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Economía social y solidaria
en el territorio:
signicantes y co-construcción
de políticas públicas
Juan Fernando Álvarez Rodríguez
Doctor en ciencias sociales de la Universidad de Lisboa,
máster en economía social y economista de la Universidad de los Andes
(Mérida). Profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de
la Ponticia Universidad Javeriana, consultor e investigador en temas
de gestión de organizaciones solidarias y miembro del consejo cientíco
de CIRIEC. Correo electrónico: alvarez_juan@javeriana.edu.co
Bogotá, septiembre de 2017
Arturo Sosa Abascal, S.J.
Gran Canciller
Carlos Eduardo Correa Jaramillo, S.J.
Vice-Gran Canciller
Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J.
Rector
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Vicerrector Académico
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Vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales
Catalina Martínez de Rozo
Vicerrectora Administrativa
Jairo Humberto Cifuentes Madrid
Secretario General
© Ponticia Universidad Javeriana
Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales
Economía social y solidaria en el territorio:
signicantes y co-construcción de políticas públicas
ISBN: 978-958-781-114-8
Impresión
Fundación Cultural Javeriana de Artes Grácas - JAVEGRAF
Bogotá, D.C. - Colombia
Septiembre de 2017
Índice
1. Sobre el propósito de estos apuntes ...................... 5
2. ¿Por qué otras formas de hacer economía
están en boga? ....................................................... 6
3. ¿Quiénes hacen parte de la economía social
y solidaria? .......................................................... 16
4. Principales tendencias conceptuales .................... 19
5. Orientaciones de las organizaciones solidarias
en el mercado ..................................................... 33
6. La economía social y solidaria en Colombia ....... 35
7. Otras concepciones de proximidad a la economía
social y solidaria .................................................. 38
8. ¿Cómo podemos fomentar la economía social
y solidaria en el territorio? ................................... 40
9. ¿Cuáles son las particularidades del fomento? ...... 44
4
10. Co-construyendo la política pública
en el territorio ..................................................... 53
11. ¿Cómo demostrar la incidencia de la economía
social y solidaria? ............................................... 58
12. Una idea simple para valorar el n de cualquier
actividad: el bien común ..................................... 62
13. Propuesta para la vericación
de la vida asociativa ............................................. 64
Bibliografía .............................................................. 78
5
Economía social y solidaria en el territorio
Economía social y solidaria en el territorio:
signicantes y co-construcción de políticas
públicas
Hace falta la conciencia de un origen común,
de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos,
Francisco: Laudato Si.
1. Sobre el propósito de estos apuntes
Desde distintas fuentes se nos habla de la economía soli-
daria como una forma de hacer empresa con un sinfín de
potenciales para atender los más ingentes problemas de la
sociedad. En el Gobierno, en los medios de comunicación,
en las escuelas, se oye con frecuencia que la economía so-
lidaria es una solución a muchos de los problemas por sus
potencialidades para organizar las demandas de las perso-
nas y generar acciones para resolverlas de manera directa.
Si los problemas son económicos, la cooperación entre
pequeños productores y consumidores genera la fuerza
necesaria para producir ingresos, bienes y servicios que
solventan la ausencia de recursos económicos. Si los pro-
blemas son sociales, el establecimiento de asociatividad,
conanza, reciprocidad y redes entre las personas, logra
potenciar las condiciones cívicas para solventarlos. Por
ello, se arma que la economía social y solidaria hace re-
6
lación a un conjunto de prácticas socioeconómicas que
combinan la empresarialidad cooperativa con la asocia-
ción de personas en busca de satisfacer necesidades. De
manera que la economía social y solidaria comprende a
un conjunto de organizaciones que desde sus prácticas
relevan si siguen o no los principios, el método y los pro-
pósitos de la economía social y solidaria.
En un contexto de crecientes desafíos económicos, so-
ciales y medioambientales que ponen en riesgo la subsis-
tencia de los medios de vida, al menos tal como los co-
nocemos, la economía social y solidaria se constituye una
opción para orientar la organización de la economía y la
sociedad, pero es menester conocer sus particularidades
dado que en cada historia de fracaso de estas organizacio-
nes se encuentra el uso indebido de la gura legal, accio-
nes de supervisión y de promoción públicas inadecuadas,
la asimilación con empresas capitalistas o el desconoci-
miento de sus asociados en cuanto a las particularidades
económicas y el necesario equilibrio entre la orientación
económica y la incidencia social.
En estos apuntes se dará un breve repaso por los aconteci-
mientos que reavivan la asociatividad y cooperación soli-
daria como método de hacer empresa y organizar la vida
civil, se identicarán los principales títulos y contenidos
bajo los cuales se entiende este método en diferentes te-
rritorios y se trazaran líneas para entender cómo fomen-
tar este tipo de organizaciones de manera más efectiva.
2. ¿Por qué otras formas de hacer economía
están en boga?
Pese al creciente descontento frente a los casos de corrup-
ción, malas prácticas políticas, incompetencia para resol-
ver muchos de los problemas que aquejan a las comu-
7
Economía social y solidaria en el territorio
nidades, hay avances importantes que permiten armar
que temas como la desigualdad, la búsqueda de generar
esquemas de producción sostenibles y el empoderamien-
to civil son temas que hacen parte de las agendas de la
mayoría de los países del mundo. Por otra parte, temas
como la inación, el empleo, la pobreza y la dotación
servicios básicos, que centraban las preocupaciones de los
economistas hasta hace sólo un par de décadas, han sido
parcialmente solventados (ONU, 2015) aun cuando es-
tos mismos temas están adquiriendo nuevos matices por
los cambios impulsados por la revolución tecnológica.
El conocimiento y la tecnología han avanzado de manera
exponencial, pero parecen insucientes para resolver las
crecientes desigualdades sociales. Mientras se descubren
exoplanetas y se discute su habitabilidad, los conictos
geopolíticos se acentúan, algunas democracias retroceden
hacia modelos hegemónicos congurando cambios de
actores y una creciente despreocupación por preservar los
derechos de los que piensan diferente.
La mercantilización de toda actividad humana como la
salud, la educación, el medioambiente, la cultura y el de-
porte están a la orden del día y hacen parte de las bases de
un insostenible modelo de crecimiento económico carac-
terizado, entre otras, por:
• La desconexión entre la economía y las necesida-
des de las personas lo que ocasiona un aumento
sostenido en el precio de bienes esenciales, me-
ritorios y fundamentales (como la vivienda, el
transporte y los servicios públicos),
• El incumplimiento de la promesa de tasas de cre-
cimiento de la producción, el comercio y el des-
acople de la acumulación económica basada en la
economía real dadas las desproporcionadas tasas
8
de reproducción de dinero usado para comprar
más dinero (CEPAL, 2016),
• Y la vinculación de la economía actual a la repro-
ducción creciente de la desigualdad y la devasta-
ción ambiental (Oxfam, 2017)
Sin duda es un contexto que luce a toda vista adverso
para la sobrevivencia planetaria.
En el centro del modelo actual subyace la separación
intencionada del accionar integral de los individuos lo
que conduce a la despreocupación colectiva por el bien
común. La promesa de que la racionalidad centrada en
el individualismo puede agregarse para lograr óptimos
económicos, éticos, sociales, ambientales, culturales, es-
pirituales y políticos entre otros, es una deuda que no
podrá ser pagada dado que el individualismo no puede
por sí solo generar una evolución sostenible, ni de la hu-
manidad ni de los sistemas sociales. De esto hay una am-
plia evidencia empírica que muestra desde la biología, la
antropología, la neurociencia, la pedagogía, la psicología
y las ciencias económicas, el rol preponderante que tie-
ne la acción común, el altruismo y la cooperación en la
explicación de la sostenibilidad de la especie humana y
entorno (Singer y Ricard, 2015).
Y mientras esto ocurre prepondera un pretendido pen-
samiento único que es ciego ante las amenazas sistémi-
cas y se escuda en las nociones de la eciencia técnica.
También hay acá un paradigma según el cual la eciencia
técnica se reduce a costos y benecios contables, dejando
por fuera del cálculo los costos relacionados al proceso de
daño medioambiental y de destrucción de valor social.
Esto es una conducta aprendida que genera exclusión ci-
vil, exime al individuo de su responsabilidad con el en-
9
Economía social y solidaria en el territorio
torno, destruye valor (social y ambiental) y congura un
paradigma dogmático que obstaculiza el desarrollo de las
organizaciones como sistemas vivos que requieren justa-
mente de lo contrario: encuentro y autoayuda en la pro-
cura de satisfacer necesidades, responsabilización y preo-
cupación por los problemas de la comunidad y apertura
a la participación.
Sin embargo, hay una movida creciente que nada con-
tracorriente. Se trata de movimientos conformados por
ciudadanos preocupados por rescatar los quehaceres y
sabidurías de sus ancestros, volcarse hacia esquemas or-
gánicos de consumo y de producción sostenible, de gene-
rar sistemas económicos incluyentes generadores de bien
común.
Estos movimientos hacen parte activa de la sociedad civil
de un territorio, pero tienen la capacidad de actuar en los
mercados, de relacionarse con los agentes del Estado y
de desarrollar iniciativas que responden a preocupaciones
medioambientales. En este marco la economía social y
solidaria tiene la virtud de servir de puente entre la esfera
pública y el mercado, entre la esfera ambiental y la social,
democratizando y potenciando a la sociedad civil.
En la gura 1 se representa a la economía social y solida-
ria como una de las expresiones organizadas de la socie-
dad civil, la cual tiene presencia en los mercados, genera
excedentes que mitigan problemas sociales y a la vez se
relaciona con el Estado favoreciendo iniciativas que pro-
curan la sostenibilidad ambiental.
Tras la inminente crisis ambiental y sus efectos sobre el
hábitat actual y la sostenibilidad de las formas de inter-
cambio en los mercados, las Naciones Unidas, las dis-
tintas iglesias del mundo y los gobiernos han buscado
generar orientaciones, compromisos, alianzas y pactos
10
Figura 1. Interdependencias de un nuevo paradigma
entre mercado-estado-sociedad civil
Fuente: elaboración propia
para revertir la tendencia a la destrucción sistémica. Las
principales orientaciones están contenidas en los siguien-
tes documentos:
• Carta Encíclica LAUDATO SI del Santo Padre
Francisco “Sobre el cuidado de la casa común”:
por medio de esta encíclica se plantea un re-
direccionamiento ético del consumo, la produc-
ción y las formas de relacionarnos con el medio
ambiente a la vez que abre las puertas al diálogo
entre religiones basándose en esfuerzos llevados a
cabo por otras iglesias diferentes a la Católica. En
dicho documento organizaciones de la economía
social y solidaria como las cooperativas son un
instrumento idóneo que responde a los desafíos
Sostenibilidad
Ambiental Estado
Sociedad
civil
Economía
social y
solidaria
Mercado
Problemas
sociales
11
Economía social y solidaria en el territorio
de generar opciones organizacionales sostenibles.
Por ejemplo, en un apartado del documento se
arma que:
…se están desarrollando cooperativas para la explo-
tación de energías renovables que permiten el auto-
abastecimiento local e incluso la venta de exceden-
tes…mientras el orden mundial existente se muestra
impotente para asumir responsabilidades, la instan-
cia local puede hacer una diferencia…(Francisco,
2015, 109).
• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS-:
por medio de este acuerdo las Naciones Unidas
han dispuesto una serie de compromisos a 2030
donde se busca responder a los desequilibrios am-
bientales, sociales, políticos, económicos, cívicos
e institucionales del planeta.
La relevancia de estudios de organismos ociales
señalan una relación positiva entre el fomento de
la economía social y solidaria y el desarrollo de
prácticas para satisfacer los ODS (ONU, 2014:
OIT-ACI, 2014). De manera que ya hay sucien-
te evidencia de que las empresas solidarias sus-
criben buena parte de estos objetivos a través del
Plan para una Década Cooperativa de la Alianza
Cooperativa Internacional y en la práctica milla-
res de experiencias locales de asociatividad soli-
daria, demuestran cómo el arraigo local de estas
organizaciones propicia soluciones que se buscan
en los ODS.
Para el grupo de trabajo interinstitucional sobre
economía social y solidaria de las Naciones Uni-
das, la economía social y solidaria tiene un punto
de partida privilegiado para cumplir los objetivos
12
de desarrollo sostenible porque su orientación de
generar bienes y servicios por y para sus asociados
facilita la transición de millares de trabajadores
del sistema de economía informal a un trabajo
decente donde pasan a ser co-propietarios de su
propia empresa y gestores de su propio desarro-
llo; por su característica territorial, la búsqueda
de producción limpia, el fomento a un consumo
responsable y gracias a que en muchas de ellas se
desarrollan mercados basados en el comercio jus-
to, las organizaciones de economía social y solida-
ria tienden a dejar una huella de carbono menor
que las empresas capitalistas; además tienden a
invertir sus recursos en el territorio con lo que fo-
mentan el desarrollo local, fortalecer la cohesión
social y brindar servicios de salud, educación, ac-
ceso a servicios públicos que tienden a enfocarse
en el ser humano por encima del capital, también
tienden a generar un mayor empoderamiento de
la mujer y a generar autonomía nanciera por sus
procesos de autogestión (ONU, 2014).
• Acuerdo COP 21: la cumbre del clima celebrada
en París (Noviembre 30 - Diciembre 11, 2015),
ha generado un acuerdo mediante el cual los r-
mantes se comprometen a buscar mecanismos de
reducción de los contaminantes y en particular de
los niveles de CO2. A lo largo de los documentos
de soporte técnico al Acuerdo se plantea una rela-
ción entre el crecimiento económico y la emisión
de CO2 al ambiente y donde en consecuencia se
brindan incentivos al decrecimiento económico y
la búsqueda de alternativas organizacionales com-
prometidas con la reducción de la contaminación
global. Las empresas solidarias tienen por princi-
13
Economía social y solidaria en el territorio
pios constitutivos una preocupación por su entor-
no que les hace partir en una posición privilegiada
en el marco del desarrollo sostenible, pero avanzar
hacia una reducción de la producción y, a la vez,
generar mayores niveles de bienestar, sólo ha sido
posible lograrlo en organizaciones de economía
social y solidaria que se identican con referentes
ancestrales como el buen vivir practicado como
referente cultural en comunidades indígenas de
Ecuador o el bien vivir en Bolivia.
