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La energía nuclear es una tecnología compleja, que requiere un uso muy intensivo de recursos y una toma de decisiones muy centralizada, cuya gobernanza supone un auténtico reto para las sociedades democráticas. En el presente artículo se exploran las percepciones sociales sobre la energía nuclear en España a partir de un análisis de encuestas de opinión y de los argumentos de actores de tres estudios de caso (Vandellós I, Valdecaballeros y ATC). Los resultados muestran cómo las argumentaciones de unos y otros actores se basan en diferentes dimensiones del riesgo, a menudo ignoradas en las encuestas y por varios de los actores, lo cual supone una seria dificultad para superar las controversias suscitadas por este tipo de energía.
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LAS DIMENSIONES SOCIALES
DE LA PERCEPCIÓN DE LA
ENERGÍA NUCLEAR.
Un análisis del caso español
(1960-2015)
THE SOCIAL DIMENSIONS OF
THE PERCEPTION OF NUCLEAR
ENERGY.
An analysis of the Spanish case
(1960-2015)
Josep espluga Trenc
Universidad Autónoma de Barcelona, España
joseplluis.espluga@uab.cat
ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-5058-2411
BeaTriz Medina
Universidad Autónoma de Barcelona, España
beatriz.medina@uab.cat
ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-7136-304X
alBerT presas
Universidad Pompeu Fabra, España
albert.presas@upf.edu
ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-0723-7185
Mar ruBio-Varas
Universidad Pública de Navarra, España
mar.rubio@unavarra.es
ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-8100-2651
JoseBa de la Torre
Universidad Pública de Navarra, España
jdelatorre@unavarra.es
ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-5235-7429
Revista Internacional de Sociología RIS
vol. 75 (4), e075, octubre-diciembre, 2017, ISSN-L:0034-9712
doi: http://dx.doi.org/10.3989/ris.2017.75.4.17.02
Cómo citar este artículo / Citation: Espluga Trenc, J., B.
Medina, A. Presas, M. Rubio-Varas y J. De la Torre. (2017).
“Las dimensiones sociales de la percepción de la energía
nuclear. Un análisis del caso español (1960-2015)”. Revista
Internacional de Sociología 75 (4): e075. doi: http://dx.doi.
org/10.3989/ris.2017.75.4.17.02
Copyright: © 2017 CSIC. Este es un artículo de acceso
abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative
Commons Attribution (CC BY) España 3.0.
Recibido: 15/12/2016. Aceptado: 10/07/2017.
RIS [online] 2017, 75 (4), e075. REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA. ISSN-L: 0034-9712
doi: http://dx.doi.org/10.3989/ris.2017.75.4.17.02
2 . JOSEP ESPLUGA TRENC, BEATRIZ MEDINA, ALBERT PRESAS, MAR RUBIO-VARAS Y JOSEBA DE LA TORRE
IntroduccIón
La producción, distribución y consumo de ener-
gía son actividades con un importante rango de
impactos sociales que, de alguna manera, nos
ayudan a entender cómo son nuestras socieda-
des (Prades 1997). La energía nuclear constituye
un tipo particularmente interesante de fuente e in-
fraestructura energética, hasta el punto de que las
protestas que se han generado a su alrededor han
conformado buena parte de los movimientos ecolo-
gistas contemporáneos, mientras que las controver-
sias políticas y cientícas que genera han contribuido
a dar forma a las instituciones de la segunda mitad
del siglo XX (Riechmann y Fernández Buey 1994;
Dobson 1997). Dada la enorme complejidad técni-
ca de su diseño y gestión, sus orígenes militares, la
gran concentración de capital necesaria para hacerla
operativa, sus riesgos para la salud y el medio am-
biente, la energía nuclear resulta una tecnología con-
trovertida y su gobernanza supone un auténtico reto
para las sociedades democráticas.
En el presente texto pretendemos analizar las per-
cepciones de varios actores sociales ante la energía
nuclear en España, con la nalidad de entender cuál
es el núcleo argumentativo en disputa sobre esta
fuente energética. Para ello utilizaremos un marco
integrado de teorías de percepción social del riesgo.
Nuestro punto de partida se basa en la idea de que
diferentes actores (promotores, reguladores, movi-
mientos sociales, etc.) interpretan de manera dife-
rente los riesgos de la energía nuclear, y por tanto
realizan propuestas dispares y no siempre congruen-
tes. ¿En qué sentido la energía nuclear es conside-
rada un riesgo por los diferentes actores sociales? El
concepto de riesgo remite a la posibilidad de que se
produzcan daños o pérdidas. Desde una racionali-
dad tecnocientíca dicha posibilidad se puede inten-
tar cuanticar en términos probabilísticos. Es lo que
hacen los expertos en análisis de riesgo cada vez
que se produce un nuevo accidente nuclear: recal-
culan las probabilidades de ocurrencia de daños y la
posible magnitud de estos, de acuerdo con sostica-
das metodologías de análisis de riesgos. Pero, aun-
que nos podamos poner de acuerdo en la estima-
ción de probabilidades de que se produzcan daños o
pérdidas, no resulta tan fácil consensuar qué tipo de
daños o pérdidas son los más relevantes. Aquí radi-
ca el núcleo del problema que pretendemos explorar
en este artículo.
La bibliografía sobre el tema muestra que la acep-
tación u oposición pública ante la energía nuclear se
explica por una combinación de numerosos factores
que dan forma a las percepciones y valores de los
individuos, tales como la conanza en las institucio-
nes, la existencia de procedimientos justos y transpa-
rentes, la tolerabilidad al riesgo, la disponibilidad de
información cientíca, el rol percibido de la energía
nuclear en la mitigación del cambio climático antro-
pogénico, etc. (Poortinga et al. 2006; Pidgeon et al.
2008; Parkhill et al. 2010; Besley 2012; Visschers
y Siegrist 2012). Estos factores van más allá de
las simples interacciones directas con la industria
nuclear o con los gobiernos, y reejan un espectro
de interacciones en el seno de las comunidades
locales y de la sociedad en sentido más amplio
(Lemkow 1984; Slovic 1996; Prades et al. 2015;
Whitton et al. 2016). Dichos complejos factores se
pueden rastrear en las principales corrientes teóri-
cas sobre el riesgo, como el paradigma psicométri-
co, la teoría cultural del riesgo, las aproximaciones
interpretativas al riesgo o las teorías de la gober-
nanza de riesgos. Todos estos factores pueden
ser agrupados en un marco analítico que consta
de cuatro dimensiones generales, que señalan los
diferentes tipos de daños o pérdidas que los indivi-
duos pueden percibir en su exposición a un riesgo,
y que se pueden denir de la siguiente manera:
resumen
La energía nuclear es una tecnología compleja, que re-
quiere un uso muy intensivo de recursos y una toma de
decisiones muy centralizada, cuya gobernanza supone
un auténtico reto para las sociedades democráticas. En
el presente artículo se exploran las percepciones so-
ciales sobre la energía nuclear en España a partir de
un análisis de encuestas de opinión y de los argumen-
tos de actores de tres estudios de caso (Vandellós I,
Valdecaballeros y ATC). Los resultados muestran cómo
las argumentaciones de unos y otros actores se basan
en diferentes dimensiones del riesgo, a menudo ignora-
das en las encuestas y por varios de los actores, lo cual
supone una seria dicultad para superar las controver-
sias suscitadas por este tipo de energía.
Palabras clave
Conictos energéticos; Conictos socioambientales;
Historia nuclear; Percepción del riesgo; Políticas del riesgo.
abstract
Nuclear energy is a complex technology that requires
intensive use of resources and high centralized deci-
sion-making processes, whose governance poses a
real challenge for democratic societies. In this article we
explore the social perceptions about nuclear energy in
Spain through the analysis of opinion surveys and sec-
ondary data about the main actors of three case studies
(Vandellós I, Valdecaballeros, and Radioactive Waste
Storage). The results show how the arguments of the
several actors are based on very different dimensions
of risk, often ignored in the surveys and by the actors,
which represents a serious difculty to overcome the
controversies caused by this type of energy.
Keywords
Energy conicts; Nuclear history; Risk perception; Risk
policies; Socioenvironmental conicts.
LAS DIMENSIONES SOCIALES DE LA PERCEPCIÓN DE LA ENERGÍA NUCLEAR . 3
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doi: http://dx.doi.org/10.3989/ris.2017.75.4.17.02
a) Dimensiones de salud y medio ambiente: Esta di-
mensión incluye las percepciones de efectos posi-
tivos y/o negativos relacionados con la salud hu-
mana (efectos agudos o crónicos) y con aspectos
ambientales (como contaminación de agua, suelo
o atmósfera, pérdida de biodiversidad, efectos so-
bre el cambio climático global, etc.), así como pre-
ocupaciones por la gestión de medidas para evitar
dichos efectos (medidas de seguridad, etc.).
b) Dimensiones económicas: Esta dimensión se
reere a la percepción de factores relacionados
con aspectos económicos, tanto positivos como
negativos. Temas como la potencial (o real) crea-
ción de empleo, el orecimiento de nuevos ne-
gocios relacionados con el diseño, construcción
o gestión de infraestructuras nucleares, posibles
pérdidas económicas debidas a incidentes nu-
cleares, mayor o menor garantía de suministro
eléctrico, monto de inversiones económicas re-
queridas (públicas o privadas) que se detraen de
otras áreas, preocupaciones por el precio de la
energía, etc.
c) Dimensiones socioculturales: Estas dimensiones
se reeren a varios factores identicados princi-
palmente por dos de las corrientes principales en
el análisis de riesgos desde una vertiente social:
el paradigma psicométrico y la teoría cultural del
riesgo. El paradigma psicométrico parte del su-
puesto de que, contrariamente a lo esperado, no
siempre hay una correlación entre la percepción
de benecios generados por una actividad o tec-
nología y la percepción de riesgo a la que da lu-
gar (Otway y Cohen 1975; Slovic 1987). En este
sentido, se ha constatado que ciertos factores
pueden inuir en las respuestas individuales al
riesgo, como la voluntariedad en la exposición al
mismo, la familiaridad con el riesgo, la controlabi-
lidad de las consecuencias, la aparición diferida
de las consecuencias en el tiempo o el espacio,
etc. (Fischhoff et al. 1978; Vlek y Stallen 1980;
Slovic 1993). Además, la investigación en per-
cepción de riesgos mostró cómo diferentes gru-
pos sociales pueden desarrollar diferentes per-
cepciones de riesgo en función de su adhesión a
ciertos valores sociales, creencias o estándares
culturales (Otway y Fischbein 1976; Otway y Von
Winterfeldt 1982, 1992). Desde la teoría cultural
del riesgo se explica cómo las preocupaciones o
temores ante un riesgo pueden contribuir (inten-
cionadamente o no) a la cohesión de un grupo
social determinado, generando un cierto grado
de identidad social, por lo que el riesgo puede ju-
gar un rol en el mantenimiento de un cierto orden
social (Douglas y Wildavsky 1982). Ello explica-
ría que ciertos grupos privilegian la percepción
de ciertos riesgos sobre otros. En esta dimensión
socio-cultural entrarían impactos como la percep-
ción de amenazas a redes de relaciones socia-
les, a identidades sociales o territoriales, a cier-
tos estilos de vida, tradiciones culturales, valores
y creencias, etc.
d) Dimensiones politicoinstitucionales: Para enten-
der las respuestas sociales ante un riesgo no
basta con conocer las percepciones de la pobla-
ción, sino que es preciso analizar el contexto de
relaciones sociales en el que dichas respuestas
tienen lugar, considerando aspectos como la
credibilidad de las entidades o instituciones que
lo gestionan, la conanza que merecen, la per-
cepción de justicia o injusticia en sus actos, la
percepción de equidad o inequidad, el tomar en
cuenta el bien común, cuestiones de gobernanza,
etc., y toda la serie de dimensiones instituciona-
les que forman parte del proceso de interacción
con el riesgo (Turner y Wynne 1992; Renn 2008).
