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colección el pez en la red
Tras la huella de la verdad
El caso Gloria Lara de Echeverri
Jaime Gómez
BOGOTÁ 2007
ISBN COLECCIÓN 958-9091-67-9
ISBN DE LA OBRA 958-8239-22-2
© Herederos de Jaime Gómez Velasquez
©De la nota introductoria: Diana Marcela Gómez Correal
© Del Prólogo Roberto Burgos Cantor
© Fundación para la Investigación y la Cultura
Cali Bucaramanga Bogotá
E-Mail: fundafica1@gmail.com
Página web: www.nuestramericalibros.com
Edición: Diana Marcela Gómez Correal
Ilustracíón de la Portada: Atletas cósmicos. Salvador Dalí
Diagramación
Carlos Garzón, Cincco
Impresión:
Luar Comunica Ltda.
Hecho en Colombia
Abril de 2007
Destino anunciado
Roberto Burgos Cantor
Poco a poco las producciones de las ciencias sociales, en Colombia, han
logrado acuñar entre reflexiones, conceptos, hipótesis y recuperaciones de
hechos, unas claves para la comprensión de los conflictos de una sociedad
cuyo lastre de problemas irresueltos y el vértigo de un acontecer sin
dirección ni brújula han tornado escurridiza su complejidad y envuelto en
espejismos su posibilidad de verdad.
Un poderoso esfuerzo de revelación y rectificación ha acompañado la
voluntad de historiadores, intérpretes, analistas y estudiosos de la política po
situar el pasado en un espacio de comprobaciones donde deje de pervertir la
presente y cese su deformación.
La reflexión y la palabra que en los debates pretéritos tuvieron el designio
de flagelar y escarnecer. Ahora contruyen un mapa meditado y con
supuestos que pueden ser discutidos y donde la realidad surge libre de las
fantasmagorías que la aprisionaron.
Así Tras la huella de la verdad, El caso Gloria Lara Echeverri de Jaime
Gómez Velásquez cumple un propósito doble. Por un lado constituye un
testimonio del estado de subordinación y precario rigor de la justicia
nacional. Por el otro, y es la mayor virtud de este texto doloroso y valiente,
logra con declaraciones oficiales, cifras y periódicos de la época, reconstruir
un momento de agotamiento del modelo político conforme al cual se
desarrollaba la gobernabilidad del país y se avanzaba o se estancaba su
desarrollo económico y social. Esta circunstancia le permite al autor una
demostración central en el libro: toda una conspiración de finalidad política
desvía el recto proceder de la justicia y al envilecerla afecta la vida de unos
ciudadanos cuya inocencia es atropellada y su horizonte de futuro torcido sin
causa.
A lo mejor sin proponérselo y a medida que el libro de Jaime Gómez
desenvuelve su traba con la precisa puntualidad de las fatalidades de la
tragedia, van apareciendo los elementos principales que condujeron al traste
del proyecto de búsqueda de paz negociada del gobierno de Batancur.
Tras la huella de la verdad, en medio de la documentada y novedosa
hipótesis del delito que se acerca al crimen de Estado, no en su ejecución,
sino en la manera en que se aprovecha un secuestro y la consiguiente
muerte de frustrar una política pública desde el interior mismo del aparato
estatal. Para hacerlo se implementa por una autoridad ilegítima, no ese
delito recreado por el cine italiano consistente en el fuero indestructible de
intocable que cubre a ciertos sujetos de la sociedad llamados ciudadanos
sobre toda sospecha, si uno justamente su contrario: unos ciudadanos que
contra cualesquier evidencias son convertidos en ciudadanos bajo toda
sospecha. Y por tanto culpables desde siempre.
Ese implacable señalamiento apenas puede ser comprendido en el
contexto de análisis que el autor traza. Y en la tensión que surge entre un
mundo de apariencia abstracto, ajeno a la cotidianidad de los hombres,
mujeres y niños que van por la calle perseguidos por la necesidad y
persiguiendo la ilusión que se esfuma, y la humanidad concreta de los
actores, allí, reside el secreto de lo conmovedor y terrible del texto de
Gómez Velásquez.
El escritor polaco Witold Gombrowicz postuló alguna vez el poder
purificador que tiene la realidad. A esa formidable empresa, vistuosa como
pocas, de devolverle su estatuto de real a la realidad fue a la que contribuyó
con Tras la huella de la verdad de Jaime Gómez. Es probable que ningún
manifiesto religioso, político, filosófico y cívico, tenga más carga de pureza y
fe en los ideales de la comunidad y convivencia que éste encerrado en el
título del libro: la verdad deja huellas, a pesar de los intereses torcidos y la
mentira.
El lector sabrá que cuando Jaime Gómez Velásquez escribió este libro no
tuvo la mejor señal aciaga que le advirtiera que un día de desgracia él
mismo sufriría en su muerte el oprobio de la impunidad y el sigilo de la
injusticia.
Roberto Burgos Cantor
Bogotá D.C., 18 de Marzo de 2007
Preludio a mi padre
Diana Marcela Gómez Correal
Me levanté a las tres de la madrugada. No tenía sentido seguir dando
vueltas en la cama tratando de conciliar el sueño. Anduve unos pocos pasos
hasta llegar al computador. De manera compulsiva comencé a ver uno a uno
los archivos electrónicos de mi padre. Me animaba el deseo por conocer a
profundidad dimensiones suyas que había dejado escapar, sin escudriñar,
simplemente porque estaba vivo. Encontré en esa búsqueda su trabajo de
grado y recordé todo lo que sobre él había escuchado. Abrí y vi la
dedicatoria, me regocije. No tenía más que hacer, comencé a leer el texto.
Me lo bebí tan rápido como el vaso de agua que fui a buscar para acompañar
cada renglón y página de su escrito. Al final decidí que el mejor homenaje
que le podíamos hacer a mi padre era publicar la tesis en forma de libro. Así
se lo propuse a mi hermano Sebastián, al tío Eduardo, a Lelys y a la abuela.
Mi padre, Jaime Gómez, escribió el texto que hoy ve la luz pública como
resultado de una investigación exhaustiva que relaciona la ocurrencia de un
hecho con el momento histórico en el que sucedió. Una lectura
contextualizada y relacional del secuestro y posterior asesinato de Gloria
Lara de Echeverri, permite entender de manera más completa y explicativa
el suceso en cuestión. Al imbuirme en la tesis, cerca a menos de la mitad,
decidí imprimir las páginas restantes para poder disfrutar de una lectura
cuerpo a cuerpo. Allí, ya estaba enfrentada con una serie de preguntas y
reflexiones que quiero poner a consideración sólo a manera de preludio.
En el capítulo “Los enemigos de la Paz”, fue inevitable que los hechos
relacionados, los actos judiciales, las expresiones del gobierno y la opinión
pública relativos al acontecimiento en cuestión, me remitieran una y otra vez
a la coyuntura actual del país y a la desaparición forzosa y posterior
asesinato de mi padre. El texto me suscitó reflexiones sobre la verdad, la
escritura de la historia, el papel de las élites gobernantes, los gremios, la
izquierda y las organizaciones sociales. Me remitió, así mismo, a preguntas
por la memoria, el olvido, la aplicación de justicia, la posibilidad de una
salida negociada al conflicto armado, la viabilidad de Colombia y la
democracia. Inquietudes que también preocupaban a mi padre.
Terminé el capítulo. Ratifique en ese momento mi posición política de
rechazo a la práctica del secuestro y de las desapariciones forzosas. Me
convencí una vez más de que en el país actos violentos que degradan al ser
humano en tales dimensiones no contribuyen a la consolidación de un país
realmente democrático y en paz. Sigue siendo mi anhelo que junto a la
verdad se aplique justicia y ambas permitan, con la convicción política real
de todos los actores sociales que deben estar involucrados, el delineamiento
de un camino menos árido y más próspero para la construcción de una
Colombia en paz que parta de llenar de contenido dicho anhelo.
Con gran expectativa leí las primeras líneas del capítulo “Una conspiración
contra la Paz”. Lo primero que pensé fue que la publicación del texto no
hubiese encontrado mejor momento que este. Nada más cercano a los
primeros años de la década de 1980 que la coyuntura actual. Vino a mi con
la fuerza que contiene, la siguiente frase: “quien no conoce la historia está
condenado a repetirla”. Me pregunté en el clímax de esas páginas: ¿qué es
lo que se escribe sobre lo acaecido? ¿Quiénes y cómo lo hacen y se difunde?
¿Bajo que lente y con qué intereses? Algo similar me surgió sobre la
memoria: ¿qué se recuerda, qué se olvida y por qué? La construcción de una
memoria y una historia hegemónica, difundida por los sectores dominantes
del país ha dejado de lado versiones de esos hechos que son fundamentales
para la construcción histórica de la verdad, la identidad y los proyectos
políticos y sociales futuros.
Medité. Volver al pasado no tiene porque significar abrir heridas para
mortificar a los distintos actores o condenarse a vivir en pretérito. Concluí, la
re-escritura de la historia es fundamental para pensar el futuro desde el
pasado mismo. Pese a que la historia como disciplina tiene un trayecto
significativo, debemos reconocer que la incidencia de la Academia en la
construcción de la historia oficial, aquella que se difunde y apropia como La
Historia del país es baja. Trágicamente han sido las versiones oficiales las
que han permitido a la gran mayoría de las y los colombianos hacer una
lectura de nuestra realidad. Sabiendo de la importancia de la historia y su
conocimiento en la construcción del presente y el futuro, así como de opinión
pública y alternativas políticas, no deja de ser preocupante que una óptica
tan parcializada sobre la realidad sea la que tenga preponderancia.
Hemos aprendido desde nuestro oficio como historiadores, yo también lo
soy, que la escritura de la historia es una cuestión política quizás más que
cualquier otra. En la escritura, difusión y apropiación de versiones históricas
se juega una batalla por la hegemonía y en consecuencia por el poder que
también cruza la memoria y la verdad. Lo que se recuerda en Colombia tiene
que ver de manera directa con cuál información se difunde en los medios de
comunicación, qué se enseña en la escuela, qué se discute en la casa, el
trabajo y en otros espacios. Indudablemente la escritura de la historia y la
construcción de la o las memorias están ligadas con el régimen de verdad
que se pone a circular y en ese sentido es importante tener claro que han
sido verdades en extremo politizadas las que han circulado en el país.
Nuestra historia no se puede seguir recreando sólo desde una versión,
desde un ángulo. Es cierto, Gloria Lara fue secuestrada y asesinada, pero
también lo es que existen versiones sobre lo acaecido. Mientras la versión
oficial habla de una veintena de culpables que hoy están en el exilio sin estar
condenados como procedería en consecuencia a la verdad de sus autores;
otras versiones -las no oficiales, las que más cuesta difundir-, plantean otros
responsables, formas de utilización política del hecho, análisis exhaustivos
de la situación y la rotunda inocencia de quienes fueron culpados. En tal
versión oficial, hegemónica, se denuncian los secuestros pero no se difunden
las ciento de desapariciones forzosas que comenzaron a realizar desde
finales de los años setenta organismos de inteligencia del Estado. Si bien se
denuncia el secuestro de Gloria Lara no se hace lo propio con la desaparición
en el mismo proceso de Patricia Rivera, sus dos pequeñas hijas y el anciano
Marco Antonio Crespo.
A este punto termine de leer toda la tesis. Tenia una decena de frases
subrayadas y todas estaban conectadas con la verdad. En relación a otras
versiones de la historia conecté una reflexión. La mente quedo un momento
en blanco, luego pensé: “a Colombia conocer y tramitar la verdad le va a
costar mucho más de lo que quiere y está dispuesta a pagar”. A nosotros, las
y los colombianos de carne y hueso también nos costara bastante, por lo
cual es importante comenzar con un análisis sobre qué implicaciones tiene
decirla y para qué lo hacemos. En ese instante considere que no se trata de
un debate meramente moralista o cristiano de decir la verdad -mea culpa-
por decirla, o un asunto de ajuste de cuentas o chantaje político. La verdad
tiene muchas más dimensiones sí queremos que contribuya a construir un
mejor futuro pues implica la aceptación de las mentiras dichas, asumir el
costo político de los actos realizados, el conocimiento de dimensiones aún no
reconocidas por las y los ciudadanos de la realidad del país, y la construcción
de posturas políticas serias y claras.
Inundados de discursos mesiánicos, de polarizaciones extremas y un
deseo poco crítico de construcción de la paz, no se ha asumido
responsabilidad individual, colectiva y política para hacer un balance de los
procesos y de nuestra historia. Aquí su escritura y sus usos públicos son
relevantes. El compromiso del historiador tiene que ver con la ligazón y
responsabilidad que le corresponde con un conjunto social que va más allá
de los lectores habituales. Sobre mentiras podemos seguir orientando el país
hacia el caos destructor, y esto pasa de dimensiones históricas lejanas a la
realidad concreta. No deja de ser extraño que en pleno proceso de
negociación de los Acuerdos Humanitarios para liberar personas
secuestradas por las FARC, ocurra un atentado en la Escuela Superior Militar
en el contexto de denuncia de atentados que se han revelado como falsos
positivos realizados por las fuerzas armadas del país, las mismas que
deberían garantizar la seguridad. Precisamente son esos mismos actores los
que en 1982 construyeron una verdad, una versión de los hechos para
inculpar a dirigentes de la izquierda legal del secuestro de Gloria Lara en un
momento en el cual los acercamientos para la negociación de la paz
parecían el camino apropiado.
Aquí ya se me ha subido un poco la sangre a la cabeza. No deja de ser ya
vergonzante la actitud de las Fuerzas Armadas del país en momentos en que
puntos de encuentro para la negociación del conflicto armado aparecen. No
sobra recordar la posición de rechazo que mostraron muchas de las figuras
relevantes de las Fuerzas Armadas del país en el proceso de paz entre las
FARC-EP y el Gobierno de Andrés Pastrana. Bajo este lente es lastimoso ver
cómo se privilegia la vía armada y la derrota militar a la concertación. Sin
embargo, más allá de esta posición evidente de guerreros patriarcales; cabe
anotar que es claro que allí cuentan otros intereses que se defienden tras
esas posiciones. El papel de un sector importante de los gremios económicos
y las élites gobernantes en los procesos de negociación del conflicto armado
deja ver que los intereses que se anteponen al momento de hablar de paz
son sobre todo de orden económico, privilegios políticos, sociales y
culturales que no están dispuestos a ceder pese al futuro incierto del resto
de las y los colombianos.
