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Revisión Pormenorizada de Homicidios de Mujeres en las Relaciones de Pareja en España

Authors:
  • Ministerio del Interior - Secretaría de Estado de Seguridad
  • Ministerio del Interior

Abstract and Figures

La manifestación más extrema de violencia es el homicidio, que inquieta más cuando se produce en las relaciones de pareja, donde la mujer tiene seis veces más riesgo de morir. Aunque España presenta una tasa de homicidios de mujeres inferior a las medias europea y mundial y cuenta con políticas para reducir esta violencia, se siguen registrando homicidios. Para evitar más muertes es necesario estudiar el fenómeno a fondo. Desde 1990 se han creado en distintos países equipos de revisión de homicidios en el entorno familiar, que los analizan de manera multidisciplinar, especialmente los de mujeres, para determinar factores comunes y qué cambios sería necesario implementar para evitar futuras muertes violentas. Se revisan las características de los equipos internacionales y se describe el origen, composición y operativa del Equipo Nacional de Revisión Pormenorizada de Homicidios en el contexto de la Violencia de Género (EHVdG) de España.
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Anuario de Psicología Jurídica (2018) 28 28-38
Correspondencia: jlga@interior.es; jlgonzalez@cop.es (J. L. González).
Para citar este artículo: González, J. L., Garrido, Mª. J., López, J. J., Muñoz, J. M., Arribas, A., Carbajosa, P. y Ballano, E. (2018). Revisión pormenorizada de homicidios de mujeres en las
relaciones de pareja en España.
Anuario de Psicología Jurídica, 28,
28-38. https://doi.org/10.5093/apj2018a2
ISSN: 1133-0740/© 2018 Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Revisión Pormenorizada de Homicidios de Mujeres
en las Relaciones de Pareja en España
José L. Gonzáleza, Mª José Garridob, Juan J. Lópezc,
José M. Muñozd, Ana Arribase, Pablo Carbajosaf y Enrique Ballanog
a
Secretaría de Estado de Seguridad, Gabinete de Coordinación y Estudios, Madrid, España;
b
Guardia Civil, Unidad Técnica de Policía Judicial, Madrid, España;
c
Policia Nacional, Unidad Central de Familia y Mujer (UFAM), Madrid, España;
d
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, España;
e
Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad, Universidad Autónoma de Madrid, España;
f
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, España;
g
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Madrid, España
INFORMACIÓN
DEL ARTÍCULO
Historia del artículo:
Recibido el 27 de febrero de 2017
Aceptado el 26 de mayo de 2017
Palabras clave:
Homicidios de pareja
Violencia de género
Violencia contra la mujer
Equipos de revisión
de homicidios de pareja
RESUMEN
La manifestación más extrema de violencia es el homicidio, que inquieta más cuando se produce en las relaciones de
pareja, donde la mujer tiene seis veces más riesgo de morir. Aunque España presenta una tasa de homicidios de mujeres
inferior a las medias europea y mundial y cuenta con políticas para reducir esta violencia, se siguen registrando homici-
dios. Para evitar más muertes es necesario estudiar el fenómeno a fondo. Desde 1990 se han creado en distintos países
equipos de revisión de homicidios en el entorno familiar, que los analizan de manera multidisciplinar, especialmente los
de mujeres, para determinar factores comunes y qué cambios sería necesario implementar para evitar futuras muertes
violentas. Se revisan las características de los equipos internacionales y se describe el origen, composición y operativa del
Equipo Nacional de Revisión Pormenorizada de Homicidios en el contexto de la Violencia de Género (EHVdG) de España.
In-depth review of intimate partner homicide against women in Spain
ABSTRACT
Homicide is the most extreme sign of violence. It generates social anxiety when occurs in personal relationships, where
usually women are six times more likely of being murdered. Although Spain has an intimate partner homicide rate
against women below the European and the world averages and has policies to reduce all forms of gender-based violence,
homicides continue to happen. So, to avoid further deaths, it is necessary to study the phenomenon extensively. Since
1990, homicide review teams in the family context have been developed in different countries. These teams analyze this
kind of deaths in a multidisciplinary way in order to determine the common factors they present and the changes that
should be implemented to avoid future violent deaths. This paper reviews the characteristics of the international teams,
and also describes the origin, composition, and the operational structure of the recently created National Team for In-
Depth Homicide Review of Gender Violence (EHVdG) in Spain.
Keywords:
Intimate partner homicide
Gender violence
Violence against women
Intimate partner homicide
Review teams
La violencia en las relaciones de pareja se define como cualquier
comportamiento que cause o pueda causar daño físico, sexual y/o
psicológico entre personas relacionadas de manera íntima (OMS,
2016). Al margen del estado civil, orientación sexual o estado de co-
habitación, esta violencia puede surgir en todo tipo de parejas (he-
terosexuales u homosexuales), en distintos momentos de la relación
(inicio, consolidación y/o ruptura) y en diferentes edades. Es un fenó-
meno que se considera un grave problema social e incluso de salud
pública, dado su impacto sobre la morbilidad y mortalidad de la po-
blación (Arias e Ikeda, 2008).
Estudios realizados en diferentes culturas sugieren que se trata
de un fenómeno universal, complejo y multidimensional que afecta
a cualquier estrato social (Menéndez, Pérez y Lorence, 2013; Muñoz
y Echeburúa, 2016). Aunque los datos varían ostensiblemente, es un
fenómeno con elevada prevalencia en las diferentes muestras ana-
lizadas (forense, comunitaria y clínica), siendo las agresiones físicas
Anuario de Psicología Jurídica 2018
http://journals.copmadrid.org/apj
Anuario de Psicología
Jurídica 2018
Annual Review of Legal
Psychology 2018
Director/Editor
Antonio L. Manzanero
Subdirectores/Associate Editors
Enrique Calzada Collantes
M.ª Paz Ruiz Tejedor
Rocío Gómez Hermoso
Mónica Pereira Dávila
Jorge Sobral Fernández
María Yela García
Miguel Hierro Requena
Volumen 28, Año 2018
ISSN: 1133-0740
29
Revisión pormenorizada de homicidios de mujeres en las relaciones de pareja en España
leves y las agresiones psicológicas las que obtienen mayor prevalen-
cia (Graña y Cuenca-Montesinos, 2014). No obstante, los daños más
graves (lesiones severas y homicidio) los sufren principalmente las
mujeres, lo que explica el interés por el estudio sistemático de este
tipo de violencia cuando la víctima es precisamente la mujer (Chan,
2011 ; Straus, 2011).
Para profundizar en el fenómeno de la violencia de pareja contra
la mujer en España pueden consultarse, por ejemplo, el portal web
de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (DGVDG;
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/), la guía práctica de la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección
integral contra la violencia de género (Consejo General del Poder
Judicial, CGPJ, 2016a) o el manual de la Unión Europea sobre bue-
nas prácticas policiales para combatir la violencia contra la mujer
(Gabinete de Estudios de Seguridad Interior, 2010). La lucha contra
este fenómeno en España condujo, entre otros, al dictado de la Es-
trategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mu-
jer 2013-2016 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
MSSSI, 2013a), que unificaba en un mismo documento 284 actua-
ciones de los poderes públicos para avanzar en la eliminación de la
violencia contra la mujer en sentido amplio y, de forma particular,
abordar la violencia de género en sentido estricto, dada su magni-
tud e incidencia social.
Necesidad de Estudio Científico
Para combatir cualquier fenómeno relevante es imprescindible co-
nocerlo bien. Con respecto a la violencia contra la pareja (VCP), no será
hasta la mitad del siglo pasado cuando se despierte el interés científico
por este fenómeno, a la vez que se toman las primeras medidas legales
y se destinan recursos profesionales para su prevención e intervención
en los distintos ámbitos: educativo, sanitario, jurídico, policial, laboral,
etc., despertándose la sensibilización y rechazo social, y pasando de ser
un asunto privado a un problema social emergente (Lila, 2010).
Esta nueva situación ha sido producto, fundamentalmente, del
movimiento de liberación de la mujer, y más específicamente de lo
que se ha denominado como el movimiento de las mujeres maltra-
tadas, estrechamente relacionado con el pensamiento y acción femi-
nistas (Medina, 2002). En España, aunque este movimiento apareció
más tardíamente, en las últimas tres décadas, y sobre todo desde me-
diados de los años noventa, la VCP ha ido adquiriendo cada vez ma-
yor protagonismo en la agenda política, superando en la actualidad a
países como Estados Unidos (Jose, O´Leary, Graña y Foran, 2014). En
este sentido, se han ido sucediendo diversas reformas sociales y legis-
lativas, que culminaron con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que
pretende dar una respuesta global a este tipo de violencia, atendiendo
a aspectos preventivos, educativos, sociales y asistenciales, siguiendo
las recomendaciones de los organismos internacionales (Martín-Ál-
varez, 2009). Aunque esta concienciación no es igual en todas las par-
tes del mundo, desde el año 2002 la Organización Mundial de la Salud
considera este fenómeno como un problema de salud pública, apli-
cándose para su análisis la metodología epidemiológica, de vigilancia
y etiológica, para desarrollar programas de prevención y someterlos a
prueba (Arias e Ikeda, 2008).
La VCP ha sido mayoritariamente interpretada desde el históri-
co desequilibrio de poder entre hombres y mujeres (discriminación
estructural), considerándose un grave atentado contra los derechos
humanos, en general, y contra los derechos de la mujer, en particular
(Laurenzo, 2012). Para su forma más grave, el homicidio, se han acu-
ñado incluso términos propios, como femicidio o feminicidio (este
último aceptado recientemente en el diccionario de la Real Academia
Española como “asesinato de una mujer por razón de su sexo”), alu-
diendo a las muertes de mujeres por ser mujeres a manos de varones,
con o sin relación previa, como resultado extremo y más grave de la
violencia de género, que ocurre tanto en el ámbito privado como en el
espacio público, y a la pasividad de ciertos Estados para abordar este
problema (Boira, Marcuellos, Otero, Sanz y Vives-Cases, 2015). La Ley
Orgánica 1/2004 adopta esta perspectiva en España, siendo pionera
en nuestro entorno europeo, al tratar la VCP como un tipo de violen-
cia de género y no como parte de la violencia doméstica o familiar
(Sanmartín, Iborra, García y Martínez, 2010).
