo, administración
del desarrollo, economía política.
Peasant organizations and the defense of coca: contribution to a political economy of
collective action
A
Based on the observation of the resistance movements around the coca leaf in e Convención
province (Peru) and the Tropic of Cochabamba (Bolivia), this contribution explores the impact
of political economy to explain variations of mobilization trajectories. By applying the concept
of social embeddedness of Karl Polanyi’s to peasant union organizations, we demonstrate that

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regulatory economic capacity inuence the convening power of social organizations for the
defense of coca leaf. While the monoculture of coca leaf in the Tropic of Cochabamba allowed
to cocalero unions to regulate this economic activity condemned by the Bolivian State, agri-
cultural diversity in La Convención and regulation of coca leaf markets by the State didn’t
allow the peasant federation to regulate economical activity (which were more dependents
to the State o markets) with the same intensity. e strong social embeddedness of cocaleros
unions in the Tropic of Cochabamba enabled a large mobilization for the defense of coca leaf
whereas the dis-embeddedness process of peasant federation in La Convención have weakened
the intensity of social movements.
Key words: peasant organizations, social movements, syndicalism, development management,
political economy.

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1. I
Los campesinos parcelarios forman una masa inmensa, cuyos individuos viven en
idéntica situación, pero sin que entre ellos existan muchas relaciones. Su modo de
producción los aísla a unos de otros, en vez de establecer relaciones mutuas entre ellos.
[…] La parcela, el campesino y su familia; y al lado, otra parcela, otro campesino y
otra familia. […]. Así se forma la gran masa de la nación francesa, por la simple suma
de unidades del mismo nombre, al modo como, por ejemplo, las patatas de un saco
forman un saco de patatas. […] Por cuanto existe entre los campesinos parcelarios
una articulación puramente local y la identidad de sus intereses no engendra entre
ellos ninguna comunidad, ninguna unión nacional y ninguna organización política,
no forman una clase. Son, por tanto, incapaces de hacer valer su interés de clase en su
propio nombre, ya sea por medio de un parlamento o por medio de una Convención.
No pueden representarse, sino que tienen que ser representados.
Marx, El 18 brumario de Luis Bonaparte, 1852
¿Cómo entender la formación de movilizaciones colectivas de campesinos? Si,
para Marx, la clase campesina se parece a un «saco de patatas» incapaz de orga-
nizarse para defender sus propios intereses, el surgimiento de revueltas campe-
sinas durante la segunda parte del siglo XX, notablemente en Latinoamérica,
pusieron en duda su tesis. Sin necesidad de plantear un objetivo revolucionario
de lucha de clase y de reversión del poder tal como lo entiende la tradición
marxista o tercermundista, estas resistencias se inscribieron contra relaciones de
poder, de opresión y de criminalización encabezados por el Estado, el mercado
o grupos sociales con intereses antagónicos. A partir del ejemplo de las resisten-
cias relacionadas con la defensa de la coca en Perú y Bolivia, cuestionamos el
impacto de la regulación de las actividades económicas regionales tanto lícitas
como ilícitas por parte de las organizaciones sociales sobre dichas resistencias.
Las movilizaciones colectivas de defensa de la coca surgieron en Perú a partir
del nal de la década de 1970 y en Bolivia a mediados de la de 1980. Fueron
estructuradas por organizaciones campesinas con el n de rebatir las políticas
internacionales y nacionales de la época que tenían por nalidad supervisar
y eliminar la producción de coca, hoja cultivada desde la época prehispánica
para usos lícitos tradicionales (masticación, infusión, medicina, ritos religiosos,
etcétera) e ilícitos1 (fabricación y consumo de pasta básica o de clorhidrato de
cocaína) desde el n del siglo XIX (Gootenberg, 2013).
1 El uso de la distinción lícito e ilícito y su preferencia a los términos de legal e ilegal se justica por varias razones.
Primero, porque el carácter (i)legal de las actividades evoluciona a través del tiempo o según los actores que la prac-
tican. Segundo, porque el carácter (i)legal siempre se reere a una visión de Estado, mientras unas actividades ilegales
pueden ser autorizadas y legitimadas por otras autoridades reguladoras (Schendel y Abraham, 2005).

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Estas resistencias en torno al cultivo de la coca plantean un doble reto para
la literatura en ciencia política y los mismos campesinos. Primero, el de la
movilización campesina en sí, que, como lo subraya Marx, no es tan evidente.
Como en el caso francés del siglo XIX estudiado por el autor alemán, gran
parte de los productores en Perú y Bolivia cultivan la coca en pequeños lotes, de
manera individual e independiente. Segundo, estas resistencias se forman acerca
de la defensa de un producto, la hoja de coca, cuya legitimidad social y política
es cuestionada. De hecho, el carácter lícito de las actividades relacionadas con
la coca (cultivo, comercialización, industrialización, transformación) queda
bastante nebuloso y poco evidente. También existen diferencias importantes
entre las reglas y leyes jurídicas, y sus aplicaciones. En efecto, en los dos
países se encuentran parcelas de coca legalmente autorizadas y otras por las
cuales el cultivo sin licencia es prohibido2. La comercialización que prosigue
a esta producción abastece tanto los mercados formales como los informales
o los ilícitos3. Y al nal, mientras está prohibido cultivar coca sin licencia, el
campesino que lo hace no es penalmente sancionado en ninguno de estos dos
países; lo único que le puede ocurrir es la erradicación de su parcela de coca
ilícita.
A pesar de estas características comunes entre los países, las resistencias
tomaron y siguen tomando distintas formas en los espacios nacionales y
subnacionales. Esta contribución propone explorar las trayectorias y formas
de movilizaciones colectivas y organizadas en dos regiones donde se produce
la coca: la provincia de La Convención en Perú, y el Trópico de Cochabamba4
en Bolivia. Esta comparación se justica por la presencia de dos organizaciones
sociales formadas por bases sindicales campesinas. Estas organizaciones fueron
de las primeras en defender la coca en sus respectivos espacios nacionales, y
también lo hicieron de manera conjunta a un nivel transnacional. Sin embargo,
las movilizaciones tuvieron trayectorias y grados de intensidad diferentes.
2 Sin embargo, los modos de regulación de los cultivos legales e ilegales son distintos en los dos países. En Perú, el
productor de coca tiene que ser registrado individualmente al padrón de 1978. En Bolivia, la ley 1008 delimita territo-
rialmente tres tipos de zona de cultivos: las zonas tradicionales legales, las zonas de cultivo «excedentario» cuyo objetivo
es la sustitución de cultivos de coca por productos alternativos, y las zonas de cultivo ilegal. No obstante, desde 2006,
cada hogar es autorizado en cultivar un lote de 1600 m2, llamado «cato», en las zonas de cultivo excedentarias.
3 Esta distinción es propuesta por Glave y Rosemberg (2005). Para estos autores, el comercio formal concierne las
transacciones de coca realizadas entre los productores y el Estado. El comercio informal concierne la comercialización
de coca no regulada por el Estado, pero con nes lícitos. Así, la comercialización ilícita no es regulada por el Estado y
es destinada a usos ilícitos de narcotráco.
4 Ubicado entre las ciudades de Cochabamba y de Santa Cruz, el Trópico de Cochabamba se encuentra en las pro-
vincias de Chapare, Tiraque y Carrasco. Para este artículo, la zona geográca estudiada se limitará a los municipios de
Villa Tunarí, Shinahota, Chimoré, Puerto Villaroel y Entre Ríos.