Desde esta perspectiva, no es fácil separar las
percepciones de riesgo del contexto social, eco-
nómico o político en el que se producen (Walker
et al. 1998; Irwin et al. 1999; Van Loon 2000). Así,
el hecho de que una población no proteste contra
un riesgo no implica necesariamente que lo acep-
te sin más, sino que puede que sus relaciones
de dependencia (social, psicológica, económica,
política) con las instituciones involucradas en la
promoción y/o gestión del riesgo les impida ha-
cer visible su rechazo (Wynne 1996). Por tanto,
es necesario considerar que cuando una perso-
na emite un juicio sobre un riesgo, implícitamen-
te está haciendo también una evaluación sobre
las instituciones que lo promueven y gestionan,
y emitiendo un juicio sobre la credibilidad o con-
anza que le merecen.
Consideramos de máxima importancia tener en
cuenta estas diferentes posibilidades (dimensio-
nes) a la hora de interpretar las percepciones de
riesgo de los actores relacionados con la energía
nuclear. Se pretende así huir de la distinción sim-
plista entre actores favorables y contrarios a la
energía nuclear, que es como se suelen caracte-
rizar este tipo de conictos socioambientales. En
cambio, esta perspectiva nos permitirá explicar
mejor las frecuentes ambivalencias que caracteri-
zan los procesos de negociación del riesgo; pues
un actor puede estar de acuerdo en que la energía
nuclear supone un benecio económico, por ejem-
plo, y, al mismo tiempo, considerar inasumibles los
riesgos que percibe hacia ciertas identidades loca-
les, usos del territorio, y/o considerar insoportable
la pérdida de conanza en instituciones públicas o
privadas encargadas de gestionarlo (Espluga et al.
2014). Ello tendrá consecuencias en las estrategias
utilizadas para gestionar los conictos relacionados
con la energía nuclear, pues es obvio que de nada
servirá ofrecer más o mejor información sobre una
dimensión (por ejemplo, sobre los riesgos ambien-
tales o para la salud, o sobre benecios económi-
cos) si el motivo de fondo del conicto se sitúa en
otras de las dimensiones mencionadas.
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4 . JOSEP ESPLUGA TRENC, BEATRIZ MEDINA, ALBERT PRESAS, MAR RUBIO-VARAS Y JOSEBA DE LA TORRE
A continuación se contextualiza la evolución de la
energía nuclear en España, se describen las encues-
tas de opinión que se han llevado a cabo y se anali-
zan tres casos o eventos concretos con la nalidad
de explorar las argumentaciones de los diferentes
actores. La metodología utilizada ha sido el análisis
documental (prensa, webs, informes, libros, etc.) de
los casos de estudio escogidos (ver apartado espe-
cíco en cada caso).
El análisis realizado no tiene pretensión de ser
una investigación exhaustiva ni sistemática, sino
más bien un estudio exploratorio cuya nalidad pri-
mordial es ilustrar el funcionamiento del marco teó-
rico propuesto para dar cuenta de las dimensiones
sociales del riesgo.
evolucIón de la enera nuclear en esPa
En España la investigación en materia nuclear se
inició ocialmente en 1948 con la creación del or-
ganismo de Estudios y Patentes de Aleaciones Es-
peciales (EPALE), poco después rebautizado como
Junta de Energía Nuclear, una agencia gubernamen-
tal creada en 1951 que inicialmente estaba bajo el
control directo del Gobierno. Durante los años 60
se elaboró un Plan energético basado fundamental-
mente en la energía nuclear; de tal modo que, a me-
diados de los 70, España era ya el principal cliente
internacional de las principales empresas proveedo-
ras de este tipo de infraestructuras (sobre todo esta-
dounidenses), con un programa nuclear ocial que
ya había pre-autorizado más de 20 reactores y con
planes de construir unos 40 (Fundación Encuentro
2009; De la Torre y Rubio-Varas 2015, 2016). A pesar
de que a mediados de los años 50 del pasado siglo
España era un país poco desarrollado y gobernado
por una dictadura, una serie de circunstancias his-
tóricas lo situó en el grupo de países pioneros en la
adopción de la energía nuclear civil. El fuerte apoyo
del Estado a los inversores privados que controla-
ban el mercado eléctrico en régimen de oligopolio,
la importante transferencia tecnológica y nanciera
de Estados Unidos, principalmente, pero también de
Francia y Alemania, convirtieron a España en uno de
los países más nuclearizados de la época (Rubio-
Varas y De la Torre 2016). El primer reactor nuclear
(Zorita) se conectó a la red en 1968.
Durante los años 50 y 60, los promotores (privados
y estatales) presentaron la energía nuclear como la
única alternativa plausible para satisfacer las supues-
tas futuras necesidades de electricidad. Encontraron
poca resistencia porque, además del marco tecnoen-
tusiasta en el que se desarrollaba dicha tecnología,
existía muy poco conocimiento entre la población.
Por ello los primeros proyectos nucleares apenas
tuvieron oposición pública, de tal forma que a prin-
cipios de los años setenta España se convirtió en el
país donde la energía nuclear creció más rápido en
el mundo occidental, con planes para la construcción
de más de cuarenta reactores y casi una veintena
de contratos formalizados para su construcción inmi-
nente. Sin embargo, a principios de los 70 se em-
pezaron a oír voces críticas, sobre todo a nivel lo-
cal; de modo que varios ayuntamientos consiguieron
paralizar proyectos nucleares vía alegaciones y re-
cursos administrativos. La dictadura prohibió el acti-
vismo civil pero, sin embargo, grupos antinucleares
informales y todavía poco estructurados se fueron
desarrollando a lo largo de los años 70 alrededor de
unos activistas locales cada vez más organizados,
que pronto aprendieron a funcionar en red y con con-
tactos internacionales (Costa Morata 1976, 2009;
Fernández 1999). La coincidencia con el nal de la
dictadura convirtió estas redes en parte constituyente
del abanico de grupos de oposición al franquismo, lo
cual sumó argumentos extratecnológicos al rechazo
nuclear (Rubio-Varas y De la Torre 2016).
Más allá de las voces sociales críticas a nivel lo-
cal y regional, el ciclo económico y político desem-
peñó un papel crucial para frenar y posteriormente
paralizar el programa nuclear español. Las dos cri-
sis petroleras (1974 y 1979) ralentizaron la econo-
mía y las necesidades de electricidad esperadas,
contribuyendo así a que la carga nanciera de los
proyectos nucleares fuera difícilmente asumible para
las empresas privadas y para los organismos públi-
cos implicados. A ello se sumaron las incertidumbres
del momento histórico en España ocasionadas por
la transición a la democracia (1975-1982), caracte-
rizada por una inestabilidad institucional agravada
por amenazas de golpe militar y por una creciente
expansión de acciones terroristas –que en Euskadi
incluyeron a la energía nuclear entre sus objetivos
icónicos– (Bárcena 1995). El Gobierno salido de las
elecciones de octubre de 1982 (PSOE) se encontró
con una enorme oposición pública al programa nu-
clear y con una situación económica insostenible en
sus proyectos, por lo que en 1983 se proclamó una
moratoria nuclear, vigente a partir de 1984, y de la
que las empresas privadas promotoras obtuvieron la
correspondiente compensación por el lucro cesante
(que se incluyó como una tasa en la factura eléctri-
ca y se acabó de pagar en diciembre de 2015). De
este modo, a nales de la década de 1980 solo 10
reactores nucleares producían electricidad, con to-
dos los planes restantes abandonados o sujetos a
la moratoria nuclear. En 2016 todavía permanecen 7
reactores en activo que aportan al sistema eléctrico
un 20 % de la energía total (Rubio-Varas et al. 2017).
Mediante todo este proceso, la población española
de la época democrática se convirtió en una de las
más reticentes a la energía nuclear en Europa, con
una oposición pública latente reconocida por todos
los actores, ocasionalmente explícita por ciertos des-
encadenantes como accidentes e incidentes, amplia-
ción de licencias nucleares o ubicación de almacena-
miento de residuos.
LAS DIMENSIONES SOCIALES DE LA PERCEPCIÓN DE LA ENERGÍA NUCLEAR . 5
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PercePcIón PúblIca de la energía
nuclear según las encuestas de oPInIón
Las encuestas de opinión pueden aportar indicios
sobre las actitudes del público hacia la energía nu-
clear y sus cambios (si los hay) a través del tiempo,
tanto a nivel nacional como local. En este apartado
se presenta una visión general de las pruebas dis-
ponibles en los sondeos de opinión sobre cuestio-
nes relacionadas con la energía nuclear en España.
Se observa que, aunque en España se han realiza-
do bastantes encuestas de opinión pública (a nivel
nacional y local), hay poca consistencia entre ellas
en términos de diseño, de objetivos especícos y de
muestreo, lo cual limita mucho las posibilidades de
hacer comparaciones históricas ables. La Figura 1
muestra el número de encuestas de opinión pública
sobre temas nucleares identicados (se han exclui-
do otras encuestas sobre otros temas que incluyen
alguna pregunta aislada sobre actitudes ante la
energía nuclear).
Varios factores pueden ayudar a entender la evo-
lución de esta serie de encuestas:
1975-1977: El Fórum Nuclear español (la pa-
tronal del sector) crea un grupo de trabajo so-
bre opinión pública, y el Ministerio de Industria
y la Junta de Energía Nuclear llevaron a cabo
dos encuestas para recoger información so-
bre opinión pública. La primera fue realizada
en 1974, mientras que en 1977 se hicieron
solo en tres poblaciones afectadas por el plan
nuclear: Cofrentes, Garoña y Regodela.
1978: Se lleva a cabo la primera encuesta
realizada a una muestra representativa de la
población española en su conjunto (Centro de
Investigaciones Sociológicas 1978). Sus ob-
jetivos fueron conocer el nivel de información
sobre energía, y en particular sobre energía
nuclear, que tenía la población.
1987: Se realizaron varias series de encues-
tas de opinión justo después del accidente de
Chernóbil (1986). Sus impulsores fueron enti-
dades como el Consejo de Seguridad Nuclear
(organismo regulador del sector), a través de
la empresa Emopública. A nivel europeo va-
rias encuestas del Eurobarómetro trataron
también el tema. El organismo especializado
en encuestas en España, el Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (CIS), no incluyó este
tema en sus series regulares a nivel nacional
hasta 1990.