En esta línea Di Prieto (2017) plantea, como va-
rios ecologistas, que los medios para el cumpli-
miento de los Acuerdos del COP21 no generan
un rompimiento del sistema capitalista capaz de
revertir el crecimiento de las emisiones de CO2,
resaltando que son las comunidades que abogan
por una producción ecológica, basada en el res-
cate de las tradiciones ancestrales, la búsqueda de
soberanía alimentaria y energética del área andina
de América, las que mayor posibilidad tienen de
cumplir estos acuerdos dado que para ellos es par-
te de su quehacer existencial.
Por otra parte Mendoza (2016) advierte que el
clima es un bien colectivo, cuya ‘sobre-explota-
ción’ se debe al oportunismo de, mayormente,
grandes corporaciones y países desarrollados que
han contaminado la atmósfera. En ese contexto
un desafío es evitar la compra de las comunidades
por medio de transferencias y donaciones, evitar
la disociación de los grupos sociales por la llegada
de esquemas productivos que fomentan la con-
centración laboral en grandes ciudades y evitar la
idea de que el desarrollo no puede ser alcanzado
siguiendo las prácticas ancestrales.
14
Mendoza propone desarrollar comunidades epis-
témicas, entendidas como los encuentros de sa-
beres que abandonando recetas externas logran
responsabilizarse por su propio destino. ¿Cómo
hacerlo? Mendoza propone organizar el conoci-
miento de forma sistémica entre intelectuales del
sur y el norte que logre expandir técnicamente los
saberes locales y tradiciones orales, catalizarlos y
darles fuerza ante el debate extractivismo/mono-
cultivismo. Apuesta similar es la que la escuela
brasilera de las tecnologías sociales genera para
generar tecnologías desde, por y para la gente, si-
tuando asuntos tan planetarios como el cambio
climático a su entorno, al de sus organizaciones y
de su vida propia.
De manera que la conjunción de la insostenibilidad am-
biental, económica y las crecientes tensiones sociales, po-
líticas y culturales terminan generando acuerdos y linea-
mientos como los anteriores que han unido a la mayoría
de instancias públicas y privadas en torno a su desarrollo
o de manera contraria a su obstaculización. En la bús-
queda incesante por alternativas, las organizaciones de la
economía social y solidaria surgen como salvavidas.
El caso colombiano no ha sido la excepción, por ejem-
plo tanto en el Plan de Desarrollo Nacional, como en el
Acuerdo para el n del conicto con el otrora movimien-
to guerrillero de las FARC, la economía solidaria tiene un
rol importante.
En el plan de desarrollo 2014-2018 se plantea la nece-
sidad de fortalecer a los entes de supervisión de la eco-
nomía solidaria, facilitar el acceso a activos y mercados
nancieros con nes de lograr la inclusión de campesi-
nos en zonas rurales dispersas. A pesar de lo escueto que
15
Economía social y solidaria en el territorio
puede parecer para algunos, contemplar la necesidad de
fortalecer los entes de supervisión señala que éstos no son
del todo ecientes y así mismo se reconoce en el ámbito
rural la cercanía de organizaciones como las cooperativas
con los habitantes de estos territorios.
En el caso del Acuerdo para el n del conicto, las orga-
nizaciones de economía social y solidaria son casi la única
alternativa en materia de reincorporación socioeconómi-
ca. Se contemplan estímulos nancieros e instituciona-
les para la producción, la comercialización, la gestión de
proyectos de infraestructura y equipamiento y la organi-
zación comunitaria. Para ello se ha dispuesto un ambicio-
so plan denominado PLANFES que sirve de hoja de ruta
para el desarrollo de políticas públicas pro-asociativas. El
programa de fomento solidario contempla la creación de
una organización de economía social y solidaria, denomi-
nada Economías Sociales del Común, que agrupa como
paraguas a las decenas de organizaciones civiles y eco-
nómicas que contempla desde radios comunitarias hasta
organizaciones agroindustriales.
En conclusión, la economía social y solidaria resurge
como opción organizacional para atender las nuevas ten-
dencias de consumo responsable, producción sostenible,
comercio justo, nanzas éticas y otro sinfín de iniciativas
que siguen un camino distinto al de la mercantilización,
extractivismo y explotación propio de los actuales mo-
mentos y que constituye un sistema económico insoste-
nible y un paradigma en crisis.
En el siguiente apartado se explorarán cuáles son los prin-
cipales enfoques y acepciones conceptuales que se dan
al término de economía social y solidaria. Con ello se
podrán entender las múltiples opciones organizacionales
16
que desde la sociedad civil se pueden establecer con nes
de solventar múltiples necesidades y demandas sociales.
3. ¿Quiénes hacen parte de la economía social
y solidaria?
Varios académicos e instituciones han denido qué es la
economía solidaria. En Colombia, por ejemplo, la pala-
bra está contemplada dentro de la Constitución lo que ha
hecho que existe un concepto desde la Ley que la norma
(la Ley 454 de 1998).
Esta profusidad conceptual no es gratuita. Cada concep-
to abriga un ideal sobre lo que debe ser la economía so-
cial y solidaria, está relacionada con una visión política y
económica del proponente, denota los principios moti-
vadores de su producción, consumo y distribución y lo
mejor aún responde a una visión local que se gesta desde
las historias organizacionales de cada territorio. Por ello
denir la economía social y solidaria no es un asunto de
casarse con un término y tratar de moldear la realidad de
un territorio con base en su denición, sino que implica
reexionar sobre las diversas experiencias y posibilidades
organizacionales, sentidos y signicantes que conforman
el acervo plural de millares de organizaciones en todo el
mundo que abogan por co-construir desde sus comuni-
dades sus propios destinos.
Si se tomara un mapamundi encontraríamos diversidad
de títulos y contenidos tantos que podría hacerse un
mapa geográco de la cooperación en tanto la economía
social y solidaria conforma una creciente realidad huma-
na planetaria.
Dando un vistazo a la gura 2 se denota que la econo-
mía social y solidaria es un concepto que se co-construye
continuamente sobre las realidades situacionales de cada
17
Economía social y solidaria en el territorio
territorio. Por ello el contenido de los títulos relacionados
en la gura sólo es posible entenderlo tomando en cuenta
la historia, particularidades, necesidades y satisfactores en
un espacio situacional especíco.
Figura 2. Mapa geográco de la cooperación planetaria
Fuente: elaboración propia
18
Cada concepto de la gura 4 parte de la idea de un sector
socioeconómico que integra diversas formas organizacio-
nales bajo un mismo enfoque conceptual. Este esfuerzo
no ha sido fácil dadas las particularidades organizacio-
nales, los títulos y contenidos que en cada territorio se
han puesto de relieve según su desarrollo histórico, sus
necesidades y las posibilidades organizacionales de su so-
ciedad civil.
El territorio podrá ser físico o simbólico, pero en todo
caso las decisiones se toman basadas en las particulari-
dades económicas, sociales, organizacionales, políticas,
cívicas y ambientales dadas. Ello repercute en concepcio-
nes paradigmáticas que se alejan de las tradicionalmente
construidas para entender la sociedad y los determinantes
de un supuesto “orden natural”.
Es así como en Ecuador y Bolivia, los contenidos organi-
zacionales de la economía social y solidaria hacen énfasis
en la cosmogonía comunitaria y ambiental del concep-
to del buen vivir indígena (sumak kawsay). El acento
organizacional de la Canadá francoparlante dista de la
concepción de la angloparlante dadas las diferencias geo-
grácas, históricas y también sociales que se presentan
en un espacio territorial y otro. El enfoque reivindicativo
de la economía social y popular de la Argentina dista de
los movimientos cooperativos exportadores de Brasil por
su relacionamiento político e histórico con las sociedades
donde se desenvuelven. Mientras que el enfoque comu-
nal venezolano orienta sus esfuerzos en un contexto de
fuerte orientación política. Al mismo tiempo la econo-
mía solidaria colombiana trata de que su especicidad
constitucional sea ejecutada en un contexto donde pri-
man diferencias organizacionales sobre la orientación
económica y su rol en la construcción de una sociedad
que busca convivencia pacíca.
19
Economía social y solidaria en el territorio
4. Principales tendencias conceptuales
Los principales títulos se categorizan bajo las siguientes
tendencias:
4.1. Tercer sector
Es una noción conceptual de inuencia predominante-
mente anglosajona. Para la noción anglosajona, el tercer
sector es sinónimo del sector no lucrativo, constatado por
la práctica de no distribuir ningún tipo de excedentes del
ejercicio económico a los aportantes. En este sector pri-
ma la participación voluntaria y la estructura formal de
organización privada.
Para Salamon y Anheir (1999) los criterios para delimitar
qué organizaciones forman parte del tercer sector son las
siguientes:
• Que la organización sea privada,
• Independiente del sector público
• Esté estructurada administrativamente de forma
legal.
• Debe tener carácter no lucrativo y, por lo tanto,
no pueden repartirse benecios a quienes contro-
lan la organización.
• La participación en la empresa debe ser totalmen-
te voluntaria.
Sus principales organizaciones constituyentes son: funda-
ciones, voluntariados y organizaciones no gubernamen-
tales que desarrollan acciones por el interés general; y ex-
cluye por su principio de no distribución de excedentes a
cooperativas y mutuales (Salamon y Anheir, 1999).
La mayoría de estas organizaciones hacen parte del con-
glomerado denominado sociedad civil. Al respecto cabe
20
destacar que, entre los autores que siguen esta línea con-
ceptual, hay una tendencia, particularmente en los países
de habla inglesa, a construir la noción de tercer sector
como encarnación física de la sociedad civil (Roitter,
2004, p. 18) y por tanto el tercer sector se diferencia del
sector público y el sector privado con nes lucrativos.
De esta manera, comienza a estructurarse un concepto
asociado a las organizaciones que, siendo privadas, no
mantienen únicamente objetivos lucrativos y/o de interés
general.
Tomando en cuenta que el tercer sector se construye a
partir de particularidades culturales, económicas, políti-
cas y sociales, en algunas latitudes las organizaciones de
bienestar general constituyen buena parte del contenido
del tercer sector y, por tanto, son temas de interés especial
en la investigación el voluntariado, la no redistribución
de ingresos y las prácticas de no lucro, es decir de excluir
la posibilidad de generar lucro al nal del período en tan-
to todos los ingresos se reinvierten por sus estatutos en la
actividad determinada en su objeto social y se destine a
beneciar a terceros. En estas organizaciones, los inverso-
res tienden a no obtener rentas y eventualmente, pueden
sentirse desincentivados por expectativas de rentas casi
nulas (Chaves y Monzón, 2001). De manera que algunas
de estas organizaciones tienden a cierto nivel de ine-
cacia productiva, toda vez que no hay estímulos para la
minimización de costos en tanto el principio de no dis-
tribución de ganancias hace innecesaria la minimización.
Un elemento adicional de inecacia operativa de las enti-
dades sin ánimo de lucro proviene de su lenta capacidad
de reacción ante cambios en las cantidades demandadas,
debido a su limitada disponibilidad de nanciación para
ampliar la capacidad de producción en comparación con
las empresas lucrativas.
21
Economía social y solidaria en el territorio
La diversidad de contenidos que envuelven a estas or-
ganizaciones recrea varias especicidades (Álvarez &
Gordo, 2008):
• Filantrópicas.
• De apoyo a instituciones.
• Abocadas al mercado.
• Abocadas a la justicia social.
• De desarrollo social.
• Reivindicativas.
• De representación.
• De expresión.
• De autogestión y cogestión.
Las entidades lantrópicas se basan en prescripciones
religiosas, culturales o éticas ante una determinada si-
tuación. Actúan a favor de situaciones entendidas como
socialmente deseables, focalizando sus áreas de interven-
ción hacia poblaciones “necesitadas”. Los programas que
se desprenden son predominantemente asistencialistas.
El ámbito de acceso a los bienes y servicios es selectivo.
Este tipo de asociaciones es auspiciado por un agente do-
nante, quien establece las reglas de producción, distribu-
ción y consumo.
En las entidades de apoyo institucional, su conformación
está predeterminada a la pertenencia, adhesión y subordi-
nación a un sistema mayor de servicios sociales que busca
mediante la provisión de bienes públicos atender las fallas
de mercado. Este tipo de asociaciones se caracteriza por
tener una mínima independencia en su toma de decisio-
nes y focalización de las actividades y poblaciones obje-
tivo. Actúan en pro del cumplimiento de unos objetivos
trazados por fuera de la entidad, y en pro de su fortaleci-
22
miento institucional. Los programas que se desprenden
buscan solucionar necesidades básicas determinadas por
las entidades públicas y el acceso a sus bienes y servicios
tiende a ser público. Pese a que este tipo de entidades
son auspiciadas por entidades públicas, eventualmente
algunas privadas, pueden desempeñar este papel en tanto
existan incentivos scales e impositivos.
Las entidades abocadas al mercado basan sus actuaciones
en la defensa de estrategias mercantiles para suplir fallas
de Estado en la provisión de servicios sociales. Actúan
en pro del cambio individual y, generalmente, vinculan
estrechamente a sus estrategias valores de tipo religioso,
moral y de responsabilidad individual en la satisfacción
de necesidades. Los programas que se desprenden son
asistenciales y a corto plazo, aunque como estrategia de
negocios es factible derivar programas sociales de largo
aliento. El acceso a bienes y servicios es selectivo, y utiliza
mecanismos de mercado para focalizar los beneciarios.
