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El Proyecto Misicuni y la territorialidad originaria (TCO) de Ayopaya. Agua
para Cochabamba… y ¿Quién tiene el agua?1
Pablo Regalsky2
regalsky@gmail.com
Palabras Clave: Territorio indígena, Jurisdicción, pluralismo jurídico, recursos naturales,
urbanización, campo-ciudad, desarrollismo, conservacionismo.
ABSTRACT
Este capítulo aborda el caso de la represa Misicuni, proyecto cochabambino histórico que data de
los años ´50, correlacionándolo con la cuestión planteada por la demanda de Tierra Comunitaria
de Origen (TCO) de la provincia Ayopaya en Cochabamba. Conectamos el proyecto de Misicuni con
el tema del control jurisdiccional campesino indígena, reconocido por la Constitución, y con el
acceso a los recursos en la provincia Ayopaya. Este asunto ha pasado inadvertido por la opinión
pública. Los investigadores se han enfocado en las fallas, en las demoras de ejecución del proyecto
y en los indicios de corrupción alrededor del mismo. El enfoque urbano-céntrico de los estudios y
análisis producidos denotan una falta de comprensión de las relaciones entre campo y ciudad,
contexto en el que se ubica el proyecto. El presente estudio muestra que existen tensiones en el
campesinado ayopayeño en relación a los alcances y a la forma de implementación del proyecto
Misicuni, pues no se han respetado sus derechos constitucionales, en particular el derecho a
consulta. El Estado ha ampliado la jurisdicción del Parque Nacional Tunari con la obvia intención
de controlar las fuentes de agua para dicho proyecto, pero ese instrumento de gobernabilidad es
un irritante más, aplicado sin previa consulta con los afectados.
INDICE
1. Introducción 2
2. Tensiones y actores: El control de los recursos 3
3. Población, tierra y recursos naturales en Ayopaya 6
4. TCO y recursos naturales 8
5. El Parque Nacional Tunari 13
6. El Proyecto Misicuni 17
7. Discusión: Los ciclos sociopolíticos recientes y el Proyecto Misicuni 19
8. Conclusión 21
1 En: La problemática de la tierra a 18 años de la ley INRA, 2015, La Paz: Fundación Tierra (9-54).
2Agradezco la colaboración invalorable del Director General del CESU, Manuel De La Fuente, para este
capítulo y en particular al investigador asistente, Zenobio Siles, por sus informes clave. Agradezco a Hanne
Haaland por sus excelentes aportes. Eximo a ellos de toda responsabilidad por cualquier error que estuviera
contenido en el mismo y por las conclusiones, de las que soy el único responsable.
2
Mapas
1. El Corredor Biológico Amboró Madidi Vilcabamba 5
2. Parque Nacional Tunari 15
3. Área de colección de aguas de la represa Misicuni 18
Cuadros
1. Superficie ocupada por el PNT en cada municipio 14
INTRODUCCIÓN
La relación entre las necesidades del desarrollo urbano y la subordinación de los intereses del
desarrollo rural y de las demandas campesinas indígenas al primero está en el núcleo del presente
estudio de caso. Para ubicar dicha dinámica política se incorpora la información específica del caso
dentro de un análisis de los ciclos socio-políticos que el país está viviendo desde los años ´80. Se
analiza el caso desde la dinámica de los ciclos sociopolíticos con el fin de evitar que las
conclusiones del estudio deriven en un enfoque lineal, de simple extrapolación de sucesos
anteriores hacia el presente. La exploración de los intereses involucrados no podría ser encarada
en el formato de corte temporal.