1990: Se realizaron varios estudios de opinión
con posterioridad al accidente de la central Van-
dellós I, en años sucesivos (1991, 1992, 1993),
combinados también con el Eurobarómetro.
A partir de 1996, coincidiendo con el décimo
aniversario del accidente de Chernóbil, se
realizaron tres encuestas de ámbito europeo
(Eurobarómetro) y español (CIS).
En 2007, con la aprobación del VI Plan Ge-
neral de Residuos Radioactivos, se llevaron a
cabo varias encuestas principalmente centra-
das en las percepciones y conocimientos de
la población sobre los residuos radioactivos.
En 2011, a raíz del accidente nuclear de
Fukushima-Daiichi (Japón), el barómetro del
CIS del mes de mayo incluyó varias preguntas
de opinión sobre energía nuclear.
Como se ha mencionado, los datos demoscópi-
cos disponibles son muy fragmentados y dispersos
(en términos de contenidos, muestras, etc.), por lo
que las comparaciones y análisis longitudinales son
necesariamente muy indiciarios. Se observa, por
ejemplo, que la población española fue preguntada
por primera vez sobre sus actitudes hacia la energía
nuclear en 1975, aún durante la dictadura franquista,
y lo más reseñable de los resultados de dicha en-
cuesta es que la mayoría (un 45 %) expresaba su
indiferencia hacia esta fuente energética en aquellos
momentos. Un 20 % de la población encuestada se
posicionaba a favor y un 35 % en contra (Solà Farré
Figura 1
Número de encuestas de opinión de ámbito estatal realizadas en España
Fuente: Elaboración propia.
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6 . JOSEP ESPLUGA TRENC, BEATRIZ MEDINA, ALBERT PRESAS, MAR RUBIO-VARAS Y JOSEBA DE LA TORRE
En la encuesta más reciente de las aquí consul-
tadas, la promovida por el Foro Nuclear en 2015, se
mencionan también varios argumentos a favor y en
contra de la energía nuclear, que se centran sobre
todo en la dimensión económica y los efectos am-
bientales, tanto en sentido positivo como negativo.
En concreto, se pregunta si:
Es una tecnología no emisora de gases efec-
to invernadero (GEI) (aunque el 15 % destaca
que no emite GEI, un 22 % mencionan la con-
taminación “radiactiva” y los “residuos radiac-
tivos” como efecto desfavorable).
Las centrales nucleares garantizan el suminis-
tro eléctrico y reducen la dependencia exterior
(aunque solo el 5 % de los consultados desta-
can este aporte y garantía como ventaja o bene-
cio de la energía nuclear, y solo el 4 % mencio-
nan la independencia respecto a otros países).
El coste económico de la producción nuclear
de electricidad (aunque el 31 % de los con-
sultados destaca como benecio de la nuclear
su coste de producción, el 5% destacan que,
si se incluyen todos los costes o si se incluye
la inversión inicial, el control de producción, la
gestión de residuos o el desmantelamiento,
no es más económica que otras fuentes).
En el Barómetro del CIS de 2011 se pedía a las
personas encuestadas que eligieran con cuales de
las siguientes opiniones estaban más de acuerdo:
“Los riesgos de la energía nuclear, como fuen-
te de energía, superan los benecios”.
“Los benecios de la energía nuclear, como
fuente de energía, superan los riesgos”.
El 52 % de las personas encuestadas se acogie-
ron a la primera opción y el 32 % a la segunda (el 16
% restante NS/NC). De acuerdo con nuestra tesis,
una pregunta de este tipo es necesariamente confu-
sa porque la posible respuesta está conformada por
varias dimensiones que previamente convendría di-
lucidar y tratar por separado para poder interpretarla
correctamente. De hecho, la dicotomía que se propo-
ne entre riesgos y benecios puede que no siempre
se dé en la realidad, pues nada impide que la ener-
gía nuclear pueda suponer riesgos altos y benecios
altos (o bajos) a la vez, una respuesta que no encon-
traría acomodo en el cuestionario así redactado.
la PercePcIón del rIesgo nuclear a
PartIr de casos concretos
Las encuestas de opinión nos ofrecen una informa-
ción relativamente supercial y difícil de interpretar,
pues tras esos amplios porcentajes se encuentran
agregadas respuestas potencialmente muy dispa-
res. ¿En qué sentido la energía nuclear se considera
un riesgo o un benecio? Para intentar responder a
1999). Unos años después, en 1988 (la primera tras
el accidente de Chernóbil), se observa que la falta
de conocimiento sobre la energía nuclear continuaba
siendo notable, con más de un 35 % de la muestra
diciendo que no sabe qué es, mientras que solo el
17 % consideraba aceptables los riesgos nucleares.
Chernóbil se identicaba como la peor catástrofe nu-
clear, y vivir en las cercanías de una central nuclear
o trabajar en una mina de uranio se consideraban las
actividades más peligrosas, y casi la mitad de la po-
blación española (47 %) percibía los riesgos nuclea-
res como inaceptables (en Europa el porcentaje era
del 51 %).
De hecho, esto se corresponde con las escasas
evidencias longitudinales (basadas en datos de Eu-
robarómetros y del CIS, cubriendo desde los años
90 hasta hoy día), que muestran que una mayoría de
personas (alrededor del 60 %) se muestra contraria
a la energía nuclear (Baigorri et al. 2015, realizan un
interesante y exhaustivo análisis de los datos de la
evolución del Eurobarómetro y del CIS). Uno de los
últimos eurobarómetros sobre el tema (2010) permi-
te comparar la situación de España en el contexto
europeo (aunque hay que advertir que la toma de
datos se hizo antes del accidente de Fukushima, de
marzo de 2011), y se observa que España es uno de
los países con mayor oposición pública a la energía
nuclear: un 73 % de las personas que respondieron
a la encuesta armaron considerar la presencia de
centrales nucleares como un riesgo importante para
ellas y sus familias, siendo la media de la UE-27 del
52 % para esta misma cuestión. Más recientemente,
en 2015, una encuesta encargada por el Foro Nu-
clear Español mostraba que el 60 % de la población
española se declaraba contraria a las centrales nu-
cleares (FNE 2015), conrmando a grandes rasgos
las tendencias de las últimas tres décadas.
Muchas de las encuestas realizadas han intenta-
do indagar cuáles son los riesgos y benecios que
la gente percibe ante la energía nuclear. Un análi-
sis de las preguntas formuladas en los cuestiona-
rios muestra que las dimensiones de riesgo sobre
las que se suele preguntar son principalmente de
dos tipos: i) riesgos para la salud (accidentes y en-
fermedades relacionadas con la radiación) y para
el medio ambiente (contaminación del aire, aguas,
suelos, alimentos, pérdida de biodiversidad, etc.), o
benecios en dichos ámbitos (mitigación del cambio
climático, etc.); y ii) riesgos económicos (precio de
la energía, garantía de suministro, costes, etc.) o
benecios en este ámbito (generación de empleo,
riqueza, etc.). Otras dimensiones que aparecen en
menor medida tienen que ver con la percepción de
vínculos militares y con la dependencia energética
de otros países. En la tabla 1 se detallan, a modo
de ejemplo, las dimensiones que aparecen en las
encuestas de 1978 y de 1990, que no han variado
demasiado en series posteriores.
LAS DIMENSIONES SOCIALES DE LA PERCEPCIÓN DE LA ENERGÍA NUCLEAR . 7
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esta pregunta y entender mejor las diferentes dimen-
siones en la percepción del riesgo apuntadas más
arriba, hemos realizado una primera aproximación a
tres casos que consideramos relevantes para ilustrar
la multidimensionalidad de la percepción social de la
energía nuclear. El primer caso es el de la central
nuclear de Vandellós I, una central de primera gene-
ración que se empezó a construir en plena dictadura
franquista y que en 1989 sufrió un grave incidente
que llevó a su desmantelamiento. El segundo caso
es el de la central nuclear de Valdecaballeros, de
segunda generación, que en una fase avanzada de
su construcción, ya en pleno periodo democrático,
fue afectada por la moratoria nuclear y nunca llegó
a ponerse en marcha. El tercer caso consiste en el
proceso de búsqueda de un emplazamiento para al-
macenar residuos radioactivos de todas las centrales
españolas (ATC o Almacén Temporal Centralizado).
Son tres casos ejemplares que han generado inten-
sos debates sociales pero respondiendo a lógicas
muy diferentes, y que consideramos que pueden
ayudar a ilustrar nuestros argumentos respecto a la
multidimensionalidad de la percepción del riesgo.
Para cada caso hemos identicado los principales
actores, clasicados en cuatro grupos de acuerdo
con las posiciones estructurales típicas de los con-
ictos socioambientales:
“Promotores”: Aquellos actores con intereses
en la promoción de la energía nuclear.
Tabla 1
Preguntas y opciones de respuesta establecidas en las encuestas de 1978 y de 1990, que indican cómo se
conciben los riesgos y benecios de la energía nuclear
Fuente: Elaboración propia a partir de las respectivas encuestas.
Encuesta del CIS 1978 Encuesta del CIS 1990
¿Cuál es la nalidad de la construcción de centrales
nucleares?
- Obtención de energía
- Energía más barata
- Resolver el problema futuro
- Investigación
- Fines militares
- Independencia energética
- Intereses económicos
- No sabe
- No contesta
P. 8 “¿Piensa usted que la aplicación de energía nuclear puede
ser beneciosa o perjudicial para su uso en los siguientes
campos?”
- Usos sanitarios
- Usos energéticos
- Usos industriales
- Usos militares
Principales peligros citados que ofrece una central nuclear
- Contaminación
- Radioactividad
- Peligro de explosiones e incendios
- Peligro de enfermedades y deformaciones
- Destrucción del medio ambiente
- Poca seguridad
- Otros
P. 23 “Cree usted que la utilización de energía nuclear
proporciona alguna de las siguientes ventajas?”
- La energía nuclear resulta más barata que otras fuentes de
energía
- Utilizar energía nuclear ayuda a depender menos del petróleo
- La energía nuclear favorece el desarrollo tecnológico
- La utilización de energía nuclear ayuda a crear nuevos puestos
de trabajo
- La energía nuclear contamina menos la atmósfera que otras
fuentes de energía
La instalación de centrales nucleares, ¿aumenta la
dependencia del extranjero o forma parte del normal
intercambio comercial entre países?
- Aumenta la dependencia
- Intercambio comercial
- No sabe
- No contesta
P. 24 “En su opinión, ¿la utilización de energía nuclear puede
suponer alguno de los siguientes inconvenientes?”
- Problemas para almacenar los residuos radioactivos
- Contaminación radioactiva
- Riesgo de accidentes
- Recalentamiento de los ríos
P. 27 “¿Cree usted que el uso de energía nuclear puede tener
riesgos en la contaminación del aire?
P. 28 “¿Y del agua?”
P. 29 “¿Y de los alimentos?”
P. 30 “De la siguiente relación de posibles riesgos que conlleva
la utilización de la energía nuclear, ¿podría usted señalar los
tres que considere tienen mayor posibilidad de ocurrir?”