Reposo, pero no puedo dejar de hilar las coincidencias entre ese momento
histórico y el actual en lo relativo al tratamiento del conflicto, la construcción
de la paz y la negociación del conflicto armado interno. Bajo un lente
histórico es necesario que el país conozca el papel de dichos sectores y que
estos además asuman el costo total que ha tenido para el conjunto del país
su posición reacia a la paz, la violación de derechos humanos, su actitud de
sabotaje y la infranqueable postura que privilegia la acción militar al diálogo
y la concertación. Sino es clara para Colombia la parcialidad de las Fuerzas
Armadas y de otros actores pertenecientes a las élites, no será posible
construir alternativas reales a la negociación y a la construcción de la paz. Es
necesario poner en evidencia tales posiciones. En consecuencia estas
reflexiones y circulación de nuevas verdades permitirán hacer análisis
relativos a otros aspectos fundamentales para el país como son la justicia y
la democracia. En Colombia debe haber un balance de lo que ha implicado
asumir la justicia por cuenta propia y la existencia de privilegios para
algunos actores en su aplicación.
El país merece que las Fuerzas Armadas reconozcan que en su política
contrainsurgente han incurrido en varios delitos: desapariciones forzosas de
personas, asesinatos, vulneraciones de derechos humanos y que además
han contado con una jurisdicción especial, como la aplicación de la Justicia
Penal Militar, que ha permitido que los pocos casos que comienzan a ser
juzgados por estos desmanes, terminen en la impunidad. Me preocupa sobre
manera como nos estamos condenando a la pérdida de todo sentido ético
del valor de la vida y la integridad humana. En esa lógica perdimos a nuestro
padre. En una sociedad democrática no podemos permitir que unos crímenes
y prácticas de terror sean menos castigados o repudiados que otros
dependiendo de sus autores.
Sí en Colombia no se aplica en el momento actual la justicia, en una
medida justa, el futuro será bastante gris pues no tendremos como condenar
las prácticas violatorias de los derechos humanos. Para ello la justicia deberá
ser entendida no sólo como la sanción para quienes han delinquido, sino
también como el proceso que permite resarcir a quienes han sido
mancillados sin razón alguna y a quienes han vivido en carne propia el peso
bruto de la guerra y el conflicto armado.
En este último sentido la publicación de este libro busca exigir la
aplicación de la justicia y la reparación para aquellos que han sido culpados
sin serlo y a quienes son víctimas sobrevivientes de este proceso. Quiere
contribuir a asumir públicamente un debate sobre un hecho concreto de la
historia reciente de Colombia y suscitar reflexiones sobre la encrucijada
actual del país. Busca generar procesos que pongan a circular versiones de
la historia que incluyan en los regimenes de verdad otras versiones que han
sido eliminadas o puestas en lo marginal por el poder hegemónico. En esa
ruta la publicación se sitúa en el campo de disputa política y cultural actual,
no está al margen de los debates coyunturales ni de la batalla por el poder.
Desea generar reflexiones para asumir responsabilidades, pues el país en su
conjunto debe comenzar a pensar qué parte le corresponde en la actual
crisis.
La construcción hegemónica de la historia desde quienes han ostentado el
poder ha estado escrita desde demasiadas mentiras para que podamos
soportar más en el momento actual. De allí que la reflexión sobre la verdad
sea fundamental en este momento, máxime cuando no se trata de cualquier
verdad ya que queremos verdades históricas, contextualizadas y claras que
permitan conocer los vínculos de todos los actores sociales con la
prolongación de una guerra de décadas que al pasar del tiempo se degrada
en dimensiones inaceptables. La construcción de una historia, de un tipo de
verdades, de una memoria y la difusión de una política del olvido específica
debe ser develada, cuestionada, puesta en jaque. La historia debe ser
re-escrita con miradas más críticas y plurales.
Siempre habrá puntos de vista diversos cruzados por opciones y
posiciones políticas concretas. Es sin duda el diálogo y la concertación los
que permitirán construir puntos medios y alternativas que beneficien al país
en su conjunto. Creo que no se trata de sustituir la hegemonía de un grupo o
actor dominante por la de otro. Una nueva tendrá que ser construida entre la
más amplia mayoría. ¿Cómo? Supongo - recordando una charla con mi padre
- que ahí está el reto, esa es la encrucijada política y la conexión con la
construcción de una democracia radicalizada para que Colombia sea viable.
La democracia, construida en un sentido más amplio del que tenemos,
incluirá el entendimiento y la tramitación de las diferencias políticas y de
todo orden desde la co-existencia misma de los distintos actores.
He leído una y otra vez la tesis de mi padre. En esas idas y venidas le he
hecho unas pocas correcciones de estilo y he añadido unas notas y anexos
que sólo buscan actualizar información sobre el caso. Lo demás quedó
intacto, como se mantuvo el deseo de hacer un homenaje desde mi mayor
admiración a un hombre que se la jugó y soñó mundos posibles, quien
combinó un alto compromiso político y social desde ambas arenas con la
reflexión académica e intelectual. Homenaje y recreación de memoria
porque en el texto se plasma su visión, desde la cual buscó ligar el papel,
compromiso y tarea como historiador, con su convicción y responsabilidad
política.
Sigo aprendiendo de él. Por eso no puedo dejar de decir que la mirada
contextual y relacional empleada en su escrito es la que resulta
supremamente necesaria en el propio caso investigativo sobre su muerte.
Evidencias y pruebas aportadas al proceso nos permiten seguir sosteniendo
que el asesinato de mi padre fue un homicidio político con premeditación,
acechanza y alevosía. Esta publicación, debo decirlo, es al mismo tiempo un
encadenamiento entre su convicción política y la mía, un punto de encuentro
que no pretender eliminar las diferencias. Padre, de muchas formas has
escrito historia.
Tras la huella de la verdad
Introducción
En el tránsito hacia los años ochenta, el Régimen de Gobierno Compartido
en Colombia fue cuestionado por una aguda crisis política que puso en
entredicho la estabilidad institucional del Frente Nacional, pactado en 1958
por los Partidos Liberal y Conservador.
En el contexto de un capitalismo dependiente, la industrialización y la
acelerada urbanización actuaron como agentes de una modernización
económico-social cuyos efectos minaron la credibilidad de la sociedad en la
coalición bipartidista. La injusta distribución de la riqueza nacional y la
pérdida por parte del Estado del control y la mediación de gran parte de las
expresiones de poder existentes en la sociedad evidenciaron las dificultades
de los sectores dominantes en la reproducción del bloque hegemónico en el
poder. El narcotráfico, la insurgencia armada y la protesta popular actuaron
como los principales catalizadores que cuestionaron el Estado de Derecho.
Entre los años de 1978 y 1982 las élites en el poder bajo el mandato de
Julio César Turbay Ayala optó por un modelo represivo para conjurar la crisis
política. Para tal efecto, el gobierno expidió en 1978 el Estatuto de Seguridad
en virtud del cual se reforzó la autonomía del Ejército en el manejo del orden
público, dando lugar a la acción represiva con su concomitante violación de
los derechos humanos. Política que se tradujo tanto en el fortalecimiento de
las Fuerzas Armadas como en la militarización de la sociedad civil.
Con el ascenso al poder de Belisario Betancur en agosto de 1982, las élites
proclives a una solución reformista de la crisis, optó por una política de
Diálogo Nacional que contemplaba la búsqueda de una paz negociada con la
guerrilla y una apertura democrática del sistema.
Las decisiones tomadas para implementar el nuevo modelo, tales como el
levantamiento del Estado de Sitio, la derogatoria del Estatuto de Seguridad,
la suspensión de la Justicia Penal Militar para juzgar a los civiles, la amnistía
a la guerrilla y el inicio de las primeras investigaciones acerca de quiénes
eran los verdaderos gestores del movimiento Muerte A Secuestradores, MAS,
menoscabaron el poder militar y produjeron una gran insatisfacción en la
cúpula de las Fuerzas Armadas. De una posición determinante en el gobierno
de Turbay, los militares asistieron al debilitamiento de su poder bajo el
nuevo gobierno y asumieron el papel de contradictores.
En tal coyuntura política fue secuestrada en Bogotá la señora Gloria Lara
de Echeverri el 23 de junio de 1982 y posteriormente asesinada el 28 de
noviembre del mismo año. Delito que fue reivindicado por una Organización
Revolucionaria Popular y que mereció el repudio unánime de la sociedad.1
1 Nota de la editora: En entrevista a la revista Semana Nr. 31 (del 7-13 de diciembre de
Un mes después de cometido el asesinato, el 28 de diciembre, el
Comandante de la Brigada de Institutos Militares de Bogotá, BIM, Francisco
Hernando Díaz Sanmiguel, sindicó a una veintena de personas, como los
autores intelectuales y materiales del plagio y asesinato de Gloria Lara de
Echeverri.2
La celeridad de la investigación adelantada por la Justicia Penal Militar, el
señalamiento de los supuestos autores del delito por un denunciante
secreto, la anormal detención de los acusados, las indagatorias en la
Brigada, la ausencia de abogados defensores, las torturas denunciadas, la
condena pública previa y la violación de la reserva del sumario, el secuestro
y desaparición de cuatro personas, dieron lugar al cuestionamiento de la
conducta de las autoridades militares y civiles que conocieron del caso, al
tiempo que motivaron un debate público que trascendió los estrados
judiciales.
Más allá del delito, habitual en el accionar de la delincuencia común y
política, el acontecimiento tuvo lugar justo en el momento de recambio en el
modelo de gobierno. Razón por la cual el Caso Gloria Lara de Echeverri es
asumido en la presente investigación como objeto de estudio en cuanto
induce a establecer los posibles nexos de causalidad entre el hecho en sí y la
coyuntura política que lo contiene.
En efecto, el Caso Gloria Lara de Echeverri terminó por expresar, entre
noviembre de 1983 y mayo de 1984, parte de las contradicciones en torno al
reconocimiento político otorgado a la guerrilla, la amnistía y las
investigaciones sobre el grupo paramilitar Muerte a Secuestradores, MAS.
Esta investigación atina a comprobar que las auto-inculpaciones de las
personas sindicadas por la Brigada del plagio y crimen de Gloria Lara de
Echeverri, fueron arrancadas bajo la tortura con el propósito de deslegitimar
el proceso de paz. De tal suerte, se involucraron sectores de la sociedad civil
ajenos al conflicto armado.
1982), el representante a la Cámara por el sector galanista, Miguel Gamboa, aclaró que la
Organización Revolucionaria Popular había sido fundada en 1972 pero había dejado de
existir en 1978 cuando se transformó en una coalición electoral llamada Movimiento
Nacional Democrático Popular, MNDP, que hizo alianza con el Movimiento Obrero
Independiente y Revolucionario, MOIR, y apoyó la candidatura de Jaime Piedrahita
Cardona. “El uso que los criminales han hecho de la sigla ORP, o bien responde a la
casualidad o bien a la intención de proporcionarse una coartada que les permita ganar
tiempo”, manifestó Gamboa en dicha entrevista.
2 Nota de la editora: Varias de las personas sindicadas se hallaban detenidas desde
hacía varios días en las caballerizas de la brigada militar. Ese mismo día el Comandante le
entregó a los noticieros de televisión un video donde los sindicados que se hallaban en su
poder, se autoinculpaban del delito. Tan pronto como los detenidos fueron sacados de las
instalaciones militares denunciaron que, bajo torturas y vejámenes, habían sido obligados a
autoinculparse de un crimen del cual nada tenían que ver.
La información suministrada por la prensa, en particular la reseñada por el
periódico El Tiempo, fue la principal fuente de consulta para la realización de
la presente investigación. De igual manera se emplearon otros documentos
atinentes al Caso Gloria Lara de Echeverry. Por otra parte se revisó
bibliografía pertinente al análisis del Frente Nacional para advertir las causas
que determinaron tanto la crisis de legitimidad del Régimen de Gobierno
Compartido, como los dos modelos –represivo y reformista- puestos en curso
por los presidentes Julio César Turbay y Belisario Betancur para recomponer
la estabilidad perdida.
El escrito parte de una visión general que reseña de manera sintética los
agentes y las transformaciones que signaron el proceso de modernización en
el decurso del Frente Nacional, para luego describir las manifestaciones más
destacadas que incubaron el cuestionamiento del Estado de Derecho. Más
adelante se aborda el período de transición entre los gobiernos de Turbay y
Belisario para reseñar los hechos significativos que rodearon el secuestro,
cautiverio y posterior homicidio de Gloria Lara de Echeverri, así como la
polémica pública que suscitó el caso.
En el aparte siguiente se dimensiona el pulso de poderes entre los
militares, los gremios y la autoridad civil en torno a la amnistía, las
investigaciones sobre el MAS y la reforma política. Por último se retoma la
hipótesis propuesta al recapitular analíticamente los elementos relevantes
de la investigación para advertir los nexos entre el acontecimiento en sí, y la
coyuntura política que lo contiene y define como un hecho histórico.
Al asumir el Caso Gloria Lara de Echeverry como objeto de estudio, se
pretende no sólo comprender las condiciones, agentes y motivaciones que le
confieren al hecho una connotación histórica, sino que también está
presente el compromiso por dilucidar el pasado reciente que permita
delimitar las líneas de fuerza y contradicciones sobre las cuales discurre la
violencia, para que los sujetos históricos incidan en los factores que impiden
la construcción de una paz estable en Colombia.
El desgaste del Frente Nacional
En 1958 los partidos liberal y conservador reconstituyeron el bloque
político hegemónico en el poder mediante el pacto de coalición del Frente
Nacional que puso fin en Colombia a la violencia bipartidista, retornó las
Fuerzas Armadas a los cuarteles y restauró la democracia representativa. En
el contexto de un capitalismo dependiente se adoptó una orientación
económica tendiente a industrializar el país, sustituir las importaciones y
fomentar las exportaciones.