En la actualidad, esa explicación ha sido completada por teorías más
complejas y multicausales, que señalan la interacción de distintos fac-
tores de riesgo provenientes de distintas fuentes –características indi-
viduales de víctima y victimario, de la dinámica de relación de pareja
creada y del contexto sociocultural– (Arbach y Andrés-Pueyo, 2014;
Puente-Martínez, Ubillos-Landa, Echeburúa y Páez-Rovira, 2016) y que
incorporan el sexismo y la misoginia, con una presencia más o menos
relevante o central, según los modelos (Ferrer y Bosch, 2014).
No obstante, el estudio científico de la VCP (cuantificación y ca-
racterísticas asociadas a su inicio y desarrollo) se ha visto limitado,
principalmente, por las diferentes conceptualizaciones del fenó-
meno utilizadas por los investigadores, en ocasiones condicionadas
por tintes ideológico-políticos, lo que ha influido en la forma de
recogida de información, y por consiguiente en los datos obtenidos
y su posterior interpretación (Vázquez, 2010). Además, como ocu-
rre con otras formas de violencia, la complejidad del fenómeno y la
dificultad de acceder a la globalidad del mismo suponen una im-
portante limitación, resultando frecuente que solo se analicen los
casos detectados, registrados en estadísticas oficiales, bien desde
el sistema de justicia (policía, juzgados o instituciones penitencia-
rias) o bien desde el ámbito asistencial (centros de salud, casas de
acogida, servicios de atención a víctimas, etc.). En este sentido, las
encuestas de victimización, aunque no exentas de limitaciones me-
todológicas, han servido para completar la realidad del fenómeno
(Menéndez et al., 2013).
El Homicidio de la Mujer en las Relaciones de Pareja
El homicidio, sin embargo, al tratarse de la forma más grave a la
que puede llegar la VCP, permite conocer la totalidad de casos y ac-
ceder a los mismos, lo que supone una ventaja para su tratamiento
científico. Suele citarse el trabajo de Wolfgang (1958) como el pri-
mer estudio empírico sobre homicidios, dedicando un apartado del
mismo al análisis de cien casos de homicidios entre cónyuges. A su
vez, Campbell ha sido una autora pionera en centrar el estudio de los
homicidios de pareja en los casos en los que la víctima es la mujer (en
adelante feminicidio), puesto que la mayoría de las investigaciones
abordaban el homicidio de pareja como un tipo de violencia familiar
o doméstica. Fruto de sus investigaciones, esta autora elaboró en 1995
una herramienta de predicción de riesgo de feminicidio, denominada
Danger Assessment Tool
(DA), con adecuada validez predictiva (Cam-
pbell, Webster y Glass, 2009).
Esta preocupación específica por el feminicidio está justificada,
porque si bien a nivel mundial el 79% de las víctimas de homicidio son
hombres, en el contexto de pareja las mujeres tienen un riesgo cinco
veces mayor de ser asesinadas por sus compañeros o excompañeros
íntimos (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNO-
DC, 2014). En una revisión sistemática reciente (Stöckl et al., 2013) de
227 trabajos sobre homicidios de pareja, con datos de 66 países, se
informa de que uno de cada siete homicidios (13.5%) lo perpetra la
pareja, siendo la tasa de asesinatos de mujeres pareja seis veces más
alta que la de varones (38.6% vs. 6.3%). La Organización Mundial de la
Salud (OMS, 2016) también informa de que casi el 40% de las mujeres
que son asesinadas mueren a manos de su pareja masculina. El 47% de
todas las victimas femeninas en el mundo en 2012 fueron asesinadas
por su pareja o familiares, en comparación con menos del 6% de las
víctimas masculinas (UNODC, 2014). En España, en un estudio reali-
zado en el marco de la violencia familiar a partir de todos los casos de
30
J. L. González et al. / Anuario de Psicología Jurídica (2018) 28 28-38
homicidio y asesinato, consumados o en grado de tentativa, con sen-
tencia firme entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2010,
las mujeres conformaban el 70.9% de las víctimas, siendo el agresor
en el 60% de los casos la pareja o expareja (Soria, 2012). España, en
comparación con la media Europa y mundial, es de los países con las
tasas más bajas de feminicidios, al registrarse un 2.81 frente al 3.94 y
al 5.04 por millón de mujeres mayores de 14 años, respectivamente
(Corradi y Stöchl, 2014; Sanmartín et al., 2010), con cifras anuales que
oscilan entre un máximo de 76 mujeres muertas en el año 2008 y un
mínimo de 44 en el año 2016 (ver Figura 1).
Figura 1. Víctimas mortales por violencia de género en España en los últimos años.
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2006
69 71 76
56
73
61
52 54 54
60
44
2009 20122007 2010 2013 20152008 2011 2 014 2 016
Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
Aunque los datos españoles parecen mejores que los de otros paí-
ses y con tendencia a la baja, la sociedad considera intolerable un
solo feminicidio, especialmente cuando la mujer había presentado
denuncia previa contra su agresor y se encontraba bajo seguimiento
asistencial y protección policial, lo que obliga a las instituciones pú-
blicas a seguir prestando mucha atención a este fenómeno, estudián-
dolo a fondo, en pos de la identificación de factores que permitan
prevenirlos y lograr así su erradicación.
En 2013 se inició la COST ACTION IS-1206
Femicide Across Europe
(www.femicide.net), que con un recorrido de 4 años cuenta con la
participación de 30 países (incluida España) y 78 personas exper-
tas internacionales para analizar el feminicidio en Europa desde una
perspectiva interdisciplinaria (Sanz-Barbero, Otero-García, Boira,
Marcuello y Vives-Cases, 2016).
En España también se han realizado algunos estudios sistematiza-
dos sobre el homicidio de mujeres en las relaciones de pareja (que se
resumen en la Tabla 1), pero existe una enorme dificultad para compa-
rar los datos publicados, por no darse uniformidad en los criterios de
investigación. Principalmente se han desarrollado estudios censales,
con base en el análisis de estadísticas, y estudios muestrales, cuyo di-
seño no es siempre controlado (Contreras, 2014), en los que se uti-
lizan diferentes muestras (cónyuges, convivientes, parejas de hecho,
etc.) y se estudian distintos tipos de violencia (homicidio o asesinato
consumado o frustrado); también difieren los grupos de comparación
(homicidas de pareja con y sin suicidio, homicidas vs. maltratadores,
homicidas de pareja vs. homicidas fuera del ámbito de la pareja, etc.) y
se utilizan diferentes fuentes de datos (víctimas, agresores, informes,
estadísticas, etc.). Todo ello conduce a resultados y conclusiones dis-
pares, dependiendo de los objetivos del investigador.
La Valoración del Riesgo de Homicidio
en la Violencia contra la Pareja
La estimación del riesgo de homicidio en el marco de las
relaciones de pareja constituye un importante y complejo reto de
actualidad, y aún son muy escasos los instrumentos específicos de
predicción de la violencia letal, destacando la herramienta
Danger
Assessment
(DA) (Campbell, 1986), el formulario MOSAIC-20 (De
Becker, 1997; De Becker et al., 2000) y el Programa de Evaluación de
la Letalidad de Maryland mediante el cuestionario
Lethality Screen
for First Responders
(Sargent y Campbell, 2008). La heterogeneidad
en la génesis de los sucesos, la baja prevalencia de los episodios y
las limitaciones propias de la ética en la investigación dificultan
los estudios y las estimaciones en términos estadísticos. Los
instrumentos más reputados de evaluación del riesgo de violencia
contra la pareja presentan una sensibilidad en la valoración del
riesgo de homicidio que supera el 90%, pero la especificidad apenas
llega al 20%, siendo necesario complementar las predicciones con
instrumentos específicos que reduzcan el nivel de falsos positivos
y mejoren la capacidad predictiva, especialmente en el contexto
jurídico (Messing, Campbell, Wilson, Brown y Patchell, 2017).
La investigación internacional donde se comparan con otros gru-
pos de agresores —o de menor nivel de agresión— comienza a aportar
información interesante. Por ejemplo, se sugiere que los homicidas
domésticos, en comparación con los no domésticos, se caracterizan
por utilizar menos armas de fuego y más armas blancas, presentan
menos características antisociales de personalidad, más trastornos
mentales de tipo psicótico y de estado de ánimo, más consumo de
alcohol durante la agresión mortal, un historial de violencia más re-
ducido, puntuaciones más bajas en inteligencia general así como en
pruebas de rendimiento de funciones ejecutivas y muestran lesio-
nes cerebrales y antecedentes por trastornos craneoencefálicos en
un alto porcentaje de casos (Hanlon, Brook, Demery y Cunningham,
2015). En Suecia, Belfrage y Rying (2004) compararon todos los casos
de feminicidio entre 1990 y 1999 con el resto de homicidios, encon-
trando una tasa cuatro veces más alta de suicidios en los casos de
feminicidio, así como trastornos mentales y la comunicación de la
ruptura como precipitante de la agresión, sugiriendo que los policías
podrían identificar a este tipo de agresores antes de que actúen. La
fuerte asociación entre feminicidio seguido de suicidio indica que
podría estar más ligada al resultado que a la intención. De esta ma-
nera, Eke, Hilton, Harris, Rice y Houghton (2011) encontraron que
los suicidios posteriores a los feminicidios se contabilizaron en un
porcentaje mucho mayor en los casos consumados en comparación
con las tentativas.
En suma, el feminicidio es un fenómeno complejo que debe ser
abordado con mucho rigor, porque la predicción de este riesgo tan
singular precisa de diseños de investigación relacionales de casos y
controles, y no se puede hablar de factores de riesgo solo a partir de
sencillos estudios descriptivos. Si bien es posible que el feminicidio
y la violencia menos grave producida en este ámbito de pareja com-
partan algunos indicadores de riesgo, faltan estudios que determi-
nen empíricamente los mejores factores asociados al feminicidio y
que se validen instrumentos específicos para cada tipo de suceso
a predecir en los diferentes contextos culturales, como el español.