- Recalentamiento de los ríos
- Contaminación radioactiva del entorno
- Accidente nuclear
- Contaminación radioactiva de las personas que trabajan con la
energía nuclear
- Accidentes en el transporte de residuos radioactivos
- Riesgo de contaminación a través de los residuos radiaoctivos
- Aumento de enfermedades provocadas por la radioactividad
- NS/NC
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8 . JOSEP ESPLUGA TRENC, BEATRIZ MEDINA, ALBERT PRESAS, MAR RUBIO-VARAS Y JOSEBA DE LA TORRE
“Afectados” (o “receptores”): Aquellas perso-
nas o entidades que se perciben expuestas
a las infraestructuras nucleares (de manera
positiva o negativa). Pueden tener un mayor
o menor grado de formalización (en forma
de asociaciones, etc.). También se les puede
denominar “receptores”, en el sentido de que
reciben el impacto (positivo o negativo) de la
instalación nuclear.
Autoridades públicas y “Reguladores”: Son los
actores a quienes corresponde regular las rela-
ciones entre los anteriores, normalmente orga-
nismos públicos de diferentes niveles jerárqui-
cos y/o territoriales. Aquí lo consideramos en un
sentido amplio, más allá del regulador estricto
(que sería el Consejo de Seguridad Nuclear).
Además de estos tres actores principales, he-
mos considerado la opción “Otros” para incluir
a instituciones cientícas, expertos, instancias
judiciales o medios de comunicación que pue-
den posicionarse dando apoyo a cualquiera
de los anteriores.
A diferencia de otros tipos de conictos am-
bientales, en los que instituciones públicas como
ayuntamientos, gobiernos autónomos, etc., suelen
formar parte de los “reguladores” en virtud de su
capacidad de regular aspectos relativos al funcio-
namiento o instalación de las infraestructuras (pues
tienen competencias legales para dar licencias, exi-
gir condiciones, etc.), en el caso del riesgo nuclear
estas entidades suelen tener una posición diferente
pues no disponen de demasiada capacidad de de-
cisión sobre el proyecto. Por ello, aquí los hemos
clasicado como parte de los grupos “receptores”
de las consecuencias, positivas o negativas, de los
proyectos nucleares.
La metodología utilizada para el análisis de los
tres casos de estudio ha consistido en:
1. Identicar los principales actores de cada
caso (los protagonistas del conicto).
2. Identicar qué argumentos usan para justicar
su posición en el conicto.
3. Interpretar sobre qué dimensiones del riesgo,
de las expuestas en nuestro marco teórico, se
encuadran dichos argumentos.
Se trata de un ejercicio exploratorio, basado en
el análisis documental de fuentes escritas (declara-
ciones a periódicos, páginas web, informes, libros,
etc.), cuya única nalidad es claricar e ilustrar la
propuesta teórica de este artículo. En un anexo se
citan las fuentes documentales correspondientes a
cada caso.
Caso 1: Vandellós I
Vandellós I se construyó durante los años 60 y en-
tró en funcionamiento en 1972, durante los llamados
“años dorados” de la energía nuclear en España. Es
la única central nuclear española fabricada con tec-
nología francesa, con un diseño muy diferente a las
restantes. En 1989 sufrió un grave accidente que lle-
vó a su cierre anticipado.
Fase 1: Construcción y Operación (1972-1988)
Durante la fase de construcción y operación tanto
los promotores como los reguladores y otras insti-
tuciones públicas (municipios principalmente) se
mostraban plenamente tecno-optimistas. Las auto-
ridades locales consideraban que la central nuclear
comportaría unos salarios altos y un crecimiento
económico para el territorio similar al que podrían
dar la industria o el turismo (Costa Morata 1976). El
director de la central de Vandellós I en una entrevista
a la prensa declaraba que las personas que mueren
en accidentes de tráco causados por el turismo de-
berían suscitar más preocupación que los accidentes
nucleares (El Correo Español 21-09-1974, citado en
Costa Morata 1976). Antes de que el municipio de
Vandellós fuera seleccionado para albergar la central
nuclear, otras localidades cercanas fueron también
candidatas. Una de ellas era l’Atmella de Mar, que
fue desestimada a causa de la fuerte oposición so-
cial de la comunidad local y del ayuntamiento. Los
principales opositores eran los pescadores locales,
preocupados por la potencial contaminación de los
Tabla 2
Principales actores del caso Vandellós I
Promotores Hifrensa (Hispano-Francesa de energía nuclear S.A)
ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos) (en la fase de desmantelamiento)
Autoridades públicas &
Reguladores
CSN: Consejo de Seguridad Nuclear
Ministerio de Industria
Afectados o
Receptores
Administraciones públicas de diferentes niveles, nacional, regional y local (Vandellós)
Otros municipios preocupados: L’Ametlla de Mar, Pratdip, Montroig del Camp y Tivissa
Movimientos ambientalistas: Ecologistas en acción
Comisiones Obreras (trabajadores de la central)
Otros El juzgado de Tarragona (el accidente fue llevado a juicio en el Juzgado de tercera instancia de Tarragona)
Cientícos: Instituto de Investigaciones Pesqueras
LAS DIMENSIONES SOCIALES DE LA PERCEPCIÓN DE LA ENERGÍA NUCLEAR . 9
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recursos marinos (Martínez López 2004), y las po-
tenciales consecuencias de la central sobre sus ac-
tividades económicas, su trabajo y sus formas de
vida. Dado que no conseguían información able por
parte de los promotores de la central ni de los regula-
dores, encargaron un estudio al Instituto de Estudios
Pesqueros (CSIC).
Fase 2: El accidente y el juicio (1989-1998)
Esta segunda fase empezó con un incendio en
Vandellós I (en 1989). Las fuentes indican que el
fuego tuvo lugar el 19 de octubre cuando el acei-
te lubricante de una turbina atascada se empezó
a quemar (Foro Nuclear 2016). La Agencia Inter-
nacional de la Energía Atómica (IAEA) declaró el
incidente de Vandellós I como el peor en una ins-
talación nuclear después de Chernóbil (El País 25-
10-1989), aunque posteriormente la IAEA se des-
dijo de esta armación (WISE 1989). El incidente
fue clasicado como de nivel 3 (major incident) en
la escala INES. El año 1986 el Consejo de Seguri-
dad Nuclear (CSN) ya había advertido deciencias
y había reclamado mejoras de seguridad que en el
momento del accidente todavía no se habían apli-
cado. Se iniciaron acciones judiciales contra los
responsables de la central (promotores) y contra un
responsable del CSN (regulador), aunque nalmen-
te la sentencia fue absolutoria. Esta fase 2 nalizó
con el desmantelamiento de la central nuclear, por
la presión popular y, principalmente, por las duras
condiciones impuestas por el regulador para poder
retomar la actividad. Al principio, el CSN (regulador)
y el gobierno aseguraron que no se vertió radiación
al exterior, pero más tarde las autoridades anun-
ciaron que la cantidad de radiación emitida no era
signicativa y que por tanto no había peligro para
la población residente en los alrededores (WISE
1989), lo cual suponía una contradicción que indu-
cía a desconar de la información proporcionada.
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) que
representaba a los bomberos (afectados) se quejó
por los riesgos personales de estos, ya que el plan
de emergencia (PENTA) no estaba plenamente des-
plegado y aquellos trabajadores no disponían del
equipamiento adecuado ni de la formación necesa-
ria para actuar en instalaciones nucleares, ni habían
sido advertidos sobre el riesgo de radioactividad.
Otros actores (afectados) del territorio reconocieron
también la gravedad del incidente, como los alcal-
des de cuatro municipios vecinos (L’Atmella de Mar,
Pratdip, Montroig, Tivisa) y otras organizaciones de
la sociedad civil, que organizaron manifestaciones
para exigir el cierre de la planta.
Fase 3: Cierre y desmantelamiento (1991 a 2027)
El tercer periodo, todavía en marcha, es el del pro-
ceso de cierre y desmantelamiento, durante el cual
los promotores mantienen una retórica principalmen-
te basada en el control técnico. Así, en una entrevis-
ta concedida a un periódico (El País 2005), el direc-
tor de la central (promotor) subraya el conocimiento
técnico y la experiencia que supone el pilotar el pro-
ceso de desmantelamiento y los elevados niveles de
abilidad que pueden garantizar, lo cual se reivindica
como un ejemplo a nivel internacional en este ám-
bito. Los ayuntamientos de la zona relatan también
el hecho de que la población ya está muy “familiari-
zada” con los riesgos a los que están expuestos, en
especial en el caso de Vandellós (municipio en el que
en 1980 se empezó a construir una nueva central
nuclear, Vandellós II, que entró en funcionamiento en
1988 y todavía está operativa). Además de la fami-
liaridad, los ayuntamientos vecinos valoran positiva-
mente el acceso a información sobre la gestión del
riesgo (Costa Morata 2011). En 2014, dejando claro
que la seguridad debería primar sobre todo lo de-
más, el alcalde de Vandellós valoraba el impacto de
la central nuclear en el territorio como muy positivo
por los empleos generados y la generación de rique-
za en el municipio (El Diario.es 20-10-2014).
Los movimientos sociales relacionados con la
defensa ambiental alertaron de que las condiciones
técnicas de la central nuclear no eran las adecua-
das y sostuvieron que el incidente se debería haber
comunicado antes, puesto que el propio regulador
(CNS) ya había exigido reformas en 1986, lo que in-
dicaba que ya se habían detectado deciencias con
anterioridad (Terra-Ecología Práctica 2014). La or-
ganización Ecologistas en Acción realizó un informe
sobre la situación de Vandellós I denunciando que
los riesgos ambientales y sociales siempre suelen
dejarse en segundo plano cuando se toman decisio-
nes sobre instalaciones energéticas (Ecologistas en
Acción 2014).
Caso 2: Valdecaballeros
La de Valdecaballeros forma parte de la segunda
generación de centrales nucleares en España. Auto-
rizada en 1979, su origen parte de una propuesta de
1972 para dotar a la región de Extremadura de de-
sarrollo económico y energético. El emplazamiento
de la central ilustra los requerimientos que se busca-
ban a principios de los 70, básicamente áreas rurales
despobladas técnicamente apropiadas. El municipio
de Valdecaballeros tenía cuatrocientos habitantes y
asumió favorablemente la llegada de cinco mil tra-
bajadores, la gran mayoría ajenos al territorio. La
documentación disponible muestra que la llegada de
la central nuclear contó con el apoyo de buena par-
te de la población local y de las autoridades locales
(Costa Morata 2011; Gaviria et al. 1978). En 1984
el Gobierno español (de la mano del recién llegado
partido socialista) decretó una moratoria nuclear que
paralizó la construcción cuando los trabajos estaban
realizados al 70-80 %.