El pacto de coalición y paz nacional definió la sucesión de cuatro períodos
de gobierno compartido hasta 1974, distribución equitativa de ministerios y
burocracia en las ramas del poder público; candidato presidencial elegido
por acuerdo y distribución igualitaria de las curules parlamentarias. Así, se
sucedieron de manera alternada hasta 1974 los gobiernos de Alberto Lleras,
Guillermo León Valencia, Carlos Lleras y Misael Pastrana. Coalición que fue
ampliada hasta 1986 mediante el artículo 120 de la Constitución Política que
contemplaba la participación ministerial del partido mayoritario derrotado en
las elecciones presidenciales. En tal sentido les sucedieron los gobiernos de
Alfonso López, Julio César Turbay y Belisario Betancur.
Pero como lo señala Gabriel Silva Luján, el pacto suscrito era superficial,
«En el fondo se escondían las semillas de importantes movimientos sociales
y políticos que vendrían con los meses y los años a convertirse en poderosos
enemigos de la estabilidad del régimen de gobierno compartido”.3 En efecto,
los procesos de modernización económica y social, que despegaron con
inusitado aceleramiento a partir de la segunda mitad de siglo, significaron
cambios sustanciales en la sociedad colombiana que terminaron por
cuestionar la legitimidad del régimen de gobierno compartido al término de
los años setenta. Los factores más importantes de esa transformación fueron
la migración, la industrialización y la violencia. Nunca antes las estructuras
sociales en Colombia habían cambiado tanto en tan corto tiempo. Esta
mutación la determinó el transito hacia una sociedad urbana cuya población
citadina pasó del 40% en 1951 al 69.5% en 1985.4
Los agentes del cambio
El pacto del Frente Nacional se configuró como un monopolio excluyente
de otras opciones políticas, paradójicamente, cuando “(...) en el país se
3 Silva Lujan Gabriel, “El origen del Frente Nacional y el gobierno de la Junta Militar”, en
Nueva Historia de Colombia, Tomo ll, Editorial Planeta, Bogotá: 1989, p. 210.
4 Rueda Plata, José Olinto, “Historia de la Población de Colombia: 1880-2000”, en Nueva
Historia de 1989, p. 365.
empezaba a recibir una serie de influencias modernizadoras, provenientes
de la vida internacional y, en el plano interno, se comenzaba a configurar
otras opciones de desarrollo cultural diferentes de las propuestas desde la
cultura oficial”.5
La revolución cubana y china, los ecos de la disputa chino-soviética; la
teología de la liberación, el movimiento mundial por la paz, así como la lucha
por los derechos civiles en Estados Unidos, redimensionaron en el continente
americano la movilización social. En el combate a las diversas formas que
adoptaron la inconformidad social y la violencia, las Fuerzas Armadas
colombianas redefinieron su concepción en torno a la Seguridad Nacional en
el contexto del conflicto este-oeste.
Los medios de comunicación cumplían con el papel de interconectar la
sociedad planetaria y no habría en lo sucesivo hecho importante que no
influyera en las sociedades de masas. Colombia había ingresado a este
circuito para acelerar su proceso definitivo de integración al mundo
capitalista occidental. “Se esfumó la hegemonía de la cultura letrada y
elitista, laica o religiosa (…). Al tiempo que amplios segmentos de la
población empezaban el aprendizaje de los modos de vida urbana (...)”.6
La caída de las tasas de natalidad y mortalidad, la alfabetización, la
consolidación de un mercado interno con redes financieras y administrativas,
de transporte y telecomunicaciones; el suministro más amplio de bienes de
consumo colectivo y el aumento del número de viviendas, mejoraron
ciertamente las condiciones de vida de los colombianos”.7
En las grandes ciudades, ruralizadas por el flujo masivo de inmigrantes en
un contexto creciente de monopolización de los medios de comunicación,
emergió una nueva cultura de masas que colonizó el resto del país. Las
clases medias profesionales urbanas, producto del sistema escolar y de la
iniciativa personal, debieron compartir la movilidad social con los medianos y
pequeños industriales de la ciudad y del campo. De manera paralela al
crecimiento del proletariado y de los trabajadores de los servicios, creció la
burocracia estatal y el sector de la economía informal, con una vinculación
sin precedentes de la mujer al mundo del trabajo.
5 López De La Roche Fabio, Izquierdas y Cultura Política. Cinep, Bogotá: 1994, p. 36.
6 Palacios Marco, Entre la Legitimidad y la Violencia. Editorial Norma, Bogotá: 1995, p.
321.
7 Hernando Gómez Buendía y Guillermo Perry señalan que la tasa de analfabetismo
disminuyó del 27 % al 20 % entre 1964 y 1973. La escolaridad primaria ascendió de 57 % en
1964 a 82 % en 1980, la secundaria del 14 % al 39 % y la universitaria del 2 % al 8 %.
Miguel Urrutia reseña que entre 1951 y 1973 las viviendas que tenían acceso al acueducto y
la energía pasaron del 28.8 % y el 25. 8 % al 62. 7 % y al 57. 6 % respectivamente. Datos
suministrados por Múnera Ruiz, Leopoldo, Rupturas y Continuidades. IEPRI, CEREC, Bogotá:
1998, p, 229.
En los años 70 y 80, tanto los hijos de las clases medias como de los
inmigrantes de segunda generación afirmaron una personalidad urbana cuyo
progreso se fincaba en el esfuerzo individual; desinhibida y menos
impregnada de ideología que expresó su inconformidad en la abstención
electoral, en los movimientos de opinión y de la contracultura o en la
militancia política de izquierda. La inseguridad, el ascenso social rápido, los
cambios en los patrones de gusto y moda así como la afición a las nuevas
culturas musicales y al gran espectáculo modificaron definitivamente los
patrones de conducta social.
Las transformaciones
El modelo económico de sustitución de importaciones adoptado, no
obstante permitir el acceso de los sectores medios al consumo masivo,
facilitó la concentración del ingreso en detrimento del bienestar de las
mayorías nacionales.8 Caracterizado por las bajas tasas de inversión y
ahorro, la fuga de capitales y los índices mínimos de fiscalidad, el modelo
hizo más ostensibles las desigualdades económicas y sociales tanto entre lo
urbano y lo rural como entre las regiones periféricas y los centros que se
desarrollaban por el ímpetu de las inversiones.
Con el Frente Nacional la representación política se desarrolló bajo una
democracia restringida que lejos de incorporar la participación del conjunto
de la sociedad la excluyó o reprimió su disidencia. El sistema electoral afincó
su reproducción cooptando amplios sectores populares mediante redes de
patronazgo y de clientela que privatizaron el Estado en favor de las facciones
partidarias en el poder, propiciando la corrupción, la apatía política y el
descontento popular.
Las dos fuerzas de oposición más significativas fueron desarticuladas
rápidamente por el monopolio bipartidista. El dirigente del Movimiento
Revolucionario Liberal, MRL, Alfonso López, creó una disidencia liberal en
1960 que al cabo de siete años de oposición regresó a las toldas oficiales. El
discutido triunfo electoral del candidato oficial Misael Pastrana sobre la
Alianza Nacional Popular en abril de 1970, aumentó la desconfianza
ciudadana respecto de la pureza del sistema electoral.
En la medida en que el monopolio bipartidista negaba la representatividad
de los intereses sociales en conflicto, los antagonismos fueron quedando al
descubierto. En 1964 surgieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia -FARC-, de la confluencia del movimiento agrario de orientación
comunista y núcleos sobrevivientes de la violencia del Frente Nacional, como
respuesta organizada del campesinado al combate del Ejército a las
8 Población en Colombia se encontraba en condiciones de pobreza. Estadísticas citadas
por Múnera Ruiz Leopoldo, pp. 224-235.
llamadas “repúblicas independientes”. Acontecimiento que marcaría en lo
sucesivo la colonización armada de vastas regiones selváticas del sur del
país.
A mediados de la década del sesenta también irrumpieron organizaciones
como el Ejército Popular de Liberación, EPL, y el Ejército de Liberación
Nacional, ELN, inspiradas en el éxito maoísta y de la Sierra Maestra. Hacia
1974 hizo su aparición el Movimiento 19 de Abril, M-19, como una
organización político-militar de carácter urbano, surgida de la Alianza
Nacional Popular, ANAPO, y de ex militantes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, FARC. En esos años la insurgencia estaba
constituida básicamente por movimientos armados rurales de autodefensa
con poca incidencia política nacional.
A partir de 1970, pero con mayor fuerza en su segunda mitad, las
protestas de los trabajadores y del movimiento estudiantil, las
recuperaciones de tierra y los paros cívicos se constituyeron en
manifestaciones recurrentes de las clases subalternas que pugnaron por
traducir en políticas legales sus aspiraciones e intereses de clase expresando
su inconformidad en el limite de la legalidad, cuando no al margen de ella.
Movilizaciones que orientadas o acompañadas por decenas de
organizaciones de izquierda incidieron en la dirección de la Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC,9 la recomposición del movimiento
sindical y popular cuya acción tuvo su punto más álgido en el paro cívico de
1977.
En el tránsito hacia los años ochenta la delincuencia, la insurgencia y la
represión oficial incrementaron la violencia que a su vez era extendida por
las incipientes mafias del narcotráfico. Período para el cual la crisis de
legitimidad del régimen se hizo evidente.
En el decurso del Frente Nacional, las Fuerzas Armadas culminaron su
profesionalización y modernización. Su experiencia en el combate contra la
violencia supérstite de los años cincuenta, y de la confrontación a los nuevos
movimientos insurgentes nacidos en la década de los años 60 contribuyó al
fortalecimiento de la autonomía del Ejército en el control del orden público.
Su inmersión en la guerra anti-subversiva no sólo le dio sentido a la acción
militar y reforzó su identidad corporativa sino que “(…) les permitió llenar el
vació ideológico que significaba quedar huérfanos de la adscripción a uno u
9 La ANUC se constituyó en el Primer Congreso Nacional de Usuarios Campesinos de
Colombia efectuado en Bogotá entre el 7 y 9 de julio de 1971. Surgió como una organización
gremial promovida por el gobierno de Carlos LLeras Restrepo a fin de hacer más expedito el
proyecto liberal de reforma agraria, que contaba con una fuerte resistencia de latifundistas
y ganaderos. A partir de febrero de 1971 la ANUC inició una ola de recuperaciones de tierra
que la alejó de la tutela del gobierno y la acercó a sectores políticos de izquierda. En julio de
1972 se protocolizó la división de la ANUC entre la pro gobiernista Línea Armenia y la Línea
Sincelejo, esta última ampliamente mayoritaria y de orientación izquierdista. Ver, Múnera
Ruiz, Leopoldo, Rupturas y Continuidades, op. cit., pp. 239-266.
otro partido (...)”.10 Condiciones que, aunadas al desgaste del Régimen,
facilitaron la definición de la versión colombiana de la Doctrina de Seguridad
Nacional.11
En el tránsito hacia los años 80 el desencanto social era manifiesto. Se
hizo evidente que el pacto alcanzado en 1958 por el liderazgo bipartidista,
las élites empresariales y la jerarquía católica, no había logrado la
legitimidad buscada.
Las fuerzas sociales surgidas en el curso de la segunda mitad del siglo
habían modificado las relaciones de poder preexistentes para tornarlas
heterogéneas y conflictivas. “Entre 1978 y 1982, las actividades militares
representaron un esfuerzo para poner en marcha la mecánica concepción de
la sociedad hecha por la Doctrina de Seguridad Nacional”,12 justo cuando
amplios sectores dominantes temían por la estabilidad del Estado de
Derecho demo-liberal.
10 Leal Buitrago, Francisco, El Oficio de la Guerra. La Seguridad Nacional en Colombia, TM
Editores, Bogotá: 1994, p. 46.
11 Al término de la Segunda Guerra, los Estados Unidos promulgaron en 1947 el Acta de
Seguridad Nacional como el instrumento para movilizar y racionalizar la economía nacional
en el contexto de la Guerra Fría, para dar lugar a la concepción del Estado de Seguridad. En
el mismo año los países americanos suscribieron el Tratado Interamericano de Asistencia
Reciproca con el fin de conformar un bloque bélico orientado a preservar el statu quo
vigente bajo la dirección estratégica de los Estados Unidos. Política que conjugada con la
experiencia contrainsurgente de los franceses en Argelia e indochina, llevó a los militares
brasileros a formular la Doctrina de Seguridad Nacional. Doctrina implementada
principalmente por las dictaduras militares de Brasil y Argentina en los años 60 y 70. En
Colombia, la doctrina en mención tuvo su expresión mas acabada en las disposiciones
consignadas en el Estatuto de Seguridad expedido bajo el gobierno de Julio César Turbay en
1978. Ver : Leal Buitrago, Francisco, El Oficio De La Guerra, op. cit., pp. 11-60.
12 Idem, p. 54.
La crisis de los años ochenta
Al término del Frente Nacional, se sucedieron las administraciones
liberales de Alfonso López (1974-1978) y Julio César Turbay (1978-1982) que
prorrogaron los principios fundamentales sobre los que se había creado el
régimen de coalición. Gobiernos bajo cuya gestión floreció la crisis de
gobernabilidad incubada en el transcurso de las décadas anteriores. El
catalizador de ésta sería el narcotráfico y como coadyuvantes la movilización
popular y la insurgencia armada.
En la polémica que tuvo lugar en la sociedad colombiana sobre la
legitimidad del régimen, los analistas vislumbraban como factores centrales:
el decrecimiento económico y las demandas populares insatisfechas, la
corrupción política, la inseguridad; pero sobre todo, el recrudecimiento de las
múltiples violencias que expresaban análogos conflictos sociales y políticos
que el estado colombiano era incapaz de resolver.
La recesión económica
En las postrimerías del gobierno de Julio César Turbay, el país había
entrado en la peor recesión desde los años treinta. A la liberación de
importaciones adoptada desde el gobierno de Alfonso López, se sumarían el
fin de la bonanza cafetera y la recesión internacional que, asociadas,
marcaron el inicio de un período de estancamiento y deterioro cambiario que
azotó la economía colombiana a partir de 1979.