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En la provincia de La Convención en el Perú, las primeras movilizaciones de
defensa de la hoja de coca empezaron en reacción al decreto ley 22095, deno-
minado Ley de Represión al Tráco Ilícito de Drogas, en 1978. Este decreto
—que sigue vigente en la actualidad— transrió la responsabilidad de la hoja
de coca a la Empresa Nacional de la Coca (Enaco) y prohibió el cultivo de
coca a personas no registradas en el padrón de productores. A la fecha de su
entrada en vigor, el decreto ley establecía que todos los cultivos de coca debían
desaparecer dentro de los siguientes quince años. Movilizados a través de la
Federación Provincial de Campesinos de La Convención y Lares (Fepcacyl),
que se formó en 1958 liderando y organizando la toma de tierras que pre-
cedió la reforma agraria, los campesinos de La Convención cuestionaron con
marchas y paros las amenazas de erradicación forzosa. Estas últimas nunca se
llevaron a cabo en la región, pero las protestas siguieron con el n de mejorar
los precios de venta a Enaco (Encinas, Pérez y Alonso, 2008). La defensa de los
intereses campesinos, si todavía sigue existiendo en la actualidad, ha bajado con
cierta intensidad estos últimos años. Enfrentados a la inexibilidad del Estado
sobre el aumento de los precios de Enaco, la investigación de campo que hemos
realizado entre octubre y noviembre de 2016 ha revelado un debilitamiento
organizacional resentido por varios sindicalistas y campesinos sobre el asunto
de la defensa de la coca, que conrma la bajada de la producción y de venta a
Enaco (Enaco, 2016)5.
En el Trópico de Cochabamba, en Bolivia, los sindicatos de base, formados
por los colonos que se habían establecido en la región para cultivar la coca,
se organizaron a partir de la década de 1980 frente a las políticas de erradica-
ción y de sustitución de los cultivos ilícitos. Agrupados bajo la bandera de la
Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba a partir de
1990, los cultivadores de coca ganaron cada vez más legitimidad a través de las
luchas sociales, y lograron ser representados en las instituciones municipales a
partir de 1994, y en las nacionales a partir de 2005 con la elección del líder
cocalero Evo Morales. Llegado a ese punto, las movilizaciones sociales y polí-
ticas contra el Estado terminaron, pero los sindicatos siguen involucrados en el
asunto de la defensa de la coca, al ser cooptados por el Estado a través de polí-
ticas participativas para la regulación de los cultivos (Lacuisse, 2011; Ledebur
y Youngers, 2013).
5 Entre 2005 y 2015, las compras de coca de la sede de Enaco en Quillabamba pasaron de 2502,68 toneladas
métricas a 1247,43 toneladas métricas (Enaco, 2016).

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Estas dos organizaciones regionales siguen dos trayectorias de movilización
diferentes, que Arturo, campesino de La Convención y exsecretario general de
la Fepcacyl, resume perfectamente:
Mira, Evo Morales en el noventa viene acá, Bolivia, no sabía ni que éramos un sindicato.
En el noventa, cuando yo estaba secretario general, ha venido acá, cinco compañeros
han venido de inicio: Quispe, Evo Morales, no sé quiénes… pero cinco han venido.
Acá han estado una semana en Quillabamba, en la federación, han llevado todo lo que
es la lucha popular, todito, todito. Y ellos al toque han formado en Chapare6 y ahí no
ha habido divisionismo, pues. No es como acá, pues.
Entonces, ¿cómo entender la formación de movilizaciones campesinas para
defender la coca? ¿Cuáles son los recursos que movilizaron las organizaciones
sindicales de La Convención y del Trópico de Cochabamba para levantar sus
bases para defender un producto en las fronteras de la economía lícita e ilícita?
Y nalmente, ¿cómo explicar las variaciones en las trayectorias de movilización
y las formas de ellas?
Mientras gran parte de la literatura que estudió las dinámicas de acción
colectiva de defensa de la coca en Perú y Bolivia se quedó con un enfoque
nacional del «movimiento cocalero» (Durand Guevara, 2005; Durand Ochoa,
2014; Salazar Ortuño, 2008), presentamos un estudio comparativo subna-
cional de dos regiones productoras de coca que permite aclarar las dinámicas y
mecanismos microsociológicos7 de los diferentes caminos que toman las resis-
tencias abiertas y visibles en el escenario público.
Para contestar a esta problemática, esta contribución pone énfasis en los
recursos y los medios de control social de las organizaciones campesinas en
la economía regional al movilizar el concepto de enraizamiento social (social
embeddedness) de Polanyi (1983). Este estudio sugiere que la construcción
de un enraizamiento por parte de las organizaciones sociales en los mercados
regionales permite constituir recursos para movilizaciones y resistencias. Este
estudio se apoya en dos investigaciones de campo. Una en el Trópico de
Cochabamba realizada en septiembre y octubre de 2015 y otra realizada en
La Convención en octubre y noviembre de 2016. Se realizaron 32 entrevistas
semidirectivas con diferentes actores (cultivadores de coca, líderes sindicales,
funcionarios de las instituciones de regulación de coca y actores implicados en
los sectores económicos alternativos a la hoja de coca). Estas entrevistas fueron
6 El Chapare es una de las provincias del Trópico de Cochabamba.
7 Sobre este tema, Snyder (2001) subraya cómo comparaciones subnacionales pueden extender y reforzar el reper-
torio metodológico para las ciencias sociales.