Para seguir profundizando en el feminicidio en España y mejo-
rar la predicción del riesgo, el presente trabajo tiene como primer
objetivo la revisión de las distintas prácticas internacionales sobre
el análisis pormenorizado de los feminicidios. Luego se comenta-
rán algunos antecedentes al abordar esa revisión pormenorizada en
nuestro país, explicando las circunstancias que han llevado a que se
constituya un equipo nacional, coordinado desde el Ministerio del
Interior. Y se terminará detallando la organización y los procedi-
mientos de dicho equipo.
Equipos de Revisión de Homicidios de Violencia Familiar
o Doméstica: Panorama Internacional
En 1990 se desarrolló una forma de investigar y de aproximarse
de manera profunda al feminicidio con la creación en Estados Unidos
31
Revisión pormenorizada de homicidios de mujeres en las relaciones de pareja en España
de los primeros equipos de revisión pormenorizada de homicidios de
violencia familiar o doméstica (Domestic/Family Violence Death Re-
views, D/FVDRs), que se fueron extendiendo paulatinamente a Cana-
dá en 2003, Nueva Zelanda en 2008, Australia en 2009 y Reino Unido
en 2011, con diferentes denominaciones (ver Tabla 2).
Todos estos equipos comparten tanto el objetivo principal (que
es la disminución de la tasa de homicidios dentro de la familia y
pareja) como los objetivos específicos: creación de bases de da-
tos específicas, identificación de factores de riesgo, elaboración de
programas de prevención y de informes y recomendaciones para
mejorar la coordinación y la comunicación entre los diferentes
organismos implicados en la lucha contra la violencia doméstica,
tanto a nivel local como estatal, identificando los problemas y fa-
llos que se hayan podido dar (Chanmugam, 2014; Jaffe, Dawson y
Capmbell, 2013; Marsh, Murray, Flasch, Doom y Snyder, 2015; Watt
y Allen, 2008).
Estos equipos parten de la perspectiva holística de analizar múl-
tiples factores de riesgo procedentes de las cuatro fuentes de datos
principales asociadas a la violencia de pareja (víctima, victimario,
dinámica relacional y contexto socio-cultural), manejando diferentes
fuentes de datos (archivos policiales, sentencias judiciales, informes
técnicos y entrevistas personales, principalmente). Con una confor-
mación multidisciplinar de expertos en violencia familiar o domésti-
ca de diferentes procedencias (policías, forenses, trabajadores socia-
les, fiscales, forenses, criminólogos, sanitarios, etc.), su estructura de
trabajo es bastante similar, salvo con los matices que determina cada
marco sociopolítico y legislativo, recorriendo cuatro etapas: a) selec-
ción del caso, b) recogida de información, c) reunión y discusión de
los datos y d) elaboración del informe y difusión de resultados (Bur-
geja, Dawson, McIntyre y Walsh, 2015).
El primero de estos equipos se estableció en San Francisco (EEUU)
después del asesinato de Veena y el suicidio de Joseph Charan en 1991.
El caso cobró gran auge mediático debido a que quince meses antes
de su muerte Veena estuvo buscando apoyo en varias agencias guber-
namentales e interpuso numerosas denuncias ante la policía. A pesar
de conseguir una orden de alejamiento, quebrantada en numerosas
ocasiones, fue asesinada delante del colegio de su hijo y luego el autor
se suicidó. El equipo multidisciplinar que se creó para revisar el caso
puso en evidencia la falta de comunicación entre los diferentes servi-
cios y agencias norteamericanas y la necesidad de cambios para evitar
que se pudiera repetir una situación parecida, identificando elementos
clave y recomendaciones que ayudaran a predecir y prevenir tragedias
similares. Siguiendo el ejemplo de California, surgieron otros equipos
por todo el país, de modo que actualmente se cuenta con 175 equipos
en 41 Estados, que se denominan
Domestic Violence Fatality Review
Team
(DVFRT). Cuentan con protocolos consensuados para la revisión
de los homicidios y están dirigidos desde los órganos gubernamenta-
les y judiciales de cada Estado (no integrados en una estrategia nacio-
nal). No obstante, se ha creado también el
National Domestic Violence
Fatality Review Initiative
(http://ndvfri.org/), un centro de recursos
dedicado a la revisión de la violencia domestica severa, financiado por
la Oficina de Violencia contra la Mujer (OVW) del Departamento de
Justicia, que funciona también como centro de intercambio de infor-
mación sobre el trabajo de campo para integrar las diversas revisiones
y elaborar recomendaciones. Cada Estado publica informes anuales
sobre el trabajo realizado y las recomendaciones a sus instituciones
(ver, por ejemplo, Woods-Littlejohn, Brown y Wilson, 2008).
Siguiendo los pasos de EEUU, en 2003 Canadá creó su primer
equipo de revisión pormenorizada en el territorio de Ontario, por
mandato judicial. En la actualidad son 5 las provincias que han
Tabla 1. Estudios sistematizados realizados en España sobre homicidios de pareja en el contexto de género
Autores Muestra Fuente de los datos
Cerezo (1998)
N
= 53
Homicidios contra la mujer pareja cometidos en Málaga y
Melilla entre 1984-1994
Archivos policiales
Noticias en periódicos locales
Sentencias y sumarios judiciales
Soria (2005)
N
= 20
Homicidas de pareja
N
= 26
Maltratadores no homicidas
Entrevista estructurada (PPAD)
Cobo (2007)
N
= 225
Homicidios contra la mujer pareja cometidos en España
entre el 1/1/2004 y el 30/6/2007
Prensa escrita del lugar de los hechos
Vives-Cases, Torrubiano Domínguez,
y Álvarez-Dardet (2009)
N
= 340
Homicidios contra la mujer pareja cometidos en España
entre 2003-2007
Noticias de prensa
Registros de la Federación de Mujeres Separadas y Divor-
ciadas
Estadísticas del Centro Reina Sofía para el Estudio de la
Violencia
Fernández-Teruelo (2011) Estadísticas Centro Reina Sofía para el Estudio
de la Violencia
Informe Consejo General del Poder Judicial
Informe Defensor del Pueblo, 1998
Estadísticas Ministerio del Interior
Estadísticas Ministerio de Igualdad
Fernández-Teruelo (2013)
N
= 753
Homicidios contra la mujer pareja cometidos en España
entre el 2000-2011
Estadísticas del Centro Reina Sofía para el Estudio de la
Violencia
Marzabal (2015)
N
= 30
Homicidios contra la mujer pareja cometidos en Cataluña
entre 2006-2011
Sentencias Audiencia Provincial de Barcelona
Soria (2012)
N
= 322
Homicidios y asesinatos, consumados o tentativas en el
ámbito familiar
Sentencias Audiencias Provinciales de toda España
Sanz-Barbero et al. (2016)
N
= 135
Homicidios contra la mujer pareja cometidos en España
entre 2010-2011
Estadísticas Consejo General del Poder Judicial
Registros de la Federación de Mujeres Separadas
y Divorciadas
Noticias de prensa
32
J. L. González et al. / Anuario de Psicología Jurídica (2018) 28 28-38
establecido equipos de revisión y estudio pormenorizado de las
muertes producidas por violencia doméstica, denominados
Do-
mestic Violence Death Review Comittee
(DVDRC). También cuentan
con una iniciativa gubernamental (
Canadian Domestic Homicide
Prevention Initiative,
CDHPI; http://cdhpi.ca/), que permite el in-
tercambio de conocimiento tanto a nivel estatal como internacio-
nal (Campbell, Hilton, Kroop, Dawson y Jaffe, 2016). Son equipos
dirigidos por estrategias no nacionales, siendo los Jueces de Ins-
trucción o el Ministerio de Servicios Humanos los encargados de
dirigir las actividades. Cuentan con financiación pública y privada.
Sus recomendaciones han producido resultados como la Iniciativa
de Evaluación y Gestión de Amenazas en las Relaciones de Pareja
(ARTAMI)
y la aprobación de mandatos, como el
Bill
168, para iden-
tificar en el lugar de trabajo compañeros o compañeras que puedan
sufrir violencia doméstica.
En Nueva Zelanda se creó un equipo nacional en el año 2008, de-
nominado
Family Violence Death Review Committee -
FVDRC (2016),
para asesorar de manera independiente al Ministerio de Salud, pero
que también trabaja en estrecha relación con los de Justicia y Desa-
rrollo Social y con la policía. En 2011 la
Health Quality and Safety
Commission
(HSQC) asumió la responsabilidad de este equipo, si-
guiendo la enmienda 2010 de Salud Pública y Discapacidad de Nueva
Zelanda. Cuenta con un máximo de 8 integrantes, de composición
variada, además de que 6 consejeros del Gobierno hacen función de
asesoría y control. Opera en las cinco regiones a lo largo del país,
a través de paneles o grupos de revisores locales que llevan a cabo
las revisiones de cada jurisdicción. Está dirigido por una estrategia
nacional y financiado a través del Ministerio de Salud. Han creado un
sistema integrado para proporcionar servicios a las víctimas y reali-
zar recomendaciones a los organismos, de forma pública y privada
(FVDRC, 2016).
En Australia ocurre lo mismo que en EEUU y Canadá en cuanto
a la división territorial, lo que determina que se hayan creado dife-
rentes equipos dentro de un mismo país que se denominan gené-
ricamente
Domestic Violence Death Review Team
(DVDRT). El pri-
mer equipo se estableció en el Estado de Victoria en 2009, seguido
de los equipos de Queensland, New South Wales, South Australia y
Western Australia. Los cuatro primeros dependen de los Jueces de
Instrucción, que es a quienes compete abrir los casos, y el último
del Defensor del Pueblo. Están compuestos por entre 15 y 19 in-
tegrantes, multidisciplinares, nombrados por los ministros corres-
pondientes de cada territorio. Reciben financiación de la
National
Family Domestic Violence Death Review Network
(NFDVDRN), que
se encarga de distribuir la dotación presupuestaria de los diferentes
equipos. Al igual que en los otros países, publican informes anua-
les con sus actividades y recomendaciones (ver, por ejemplo, NSW
DVDRT, 2015).