Para 1982 el déficit comercial externo se había multiplicado por siete en
dos años, y las exportaciones habían caído en más de una cuarta parte entre
1980 y 198313. Turbay se endeudó en el exterior para financiar parte de la
apertura importadora y, si bien, las reservas fueron equilibradas, el servicio
de la deuda absorbió buena parte de los ingresos por las exportaciones. Así,
apertura y menos ingresos redujeron la demanda interna que afectó la
producción local y dio origen a la recesión.
La tasa de crecimiento económico descendió del 8,9% en 1978 al 2,0% en
1981.14 Las actividades productivas, ya debilitadas, asistieron entonces a
una parálisis del 30% de la capacidad instalada de la industria, para dar
lugar a saldos en rojo, quiebras y concordatos a partir de 1982. El déficit
público pasó del 2,4% del PIB en 1980 al 6,8% en 1982,15 en tanto que la
13 Kalmanovitz Salomón, Economía y nación. Siglo XXI editores, Bogotá: 1988, p. 522.
14 Leal Buitrago, Francisco, Estado y Política en Colombia, Siglo XXI editores, Bogotá,
1989, p. 289.
inflación se acercaba a guarismos del 30%.16 Alarmados, el Fondo Monetario
Internacional, FMI, y la banca internacional presionaron la reducción del
déficit para obtener del Estado excedentes que garantizaran el pago de la
deuda externa.
Durante la década de los setenta se estimuló un amplio mercado de
capitales que terminó por concentrar la liquidez en pocos intermediarios
financieros que coludieron entre sí para apropiarse, no siempre en
operaciones trasparentes, de empresas, bancos y grupos económicos.
Llegada la crisis de demanda a partir de 1980, la iliquidez de las sociedades
productivas arrastró tras de sí parte de aquellos intermediarios que
especulaban con capital al debe.
La crisis se precipitó, a pocas semanas de la posesión de Belisario
Betancur, por los dudosos préstamos de algunos bancos a instituciones
asociadas a ellos mismos en consorcios que hicieron peligrar la confianza en
el sistema financiero colombiano. En septiembre de 1982 los presidentes del
Grupo Colombia y Banco del Estado fueron detenidos, y el Grupo
Grancolombiano fue investigado por realizar operaciones fraudulentas con
perjuicio para los ahorradores.
El Frente Intergremial, constituido en febrero del 1981 por los capitalistas
nacionales, puso de presente su descontento con las políticas de
liberalización del comercio, de restricción del crédito y por los empréstitos
que endeudaban en exceso al país. Quejas que también se orientaron hacia
la llegada de enormes divisas provenientes de la economía subterránea que
combinadas con las provenientes de la bonanza cafetera llevaron a la caída
del dólar en el mercado negro, e incentivaron el contrabando, la inversión en
la propiedad raíz y, en general, propiciaron operaciones especulativas.
Las medidas de ajuste implementadas para remediar estos males,
afectaron principalmente a los estratos más pobres de la sociedad. La
población activa resintió el aumento del desempleo que creció del 20,3% en
1977 al 27,3% en 1980,17 año a partir del cual hubo un brusco decrecimiento
en los ingresos globales de los hogares colombianos. La política monetarista
se orientó a reducir los compromisos sociales del Estado y a limitar las
conquistas laborales de los trabajadores bajo el amparo de un Estatuto de
Seguridad que constreñía la inconformidad social.
15 Hartlyn Jonathan, La Política del Régimen de coalición. Tercer Mundo Editores, Bogotá:
1993, p. 255.
16 Kalmanovitz Salomón, op. cit., p. 509.
17 Ibid, p. 510.
La crisis de valores
En la prensa de la época, particularmente en las administraciones
López-Turbay, se podían apreciar los signos de descomposición que
afectaban, en mayor o en menor medida, a todos los estratos del tejido
social.
En marzo de 1975 el Procurador General reconocía que la «corrupción
administrativa»18 estaba generalizada y el presidente Alfonso López
afirmaría, al clausurar las sesiones parlamentarias en diciembre de 1977,
que “la descomposición social es todavía más grave de lo que se supone”.19
En 1978 el presidente de la Cámara Alberto Santofimio Botero fue detenido
por malversaciones en el manejo de los recursos del Estado y el ex-jefe de la
policía de la administración de Misael Pastrana fue condenado a ocho años
de cárcel por idéntico delito.
El escándalo por los sobornos de la empresa fabricante de aviones
Lockheed, comprometió en la investigación a oficiales de la Fuerza Aérea y
al mismo titular del cargo. La propia familia presidencial fue cuestionada
desde las páginas del diario conservador La República, que denunció las
presiones de ésta para que el trazado de la vía alterna al Llano favoreciera la
hacienda La Libertad de propiedad de los López Caballero. Con la crisis
financiera de los ochenta, el primo del Presidente, Jaime Michelsen Uribe, fue
sindicado de manejos ilícitos de los fondos de los cuenta-habientes del Banco
de Colombia, así como investigado por sus nexos con la mafia de la droga.
En no pocas oportunidades los gremios económicos denunciaron la toma
del control de empresas por cuenta de las mafias y con claridad le
expresaron al presidente Julio César Turbay en febrero de 1981 que, al dejar
prosperar “la economía clandestina, los negocios ilícitos y la impunidad”20
éstas arruinaban el sector productivo.
El ex-presidente Carlos Lleras Restrepo refiriéndose a las elecciones de
1978 escribió: “A las pasadas elecciones de ‘mitaca’ las califiqué de sucias y
lo que sucedió entonces fue un juego de niños en comparación con lo de
ahora (...). La máquina gubernamental ejerció presión por todos los medios
imaginables”.21 Con la elección de Turbay Ayala se consolidaron las
maquinarias políticas y el clientelismo se constituyó en el principal vínculo
entre las instituciones del Estado y la clase política. A partir de ese momento
18 Citado por Daniel Pécaut, en Crónica de dos décadas de política colombiana
1968-1988. Siglo XXI editores, Bogotá: 1989, p. 294.
19 Ibid, p. 292.
20 Ibid, p. 336.
21 Hartlyn Jonathan, op. cit., p. 293.
se acentuaría el uso de las prebendas como instrumento que el sistema
político articularía para negociar con el ejecutivo, intermediar con la
población y debilitar a los partidos; contribuyendo de tal suerte a la crisis.
El incremento vertiginoso del secuestro era la manifestación más
acentuada de la inseguridad que se apoderó del país. De enero de 1980 a
octubre de 1982 el número de personas retenidas ascendió a 257, de las
cuales 96 se le atribuían a la delincuencia común y 158 a los grupos
subversivos.22 Las modalidades iban desde bandas de extorsionistas y
secuestradores profesionales, pasando por la retención para exigir de las
autoridades alguna reivindicación social o política, hasta el rescate por
dinero para financiar las actividades de la insurgencia. Otra modalidad,
impuesta por los negociantes de esmeraldas y drogas, era el cobro por
cuenta propia de la falta a la palabra empeñada.
El narcotráfico
Los dineros del narcotráfico empezaron a incidir en la estructura
económica a mediados de los años setenta. Ya en 1977, el presidente
Alfonso López diría que el narcotráfico amenazaba la sociedad, “desde el
punto de vista del comercio exterior, de la justicia y de la moralidad”.23
Capitales que buscaron afanosamente tanto limpiar sus fortunas como lograr
aceptación social.
Para 1977, en cifras conservadoras de Fedesarrollo, los ingresos por
concepto del narcotráfico ascendían a 600 millones de dólares, el
equivalente a la tercera parte de las exportaciones oficiales de café; año
para el cual Colombia proveía la mitad de la marihuana que se consumía en
los Estados Unidos.24 La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta dedicaron,
según cálculos de Fedesarrollo, 40.000 hectáreas para su cultivo y más de
100.000 personas estaban ligadas a su comercialización.25 Economía
clandestina que incrementó las reservas internacionales en 1978 a 1.526
millones de dólares.26
La bonanza que conocieron los precios de la coca entre 1979 y 1982 le
significaron al narcotráfico, para el último de estos años, ingresos por 1.100
22 Riveros Ligia, “Secuestros VS Amnistía”. En Revista Cromos, Bogotá, noviembre 9 de
1982, pp. 26-29
23 Hartlyn Jonathan, op. cit., p. 292.
24 Datos citados por, Hartlyn Jonathan, op. cit., p. 291.
25 Datos citados por, Pécaut Daniel, op_ cit., p- 277.
26 Idem, p. 279.
millones de dólares, el equivalente al 6,4 % del PIB.27 Al inicio de los años
ochenta, los carteles que se configurarían como de Cali y Medellín, irrigaban
con dineros calientes el sistema monetario, la industria, el comercio, la
política y las obras sociales; dejando tras de sí una estela de corrupción y
violencia.
En la búsqueda de legitimación política, el narcotraficante Pablo Escobar
fundó en Medellín el grupo liberal Civismo en Marcha mediante el cual
accedió a la Cámara de Representantes en 1982 como suplente del dirigente
liberal Jairo Ortega. En idéntico sentido el también narcotraficante Carlos
Lehder organizó en el departamento del Quindío su propio movimiento
político de corte nacional-populista. El cultivo de la hoja de coca, su
procesamiento y comercialización ampliaron su radio de acción a extensas
zonas en los departamentos del Caquetá, Vichada y Amazonas con centros
de operación en distintas capitales y zonas claves de la frontera
internacional.
Para 1980, el gobierno norteamericano había percibido el problema del
tráfico de sustancias psicotrópicas como cualitativamente distinto y, en
consecuencia, exigió del gobierno colombiano la aplicación del tratado de
extradición suscrito en 1979. Años en los cuales eran de conocimiento
público las acusaciones de las autoridades norteamericanas y del ejército
colombiano sobre la existencia del triángulo Cuba, guerrilla, narcos, ligado al
tráfico de armas y narcóticos.28
A su turno, los barones de la droga procedieron a mejorar sus ejércitos
privados, a ganar aliados entre los grandes latifundistas, el ejército y
sectores pudientes de la sociedad. “Entonces, los narcos recurrieron a todos
los medios a su alcance contra la extradición: sobornos, nacionalismo y, con
organizaciones como el MAS, trataron de ganarse al Ejército y a los
terratenientes, asesinando sindicalistas y `comunistas’ y aterrorizando a las
poblaciones campesinas que les brindaban apoyo, por pasivo que fuera”.29
El orden público
En el amanecer del primero de enero de 1979 el M-19 sustrajo alrededor
de 4000 armas del cantón militar al norte de Bogotá en una acción que
pondría a prueba toda la capacidad represiva del aparato militar del Estado.
27 Datos citados por, Hartlyn Jonathan, op. cit., p. 291.
28 La evidencia sugiere, según Jonathan Hartlyn, no una alianza estratégica sino puntos
ocasionales de colaboración entre el M-19 y narcotraficantes. En el caso de las FARC la
supuesta protección a plantaciones y sitios de procesamiento de la hoja de coca. Op. cit.,
p. 275.
29 Palacios, Marco. Entre la Legitimidad y La violencia, op. cit., p. 281.
Al año siguiente, en otra acción terrorista de propaganda armada, se
tomaron la embajada de la República Dominicana con 14 embajadores como
rehenes, obligando al gobierno a una negociación política que concluyó en el
pago de una suma en dinero, en la entrega de salvoconductos al comando
guerrillero para poder salir del país y en la garantía de una mayor presencia
de los organismos de derechos humanos en los juicios militares.
Luego del intento fallido de 160 guerrilleros del M-19 de penetrar por las
costas del pacífico, la cancillería colombiana rompió relaciones diplomáticas
con Cuba aduciendo la injerencia del gobierno de Fidel Castro en el
adiestramiento de combatientes colombianos para el M-19.
Para el inicio de los años ochenta, las FARC consolidaban su presencia con
cinco frentes guerrilleros en diversas zonas de colonización al sur del país, al
tiempo que incursionaban con dos frentes en el centro, uno en el norte y otro
en los llanos orientales. El ELN luego de la derrota que le propinaran las
Fuerzas Armadas en Anorí en 1973, logró mantener en medio de la lucha
interna un débil aparato político-militar que reconstruyó a partir de los años
ochenta en los dos departamentos de Santander, el noreste de Antioquia y el
sur de Bolívar para luego extender su accionar a la Arauca petrolera. En la
región de Urabá, el pro-maoísta EPL afianzaba su base social entre los
trabajadores del banano.
Entre 1978 y 1981 la insurgencia armada logró un accionar y desarrollo
notables en la búsqueda de capitalizar a su favor la crisis del régimen de
gobierno. Decenas de organizaciones de izquierda participaron
desarticuladamente en una ofensiva contra el establecimiento, lo que
culminó en un auge de sus actividades en 1981.
En marzo de 1980 el gobierno había declarado estar dispuesto a otorgar
una amnistía para los alzados en armas y, en consecuencia, expidió una ley
en marzo del año siguiente, para reconocer al poco tiempo su total fracaso.
Las guerrillas que aspiraban al poder, lejos de sentirse derrotadas, no
admitían su entrega incondicional.
Durante los años 75 a 77 el país conoció un movimiento huelguístico sin
precedentes que culminó en el paro cívico nacional de septiembre de 1977.
Por primera vez las cuatro centrales obreras y el sindicalismo independiente
lograron coordinar y convocar, con éxito, amplios sectores de la población en
un paro que contó con el beneplácito de la Alianza Nacional Popular, ANAPO,
la Democracia Cristiana y el ospino-pastranismo, todos en oposición al
«mandato claro» de López. En adelante el movimiento sindical reconfiguraría
sus fuerzas y los patronos abogarían por eliminar su beligerancia.
Durante la década de los setenta los municipios y regiones al margen del
presupuesto nacional también hicieron sentir su inconformidad promoviendo
paros cívicos para exigir de las autoridades solución a sus necesidades. La
deficiencia en la prestación de los servicios básicos o la carencia de ellos, el
incremento en las tarifas de los medios masivos de consumo fueron, entre
otros, los motivos centrales que concitaron la protesta popular.