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completadas con varias observaciones en la esfera privada (cosechas y ventas de
coca) y pública (obras comunitarias, asambleas y reuniones sindicales).
La primera parte presentará el concepto teórico de enraizamiento y sus varias
interpretaciones en la literatura. Permite así demostrar cómo el control de los
recursos económicos tanto lícitos como ilícitos de la economía regional cons-
tituyen recursos importantes para las organizaciones sociales para armar resis-
tencias frente el Estado, el mercado o grupos sociales con intereses antagónicos.
En un segundo momento, estudiaremos los movimientos de re-enraizamiento
(re-embeddedness) y des-enraizamiento (des-embeddedness) de las organizaciones
sociales de La Convención y del Trópico a las economías regionales. Mientras
el monocultivo de la hoja de coca en el Trópico de Cochabamba permite a los
sindicatos regular esta actividad económica que el Estado boliviano condena
y rechaza, la diversidad agropecuaria de La Convención y la regulación de la
coca por el Estado no permite a la federación regional de campesinos regular
con la misma intensidad las actividades económicas regionales, que son más
dependientes del Estado o del mercado. Esta capacidad de regulación econó-
mica inuye en el poder de convocatoria de las organizaciones sociales para la
defensa de los intereses relacionados con la coca.
2. E       
 
Varios investigadores de ciencia política y de sociología trataron de entender las
variaciones de resistencias entre los movimientos de defensa de la coca. Estos
estudios se concentraron a un nivel nacional para entender el (no) surgimiento
de un movimiento cocalero. Así, en Bolivia el «éxito» del movimiento social,
que se acabó con la elección del cocalero Evo Morales a la presidencia de la
República boliviana en 2005 y su toma de función en 2006, fue explicado por
la formación de una identidad cocalera fuerte que pudo contar con apoyos de
otros sectores marginados por las políticas neoliberales, como el sector minero
de la Central Obrera Boliviana (COB), el sector campesino y los pueblos indí-
genas (Durand Ochoa, 2014; Salazar Ortuño, 2008). La llegada al poder de
Evo Morales también fue favorecida por reformas institucionales de descentra-
lización política, como la Ley de Participación Popular (LPP), que permitieron
una profesionalización política de varios dirigentes cocaleros al nivel local, y
que dieron una legitimidad social y política a las luchas sociales lideradas por
las federaciones del Trópico (Benavides, 2006).

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En Perú, la herencia del conicto armado, la criminalización de la acción
colectiva, el involucramiento de ciertos líderes cocaleros con el narcotráco y
las divergencias de intereses entre las diferentes cuencas cocaleras impidieron
la formación de una identidad cocalera a nivel nacional y su generalización
a otros sectores de la sociedad (Durand Guevara, 2005). Las diferencias de
movilización social y política entre Perú y Bolivia se explican así, mayormente,
por los contextos nacionales. En su comparación, Durand Ochoa subrayó la
importancia de la estructura de oportunidad política en los espacios nacionales
durante las fases de formación y de transformación del movimiento cocalero
(Durand Ochoa, 2014).
Pocos estudios se interesaron en comparar las varias formas de acción colec-
tiva a un nivel subnacional. Pruett (2012), en su investigación sobre las resis-
tencias en el departamento de Cusco y las cuencas del Huallaga en Perú, explicó
las variaciones por particularismos militantes e identidades políticas distintas
al nivel regional, y sobre todo por las diferencias en cuanto a la legislación del
cultivo de la coca, mayormente legal en el departamento de Cusco a diferencia
de las cuencas del Huallaga.
Al n y al cabo, pocos estudios preguntaron por el papel de las organi-
zaciones sociales en el control de los recursos económicos al nivel regional y
de su eventual impacto en las movilizaciones sociales y formas de resistencias.
Proponemos tomar en serio esta relación, ya que consideramos que el reparto
de los recursos materiales recongura las relaciones de poder y genera conictos
políticos y sociales, de los cuales la defensa de la coca forma parte. Este artículo
no trata de rechazar los resultados de las investigaciones mencionadas, sino de
ponerlas en relación con la economía política regional y entender cómo el con-
trol de las actividades económicas puede constituir recursos de movilización
para las organizaciones campesinas.
La división tradicional entre los campos académicos de la ciencia política
y de las ciencias económicas ofrece poca visibilidad sobre las relaciones que
pueden existir, sobre todo cuando uno estudia las dinámicas de acción colec-
tiva, mayormente consideradas como relevantes de una sociedad civil desco-
nectada del Estado y subordinada a los mercados. Así, para contribuir a una
economía política de la acción colectiva, proponemos rehabilitar el concepto
de enraizamiento propuesto por Polanyi (1983).
En oposición a la tradición económica neoclásica, para la cual las relaciones
económicas son lideradas por la coordinación del libre mercado, Polanyi arma
que cada actividad económica es enraizada socialmente. A partir del ejemplo
del desarrollo del capitalismo europeo durante la revolución industrial,

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demuestra cómo la creación de mercados desregulados genera resistencias y
reajustes sociales por parte del Estado. Así, el capitalismo moderno se construye
sobre un doble movimiento que, por una parte, facilita la mercantilización de
los bienes y productos y que, por otra parte, subordina el mercado a reglas no
mercantiles. Entonces, el cambio social sigue un proceso dinámico marcado
por fases de enraizamiento, des-enraizamiento y re-enraizamiento. Cuando los
mercados buscan autonomía de la sociedad, el proteccionismo social se con-
vierte en una repuesta natural a este movimiento (Polanyi, 1983).
Granovetter se desliga del enfoque macroeconómico de Polanyi para demos-
trar que el concepto de enraizamiento también se puede aplicar a un nivel
mesosociológico o microsociológico. En su crítica del homo-economicus, arma
que las actividades económicas no son motivadas por puro interés personal de
maximización de la utilidad o de la ganancia, sino que son enraizadas en rela-
ciones interpersonales. Por lo tanto, invita a poner atención en las redes de rela-
ciones sociales que unen a los individuos (Granovetter, 1985). Sin embargo,
Granovetter no hace foco en las diferentes formas que pueden tomar estas redes
sociales al nivel social y cultural, ni a qué nivel se articulan.
Demostramos que ciertas organizaciones sociales pueden cumplir este papel
de regulación y de enraizamiento social de los mercados lícitos e ilícitos. Para
Polanyi, el papel de regulación social es cumplido por el Estado, notablemente
a través de numerosas leyes que protegen a los individuos de los efectos nefastos
del libre mercado (Polanyi, 1983). Sin embargo, este doble movimiento también
puede ser estudiado como una forma de resistencia de varios actores sociales que
reclaman un reajuste y una negociación del contrato social (ompson, 1971).
De ahí, se puede extender la perspectiva de la negociación y de la protesta del con-
trato social a grupos organizados y formalmente constituidos, como las organiza-
ciones campesinas. Por ello, hay que estudiar estas organizaciones no solo como
estructuras de intermediación entre el campesino y el Estado, sino también como
«lugares de poder», tal como lo plantea Foucault (1982), que pueden cumplir con
el papel de regulación social. El proceso de cambio social de enraizamiento, des-
enraizamiento y re-enraizamiento que propone Polanyi fue varias veces criticado
por su carácter lineal y casi automático (Cotula, 2013). Por eso, proponemos
estudiar de manera empírica el funcionamiento de las organizaciones campesinas
y sus relaciones con los campesinos. Este estudio permite revelar cómo las orga-
nizaciones sociales pueden (o no) estructurar las actividades económicas al nivel
regional. También trataremos de estudiar cómo este control económico dinamiza
las relaciones entre campesinos y organizaciones campesinas, por la construcción
de relaciones sociales y la constitución de un capital social (Bourdieu, 1980) por