Las entidades abocadas a la justicia social basan sus pro-
gramas en un análisis crítico de la desigualdad de clases,
sus causas, efectos e impactos. Propenden por la demo-
cratización, justicia y equidad no sólo de las instituciones
sino de las relaciones sociales. Desarrollan programas en
actividades diversas y en cuanto a grupos de interés aten-
didos, dado que el acceso está focalizado a las poblaciones
excluidas. Sus actuaciones son directas o mediadas por
movimientos sociales anes a causas comunes.
Las entidades de desarrollo social orientan su visión a los
problemas ligados al desarrollo económico, social, cul-
tural y humano bajo el establecimiento de compromisos
gubernamentales, empresariales y de la colectividad. Se
busca promover el desarrollo en todas sus dimensiones
mediante la participación activa de todos los agentes que
23
Economía social y solidaria en el territorio
actúan en la sociedad, y las actividades se relacionan con
estos objetivos. El acceso es focalizado a grupos social-
mente excluidos, auspiciado por un mecanismo que inte-
gre al sector público, privado y la sociedad civil.
Las entidades reivindicativas surgen de la necesidad de
organizar a los grupos de personas para presionar, ante
otros agentes, una serie de intereses compartidos. El tipo
de programas que estas entidades realizan son, funda-
mentalmente, enfocados a la reforma social mediante ac-
tividades de presión que buscan un acceso universal, para
los grupos de interés, de una serie de bienes y servicios
para el mejoramiento de la calidad de vida, basado en
principios doctrinales de justicia social. El auspicio suele
ser gestionario e independiente de estamentos guberna-
mentales.
Las entidades de representación basan sus programas en
actividades de representación institucional de agentes
organizados bajo un interés común. A diferencia de las
asociaciones reivindicativas, desarrollan actividades de
concertación y el auspicio y la participación en la toma
de decisiones viene recreado por la membresía.
Las entidades de expresión surgen de grupos organizados
para la realización de actividades de índole cultural, re-
creativa o de aciones compartidas, con el objeto de con-
tribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la disposi-
ción de capital cultural para los beneciarios. Pese a que
su actividad se realiza bajo la noción de acceso universal,
en la práctica el acceso es focalizado por áreas geográcas
y por aciones comunes, en ocasiones dependiendo del
auspicio de entidades gubernamentales o privadas. Habi-
tualmente, su alto componente de voluntariado genera
círculos de control empresarial cerrados.
24
Las entidades de autogestión y cogestión surgen de gru-
pos autodirigidos nacidos con el n de satisfacer una
necesidad, sea de índole económico, cultural, político o
ambiental, a través de una empresa en la que priman los
intereses colectivos a los aportes individuales y el acceso
es libre a la entrada y a la salida, aunque en la práctica
puede ir en contra de los objetivos de los asociados. Los
auspicios son generalmente provenientes de relaciones de
membresía.
A las relaciones anotadas se derivan híbridos, como por
ejemplo aquellos movidos por incentivos scales, los cua-
les son dirigidos ateniéndose a las especicidades que im-
pone el donante. Existen otros en los que el auspiciante
obtiene satisfacción a través de la nanciación de accio-
nes colectivas tendientes a la inclusión social o donde el
auspiciante se adhiere a una causa de desarrollo global
mediante sistemas de responsabilidad de agentes públi-
cos y privados. Hay otras formas donde los programas
se desarrollan desde entes gubernamentales dirigidos a
reformas del régimen de bienestar social.
4.2. Economía social:
De inuencia francófona y ampliamente aceptado en Eu-
ropa, la economía social se asienta en el componente orga-
nizacional del asociacionismo democrático: cooperativas,
mutuales y todas aquellas organizaciones que actúan en
los mercados y siguen la doctrina universal del coopera-
tivismo y la ayuda mutua propugnada por las mutuales.
Sin embargo, el concepto abre las puertas a organizaciones
voluntarias y abocadas al interés general como fundacio-
nes, corporaciones y organizaciones no gubernamentales
(Chaves & Monzón, 2001).
25
Economía social y solidaria en el territorio
Hace referencia a empresas formalmente constituidas
que, a partir de los principios de la cooperación, produ-
cen bienes y servicios para sus socios de forma autoges-
tionaria. La autogestión implica autonomía y libertad en
la toma de decisiones, igualdad en la participación socie-
taria y primacía del trabajo sobre el capital.
Con una rica historia que data del siglo XVIII, la eco-
nomía social estudia preponderantemente a entidades
donde los aportantes son los mismos beneciarios de la
actividad empresarial, pero no excluye a las organizacio-
nes no lucrativas basadas en la transferencia de benecios
a terceros.
Así, las principales organizaciones de la economía social
se relacionan con empresas cooperativas, mutualistas y
asociativas caracterizadas por:
• Primacía del hombre y del objeto social sobre el
capital.
• Adhesión voluntaria y abierta.
• Conjunción de los intereses de los miembros,
usuarios y/o del interés general.
• Distribución de excedentes y toma de decisiones
no ligadas directamente al capital y aplicación de
los excedentes al objeto social.
• Autonomía de gestión e independencia de los po-
deres públicos.
Bajo los parámetros anteriores, organizaciones sindicales,
partidos políticos, de defensa de derechos, organizaciones
informales, sacramentales y organizaciones controladas
por agentes externos, como entidades gubernamentales,
se consideran agentes de proximidad a la economía so-
cial, pero no constituyentes.
26
No obstante, con el objeto de integrar las diferentes for-
mas organizacionales de economía social vigentes en los
países miembros de la Unión Europea, esta corriente ha
ampliado sus fronteras organizacionales para dar cabida a
empresas que a primera vista parecen no satisfacer plena-
mente las características enunciadas. Es el caso de algunas
sociedades laborales en España, donde se permite la par-
ticipación de inversores con un porcentaje de propiedad
limitado o de empresas de interés general en Alemania
donde hay participación tanto de entidades públicas
como privadas en una misma gura jurídica.
Por esta diversidad de organizaciones Barea y Monzón
(1999) proponen clasicar la economía social en dos sub-
sectores: empresas de mercado (si las ventas cubren más
del 50% de los costos de producción) y empresas de no
mercado o instituciones sin nes de lucro al servicio de los
hogares (cuando las ventas no superan este porcentaje).
En la búsqueda de establecer parámetros de ordenamien-
to conceptual, Monzón y Defourny (1987) plantean al
tercer sector como representación de la no lucratividad y
la economía social como representante del concepto “sin
ánimo de lucro”, y traza fronteras para mostrar los espa-
cios propios de la economía social. En la gura 3, se ilus-
tran los nexos de proximidad entre la economía social, el
sector público, el sindical, el privado y el comunitario.
Estos nexos develan vínculos de intereses por el bien co-
mún y que se materializan en acciones colaborativas ba-
sadas, desde la economía social, en el principio de interés
por la comunidad y la generación de bienes y servicios
socialmente deseables que se realizan.
En el caso de la economía social y su relación con el
sector público, se destacan las empresas cooperativas o
asociativas que, con apoyo del Estado, prestan servicios
27
Economía social y solidaria en el territorio
públicos. La economía social y el sector comunitario
mantienen relaciones siempre que la gestión de activi-
dades municipales por parte de empresas de economía
social se lleve a cabo en colaboración con asociaciones lo-
cales. La interfase entre economía social y sector privado
se establece cuando desde la empresa privada se concier-
ta una participación de los trabajadores en la propiedad,
gestión y resultados de esta. La interfase que relaciona el
sector de economía social y el sindical muestra relaciones
en sindicatos creados desde una empresa participativa y
autogestionados.
Figura 3. La economía social y sus interfaces
Fuente: Desroche (1983, p. 205).
De manera que la economía social está compuesta pre-
ponderantemente por empresas, cuya nalidad esencial
es realizar actividad económica directa en benecio de
sus integrantes. Al decir de Namorado (2006), única-
mente deben ser consideradas de la economía social las
organizaciones que realicen actividades económicas, de
modo que abarquen naturalmente la producción de bie-
nes y la prestación de servicios, en una racionalidad que
implique la maximización de los resultados, la conten-
ción de los costos y la reproductibilidad de las virtuali-
dades productivas. Este criterio es ampliado hasta incluir
Empresa
mutualista
Empresa
asociativa
Sector privado
o empresa
participativa
Sector local
o empresa comunitaria
Sector sindical
o empresa
Sector público
o empresa concertada
Sector de economía social
Empresa
cooperativa
empresa
28
a organizaciones cuyos nes sean paralelos o colaterales
con la actividad principal que desarrollan las empresas,
como sería las entidades que realizan acciones de repre-
sentación y defensa de los intereses del sector, de investi-
gación, información y educación.
Estos antecedentes sirvieron para el desarrollo de una
conceptualización ampliamente aceptada de economía
social. Para el CIRIEC, la economía social se dene
como:
…el conjunto de empresas privadas organizadas formal-
mente con autonomía de decisión y libertad de adhesión,
creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través
del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o
nanciando y en las que la eventual distribución entre los
socios de benecios o excedentes así como la toma de decisio-
nes, no está ligadas directamente con el capital o cotizaciones
aportados por cada socio, correspondiendo un voto a cada
uno de ellos. La Economía Social también agrupa a aque-
llas entidades organizadas formalmente con autonomía de
decisión y libertad de adhesión que producen servicios de no
mercado a favor de las familias, cuyos excedentes, si los hu-
biera, no pueden ser apropiados por los agentes económicos
que las crean, controlan y nancian… (Chaves y Monzón,
2008).
4.3. Economía social y solidaria
Con múltiples inuencias provenientes de experiencias
latinas la economía solidaria se asienta en prácticas orga-
nizacionales que trascienden lo económico y realizan em-
prendimientos por la preservación, valoración y difusión
de las expresiones populares, comunitarias o ancestrales
como nueva forma de hacer economía en un contexto de
creciente exclusión económica. Esta lógica de actuación
29
Economía social y solidaria en el territorio
organizacional sirvió de base para el desarrollo no sólo de
la economía solidaria sino también de la economía del
trabajo, la economía de la solidaridad y más recientemen-
te socioeconomía solidaria.
Bajo este enfoque, las empresas de economía solidaria son
portadoras de un nuevo paradigma de desarrollo que gira
en torno al ser humano, la justicia social y la sostenibilidad,
creando una regulación socioeconómica renovada alterna-
tiva a la mundialización neoliberal (Boulianne, 2003). Así
los emprendimientos socioeconómicos están inmersos en
sectores como la provisión de empleo, alimentación, edu-
cación, sanidad y vivienda, mediante prácticas de nan-
zas solidarias, comercio justo, agricultura sostenible, entre
otras iniciativas que promueven una economía fundada en
la cultura de la cooperación y en la ética de la solidaridad.
Las organizaciones que constituyen la economía solidaria
abarcan una amplia variedad de formas de organización.
Tal heterogeneidad depende de los contextos en que sur-
gen, de las problemáticas que enfrentan, y de las caracte-
rísticas de quienes las promueven e integran. Las unidades
económicas solidarias comprenden: familias, comunida-
des, unidades campesinas, organizaciones económicas po-
pulares, cooperativas, asociaciones de trabajo voluntario, y
pueden ser de producción y consumo, sean estos bienes o
servicios.
Al respecto, el concepto propuesto por Antonio Cruz
(2011, pp.12) da luces sobre la materia: comprenderemos
por economía solidaria “el conjunto de emprendimientos
económicos asociativos donde (i) el trabajo, (ii) los resultados
económicos, (iii) la propiedad de los medios (de producción,
de consumo de crédito...), (iv) el poder de decisión y (v) los
conocimientos acerca de su funcionamiento son compartidos
solidariamente por todos los que de ellos participan.
30
Buscando conjugar la tradición de la economía social con
la de la economía solidaria y consolidar bajo un mismo
manto conceptual las expresiones organizacionales del
sur y del norte se comienza a popularizar en eventos,
gremios y diferentes publicaciones el título de economía
social y solidaria. Para el recién grupo de trabajo inte-
rinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía
Social y Solidaria (Freedman, 2013), la economía social
y solidaria se reere a las organizaciones que tienen objeti-
vos económicos, sociales y ambientales a menudo explícitos, e
implican diversas formas de cooperación y solidaridad. Estos
incluyen las cooperativas, los grupos de mujeres de autoayu-
da, empresas sociales o comunitarias, redes de comercio justo
y asociaciones de trabajadores de la economía informal.
La Organización Internacional del Trabajo en busca de
ampliar las características de la denición de economía
social y solidaria propone como criterios denitorios los
siguientes (OIT, 2013):
• La economía social y solidaria está centrada en las
personas;
• Sus organizaciones son híbridas, en el sentido de
que combinan la rentabilidad, el cambio social y los
valores sociales, no siendo fundamental la primera
• Operan sobre la base de reglas negociadas y reci-
procidad garantizada, particularmente por el con-
trol social;
• Funcionan en el marco de una democracia econó-
mica;
• Incluyen entre sus objetivos el mantenimiento de
vínculos sociales.
• Pueden tener también como objetivo la búsqueda
de una reducción de la brecha entre individuos y
autoridades (en las asociaciones comunitarias).
31
Economía social y solidaria en el territorio
En consecuencia, la economía social y solidaria hace refe-
rencia a organizaciones que siguen una lógica particular
para el desarrollo de emprendimientos socioeconómicos.
Las organizaciones de economía social y solidaria inician
su presencia en el territorio cuando, partiendo de una or-
ganización privada, realizan acciones para generar inten-
cionalmente productos sociales que impacten sobre sus
miembros y, por extensión, a sus familias y a la comuni-
dad en general. En dicho proceso, apelan a la autogestión
desde su dimensión participativa como de responsabiliza-
ción socioeconómica, potenciando redes de reciprocidad,
solidaridad, lazos de afectividad y ejerciendo la democra-
cia directa.