El modelo contra la inseguridad
Al inicio de los años 60 el estado norteamericano redefinió su política de
seguridad nacional con el objeto de «disuadir” y “contener” la subversión
comunista alentada por la creciente influencia de la revolución cubana. “En
los círculos oficiales de los Estados Unidos se concebía la inestabilidad
política como el factor central que afectaba la seguridad del hemisferio. El
comunismo era percibido corno la causa principal de la inestabilidad”.30 En
América Latina el proyecto revolucionario de la subversión expresaba para
los medios castrenses la estrategia del comunismo internacional y el
enemigo interno a combatir.
Si bien la Doctrina de Seguridad Nacional tuvo una ejecución plena bajo
las dictaduras militares en Brasil, Argentina y Chile en las décadas de los
años 60 y 70, su influencia ideológica en otros países sirvió a los militares
como referente para elaborar su propia comprensión global del Estado y la
sociedad en el contexto de la guerra fría.
El impacto político de esta doctrina ubicó el componente militar en el
centro de la sociedad como factor interventor por excelencia. Se justificaba
la necesidad de copar con el poder castrense, total o parcialmente, el poder
civil cuando el régimen se encontrara en peligro de colapsar. Formulación
que se tradujo en la militarización de la sociedad ya que no sólo se trataba
de “(...) identificar y destruir al enemigo actual, y disuadir a los enemigos
potenciales, sino convencer al ciudadano común de que su seguridad
personal es función inevitable y obligada de su apoyo incondicional al
régimen”.31
Substanciado el concepto de “enemigo interno”, utilizado para designar a
todo aquel opositor al statu quo vigente, se justificó entonces el terrorismo
de Estado a fin de eliminar los factores que atentaban contra su seguridad.
Confrontación irregular que significó en Colombia, para finales de los años
70, el hostigamiento, la detención arbitraria y la tortura; las desapariciones
forzosas y los homicidios colectivos.
Ya el Estado colombiano desde 1960 había creado el Consejo Superior de
Defensa Nacional que estructuró los planes de seguridad interior y exterior
de la nación.32 Año para el cual el general Alberto Ruiz Novoa diría con
30 Leal Buitrago, Francisco, El Oficio de la Guerra, op. cit., p. 25.
31 Ibid, p. 40.
32 Para estos años ya se conocían documentos institucionales de las Fuerzas Armadas afines a la
claridad que las Fuerzas Armadas “(...) son la .institución encargada de
garantizar la normalidad contra los enemigos externos e internos y la única
que está en condiciones de hacerlo en momentos de crisis”.33
Para mediados de los años setenta la Escuela Superior de Guerra
orientaba la formación de la alta oficialidad a partir tanto de su propia
experiencia contrainsurgente como de la interpretación de la doctrina
elaborada en el Cono Sur y de la concepción de seguridad nacional
norteamericana.
La ideología de la seguridad nacional fue concebida en Colombia como:
“(...) la situación en la cual los intereses vitales de la Nación se hallan a
cubierto de interferencias y perturbaciones sustanciales: aquellas
condiciones creadas y explotadas por personas o grupos que dentro o fuera
del país o de manera combinada pretenden que sus propios intereses
prevalezcan sobre los del conjunto de la Nación o se confundan con ellos”.34
Axioma del cual se concluyó tanto su legalidad como el presupuesto de una
guerra permanente contra el enemigo interno.35 Criterio que fue ampliado al
considerar la inconformidad social como una manifestación subversiva.
El uso recurrente del Estado de Sitio había contribuido a cristalizar una
versión propia de la doctrina. “El papel extra-profesional de mayor impacto
fue el ejercicio de la justicia penal militar. Con el trasfondo de una ‘situación
de guerra’, a partir de 1965 se legitimó el juzgamiento de civiles por parte
de tribunales militares”. La militarización de la policía, la creación de la
defensa civil y de autodefensas bajo la asistencia militar; la vinculación de la
institución a la alfabetización, la salud y las obras públicas, así como la
Doctrina de Seguridad Nacional. En 1964 una publicación del Ejército señala que el comunismo “(...)
trata sistemáticamente de socavar los cimientos de las organizaciones supranacionales de
Occidente y las estructuras sociales, políticas y económicas (...). La guerra se desarrolla ya dentro
de nuestras fronteras”. Al término de denunciar las intenciones expansionistas de la “Internacional
Roja” afirma que “ La gravitación de las Fuerzas Armadas sobre el poder político debe estar en
relación con la magnitud de la amenaza y la efectividad del gobierno para detenerla”.
Citado por Leal, Buitrago en El Oficio de la Guerra, op. cit., p.49.
33 Ibid, p. 54.
34 Editorial. Revista Fuerzas Armadas No 83. Mayo-agosto. 1976. Citado por Blair Trujillo,
Elsa. Fuerzas Armadas, op. cit., p. 113.
35 En Colombia, la concepción elaborada por La Doctrina de Seguridad Nacional sobre el
enemigo interno, tenía antecedentes doctrinarios en la visión contrainsurgente formulada
por el conservatismo de los años veinte. Su percepción sobre el conflicto social era
entendida como la “concreción interior de una amenaza revolucionaria exterior”. La misión
militar suiza traída en 1924 para ayudar a la formación de oficiales colombianos percibió
que “(...) el ejército cumple más el papel de reprimir !as manifestaciones sociales y la
oposición política en el interior, que el de proteger al país de una eventual agresión
externa”. Citado por Blair Trujillo, Elsa. Las Fuerzas Armadas, Cinep. Bogotá, 1993, pp.
40-45. Posteriormente en los años de la violencia bipartidista el Ejército se vio
comprometido en !a pacificación del país.
designación de oficiales en cargos civiles en las zonas de violencia
favorecieron la autoridad castrense, como la autonomía en las operaciones
militares.36 Condiciones que favorecieron los excesos y la extralimitación de
los militares en el mantenimiento del orden público.
En una clara alusión a los problemas de conmoción social, el presidente
Alfonso López manifestó en los primeros meses de 1977 que: “Hoy tenemos
la lucha de clases más que la lucha de los partidos. Por eso, se dividen (los
partidos) entre quienes quieren acabar el sistema y quienes quieren
preservarlo. Entonces, el tema de cómo hacer la paz entre liberales y
conservadores, no tiene ya actualidad, sino cómo ventilar el debate entre los
amigos del statu quo y quienes aspiran a un orden distinto”.37
Los militares tenían su propia percepción del “debate”, y la harían pública
tres meses después del paro cívico del 14 de septiembre de 1977, cuando 33
oficiales de alto rango encabezados por el general Luis Carlos Camacho
Leyva demandaron al gobierno de López que adoptara medidas de
“emergencia” que les otorgara mayor autonomía en el manejo del orden
público. Las Fuerzas Armadas hacían tal exigencia en nombre de la
“institución militar, una de las pocas que queda en nuestra opinión en la
República con la capacidad de conservar su integridad constitucional”.38 Así,
con el advenimiento de Julio César Turbay en 1978 a la presidencia de la
República, era nombrado Ministro de la Defensa el general Luis Carlos
Camacho Leyva.
Bajo esta administración se impulsaría con mayor coherencia y
vehemencia la versión criolla de la Doctrina de Seguridad Nacional, sobre
todo a partir de la expedición del Estatuto de Seguridad en 1978. Gobierno
en el cual, diría el investigador Daniel Pécaut, la “voz propia” de los militares
cobraría mayor relevancia.
La insurgencia se identificó como “(...) la máscara usada en el proscenio
de la política interna de la nación, por una organización tan poderosa como
el partido comunista, en su condición de organización política
internacional”.39 Y, en cuanto al enemigo interno, el general Fernando
Landazábal afirmaría que “(...) puede ser cualquiera (...) un campesino que
habite en zona guerrillera, un trabajador en huelga, un activista político (...)
cualquiera (...) en determinado momento (…) es un error combatir con
exclusividad el elemento armado (...) sin antes haber puesto a buen cuidado,
con suma energía, la organización constituida en la dirección intelectual de
36 Ver Leal Buitrago, Francisco. El oficio de la Guerra, op. cit., pp 43-60.
37 Hartlyn Jonathan, op, cit., p. 251.
38 Citado por Pécaut Daniel, op, cit., p. 343.
39 Reyes Landazábal, Fernando, El Precio de la Paz. Planeta, Bogotá: 1985, p. 193.
los organismos revolucionarios”.40
Pero la concepción vernácula de la Doctrina de Seguridad Nacional no era
una política aislada de los militares afines a ella, contaba con el respaldo de
importantes sectores civiles de la sociedad colombiana.
El poder civil, representado en su momento por el presidente Julio César
Turbay, diría en la XIII Conferencia de Ejércitos Latinoamericanos realizada
en Bogotá en 1979 que “Pueden darse, naturalmente, casos extremos en los
que, ante un ostensible vacío político que necesariamente conduce hacia la
anarquía generalizada, las Fuerzas Armadas se vean precisadas a ejercer el
poder para restablecer el imperio de la autoridad”.41
En un documento que hicieron público, los gremios de empresarios
manifestaron su voluntad de respaldo al gobierno acogiéndose a su
“orientación para superar los momentos de crisis” y reconocer “la obra
reparadora de las Fuerzas Armadas, (...) que en su encargo de defender la
nación y salvaguardar la vida y honra de sus gentes deben tener el apoyo
solidario y permanente de todos los estamentos sociales”.42
En el tránsito hacia los ochenta la sociedad colombiana seguía bajo el
estado de sitio permanente; la protesta social fue criminalizada y se
generalizó la guerra sucia. En la medida que las Fuerzas Armadas se
involucraban en el control del orden público su preponderancia como
interlocutores de los problemas del país les confería un mayor grado de
autonomía militar e incidencia en la vida política del país.
Las Fuerzas Armadas: un actor con voz propia
Entre las prioridades del mandatario liberal Julio César Turbay estaba la de
restaurar el orden público combatiendo tanto la delincuencia común como
las acciones de la subversión, y para tal fin se anunció un estatuto jurídico
para la inseguridad. En desarrollo del artículo 121 de la Constitución el
ejecutivo expediría el 6 de septiembre de 1978 el Estatuto de Seguridad.
En consecuencia se aumentaron las penas por delitos como el secuestro,
la extorsión y el ataque armado; se ampliaron el tipo de crímenes que serían
del conocimiento de las cortes marciales como las facultades para efectuar
40 Medina Gallego, Carlos y Téllez Ardila, Mireya. La Violencia Parainstitucional Paramilitar
y Parapolicial en Colombia. Rodríguez Quito Editores, Bogotá: 1994, p. 20.
41 Idem, op. cit., p. 55.
42 El documento fue firmado por los presidentes de la AND!, Fabio Echeverri, de ANIF,
Ernesto Samper, de FASECOLDA, Miguel Fadul Vergara, de CONFECAMARAS, Gastón Abello,
de FENALCO, Juan Martín Caicedo Ferrer, la SAC, Carlos José Gonzáles, de ASOBANCARIA,
Oscar Restrepo y de ACOPI, José Miguel López. Citado por, Blair Trujillo, Elsa, op. cit., p. 135.
arrestos, y se prohibió la información de prensa sobre los hechos de orden
público. Con el estatuto se hizo ambigua la noción de subversión en cuanto
penalizaba desde los «dibujos o textos ultrajantes» hasta las tomas
guerrilleras.
Luego del asesinato del ex ministro Rafael Pardo Buelvas en septiembre
de 1978, por integrantes del grupo Auto Defensa Obrera, ADO, se autorizó la
retención durante diez días de toda persona sospechosa de querer alterar el
orden público. Si para unos el estatuto negaba el régimen de derecho
demo-liberal, para otros significaba «(...) un verdadero triunfo de la
democracia y del régimen republicano».43 El general Camacho Leyva diría
que era “insuficiente” frente al recrudecimiento de la subversión.44
El diario conservador La República, en su editorial del 19 de octubre de
1979, fijó su posición al respecto: “El Estatuto de Seguridad puede molestar
a unos cuantos políticos empeñados en acortar la amplia distancia que los
separa del poder. Pero para las gentes de bien de todos los estamentos las
normas fijadas ganan la amplia adhesión. La sola aceptación de la norma ha
creado un nuevo clima de confianza (...). Los delitos que se cobijan bajo una
seudo revolución han vuelto a ser delitos comunes’’.45
Los gobernantes López y Turbay intentaron conjurar la crisis mediante
sendas reformas constitucionales que a la postre resultaron fallidas en
cuanto fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia. En
su defecto los problemas de orden público fueron tratados con la estrategia
común explicitada en el Estatuto de Seguridad. Si bien es cierto que con este
instrumento se logró conducir a la cárcel a la mayoría de dirigentes del M-19
y a militantes de otras organizaciones - para ser procesados en consejos
verbales de guerra- e intimidar al conjunto de la sociedad democrática, el
desprestigio del gobierno, de las Fuerzas Armadas y del bipartidismo en su
conjunto polarizó la opinión publica nacional.
Al amparo del Estatuto de Seguridad miles de personas fueron detenidas e
interrogadas. Según informaciones del Ministerio de Defensa entre los meses
de agosto de 1978 y julio de 1979 fueron detenidas más de 60 mil personas
sospechosas de actividades subversivas46. Excesos que fueron cuestionados
por dirigentes de los partidos tradicionales: “La actual situación del país ha
tomado las características de una dictadura constitucional porque el
43 Revista del Ejército, No 63, octubre-diciembre 1978, p. 301.
44 Citado por Pécaut Daniel, op, cit., p. 343.
45 Citado por Blair Trujillo, Elsa, op. cit., p. 134.
46 Melo, Jorge Orlando, “Los Paramilitares y su Impacto sobre la Política”. En: Al Filo
Del Caos, Francisco Leal Buitrago y León Zamosc, Editores, Tercer Mundo Editores,
Bogotá: 1991, p. 485.
gobierno tiene en su poder todas las facultades para legislar (...)”,47 dijo el
senador Federico Estrada Vélez en un debate parlamentario.
En respuesta a las declaraciones hechas por el Ministro de Defensa, contra
los asistentes a un foro sobre los derechos humanos, Luis Carlos Galán
declaró: “El país tiende a vivir bajo autoridades cuya legitimidad se deriva
cada vez menos de la soberanía popular y cada vez más de la fuerza
armada. Por eso la justicia militar, por eso también el estatuto de seguridad
(...). A las Fuerzas Armadas se les ha asignado la responsabilidad de
preservar un orden social que la Nación ya considera anacrónico”.48
Para el último tercio de los años setenta las denuncias por violación de los
derechos humanos ocupaban la opinión nacional y trascendían las fronteras
nacionales. La percepción en la comunidad internacional era expresada por
Le Monde Diplomatique: “En Colombia reinan los civiles y gobiernan los
militares”.49 En el centro de tales denuncias estaban las Fuerzas Armadas.