En el Reino Unido, tras la entrada en vigor de la base legal sec-
ción 9 de la violencia doméstica, la delincuencia y la ley de adultos
en el año 2004, en 2011 se crearon los equipos denominados
Do-
mestic Homicide Review
(DHR) para la revisión y estudio porme-
norizado de las muertes producidas en personas mayores de 16
años en el ámbito de la violencia doméstica en los territorios de
Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. La composición de los equi-
pos está supeditada a la decisión del Secretario de Estado, bajo
cuyo mando se encuentran, con financiación pública del gobierno
y con una estrategia de carácter nacional. Tanto la financiación
como la estrategia están regulados mediante mandatos legislati-
vos. Las revisiones tienen carácter muy formal, con un plazo de
6 meses como máximo, solo ampliable en el caso de que surjan
dificultades. Además, el Gobierno del Reino Unido imparte for-
mación online para aquellas personas que quieran formar parte
de los equipos. Al igual que los demás equipos de los diferentes
países, elaboran informes anuales y recomendaciones, habién-
dose revisado desde 2011 más de 400 homicidios (Home Office,
2016a, 2016b).
El Equipo Español de Revisión Pormenorizada de Homicidios
de Pareja en el Contexto de la Violencia de Género (EHVdG)
Mandatos e Iniciativas Independientes
El interés y la preocupación institucional en España por las mu-
jeres que pierden la vida en sus relaciones de pareja se ha venido re-
flejado en diferentes normas. Por citar las más recientes, en la Estra-
tegia Nacional para la erradicación de la violencia sobre las mujeres
2013-2016 se ordenaba elaborar un protocolo común de actuación
para el caso de víctimas mortales. En el Plan Estratégico de Igualdad
de Oportunidades 2014-2016 (MSSSI, 2014), cuyo eje 3 se dedicaba a
Tabla 2. Equipos internacionales de revisión de homicidios por violencia doméstica
Estados Unidos Canadá Nueva Zelanda Australia Reino Unido
Fecha de creación 1990 2003 2008 2009 2011
Organismo creador Cada Estado
Órgano no Gubernativo
Cada Estado
Órgano no Gubernativo
Estado
Órgano Gubernativo
Cada Estado
Órgano no Gubernativo
Estado
Órgano Gubernativo
Denominación
Domestic Violence
Fatality Review Team
(DVFRT)
Domestic Violence
Death Review Comittee
(DVDRC).
Family Violence Death
Review Comittee
(FVDRC)
Domestic Violence
Death Review Team
(DVDRT)
Domestic Homicide
Review
(DHR)
Competencia/ Jurisdic-
ción
Descentralizado Descentralizado Centralizado Descentralizado Centralizado
Nº de equipos 175 13 181
Criterios de inclusión
de casos
Revisión de muertes por
violencia doméstica, y
la violencia doméstica
severa
Revisión y el estudio
pormenorizado de las
muertes producidas por
violencia doméstica
Muertes por Violencia
Doméstica
Muertes violentas en la
familia
Muertes producidas en
mayores de 16 años en
el ámbito de la violencia
doméstica
Financiación Por la Oficina de Vio-
lencia contra la Mujer
(OVW). Rama del depar-
tamento de Justicia
Pública y privada A través del Ministerio La reciben de la
Na-
tional Family Domestic
Violence Death Review
Network
(NFDVDRN).
Distribuye entre los
equipos
Financiación pública del
gobierno
Informes Anuales (cada Estado) Anuales (cada Estado) Anuales (Gobierno) Anuales (cada Estado) Anuales (Gobierno)
Resultados Recomendaciones Programa ARTAMI
Bill 168
Recomendaciones Recomendaciones Recomendaciones
33
Revisión pormenorizada de homicidios de mujeres en las relaciones de pareja en España
la erradicación de la violencia sobre la mujer, se expresaba la preocu-
pación por las mujeres víctimas mortales que no habían denunciado
violencia de pareja previa. En el artículo 51.1 del Instrumento de rati-
ficación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha
contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, hecho
en Estambul el 11 de mayo de 2011 y ratificado por España en 2014
(Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2014), se indica
que “las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo nece-
sarias para que todas las autoridades pertinentes puedan llevar a cabo
una valoración del riesgo de letalidad, de la gravedad de la situación
y del riesgo de reincidencia de la violencia a efectos de gestionar el
riesgo y garantizar, en su caso, la coordinación de la seguridad y el
apoyo”.
En cumplimiento de estos mandatos, diversas Instituciones se han
venido ocupando en los últimos años de estudiar los casos de homi-
cidio de mujeres en pareja. Por una parte, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad (FCS) implicadas en el “Protocolo de Valoración Policial del
Riesgo de Violencia sobre la Mujer en los supuestos de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre”, operativo a través del Sistema VioGén
(Garrido, 2012; González, 2016; Zurita, 2014), han venido elaboran-
do un informe interno cada vez que conocían e investigaban uno de
estos asesinatos, conforme a lo establecido en el apartado 3.3. de la
Instrucción SES 5/2008, que ordenaba “analizar pormenorizadamen-
te los procedimientos de valoración del riesgo y la puesta en práctica
de las medidas de protección, siempre que se produzcan disfunciones
y en todos los casos de violencia de género con resultado de muerte,
a fin de detectar las circunstancias, factores y variables no tenidas en
cuenta, para incorporarlas al sistema y mejorar su funcionamiento”.
Por otra parte, la Instrucción Conjunta de los entonces Ministerios
de Trabajo y Asuntos Sociales, Interior y Administraciones Públicas
para el seguimiento y coordinación de las actuaciones por las Dele-
gaciones y Subdelegaciones del Gobierno en materia de violencia de
género (aprobada el 27 de febrero de 2007), en la que se determi-
naba que las Delegaciones del Gobierno contarían con una Unidad
de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y que en todas
las Subdelegaciones del Gobierno existirá una Unidad de Violencia
sobre la Mujer, asignaba como una de sus tareas el seguimiento de
la casuística mortal (apartado 2b). En 2013 se actualizó esta disposi-
ción, al dictarse la Instrucción Conjunta de los Ministerios de Justicia,
de Interior, de Hacienda y Administraciones Públicas, de Empleo y
Seguridad Social y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre el
funcionamiento de las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre
la Mujer de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Di-
recciones Insulares, que constituyen la Red Nacional de Unidades de
Violencia sobre la Mujer (MSSSI, 2013b), que dedicaba el apartado 2.4
a las actuaciones en relación con las víctimas mortales por violencia
de género. Así, se establecía que “las Unidades de Violencia realizarán
un análisis de cada caso de víctima mortal, que contempla tanto la
remisión de información a la Delegación del Gobierno para la Violen-
cia de Género como la convocatoria de una reunión de coordinación
con los Organismos e Instituciones que participan y colaboran en la
lucha contra la violencia de género en el territorio y la realización del
correspondiente informe analizando, en cada caso, la aplicación de
las medidas y recursos existentes o utilizados a efectos de prevenir
la violencia de género y garantizar una protección integral a sus víc-
timas. En estas situaciones se procederá de conformidad con lo dis-
puesto en el Anexo 2 de la presente Instrucción”. Estableciéndose en
ese Anexo 2 un protocolo de actuación en caso de muerte por violen-
cia de género para elaborar dicho informe de seguimiento y cumpli-
mentar una ficha para cada víctima mortal y otra específica para hijos
e hijas, en virtud de las cuales la DGVDG elabora las estadísticas que
publica en su página web.
También el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Géne-
ro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha venido elaborando
desde el año 2009 informes que se publican en su web (http://www.
poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/),
centrados en el análisis de las víctimas mortales en el ámbito de la
pareja o expareja, incluyendo un estudio específico de los procedi-
mientos judiciales cuando se hubieran presentado denuncias o se hu-
bieran practicado de oficio actuaciones con anterioridad al resultado
de muerte.
Y no se puede olvidar el interés de la Unidad de Violencia sobre
la Mujer de la Fiscalía General del Estado (www.fiscal.es), que ade-
más de supervisar y coordinar la actuación de las Secciones contra
la Violencia sobre la Mujer de todas las Fiscalías provinciales, tam-
bién viene examinando la documentación procesal sobre los casos
mortales.
Conveniencia de una Revisión más Pormenorizada
Como se ve, además de los esfuerzos académicos citados en apar-
tados anteriores, desde hace muchos años en nuestro país distintas
instituciones también vienen recogiendo datos sobre feminicidios y
elaborando informes, en un esfuerzo en cierto modo disperso, que
ayuda a describir el fenómeno pero que tampoco contribuye a expli-
carlo suficientemente de cara a prevenirlo. Y lo mismo puede decirse
de la actividad de los medios de comunicación y de iniciativas del
tercer sector (por ejemplo, www.feminicidio.net), que también se li-
mitan a recopilar datos descriptivos de los casos, incrementándose la
dispersión de esfuerzos y la guerra de cifras.
Para prevenir interesa ir más allá de la mera descripción, estudian-
do a fondo los factores determinantes de que una persona en concreto
(agresor) perpetre una conducta de tal gravedad (asesinato, consu-
mado o tentativa) contra su pareja en un momento espaciotemporal
determinado y con un modus operandi concreto. Además, está cons-
tatado que entre un 70% y un 80% de las mujeres españolas asesinadas
por sus parejas no habían denunciado previamente a sus agresores
(CGPJ, 2016a, 2016b) y que de las que habían denunciado, algunas se
encontraban bajo protección policial (incluidas en el Sistema VioGén)
en niveles de riesgo bajos o no apreciados. Pues bien, además de des-
cribir puede ser muy importante identificar factores de riesgo, espe-
cialmente en esos casos “silenciosos” (no denunciados; Cobo, 2007).