Como actúan en contexto de economías de mercado,
muchas veces siguen sus reglas pero con pautas de par-
ticipación, operación y distribución distintas. También
actúan por fuera del mercado bajo criterios propios de
asignación. Cualquiera sea el caso, parten de maximizar
la satisfacción del benecio de cada uno de sus miembros
en un ámbito común por medio de la aglutinación de
demandas (necesidades) y satisfactores como oferta. De
manera que hay una estrategia básica de generación de
economías de escala.
Como efecto de lo anterior, estas organizaciones termi-
nan fortaleciendo los mercados, generando asignaciones
ecientes de recursos y contribuyendo a la solución de
fallas de mercado y/o Estado, dado que los asociados
no tienen incentivos para ofrecer bienes o servicios en
condiciones sub-óptimas, dado que ellos mismos los
consumen o lo hacen beneciarios con los cuales tienen
fuertes vínculos empáticos. De manera que, la estrategia
de ocultar sistemáticamente la información sobre los
atributos de los bienes y servicios que producen, no es
32
racional dentro de este tipo de empresas, porque ellos
terminan siendo sus propios gestores y consumidores.
El bienestar se procura a partir de una dimensión social
intangible próxima al concepto de bien común. Además
suelen practicarse códigos morales que inducen cambios
comportamentales en sus miembros y promueven el for-
talecimiento del capital social comunitario expresado en
redes de reciprocidad, asociatividad y conanza.
Incorporan una dimensión humana a la teoría del valor
estableciendo ponderaciones a los distintos bienes eco-
nómicos en razón a la utilidad que tienen y las necesida-
des a las cuales responde. De esta manera, asignan a sus
bienes y servicios precios de mercado como referencia, o
pueden utilizar precios por debajo de éste, por encima o
incluso entregarlos de forma gratuita, siempre y cuando
la asignación de precios responda a una estrategia deni-
da y compartida por los usuarios gestores de los empren-
dimientos.
Crean mercados propios, con la ventaja de que pueden
acceder en tiempo real a la información sobre los atri-
butos deseados en los bienes y servicios que se producen
y previamente se han demandado de forma común. Lo
anterior, supone que se conocen las necesidades de sus
beneciarios, los atributos que desean por el consumo de
bienes y servicios y que éstos conocen de cerca los objeti-
vos de cada emprendimiento.
En estos contextos, la conanza, cooperación y capacidad
de autogestión están presentes en las interacciones socia-
les en determinadas condiciones (Poteete y otros, 2012).
Descifrar cuáles son las condiciones en cada territorio es
un asunto que debe explorarse.
33
Economía social y solidaria en el territorio
5. Orientaciones de las organizaciones solidarias
en el mercado
Un breve vistazo a los elementos considerados en las
distintas formas organizacionales, nos da cuenta de un
universo amplio y heterogéneo que se articula de forma
diferenciada en el mercado. Es posible realizar una lectu-
ra de las dinámicas de estas empresas y su grado de dife-
renciación general entendiendo que algunas conforman
híbridos organizacionales.
La evidencia, muestra un universo de organizaciones y
realizaciones que cumplen funciones muy diferenciadas y
el cálculo de su incidencia difícilmente puede reducirse a
un conjunto de indicadores basados en dictámenes lega-
les no siempre creados para tratar de forma diferente a las
heterogéneas dinámicas asociativas.
Por una parte, existen empresas que tienen prácticas
muy cercanas a las realizadas por empresas capitalistas.
Sus directivos insisten en que las organizaciones abra sus
puertas a no asociados para ganar cuotas de competitivi-
dad, sus precios son determinados siguiendo las pautas
de mercado y sus decisiones tienden a la búsqueda de cre-
cientes ingresos que facilitan su destinación a la confor-
mación de conglomerados organizacionales cada vez más
desnaturalizados de la identidad solidaria. La solidaridad
en este tipo de prácticas se expresa en prácticas de respon-
sabilidad social realizada normalmente por fundaciones
asociadas. Generan empleo, fortalecen la competencia e
incluso crean nuevos mercados basados en la estructura-
ción de escalas que le son implícitas y en la innovación
de prácticas sociales. Su fortaleza empresarial les permite
mejorar los mercados y su presencia en los gremios es
sustantiva como grandes aportantes de recursos.
34
Por otra parte, hay empresas solidarias que se insertan
en los mercados para únicamente aprovechar políticas de
fomento, de transferencias de bienes y servicios o estí-
mulos empresariales. Esta característica acerca a las em-
presas a un escenario donde se pierde la independencia
y autonomía y donde el margen de maniobrabilidad en
la toma de decisiones y participación se disipa. Si bien
las empresas ocupan espacios económicos vacíos y con-
tribuyen a mitigar fallas de mercado y de Estado, lo ha-
cen con estándares de competitividad bajos y con escasa
innovación tecnológica. La consecuente débil capacidad
de adaptación a los mercados tiende a restarle dinamismo
y atar a la empresa a los vaivenes de las donaciones. En
denitiva, su economía depende del buen desempeño de
sus promotores. Adicionalmente, este tipo de empresas
tiene escasa representatividad y fuerza para poder impul-
sar nuevos mercados.
Otros tipos de empresas de la economía social y solidaria,
tienen como particularidad su proveniencia de iniciativas
populares y su alta adhesión a los circuitos económicos
de sus territorios. Aun cuando sus dimensiones no suelen
ampliarse y su relación con mercados externos es bastan-
te limitada, logran generar mercados propios. Formali-
zan, de alguna manera, las actividades informales y les
dotan de una mayor institucionalidad que fortalecen las
dinámicas empresariales y sociales. En este tipo de orga-
nizaciones frecuentemente se establecen puentes comu-
nicantes entre las iniciativas populares, sus realizaciones
económicas, los problemas en el territorio y el accionar
político. Las empresas atienden las necesidades básicas de
sus comunidades de proximidad y también sus dinámi-
cas con el mercado les permiten innovar en los diferentes
territorios, acercar e informar a los consumidores a las
nuevas tendencias de consumo y producción induciendo
35
Economía social y solidaria en el territorio
nuevas demandas y fomentando nuevas pautas de pro-
ducción. En sus actividades económicas suelen crear me-
canismos de no mercado para fortalecer sus iniciativas;
es el caso del trueque como mecanismo de intercambio,
las mingas como iniciativas sociales de movilización de
recursos humanos con nes especícos, la realización de
bazares y otras actividades, de índole voluntario, por me-
dio de las cuales es posible acceder a donaciones.
Ello nos sirve de referente para comprender las diferentes
tendencias en los discursos, las orientaciones y las bús-
quedas de relacionamiento político de las organizaciones
solidarias en cada contexto.
6. La economía social y solidaria en Colombia
En Colombia, las nociones de economía social y tercer
sector no lucrativo calaron hondo en la estructuración de
lo que hoy, legalmente, se denomina economía solidaria.
Desde empresas cooperativas, eles a la índole mutual
de la economía social, hasta asociaciones de vendedores
informales y organizaciones lantrópicas fueron promo-
vidas desde ámbitos gubernamentales y no gubernamen-
tales, en una singular construcción de un universo social
casi ilimitado y aún difuso y disperso. En este contexto,
se establecieron varias fuentes de construcción organiza-
cional de un gran sector social y solidario sin que, jurídi-
camente, se establecieran articulaciones entre ellos.
Inicialmente, la Ley 79 de 1988 reconoce la noción de
sector cooperativo constituido por todas las formas coo-
perativas donde los aportantes son beneciarios de la ac-
tividad empresarial. Por fuera de ámbito, pero con nexos
de proximidad, quedaban los fondos de empleados y las
asociaciones mutuales. Posteriormente, la Ley 454 de
1998 amplío la noción de sector cooperativo a sistema de
36
economía solidaria y en ella se incluyó, junto a todas las
formas cooperativas, a las mutuales y a fondos de emplea-
dos. Bajo esta noción quedaron con nexos de proximidad
organizaciones como juntas de acción comunal, volunta-
riados, cajas de compensación y fundaciones, todas ellas
caracterizadas porque sus aportantes se organizan para
beneciar a terceros. La Ley 454 de 1998, en su Artículo
2, entiende por economía solidaria al “sistema socioeconó-
mico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de
fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identi-
cadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas
y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral
del ser humano como sujeto, actor y n de la economía”.
Paralelamente, el universo mayor de empresas sociales y
solidarias se denió en el Estatuto Tributario de la Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales, que establece
el título de entidades sin ánimo de lucro para incluir a
todas aquellas organizaciones que no reparten entre sus
miembros las utilidades generadas en cumplimiento de
su objeto social.
Las entidades sin ánimo de lucro en Colombia incluyen,
entre otras organizaciones:
• Corporaciones y fundaciones.
• Instituciones de educación superior e institucio-
nes de educación formal y no formal.
• Iglesias.
• Partidos y movimientos políticos.
• Entidades privadas del sector salud.
• Establecimientos de benecencia y de instrucción
pública de carácter ocial.
• Las propiedades regidas por las leyes de propiedad
horizontal.
37
Economía social y solidaria en el territorio
• Cajas de compensación familiar.
• Juntas de acción comunal, cabildos indígenas y
asociaciones de cabildos.
• Entidades de naturaleza cooperativa, fondos de
empleados y asociaciones mutuales.
• Instituciones auxiliares de cooperativismo.
• Entidades ambientalistas.
• Entidades cientícas, tecnológicas, culturales e
investigativas.
• Instituciones de utilidad común que prestan ser-
vicio de bienestar familiar.
• Asociaciones agropecuarias y campesinas nacio-
nales y no nacionales.
• Entidades gremiales y organizaciones civiles en
general.
Paralelamente a estas clasicaciones institucionales, la
economía social y solidaria está en pleno auge. La per-
sistencia de décadas de violencia repercute en el debili-
tamiento de las expresiones organizadas de la sociedad
civil. Sin embargo, ante un escenario que propende por
la convivencia pacíca, emergen cientos de experiencias
que estaban relegadas a ciertos territorios en los que la
institucionalidad preponderante no era la ocial y que
hoy genera una suerte de ebullición de expresiones soli-
darias en los campos socioeconómicos, culturales, polí-
ticos y ambientales ávidos por profundizar sus acciones,
democratizar los mercados y hacer del territorio una ex-
presión de vida civil.
En este resurgir de la economía social y solidaria es menes-
ter conocer otras referencias y documentar las propias bajo
un carácter de comunidades epistémicas que despliegan
su energía comunitaria hacia la autodeterminación. Re-
38
ferentes internacionales de la economía social y solidaria,
pautas orientadoras como el Laudato Si, acuerdos como el
COP21 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Acuer-
dos como el de la Habana se constituyen en elementos de
fomento para integrar las diferentes expresiones de la soli-
daridad.
7. Otras concepciones de proximidad a la economía
social y solidaria
Desde diversos territorios y realidades se conguran otros
conceptos de proximidad a la economía social y solida-
ria que vale la pena analizar. A continuación se muestra
brevemente algunas de las concepciones y enfoques que
impulsan el camino de la economía social y solidaria en
Iberoamérica.
Sumak kawsay: se trata de un enfoque losóco propio
del área andina que postula la armonía de las actividades
socioeconómicas con la naturaleza. Bajo el sumak kawsay
o buen vivir se propugna una economía basada en los
valores de uso en oposición al concepto colonial de la
avidez, el crecimiento continuo y la mercantilización de
la vida (Acosta, 2012).
Economía civil: la economía civil es un enfoque de la
sociología económica italiana que enfatiza en el estudio
de las organizaciones civiles como actores del desarrollo y
parte de considerar que en las sociedades existen agentes
económicos organizados no sólo en el Estado y la empre-
sa capitalista, sino en el grueso entramado organizacional
basados en la fraternidad y la reciprocidad (Bruni y Za-
magni, 2007).
Socioeconomía de la solidaridad: bajo este enfoque, de
tradición latinoamericana, se plantea que la solidaridad
y los valores morales y éticos explican numerosos com-
39
Economía social y solidaria en el territorio
portamientos socioeconómicos, caracterizados por la
preponderancia del trabajo, cooperación, colaboración,
comunión y coordinación, entre otros (Guerra, 2014).
Economía del trabajo: bajo este enfoque, de tradición
latinoamericana, el concepto se contrapone a la lógica
hegemónica del capital, en tanto parte de la lógica, los
intereses, identidades y agrupamiento de los trabajadores
para enfatizar en sus mecanismos de reproducción am-
pliada (Coraggio, 2004).
Economía plural: bajo este enfoque, de desarrollo euroa-
mericano se describen las prácticas e instituciones basa-
das en relaciones entre los productores y, entre éstos y
la naturaleza, regidos por principios económicos plurales
que amplían la visión mercantil de los mercados buscan-
do una economía sustantiva donde se incorporen valores
y acciones de reciprocidad a los intercambios (Laville,
2009).
Finalmente, se destacan algunas concepciones que co-
mienzan a calar hondo en organizaciones de economía
social y solidaria. Algunas de ellas son de origen anglosa-
jón, otras son de origen europeo e incluso asiático.
Economía del bien común: bajo este enfoque, de origen
austríaco-alemán, se busca invertir el marco de incenti-
vos de la economía actual para propiciar un modelo de
valor de empresa basado en su aporte al bien común. Lo
anterior, mediante una propuesta ética que se basa en el
desarrollo de balances del bien común que hagan más
transparentes los mercados, los motiven a la búsqueda del
interés general y donde los benecios son los medios para
su consecución (Felber, 2012).
Economía colaborativa: bajo este enfoque desarrollado
con fuerza en Norteamérica, se busca dinamizar un mo-
40
delo de intercambio económico basado en la interacción
y diálogo directo entre productores y consumidores basa-
dos en la colaboración mutua (Economistas sin frontera,
2014).