El diario El Espectador en su edición del 11 de noviembre del 1981, e igual
la revista Alternativa, informaron sobre posibles torturas practicadas a los
detenidos en la Brigada de Institutos Militares.50 En tal sentido una comisión
investigadora del Parlamento colombiano expresó en su informe la
convicción de que tales “parecidos excesos sí existían”.51
Con la toma de la Embajada Dominicana en febrero de 1980, par un
comando del M-19, la crisis del Régimen copó la atención de la opinión
pública. El grado de interlocución alcanzado por esta organización con la
sociedad, sobre los problemas del país, le granjeó el 85% de la simpatía
popular.52 Su propuesta de amnistía general y dialogo nacional se convertiría
en un eje obligado del debate electoral en ciernes. Un 70% de las personas
interrogadas sobre la propuesta del M-19 la percibían como el procedimiento
más adecuado para lograr la paz”.53
El gobierno respondió a través del Congreso Nacional con la Ley 37 de
1981 que otorgaba una amnistía destinada a guerrillas ya derrotadas política
47 Citado por Blair Trujillo, Elsa, op. cit., p. 136.
48 Ibid, pp. 136-137
49 Bermúdez Rossi, Gonzalo, El Poder Militar En Colombia. Ediciones Expresión, Bogotá:
1982, p. 242.
50 Nota de la editora: Hoy XIII Brigada del Ejército.
51 Citado por Pécaut Daniel, op, cit., p. 323.
52 Ibidem, p. 293.
53 Ramírez B., Socorro y Restrepo M., Luis Alberto, Actores En Conflicto Por La Paz, El
proceso de Paz durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Siglo XXI Editores y
CINEP, Bogotá: 1988, p. 51.
y militarmente, lo que de suyo, obtuvo una respuesta negativa por parte del
movimiento armado. El 6 de noviembre de 1981, Turbay persistió instalando
una Comisión encargada de elaborar una propuesta política para integrar a
los alzados en armas a la vida legal.
El ex presidente Carlos LLeras Restrepo, el comandante de las Fuerzas
Militares y el Director de la Policía Nacional, entre otros, conformaron dicha
Comisión. Pero las desavenencias de Turbay y de su ministro de defensa con
la Comisión, llevaron a la renuncia de sus miembros civiles y no
gubernamentales el 13 de mayo de 1982. Por último, mediante decreto del
Presidente, se insistiría en febrero de 1982 en una suspensión de las
actividades militares por 30 días para que los guerrilleros que se entregaran
pudieran gozar de la amnistía. Segundo intento que también fracasó.
En la medida en que el Ejército se comprometió en el conflicto civil, las
Fuerzas Armadas se vieron involucradas en una doble lógica que, a la vez
que les otorgaba mayor autonomía en el control del orden público -sus
excesos-, hacia ilegitimo el ordenamiento constitucional que pretendían
defender. El modelo adoptado por Turbay para conjurar la crisis de
legitimidad, si bien la desactivó parcialmente, terminó por convertir la
institución castrense en un factor más de la violencia pero con el poder de
condicionar las políticas del Estado.
En opinión del investigador Daniel Pécaut: “En marzo de 1981 se trata es
de saber si Colombia puede todavía escapar al engranaje que han conocido
otros países latinoamericanos”,54 afirmación que reconoce de una parte el
deterioro de la situación política en el país y, de otra, el poder alcanzado por
las Fuerzas Armadas.
El debate electoral de 1982 giró, entonces, en torno a las propuestas de
los candidatos para superar la crisis.
54 Pécaut Daniel, op, cit., p. 348.
De Turbay a Belisario: El Caso Gloria Lara
En las elecciones presidenciales de mayo de 1982 resultó elegido el
candidato conservador Belisario Betancur tras derrotar con su movimiento
pluripartidista, tanto a los dos candidatos del liberalismo como a Gerardo
Molina, de la coalición de izquierda.
La perdida paulatina del monopolio de la fuerza por parte del Estado, la
convivencia con el narcotráfico, la inseguridad; la degradación de las
costumbres políticas y la malversación de los dineros públicos; así como la
violación de los derechos humanos, la criminalización de la protesta social y
el malestar económico, durante el gobierno de Turbay Ayala, llevaron al
46.8% de los electores a depositar su confianza en la propuesta reformista
de Belisario Betancur, con la esperanza de superar la crisis55.
Entre la represión y la reforma
La paz fue uno de los temas que agitaron el debate electoral. Con la
consigna de la “La paz es liberal”, el candidato Alfonso López se
comprometió a derogar la cláusula constitucional sobre los gobiernos de
coalición y en su defecto a instaurar el sistema de gobierno-oposición.
Propuso combatir a la guerrilla por la vía militar pero también con acciones
de transformación social que incluían la incorporación de la guerrilla al
proceso político. Además solicitó “(...) el ingreso del Partido Liberal a la
Internacional Socialista, indicando su deseo de alejarse de la
extremadamente pro-estadounidense política exterior del gobierno de
Turbay, evidente en los asuntos centroamericanos y en otras áreas”.56
Para Luís Carlos Galán, candidato del Nuevo Liberalismo, la propuesta de
López era la continuación del mandato de Turbay y, en tal sentido, la
denunció como la representación de “(...) una casta política oportunista,
clientelista, corrupta y calculadora (...)”.57 El diálogo con los alzados en
armas era prerrequisito para el éxito de una amnistía, pero también era
urgente combatir las desigualdades económicas y sociales existentes,
levantar el Estado de Sitio y derogar el Estatuto de Seguridad. En
contraposición al gobierno de Turbay, Galán rechazaba la Doctrina de
55 Hartlyn Jonathan, op, cit., p. 270. Hartlyn cita para el candidato oficial del Partido
Liberal, Alfonso López, el favor del 41.0% de los electores, y para Luis Carlos Galán
Sarmiento por el Nuevo Liberalismo una votación del 10.9%. La coalición de izquierda
liderada por Gerardo Molina obtuvo a su vez el 1.2%.
56 Idem, p. 269.
57 Idem, p. 268.
Seguridad Nacional.
Gerardo Molina, candidato por el Frente Democrático, señaló que la
miseria extrema era la causa de la insurgencia popular y en consecuencia las
acciones en favor de la paz pasaban necesariamente por la lucha contra la
pobreza y la promulgación de una amnistía general. Para Molina no era
posible la solución militar al conflicto armado sin una normalidad
democrática estable ajena a la política de confrontación incitada desde
Washington por el mandatario Ronald Reagan.58
Belisario Betancur admitía la existencia de causas objetivas y subjetivas
en el sustrato del conflicto, en oposición a la visión tradicional de los
conservadores que se limitaba a criminalizar la insurgencia y a buscar sus
causas en el conflicto internacional. En consecuencia, se comprometió a
remover los obstáculos que impedían ampliar el sistema democrático, el
bienestar social y por consiguiente el logro de la paz.
Propósito que fue expresado con claridad por el presidente en su discurso
de posesión el 7 de agosto: “Levanto una blanca bandera de paz para
ofrecérsela a todos mis compatriotas. Tiendo mi mano a los alzados en
armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos, en el
amplio marco de la decisión que tomen las cámaras (legislativas). Le declaro
la paz a mis conciudadanos sin distinción alguna: a esta tarea me consagro
(...)”.59
En medio de una gran expectativa nacional el nuevo mandatario cursó de
inmediato cinco iniciativas encaminadas a lograr una apertura democrática,
convocatoria a una cumbre política para debatir las reformas al régimen,
creación de una comisión de paz pluralista, promulgación de una Ley de
amnistía y curso a las negociaciones con los alzados en armas. Iniciativas
concebidas en el marco de una política exterior comprometida con los países
no-alineados.60
En entrevista que el Ministro de Gobierno Rodrigo Escobar Navia le
concedió al escritor Arturo Alape, la administración Betancur reconocía que:
58 Ver, Actores en Conflicto por la Paz, op. cit., pp. 52-53.
59 El Tiempo, 8. 8. 82, p. 3B.
60 Al tiempo que el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan retomaba el
anticomunismo como guía para la política exterior, Belisario Betancur abandonaba esta
visión, sostenida por el gobierno de Turbay Ayala. El colapso de los planes de pacificación
adoptados por anteriores gobiernos, la ineficacia de las dos amnistías concedidas bajo la
administración anterior, y el temor porque el conflicto centroamericano se extendiera a
Colombia, llevaron a Betancur a finales de 1982 a desalinearse de Estados Unidos y
proponer el acercamiento a los países no-alineados. Postura que fue acompañada por una
gestión muy activa del presidente en el Grupo de Contadora (México, Venezuela, Panamá y
Colombia), en la búsqueda de una solución política negociada al conflicto armado en
Centroamérica.
“Colombia estaba y sigue estando, en mora de emprender y llevar a cabo un
plan de desarrollo político e institucional que haga posible que el sistema
político se amplíe y se ponga al día”. Y reconoce que las instituciones
marchaban a la zaga de las transformaciones operadas en el país nacional:
“Eso, por cierto, explica buena parte de los problemas de la violencia,
porque se crearon unos vacíos, unos desequilibrios en el viejo Estado de
Derecho”.61
En la carta enviada a las personas convocadas a ser parte en la Cumbre
Política Multipartidaria el Ministro reiteraría su invitación a “la definición y el
establecimiento de las bases de la vida política nueva y renovadora que
tendrá que seguir al extenuamiento de las posibilidades y de la vigencia
histórica de las restricciones del juego democrático, los acuerdos rígidos
entre los dos partidos tradicionales, la responsabilidad compartida y el
desestímulo a la movilización política que caracterizaron a la etapa
frente-nacionalista”.62 Más tardaría Belisario en poner en marcha su proyecto
de diálogo y apertura democrática que en aflorar las contradicciones entre
“los enemigos de la paz” y el modelo reformista en curso.
En tal coyuntura, El Caso Gloria Lara, se constituyó en un catalizador que
concentró en su momento las contradicciones en torno a la paz entre el
primer mandatario, la sociedad civil y los militares.
El secuestro de Gloria Lara
La señora Gloria Lara de Echeverri fue secuestrada el 23 de junio de 1982
cuando se dirigía a su residencia en el barrio Teusaquillo después de un día
de trabajo en el Ministerio de Gobierno donde se desempeñaba como
directora de Acción Comunal. Desde todos los ámbitos de la vida nacional se
hicieron sentir las exigencias por su liberación, como las manifestaciones de
solidaridad con su familia, en tanto los organismos de seguridad iniciaban las
pesquisas de rigor.
EL 25 de junio, 33 mil juntas de acción comunal de todo el país
protestaron por el secuestro y más de cien misas se oficiaron para rogar por
su regreso. El día 27 un grupo de supuestos guerrilleros hizo saber a
distintos medios que Gloria Lara estaba en su poder y en buen estado de
salud. El mismo día le comunicaron por teléfono a uno de los redactores del
vespertino El Bogotano, la disposición de liberar a Gloria Lara si los medios
de comunicación se comprometían a denunciar los monopolios de las tierras
61 Alape, Arturo, La Paz, La Violencia: testigos de excepción. Planeta, Bogotá: 1985, p.
489.
62 El Tiempo, 8. 9. 82, p. 7A. Carta del Ministro de Gobierno Dr. Rodrigo Escobar Navia
dirigida a los eventuales miembros de la Cumbre Política fechada el 7 de septiembre de
1982.
en Colombia. Al día siguiente éste vespertino informó que los raptores
exigían 200 millones de pesos por su rescate.
El domingo 11 de julio los plagiarios hicieron llegar al mismo vespertino
una fotografía de la víctima donde aparece custodiada por un encapuchado
armado de una carabina. Adjunto, había un boletín escrito a máquina donde
se reclamaban voceros del “pueblo sufrido y subyugado por una burguesía
explotadora” y señalaban a Gloria Lara como representante de la “burguesía
latifundista tradicional” pero no hacían expresa ninguna exigencia63.
El 13 de julio, el presidente Julio César Turbay Ayala manifestó su
preocupación por la secuestrada, y su esposa Nidia Quintero de Turbay hizo
un llamado a los secuestradores “para que entendieran que una víctima
inocente no va a remediar los problemas de Colombia”64. Sin la presencia de
Gloria Lara se presentó su libro “Colombia Indígena” el 24 de julio, y el 2 de
agosto fue condecorada por el presidente Turbay Ayala.
A finales de julio en la ciudad de Caracas, la Fundación para el Desarrollo
de la Comunidad gestó un movimiento de opinión internacional para lograr
su liberación. Su presidenta Alba Illaramendi puso de presente la labor
adelantada por Gloria Lara en el rescate del movimiento comunal, “que
beneficia a millones de habitantes de barrios pobres de América Latina, Asia
y África”.65 Y, para contribuir con la investigación, diversos grupos cívicos y
particulares ofrecieron una recompensa a quien suministrara información
sobre el paradero de la secuestrada. Cuatro millones de pesos ofrecerían las
autoridades el 8 de septiembre en idéntico sentido.
Alfredo Vásquez Carrizosa y Hernando Hurtado, presidente y secretario del
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, condenaron el
hecho e hicieron el más “angustioso llamado para que sea respetada la vida
de la señora Gloria Lara (...)”. En el comunicado expedido a la opinión
pública por dicho Comité exigieron la liberación de la retenida y reiteraron
que no existía ninguna justificación legal, moral o política para el cautiverio
de personas “(...) cualquiera sea el motivo que se invoque”.66
Las investigaciones preliminares apuntaron a reconocerle a la subversión
la autoría del delito. El 11 de julio la policía informó que lo consideraba más
propio de la delincuencia común. En una nota de prensa del 30 de octubre el
diario El Tiempo reconoció que un vocero castrense recordó que inicialmente
la investigación se enrumbó hacia el Núcleo Político Militar 15 de febrero de
inspiración nacionalista, creado en memoria del sacerdote Camilo Torres
63 El Tiempo,13. 7. 82, p. 14A.
64 El Tiempo, 30.11. 82, p. 14A.
65 El Tiempo, 27. 7. 82, p. 14A.
66 El Tiempo, 29. 10 82, p. 2A.
Restrepo. Razón por la cual inicialmente se investigó al Ejercito de Liberación
Nacional, y también a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por
que se había detectado su presencia en la ciudad de Bogotá.