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parte de las organizaciones sociales. Para Bourdieu, el «capital social» se dene
como un concepto que permite dar a individuos o grupos de individuos ciertos
recursos a través de dinámicas relacionales. Así, el capital no se limita a una sen-
cilla red social. También es el fruto de un trabajo de instauración y de consolida-
ción de las relaciones sociales. Constituye una estrategia de inversión social más o
menos consciente que tiene por n el logro de benecios materiales o simbólicos
(Bourdieu, 1980). A nivel organizacional, la construcción de este capital social
resulta clave para el estudio de las movilizaciones sociales.
Este marco teórico es relevante para el estudio de las actividades económicas
lícitas e ilícitas. Primero, porque las actividades económicas ilícitas también son
enraizadas socialmente e interactúan con el entorno social. Segundo, porque
el Estado, al condenar ciertas actividades económicas, se separa de su papel
regulador y deja espacio a nuevos actores que pueden cumplir con este papel.
Adoptar una perspectiva sociohistórica permite observar que las fronteras entre
lo legal y lo ilegal evolucionan con el tiempo y cambian las conguraciones de
poder entre diferentes actores que pueden competir, enfrentarse, pero también
colaborar para la regulación de los recursos económicos. De ahí se forman los
conictos sociales, de los cuales la defensa de la coca forma parte.
3. D       
  L C    T  C
Las formas de desarrollo socioeconómico que siguieron la provincia de La
Convención y la región del Trópico son sintomáticas de las formas de desarrollo
espacial y socioeconómico de Latinoamérica. Ambos espacios pueden ser con-
siderados como «espacios fronterizados» porque se encuentran en la frontera
de dos espacios distintos. La provincia de La Convención, del departamento
de Cusco en Perú, se ubica entre la parte este de los Andes y la Amazonia. En
cuanto al Trópico de Cochabamba, se encuentra mayormente en la parte este
del departamento de Cochabamba, y se extiende hasta las grandes llanuras agrí-
colas de los departamentos de Santa Cruz y del Beni. Poco pobladas a principios
del siglo XX, estas regiones se convirtieron en lugares de colonización propicios
para la cultura de cultivos mercantilizados a nivel internacional (Benavides,
2006; Hobsbawm, 1969; Roux, 2006). En ambas regiones, la estructura eco-
nómica campesina actual es la herencia de las reformas agrarias que se llevaron
a cabo en los dos países (1953 en Bolivia y 1969 en Perú). En estas regiones
también se encuentran organizaciones sindicales que desempañaron un papel
importante en la defensa de los campesinos.

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3.1. La Convención: luchas para el reajuste de los mercados y progresivo des-
enraizamiento de los sindicatos
La provincia de La Convención es conocida por haber sido escenario de
grandes revueltas agrarias para la toma de tierras a los nes de los años cin-
cuenta y al principio de la década de 1960. Estas revueltas, encabezadas por
los sindicatos, fueron unas de las luchas rurales más importantes de esa época
en Latinoamérica (Hobsbawm, 1969). El sistema agrícola era manejado por
un centenar de haciendas que empleaban unos 60 mil colonos indígenas de
altas tierras para la explotación de sus grandes zonas de cultivos (Hobsbawm,
1969). Para establecerse en la región, cada nuevo colono tenía que trabajar
con un hacendado a cambio de una cierta cantidad de días trabajados al año,
pagados a una tasa ja muy baja. En cambio, el arrendire disponía de un lote
de la hacienda que podía cultivar. Muchas veces, los arrendires contrataban
a otros peones, llamados allegados, para explotar sus propios terrenos mien-
tras cumplían con las obligaciones de la hacienda. En unos casos, también
se encontraban suballegados, peones temporales que trabajaban para los alle-
gados. La división del trabajo agrícola en La Convención se basaba entonces
sobre un sistema de explotación semifeudal vertical dividido por las relaciones
entre hacendado, arrendire, allegado y suballegado.
Las primeras revueltas campesinas y las luchas por la tierra, mayormente
encabezadas por los arrendires, eran formas colectivas de resistencia frente
a los cambios de los mercados de La Convención. A partir de los años cua-
renta, la economía agrícola de la región, anteriormente sustentada por la caña
de azúcar y la hoja de coca —que eran destinadas a los mercados regionales
de Cusco—, se convirtió en una economía sustentada por el café, el cacao
y el té, cuya demanda a nivel internacional empezó a estallar (Hobsbawm,
1969; Sosa Villagarcía, 2015). El desarrollo de estos productos en la región era
permitido por la progresiva inserción económica de la región a los mercados
internacionales gracias a la construcción del tren de Cusco a Santa Ana (hoy
conocido como Quillabamba) en 1933 y por el boom de las materias primas a
partir del n de la Segunda Guerra Mundial (Sosa Villagarcía, 2015). Si bien
es cierto que este pronto incremento de los precios beneció en gran parte a
los hacendados, también los arrendires pudieron sacar benecios de estos cam-
bios a través del comercio informal8 con los comerciantes intermedios, o res-
catistas, que ofrecían mejores precios que los hacendados (Hobsbawm, 1969).
8 Durante esta época, se suponía que los arrendires debieran vender su producción a sus hacendados.