Estudiando una muestra significativa de feminicidios quizá se puedan
recopilar indicadores que, si se agrupan, permitan identificar patro-
nes explicativos que, a su vez, faciliten la prevención de la ocurrencia
de casos futuros, mediante advertencias a las posibles víctimas y a
las personas de su entorno. Pero hasta que no se haga un estudio más
pormenorizado que los existentes no se sabrá si existen esos indica-
dores y si es posible detectar diferencias entre los casos silenciosos y
no silenciosos. ¿Por qué no denunciaron las víctimas? ¿Acudieron a
algún servicio? ¿En qué se diferencian de las que denunciaron? ¿Los
agresores presentan características diferenciales? ¿Existen variables
situacionales específicas de estos casos? El conocimiento de estos
factores facilitaría el diseño de protocolos específicos de alerta y pro-
tección y de campañas de prevención con capacidad de impactar en
las posibles víctimas.
Además, una revisión más exhaustiva que la existente facilitaría la
inspección de los protocolos y procedimientos de las distintas institu-
ciones implicadas –policiales, judiciales y asistenciales (psicológicas,
jurídicas, sociales, sanitarias, etc.)– de modo que si se identifican dis-
funciones se podrían corregir, también en beneficio de la prevención.
Finalmente, un estudio en profundidad transmitiría a los ciuda-
danos, especialmente a los familiares de los implicados, el interés
institucional genuino por comprender y abordar este tipo de suce-
sos y permitiría acumular información sobre el impacto de estos
hechos en otras víctimas indirectas, identificando (por ejemplo)
necesidades de menores que hayan quedado huérfanos e indicado-
res específicos para los casos en donde se haya asesinado también
a los menores. En este sentido, en otros países existen los
Child Fa-
tality Review Team
[equipos específicos de revisión de asesinatos
de menores], que en algunos casos se coordinan con los DF/VFRT.
34
J. L. González et al. / Anuario de Psicología Jurídica (2018) 28 28-38
Conveniencia de Coordinar un Equipo Nacional,
que Trabaje sobre el Terreno, Formado por Expertos Estables
y de Procedencia Multidisciplinar
Los feminicidios en España presentan, afortunadamente, una pre-
valencia muy baja (Sanmartín et al., 2010), por lo que para estudiar
una muestra suficientemente representativa hay que contemplar va-
rios años. Como casi cualquier otro delito, el feminicidio no entiende
de territorios políticos ni de demarcaciones policiales, dándose en
todo el país y en zonas rurales y urbanas, lo que aconseja adoptar un
enfoque de Estado y centrar los esfuerzos en una iniciativa única, que
permita obtener una visión global del fenómeno. Además, aunque un
caso se produzca en una localidad concreta, su revisión pormenoriza-
da (como se verá más adelante), puede conducir a otras localidades,
de la misma provincia o de otras y los análisis deben incluir variables
contextuales de los homicidios: características concretas de las zonas
y población donde se producen. Disponer de este tipo de información
de carácter macro serviría para diseñar campañas de prevención es-
pecíficas para las zonas y colectivos detectados de alto riesgo (donde
se aglutinen mayor número de casos mortales), determinando qué
zonas (barrios) y/o poblaciones requieren mayor inversión en recur-
sos de vigilancia y protección.
Por otra parte, la revisión pormenorizada no se puede realizar desde
una sede fija en una institución, porque mucha información significa-
tiva, anterior y posterior al suceso no se encuentra documentada por
escrito. En los atestados policiales y a lo largo del proceso penal contra
el homicida (cuando no se ha suicidado) sólo se recogen datos de interés
procesal referidos a la descripción exhaustiva del hecho puntual del ho-
micidio, sin profundizar en los sociodemográficos, ni en las dinámicas
ni en la historia de la relación de la pareja. Y, además, esos datos están
resumidos o elaborados por los redactores, que seguro que conservan
más información. Por su parte, los ficheros asistenciales (si existen) son
confidenciales y no tienen por qué haber sido aportados al proceso judi-
cial, con lo que puede que no aparezcan en los Sumarios. Es imprescin-
dible, por tanto, desplazarse hasta las fuentes de datos institucionales
para recoger directamente (mediante entrevista personal) las impresio-
nes de los intervinientes y sus notas operativas, además del resto de da-
tos que hayan podido quedar dispersos y fragmentados. En este mismo
sentido, otras fuentes de información fundamentales son las personas
cercanas a la víctima y al agresor: familiares, amistades, compañeros
laborales, ocio, etc., que nunca se suelen explotar a efectos estadísticos y
con las que naturalmente no queda más remedio que hablar en persona
para obtener sus impresiones, con la dificultad de que no tienen por qué
residir cerca unas de otras. La principal fuente de información es el pro-
pio agresor, que de permanecer con vida (algunos se suicidan) puede
encontrarse privado de libertad en establecimientos penitenciarios, por
lo que para obtener su versión hay que visitarle y entrevistarle, previo
consentimiento informado expreso.
Para acometer estas tareas de campo, que consisten fundamen-
talmente en encuentros personales con las diversas fuentes (institu-
cionales y de los entornos de víctima y agresor) hacen falta especia-
listas que tengan la estabilidad necesaria a lo largo del tiempo y bien
entrenados tanto en entrevista de investigación como en habilidades
comunicativas, puesto que cabe anticipar dificultades por la emocio-
nalidad que suscita el tema (desde hostilidad a suma tristeza), que
habrá que saber manejar tanto para vencer reticencias como para in-
tegrar y contrastar toda la información manejada: es normal que los
familiares y amigos íntimos distorsionen la información aportada por
sesgos derivados de su vinculación emocional con el dúo víctima-vic-
timario. También conviene ser experto en autopsia psicológica y en
perfilamiento indirecto de la personalidad.
Por último, para evitar posibles sesgos en la recogida y análisis
de los datos y asegurar la adecuada visión multidisciplinar, convie-
ne que la revisión pormenorizada se haga desde diferentes pers-
pectivas y colectivos profesionales: policías, psicólogos, operadores
jurídicos, académicos, etc.
Constitución del Equipo Nacional Español:
Antecedentes, Sede, Organización y Operativa
En noviembre del año 2007 los psicólogos criminalistas de la Sec-
ción de Análisis del Comportamiento Delictivo (SACD) de la Unidad
Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil (González, 2015) revi-
saron de manera pormenorizada y sobre el terreno la muerte de una
mujer a manos de su pareja en la localidad de Puente Arce (Canta-
bria), debido a que el autor, sobre el que pesaba un Orden de Aleja-
miento (y estando la mujer bajo protección policial), refería haber
actuado en defensa propia después de una discusión por el reparto
equitativo de bienes. Pocos meses después, en 2008, revisaron tam-
bién pormenorizadamente en Alovera (Guadalajara) un doble homi-
cidio por disparos de arma de fuego de otra mujer y su nueva pareja
sentimental, a manos de la expareja de ella (también bajo Orden de
Alejamiento), quien se suicidó posteriormente en presencia de su
hijo de cuatro años de edad, tras hablar unos instantes con él. En
2011, con la revisión del triple homicidio de Degaña (Asturias), en
el que murieron a puñaladas el padre, el hermano y la nueva pareja
sentimental de una mujer (que resultó también gravemente heri-
da) a cargo de su expareja, en presencia de sus dos hijos de 7 y 11
años de edad, la SACD acordó iniciar un estudio sistemático de los
homicidios de mujeres en las relaciones de pareja ocurridos en la
demarcación territorial a cargo de la Guardia Civil. El propósito de
dicha iniciativa sería establecer los perfiles psicosociales de autores
y víctimas (personalidad, inteligencia, actitudes, modo de vida, etc.)
y de documentar el por qué se cometían los hechos en los momentos
en que tenían lugar y del modo concreto en que se cometían, para
identificar los factores de riesgo que pudieron precipitar el crimen y
aquellos factores de protección que no funcionaron. Todo ello con la
finalidad última de ayudar a prevenir y evitar en lo posible este tipo
de sucesos.
En esta tarea se seguía el procedimiento habitual de análisis de
las conductas criminales, a través del estudio del perfil criminológico
del autor (aspectos físicos, psicológicos, socioeconómicos y geográfi-
cos), documentando su relación con las características de los hechos
perpetrados, tanto las que se refieren al
modus operandi
y
firma
(ac-
ciones y comportamientos llevados a cabo para cometer los delitos,
necesarios e innecesarios respectivamente) como las inherentes a
las escenas de los crímenes (evidencias forenses) y las de las perso-
nas fallecidas (victimología). Para ello se procedía a recopilar datos
fehacientes mediante entrevista a los investigadores, examen de la
documentación elaborada por los mismos (diligencias testificales, in-
formes técnicos de inspección ocular, informes operativos), examen
de informes forenses y de laboratorio (autopsias, resultados de analí-
ticas), examen de informes de otros profesionales (Servicios Sociales,
médicos forenses, juristas, psicólogos, etc.), entrevistas a personas
próximas a los implicados y entrevistas a los propios implicados (los
homicidas, cuando no se habían suicidado). De este modo, hasta el
año 2015 se llegó a revisar una veintena de casos, insuficientes para
extraer conclusiones significativas por número y ámbito territorial,
por lo que solo se podían avanzar informes descriptivos (Arribas, Ba-
rranco, García y Garrido, 2014; Sánchez, Arribas y Garrido, 2016; Sán-
chez, López-Romero, Carreño y Garrido, 2016).