Empresas sociales: bajo este enfoque, de tradición inglesa
y más recientemente europea, se trazan nexos desde las
agrupaciones de ciudadanos en las empresas no lucrativas
con las comunidades, buscando innovar para generar va-
lor social a partir de la provisión de servicios a las mismas
y generar bienestar. Las empresas asumen riesgos vincu-
lados a su actividad económica, con personal preferente-
mente voluntario, e involucran a los diferentes stakehol-
ders en su administración (Defourny y Nissens, 2013).
Economía desinteresada: este enfoque, propuesto por
Bourdieu y retomado en la actualidad por el premio No-
bel Muhammad Yunus, se basa en la búsqueda del pro-
greso social pero no acota el tipo de organizaciones que
puede procurarla. Lo fundamental es la orientación hacia
el bien de las personas por encima del capital y basado en
valores como la democracia y el compromiso comunita-
rio (Yunus, 2010).
Una vez se han explorado contextos, referentes y con-
ceptos es menester abordar algunas pautas para fomentar
la economía social y solidaria en los territorios. En el si-
guiente apartado se tocará este tema.
8. ¿Cómo podemos fomentar la economía social y
solidaria en el territorio?
Como se ha visto, la economía social y solidaria tiene un
lugar privilegiado en el desarrollo territorial por su vo-
cación de trabajo para sus miembros, formación perma-
nente y servicio para la comunidad. Ello es reconocido,
41
Economía social y solidaria en el territorio
entre otros, por las Naciones Unidas (2014), la Organiza-
ción Internacional de Trabajo (OIT, 2013) y la Comisión
Económica de la Unión Europea (Comité Económico y
Social, 2015) quienes destacan la incidencia de estas or-
ganizaciones en el crecimiento sostenible, cohesión e in-
novación social.
Sin embargo, las apuestas de las organizaciones solida-
rias en el territorio pueden ser contrarias a las fomentadas
por las políticas nacionales. Por ejemplo, la apuesta por
una agricultura intensiva y la búsqueda de productividad
mayor en el campo es una estrategia de desarrollo, ba-
sada en agendas multilaterales, que causa tensión con la
orientación de organizaciones solidarias que promueven
prácticas de agroecología, agricultura familiar y preserva-
ción de semillas. Si a esto se agrega la herencia económica
del conicto, manifestada en sistemas de comercializa-
ción monopólicas ligadas a maas regionales, la situación
para las organizaciones de economía social y solidaria en
el territorio se vuelve peligrosa.
Pese a estos escenarios, en algunos territorios las orga-
nizaciones de economía social y solidaria han resistido
por décadas los embates de una economía excluyente, la
ausencia de bienes públicos y la presencia de continuos
desestímulos a la autodeterminación. Por ello algunos
autores como Yaselga y Jara (2013) plantean que estas
organizaciones son un patrimonio cultural intangible de
los pueblos en tanto representan otro modelo civilizato-
rio que se construye desde la experiencia de los pueblos
y sus entornos históricos, culturales y ambientales. Sus
acciones contracorriente permiten la recuperación de sa-
beres, el fortalecimiento de la identidad comunitaria, de
sus usos y costumbres (como la preservación de semillas)
y se constituyen en una movilización por la dignidad.
42
En muchos de estos casos, las organizaciones de econo-
mía social y solidaria llegan a un estadio de hastío en re-
lación a procurar el fomento, desde las lógicas nacionales,
de sus prácticas locales. Por ello se dedican a relacionar
las prácticas económicas con su cultura lo que implica
preservar sus saberes y su entorno social y ambiental, esto
es un proceso de arraigo integral. Es este el punto de par-
tida de un proceso autónomo de fomento de la economía
social y solidaria y desde la cual extenderemos el foco de
atención.
Se parte del argumento de que son necesarias las rela-
ciones políticas entre los actores de la economía social
y solidaria, el Estado y las empresas de capital, pero sin
que ello redunde en la pérdida de una concepción propia
del desarrollo, con base en una clara identicación polí-
tica de intereses. En este contexto, es menester precisar la
noción de que lo público es un concepto más amplio de
lo estatal. De manera que las comunidades organizadas
en la economía social y solidaria pueden co-construir en
conjunto el bien común y sus orientaciones hacen parte
de lo público no estatal.
Desde estas visiones, es claro que la política pública no
sólo se diseña por el Estado, sino también por una red
de actores en los que las organizaciones de la sociedad
civil y sus expresiones en la economía social y solidaria
tienen un papel preponderante. Ello es cónsono con las
conceptualizaciones contemporáneas de las políticas pú-
blicas como redes que superan las ideas de antaño de una
lógica estatal que asumía que todo lo público está bajo su
responsabilidad.
De acuerdo con Vaillancourt (2011), la co-construcción
de políticas públicas es un enfoque de democratización
de la política que supone la participación de actores
como los de organizaciones de economía social y solida-
43
Economía social y solidaria en el territorio
ria, agentes sociales, cívicos, y agentes de mercado junto
al Estado en la denición de las nalidades, medios de
regulación y nanciamiento que dan vida a los procesos
de diseño de políticas públicas.
Pero para que la potencialidad de las organizaciones de
economía social y solidaria se despliegue en el territorio
es necesario formular políticas públicas que:
• Reconozcan la especicidad diferenciada de estas
organizaciones frente a las concepciones del desa-
rrollo rural basada en el paradigma único de la ex-
plotación a gran escala. En algunos casos la coo-
perativización agrícola supondrá, como en el caso
colombiano, producción a gran escala (como los
desarrollados a nivel agroindustrial por Colanta),
en otros casos con producción orgánica a pequeña
escala en red (como los desarrollados a nivel na-
cional por pequeñas redes asociativas articuladas a
la Confederación Agrosolidaria), con agregación
de valor artesanal (como los desarrollados en el
ámbito local por grupos productivos orientados
por el esquema una villa un producto), reproduc-
ción de procesos (como los desarrollados en orga-
nizaciones fomentadas desde las microfranquicias
solidarias) o una combinación de éstas.
• Propicien espacios para la organización de circui-
tos económicos, creación de cadenas de comer-
cialización, desarrollo de mercados internos e im-
plementación de procesos de agregación de valor
basados en la creación de mercados internos.
• Faciliten la alianza con organismos públicos y
privados para garantizar la democratización de
mercados signados por monopolios y carteles de
formación de precios.
44
9. ¿Cuáles son las particularidades del fomento? 1
Cuando de fomento se trata es menester precisar a qué se
reere el mismo. El concepto fomento está directamente
relacionado con una determinada acción deliberada del
Estado cuando, resultado de una orientación constitu-
cional, de una directiva legislativa o del desarrollo de un
programa gubernamental dado se busca incentivar a los
particulares (ciudadanos del común o sus organizaciones)
para que, por sí mismos, realicen actividades de interés
general (sean económicas, sociales, culturales o de otro
tipo).
El fomento implica el impulso a la iniciativa privada que
se realiza a través de estímulos institucionales, mediante
el establecimiento de condiciones adecuadas dirigidas a
crear un entorno favorable para el desarrollo autónomo
de la economía social y solidaria. Ello conlleva la reali-
zación de macroactividades de promoción, protección y
fortalecimiento.
Para Chaves (2012), en el campo de la promoción, se
suele incentivar la creación de empresas solidarias en
distintos territorios con el n de generar alternativas de
ingreso, empleo y desarrollo de iniciativas económicos
mediante la asociatividad. Sin embargo, la promoción es
mucho más compleja que la siempre creación de empre-
sas. Las medidas a desarrollar pueden ser:
1.- Este apartado se basa en el libro Marco para el fomento de la eco-
nomía solidaria en territorios rurales de Colombia, sintetiza algunos
de sus argumentos y los amplía en relación al componente territorial
de la co-construcción de políticas públicas. El libro en mención está
disponible en www.ciriec-colombia.org y ha sido escrito junto al pro-
fesor Hernando Zabala Salazar, Alberto García Müller y Crescencio
Orrego.
45
Economía social y solidaria en el territorio
• De carácter cognitivo que se relaciona con inicia-
tivas de formación, difusión e investigación de la
economía solidaria.
• Medidas institucionales de apoyo a la creación y
de reconocimiento a la capacidad de la economía
social y solidaria de operar en los mercados como
agentes económicos, sociales, políticos y cultura-
les. También la promoción debe generar estímu-
los a redes.
En el campo de la protección, se suelen generar linea-
mientos institucionales para disminuir las duplicidades,
concurrencias e ineciencias que generan los tratamien-
tos sectoriales de las políticas públicas que no logran re-
conocer a la economía social y solidaria como un actor de
presencia transversal. La protección es la principal políti-
ca pública pero al unísono la más olvidada. Basta con que
los organismos públicos reconozcan, respeten y castiguen
a los agentes que no violen su especicidad. Así la medida
principal de protección es la de articular las políticas entre
organismos públicos de promoción, supervisión, control
y regulación scal para evitar distorsiones en la aplicación
de las políticas públicas y violaciones a la autonomía.
En el área de fortalecimiento para el desarrollo empresa-
rial hay dos grandes tipos de medidas:
• Medidas dirigidas a mejorar la competitividad y
generación de valor integral en las organizaciones
a través de incentivos presupuestarios, scales y
de apoyo nanciero. Este tipo de medidas es lo
que suele denominarse acompañamiento y aun-
que no existe una relación exacta, algunos autores
plantean que por cada organización creada deben
multiplicarse los esfuerzos por cinco años en su
acompañamiento.
46
• Medidas de demanda de actividades cooperativas:
como acceso de sus bienes y servicios a mercados
públicos, estímulos para la creación de mercados
propios, apoyo para la participación en mercados
extranjeros.
Algunas de estas medidas se contemplan en Resoluciones
internacionales que sirven de referente para orientar las
políticas públicas por parte de las autoridades nacionales.
Las principales Resoluciones son:
• Resolución ONU No.56/114/2002: que exhorta,
entre otras cosas, a los gobiernos, junto a los gre-
mios y organismos especializados, a fomentar el es-
tablecimiento y el desarrollo de las cooperativas, a
crear un entorno propicio y favorable al desarrollo
de las cooperativas y a elaborar programas para pro-
mover y fortalecer la educación de los miembros
• Resolución OIT 193/2002: en lo relativo al fo-
mento plantea: que los gobiernos deben reconocer
el papel de las cooperativas y sus organizaciones
mediante el desarrollo de instrumentos apropia-
dos que apunten a la creación y fortalecimiento
de cooperativas a los niveles nacional y local, pro-
piciar medidas que faciliten el acceso de las coo-
perativas al nanciamiento de sus inversiones y
al crédito y fomentar condiciones que favorezcan
el desarrollo de vínculos técnicos, comerciales y
nancieros entre todas las formas de cooperativas,
con el objeto de facilitar el intercambio de expe-
riencias y la participación en riesgos y benecios.
Autores como Henrÿ (2014) deenden la tesis
según la cual la Resolución 193/2002 de la OIT
conforma el núcleo del derecho público interna-
cional cooperativo en tanto tiene carácter vincu-
47
Economía social y solidaria en el territorio
lante para los países rmantes entre los cuales está
Colombia.
La diversidad de medidas de fomento y las resoluciones
que sirven de orientación para su desarrollo, indepen-
dientemente del territorio donde se encuentre, se comple-
ta con una serie de recomendaciones que establece el pro-
fesor Alberto García Müller (Álvarez y otros, 2015) para
la orientación de las políticas públicas en el territorio:
• Las políticas públicas deben tener esencialmen-
te un carácter de promoción y protección, más
que de control y debe trascender los períodos de
gestión de gobierno. Para lograr que las medidas
de protección no benecien a sólo un grupo de
organizaciones agremiadas, es menester generar
espacios en el territorio para la participación de
todas las expresiones civiles, organizadas o no.
• Se deben fundamentar en acciones sensibilizado-
ras, formativas, educativas, de acompañamiento,
de generación de oportunidades de inserción eco-
nómica y social, más que en ejercicios paliativos
o asistenciales. Los ejercicios asistenciales generan
trampa de la donación entendida como la percep-
ción de captación caritativa que se genera en los be-
neciarios, luego de la concurrencia de organismos
de promoción en un determinado territorio. Con
esto, los beneciarios son inducidos a desarrollar una
particular racionalidad económica que asimila a los
organismos de fomento como responsables de su ma-
nutención por razones caritativas y de benecencia
(Álvarez, 2016, 317).
• El control debe ser preventivo y tutelar, más que
sancionatorio, especialmente para mantener el
48
principio de legalidad, basadas en su destino en
la generación de incentivos. De manera que ante
posibles casos de prácticas indebidas la entidad
debe generar procesos de orientación y optimiza-
ción de las organizaciones más que de liquidación.
Debe tomarse en cuenta que cada proceso de li-
quidación conlleva la destrucción de capital social
comunitario expresado en niveles de conanza,
asociatividad y propensión a participar de redes.
• Siempre que exista fortaleza civil la gestión en
cada territorio, debe operativizarse desde las or-
ganizaciones de economía social y solidaria que
hacen vida en los territorios a fomentar, conside-
rándose la integración como el pivote del desarro-
llo solidario en los territorios.
Desde este punto de vista, las organizaciones de
economía social y solidaria deben ser partícipes
del fortalecimiento civil de su territorio por me-
dio de iniciativas de participación comunal, fo-
mento de la economía social y solidaria en Escue-
las, grupos ambientales, culturales y deportivos,
dinamizando con ello la vida en el territorio.
• Adecuadas a las características propias de los espa-
cios geográcos de intervención. En lo especíco,
deben propiciarse acciones de fomento que posi-
biliten la perdurabilidad de la asociatividad.