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Pero frente a la diferencia creciente entre los sueldos diarios propuestos por los
hacendados y los precios reales de los mercados durante los años cincuenta, los
arrendires se movilizaron para la recuperación de sus tierras. En 1958 se cons-
tituyó la Federación Provincial de Sindicatos Campesinos de La Convención,
que agrupaba inicialmente a una quincena de sindicatos, y pedía por primera
vez la expropiación de las haciendas (Encinas, Pérez y Alonso, 2008). El debi-
litamiento de las élites regionales y la inexibilidad de los hacendados durante
las negociaciones con los campesinos dieron lugar a una radicalización del
conicto. También la lucha se ideologizó por la entrada de varios militantes
urbanos de partidos de izquierda en los sindicatos campesinos. La Alianza
Popular Revolucionaria Americana (APRA), el Partido Comunista Peruano
(PCP) y sobre todo el Partido Obrero Revolucionario (POR) —a través del
comité de autodefensa liderado por Hugo Blanco— contribuyeron a dar un
discurso clasista a estas luchas por la tierra (Sosa Villagarcía, 2015).
Las movilizaciones precipitaron las reformas agrarias en la región de La
Convención. Una primera reforma agraria fue llevada a cabo en la región por
Belaúnde en 1963, antes de la reforma agraria nacional de Velasco Alvarado
en 1969. Entre ambas reformas agrarias, los sindicatos consolidaron su papel
social a través de la construcción de nuevas escuelas con asociaciones de padres
de familia (Encinas, Pérez y Alonso, 2008). También se quedaron movilizados
frente al tema de la deuda agraria planteada por la primera reforma agraria
de Belaúnde, que exigía la compra del lote al hacendado. Sin embargo, este
periodo también fue marcado por grandes divisiones dentro de los sindicatos
y de la federación, entre reformistas que apoyaban las reformas del Estado
y revolucionarios que apoyaban a la guerrilla del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) liderada por Luis de la Puente9. Para Encinas, Pérez y
Alonso (2008), las reformas lideradas en la región eran ante todo una manera
de apaciguar el clima político regional, más que de mejorar la situación del
campesino. El apaciguamiento del clima social también pasaba por tentativas
de corrupción de los dirigentes sindicalistas, como Alonso, quien llegó en 1952
a La Convención y era dirigente de su sindicato durante la reforma agraria de
1963. En esta ocasión, recibió 25 hectáreas de terreno por parte del Estado10:
«Sí, me han sobornado pues, porque ya no hay esa guerrilla, ya no hay esa tierra
y muerte venceremos, ya no cantamos eso ya».
9 El principal foco revolucionario del MIR se encontraba en Mesa Pelada, en la provincia de La Convención.
10 Cabe destacar que esta supercie de terreno es muy grande. Encinas, Pérez y Alonso (2008) subrayaron que de esta
reforma agraria, un 65% de campesinos tuvieron propiedades entre 0 y 6 hectáreas, un 26% entre 6 y 15 hectáreas, y
un 9% de 15 a más hectáreas.

R B / Organizaciones campesinas y defensa de la coca 95
La primera reforma agraria (1963) como la segunda (1969) impidieron el
manejo de los recursos económicos y agrícolas por los sindicatos y la federación
de campesinos. Los sucesivos gobiernos apoyaron a las cooperativas más que
a los sindicatos para el manejo de la producción y de la comercialización de
los productos agrícolas. Este apoyo tampoco signicó un apoderamiento del
campesinado, ya que el Estado no defendía los principios y los valores del coo-
perativismo, como el autocontrol democrático, la libre adhesión o el manejo
común de la producción (Encinas, Pérez y Alonso, 2008). Por otra parte, al
obtener el acceso a las tierras, los campesinos ya tenían más por qué luchar.
Con la llegada al poder de Velasco, la línea de fractura entre revolucionarios y
reformistas se agudizó con la creación de nuevas estructuras de intermediación
con el Estado, como la Confederación Nacional Agraria (CNA) o el Sistema de
Movilización Social (Sinamos), organismos cooptados por el poder velasquista.
Desde entonces, la obtención de las tierras y el agudizamiento de las fracturas
internas en la Fepcacyl contribuyeron a la pérdida de su papel de regulación
social y de los intereses campesinos en la provincia.
En 1978, el decreto de ley 22095 dispuso que el cultivo de coca «queda[ba]
bajo scalización del Estado y prohib[ía] futuros cultivos y almácigos en nuevas
áreas del territorio nacional, incluyendo renovaciones y recalces en los cultivos
existentes». Con este mandato se amenazó con la erradicación de los cultivos de
coca a nivel nacional. Este nuevo decreto obligaba a los campesinos a registrarse
en el padrón de Enaco. Si esta nueva ley creó una fuerte incertidumbre para
los campesinos, también permitió a la Fepcacyl reactivar sus luchas sociales. Al
contrario de otras regiones productoras de coca al nivel nacional, los sindicatos
convencianos incentivaron a los campesinos a registrarse a Enaco, lo que explica
por qué la región cuenta hoy con el mayor número de productores registrados
en el padrón de 1978. La amenaza sobre la coca y el regreso de la democracia en
1980 permitieron una reorganización sindical y una reactivación de las luchas
sociales a través de numerosas movilizaciones en la década de 1980 (agosto
de 1981, junio de 1982, mayo de 1984) (Encinas, Pérez y Alonso, 2008). La
mayor parte de las movilizaciones se enfocaron en la defensa de la coca, contra
las amenazas de erradicación y sobre todo para lograr un incremento en los
precios de venta de la arroba11 de coca a Enaco.
Otra vez, las resistencias se formaron frente a un cambio del contrato social
entre los campesinos y el Estado. Sin embargo, la legalización de la casi totalidad
de la coca producida en la provincia de La Convención no dio autonomía
11 La arroba, que corresponde a 11,5 kg, es el sistema de medida utilizado por Enaco para sus compras y ventas.