Aprovechando este primer esfuerzo policial, bajo las premisas
expuestas de extenderlo a nivel nacional, siguiendo la estela inter-
nacional para constituir en España un equipo “institucional, estable
y multidisciplinar” de expertos entrenados en la “revisión holística”
de los homicidios de género, con capacidad a nivel “nacional” y con
sede central en alguna de las instituciones responsables de impulsar
la lucha contra la violencia de género, durante los años 2014 y 2015
se dieron una serie de circunstancias que determinaron que asumiera
la iniciativa el Gabinete de Coordinación y Estudios (GCE) de la Secre-
taría de Estado de Seguridad (SES). En 2014, en cumplimiento de un
mandato gubernamental de tres ministerios, por ser el responsable
de la administración del sistema VioGén dicho gabinete acometió la
35
Revisión pormenorizada de homicidios de mujeres en las relaciones de pareja en España
tarea de actualizar el Protocolo de Valoración Policial del Riesgo de
Violencia sobre la Mujer en los supuestos de la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre (Consejo General del Poder Judicial, 2004). Para lo
que se constituyó ya un equipo multidisciplinar formado por expertos
institucionales y académicos (López-Ossorio, González y Andrés-Pue-
yo, 2016; López-Ossorio, González, Buquerín, García y Buela-Casal,
2016). Una vez iniciadas esas actuaciones, en 2015 la SES también
encargó al GCE la elaboración de un informe criminológico nacional
sobre homicidios, que naturalmente incluía el caso particular de los
homicidios de mujeres en las relaciones de pareja. A estas dos cir-
cunstancias hay que sumar que compete a este Gabinete el impulso
de la formalización de convenios de colaboración con universidades
y fundaciones, públicas y privadas, para coordinar, entre otras, acti-
vidades de colaboración educativa y de investigación científica y que
su personal directivo sea el que ostente la interlocución por parte del
Ministerio del Interior con el resto de Instituciones especializadas en
violencia de género (Fiscalía, CGPJ, DGVDG, etc.).
De este modo, para identificar indicadores de riesgo mortal que
pudieran ser incorporados tanto en el protocolo de valoración policial
de riesgo de violencia contra la pareja, como implementar estrategias
para mejorar la coordinación a través del espacio VioGen entre las
distintas instancias que intervienen en la lucha contra la violencia de
género (Administración de Justicia, Instituciones Penitenciarias, po-
licías autonómicas y locales y dispositivos de atención a víctimas) o
ser objeto de cualquier otro tipo de estudios (como la predicción de
la reincidencia en el entorno forense; Muñoz y Echeburúa, 2016), a lo
largo del año 2015 el primer firmante de este trabajo asumió la tarea
de organizar un equipo de expertos y de coordinar sus actividades al
respecto, a diferentes niveles.
Para ello, al nivel más central se han incorporado expertos en vio-
lencia de pareja de la Guardia Civil, de la Unidad Central de Familia y
Mujer (UFAM) de la Policía Nacional y de Instituciones Penitenciarias,
con formación especializada y capacidad operativa y directiva como
para coordinar a otro personal en sus respectivas instituciones, ex-
pertos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, de la Unidad de
Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía y del Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género del CGPJ. Aunque se invitó a partici-
par a los Cuerpos de Policía Autonómica de Cataluña y del País Vasco
y al colectivo de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio de
Justicia, todavía están pendientes estas incorporaciones.
Este Equipo Central se ocupa de planificar y de impulsar la revisión
de los casos, facilitando la organización de Grupos de Revisión Provin-
ciales en los diferentes territorios del país, a los que se incorpora el
personal de las Delegaciones del Gobierno, de Órganos de la Adminis-
tración Autonómica y expertos académicos de universidades y centros
de investigación científica (profesores y alumnos de posgrados, espe-
cialmente psicólogos forenses y criminólogos) que, en virtud de con-
venios de colaboración con la SES, actúan de revisores de campo, bajo
la tutela de personal policial, judicial (fiscales) y penitenciario de cada
territorio y previa formación a cargo de los coordinadores centrales.
Los diferentes Grupos Territoriales utilizan una misma metodología,
formalizada en un protocolo de revisión conforme a los procedimientos,
materiales y experiencia recogidas por los equipos internacionales y la
SACD, con las especificaciones que introduce nuestro contexto legal y
procesal. Las revisiones revisten un carácter formal e institucional, por
lo que los revisores están acreditados, y se tienen que ajustar al proto-
colo y procedimiento de actuación consensuado, de modo que gracias
a la formación previa de todos los integrantes del equipo se asegure un
mismo análisis y recogida de información con independencia del caso
y del territorio. Se cuenta con un detallado protocolo de análisis que
incluye un modelo de informe generalizado, una plantilla informatizada
de recogida de datos, material formativo y modelos estándar de consen-
timiento informado y de documentos informativos a entregar a todas
las personas que vayan a colaborar en la revisión.
Respecto al procedimiento de trabajo, se ha planificado la revisión
retrospectiva de todos los feminicidios sucedidos desde el año 2010
a la actualidad, en todo el territorio nacional, con autor suicida o ya
condenado, priorizando a los más recientes (ver Figura 2).
Cuando se organiza un Grupo Territorial se conforman Equipos
Territoriales de cuatro o cinco revisores adecuadamente formados
y se les asignan los casos y los tutores profesionales pertinentes,
empezando la revisión por el examen de todos los documentos que
se puedan recopilar de archivos, tanto policiales (atestados, dili-
gencias e inspecciones técnico oculares) como judiciales (sumarios
e informes forenses) e informes técnicos (servicios sociales, salud
mental, informes penitenciarios, etc.). De ahí se identifican las per-
sonas susceptibles de entrevista personal (profesionales que hayan
intervenido en el caso, personas significativas del entorno de la víc-
tima y del victimario, así como, cuando sea posible, el propio ho-
micida en el establecimiento penitenciario) que, a su vez, servirán
de puente para localizar a otras personas. Esta tarea de entrevista
es quizá la más ardua y la que mayores recursos ocupa, tanto de
tiempo como por los desplazamientos que ocasiona, puesto que es
habitual que las personas se encuentren dispersas en diferentes lo-
calidades e incluso provincias; cuando ocurre, unos equipos terri-
toriales pueden apoyar a otros.
Cada caso se trabaja por completo por los miembros del Equipo
Territorial asignados al mismo, quienes, una vez recogidos los datos,
los analizarán de forma independiente, ponderando cada una de las
variables objeto de estudio, buscando la concordancia interjueces y
emitiendo un informe pormenorizado que recoja las características
del caso, atendiendo a las cuatro fuentes de riesgo principales (vícti-
ma, victimario, dinámica relacional y contexto socio-cultural), identi-
ficando expresamente los factores explicativos del homicidio y, en los
casos en los que existía denuncia previa, qué circunstancias pudieron
impedir su detección. Si durante este análisis aparecen dificultades
para consensuar, se consulta a personal más experto de otros equi-
pos. Finalmente, toda la documentación y análisis se remite al Equipo
Central, que será el encargado de elaborar los informes conjuntos en
cuanto haya casos suficientes.
En el momento de elaborar este trabajo, incorporando los revi-
sados por la SACD, se ha completado el estudio de 30 casos y están
abiertos otros 20, habiendo participado expertos de los siguientes
posgrados: Master en Análisis e Investigación Criminal e Investi-
gadores del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la
Universidad Autónoma de Madrid, Master en Perfilación y Análi-
sis de la Conducta Criminal de la Universidad de Barcelona, Master
Oficial en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad de Grana-
da, Master en Psicología Clínica, Legal y Forense de la Universidad
Complutense de Madrid y Master Oficial en Análisis e Investigación
Criminal de la Universidad a Distancia de Madrid. Es inminente la
incorporación en breve de profesores y posgrados de las univer-
sidades de Salamanca, Oviedo, Valencia, La Laguna y Santiago de
Compostela, quedando la puerta abierta a la incorporación de nue-
vos expertos interesados.
Conclusiones
En España, como en el resto del mundo, el homicidio perpetrado
por la pareja o expareja sentimental es la principal causa de muerte
violenta en el caso de las mujeres. Aunque es un fenómeno con ba-
jas tasas de prevalencia, despierta una gran alarma social pero, pa-
radójicamente, son escasos los estudios sistematizados realizados en
nuestro país para conocer mejor la naturaleza de esta forma de cri-
minalidad, los patrones, tendencias y elementos clave que permitan
elaborar estrategias de intervención encaminadas a reducir e incluso
erradicar el fenómeno.
Sin embargo, a nivel internacional hace décadas que existen equi-
pos dedicados a esa tarea, que surgieron en EE. UU. y se han ido des-
plegando por otros países (Canadá, Nueva Zelanda y Australia), hasta
llegar hace pocos años a Europa (Reino Unido). A pesar de presentar
36
J. L. González et al. / Anuario de Psicología Jurídica (2018) 28 28-38
diferencias en cuanto a dependencia orgánica, estructura, composi-
ción o fuentes de financiación, estos equipos comparten los mismos
objetivos y resaltan las ventajas de incorporar este tipo de iniciati-
vas. Entre ellas, cabe destacar su capacidad para producir cambios en
el sistema global de evaluación y detección del riesgo y en el diseño
de políticas y protocolos de actuación más eficaces para combatir
la violencia contra la pareja. Además, favorecen el incremento de la
coordinación y comunicación entre los distintos organismos encar-
gados de proteger y atender a las víctimas y de la gestión del riesgo
de los agresores. En definitiva, la experiencia internacional pone de
manifiesto la utilidad de estos equipos para mejorar el sistema de res-
puesta comunitaria coordinada de los países frente a los homicidios
dentro de la pareja.
Adoptando esa visión internacional, por ser todavía necesario
avanzar en la explicación del feminicidio en España y en el desa-
rrollo de iniciativas institucionales para reducir su tasa, desde el
año 2015 se está organizando en nuestro país un Equipo nacional
de revisión pormenorizada de Homicidios de pareja en el contexto
de la Violencia de Género (EHVdG), coordinado desde la Secreta-
ria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. A pesar de
su reciente implantación, la gran implicación estatal y autonómica
de organismos públicos y privados (FCS, IIPP, Fiscalía, CGPJ, COP-M,
Universidades, etc.) ha facilitado que se constituyan grupos de re-
visores compuestos por profesionales multidisciplinares altamente
especializados en diferentes territorios (Madrid, Cataluña, Andalu-
cía, etc.), con un marco de actuación común. Esta iniciativa, con una
perspectiva holística, pretende un acercamiento lo más completo
posible a los homicidios de mujeres en las relaciones de pareja.