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10 . JOSEP ESPLUGA TRENC, BEATRIZ MEDINA, ALBERT PRESAS, MAR RUBIO-VARAS Y JOSEBA DE LA TORRE
Fase 1: 1975-1983
Durante esta primera fase, el promotor de Valde-
caballeros expresa una retórica tecno-optimista en
la que el desarrollo nuclear se presenta vinculado
al progreso económico y tecnológico. Así, el posi-
ble impacto ambiental de la central se plantea como
una ventaja porque “el calor emitido por la planta
nuclear, sobre 30 grados centígrados en invierno,
dará lugar a un clima tropical a las reservas turís-
ticas naturales del Guadiana. Un cambio en el cli-
ma que será una ventaja también para la agricultura
de la zona” (Diario Ya 25-10-1974, citado en Costa
Morata 1976). El argumento económico es el que
se usa para justicar su emplazamiento en Valde-
caballeros. De hecho, la propia construcción de la
central fue enmarcada dentro del concepto de una
especie de Plan Marshall energético para Extrema-
dura, “la Siberia de España”, aludiendo así a una
región desfavorecida que se desarrollaría gracias a
la energía nuclear (Baigorri 1999). En este sentido,
durante la fase de construcción, la central se per-
cibía como una fuente de riqueza. En palabras de
Marino Sierra (posterior alcalde), “todos los pisos
se alquilaron, multitud de trabajadores llegaron […]
y se esperaban más benecios, no solo durante la
fase de construcción sino también debido a los be-
necios de la operación de la central. Los municipios
nucleares reciben cantidades sustanciales de dinero
del gobierno, para la creación de empleos y otras
actividades” (Canal Extremadura 2015).
Sin embargo, los alcaldes de aquel momento de
Valdecaballeros y del municipio vecino de Castiblan-
co introducen argumentos políticos en el debate,
cuestionando el proceso de decisión sobre el em-
plazamiento de la central nuclear porque lo perci-
bían como eminentemente político (y no técnico) y
“desde arriba” (Costa Morata 2011: 115). No obstan-
te, todo parece indicar que, durante la fase de cons-
trucción (1975), el desacuerdo entre los sectores pro
y anti nucleares fue evidente. Mientras unos remar-
caban los argumentos económicos y de generación
de riqueza para el municipio, otros argumentaban
temas de seguridad y de potenciales efectos en la
salud: “el pueblo no quería la central, diga lo que
diga ahora la gente. Eran cuatro los que la querían.
Los de las tierras y los obreros. Y con las cosas de
la salud, con los asuntos de la seguridad de los hi-
jos, no se juega ni por todo el dinero y menos si el
dinero es solo prometido” (palabras de un vecino al
diario Público 29-12-2008). La división existente en-
tre los habitantes del lugar se hizo patente incluso
en la coexistencia diaria. Como uno de los vecinos
arma: “Dio mucho trabajo mientras se construía, sí.
Pero por primera vez en este pueblo en el que nací
vi que se rompía la solidaridad, que empezaban las
envidias” (Público 29-12-2008).
En agosto de 1977 hubo una multitudinaria mani-
festación contra la central nuclear y reclamando la
autonomía política regional que fue duramente re-
primida, dando paso a una etapa en la que ambas
reivindicaciones se presentaron unidas, de tal modo
que en septiembre de 1979 más de un centenar de
alcaldes de la región extremeña en huelga de ham-
bre se encerraron en el ayuntamiento de Villanueva
de La Serena (Badajoz) protestando contra la central
y por la reivindicación territorial autonómica (Baigorri
1999). Además, los movimientos sociales ambienta-
listas denunciaron la desigual distribución del riesgo
entre territorios, y el hecho de que se hubiera esco-
gido Valdecaballeros porque era un pueblo sucien-
temente apartado como para albergar una industria
peligrosa (Costa Morata 2011).
Fase 2: 1983 (la moratoria)
Durante este periodo las políticas reguladoras de
la energía nuclear experimentaron un cambio drás-
tico. En 1982 el partido socialista (PSOE) ganó las
elecciones y en pocos meses, ante la crítica situa-
ción nanciera de los promotores (Martínez López
2004), proclamó una moratoria nuclear. Además, la
reestructuración institucional del estado español en
Comunidades Autónomas facilitó que los nuevos
gobiernos autonómicos tuvieran que demostrar su
sensibilidad a las demandas de su región. En este
Tabla 3
Principales actores del caso Valdecaballeros
Promotores Unión Eléctrica, Hidroeléctrica Española y Sevillana de Electricidad
Autoridades públicas &
Reguladores
CSN
Gobierno nacional
Receptores / Afectados
Gobierno autonómico
Gobiernos locales
Agricultores (comunidades de regantes)
Otros municipios vecinos
Movimientos sociales ambientales: Comisión de defensa del Guadiana; Ecologistas de Extremadura
Habitantes de Valdecaballeros
Otros Expertos cientícos
LAS DIMENSIONES SOCIALES DE LA PERCEPCIÓN DE LA ENERGÍA NUCLEAR . 11
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contexto, varios proyectos nucleares fueron parali-
zados por los nuevos gobiernos autónomos, como
fue el caso de Valdecaballeros. “Decir no a la cen-
tral nuclear, además de por motivos ambientales, era
una forma de mostrar a la gente de Extremadura que
el poder político regional podía enfrentarse tanto al
poder económico como al Gobierno central” (Público
29-12-2008). Así, ante la dura oposición del gobierno
de Extremadura, el gobierno español (PSOE) incluyó
a Valdecaballeros entre las centrales afectadas por
la moratoria nuclear.
Durante este periodo (años 80 y 90) las preocupa-
ciones de riesgo expresadas eran fundamentalmente
las de aquellos actores que vivían en las áreas territo-
riales cercanas, pero no tanto en el mismo municipio,
donde las actitudes solían ser mucho más favorables
a la central (Costa Morata 2011). Un policía local, por
ejemplo, recordaba que “la gente pasó de ganar cua-
tro duros a tener un sueldo jo, y gracias a eso el pue-
blo se reconstruyó entero” (El Mundo 15-11-2015). El
gobierno municipal intentó continuar con la construc-
ción de la planta nuclear después de la moratoria. De
acuerdo con el alcalde de entonces “los trabajadores
se movilizaron con huelgas, la gente estaba muy pre-
ocupada, algunas asambleas en el ayuntamiento, re-
uniones con el gobierno de Extremadura, ocupamos
la iglesia… hicimos muchas cosas pero no sirvieron
de nada” (Marino Sierra, exalcalde de Valdecaballe-
ros en declaraciones a Canal Extremadura, 2015).
Por otro lado, los movimientos ambientales loca-
les tuvieron una percepción negativa del crecimien-
to económico que supuestamente la central nuclear
proveería, ya que argumentaban que la mayoría
serían de muy corta duración y la presencia de la
central sería un obstáculo para el desarrollo de otras
actividades económicas como la agricultura, el turis-
mo, etc. Como apuntaba uno de los responsables de
Ecologistas de Extremadura “por supuesto, hubo sa-
cricios [...] pero se equivocaron respecto al empleo.
Al principio había mucho pero luego se acabó el tra-
bajo. Como en Almaraz. Ese es el riesgo. Ellos te
dan cosas, pero también te las quitan [...] La central
nuclear quitó mucha agua al regadío, a los agriculto-
res y ganaderos, al turismo…” (Público 29-12-2008).
De hecho, las comunidades de regantes de la región
fueron uno de los principales actores contrarios a la
central nuclear, puesto que percibieron posibles pro-
blemas de coexistencia con los requerimientos de
agua de la misma (Martínez-Alier 2016).
Fase 3: Desde la moratoria en adelante
Cuando el desmantelamiento de la central nuclear
se hizo realidad el gobierno local no compartió la de-
cisión. Así, a lo largo de los años, varios alcaldes del
municipio han demandado compensaciones por los
daños económicos que han tenido a causa de que la
central nuclear no se pusiera en marcha; así como
por la falta de proyectos alternativos. Uno de los al-
caldes, el socialista Miguel Ángel García, envió un
acuerdo del pleno al gobierno autonómico (también
en manos socialistas) argumentando que “Valdeca-
balleros se sacricó por el bien común”, y detallando
una serie de proyectos para los terrenos de la central
que nunca se desarrollaron (Público 29-12-2008). Las
propuestas fueron, por ejemplo, la construcción de
una central térmica de ciclo combinado, o una planta
hidroeléctrica aprovechando la infraestructura del em-
balse construido. La última propuesta consistía en la
instalación de dos plantas termo-solares y dos plantas
fotovoltaicas en los terrenos que ocupa la central. En
opinión de David Baños, otro de los alcaldes que ha
tenido Valdecaballeros, la instalación de las plantas
de energías renovables supondría una notable inver-
sión económica y una fuente de recursos impositivos
para el ayuntamiento, pero el Gobierno español ha re-
chazado la propuesta, presumiblemente por si acaso
España apostara de nuevo por la energía nuclear en
el futuro (El Periódico de Extremadura, 30-01-2011).
Caso 3: El almacén de residuos nucleares (ATC)
El VI Plan General de gestión de residuos radiacti-
vos, impulsado por la Empresa Nacional de Residuos
(ENRESA) y aprobado por el Consejo de Ministros el
23 de junio de 2006, dio prioridad a la construcción
de un lugar para almacenar los residuos nucleares
generados por las centrales nucleares españolas
(Almacén Temporal Centralizado - ATC). Esto dio
lugar a un proceso inédito, que introducía transpa-
rencia y participación, para elegir el emplazamiento.
Los municipios que solicitaron la candidatura fueron
14, de los que 8 fueron admitidos como candidatos
rmes. Aquí analizaremos solo las controversias que
se dieron alrededor de la candidatura de Ascó (Tarra-
gona), sobre la que se desarrolló una intensa cam-
paña para lograr emplazarlo en un municipio que ya
contaba con una larga historia de conictos nuclea-
res, así como sobre la localidad nalmente escogida,
Villar de Cañas (Cuenca). Otros autores han analiza-
do el conicto generado en otros de los municipios
candidatos, como el de Zarra (Valencia) por Ernest
García (2011), o el análisis del proceso en general
por Costa Morata y Baños (2010). El proceso encalló
en septiembre de 2015 tras un cambio político en el
gobierno autónomo de Castilla-La Mancha, pero la
propuesta sigue en marcha.
Fase 1: El proceso de candidaturas (2009)
(con particular atención al caso de Ascó)
Los organismos públicos han justicado el empla-
zamiento del ATC en términos de “diversicación eco-
nómica”, ya que está prevista la construcción de un
centro tecnológico junto al almacén nuclear que con-
tribuiría a diversicar los medios de vida en el territorio
en cuestión. El responsable del Ministerio de Indus-
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12 . JOSEP ESPLUGA TRENC, BEATRIZ MEDINA, ALBERT PRESAS, MAR RUBIO-VARAS Y JOSEBA DE LA TORRE
tria de la época (Miguel Sebastián) armó que otras
opciones como los ATI (Almacenes Temporales Indi-
vidualizados) son más caras y menos seguras (Pra-
des 2015). El alcalde de Ascó usó argumentos muy
similares para apoyar la candidatura del municipio:
intereses económicos y desarrollo local (íbid. 181). En
cambio, el Parlamento catalán adoptó una posición
diferente y rechazó la propuesta del almacén de resi-
duos nucleares en Cataluña hasta en tres ocasiones.