Los antecedentes de secuestros y ejecuciones similares llevadas a cabo
por la insurgencia, motivaron la investigación sobre estos grupos. El 7 de
julio el M-19 había negado ser el responsable del hecho, y antes por el
contrario reconocía el compromiso democrático y popular de Gloria Lara.
El 28 de septiembre los secuestradores enviaron la última fotografía de
Gloria Lara acompañada de un boletín en el que anunciaban su inminente
ejecución “(...) ante la negativa e intransigencia de la familia de no cumplir
nuestras exigencias, además, del constante asedio de los cuerpos represivos
del Estado (...)”. La sociedad y la prensa burguesa “ (…) se conmoverán ante
la noticia de la ejecución” pero asimismo dicen: “permanecen criminalmente
indiferentes ante las desapariciones y asesinatos (...)”. Sobre el debate que
para el momento cruzaba la opinión publica, alrededor de la amnistía, los
secuestradores sindicaban de “traidores” a los que depongan las armas y se
“entreguen” a la oligarquía.67
“Más que abominable” titularía el editorial de El Tiempo refiriéndose a la
condena a muerte proferida por los secuestradores. En su edición del sábado
30 de octubre el editorialista advirtió que a propósito de la tramitación de la
amnistía resultan “(…) insuficientes y estériles (...)” los esfuerzos por definir
el alcance de ciertos delitos que como el de Gloria Lara, supera “(...) todos
los límites de la abominación”. Naturalmente, prosigue el editorialista, “(...)
que el solo texto del comunicado que los criminales han dirigido a los medios
de comunicación indica su identidad con los alzados en armas que han
llegado a todos los límites de la criminalidad”.68
La ejecución fue aplazada. Y, según la información de prensa, las
negociaciones con la familia de la secuestrada prosiguieron hasta el punto
que se creyó en su liberación.
El crimen de Gloria Lara
El martes 30 de noviembre de 1982 el matutino El Tiempo informó al país
del asesinato de Gloria Lara a manos de sus plagiarios tras largos cinco
meses de cautiverio. El lunes 29, en las horas de la madrugada, el cuerpo sin
vida de Gloria Lara había sido hallado frente a la iglesia del barrio Bonanza al
noroccidente de la capital. Su cuerpo lo cubría una bandera negra con las
siglas O.R.P. inscritas en rojo.
67 Idem.
68 El Tiempo, 30.11.82, p. 4A.
La noticia, señaló el periodista, conmocionó a todos los estamentos de la
sociedad que demostraron el pesar colectivo y la protesta nacional por el
crimen. El presidente de la república Belisario Betancur, las altas autoridades
del Estado, el cuerpo diplomático; los ex-presidentes Misael Pastrana,
Alfonso López, Carlos Lleras Restrepo y los funcionarios de la administración
saliente de Julio César Turbay se hicieron presentes en la capilla de velación
para expresar sus condolencias, al igual que lo hicieron las organizaciones
de la Acción Comunal y representantes de los más diversos sectores de la
sociedad.
“Podría tratarse de una pandilla que tiene alguna relación con las
guerrillas”, aseguraron investigadores del Estado. Según estos últimos,
reconocieron “(...) haberse alejado en los últimos días de las pesquisas para
no interferir las negociaciones y evitar posibles represalias (...)”. Una vez
conocida la reivindicación del crimen por la O.R.P., un vocero de los agentes
del F-2 a cargo de la investigación declaró que para ellos era un enigma la
ideología de los plagiarios y agregó que podría tratarse de “delincuentes
comunes que buscan despistar a los investigadores”.69
Como “Un crimen atroz”, titularía su columna editorial el diario El Tiempo
el 30 de noviembre. “Quitar la vida a una persona, sea cual fuere la
motivación, rompe todas las reglas humanas y divinas, imperantes entre los
seres racionales”; y, bien, crimen político o simplemente delictivo, “rebasa
todos los límites de la tolerancia y repugna en todos los estratos de la
sociedad”. Dice en su tercer párrafo que todo parecía indicar que los
asesinos actuaron “(...) no por razones políticas sino por simple afán de
lucro”. “Sería antipatriótico -señalaría el editorialista- explotar esta villanía
para sugerir móviles que puedan obstaculizar la labor de pacificación del
gobierno“.70
Múltiples fueron los pronunciamientos de diversos estamentos de la
sociedad sobre el crimen de Gloria Lara. El columnista Abdón Espinosa
Valderrama luego de señalar que aún sin esclarecer el crimen, que parecía
obedecer a “(...) móviles políticos (...)”, afirmaba que era menester despertar
todas las potencias del alma colombiana, “(...) para repudiar y extirpar en
sus raíces el crimen del secuestro, mostrando como ejemplo aleccionador,
para abrir los ojos de los extraviados o de los cándidos, lo que ha ocurrido a
Gloria Lara de Echeverri”.71
En las declaraciones del director del Nuevo Liberalismo, en referencia al
terna de la amnistía y la paz, expresó que los asesinos de Gloria Lara no
podían buscar un cambio por esos caminos salvajes: “se equivocan si
69 Ibidem.
70 Ibidem.
71 Ibid, p. 5A.
esperan que el Estado se vuelva feroz y bárbaro en la réplica”. Aduciendo al
cuatrienio de Turbay, Luís Carlos Galán Sarmiento resaltó que: “Ya hubo el
riesgo de que esto sucediera y la nación reaccionó a tiempo para condenar
los abusos e impedir que se respondiera en forma ciega”72. Lo único que
lograban, concluyó, era la mayor reflexión sobre la necesidad de defender
los principios de la civilización y los derechos humanos por encima de la
confrontación política.
En el curso de las deliberaciones de la asamblea de la ANDI -capítulo
Cundinamarca- los industriales exigieron “Mano dura” con la delincuencia
camuflada. Tras apoyar los esfuerzos del gobierno de Betancur por el
propósito de la paz, exhortaron a las autoridades del Estado para que “(...) la
sangre de la víctima inocente (...), propicie la lucha sin cuartel, sin fatiga y
quizás con obsesión, en pro del rescate de la dignidad, de la integridad y el
sosiego ciudadanos”.73 De otra parte solicitaron al gobierno una amnistía
tributaria para los patrimonios ocultos, eliminar la retroactividad de las
cesantías de los trabajadores; controlar los pliegos de peticiones y reducir el
impuesto a las ventas.
La Unión de Trabajadores de Cundinamarca, UTRACUN, declaró que la
esperanza y el optimismo despertados por la Ley de Amnistía se ven
seriamente afectados por tan ignominioso suceso. La Confederación de
Trabajadores de Colombia, CTC, exigió al presidente de la república que
liberara ”a la sociedad de la presencia de seres tan despreciables y
desalmados”74, que ponían en peligro las acciones de paz adelantadas por el
presidente Belisario Betancur.
El 1 de diciembre se dieron cita en el Hotel Tequendama los ministros del
despacho, los altos mandos militares y distinguidas personalidades de los
más diversos estamentos de la sociedad para escuchar del primer
mandatario Belisario Betancur las tesis del nuevo gobierno en materia de
paz.
En la Cena de la Paz, como se le denominó, el presidente condenó
igualmente el crimen de Gloria Lara y llamó la atención sobre los enemigos
de la paz: “unos desde el anarquismo, otros desde el secuestro que financia
y asesina, otros desde el deseo de venganza cuando se ve caer a seres
queridos”. Convocó a comprender que en la garantía de los derechos
humanos, estaba el derecho a la vida. Más adelante, Belisario Betancur,
advirtió que así se califique de ingenua su gestión por la paz; así a cierta
nostalgia le guste que fracase (...), no voy a ceder ante el crimen, el
terrorismo ni la incomprensión”. Y, frente a la ley de amnistía, ratificó que no
72 El Tiempo, 1.12.82, p. 10B.
73 El Tiempo, 3. 12. 82, p. última A.
74 El Tiempo, 1. 12. 82, p. 15D.
era negociable.75
Dos semanas antes del asesinato, la periodista Ligia Riveros, de la revista
Cromos, se preguntaba por los posibles autores del secuestro de Gloria Lara:
“¿Secuestro político? ¿Secuestro subversivo? ¿Delincuencia común?
¿Venganza de antiguos peones de la hacienda de don Oliverio Lara, que
quedaron libres después de haber sido condenados por su secuestro y
asesinato? ¿Están involucrados guardaespaldas de la familia? ¿Lo hizo la
derecha para desprestigiar a la izquierda y perjudicar así la amnistía?
¿Fueron los latifundistas del Cauca, por las acusaciones contra ellos en
defensa de los indígenas?”76
El 7 de diciembre circuló la revista Semana que titularía su portada como
“Historia de una infamia” para referirse al crimen en mención. Al cabo de un
recuento de los hechos entorno al secuestro y posterior homicidio, el
periodista remataba su informe especial afirmando que: “En el fondo de la
profunda descomposición social hay una oscura franja donde convergen el
hampa, delincuentes comunes, apéndices de la mafia, elementos
desprendidos de organizaciones guerrilleras, y sujetos de ultra derecha
interesados en desestabilizar la situación”.77
De tal manera se presentaron las contradicciones, que el semanario en
mención no dudó en afirmar que Belisario Betancur daba un viraje en la
posición conciliatoria que precediera al discurso pronunciado en el Banquete
de la Paz. “Tampoco permitiremos que se intente extender la zozobra con
cualquier pretexto supuestamente político o abiertamente criminal. Sé que lo
fundamental es combatir los agentes objetivos de la inseguridad, procurando
dar a los colombianos las garantías mínimas (...). Pero la clave para
desarrollar esta tarea consiste en tener un Estado y específicamente que se
haga respetar, que haga valer su calidad de protector de los ciudadanos que
cumplen sus deberes y exigen sus derechos”. Refiriéndose a este aparte del
discurso presidencial, Semana diría que su tono “evocaba mas el utilizado en
la administración Turbay”.78
En otro artículo, sobre el análisis de la coyuntura política, la revista
anunciaba el principio del fin de la luna de miel del presidente Betancur, al
cabo de los tres primeros meses de gobierno. En efecto, la objeción jurídica
que el presidente Belisario Betancur opuso a la decisión de los
parlamentarios de incrementar sus dietas, condujo a una primera ruptura
entre el ejecutivo y el legislativo; al punto, que la mayoría de los
75 El Tiempo, 2.12. 82, p. 6A.
76 Riveros, Ligia. “Secuestros VS. Amnistía”. En: Revista Cromos, Bogotá, noviembre 9 de
1982, p. 26-29.
77 Véase, Revista Semana, Bogotá, No. 311 17-13. Diciembre de 1982, p. 30.
78 Ibidem.
representantes a la cámara se abstuvo de asistir al Banquete de la Paz,
alegando que era “un gasto inoficioso, en un momento inoportuno”.79
Para la primera semana de diciembre las posibilidades de la paz no eran
claras, las dudas sobre la eficacia de la amnistía rondaban los círculos
políticos y las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo rayaban
súbitamente en la hostilidad. De otra parte, la negociación con las centrales
obreras sobre el aumento del salario mínimo, no presagiaba un acuerdo
consensual.
El único punto marcado a su favor por el presidente -al asumir un
liderazgo nacionalista con ocasión de la visita de Ronald Reagan- no dejaba
de despertar inquietudes entre quienes asumían las relaciones con los
Estados Unidos como tradicionalmente inalterables.80
Para finales del año 1982 la popularidad del nuevo gobierno era puesta a
prueba por los diversos factores de la coyuntura política en conflicto. Todo el
proceso “comenzó a cristalizarse con la aparición del cadáver de Gloria
Lara”81 el 29 de noviembre de 1982.
La opinión se polariza
En respuesta a las informaciones de prensa que vinculaban a dirigentes de
la ANUC con el crimen de Gloria Lara, el lunes 6 de diciembre la Asociación
de Usuarios Campesinos -Línea Sincelejo- rechazó tajantemente su
vinculación a tal delito.
Mediante un comunicado a la prensa negó que la ORP “fuera el brazo
armado” de ese movimiento. Miguel Gamboa, suplente a la Cámara por el
Nuevo Liberalismo de Sucre y sindicado como uno de los autores
intelectuales del hecho, confirmó que la ORP, fue creada como parte de la
comisión política de la ANUC pero siempre ajena a “toda acción de tipo
terrorista y criminal”, los culpables dijo: “pretenden utilizar ese nombre para
desviar el rumbo de la investigación”. Robinson Rivera reconoce que entre
los años 1971-1974 operó ese movimiento que efectuó “movilizaciones de
protesta, paros cívicos, pero jamás se encontrarán crímenes o acciones
79 Revista Semana, Bogotá, No. 311 7-13, Diciembre de 1982, p. 22.
80 En la visita que el mandatario Ronald Reagan efectuó a Colombia el 3 de diciembre de
1982, el presidente Belisario Betancur le expresó su discrepancia con la política de USA en
Centroamérica, a la vez que solicitó una salida negociada al conflicto en la región.
Refiriéndose a la visita, el Miami Herald señaló que «tenia por objeto neutralizar eventuales
actitudes poco complacientes por parte del nuevo gobierno». Citado por Enrique Santos
Calderón. El Tiempo, 18. 12, 82, p. 2 A.