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ala federación campesina para el manejo de los mercados de producción o
de comercialización. A pesar de varias demandas12, el Estado siguió teniendo
el monopolio de la regulación económica. Las luchas sociales para la defensa
de la coca tuvieron varios impactos. Primero, permitieron que no se realizaran
las amenazas de erradicación forzosa en la región hasta la fecha. Segundo, y
sobre todo, la coca se volvió desde entonces un pretexto para la construcción
de un capital social organizacional (Encinas, Pérez y Alonso, 2008). Con la
defensa de la coca, las bases sindicales se reactivaron y desempeñaron un papel
de regulación social al nivel local y de la reconstrucción de una identidad
campesina clasista. Arturo recuerda que en las asambleas semanales:
[…] se trataba primeramente lo que es el problema nacional, problema regional,
problema provincial y problema local, en una comunidad siempre hay problemas […]
así los asuntos de la comunidad se arreglaban dentro del sindicato; […] uno de los
principios es la solidaridad, si un compañero se enfermaba, toditos tenían que aportarse
siquiera un solcito o hacer que el compañero lo lleven.
De ahí, la defensa de la coca se convirtió en el tema número uno de la
federación de campesinos (Encinas, Pérez y Alonso, 2008). Sin embargo, según
Arturo, el tema de la coca no era suciente para mantener los lazos orgánicos
de la federación a partir de la década de 1990:
¿Por qué también baja la federación en su vida orgánica? ¡Es porque se cocalizó pues!
[…] La cocalización es uno de los motivos, o sea ahora recién se ha establecido cuando
hemos hecho el congreso agrario, más o menos la mayor parte en los pardos era zona
cocalera, precio de la coca ya atrasito se ponía algunos problemitas, entonces un
compañero campesino dice a qué voy a ir si no tengo coca, ¡claro, se cocalizaba al
extremo!
Esta «cocalización» de la Fepcacyl se puede explicar por una razón simple:
la coca se quedó como el único producto con precio jo y determinado por
el Estado. En efecto, la liberalización de los mercados agrícolas con el decreto
supremo 161-81 sobre el libre comercio del café en 1981, impidió a las
organizaciones campesinas abrir diálogo con el Gobierno en cuanto al manejo
de los precios. La caída de los precios del café, del cacao y del té a partir de
la entrada en vigor del mismo decreto fue compensada por la economía de la
coca, la «caja chica» de los campesinos convencianos, y permitió a la Fepcacyl
seguir movilizando sus bases.
Sin embargo, cuando el sector agropecuario convenciano se recuperó de la
crisis de la década de 1980 a mediados de la de 1990, el peso económico de
12 De las cuales, el manejo o por lo menos la supervisión de la comercialización y de la industrialización por parte de
las federaciones campesinas (Encinas, Pérez y Alonso, 2008; Fepcacyl, 2016).

R B / Organizaciones campesinas y defensa de la coca 97
la hoja de coca se debilitó respecto a los otros productos agrícolas regionales.13
Héctor, registrado en el padrón de 1978, dejó su plantación de coca en 1992.
Desde entonces asistió cada vez menos a las reuniones de su sindicato de base:
Iba [a las reuniones] porque siempre nos decían «hay que luchar por la coca, por los
precios de los productos». Pero es cuando uno se entera, pues, el sindicato no puede
obligar porque es un comercio aparte, dependemos de la bolsa de valores, y qué cosa el
sindicato, ¿qué va a hacer? Les hacen creer a la gente.
Poco a poco, la Fepcacyl se desenraizó de sus bases campesinas. A mediados
de la década de 1990, las reuniones del sindicato de base de Héctor se terminaron
por falta de asistencia de los campesinos. El sindicato tampoco convocaba a
gente para la construcción de obras comunitarias. El fenómeno no fue aislado
y se observó en toda la provincia. Se produjo entonces una pérdida de capital
social de la Fepcacyl y de su relación directa con el campesino. Desde entonces
los sindicatos no podían regular más la vida social al nivel local, ni informar
sobre las condiciones de los otros pueblos del valle o de las luchas nacionales que
participaban en la formación de una conciencia de clase campesina. También
la criminalización de la acción colectiva durante el conicto armado entre el
Estado y Sendero Luminoso (SL) afectó duramente la organización sindical. A
pesar de que la provincia de La Convención no fue el escenario de los mayores
conictos14, varios dirigentes de la Fepcacyl fueron víctimas de la represión del
gobierno de Fujimori y la ley antiterrorista dio pie a que cualquier reunión
sindical pudiera ser penalizada (Encinas, Pérez y Alonso, 2008).
La nueva estructura de oportunidad traída por la transición democrática
a partir del año 2000 no dio lugar a una ampliación de las luchas de defensa
de la coca en La Convención. Más bien se quedaron limitadas respecto a otras
cuencas cocaleras peruanas del Alto-Huallaga, del VRAEM (valle de los ríos
Apurímac, Ene y Mantaro) o del Monzón (Durand Guevara, 2005). Por una
parte, la economía convenciana seguía dependiendo cada vez menos de la coca,
y más a partir de 2004 con la explotación de los yacimientos del gas de Camisea,
ofreciendo así pocos recursos de movilización a la federación de campesinos.
13 Cabe destacar que el peso económico de la hoja de coca fue limitado también por la relativa ausencia de actividades
ilícitas de narcotráco en la región. Por la buena inserción de los productos a los mercados internacionales y por un
mayor control del Estado, los casos reportados de narcotráco en La Convención se quedaron más en fase de experi-
mentación que de una verdadera implantación, como pudo ocurrir en otras regiones más aisladas del Perú, como en
el Huallaga en la década de 1970 (Gootenberg, 2013). Sin la posibilidad de transformar la coca en productos ilícitos
(pasta básica, cocaína) —que tampoco era la voluntad de los sindicatos convencianos—, la economía de la coca en La
Convención no podía generar ganancias sucientes para competir con el café y el cacao.
14 Exceptuamos los distritos de Picharí y Quimbiri que, a pesar de pertenecer geográcamente a la provincia de La
Convención, tuvieron poca relación con el departamento de Cusco por ser aislados de este lado y más conectados con
la parte ayacuchana.