Es menester tomar en cuenta los estadios organi-
zacionales de cada territorio. en cierto territorios
es menester organizar a las comunidades en torno
a iniciativas culturales y educativas como medio
de generar cohesión social, si esto se da puede
transitarse hacia la asociatividad económica y
posteriormente transitar hacia estadios de mayor
49
Economía social y solidaria en el territorio
agregación de valor, encadenamientos producti-
vos, ampliación en las cadenas y generación de
circuitos económicos. En todo caso hay que tran-
sitar cada estadio organizacional bajo los tiempos
y especicidades geográcas y culturales de cada
territorio.
• Ante un eventual proceso de acompañamiento a
un emprendimiento social y solidario, los agentes
gubernamentales deben saber separar las funcio-
nes de scalización de las funciones de fomento,
ya que ellas son distintas en su origen, en su carác-
ter y en su aplicación.
En este sentido, es necesario precisar que los em-
prendimientos locales en los territorios no tienen
por qué estar atados a los ciclos presupuestales de
sus promotores. Si bien debe existir un riguroso
monitoreo de los productos de la asociatividad
estos no deben ser atados a criterios por fuera de
la dinámica socioeconómico de las organizaciones
en su entorno.
• Los programas tendientes a acompañar a las co-
munidades, o a los emprendedores sociales, de-
ben partir del entendido que se trata, no de un
intervencionismo estatal sobre la sociedad sino,
de un proceso de colaboración para resolver, sobre
bases autogestionarias y participativas, acuciantes
problemas económicos y sociales, con propósitos
de auto-dependencia y sostenibilidad.
Generalmente, sobre todo desde los agentes es-
tatales, se confunde la acción social tendiente a
crear y fortalecer iniciativas económicas comuni-
tarias con simples acciones de bienestar social, lo
que conduce, necesariamente, a la presencia de
50
un intervencionismo directo de los agentes en el
proceso organizativo de la comunidad, reempla-
zando su capacidad autogestionaria.
En varios casos los promotores estatales, de las
ONG y de la empresa privada han intervenido en
estas dinámicas y nalmente han reemplazado el
proceso de dirección –que debería ser propio de la
comunidad- por grupos de decisión que no hacen
parte de ella. En otros casos se observa que las
decisiones administrativas las toma el interventor
o el asesor, desplazando a la comunidad de su po-
sibilidad de aprendizaje.
Es cierto que se requiere un acompañamiento por
un determinado tiempo, pero no signica que el
ejercicio administrativo y de control del proceso
productivo lo tenga que hacer el agente externo.
Dicho fenómeno está ocasionando que las orga-
nizaciones de economía social y solidaria simple-
mente sean los operarios del emprendimiento,
dejando de lado su condición de emprendedores.
• Cuando se producen acciones de fomento de em-
presarismo social, no se puede confundir la for-
ma empresarial a adoptar. De acuerdo con Ma-
rie Bouchard (2001, pp.4): “Mientras la empresa
privada se constituye sobre la base de la asociación
de capitales, la empresa colectiva se fundamenta en
la asociación de personas. La empresa pública sitúa
sus actividades en función del número de personas
que constituyen la sociedad, formen o no parte de la
actividad…”.
Cuando el asesor externo no descubre la forma
empresarial adecuada y orienta a los emprendedo-
51
Economía social y solidaria en el territorio
res hacia instrumentos jurídicos que no dan soste-
nibilidad, pueden cometerse errores irreversibles.
Por ejemplo, ha sido común en estos años que se
gesten proyectos productivos bajo la forma jurí-
dica de corporaciones o fundaciones, las cuales,
en el ordenamiento jurídico colombiano, tienen
propósitos diferentes a los propiamente produc-
tivos, generándose la formación de patrimonios
que no son del grupo asociado sino de la forma
societaria como tal; situaciones que pueden llevar
a la pérdida de los acumulados sociales creados
durante el proceso de desarrollo del emprendi-
miento.
• Un agente interventor externo no puede hacer
abstracción de la experiencia histórica que indica
que los emprendimientos sociales nacen del prin-
cipio del esfuerzo propio. Esto es, a lo largo de la
historia, las comunidades organizadas han descu-
bierto su capacidad de autorregulación y autodi-
namismo, de potenciación de sus recursos y de
generación de prácticas de control de su propia
gestión.
• Otro elemento a tomar en cuenta, que nace de la
experiencia europea, es que los agentes externos
no pueden confundirse en su intervención. Dice
Sanchis (2001) que: “Los proyectos gestionados son,
en su mayoría, de carácter económico (y no social),
de naturaleza de instalación de bienes y servicios (y
no de racionalización de factores) y de categoría de
prestación de servicios (y no de producción de bienes y
de creación de infraestructuras económicas y sociales”
(Sanchis, 2001, pp. 20). Adicionalmente señala
que: “el grado de éxito de los proyectos gestionados y
ejecutados es bueno, principalmente, porque se favo-
52
rece la integración y motivación del colectivo o grupo
al cual van dirigidos los benecios del proyecto”.
• Bouchard, (2001) ha advertido que: la participa-
ción (de los agentes que se benecian del fomen-
to), desde la formulación del proyecto permite
la apropiación de los objetivos y el compromiso
concreto en la implementación de los medios para
lograrlo. Poner en juego los agentes directos del
desarrollo facilita su capacidad de movilización,
libera su potencial de emprendedor y favorece
la emergencia de iniciativas locales” (Bouchard,
2001, p. 15).
Con estos elementos se concluye que las iniciativas de
fomento, deben establecerse —inicialmente— desde lo
local. En ella tendrán representación los agentes externos
y los representantes de los emprendimientos benecia-
dos. Sus acciones, podrían tener en cuenta los siguientes
aspectos:
• Realizar estudios socioeconómicos que precisen la
viabilidad de un determinado emprendimiento;
• Capacitación de gestores y comunidades;
• Acompañamiento y orientación de las acciones
organizativas;
• Contribuir con la gestión controladora del Estado;
• Formar el voluntariado del emprendimiento so-
cial; y
• Proponer mecanismos de trabajo en red.
Se ha pasado revista a los fundamentos institucionales
de las medidas de fomento con los actores públicos. Sin
embargo, esto no es suciente. Se requiere implementar
más medidas, con más agentes. Ello requiere procesos de
articulación para evitar que el fomento de la economía
solidaria quede solapado en decenas de instituciones que
53
Economía social y solidaria en el territorio
realizan acciones instrumentales en busca de satisfacer el
cumplimiento de sus indicadores organizacionales pero
con poca capacidad de coordinación entre sí.
10. Co-construyendo la política pública
en el territorio
Hay varios modelos para generar acuerdos democráticos
en la economía social y solidaria, basados en la participa-
ción. Savall (2013) los resumen en:
• Mono-construcción: caracterizado porque la ela-
boración de las políticas públicas está en manos
del Estado, tomando eventualmente aquellas
consideraciones que los grupos de presión con
mayor fuerza plantean y distanciándose en alguna
medida del interés general.
• Co-construcción neoliberal: caracterizado porque
el Estado elabora las políticas públicas teniendo
en cuenta la opinión de grupos socioeconómicos
con mayor poder y organización, enfatizando en
el interés que maniesten los participantes.
• Co-construcción corporativista: caracterizado por
la participación de determinados agentes sociales
que deenden sectorialmente sus intereses, que-
dando menoscabados los intereses que no alcan-
cen la representatividad.
• Co-construcción democrática: caracterizado por
el reconocimiento a la pluralidad sectorial que se
presenta no sólo en el mercado sino también en la
sociedad civil y sus expresiones organizadas, per-
siguiendo el interés general a partir del diálogo.
La actuación en red se establece con mayor solvencia en
la co-construcción democrática mientras contribuye, en
54
mayor medida, con la búsqueda de compromisos para al-
canzar mayores grados de utilidad social en los territorios.
Al respecto la OIT (2011, pp.39) plantea:
Para ser más efectivas, un aspecto de las políticas pú-
blicas para la economía social solidaria es que sean
construidas sobre la base de la “coproducción”; o sea
tienen que ser concebidas como resultado de la ac-
ción colectiva de los ciudadanos.
De manera que bajo esta mirada, se parte de la estra-
tegia de la concertación y co-construcción de acciones
de fomento a partir de alianzas entre agentes, con base
en encuentros de los organismos de promoción junto al
sector solidario, la Academia, los municipios y entidades
públicas y privadas presentes en los territorios. La expe-
riencia indica que un buen espacio de encuentro es aquel
donde líderes de la comunidad (como rectores de cole-
gios, párrocos, profesores universitarios, secretarios de
gobierno, presidentes de juntas de acción comunal, entre
otros) participan de manera activa en la identicación
de problemáticas sociales, culturales y económicas, entre
otras, del territorio.
El objetivo en todo caso es la procura del bien común, la
utilidad social de los emprendimientos y evitar las dupli-
cidades y solapamientos en las ofertas institucionales que
desde el nivel central se llevan a los territorios.
Los diferentes agentes con los cuales deben convenir pro-
cesos de interrelación o de cooperación local se distribu-
yen fundamentalmente en cuatro tipos2:
2.- Estas tesis han sido ampliamente desarrolladas en Colombia por el
profesor Hernando Zabala Salazar y hacen parte de los sistemas de
integración en red que se propician desde Confecoop-Antioquia.
55
Economía social y solidaria en el territorio
• Relacionamientos comunitarios: Se reere a que
los proyectos productivos de economía social y
solidaria nacen de la comunidad, se establecen
con base en el descubrimiento de necesidades
comunes y se sostienen con la participación de
los miembros de ésta; de manera que se requiere
mantener los lazos o vínculos con las organiza-
ciones de todo tipo (civiles, sociales o económi-
cas) que soportan esa comunidad para que ellas
sean el envolvente del proyecto productivo o que
contribuyan a hacerlo propio de la comunidad,
buscando en todo caso acerca la potencialidad
productiva de un territorio con su vocación.
• Relacionamientos con las instituciones estatales.
La organización de economía social y solidaria
debe crear lazos de alianza, más no de dependen-
cia, con diferentes instituciones del Estado (na-
cional, regional o local) presentes en el territorio
para convenir proyectos conjuntos o recibir de
éstas apoyos que les permita mantenerse vigentes.
En este relacionamiento institucional las organi-
zaciones deben partir de considerar los acuerdos
sobre el desarrollo que se hayan producido desde
el Estado local o regional y mirar los medios de
vincularse a dichas visiones, pero sobretodo debe
mantener un relacionamiento no dependiente
demostrando para cada iniciativa conjunta con
el Estado como los apoyos recibidos mejoran sus
condiciones institucionales, los de la comunidad
y la hacen cada vez más sostenible.
• Relacionamiento con agentes externos no gu-
bernamentales. Los agentes no gubernamenta-
les como agencias de cooperación internacional,
ONG’s y fundaciones, cumplen la función de
56
facilitar procesos de organización o de distribu-
ción de benecios a la población y por tanto de-
ben involucrarse en los entramados comunitarios
o en los acuerdos de desarrollo. La relación está
denida principalmente para que la organización
de economía social y solidaria pueda ser sujeto
de los benecios y con ello pueda generarse una
inter-institucionalidad que evite dilapidación de
recursos, produzca economías de escala y genere
impactos reales.
• Relacionamiento con la academia y centros de in-
vestigación especializados. Garantizar la función
de agregación y distribución de valor en el terri-
torio requiere un acompañamiento en la genera-
ción de eciencia técnica al proyecto productivo,
lo que implica como se expresó líneas arribas or-
ganizar el conocimiento de forma sistémica en-
tre académicos y no académicos de manera que
logre expandir técnicamente los saberes locales y
tradiciones orales en abierto diálogo con las nue-
vas técnicas y tecnologías para la optimización de
procesos de agregación de valor. Ello conlleva la
generación de alianzas con Universidades, centros
de estudios, grupos de investigación para contri-
buir a la sostenibilidad del proyecto productivo.
De vital importancia ha sido la inclusión en los
proyectos de desarrollo territorial de organizacio-
nes gubernamentales tales como las corporaciones
regionales, el ICA, el SENA y otros centros espe-
cializados como la Ponticia Universidad Javeria-
na entre otras Universidades con tradición en el
estudio de organizaciones de economía social y
solidaria.
57
Economía social y solidaria en el territorio
Las actividades a realizar de manera participativa pueden
ser, entre otras:
• Diagnosticar los principales problemas del terri-
torio y generar estrategias para un eciente rela-
cionamiento con los Municipios, las regiones, el
Departamento y el orden nacional,
• Denir la vocación productiva del territorio, los
saberes, las potenciales formas de agregar valor,
los condicionamientos económicos, restricciones,
obstáculos y oportunidades,
• Priorizar las principales necesidades locales senti-
das por los habitantes desde un punto de vista in-
tegral, las posibilidades de unir demandas cívicas
con ofertas institucionales,
• Los posibles emprendimientos a desarrollar, la in-
clusión productiva, la potenciación de capacida-
des locales y de los trabajadores,
• Formulación de proyectos y convenios para pro-
piciar sostenibilidad en las acciones de apoyo que
pueden realizar las entidades locales, calicación
de las entidades externas que intervendrían en las
acciones a ejecutar, análisis del costo/benecio de
las acciones a ejecutar en relación con las necesi-
dades a satisfacer,
• Supervisión de la ejecución de los programas o
acciones a ejecutar, control social y formulación
participativa de planes estratégicos para el desa-
rrollo territorial.
Corresponde ahora dar un vistazo a algunos criterios para
demostrar la incidencia de las acciones de la economía
social y solidaria en el territorio. Para ello es indispensa-
ble generar pautas de relacionamiento con las autorida-
58
des gubernamentales y no gubernamentales que permi-
tan dese un primer momento orientar las mediciones a
lo que interesa medir, pero también es necesario que las
organizaciones identiquen los cambios que realizan en
sus territorios, los midan y los reporten.
11. ¿Cómo demostrar la incidencia de la economía
social y solidaria?