81 Ibidem, p. 22.
aventureras y terroristas”.82
El 21 de diciembre, representantes de la organización campesina
denunciaron la “desaparición” de varios de sus militantes lo mismo que el
allanamiento de los apartamentos de Miguel Gamboa y la diputada
Emperatriz Santander, a la vez que voceros del galanismo “descartan de
plano que los dos dirigentes políticos estén comprometidos en el caso”. El
Ministerio Público por su parte dio curso a la investigación por las denuncias
formuladas contra los procedimientos adelantados por la Brigada de
Institutos Militares de Bogotá.83
El jueves 23 de diciembre el Ejército acusó al profesor de la Universidad
Nacional Hernando Franco D. como autor intelectual del delito y sindicó a
siete personas más, tres de las cuales reconoce tener retenidas: Juan Tadeo
Espitia, Froylán Rivera y su hijo Fredy. El vocero castrense explicó “(...) que
gracias a la información de un particular, se identificó y localizó a Espitia
Supelano, quien resultó ser el individuo que ejecutó (...)” a Gloria Lara. El
mismo día, El Tiempo informó que mediante una llamada telefónica el MAS
hizo saber su decisión de “ajusticiar a los asesinos de la exfuncionaria, estén
donde estén”.84
“Nuestro hijo es inocente” dijeron los padres de Juan Tadeo Espitia en una
nota dirigida a la prensa en la cual afirman que el día del crimen “Llegó a las
8 de la noche y se acostó porque tenía que madrugar al trabajo” en el Fondo
Nacional del Ahorro. Por su parte Robinson Rivera denunció falta de
garantías para su hermano y padre detenidos, por cuanto los militares “no
han permitido que sus parientes sean asistidos por un abogado”.85
Una vez remitidos de la BIM-Bogotá a la Cárcel Nacional Modelo, Tadeo
Espitia habló con El Tiempo para hacer un llamado a la familia de Gloria Lara:
“(...) por favor no permitan que se cometan las injusticias que se están
cometiendo, y que ayuden a que la investigación continúe, pero
encauzándola por otro lado, con la seguridad de que encontrarán a los
verdaderos culpables”.86
Fredy Rivera, sindicado de transportar a Gloria Lara en el momento del
secuestro, declaró a la prensa que para tal fecha estaba detenido. Su
abogado, Jairo Velásquez afirmó que éste “(...) tiene hematomas en la
cabeza y pequeñas erupciones en los brazos producidas tanto por los
82 El Tiempo, 6. 12. 82, p. Última C.
83 El Tiempo, 22. 12. 82, p. 1A y 2B.
84 El Tiempo, 23. 12. 82, p. 1A y 12 A.
85 El Tiempo, 23. 12. 82, p. 12A.
86 El Tiempo, 26. 12. 82, p. 7B.
pinchazos como por los electrodos de los choques eléctricos”. “Me comentó
que lo habían obligado a declarar que él había formado parte de la O.R.P.”.87
El 28 de diciembre, la prensa reseñó la captura de la diputada del Nuevo
Liberalismo Emperatriz Santander e hizo pública la carta enviada al diario El
Tiempo por el catedrático Hernando Franco. En la misiva, el profesor de la
Universidad Nacional sostiene su inocencia, su compromiso revolucionario y
su vinculación a la ANUC en 1976, pero aclara: “Por convicción estoy contra
el terrorismo y la aventura”. También manifestó que “la investigación sobre
el caso Gloria Lara toma la misma senda que siguió la investigación sobre el
asesinato del general Rincón Quiñones en que inocentes fueron condenados
con idéntico despliegue periodístico, sobre pruebas arrancadas bajo tortura”
y, concluye: “Juro por mi patria y mi pueblo que soy inocente ¡El tiempo lo
dirá!”88 De quince personas que fueron sindicadas del plagio y posterior
asesinato de Gloria Lara, el juez 47 de instrucción criminal reconoció la
captura de nueve de ellas por parte de la brigada.
El Nuevo Liberalismo, ante la gravedad de las imputaciones hechas a los
parlamentarios Miguel Gamboa y Emperatriz Santander, elegidos en sus
listas, expidió un comunicado en el cual puntualizó que a finales del año
1981 el grupo Democracia Popular hizo público su respaldo a la candidatura
de Luís Carlos Galán Sarmiento. Durante su vinculación a la campaña
electoral, anota el comunicado, realizaron intervenciones “sobre la situación
de los campesinos (...), los problemas de tierras, el crédito y la organización
campesina (...), y en lo que consta a los directivos y a los miembros de las
corporaciones públicas del Nuevo Liberalismo, su conducta política ha sido
correcta”.89
El ex-presidente Alfonso López en mensaje al Ministro de Justicia le
manifestó que en su calidad de director único del liberalismo deseaba
secundar enfáticamente la petición del doctor Luís Carlos Galán Sarmiento,
“en el sentido que se rodee de todas las garantías procesales a sus
seguidores (...)”. Y, agrega que “como tarde o temprano debemos llegar a
alguna fórmula de unión liberal (...), es necesario establecer claramente si el
movimiento Democracia Popular (...), puede mañana entrar a formar parte
del liberalismo tradicional”.90
Luís Carlos Galán respondió en una entrevista radial: “Algunos creen que
es un mensaje escrito con perversidad, yo creo que es una carta ingenua...
pues la Democracia Popular nunca pensó entrar al liberalismo y tampoco se
le invitó (...)”. También dijo creer “que el nuevo gobierno no permitirá ningún
87 El Tiempo, 27. 12. 82, p. 15A.
88 El Tiempo, 28. 12. 82, p. 1A y 2A.
89 El Tiempo, 29. 12. 82, p. 8A.
90 El Tiempo, 30. 12. 82, p. 7A.
tipo de arbitrariedad y que esos procedimientos del pasado se acabaron”. Al
término de reconocer que la Democracia Popular se había ganado la
confianza del Nuevo Liberalismo por “sus consignas y coherencia”, enfatizó
que “Ningún grupo político, ni las propias instituciones o entidades como el
Gobierno, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación...,
están exentos de la infiltración de conspiradores (...)”.91
Organizaciones de izquierda como el Partido Comunista, el Partido del
Trabajo de Colombia, el Partido Socialista Revolucionario y La Jornada de
Unidad Camilo Torres hicieron pública una declaración con la Confederación
Sindical de Trabajadores de Colombia, el Sindicalismo Independiente y
diversas federaciones y sindicatos en la que sostuvieron que “el proceso ha
sido irregular desde su iniciación”. Afirmaron que Tadeo Espitia “fue
secuestrado”, que “a los detenidos se les negó el derecho a la defensa y el
juez impidió durante 11 días que los abogados asumieran la defensa de los
sindicados”. Igualmente denunciaron que “se amenazó a los familiares y a
los detenidos, se les maltrató y bajo amenaza de muerte, fueron obligados a
declararse autores del secuestro y del crimen, en declaración escrita y
filmada en video”.92
Con similar propósito se pronunciaron importantes personalidades de la
vida política del país. En un mensaje enviado a Belisario Betancur y al
Procurador Carlos Jiménez Gómez reclamaron la intervención oficial para que
“los servicios de inteligencia no invadan las órbitas (...) de la justicia penal
ordinaria”93 y, añadieron: “en la investigación se vienen denunciando
torturas y allanamientos amparados por la mansedumbre del juez”. El
mensaje suscrito entre otros por Gerardo Molina, Apolinar Díaz, Jorge
Regueros, Eduardo Umaña Mendoza, Álvaro Vásquez, Orlando Fals Borda,
Socorro Ramírez y Juan Montes afirmaba que “Este proceso determinará el
rumbo de la aplicación de la justicia penal durante el presente cuatrienio”.94
Las confesiones
El martes 28 de diciembre el comandante de la Brigada de Institutos
Militares, Hernando Díaz Sanmiguel, convocó los medios a una rueda de
prensa en la ciudad de Bogotá, con el objeto de dar a conocer el resultado de
las investigaciones sobre el secuestro y posterior homicidio de Gloria Lara de
91 El Tiempo, 5. 1. 83, p. 2A.
92 El Tiempo, 30. 12. 82, p. 7A.
93 En agosto de 1979 se había instalado una comisión para la revisión del Código Penal
con el objeto, entre otros, de suprimir el juzgamiento de civiles por tribunales militares. En el
mes de diciembre del mismo año la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible el decreto
2482 que dejó sin piso jurídico los consejos verbales de guerra.
94 El Tiempo, 31. 12. 82, p. 17A.
Echeverri.
El general expresó a los periodistas que “esto lo hago para que cada uno
de ustedes se forme un concepto sobre la seriedad de la investigación”95.
Esa misma noche los colombianos verían en los telenoticieros el video
suministrado por la brigada en el cual Juan Tadeo Espítia Supelano confesaba
la autoría del crimen y se daban a conocer los nombres de las personas
implicadas.
La prensa le dedicaría en sus páginas un amplio despliegue al cubrimiento
de la información suministrada por la inteligencia militar sobre la
investigación de “El caso Gloria Lara”. EL Tiempo transcribió apartes de las
confesiones de cuatro de los supuestos militantes de la ORP comprometidos
en el crimen como también la virtual estructura política de dicha
organización. En paralelo, los implicados acusaban a los interrogadores de la
B.I.M., de haberlos obligado a confesar bajo tortura un delito que no
cometieron.
La primera de las declaraciones entregadas por la brigada militar que
recogió El Tiempo, fue la del dirigente campesino de la ANUC, Froylán Rivera
Mesa. En ella confesaba que entre el ocho y nueve de abril de 1982 se había
programado el secuestro en una reunión efectuada en la sede del Nuevo
Liberalismo en la ciudad de Sincelejo. Que luego en el mes de mayo se había
decidido en Bogotá por el secuestro de Gloria Lara después de desechar los
nombres de Michelsen Uribe y Ardila Lule propuestos por Hernando Franco
D’Laytz. Que a esta reunión, dijo Froylán, habían asistido además José Miguel
Gamboa, Emperatriz Santander Cansino y Wilberto Rivera. Que en una
tercera reunión en la oficina de la diputada Emperatriz Santander se habían
ultimado los detalles. También, delataba a Juan Tadeo Espitia y Fredy Rivera
como autores del secuestro y, al primero de estos, como el responsable de
la ejecución de Gloria Lara.
En la segunda confesión de las entregadas por la brigada militar, Fredy
Rivera, vinculado a la empresa Bavaria en calidad de aprendiz-trabajador,
reconocía haber participado en el secuestro y constataba que Tadeo Espitia
había ejecutado a Gloria Lara en cumplimiento de la orden recibida por la
dirección nacional de la ORP, orden que había cumplido “sin discutir”.
La última de las confesiones transcrita por el citado periódico fue la de
Juan Tadeo Espitia. En ella reconocía ser la persona que le había
suministrado las fotografías al vespertino El Bogotano, como quien había
disparado en dos ocasiones a la víctima y, declaró, que había sido Hernán
Lora quien había colocado la bandera sobre el cuerpo de la señora. Por
último manifestó que había vuelto a encontrarse, el 5 de diciembre, con
Fredy en el Congreso Latinoamericano de Sindicalistas.
95 El Tiempo, 29. 12. 82, p. 1A.
El comandante de la brigada informó en la rueda de prensa que había
nueve sindicados presos faltando por capturar varios de ellos, e igualmente
hizo ver a los periodistas que los sindicados que aparecían dando “sus
confesiones no presentaban torturas” y que “lo estaban haciendo sin
coacción”. Abordado por los periodistas acerca de la legalidad de la
investigación por ellos emprendida, él respondió: “No tenemos
jurisdicción, ni competencia por el levantamiento del estado de sitio,
pero atendimos una orden del juez 47 de instrucción criminal (...)”.96
Las torturas
El 28 de diciembre los detenidos fueron trasladados de la Brigada a
declarar nuevamente pero ante el despacho del juez Civil 47 de instrucción
criminal, Luis Eduardo Mariño. Ante el Juez, Juan Tadeo y Fredy Rivera, se
retractaron de las afirmaciones suministradas a los interrogadores militares
y denunciaron que fueron obligados a confesar bajo tortura un delito que no
habían cometido. Jorge Carrasco Saavedra, abogado defensor, demostró
ante el juez que “(...) Fredy tenía una cicatriz en la espalda y señales de
haber sido quemado en los brazos con cigarrillos (...)”. De Tadeo Espitia que:
“(...) presentaba lesiones en el ojo derecho, inflamación del pómulo izquierdo
y huellas en espinillas y tobillos, signo de haber sido colgado con un lazo
(...)”. Tadeo Espitia, por su parte, declaró que fue apresado por dos personas
que se reclamaron ser miembros del grupo Muerte A Secuestradores, MAS,
pero que luego reconoció en el batallón del ejército.
En esta primera diligencia ante el juez 47 los apoderados, como sus
defendidos, aclararon que la ORP, había dejado de existir seis o siete años
atrás por diferencias políticas internas entre sus militantes.97
Remitido a la justicia ordinaria, Juan Tadeo Espitia declararía lo siguiente:
“Durante dos días fui sometido a todo tipo de vejámenes y torturas. Me
golpearon hasta sangrar, me hacían la tortura de la asfixia (...). Primero me
ponían un trapo enrollado en la cara y después empezaban a dejar caer
96 El Tiempo, 29. 12. 82, p. 1 y 6A.
97 La pista sobre los supuestos plagiarios, surgió de la sigla inscrita en la bandera con la
cual cubrieron el cuerpo de Gloria Lara. La Organización Revolucionaria Popular -O.R.P.-
aparecía en los archivos de inteligencia militar como un movimiento de carácter político
surgido en 1972, derivado de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -Línea
Sincelejo-. Dicha organización había dejado de existir en 1979 por diferencias políticas entre
sus miembros. Miguel Gamboa, Froylán Rivera y Emperatriz Gamboa constituyeron junto
con otras personas la Democracia Popular, que participó en una alianza electoral con el
Nuevo Liberalismo en las elecciones de 1982. Hernando Franco, Tadeo Espitia y Graciela
Inés Acosta conformaron el grupo Causa Comunista, que posteriormente se fusionó con
ex-militantes del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario -MO1R-, para fundar
el Partido del Trabajo de Colombia. Organización que también concurrió a las elecciones
de 1982.
gotas de agua. A medida que el trapo se iba humedeciendo se hacia
imposible respirar, era un a sensación horrorosa. Me tiraban al piso
amarrado de pies y manos, y tras darme una golpiza tremenda empezaron a
arrancarme el pelo a manotadas (...). Uno de los trances más difíciles fue
soportar las torturas psicológicas. Cuando de entrada a uno le dicen somos
del MAS y lo vamos a matar (...)”.
“En otra oportunidad me rozaron las balas cerca, muy cerca