98 R  C P  G, 4(7), 2017
Pero también hay que subrayar que los dirigentes de ella prerieron mantenerse
a distancia de las luchas de las otras organizaciones cocaleras nacionales y de sus
demandas (el reempadronamiento de los productores de coca y la no erradica-
ción forzosa), juzgadas demasiado lejanas a los intereses de los cocaleros de La
Convención. Al defender el carácter legal de la coca del departamento de Cusco
(incluyendo las cuencas de Lares y Kosñipata) y la negociación con Enaco como
medio de acción privilegiado, la participación de la Fepcacyl en la Confederación
Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras (Conpacc),
formada en 2003, fue y sigue limitada (Zevallos y Mujica, 2014).
3.2. El Trópico de Cochabamba: la construcción de un control social sindical
a través del mercado de la coca
Al contrario del caso de La Convención, el modelo sindical del Trópico no se
construyó sobre la lucha por la tierra. En esta región tropical ubicada entre
Cochabamba y Santa Cruz, las primeras colonizaciones y la implementa-
ción del modelo sindical sucedieron después de la reforma agraria de 1953.
Inicialmente poblado por indígenas de tierras bajas, el Trópico acogió a partir
de la década de 1960 nuevos migrantes quechuas de las altas tierras del depar-
tamento de Cochabamba. Para estos colonos confrontados a una saturación
de la tierra (Roux, 2006), la migración hacia el Trópico se convirtió en una
forma de acumular y diversicar recursos económicos a través del cultivo de
frutas tropicales y de la coca (Blanes y Flores, 1984). Las plantaciones de coca,
inicialmente concentradas en la selva alta, se extendieron poco a poco hacia las
bajas tierras del Trópico de Cochabamba.
El sindicato empezó a convertirse en la base de integración económica y
social del colono. Los sindicatos de base, establecidos en fronteras territoriales
delimitadas, se expandieron en todo el Trópico (Blanes y Flores, 1984; Healy,
1991). También la restauración democrática en 1982 abrió nuevos espacios
políticos para las organizaciones sociales. En 1983, los sindicatos del Trópico
obtuvieron del nuevo gobierno el derecho de regular las colonizaciones y llevar
a cabo su propia reforma agraria (Healy, 1991). El manejo del acceso a la tierra
fue uno de los primeros pasos de la regulación y del control social por parte del
sindicato. Desde entonces, cada transacción de compra y de venta de terreno
tenía que ser presentada durante las asambleas mensuales del sindicato y tenía
que ser aceptada por el mismo sindicato15. También se establecieron desde
entonces un conjunto de leyes informales legisladas por los sindicatos que,
15 Observación personal.

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a pesar de no ser legales, se institucionalizaron. De ellas, se puede mencionar
la expropiación de la tierra cuando uno no trabaja la tierra durante dos años
(Benavides, 2006), o la expropiación por el no cumplimiento de las reglas
sindicales, como la asistencia a las reuniones o los trabajos comunitarios o
incluso a veces la no participación en las marchas o paros organizados por el
sindicato (Benavides, 2006). Fue el caso de Clara, que tuvo que marcharse de
su sindicato a principios de la década de 1990, por no poder cumplir con las
obligaciones sindicales:
Clara: Y no, se lo he pasado pues. No podía mantener, querrían caducarme… No paraba.
Entrevistador: Caducar, ¿por qué?
Esposo [al lado]: Cuando no vas a reuniones, tienes reuniones, cuatro reuniones. Lo ponen
al diario. Si no apareces siempre, caduco. Es que hay que trabajar caducos, mantenimiento,
escuela… ¡Todo hay que hacer! Cuando es aliado, ¿no? Es obligatorio. Si no falta, no más.
[…]
Clara: ¡Tres faltas y fuera!
Esposo: En este tiempo estaba entrando colonización, más claro, ¿no?
Clara: Hum… ¡diciendo!
En tiempos de colonización y mientras el mercado de las tierras se saturaba, las
reglas sindicales se aplicaban con más intensidad. Y este proceso de colonización
se agudizó desde nales de la década de 1970, con la explosión de la demanda
de cocaína al nivel mundial y la constitución de redes de producción y de
comercialización de drogas por parte de los gobiernos militares en el Trópico
(Bascopé Aspiazu, 1982). Los planes de ajustes estructurales y la neoliberalización
de la economía boliviana a mediados de la década de 1980 intensicaron este
proceso y masivas migraciones de aimaras y quechuas de los departamentos
de Cochabamba, Potosí y La Paz conuyeron en el Trópico de Cochabamba,
atraídos por los empleos del complejo coca-cocaína (Salazar Ortuño, 2008).
Mientras la colonización se intensicaba durante la década de 1980,
el aumento de cultivos de coca con nes ilícitos alertaba cada vez más a la
comunidad internacional y al Estado boliviano. En 1988, la ley 1008 declaró
la región del Chaparé zona excedentaria de producción de coca. Previa la
erradicación progresiva del arbusto, a cambio de cultivos de sustitución. Estas
políticas llamadas de «desarrollo alternativo» también tenían como objetivo
el debilitamiento de las organizaciones sindicales. Es lo que subraya Marcelo,
exfuncionario de la Direco16, institución dedicada a la sustitución de plantas
de coca:
16 La Dirección de Reconversión de la Coca (Direco), del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se dedicaba a
implementar las políticas de desarrollo alternativo hasta el año 2006.

100 R  C P  G, 4(7), 2017
Se empezó a ver [tensiones] porque el desarrollo alternativo dijo «muy bien, nosotros
apoyamos, pero yo no voy a apoyar un sindicato, yo voy a apoyar una asociación».
Entonces, un poco que se obligó… No que se obligó, sino que se los convenció de
que una mejor forma de recibir este apoyo era a través de asociaciones. Asociación de
bananeros. Unión de bananeros. Entonces era tema banano. O sea, las otras cosas, las
discutan en su sindicato. […] Pero esto molestaba a lo que es político de lo sindicato.
Entonces la asociación era fuera del sindicato. O sea que había momentos en el que
había un conicto entre asociaciones y sindicatos. Y eran de la misma zona.
Así, los programas de desarrollo alternativo no amenazaban solamente la
coca sino el control social de las organizaciones sindicales. De ahí, los sindicatos
denieron el tema de la coca en una cuestión política. La coca se volvió un
catalizador identitario para la convergencia de luchas sociales urbanas, mineras
e indígenas en contra de la represión, del imperialismo y del neoliberalismo
(Mattos Vazualdo, 2014). En este sentido, el enraizamiento social también fue
construido por la movilización de recursos simbólicos e identitarios importantes
que limitaron la diversicación económica del Trópico (Benavides, 2006).
A esta construcción del recurso simbólico de la coca se agregó una acumulación
de recursos institucionales a partir de 1995 con las primeras elecciones de
sindicalistas a nivel municipal. Estas elecciones fueron permitidas por la Ley de
Participación Popular que en 1994 abrió las municipalidades a las elecciones y
les otorgó autonomía a través de nuevos fundos económicos. Desde entonces,
los sindicatos de base obtuvieron un acceso más fácil a recursos materiales, que
eran antes de la LPP manejados al nivel del Estado central. El incremento de
la autonomía sindical también se consolidó con la elección de Evo Morales en
2005. Su toma de función generó una reestructuración de las instituciones de
regulación del cultivo de coca. Durante la investigación de campo en 2015,
todos los funcionarios de estas instituciones entrevistados eran o habían sido
cultivadores de coca. «Son misma gente», nos conrmó con sencillez Marcelo.
También desde 2006, son los mismos sindicatos los que manejan el control de
los cultivos de coca dentro de su delimitación territorial a través de las políticas
de «control social» promovidas por el Gobierno (Lacuisse, 2011; Ledebur y
Youngers, 2013). En cuanto a la comercialización de la coca, las federaciones
del Trópico manejaron el registro de los productores de coca a partir de 2004,
lo que permitió a los sindicatos dar o quitar el derecho de cultivar un cato de
coca. Este derecho se convirtió en un instrumento de control social para el
sindicato, como lo confía Oscar, juez comunitario de su sindicato:
Entrevistador: Y si hay un problema [con un aliado], ¿qué pasa? ¿Usted habla con el
sindicato o con el Estado?