Uno de los factores que más incide en el fracaso de or-
ganizaciones de la economía social y solidaria son sus
relaciones disonantes con los organismos de promoción
(sean estos gubernamentales o no gubernamentales). Por
una parte los organismos de promoción apoyan la crea-
ción de las organizaciones y una vez creada los asociados
deben asumir el manejo de su empresa sin que necesaria-
mente tengan las competencias para ello.
Si no existe acompañamiento las probabilidades de fra-
caso se multiplican y si a este riesgo se suma la llegada de
organismos de supervisión (como las Superintendencias
o el Departamento de Impuestos) con una visión san-
cionatoria, más que preventiva, tutelar y orientadora, las
recién creadas organizaciones de economía social y soli-
daria tienen la liquidación sentenciada.
Las razones de la desconexión entre las políticas de pro-
moción y las de supervisión develan una debilidad es-
tructural de las políticas públicas de protección, las cua-
les sirven de bisagra entre las medidas de promoción y
supervisión. Sin embargo, al ahondar en los criterios y
herramientas que utilizan las entidades de supervisión se
encuentra un problema crítico: las entidades no suelen
tener criterios adaptados a la lógica y especicidades de las
organizaciones de economía social y solidaria y a falta de
estos criterios trasladan los de empresas capitalistas a éstas.
59
Economía social y solidaria en el territorio
De manera que los criterios de evaluación del éxito orga-
nizacional se relacionan con indicadores que no son las
más relevantes de la incidencia que tienen en las organi-
zaciones solidarias. Así, indicadores nancieros, empleo
generado, impuestos pagados son la punta del iceberg de
la incidencia socioeconómica de las organizaciones de la
economía social y solidaria, pero son los que preponde-
rantemente se han estudiado en la mayoría de los progra-
mas universitarios.
Si de ciencias sociales, económicas y administrativas se
trata, la inmensa mayoría de programas universitarios
ponen énfasis en la lógica de una sólo forma de hacer em-
presa: la capitalista, dejando sin estudiar categorías em-
presariales fundamentales del sistema económico como
las empresas sin ánimo de lucro y las no lucrativas, sus
híbridos y las variantes organizacionales. En la gura 4 se
ilustra la anterior armación.
Dentro de las organizaciones privadas, las empresas lu-
crativas se caracterizan por buscar satisfacer un interés
particular manifestado en socio accionista que procura
por su inversión un retorno monetario, como las socie-
dades anónimas. Las empresas sin ánimo de lucro, como
las cooperativas, buscan satisfacer el interés compartido
que sus asociados identican y para ello los recursos mo-
netarios son un medio con el cual deben procurar un n
de mayor complejidad como bienestar, valoración del
trabajo, entre otras. Las empresas no lucrativas, como
las fundaciones, buscan satisfacer el interés general y por
tanto sus excedentes son reinvertidos en su totalidad para
nanciar su causa fundacional y en ningún caso los dis-
tribuyen entre sus aportantes.
Desde el punto de vista de la supervisión y el control, el
objetivo de las mismas no es más que garantizar las con-
60
diciones para que las organizaciones cumplan su razón de
ser. La razón de ser de las empresas lucrativas es generar
lucro y por ello los indicadores nancieros son un buen
referente de eciencia y del logro de su objeto comercial.
La razón de ser de las empresas sin ánimo de lucro es
beneciar a sus asociados y por ello los indicadores nan-
cieros no logran captar si esto se logra o no; sirven como
una foto de la realidad económica de la empresa, pero
no reejan si se ha cumplido con el objeto social, con
el acuerdo solidario que tienen como objeto fundacio-
nal. Uno de las herramientas más idóneas para calcular el
cumplimiento de la razón de ser de las organizaciones sin
ánimo de lucro, como las de economía social y solidaria,
es el balance social como instrumento donde se reporta
los benecios que se transeren a los asociados, trabaja-
dores, comunidad, entre otros.
La razón de ser de las empresas no lucrativas es beneciar
a terceros, sean éstos personas, entornos, bienes materia-
les o inmateriales. Nuevamente el balance nanciero no
es capaz de demostrar por si solo si las personas, la co-
munidad o el entorno se benecia de las acciones de fun-
daciones, ONG’s, voluntariados, iglesias, entre otras. En
este caso se han diseñado instrumentos que basados en la
técnica costo/benecio compara cuál es la relación cos-
to/calidad/benecio que generan las organizaciones en
comparación con otras organizaciones que hacen activi-
dades similares. Por ejemplo, podría medirse la eciencia
de una ONG que presta servicios educativos para niños
con especicidades que le hacen especial, comparándole
con el costo que tendría que pagar el Municipio o una
entidad estatal determinada por un servicio con calidad
similar.
Si los programas de formación no particularizan sus asig-
naturas con base en estas lógicas diferenciadas, cada egre-
61
Economía social y solidaria en el territorio
sado no tendrá más que un puñado de herramientas para
gestionar un solo tipo de organización y por lo tanto su
idoneidad profesional en el campo de la economía social
y solidaria puede verse menoscabada.
Figura 4. Tipología fundamental de las organizaciones privadas
Fuente: elaboración propia
Por ejemplo, en un programa de ciencias contables los
fundamentos parten de la idea del crecimiento continuo.
Un balance nanciero que no crezca devela visos de ine-
ciencia. Una empresa que no maximice sus indicadores
tenderá a ser menor evaluada que una con indicadores que
develan rentabilidad. Se considera que la solvencia está en
proporción a la maximización de utilidades y que no te-
nerla es riesgoso. Poco se tiene en cuenta las transferencias
que la organización realiza a sus asociados, los benecios
que le genera y la incidencia comunitaria que pueda tener.
Bajo estos parámetros la lógica de una empresa que utiliza
a los ingresos como medio y no como n es cuando me-
nos sospechosa. Si además la organización tiene fuertes
vínculos comunitarios y es un representante activo de la
sociedad civil, se le confunde con los nes estatales.
Por ello las variables sustantivas de la economía social y
solidaria como satisfacción de necesidades, generación de
bienestar, fortalecimiento civil, mayor cohesión social,
democratización de los mercados e inclusión socioeco-
62
nómica, entre otras, quedan solapadas como una carac-
terística casi anecdótica de la organización, pero no se
valora, no se mide, ni se generan incentivos para su re-
producción.
A continuación se muestran algunos argumentos y herra-
mientas para el cálculo de la incidencia socioeconómica
de las organizaciones de la economía social y solidaria
que pueden facilitar la participación como actor funda-
mental del desarrollo territorial.
12. Una idea simple para valorar el n de cualquier
actividad: el bien común
Christian Felber (2012) es un profesor austríaco que ha
propuesto una alternativa muy sencilla y a la vez ambi-
ciosa para el ordenamiento de incentivos socioeconómi-
cos y generar prácticas económicas sostenibles: valorar la
incidencia de toda organización, empresa o institución
a partir de sus aportes al bien común. Con base en el
reporte de un balance del bien común toda organización
podrá demostrar cuanto aporta al bienestar general en un
contexto donde no puede premiarse más la avidez empre-
sarial que perjudique a la sociedad y al medioambiente.
Tal razonamiento está alineado con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible y con los planteamientos centrales de
estudiosos de la responsabilidad social, las inversiones
sostenibles y la economía social y solidaria. El punto de
partida argumental es el siguiente: toda organización crea
o destruye valor. La función de las entidades públicas es
generar las condiciones, incentivos y desincentivos para
que las organizaciones creen el máximo valor posible y
se desestimule aquellas que destruyen valor ambiental o
valor social.
63
Economía social y solidaria en el territorio
Sin embargo, poner en práctica tal idea requiere de ins-
trumentos de valoración. Como no existe un plan único
de cuentas de lo social las valoraciones se hacen com-
plejas. Además los indicadores de la incidencia coope-
rativa pueden ser tan amplios y varían de organización
en organización, de territorio en territorio, se presentan
dicultades al momento de tratar de agregar magnitudes.
Sin embargo, en países como Paraguay, Francia o Canadá
el balance de las actividades sociales es obligatorio. En la
medida en que las organizaciones reportan la generación
de valor obtienen exenciones scales, en la medida en
que no compensen la destrucción de valor tendrán que
pagar más impuestos. Con todo, la propuesta de Felber
va más allá, el propone que todos los bienes y servicios
presenten una síntesis de su balance del bien común, de
manera que los consumidores puedan tomar la decisión
de apoyar a la organización que más aporte con su terri-
torio y los gobiernos basen sus decisiones de compras pú-
blicas, de apoyos comerciales y de incentivos tributarios
dependiendo de esos balances.
Se proponen dos grandes balances en las organizaciones
de economía social y solidaria.
• Por una parte, un balance del grado de cumpli-
miento de la identidad de la economía social y
solidaria lo que implicaría conocer si estas organi-
zaciones actúan conforma a la losofía del mode-
lo y conocer qué estrategias pone en práctica para
desarrollarlo en un mercado determinado.
• Por otra parte, se propone el cálculo de los be-
necios que perciben los asociados como aproxi-
mación para conocer las mejores en la calidad de
vida de estos. Ambos instrumentos son un punto
64
de partida para avanzar hacia el balance del bien
común y otros modelos como el reporte social de
la inversión.
13. Propuesta para la vericación de la vida asociativa
Si una organización de economía social y solidaria lo es
debe demostrarlo. Es menester conocer si las organizacio-
nes realmente trabajan por el desarrollo de su territorio o
sin son entidades de papel que se constituyen con la úni-
ca intención de obtener recursos sin que éstos tengan la
incidencia que se espera. Si una organización está activa,
actúa en función de un bien común y moviliza distintos
tipos de recursos en benecio de la comunidad, se podrá
constatar que esta organización realiza actividades, par-
ticipa del desarrollo de su territorio, le interesa generar
apuestas, proyectos y emprendimientos; en n, tiene vida
asociativa.
Para la vericación de la vida asociativa se propone como
herramienta de control el balance social y este debe servir
de base para el cálculo de la incidencia de la economía
social y solidaria. Pueden establecerse indicadores:
• A partir de la vericación del grado de cumpli-
miento de la identidad y su incidencia en los re-
sultados socioeconómicos (balance social).
• A partir de la cualicación de la diferencia de las
prácticas organizacionales frente a las prácticas
mercantiles de las rmas de capital (a partir de
sellos ambientales, comercio justo, entre otros).
• A partir de la estimación de la incidencia en va-
riables socioeconómicas determinadas como em-
pleo, desigualdad, calidad de vida, entre otras.
65
Economía social y solidaria en el territorio
• A partir de la asociación con variables propias de
los informes de sostenibilidad como el Global Re-
porting Initiative.
• A partir de la combinación de las anteriores.
Los aportes que acá se plantean parten de la identicación
del impacto de la vida asociativa de las organizaciones
de la economía social y solidaria como vericación de la
huella3 que en un determinado territorio deja el benecio
que en los grupos de interés de la organización se causa.
El benecio de las personas no sólo es de carácter indi-
vidual, sino que se reproduce en la medida en que las
personas alcanzan bienestar por su inserción social y cívi-
ca. De modo que el benecio de las personas en una or-
ganización de economía social y solidaria no se limita al
ingreso, sino que permea distintos dominios de su vida:
laborales, económicos, sociales, comunitarios, recreati-
vas, entre otros.
Por ello el primer eslabón radica en evaluar los cambios
que en las personas deja el despliegue de la identidad de
la economía social y solidaria. El impacto se genera desde
las personas y no desde los objetos. No es una evaluación
que pueda ser realizada sobre un objeto por parte de un
tercero (indicadores objetivos) porque esta hace parte del
mundo de los objetos, sino que requieren el esfuerzo de
valorar la subjetividad (Rojas, 2014) (que hace parte del
mundo de los sujetos) y asociarla con los determinantes
de la identidad de la economía social y solidaria.
3.- El término de huella tiene amplios referentes en la literatura de orga-
nizaciones de economía social y solidaria en autores como Manfred
Max-Neef, Franz Hinkelammert y Marcos Arruda. En Colombia, uno
de sus principales difusores es el maestro y líder de la cooperación
Miguel Fajardo Rojas, de quien se toma este aporte.
66
En el balance social se puede identicar cómo repercuten
los esfuerzos empresariales en pro del mejoramiento de
la calidad de vida y el bienestar de sus grupos de interés.
Este no es una memoria eventual de actividades socia-
les, tal como se presenta en la mayoría de organizaciones,
sino que debe tender a ser un balance periódico y compa-
rado de variables estandarizadas.
Para hacer del balance social una herramienta integral es
menester que la organización de economía social y soli-
daria reporte el cumplimiento de (lo anterior se ilustra en
la gura 5):
Figura 5. Dimensiones del reporte de balance social
Fuente: elaboración propia
• Su identidad: a partir de la demostración de es-
trategias para el cumplimiento de su naturaleza
organizacional: qué hace, cómo lo hace, qué la
diferencia.
• Transferencia de benecios: cuanticación de los
benecios transferidos a sus asociados, trabajado-
res, comunidad (valor agregado solidario).
67
Economía social y solidaria en el territorio
• Su función objetivo: relación de actividades so-
cioeconómicas en el marco del acto solidario4.
Adicionalmente es fundamental que el balance social
gane credibilidad como herramienta de monitoreo de la
eciencia organizacional de la economía social y solida-
ria, para ello debe reportarse de forma periódica, debe
ser de fácil comprobación por terceros independientes y
debe documentarse paso a paso con el n de establecer
una trazabilidad que permita en el tiempo estandarizar
algunas de sus variables y a largo plazo servir para hacer
comparaciones con otras organizaciones similares.
13.1 Reporte del cumplimiento de identidad:
Para el cálculo de estrategias que atiendan a la natura-
leza de organizaciones de economía social y solidaria
una de las herramientas más usada es el balance social
cooperativo, desarrollado inicialmente por autores como
Aitziber Mugarra y la Alianza Cooperativa Internacional.