Como en todo proyecto científico dentro de las ciencias sociales y
de la salud, su objetivo último es eminentemente práctico, preten-
diéndose una mejor comprensión del fenómeno que, a su vez, per-
mita predecir, prevenir, y por ende evitar, su aparición.
Conflicto de Intereses
Los autores de este artículo declaran que no tienen ningún con-
flicto de intereses.
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... De esta forma, puede establecerse una conexión entre las dos acciones y se limita la posible influencia de otros estresores en la decisión suicida.2. MétodoMuestraLa muestra del estudio está formada por 40 casos de F-S sobre los que, tras una revisión pormenorizada en un marco de investigación más amplio (González-Álvarez,Garrido et al., 2018), se logró obtener más información de la que suele constar en registros oficiales y bases de datos o portales estadísticos especializados, si bien recogiendo exclusivamente los casos de suicidio consumado tras el homicidio, como principal criterio de inclusión tras ser considerado oficialmente como un supuesto de violencia de género. Los casos suponen el 31% del total del periodo comprendido entre el mes de febrero de 2006 y septiembre de 2016, según el portal estadístico oficial de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de España (2021), con un total de 129 casos de F-S registrados en la web. ...
... Revista de Victimología | Journal of Victimology | N. 13/2022 | P. 65-90 J. J. LÓPEZ-OSSORIO, J. M. MUÑOZ VICENTE, J. SANTOS-HERMOSO, Á. GARCÍA-COLLANTES, M.A. SORIA-VERDEmación obtenida en cada caso a partir de fuentes policiales, judiciales, clínicas y administrativas, fue un archivo procedente de información recogida siguiendo un protocolo específico en relación con los trabajos del Equipo de revisión pormenorizada de homicidios de violencia de género ocurridos entre 2006 y 2016 (González,Garrido et al., 2018). Todos los participantes en el proyecto firmaron un consentimiento informado en el que se les explicó en qué consistiría el proyecto y cómo se usarían los datos obtenidos en las entrevistas. ...
Article
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El feminicidio de pareja seguido de suicidio (F-S) es un fenómeno criminal poco estudiado en España, a pesar de las devastadoras y duraderas repercusiones sociales y familiares que provoca y la alarma social que genera. El presente estudio descriptivo pretende mejorar el conocimiento sobre este fenómeno para diseñar estrategias que permitan su prevención. Se analiza una muestra de 40 casos extraídos del estudio del Equipo de Revisión pormenorizada de Homicidios de Violencia de Género. Los datos señalan que los F-S presentan una edad media de 53 años, una diferencia de edad con la víctima de siete años, tienen antecedentes depresivos, sobre todo aquellos perpetradores de más de 60 años, y una elevada presencia de celos, conductas de control y conductas de acoso. Los perfiles de víctimas con mayor vulnerabilidad personal y social no son ajenos a la violencia más grave. De esta forma, los hallazgos muestran que un 10% presenta algún tipo de discapacidad, un 22.5% un trastorno mental, junto con víctimas con problemas de abuso de sustancias, especialmente el consumo de alcohol (17.5%). En el 37.5% de los casos, el F-S se perpetró con la misma arma.
Article
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This investigation studied the interaction between seven risk factors included in the police risk assessment of the VioGén System and found that these factors formed groups based on the dimensions of violence and psychopathology. The 171 femicides analysed were categorised into four groups: normalised (23.4%), violent (25.7%), pathological (18.7%), and pathological/violent (32.2%). These groups exhibited significant differences concerning their psychosocial profile and relationship dynamics. One of the main findings is the identification of the pathological type that had not been detected in previous typologies, thus highlighting the importance of the psychological factor when classifying the perpetrators of femicide. These results have important practical implications, as the classification of the aggressor could be a preliminary step taken before the risk assessment, which would make it possible to individualise predictions and improve the protection of the victims as well as the therapies and intervention programmes.
Chapter
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La percepción del mundo ha sido un constructo de interés para la psicología social, su estudio se ha enfocado en grupos poblacionales en los cuales las condiciones de vulnerabilidad, la función social o su actividad laboral, generan la necesidad de comprensión sobre la forma en que ven el contexto que les rodea. De acuerdo con Vargas (1994, citado en Fajardo, Alonso, Serna, Angarita y Aguilera, 2017) la percepción puede definirse en aspectos vinculados con actitudes, valores o creencias, que dependen del punto de referencia del observador, quien de manera subjetiva emite un juicio. La percepción del mundo se puede estudiar desde el enfoque de la percepción social, la cual de acuerdo con Arias (2006), estudia la percepción que tienen los individuos sobre otras personas, conocimientos de los otros, la formación de impresiones y los procesos de atribución. Dember y Warm (1990, citado en Arias, 2006) proponen que: "un aspecto importante del estudio de la percepción es comprender que estamos tratando con experiencias privadas de las personas” (p.18).
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En Colombia bajo la perspectiva de Derechos Humanos y Derechos Ciudadanos se evidencia desde hace varias décadas una situación de conflicto y violencia que afecta de manera importante las relaciones sociales de todos los individuos a lo ancho y largo del territorio nacional, creando en general condiciones de violencia e inseguridad de manera permanente, y generando una visión negativa sin precedentes para otros países del mundo. Por lo tanto, el actuar de la policía se ha considerado un eje importante en el trabajo por la seguridad ciudadana y en la lucha frente al comportamiento contrario a la convivencia, promoviendo la lucha contra la corrupción y los comportamientos violentos. En el servicio policial la impulsividad entre otras variables relacionadas con la personalidad del individuo puede afectar la respuesta en pro del cuidado y protección de los otros. De acuerdo con ello esta investigación se enfocó en indagar cómo el constructo psicológico de la impulsividad está relacionado con la práctica laboral de los cadetes de policía; constructo que es evaluado como un atributo negativo en el ejercicio de ciudadanía, el cual a su vez se relaciona con dificultades comportamentales y cognitivas, al igual que con los comportamientos agresivos y riesgo suicida (Riaño-Hernández, Guillen y Buela-Casal, 2015). Tomando aportes del Modelo Holístico de Liderazgo Policial de la Escuela de Postgrados de la Policía nacional de Colombia (ECSAN, 2019), el liderazgo bajo el cual los miembros de la policía deben actuar, debe contener cualidades y habilidades que evidencien un tipo de conducta a la hora de responder a las necesidades complejas de los ciudadanos; conducta que debe orientarse siempre propiciando el bienestar y satisfacción de tales necesidades, pues este comportamiento expresado en esas cualidades, conllevará a que de manera global y cultural se haga una representación de la institución y de cada uno de los miembros, afectando positiva o negativamente la relación policía y ciudadanos.
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La agresividad se constituye en un rasgo de personalidad, caracterizado por la manifestación de comportamientos de tipo agresivo, con tendencia a externalizar los problemas con terceros (Farnicka, 2016). De allí que distintos enfoques de las ciencias sociales entre los que se encuentran la perspectiva sociobiológica, psicoanalítica, del aprendizaje social, han teorizado sobre este constructo, intentando explicar su génesis y manifestaciones, encontrándose diferentes tipologías de la agresividad, las cuales se encuadran en la emisión en interacciones de carácter agresivo. En el contexto policial, este constructo ha tenido especial relevancia para su estudio y, como antecedente se encuentra el estudio realizado por Juárez, Dueñas y Méndez (2006), quienes estudiaron los patrones violentos en 120 participantes de la escuela de Policía nacional General Santander. De allí que resulta muy importante realizar estudios sobre la agresividad policial, que permitan obtener una perspectiva bastante amplia desde el ámbito científico, sobre los factores que llevan a los sujetos policiales a desplegar determinadas conductas en la actividad policial, para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, en la que se despliegan una serie de comportamientos agresivos dirigidos al control de comportamientos contrarios a la ley por parte de la ciudadanía. El objetivo de esta investigación es medir la agresividad en los cadetes de la policía, la cual es una variable que afecta tanto en la vida laboral como en la personal.
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Esta investigación surgió como respuesta a la falta de información referente al síndrome de burnout en contextos de servidores de la justicia o relacionados con este (abogados, fiscales, peritos, policías etc.) y en segundo lugar desde un interés psicológico y humano, enfatizando en prestar servicios de intervención y prevención en el agotamiento emocional por trauma ajeno omSíndrome de Burnout, en población perteneciente a la Policía Metropolitana de Manizales, enfermedad que tiene evidencia en cuanto a la afectación en la salud física y mental de las personas que presenta signos y síntomas asociados al mismo, esto surge debido a que la psicología policial es la encargada de las dinámicas individuales y colectivas de los miembros de la Policía y Fuerzas Militares a nivel organizacional, clínico y social, en esta investigación nos interesa el ámbito social en donde está la interacción de las fuerzas con la ciudadanía (Norza y Merchán-Rojas, 2016). De acuerdo con lo anterior se planteó como objetivo identificar la presencia de signos y síntomas relacionados con el Síndrome de Burnout en una muestra de la policía metropolitana de Manizales (Caldas). En cuanto a los objetivos específicos se tiene la investigación son (1) Documentar a partir de la literatura y el estado del arte las características, variables y dimensiones del síndrome de burnout (2) Identificar la presencia del Síndrome de Burnout por medio de la aplicación del instrumento MBI GS en una muestra de policías en la ciudad de Manizales (3) Categorizar los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de MBI GS (4) Socializar conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados para futuras investigadores.