Para una mejor comprensión de la dinámica en la que está inscrito el proyecto en estudio se
requiere un brevísimo encuadre de la dinámica histórica reciente, aunque éste será de carácter
limitado por las restricciones de espacio. Tal enfoque metodológico ha sido posible gracias a que el
autor del artículo y el asistente de investigación que lo acompaña han hecho un seguimiento de
larga duración, de casi 20 años, acompañando con un trabajo de investigación-acción los procesos
locales y regionales que se bosquejan en este artículo3. Para el propósito específico de este
capítulo, se han hecho visitas de campo, entrevistas abiertas y participación en congresos y
reuniones a diferente escala geográfica entre septiembre 2014 y marzo 2015.
Para entender el impacto social del proyecto Misicuni como tal y la cuestión del control de los
recursos que se plantea en la provincia se encara el análisis de las dos herramientas de
gobernabilidad creadas para enfrentar y/o resolver las tensiones y problemas generados por dicho
proyecto. La herramienta de gobernabilidad que el Estado establece para este caso, y que
también se ha vuelto parte del folklore cochabambino, es el establecimiento y funcionamiento del
Parque Nacional Tunari. Se trata de un área protegida concebida en función del desarrollo urbano,
aunque la retórica que la sustenta también se apoya en el argumento de la protección de la
naturaleza. La otra herramienta de gobernabilidad, por el lado opuesto, ha sido concebida desde
los intereses de los campesinos y en función de defender su jurisdicción tradicional sobre los
recursos naturales; y es la TCO Ayopaya.
La expansión urbana irracional, invadiendo tierras muy fértiles, ya está afectando la seguridad
alimentaria de la población urbana y desequilibrando el desarrollo regional de una zona que fue,
3Ese seguimiento fue posible en el marco de un equipo organizado por CENDA, dentro de un convenio entre
el CESU-UMSS, CENDA y las Centrales regionales de Morochata.
3
desde tiempos coloniales, el granero de los Andes (Blanes 2010; Nava 2013). Sin embargo, en el
caso aquí examinado, la pregunta a la que se pretende aportar con esta investigación no se centra
en el evidente desequilibrio político-ecológico creado por la urbanización y que es reconocido por
los planificadores estatales y la prensa en general (Ledo 2013; MMAyA 2013; Orellana 2001). Lo
que se trata de responder es ¿cómo la expansión urbana está poniendo en cuestión los derechos
constitucionales referidos al acceso a los recursos naturales en los territorios originario-indígena-
campesinos o TCO? La investigación contribuye a dilucidar algunos de los intereses sectoriales que
participan en el fenómeno de la expansión urbana. En particular, se enfoca en cómo la
diferenciación social interna campesina e indígena influye decisivamente en las disyuntivas entre
un posible conflicto y/o una alineación del campesinado con el desarrollismo urbano-céntrico. A
partir del análisis de estas cuestiones será posible definir mejor las preguntas para un estudio que
deberá encararse posteriormente a mayor profundidad, dirigido a entender mejor el juego de los
intereses generales y los intereses particulares en este proceso. En tal caso, podrá servir de marco
el modelo de acumulación de poder económico y político globalmente vigente denominado por
Harvey (2003) “acumulación por desposesión”, modelo que está en plena aplicación en Bolivia.
La investigación tiene un referente de larga proyección histórica en Bolivia y, por primera vez
desde la fundación de la República, la cuestión de la delimitación de las jurisdicciones entró en el
debate público a raíz de la aprobación de la nueva Constitución. Esa cuestión plantea cómo se
deslinda la jurisdicción indígena que solo fue reconocida con la Constitución de 2009, pese a que
tiene siglos de existencia real, con respecto a la jurisdicción estatal propiamente dicha. En el caso
particular del Órgano Judicial, se ha reconocido una esfera de competencia indígena y se la ha
delimitado, aunque de un modo no muy adecuado; pero, en lo que podría llamarse el ámbito
legislativo y ejecutivo de dicha jurisdicción, el tema aún sigue en sombras.