R B / Organizaciones campesinas y defensa de la coca 101
Oscar: Directamente, en primer lugar, nos organizamos. Tratamos de arreglar ¿no?,
orgánicamente. Si entiende su sanción, paga y listo, pa’ que no haga malo. Un
documento se hace. En este documento, cuanto de sanción. Primer lugar se sanciona
hermano con 1.000 BS digamos… segundo lugar, su cato de coca. Si un comete tercer
lugar, expulsión.
Desde 2006, ya no se observan huelgas, paros y marchas contra las
erradicaciones o la sustitución de los cultivos de coca. Pero tampoco signica
que los sindicatos ya no se movilizan para la defensa de la coca. En 2007, el
presidente Evo Morales anunció la construcción de una carretera de Villa Tunarí
(sur de la provincia del Chapare) a San Ignacio de Moxos (en el departamento
de Beni). Este proyecto era controvertido por cruzar el territorio del TIPNIS,
ubicado al norte del Chapare y reconocido como Territorio Comunitario de
Origen (TCO), un estatuto que otorga la propiedad colectiva a tres pueblos
indígenas de bajas tierras: los yuracarés, los chimanes y los moxeños-trinitarios.
Sin acceso a las instituciones municipales controladas por los sindicatos de
cocaleros, los pueblos de bajas tierras organizaron una marcha de protesta hasta
La Paz, y fueron reprimidos en el camino por la policía de Yukumo el 15 de
agosto de 2011. Por otro lado, los sindicatos de cocaleros cercanos del TIPNIS
también organizaron contramarchas y se movilizaron masivamente para votar
en favor de la construcción de la carretera durante la consulta previa (Aguilar
Agramont 2014). Al movilizarse de esa forma, los sindicatos de cocaleros
no planteaban solo el tema de la construcción de la carretera, sino también
el del manejo de los recursos económicos de la región. Primero, porque la
construcción de la carretera permitiría una mayor comercialización de los
productos del Trópico, de la cual la coca forma parte. Segundo, porque a través
del tema de la construcción de la carretera también se planteaba el tema de la
colonización del territorio del TIPNIS, supuestamente ilegal en este territorio
pero que se intensicó las dos últimas décadas por parte de colonos quechuas y
aymaras que cultivan coca. Así, la defensa de la coca sigue tomando diferentes
formas. Ya no es reivindicado como antes y, sobre todo, ya no se dirige contra
el Estado, sino a otros grupos sociales con intereses antagónicos en cuanto a la
explotación de los recursos.
4. E      : 
Que sea para la recuperación de las tierras o contra la criminalización de la
hoja de coca, las movilizaciones de los sindicatos convencianos eran formas
de resistencias frente a los efectos del mercado. En este sentido, la Fepcacyl

102 R  C P  G, 4(7), 2017
participó impulsando el doble movimiento que da lugar a un re-enraizamiento
que observa Polanyi (1983). Sin embargo, el enraizamiento económico al
único tema de la coca no era suciente para crear un enraizamiento social
fuerte. Eso se explica mayormente porque la consolidación de la economía
convenciana se desarrolló gracias a una importante diversidad agrícola mucho
antes del boom de la economía ilícita al nal de la década de 1970. La crisis de
la década de 1980 permitió mantener este enraizamiento, sostenido a través de
la relación antagónica que tiene la Fepcacyl con Enaco, pero este se apagó poco
a poco con la recuperación económica de La Convención y la criminalización
de la acción colectiva durante la década de 1990 . Desde la década de 2000, la
explotación de gas en la región endosó este proceso de des-enraizamiento social
de la organización sindical. Tuvo por consecuencia una pérdida de su capital
social, que le impide hoy tener un poder de convocatoria suciente en sus
luchas sociales para negociar con el Estado.
En el Trópico de Cochabamba, el enraizamiento social de los sindicatos se
construyó a través del proceso de colonización, que ocurrió en pleno boom de la
economía de narcotráco. El manejo de las tierras, pero también la movilización
de recursos simbólicos, materiales e institucionales contribuyeron a construir
un enraizamiento social fuerte. Al defender la coca, los sindicatos se volvieron
dependientes de su cultivo porque le permitía mejorar el control social de sus
aliados, pero también porque les permitía cuestionar el acceso a otros recursos
ligados a la coca, como la tierra o las vías de transporte en el caso del TIPNIS.
Este control social permitió liderar luchas sociales y electorales hasta la elección
de Evo Morales, cocalero de la región. La institucionalización del movimiento
cocalero tampoco acabó con las resistencias. Más bien cambiaron de forma,
y son ahora menos directamente formuladas en el tema de la coca y dirigidas
hacia otros grupos sociales, demostrando así las líneas nas que pueden existir
entre estrategias de resistencia y de poder.
Para contestar a la paradoja de Marx, demostramos que las dinámicas de
enraizamiento social de las organizaciones sociales importan para entender las
movilizaciones sociales campesinas. Hemos visto que el (des)enraizamiento se
construye a partir de una dinámica entre los mercados y el Estado, pero que
también las organizaciones sociales pueden movilizar varios recursos. Cabe
destacar que, que el cultivo de la coca tenga mayormente nes lícitos, como en
el caso de La Convención, o nes ilícitos, en el caso del Trópico de Cochabamba,
es propicio a la construcción de formas de enraizamiento social y resistencias.
Más allá del valor económico de la hoja o de su indubitable carácter cultural e
identitario, el papel ambiguo de los Estados, que a veces condenan los mercados

R B / Organizaciones campesinas y defensa de la coca 103
de la coca (como en el Trópico de Cochabamba de 1988 hasta 2006) o a veces
lo regulan a través de medidas ajenas a las reglas del libre comercio (como el
caso de Enaco en La Convención desde 1978), dejan espacio a otros actores
para cumplir con el papel de regulación o de negociación.
R
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