Teniendo en cuenta las complejas interacciones entre
el Gobierno español y el catalán, este rechazo se pue-
de interpretar como parte de la estrategia de desafío
al gobierno central (similar a lo que sucedió en el caso
de Valdecaballeros en Extremadura).
En cuanto a la población afectada (o receptora),
se encuentran tanto argumentos a favor como en
contra. Por ejemplo, varias plataformas ciudadanas y
movimientos sociales, algunas ya existentes y otras
creadas para la ocasión (como la CANC - Coordi-
nadora Anti-Cementiri Nuclear de Catalunya) argu-
mentaron su oposición al proyecto en los siguientes
términos (Prades 2015):
Amenaza a la salud pública, una mala heren-
cia para las generaciones futuras (altos nive-
les de radioactividad por cientos de años).
Elevados costes de la gestión de los residuos
radioactivos que deberán ser pagados con re-
cursos públicos.
Carga territorial: Cataluña tiene ya tres cen-
trales nucleares en funcionamiento y una en
proceso de desmantelamiento. Una nueva
instalación nuclear sería ya excesiva.
Limitaciones de un proceso de implicación
real con los actores relevantes, incluyendo las
organizaciones ambientalistas y otros movi-
mientos ciudadanos.
El ayuntamiento de Ascó tomó la decisión de
presentar la candidatura sin proceso informa-
tivo ni participativo previo.
Se podrían probar otras opciones tecnológi-
cas con menos riesgos, evitando el transporte
a larga distancia y mantenimiento de los resi-
duos radioactivos.
Por otro lado, varias asociaciones locales y entida-
des comunitarias se posicionaron en favor del alma-
cén de residuos radioactivos, como el Grup Veïnal Ri-
bera d’Ebre, Volem viure a Flix, la plataforma A.S.C.O.
o Volem viure a Riba-roja (Prades 2015), justicando
su posicionamiento en los siguientes argumentos:
El ATC es una infraestructura pasiva, que
comportaría unos riesgos similares a los de
una instalación industrial convencional.
El ATC generaría nuevas oportunidades eco-
nómicas para el territorio.
La industria nuclear puede convivir con otros
relevantes motores económicos, como la pro-
ducción de alimentos con denominación de
origen y el turismo.
Fase 2: La designación de Villar de Cañas (2011)
En 2011 el gobierno español decidió que el ATC
se emplazaría en Villar de Cañas (Cuenca). ENRE-
SA (promotor) argumentó que sería benecioso para
la región porque se crearían centenares de empleos
durante el proceso de construcción, así como que se
trata de una tecnología efectiva y segura, ya proba-
da en otros países europeos (en Holanda, Suecia,
Francia, etc.), y permitiría a España alcanzar la ex-
celencia cientíca generando empleos de alto nivel
cientíco en el territorio (Enresa 2011).
Tabla 4
Principales actores del caso ATC
Promotores - ENRESA
Autoridades públicas
& Reguladores
- Consejo de Seguridad Nuclear
- Comisión Interministerial para el ATC
Afectados /
Receptores
- Gobiernos autonómicos: Parlamento de Cataluña, Gobierno de Castilla-La Mancha
- Gobiernos municipales: ayuntamiento de Ascó, ayuntamiento de Villar de Cañas
Organizaciones sociales y movimientos ambientales:
- Anti: CANC (Coordinadora anti-cementiri nuclear de Catalunya), Plataforma contra el Cementerio Nuclear
en Cuenca, Greenpeace, Ecologistas en Acción
- Pro: Grup Veïnal Ribera d’Ebre, Volem viure a Flix, Plataforma A.S.C.O. y Volem viure a Riba-roja,
Agrupación de Empresas de Villar de Cañas, Plataforma SÍ queremos el ATC en Villar de Cañas
Otros (expertos)
- Instituto de Salud Carlos III
- CADS (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible)
- Instituto de Geología
- Tribunal Superior de Justicia de Castilla y La Mancha. Y Consejo de Transparencia Pública
LAS DIMENSIONES SOCIALES DE LA PERCEPCIÓN DE LA ENERGÍA NUCLEAR . 13
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Una vez más, entre la población afectada (recep-
tores) se dieron diferentes posiciones ante el ATC,
acompañadas de los respectivos argumentos. Orga-
nizaciones ecologistas, como Greenpeace o Ecolo-
gistas en Acción, han sido protagonistas activos del
proceso (Prades 2015):
Argumentando que el emplazamiento fue es-
cogido por razones políticas más que técnicas,
pues no es adecuado ni la calidad del terreno
ni está próximo a instalaciones nucleares.
Criticando la actuación del CSN porque, desde
su punto de vista, el regulador tramitó la auto-
rización preliminar del emplazamiento sin su-
ciente información y a pesar de existir serias
dudas entre expertos de la propia institución.
Argumentando que el transporte de residuos
nucleares puede comportar riesgos graves
porque el trayecto pasaría por 216 municipios,
que tendrían también derecho a información y
participación pública sobre el proyecto, cosa
que no se ha dado.
La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en
Cuenca, formada por 49 organizaciones sociales, am-
bientales y ciudadanas, declaró su rechazo al empla-
zamiento por los siguientes motivos (PCNC 2016):
Va en contra de su propuesta de un desarrollo
local basado en energías renovables, turismo
sostenible e industria alimentaria de calidad.
Consideran que el transporte de residuos pue-
de ser un problema porque la seguridad no
está probada.
Consideran que no hay un consenso social real.
Sostienen que experiencias similares en otras
áreas han mostrado que no se genera riqueza
con este tipo de instalaciones.
Y además, temen que los valores naturales y
culturales de las áreas circundantes puedan
ser dañados (pérdida de turismo y del valor de
su herencia cultural histórica).
Simultáneamente, varias asociaciones y movi-
mientos locales aparecieron dando apoyo a la elec-
ción de Villar de Cañas, implicando a ciudadanos
y trabajadores en el desarrollo de los trabajos. Por
ejemplo, la Asociación de Empresas de Villar de Ca-
ñas o la Plataforma Sí queremos el ATC en Villar de
Cañas. Sus argumentos eran principalmente de tipo
económico (creación de empleo, desarrollo comar-
cal, progreso industrial, etc.).
Fase 3: Interrupción (2015)
ENRESA (el promotor) insiste en los argumentos
de la creación de empleo, de inversión económica
y de una infraestructura tecnológica pionera. El Go-
bierno español, a su vez, argumenta que detener los
trabajos causaría pérdidas económicas, 51 millones
por año (y un incremento en la factura eléctrica del
25% o 30%), e insiste en que la decisión se tomó con
un importante consenso social, territorial e institucio-
nal. Pero el gobierno autónomo (de Castilla-La Man-
cha) argumenta irregularidades en el planeamiento, y
advierte de que no se dan las garantías de seguridad
necesarias porque existen informes externos contra-
dictorios, y porque está previsto aumentar la zona
ZEPA. De hecho, el Colegio Ocial de Geólogos y
los expertos del CSN (Área de Ciencias de la Tierra)
expresan también sus dudas sobre la viabilidad del
emplazamiento, advirtiendo de posibles costes eco-
nómicos adicionales. Los ayuntamientos de la zona
expresan su preocupación por la ampliación de la
zona ZEPA, que podría ocasionar pérdidas a agricul-
tores y al desarrollo del ATC. El alcalde de Alconchel
de la Estrella (municipio vecino) arma que ENRESA
(promotor) ofreció 12.000 euros anuales hasta que el
ATC empezara a funcionar, lo que se interpreta como
una estrategia para convencer a la oposición.
Los principales movimientos sociales ambientales
(Greenpeace y Ecologistas en Acción) siguen argu-
mentando su posición contraria al ATC por los moti-
vos anteriormente citados.
Comparación de los tres casos
Mediante el análisis realizado hemos podido re-
gistrar un amplio abanico de argumentos utilizados
por los diversos actores protagonistas de las contro-
versias nucleares en España. Se ha podido obser-
var en la opinión pública española una evolución de
actitudes de relativo desinterés en los años 70 hacia
posiciones mayoritariamente contrarias a la energía
nuclear a partir de nales de aquella década y sobre
todo de los años 80, manteniéndose desde entonces
en un 60-70 % de actitudes antinucleares según las
encuestas disponibles, con pocas uctuaciones has-
ta hoy día. Unas encuestas que no consiguen cap-
turar la multidimensionalidad de las percepciones de
riesgo en este tipo de conictos socioambientales.
Por otro lado, al analizar los casos concretos y
los argumentos de los diferentes actores implicados
en las controversias, se observa que los diferentes
actores coinciden en pocas de las dimensiones de
percepción del riesgo.
La percepción de los “promotores” de la energía
nuclear se caracterizó principalmente por:
[A] Una retórica tecnooptimista que, en los orígenes,
tiende a subestimar los problemas ambientales y
a enfatizar la abilidad, seguridad y eciencia de
la tecnología nuclear y de su gestión. Incluso los
potenciales impactos ambientales se tienden a
reinterpretar de manera positiva (por ejemplo, se
arma que la agricultura se beneciará del posi-
ble cambio del clima a nivel local).
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14 . JOSEP ESPLUGA TRENC, BEATRIZ MEDINA, ALBERT PRESAS, MAR RUBIO-VARAS Y JOSEBA DE LA TORRE
[B] Un enfoque riesgo-benecio, desde el que, aún
reconociendo que existen ciertos riesgos, se
asume que siempre serán compensados por los
benecios.
En cuanto a las autoridades públicas con compe-
tencias sobre el tema, coinciden en gran medida con
los argumentos de los “promotores”, y tienden a po-
ner el énfasis en:
[C] Los empleos que puede llegar a crear en áreas
rurales o en crisis
[D] Los aspectos de seguridad y abilidad de la tec-
nología (valorados positivamente).
Entre la población afectada o “receptores”, encon-
tramos diferentes tipos de respuestas. Por un lado,
entre la población afectada y los movimientos sociales
ambientales se observan los siguientes argumentos:
[E] Preocupación por la disrupción de las formas de
vida de la población local (cambios en activida-
des productivas, en valores naturales y cultura-
les, etc.).
[F] Las instalaciones potencialmente peligrosas no
se perciben distribuidas con suciente equidad
en el territorio (décits en términos de justicia
ambiental).
[G] Existe desconanza respecto a la gestión que las
empresas del sector y los reguladores hacen del
riesgo nuclear.
[H] Se echa en falta un mayor grado de participación
pública, una extensión de la democracia partici-
pativa en la toma de decisiones sobre los desa-
rrollos nucleares.
[I] Hay preocupación también por la contaminación
del territorio y los posibles daños a la salud por
radiaciones o accidentes.
También existen grupos sociales a nivel local que
se posicionan en favor de la energía nuclear, princi-
palmente algunos sectores de los municipios concre-
tos donde se emplazan las infraestructuras nuclea-
res. Sus principales argumentos parecen ser:
[J] La familiaridad con la energía nuclear (principal-
mente en casos de territorios que cuentan con
estas instalaciones desde hace décadas).