TENSIONES Y ACTORES: EL CONTROL DE LOS RECURSOS
El conflicto por el control del acceso a los recursos del territorio al que nos referimos viene
manifestándose desde hace varios años sin que se le haya prestado debida atención. Sus primeras
manifestaciones surgen con el debate, aprobación y posterior implementación de la ley INRA,
cuando las organizaciones campesinas rechazaron los intentos de proceder al saneamiento y
titulación de las tierras porque, según aseguraban entonces los dirigentes de la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), respondía a la estrategia estatal
de fomentar el mercado de tierras y favorecer la concentración de las mismas (Conosur 1995). El
conflicto resurgió a la luz pública en forma bastante aguda alrededor del año 2000 y, desde hace
un año, vuelve a aparecer en Ayopaya. En el caso presente, el conflicto se origina en la
incertidumbre creada por la ampliación de los límites del Parque Tunari hacia el nor-noroeste,
abarcando áreas que exceden la zona específica de colección de aguas de Misicuni.
El momento más áspero de este conflicto por el control de los recursos naturales en la provincia
surgió poco antes del año 2000 y en consonancia con las primeras señales de lo que, al poco
tiempo, se iba a convertir en la Guerra del Agua. No es casual que el conflicto haya surgido en esa
4
fecha, pues coincide con un período en el que se produce una nueva ofensiva neoliberal para la
privatización de los recursos naturales, entre los que sobresale el agua. En ese marco, el Gobierno,
bajo la influencia de organismos internacionales, decidió establecer un área protegida
denominada Altamachi–Cotacajes, un parque nacional que venía a completar el ‘corredor
biológico’, que se extiende desde la Zona de Reserva Apurímac (Vilcabamba) en Perú hasta el
Parque Nacional Amboró de Santa Cruz, en Bolivia, con un área de 30 millones de hectáreas (Igoe
2006; WRM 2006). Ese corredor incluye el Parque Amboró, el Parque Carrasco, el Territorio
Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Madidi, Sonene, Tambopata, la reserva Pilón
Lajas, entre otros. El área proyectada para el Parque Altamachi Cotacajes era de 656.521
hectáreas, con un Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) de 151.070 hectáreas.
La región correspondiente a ese corredor ha sido mencionada en la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, Sudáfrica, 2002) como una de las 10 zonas de mayor
diversidad biológica del planeta, además de ser cabecera de aguas de la cuenca amazónica. El
objetivo del corredor biológico es controlar esa cabecera de aguas del Amazonas y,
supuestamente, proteger su biodiversidad. Algunas fuentes ligadas a ese proyecto mencionan la
necesidad de proceder a una “valorization of environmental services” (WWF 2003:5), es decir,
transformar el conservacionismo en negocio, algo en lo que el Fondo Mundial de Vida Silvestre
(WWF) ya tiene mucha experiencia. Eso significa, en términos simples, que los administradores
privados del Parque tendrían la autoridad para vender agua para Misicuni o cualquier otro
proyecto. En ese proyecto han intervenido con fuerte financiamiento organizaciones
internacionales como USAID; la Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), que a su vez financia al
WWF; y Conservation International (CI), además de la cooperación de la UE y de varios otros
países, todos ellos interesados en el manejo de la cabecera de cuencas de las aguas dulces que van
al Amazonas, que posiblemente sea la reserva de agua potable más grande del planeta y uno de
los reservorios biológicos más importantes del mundo (CEPF 1999; WWF 2001).
La WWF, con el apoyo de fondos de USAID, subcontrató servicios de las ONG Centro Integrado
para la Defensa de la Ecología y el Desarrollo Rural (CIDEDER) y el Centro Técnico Forestal
(CETEFOR). Estas ONG fueron creadas para tal efecto con la participación de algunos de los
partidos políticos en función de gobierno para elaborar un plan de conservación de la
biodiversidad, que sería presentado a la Prefectura como respaldo para la declaratoria de un área
protegida. El trabajo de esas ONG “conservacionistas” se inicia en los años ´90, en el marco de
políticas de privatización y monetarización de los recursos públicos. Un ejemplo es el Parque Noel
Kempff Mercado, cuya administración se privatiza en 1996 y los recursos provenientes del
secuestro de carbono quedan en manos de la ONG Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN),
organismo no gubernamental en el que participan miembros de partidos políticos del gobierno.