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icación de la psicología a procesos forenses, criminológicos, clínicos y organizacionales, de este último nace el mayor campo aplicativo desde procesos de selección, asistencia clínica y/o psicosocial y formación o especialización académica. Con el fin de realizar una evaluación exhaustiva de “los procesos comportamentales y cognitivos del aspirante y aptitudes policiales, mediante la valoración del grado de conocimiento de las funciones policiales; validación del puesto de trabajo en función del proceso de selección seguido” (Chandler, 1990; citado en Soria, 2005, p. 173). Existiendo una gran necesidad por abordar aspectos claves de la personalidad en los cadetes de policía, como las conductas externalizantes, las cuales son aquellas que evidencian la toma de decisiones éticas, el control del comportamiento en un ambiente social y la conformidad en cuanto a las mismas reglas que se imponen en la sociedad, demostrando así una estrecha relación entre las conductas externalizantes y los problemas de conducta. Por lo tanto, este al ser un subcampo de amplio interés académico ha generado un alto grado de exposición a nivel internacional en países como Estados Unidos y España, donde se vincula a la psicología con las fuerzas policiales, permitiendo a su vez generar diversos estudios que han contribuido no solo a comprender en términos de características estáticas de la personalidad en los seres humanos o de bienestar a nivel individual o grupal, sino aplicándolo a un campo específico donde se puede determinar diversos factores de la personalidad que contribuye a la promoción de pautas dentro de la institución para potencializar diversos procesos y al conocimiento del individuo centrándose en cómo percibe y actúa en su entorno, así bien, la personalidad permite conocer la manera en la que el individuo aprende o se adapta al ambiente. Teniendo en cuenta sus dos componentes principales como: el temperamento y el carácter donde juegan un papel fundamental a la hora de determinar la realidad de la personalidad en el individuo.
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Esta investigación surge de la necesidad que se vive en Colombia frente a la intervención que realiza la policía, en cabeza del Poder Ejecutivo del país. Es un momento coyuntural en la relación del Estado con la Ciudadanía y por ende se hace trascendental crear escenarios académicos y científicos que permitan establecer diálogos y comprensiones sobre el particular y así minimizar la brecha que se ahonda por la violencia generalizada y la afectación a la salud mental de todos los habitantes del territorio. Es por ello que se hace necesario que mediante el aporte de la psicología y en especial la psicología policial, se construyan rutas de comprensión sobre los temas de la convivencia y la seguridad ciudadana, pues es la psicología policial, la llamada a tener un enfoque claro y contribuir a restablecer la relación entre la Ley y los sujetos que conviven en el mismo territorio. El abordaje de la Psicología Jurídica se considera un área básica y aplicada de la psicología, en tanto estudia e interviene el comportamiento humano con implicaciones jurídicas, buscando defender los Derechos Humanos, la salud mental y humanizar la justicia. Está orientada por el método científico, la ética, la justicia, la convivencia pacífica y la responsabilidad social (Hernández, 2011). Dentro de ella pueden reconocerse diversas subáreas de estudio, como son la Psicología criminal, victimal, del testimonio, forense, policial y militar, mediación y conciliación
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Esta libro contiene las ponencias, sometidas a un proceso de revisión por pares, presentadas al XIII Congreso de Psicología Jurídica y Forense que aportan evidencia científica para la prácticas profesional en los ámbitos de actuación de la Psicología Jurídica y Forense.
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Here, we report a statistical test of the hypothesis that feminicides in Spain have a monocausal explanation, known as the gender hypothesis. Using a time series of feminicides that occurred in the period 2001-2019, we conducted several regression analyses to compare the goodness of fit of linear and non-linear regression models, analysing the complete series and segments of the same. We also used a pre-test/post-test interrupted time series design to assess the effect of Law 1/2004, considered as a public policy intervention. As a result of these analyses, we conclude that a multicausal or ecological hypo- thesis may provide a better explanation for this kind of crime than the gender hypothesis.
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Background/Objective: Some professionals, such as police officers, are required to prevent violent behavior, such as intimate partner violence (IPV). For this task they use actuarial tools designed to estimate the risk of occurrence of further violence after a previous complaint (police recidivism), taking into account risk and protective indicators which they can observe, in spite of they are not behavioral assessment experts. Method: To try to refine the police risk assessments carried out in Spain since 2007 and to improve the two tools available on the Spanish VioGén System, Police Risk Assessment and Risk Evolution (VPR3.1 and VPER3.0), this paper, using an epidemiological design, in a sample of 6,613 new cases of IPV of Spain, studies empirical relationships among 65 indicators (56 risk and 9 protection) and IPV police recidivism up to six months. Results: It resulted in a recidivism rate of 7.4%, finding statistically significant associations of 46 indicators. Conclusions: Empirical evidence about static indicators and new relevant dynamic indicators in the victims’ police protection management is presented. Practical implications for future police risk assessments are discussed.
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Femicide or the murder of women because of their gender is a recognised public health problem as well as a serious violation of human rights. Its magnitude worldwide is still unknown, given the methodological difficulties to differentiate these murders from other female homicides. The European Union programme entitled «European Cooperation in Science and Technology» (COST) launched the «Femicide across Europe» COST Action in 2013, establishing an optimal European framework for transnational cooperation among experts addressing great social and public health challenges such as femicide. This field note describes the main objectives, the participating groups of experts and the mid-term results of this experience. Copyright © 2016 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.
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Objective: To analyse the characteristics associated with the risk of femicide in Spain among women exposed to domestic violence or similar aggression, and the possible association with filing judicial complaints against the aggressors. Methods: A case-control study was carried out for the period 2010-2011. The cases included 135 adult women killed by their partners (or similar) during the period, identified through the webpage of the Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas (Association of Separated and Divorced Women), and from the reports of the General Council of the Judiciary. The control cases included 185 women exposed to domestic violence in the past year, from the Macrosurvey of Gender Violence 2011. The association between filing a complaint and the risk of femicide was estimated through multivariate logistic regression models. Results: There was no association found between the filing of a complaint against the aggressor and the risk of murder (OR: 1.38; 95% CI: 0.68-2.79). Immigrant women exposed to domestic violence were at greater risk of being murdered (ref.: Spanish women; OR: 5.38; 95% CI: 2.41-11.99). This association was also observed in women living in rural areas (ref.: urban areas; OR: 2.94; 95% CI: 1.36-6.38). Conclusions: Filing a judicial complaint against the aggressor does not seem to affect the risk of murder among women exposed to domestic violence. Protection measures for women should be strengthened among immigrant women and women living in rural areas.
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En el presente artículo se aborda la violencia en la relación de pareja a partir de los datos derivados de la investigación científica. Se describen dos tipos básicos de violencia: la violencia coactiva y la violencia situacional (asociada a la gestión de los problemas cotidianos o al manejo del proceso de ruptura). A partir de esta distinción se proponen estrategias para el diagnóstico diferencial dentro del contexto de evaluación psicológica forense español con arreglo a la Ley Orgánica 1/2004. Una adecuada intervención del perito psicólogo en este ámbito contribuiría a ajustar la medida judicial a las necesidades del grupo familiar y evitaría una excesiva intervención del Derecho Penal en cuestiones propias del Derecho de Familia. Se sugieren algunas vías de actuación derivadas de la buena práctica en este ámbito.
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Para prevenir la violencia de género se desarrolló el protocolo denominado «valoración policial del riesgo» (VPR) para su uso por profesionales de las fuerzas de seguridad del Estado. Este protocolo es el núcleo principal del sistema VioGén, del Ministerio del Interior español, y que se aplica de forma reglamentaria en todas las situaciones de violencia de género denunciadas. Para evaluar la eficacia predictiva de la VPR se realizó un estudio longitudinal prospectivo con un seguimiento de 3 y 6meses de 407 mujeres que habían denunciado ser víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja. Los resultados obtenidos por medio del análisis de regresión logística ofrecen una AUC=0.71 para intervalos de tiempo en riesgo de 3meses (p<.003) y con una odds ratio de 6.58 (IC95%: 1.899-22.835). La sensibilidad de la VPR fue del 85% y la especificidad, del 53.7%. Los resultados indican que la VPR muestra una buena capacidad predictiva y unas características psicométricas adecuadas para la tarea para la que se diseñó.
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En el marco de la Psicología Jurídica, tal como se entiende en España, cabe distinguir las aplicaciones de los conocimientos de la ciencia psicológica según los diferentes momentos del proceso penal: en las dependencias policiales durante las investigaciones criminales, en los Juzgados cuando ya se han identificado y detenido a los autores de delitos, y en los Establecimientos Penitenciarios cuando resultan finalmente condenados. En este trabajo se argumenta que cuando la psicología ayuda a la investigación criminal en los primeros de los momentos del proceso judicial, las actuaciones policiales, estaremos hablando de Psicología Criminalista a dos niveles: operativo (el más propio) y estratégico (en el que pueden participar otros profesionales). Tras describir sus peculiaridades y ámbitos concretos, en analogía con los apoyos que también prestan otras ciencias criminalísticas, se explica que en España esta especialidad se desarrolla profesionalmente desde dentro de las propias instituciones policiales, con un perfil muy distinto al de la más tradicional Psicología Policial, y en estrecha colaboración con el entorno académico en lo que se refiere al desarrollo científico de sus técnicas y procedimientos.
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Domestic/Family Violence Death Reviews (D/FVDRs) have been established in a number of high-income countries since 1990 as a mechanism to inform prevention-focused interventions to reduce domestic/family violence. D/FVDRs differ in their structure, governance, case identification processes and inclusion criteria, review measures, and outputs. Outside of the United States, the extent of heterogeneity across and within countries has not been explored. This study comprised an international comparison of D/FVDRs and their core elements to inform the establishment of D/FVDRs in other developed countries, and potentially low- and middle-income countries where violence is a leading cause of death. Such a review is also a necessary foundation for any future evaluation D/FVDRs. The review identified 71 jurisdictions where a D/FVDRs had been established in the past two decades, 25 of which met the inclusion criteria. All D/FVDRs examined stated a reduction in deaths as a goal of the review process; however, none reported an actual reduction. The focus of the D/FVDRs examined was on intimate partner homicides; however, more recently established D/FVDRs include other familial relationships. Almost one third of the D/FVDRs examined reported changes to the domestic/family system that occurred as a result of recommendations made from the review process. While similar in many ways, D/FVDRs differ along a number of important dimensions that make it difficult to identify best practices for jurisdictions considering the establishment of such an initiative. To share knowledge, existing networks should be expanded nationally and internationally to include jurisdictions that may be considering this initiative.