[K] Valoración positiva de los benecios económicos
originados por su instalación en el territorio.
[L] No perciben que los riesgos nucleares sean supe-
riores a los de otras actividades industriales.
Los ayuntamientos y gobiernos locales han solido
ser más receptivos a aquella retórica economicista,
de tal manera que en aquellas localidades donde se
emplazaban infraestructuras nucleares se argumen-
taba en términos de:
[M] La creación de puestos de trabajo, de indemniza-
ciones o compensaciones para el municipio, etc.
[N] Sin embargo, se observa también que incluso
estos gobiernos locales, en ocasiones, tienden a
argumentar una cierta desconanza por las pro-
mesas incumplidas de los gobiernos regionales o
central en el pasado.
[O] Finalmente, se observa que las instituciones pú-
blicas de ámbito regional (autonómico) e incluso
nacional han ido cambiando de posiciones a lo
largo del tiempo, en ocasiones jugando la carta
antinuclear como un modo de legitimarse ante un
electorado escéptico con las nuevas instituciones
regionales, generando cohesión entre sus anes
(caso de Extremadura en los años 80, con Valde-
caballeros), o bien como expresión de poder ante
otras autoridades políticas o institucionales (caso
de Cataluña en los últimos años, con el ATC).
Situando todos estos argumentos en una tabla po-
demos observar su distribución entre las dimensio-
nes de percepción del riesgo propuestas en nuestro
marco teórico (Tabla 5), evidenciando dónde pone el
acento cada actor a la hora de justicar su posición.
conclusIones
En el presente texto hemos presentado un
marco teórico que integra aportaciones de varias
tradiciones sobre percepción de riesgos. A partir
de series históricas de encuestas y de la descrip-
ción (exploratoria) de tres casos, hemos intentado
dar cuenta de las dimensiones que conforman la
percepción del riesgo nuclear. El análisis muestra
cómo los actores protagonistas de los conictos
nucleares utilizan argumentos relativamente dis-
Tabla 5
Distribución de los principales argumentos de los actores por dimensiones de percepción del riesgo
Nota: Las letras corresponden a los códigos asignados a cada argumento en los párrafos anteriores.
Dimensiones Promotores Autoridades públicas Receptores
Salud y medio ambiente A D I, L
Económicas B C K, M
Socioculturales E, J, O
Político-institucionales F, G, H, N
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pares, y permite entender cuál es la dimensión
de percepción del riesgo que ponen de relieve en
cada caso. En términos generales, mientras pro-
motores y reguladores suelen poner el acento en
las dimensiones de “salud/medioambiente” (garan-
tizando seguridad y minimizando posibles daños
en estos ámbitos), y en dimensiones “económicas”
(valorando la riqueza que puede aportar al terri-
torio), los grupos opositores incluyen además di-
mensiones “socioculturales” (pues perciben las in-
fraestructuras nucleares como una amenaza a sus
formas de vida y actividades cotidianas) y dimen-
siones “politicoinstitucionales” (principalmente por
la desconanza percibida hacia las instituciones
encargadas de gestionarlas). Signicativamente,
promotores y reguladores tienden a desestimar
este tipo de argumentos, preriendo centrar la dis-
cusión en aspectos técnicos de seguridad, ambien-
tales y económicos, sin tener en cuenta que dichas
dimensiones sí son relevantes para una parte de la
población, especialmente para la que se suele po-
sicionar más contraria a los proyectos nucleares.
Desde nuestra perspectiva no es posible entender
las respuestas sociales a la energía nuclear, y por
tanto gestionar adecuadamente los conictos que
se puedan derivar, sin tener en cuenta el conjunto
de las cuatro dimensiones propuestas.
Se observa también que las encuestas de opinión
pública sobre energía nuclear no prestan adecua-
da atención a indicadores que vayan más allá de
la percepción de potenciales impactos (positivos o
negativos) a la salud, al medio ambiente o al desa-
rrollo económico, dejando fuera la mayor parte de
indicadores socioculturales (como atributos subjeti-
vos del riesgo, impactos sobre identidades sociales,
territoriales o políticas, o sobre tradiciones y valores,
incluyendo imaginarios militares), e indicadores poli-
ticoinstitucionales (como todo lo relacionado con la
conanza en las instituciones –promotoras y regula-
doras–, en el sistema político o las percepciones de
(in)justicias o agravios comparativos). Se trata de un
décit que habría que subsanar para poder captar
toda la complejidad de las percepciones de riesgo.
Por otro lado, la cercanía entre los argumentos
de promotores y de reguladores es algo esperable
en una tecnología como la nuclear, que requiere de
un entorno económico e institucional favorable a
grandes inversiones, solo alcanzable con un fuerte
compromiso del sector público (tal como advertían
Rubio-Varas et al. 2017). El hecho de que su de-
sarrollo solo pueda hacerse mediante megaproyec-
tos muy intensivos en uso de recursos públicos y
privados, que una vez en marcha son difícilmente
reversibles (creando path-dependency), probable-
mente sea una de las principales características de
la energía nuclear (Flyvbjerg et al. 2003), lo cual
inevitablemente genera desajustes en su gestión en
un contexto de apertura democrática de las institu-
ciones, cada vez más interpeladas para introducir
más voces en la toma de decisiones. Las deman-
das sociales en las democracias contemporáneas
exigen una apertura de la toma de decisiones, de
tal modo que las personas o colectivos afectados
por el desarrollo de una tecnología potencialmen-
te peligrosa dispongan de mecanismos para incluir
sus puntos de vista en la toma de decisiones (Eu-
ropean Commission 2002). No obstante, a pesar de
los avances en esta dirección, hay dudas de que
las características constitutivas de la energía nu-
clear (o su signature, en términos de Horlick-Jones
et al. 2010) permitan dar una fácil respuesta a las
inquietudes que los grupos opositores plantean en
términos de dimensiones socioculturales y politi-
coinstitucionales.
agradecImIentos
Este artículo se ha elaborado parcialmente con
datos provenientes del proyecto HONEST (History
of Nuclear Energy and Society) (http://www.ho-
nest2020.eu), nanciado por la Comisión Europea
mediante la convocatoria Horizon 2020, programa
formativo de Euroatom, Grant Agreement 662268.
Queremos agradecer también los comentarios críti-
cos de Ana Prades (CIEMAT-CISOT) a una primera
versión de este texto.
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RIS [online] 2017, 75 (4), e075. REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA. ISSN-L: 0034-9712
doi: http://dx.doi.org/10.3989/ris.2017.75.4.17.02
18 . JOSEP ESPLUGA TRENC, BEATRIZ MEDINA, ALBERT PRESAS, MAR RUBIO-VARAS Y JOSEBA DE LA TORRE
JOSEP ESPLUGA TRENC. Doctor en Sociología, profesor del Departamento de Sociología de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP), especializado en sociología del riesgo, medio
ambiente y salud. Es coordinador del Posgrado en Dinamización Local Agroecológica y del Minor en Desarrollo Sosteni-
ble y Ciudadanía Global de la UAB.
BEATRIZ MEDINA PARRA. Licenciada en Ciencias Ambientales, investigadora del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas
(IGOP). Máster en Comunicación Cientíca (UPF). Está especializada en el análisis de riesgos ambientales y la gestión
de la comunicación ambiental. Ha trabajado en numerosos proyectos europeos sobre estos temas como investigadora
en WE&B y en el CIEMAT.
ALBERT PRESAS. Doctor en Historia por la Technische Universität Berlin, profesor del Departamento de Humanidades de la
Universitat Pompeu Fabra, y profesor visitante en el Instituto Planck para la Historia de la Ciencia en Berlín. Sus intereses
de investigación se centran en la ciencia, la cultura y el poder; ciencia en la periferia europea; ciencia y franquismo y la
historia de la energía nuclear.
MAR RUBIO-VARAS. Doctora en Economía por la London School of Economics (Reino Unido). Profesora del Departamento de
Economía de la Universidad Pública de Navarra. Es economista de la energía e historiadora económica. Sus intereses de
investigación se centran en las relaciones a largo plazo entre la energía, consumo y crecimiento económico, cubriendo
también aspectos de la dependencia externa energética y la transición a una economía baja en carbono. Recientemente
se ha centrado en los aspectos económicos y nancieros de la historia y desarrollo del programa nuclear español.
JOSEBA DE LA TORRE. Doctor en Historia y profesor de Historia Económica del Departamento de Economía. Universidad
Pública de Navarra. Su actual campo de investigación principal es la política económica española durante el franquismo
y, en particular, la política industrial y la planicación del desarrollo (décadas de 1940 a 1970). Ha sido profesor visitante
en La Maison des Sciences de l’Homme en París (FR) y en el Centro de Estudios Europeos y Mediterráneos de la New
York University. Junto a la Dra. Rubio-Varas dirige un equipo de investigación para el estudio sobre la historia económica
de la energía nuclear en España.
... A partir de estos lineamientos teóricos se toma como base bibliografía sobre controversias -especialmente aquella que se enfoca en la producción de la nucleoelectricidad (McAdam y Boudet, 2012;Hindmarsh y Priestley, 2016;Espluga Trenc et al., 2017)-, con el concepto de resistencia a las tecnologías de Bauer (2015). En este sentido, se entiende a la resistencia como una forma de expresión de posicionamientos frente a las tecnologías, que pone en escena la capacidad y la libertad de elección ciudadana sobre modelos tecnocráticos de toma de decisiones, y que puede ser expresada de múltiples formas; es decir, "la resistencia es mentalidad, actitud y acción. ...
... No obstante, el accidente de Fukushima en 2011 posicionó nuevamente a la tecnología nuclear en el centro de la atención de los movimientos ambientalistas, de la agenda pública y de los medios de comunicación masiva, lo que impactó en la reinstalación de controversias y debates en el escenario global (Hindmarsh y Priestley, 2016; Piaz, 2015;Espluga Trenc et al., 2017). En el marco de un ciclo de protestas ambientales que atravesaba América Latina (Vara, 2012), se registraron en México nuevas acciones de resistencia a la tecnología nuclear que dieron visibilidad a los cuestionamientos en la esfera pública. ...
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Este artículo presenta un estudio exploratorio de las controversias que emergieron en México desde finales de los años setenta debido al incremento del proceso productivo de la nucleoelectricidad y al surgimiento de nuevas voces de oposición tras el accidente de Fukushima en 2011. A partir de la articulación entre literatura sobre controversias, resistencia a las tecnologías y política contenciosa, se identifican los actores y los argumentos que conforman los procesos de discusión por el desarrollo nuclear en la esfera pública, así como las continuidades, las rupturas y los impactos de la resistencia que se han registrado durante la últimas tres de décadas.
... In terms of the energy sector, the controversies aroused by the construction of reservoirs to support the country's hydroelectric development during Franco's dictatorship stand out [25][26][27][28]. The public debate around the thermoelectric power sector has mainly focused on air pollution, radioactivity risks, and nuclear waste management, especially since the Chernobyl and Three Mile Island accidents [29][30][31]. Until very recently, the volumes of fresh water drawn in Spain for cooling purposes were unknown [32,33]. This dearth of knowledge meant that there was a lack of understanding of whether large scale water withdrawals would inadvertently cause problems. ...