Dicho balance parte de los principios cooperativos como
elemento sustantivo que identica a una cooperativa de
otra organización. De manera que si una cooperativa
quiere demostrar que lo es, nada más idóneo que el re-
porte del cumplimiento de sus principios fundacionales.
Siguiendo la metodología de balance social cooperativo,
las principales variables de análisis por cada principio
cooperativo se detallan en el cuadro 1.
4.- Se entiende como acto solidario el realizado entre la organización de
economía social y solidaria y sus asociados. La teoría del acto solidario
es fundamental porque demuestra que el objetivo de una organización
de economía social y solidaria no es otro que beneciar a sus propios
miembros y por tanto no hay búsqueda de lucro ni de cualquier otro
n que no sea el auto-benecio por la ayuda mutua.
68
Cuadro 1. Principales variables asociadas al balance social cooperativo
Principio
cooperativo
Variables asociadas
para su determinación
Adhesión voluntaria
y abierta
· Apertura cooperativa
· Salida voluntaria
· No discriminación
· Gestión democrática
· Participación en asambleas
· Accesibilidad a cargos sociales
· Participación uso de servicios
cooperativos
Participación
económica
de los socios
· Capital como propiedad común
· Compensación limitada al capital
· Asignación de excedentes
· Distribución Valor Añadido Cooperativo
· Esfuerzo económico exigido a socios
Autonomía
e independencia
· Independencia nanciera
· Hipotética cesión de derechos políticos
Educación,
formación
e información
· Destinatarios Fondo de Educación
· Tipo de educación
· Incidencias promovidas directamente
· No discriminación
Cooperación entre
cooperativas
· Cooperación empresarial cooperativa
· Interrelación de capital
· Cooperación educativa cooperativa
· Cooperación aspecto representativo
Interés
por la comunidad
· Preocupación medioambiental
· Inuencia comunidad cercana
· Responsabilidad con los trabajadores
Fuente: Castilla y Gallardo (2014, p.18).
Más recientemente el balance social cooperativo ha des-
plegado sus cálculos en correspondencia con otros ins-
trumentos ampliamente difundidos en todo el mundo
como el Global Reporting Initiative (GRI), la ISO 26000
de responsabilidad social y proyectos internacionales de
valoración como el RSE.Coop liderado por la Confede-
69
Economía social y solidaria en el territorio
ración Española de Cooperativas de Trabajo Asociado.
Frente a este último, las variables a cuanticar se dividen
en las dimensiones del triple bottom line. En el cuadro 2
se relacionan las variables asociadas.
Cuadro 2. Variables del RSE.Coop
Dimensiones Variables
Dimensión
económica
Gestión empresarial - Uso de los recursos
locales, favoreciendo el desarrollo económico
local - Gestión del Capital - Sistemas de gestión
- Marketing responsable - Innovación
Dimensión
social
Democracia interna - Diálogo y transparencia
con los grupos de interés - Formación -
Igualdad de oportunidades - Seguridad e
higiene en el trabajo - Estabilidad de la plantilla
- Condiciones sociolaborales - Conciliación de
la vida personal y laboral - Derechos humanos
- Satisfacción de la clientela - Intercooperación
- Comunidad local - Empresas proveedoras y
empresas contratadas – Competencia
Dimensión
ambiental
Política y gestión ambiental - Producción y
gestión de residuos - Gestión del agua - Gestión
de la energía - Contaminación acústica -
Contaminación atmosférica - Contaminación
lumínica - Afectaciones al suelo - Información y
formación ambiental - Integración en el entorno
Fuente: elaboración propia
Para continuar, es útil identicar las acciones que se desa-
rrollan las organizaciones de economía social y solidaria
y su relación con sus principios. Esto permitiría mostrar
tanto las estrategias de cumplimiento, como los resulta-
dos. El cuadro 3 muestra esta relación para el caso de una
cooperativa.
70
Cuadro 3. Propuesta para el relacionamiento de los principios
cooperativos y sus estrategias de consecución
Principio cooperativo Estrategia de
consecución
Resultados
período 0
Adhesión voluntaria y
abierta
Control democrático
Participación económica
Autonomía
e independencia
Educación, formación
e información
Cooperación
entre cooperativas
Compromiso
con la comunidad
Fuente: elaboración propia
Con ello se busca generar una línea base a partir de la
cual se pueden hacer estimaciones comparativas periódi-
cas. De estas se desprenden estrategias organizacionales
orientadas a cerrar las brechas entre la búsqueda de con-
secución de los principios y el ideal cooperativo. En la
gura 6 se ilustra un ejemplo para tres períodos, 2009,
2010 y 2011, en relación con el ideal de una cooperativa
(línea externa azul).
La gura corresponde a una estrella de 7 puntas, don-
de cada punta da cuenta de un principio cooperativo. Si
una organización de economía social y solidaria tiene 12
principios la estrella propuesta tendrá 12 puntas.
La línea azul representa el cumplimiento del 100% del
principio cooperativo y las otras líneas representan el
71
Economía social y solidaria en el territorio
porcentaje de cumplimiento anual de cada principio. La
diferencia entre el cumplimiento de cada año y el ideal
representa el área de optimización organizacional. El re-
porte de avances en el cumplimiento es una medida que
garantiza que la organización de economía social solida-
ria tiene vida asociativa.
Figura 6. Brechas en el proceso de consecución del ideal cooperativo
Finalmente, cabe reportar a los asociados, donantes u
otras organizaciones que transeren recursos para las or-
ganizaciones de economía social y solidaria como el Esta-
do, el destino social y el retorno de las inversiones que ha-
cen en las cooperativas. El método del Social Retunr On
Investment (SROI) es una de las herramientas más utili-
zadas para estos nes (Narrillos, 2012). El método SROI
parte de la concepción de que la creación o destrucción
de valor social, económico-nanciero y medioambiental
puede ser asociado a referentes monetarios como aproxi-
mación de su valor de mercado.
Las organizaciones de economía social y solidaria por su
naturaleza autogestionaria al servicio de las necesidades
72
de sus miembros, tienden a crear valor pero frecuente-
mente no lo calculan, ni lo difunden. En estas organiza-
ciones:
…se crea valor social al combinar recursos, insu-
mos, procesos cooperativos y políticas para mejorar
la calidad de vida de sus miembros y otros grupos de
interés, generando en consecuencia un ahorro de cos-
tos para el sector público (en tanto produzcan bienes
meritorios o donde se presentan fallas de mercado y
de Estado en el acceso) y una liberación de recursos
para los asociados cuyos benecios reales se encuen-
tran fundamentalmente en esta veta… (Narrillos,
2012, p. 25).
Se crea valor económico-nanciero cuando en una in-
versión hay un retorno nanciero superior al costo de
nanciación. Se crea valor ambiental cuando se mitiga
la incidencia empresarial por medio de acciones de re-
ciclaje, reducción de emisiones, y se generan niveles de
ecoeciencia, al necesitar menos insumos para obtener
más productos con mayor calidad y durabilidad.
A partir de un ratio que combina valor actual de los im-
pactos en relación con el valor actual de la inversión (en
ello similar al ratio usado en la evaluación de proyectos
de valor presente neto), se busca llegar a conocer cuál es
la creación de valor social, económico-nanciero o am-
biental en una determinada cooperativa por cada unidad
monetaria invertida.
La relación del ratio sería como sigue:
SROI Coop. = Valor actual de los impactos / Valor actual
de la inversión
73
Economía social y solidaria en el territorio
Otro ratio frecuentemente utilizado es el del período de
recuperación (PRI), de la inversión social, por medio de
la cual se relaciona el valor actual de la inversión con el
valor actual de los impactos.
P.R.I = Valor actual de la inversión / Valor actual de los
impactos
El resultado indica el número años, meses o días que el
proyecto tardaría en recuperar la inversión.
13.2 Benecios transferidos:
Para cuanticar el benecio neto transferido a los asocia-
dos, deberá calcularse el valor de las transacciones de cada
asociado y el benecio transferido a los mismos. Para ello,
es útil identicar las formas y momentos de distribución
de benecios.
Por ejemplo, una cooperativa genera benecios a través
de tres vías: los precios, los intereses y los retornos. Distri-
buye estos benecios en tres momentos: antes de nalizar
el período contable, durante el período contable y luego
del mismo con cargo al ejercicio anterior.
Una vez identicados estos elementos, corresponde el cál-
culo del valor agregado a los diferentes grupos de interés
y su expresión en análisis unitarios. La primera vía para
valorar es identicar. Por ejemplo, en el caso de una coo-
perativa, se han de identicar los programas de bienestar
que desarrolla y por otra parte, el impacto de sus acciones
(por ejemplo, en el ámbito medioambiental). En el caso
de la identicación de programas de bienestar, conviene
conocer cuál es el costo por beneciario y compararle con
programas similares bajo el criterio de costo-eciencia.
La cobertura alcanzada con los programas de bienestar
también puede ser una categoría a mostrar.
74
La organización quizá tenga una meta de cobertura y ca-
lidad que deban ser contrastados con los hechos. La co-
bertura ha de ser calculada sobre el total de beneciarios
posibles por actividad. En el caso de algunos programas
de bienestar, podría calcularse la disposición a pagar por
los beneciarios frente al valor pagado. Para ello, existen
metodologías alternativas como los precios hedónicos o
la evaluación contingente.
Se busca en denitiva identicar monetariamente, en
comparación con los precios de mercado, los valores per-
cibidos por los asociados (que como se ha manifestado
tienden a ser sobre todo en liberación de recursos en vez
de generación de ingresos). Dicho de otra forma, habrá
que calcular cuál es la diferencia entre los precios que
tiene por ejemplo una cooperativa de ahorro y crédito
en sus servicios y los precios de mercado, explicando qué
hay detrás de cada resultado y cuál era el objetivo organi-
zacional buscado.
En el cuadro 4 se muestra, como ejemplicación, el cál-
culo de los benecios para una cooperativa de ahorro y
crédito. En este caso se muestra lo que paga un asociado
por un crédito en su cooperativa en relación a lo que ten-
dría que pagar si obtuviera el mismo crédito en el mer-
cado.
La valoración se complica cuando existen atributos adi-
cionales en los bienes y servicios ofrecidos con respecto a
los del mercado. Quizá para un bien con el mismo pre-
cio, las condiciones de oportunidad en el acceso puedan
determinar un agregado difícil de valorar. Podría ser el
caso del tiempo liberado, los intereses dejados de pagar si
se trata de un bien con acceso inmediato por préstamos,
costos de viaje u otros necesarios para poder obtenerlo.
75
Economía social y solidaria en el territorio
Cuadro 4. Recursos liberados por cada millón de pesos solicitados en
una cooperativa en relación con otra organización en el mercado
Línea
de crédito
Monto
desembol-
sado
Costo del
crédito
en la
cooperativa
Costo pro-
medio de los
intereses en
el mercado
Recursos
liberados por
persona
Educación $ 1.000.000 $ 66.000 $ 102.300 $ 36.300
Automá-
tico $ 1.000.000 $ 120.000 $202.300 $ 82.300
Vivienda $ 1.000.000 $ 96.300 $ 192.300 $ 96.000
Vehículo $ 1.000.000 $103.900 $ 225.000 $ 121.100
Fuente: elaboración propia
La valoración de recursos liberados al nal del ejercicio,
sería el resultado de la sumatoria de la valoración de to-
dos los bienes y servicios prestados por la organización.
Esto genera dos resultados: por un lado, se desarrolla un
esfuerzo organizacional por identicar los costos unita-
rios de todos los bienes y servicios que realiza la orga-
nización y por otro, permite que el asociado tenga una
información precisa sobre los mismos. El efecto deriva
en elementos de juicio para tomar decisiones frente a los
bienes y servicios que producen las organizaciones.
Finalmente, cabría diagramar la relación entre resultados
contables y resultados de la liberación de recursos en uni-
dades monetarias. La relación resultante da cuenta del
esfuerzo organizacional por generar benecios a los dife-
rentes grupos de interés. La presentación de estos resulta-
dos da cuenta de la aplicación de estrategias empresariales
basadas en la identidad solidaria. Por ello, los principios
muestran, tanto las estrategias de cumplimiento, como
los resultados.
76
En la gura 7 se muestra un posible caso donde se de-
muestra que si bien los excedentes contables parecieran
no ser “tan competitivos” como el de las rmas de capi-
tal, la internalización de externalidades y la distribución
de benecios hacia sus miembros justican que el acento
supervisor se coloque en esta relación.
En las organizaciones de economía social y solidaria que
tienen vida asociativa la brecha entre el benecio contable
y los recursos liberados y distribuidos hacia sus asociados
justicarán en mayor medida benecios de tipo scal en
tanto deben compensarse los esfuerzos organizacionales
en generar bien común (Felber, 2012) y complementar la
función redistributiva del Estado basadas en la teoría de
las externalidades (Chaves, 2012).
De manera que la brecha entre benecio contable y re-
cursos liberados es a la vez un criterio que deberían tomar
los entes supervisores para identicar el “éxito de la eco-
nomía social y solidaria” pero también para justicar los
benecios de índole tributario que se apliquen.
Figura 7. Diferencia entre los excedentes contables y recursos liberados
en una cooperativa
Fuente: elaboración propia
77
Economía social y solidaria en el territorio
Finalmente, es menester destacar que las políticas públi-
cas en materia de supervisión y control encuentran en la
implementación del balance social una herramienta fun-
damental para poder optimizar su función.
Valorar a las organizaciones de economía social y soli-
daria por lo que son, permite superar los problemas de
asimilación a empresas de capital y vericar su autentici-
dad en un marco de reconocimiento explícito que debe
tender progresivamente al autocontrol, como medida de
optimización de las políticas públicas, y abre una puerta
para facilitar la co-construcción de políticas públicas.
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