5
Mapa 1: el Corredor Biológico Amboró Madidi Vilcabamba
.
Tomado de: Regalsky 2009.
Dentro de la misma dinámica mercantil o neoliberal, la declaración de áreas protegidas no impidió
la concesión de bloques petroleros y explotaciones mineras en su interior (Orellana 2002).
La ofensiva neoliberal sobre los recursos naturales generó la inquietud de los campesinos. En el
caso particular de Ayopaya, el malestar surgió en torno a la conservación del bosque nativo
existente en el norte de la provincia, que ya sufría un creciente saqueo maderero ilegal por parte
de mafias organizadas impunemente desde la localidad de Palos Blancos, en el Alto Beni. Este fue
un motivo para que se tomen resoluciones en diferentes eventos campesinos. En el Primer
Congreso Provincial de Integración realizado en julio de 1996 en Choro, al norte de la provincia,
logró, por primera vez, la unificación de las centrales regionales de Morochata e Independencia en
6
una sola central campesina provincial. Entre tanto, las ONG conservacionistas aprovecharon la
inquietud para que se apruebe una resolución de apoyo a la declaración de un parque provincial
como área protegida.
Contrariamente a lo que proponían las ONG, sin embargo, esa declaración establecía que el citado
parque estaría “bajo propiedad y administración de las organizaciones sindicales de la provincia”
(Valenzuela 2007:63). Los ayopayeños resolvían así que la protección y administración de los
recursos naturales de esa zona de alta biodiversidad permanezca bajo el control de sus propias
organizaciones (y no a través de ONG o directamente en manos del Gobierno central). En esa
misma instancia, los campesinos también decidieron participar en la marcha organizada por la
CSUTCB hacia La Paz contra la aprobación de la ley INRA, marcha que se realizaría entre agosto y
setiembre de 1996. La inquietud en este último caso era motivada por la preocupación despertada
por las políticas gubernamentales neoliberales de fomento a la mercantilización de la tierra y a
favor de instancias empresariales. Es necesario mencionar que la realización de ese Congreso de
unificación provincial fue resultado directo de la exitosa participación de las organizaciones
campesinas en las elecciones municipales de diciembre de 1995 bajo la bandera de la Asamblea
por la Soberanía de los Pueblos (ASP) en coalición con la Izquierda Unida (IU) y en la cual ganaron
ambas secciones municipales de la provincia.
ASP era entonces la denominación del Instrumento Político creado por los campesinos en el
Congreso Orgánico de la CSUTCB, celebrado en Santa Cruz en marzo de 1995 y que,
posteriormente, daría lugar a la formación de la fracción política conocida como el Movimiento al
Socialismo (MAS). La estrategia inicial bajo la cual nació ese instrumento político de la CSTUCB fue
sectorial centrado en “Tierra y Territorio”, es decir, en la defensa del acceso a los recursos
naturales por parte de los campesinos originarios e indígenas.
El MAS transformó ese objetivo sectorial en uno nacional que se resume en la defensa de la
soberanía nacional y la recuperación de los recursos naturales para la nación, es decir, para el
Estado boliviano. Este hecho no es secundario; por el contrario, refleja el cambio de curso
programático de las organizaciones campesinas una vez que sus dirigentes comenzaron a tomar
parte en la administración, aún en los niveles bajos del Estado.
Esa es la clave del debate, de la disyuntiva que se plantea a lo largo del presente caso de estudio:
¿Quién controla el acceso a los recursos naturales? Dado que el estudio de caso se restringe a la
problemática planteada por el proyecto Misicuni, este trabajo se dirige a dilucidar la cuestión del
control del acceso al agua en relación a dicho Proyecto. Para ello es necesario, previamente, tener
claridad sobre el tema de la TCO Ayopaya y el Parque Nacional Tunari como las herramientas de
gobernabilidad dirigidas, precisamente, a tener el control del acceso a dicho recurso como parte
de la cuestión más amplia del control territorial.