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Water resources are limited and uneven in space and time. Competition for the use of the resource can lead to conflicts between water users. Besides its use for irrigation and agriculture, water is an essential input in the thermoelectric power generation process. Massive Spanish nuclear program projects have conditioned water management in the country, as significant freshwater volumes need to be constantly available for the proper operation of these facilities. Water for cooling has conflicted with other water-using activities, resulting in regional imbalances. The present study shows that cooling water represented a source of conflict between irrigators and electricity companies in Spain in the 1970s and 1980s. A historical analysis of documentary sources reveals that the drawing off of fresh water for cooling by the nuclear industry was one of the many causes of frequent disputes and the rise of social movements against the installation of nuclear power plants in Spain during that period.
... Moreover, similar to the experience of transboundary relations between Danish and Sweden discussed in the special issue (Kaijser and Meyer 2018b) the Spanish/Portuguese context is marked by a long history of cooperation between nuclear institutions (public and private) across the border, that more recently prompted conflict, but also by the emergence of transboundary activist networks: a heterogeneous movement composed of environmental activists and former uranium miners. Over the past forty years, vibrant antinuclear movements have flourished in both countries; however, they have only started to attract scholarly attention in the past decade (for Portugal see Araújo and Mendes, 2013;Barca and Delicado, 2016;Graça, 2017;Mendes and Araújo, 2011;Pereira, Fonseca and Carvalho, 2018; for the case of Spain see Costa Morata, 2009;Espluga et al. 2017;Hamilton, 2017). ...
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This article is focused on nuclear transboundary issues between Portugal and Spain, two countries that share a long history of nuclear collaboration and conflict of late, where national borders played a crucial role. The issues at stake cover the full spectrum of the nuclear cycle: uranium mining, power production and waste disposal. The first stage, under two fascist dictatorships, was characterised by collaboration within a common techno-political imaginary, where nuclear energy was understood as a driver of modernity, but with the absence of the public in decision-making processes. The second stage was marked by the advent of democracy in both countries and the reconfiguration of nuclear policies: while Portugal abandoned the nuclear endeavour, Spain implemented a nuclear moratorium but kept ten reactors operative. The third phase, which started in 1986 and goes until the present time, was marked by two crucial events: joining the European Communities (EC) and the Chernobyl accident. The first event allowed Brussels to become a referee on Spanish/Portuguese nuclear disputes. The second one implied that Portugal expanded its institutional vigilance on Spanish nuclear activities and led to the emergence of transboundary social movements against nuclear power.
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Back cover text: Megaprojects and Risk provides the first detailed examination of the phenomenon of megaprojects. It is a fascinating account of how the promoters of multibillion-dollar megaprojects systematically and self-servingly misinform parliaments, the public and the media in order to get projects approved and built. It shows, in unusual depth, how the formula for approval is an unhealthy cocktail of underestimated costs, overestimated revenues, undervalued environmental impacts and overvalued economic development effects. This results in projects that are extremely risky, but where the risk is concealed from MPs, taxpayers and investors. The authors not only explore the problems but also suggest practical solutions drawing on theory and hard, scientific evidence from the several hundred projects in twenty nations that illustrate the book. Accessibly written, it will be essential reading in its field for students, scholars, planners, economists, auditors, politicians, journalists and interested citizens.
Article
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La gestio dels riscos tecnologics i ambientals, juntament amb la promocio del desenvolupament sostenible, ha constituit un pilar essencial de les politiques publiques de les ultimes decades. Una bona part d’aquestes politiques ha pretes influir en l’opinio publica fomentant comportaments preventius o evitant aquells que no resulten sostenibles. No obstant aixo, la ciutadania no sol seguir aquestes recomanacions sense mes ni mes, sino que desplega un ampli rang d’accions que van des de la mera indiferencia fins al rebuig o la protesta, la qual cosa, al seu torn, pot traduir-se en una major degradacio ambiental o en una excessiva exposicio al risc per part de la poblacio. Aquest desajustament entre els objectius de les politiques ambientals i els comportaments de la ciutadania constitueix un aspecte critic, tant per a la governanca del risc com per a la legitimitat democratica. Aquest article mostra com la recerca social ha intentat comprendre i resoldre aquests reptes. Mitjancant una revisio bibliografica, s’analitza l’origen i l’evolucio dels estudis sobre percepcio i comunicacio social del risc, des de les aproximacions mes tecnocratiques dels inicis fins a les mes participatives dels ultims temps, i es destaquen les seves fortaleses i febleses respectives. Finalment, en un intent d’il·lustrar els enfocaments actuals mes innovadors, s’introdueix el metode STAVE com un exemple d’interconnexio (mitjancant procediments de corretatge) de l’esfera de l’elaboracio de politiques ambientals amb l’esfera de la vida quotidiana de la ciutadania.
Article
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Studies of risk perception examine the judgements people make when they are asked to characterize and evaluate hazardous activities and technologies. This research aims to aid risk analysis and policy-making by providing a basis for understanding and anticipating public responses to hazards and improving the communication of risk information among lay people, technical experts, and decision-makers. This work assumes that those who promote and regulate health and safety need to understand how people think about and respond to risk. Without such understanding, well-intended policies may be ineffective.
Technical Report
The overall aim of this research project was to help the HSE and other Government departments responsible for developing and operating controls over major accident hazards achieve a better understanding of public perceptions of the risks associated with these sites. It was intended that the research would inform discussions about a number of policy issues related to the regulation of risk at major hazard sites. These include strategies for communication with members of the local public, the new requirements for public consultation and participation under the Seveso II Directive and the setting of tolerability criteria for regulatory purposes. The project studied public perceptions around seven different major hazard sites, which varied considerably in scale. The sites included three chemical production sites, a major petrochemical complex, an oxygen enrichment and bottling plant, an LPG store and a water treatment works. The sites were spread across the country, from Tyneside to the Hampshire coast and from North Wales to Yorkshire. The study was based primarily on a series of focus group discussions with local residents living within the consultation or public information zone around each site. The focus group discussions included the use of land use planning scenarios to explore a number of policy issues. Participants also completed a Q-sort exercise designed to elicit their views about the local site. Background research at each site included interviews with site operators, regulators and other key local actors, as well as research in local archives.
Article
Spain was the first developing country to exploit a nuclear power plant commercially. By the early 1970s Spain had become the major nuclear client of the USA, the world’s largest reactor exporter. Despite its importance, historians are just beginning to revisit and establish the sequence of the events that make up Spain’s nuclear history. This article analyses the role played by the state in enabling one of Western Europe’s poorest countries to join the exclusive nuclear power club. In a departure from the technological approach used in previous literature, the history of Spain’s progress in the nuclear power field is retraced against the background of its political and economic evolution.
Book
'Risk Governance is a tour de force. Every risk manager, every risk analyst, every risk researcher must read this book - it is the demarcation point for all further advances in risk policy and risk research. Renn provides authoritative guidance on how to manage risks based on a definitive synthesis of the research literature. The skill with which he builds practical recommendations from solid science is unprecedented.' Thomas Dietz, Director, Environmental Science and Policy Program, Michigan State University, USA "A masterpiece of new knowledge and wisdom with illustrative examples of tested applications to realworld cases. The book is recommendable also to interested students in different disciplines as a timely textbook on 'risk beyond risk'." Norio Okada, Full Professor and Director at the Disaster Prevention Research Institute (DPRI), Kyoto University, Japan 'There are classic environmental works such as The Tragedy of the Commons by Hardin, Risk Society by Beck, The Theory of Communicative Action by Habermas, and the seminal volumes by Ostrom on governing the commons. Renn's book fits right into this series of important milestones of environmental studies.' Jochen Jaeger, Professor at Concordia University, Montreal, Canada 'Risk Governance provides a valuable survey of the whole field of risk and demonstrates how scientific, economic, political and civil society actors can participate in inclusive risk governance.' Jobst Conrad, Senior Scientist, Social Science Research Center Berlin, Germany 'Renn offers a remarkably fair-minded and systematic approach to bringing together the diverse fields that have something to say about 'risk'. Risk Governance moves us along the path from the noisy, formative stage of thinking about risk to one with a stronger empirical, theoretical, and analytical foundation.' Baruch Fischhoff, PhD, Howard Heinz University Professor, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA 'I cannot describe how impressed I am at the breadth and coherence of Renn's career's work! Written with remarkable clarity and minimal technical jargon… [this] should be required reading in risk courses!' John Graham, former director of the Harvard Risk Center and former deputy director of the Office of Budget and Management of the Unites States Administration This book, for the first time, brings together and updates the groundbreaking work of renowned risk theorist and researcher Ortwin Renn, integrating the major disciplinary concepts of risk in the social, engineering and natural sciences. The book opens with the context of risk handling before flowing through the core topics of assessment, evaluation, perception, management and communication, culminating in a look at the transition from risk management to risk governance and a glimpse at a new understanding of risk in (post)modern societies.
Article
Perceptions of risk from radiation have been studied systematically for about 20 years. This paper summarises the key findings and conclusions from this research with regard to the nature of risk perceptions, the impacts of these perceptions, and the need for communication about radiological hazards. Perhaps the most important generalisation from research in this area is that there is no uniform or consistent perception of radiation risks. Public perception and acceptance is determined by the context in which the radiation is used and the very different reactions to different uses provide insight into the nature of perception and the determinants of acceptable risk.
Article
To raise public acceptance of new energy policies, promoting the fairness of the outcomes and of the decision-making procedure has been suggested. Very few studies have examined the role of fairness in public acceptance of rebuilding nuclear power plants. Therefore, using a large mail survey, we investigated the public’s acceptance of the decision to rebuild nuclear power plants in Switzerland by 2020. The study examined the influence of procedural fairness and outcome fairness on the acceptance of this decision, as well as other factors such as risk perception and benefit perception. Additionally, we investigated the moderating influence of general attitudes towards nuclear power on the relation between fairness and decision acceptance. Results indicated that outcome fairness strongly increased decision acceptance, along with general attitudes towards nuclear power and perceived economic benefits. Procedural fairness had only a small impact on decision acceptance. The influence of fairness on decision acceptance did not seem to depend on general nuclear attitudes. Our findings imply that, in the case of rebuilding nuclear power plants, perceived benefits and outcome fairness are important determinants of acceptance of the decision, while procedural fairness only has a limited impact.
Article
The extent to which nuclear energy technologies are, in some sense, "stigmatised" by historical environmental and military associations is of particular interest in contemporary debates about sustainable energy policy. Recent claims in the literature suggest that despite such stigmatisation, lay views on such technologies may be shifting towards a "reluctant acceptance," in the light of concerns about issues like anthropogenic climate change. In this paper, we report on research into learning and reasoning processes concerned with a largely unknown nuclear energy technology; namely fusion power. We focus on the role of the nuclear label, or "brand," in informing how lay citizens make sense of the nature of this technology. Our findings derive from a comparative analysis of data generated in Spain and Britain, using the same methodology.