POBLACION y RECURSOS NATURALES EN AYOPAYA
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La provincia Ayopaya, tiene una superficie total de 9.620 km2. Actualmente está dividida en tres
municipios (Independencia, Morochata y Cocapata) con una población total de 54.408 personas,
según el censo 2012, suponiendo una reducción del 10,7% respecto a la población censada en
2001 (INE 2014). El 95% de la población es campesina y está organizada en 350 comunidades
agrupadas en 60 subcentrales y éstas, a su vez, en 16 centrales regionales: Independencia,
Charawayt’u, Calchani, Morochata, Wilayaki, Yayani, Chinchiri, Calientes, Icari, Altamachi, Choro,
Cocapata, Colorado, Siqirancho, Uma Marka, Villa Hermosa. Ninguno de los tres pueblos
(Independencia, Morochata y Cocapata) alcanzó al mínimo de 2000 habitantes para ser
clasificados como urbanos durante el último censo. La mayor parte de la población se concentra
en el municipio de Independencia, con 23.523 habitantes, una densidad de 13,3 habitantes por
km2 y una disponibilidad de 0,7 ha cultivables por habitante.
Según el censo 2001 (el último del que se disponen datos al respecto), el 90,2% de la población es
quechua hablante. Un porcentaje significativo de la población es trilingüe aymara-quechua-
castellano. Hay que notar que hasta inicios del siglo XX esta provincia dependía de la jurisdicción
de Mohoza, en el departamento de La Paz, con una población identificada como Sora (Rojas,
2005). Es muy probable que los datos del censo de 2012 muestren una variación importante en la
situación lingüística-identitaria.
En la provincia se encontraban, a mediados de siglo XX, signos de alta concentración de la tierra y
un buen número de haciendas perduró hasta que, bajo el gobierno de Siles Suazo, en los años ´80,
se llegó a acuerdos con los latifundistas para su distribución. Por ejemplo, en la zona de Altamachi,
al norte de la provincia, la familia Gasser poseía una propiedad de 139.000 hectáreas (Vargas
2002), que pudo mantener pese a la normativa vigente de la Reforma Agraria de 1953. Hasta que
dicha reforma agraria comenzó a efectivizarse, en la zona sur de la provincia, el 32% del total de
superficie registrada pertenecía a propietarios con áreas de entre 10.000 y 25.000 hectáreas
(Rivera 1992). La presencia de piqueros o pequeños propietarios antes de la Reforma Agraria no
llegaba a cubrir ni el 1% de las superficies tituladas y numéricamente representaban el 75% de
aquellos que contaban con algún título de propiedad sobre la tierra.
Una explicación a la tardía distribución de la tierra, muy posterior a la vigencia de la reforma
agraria en 1953, tiene que ver con la sangrienta represión que sufrieron los campesinos en 1946
durante la sublevación que tuvo lugar después de la caída de Villarroel y que eliminó a muchos de
los líderes campesinos locales de la época. Es un hecho que, ante la falta de acción campesina, el
Estado se abstuvo de aplicar la normativa agraria y, por el contrario, favoreció una
reconcentración de la tierra a través de los distintos gobiernos, desde 1953 hasta la fecha. La
reforma agraria se aplicó solamente allí donde había una organización capaz de movilizar sus
efectivos campesinos.
Una particularidad que tiene la organización productiva comunal en Ayopaya es que mantiene, en
una gran mayoría de los casos, la rotación de cultivos a través de las aynuqas, sistema que permite
proporcionar largos descansos a los suelos en las zonas de mayor disponibilidad de tierras. Sin
8
embargo, en la zona sur de Morochata, donde hay gran producción de papa para el mercado
urbano y, sobre todo en el municipio de Independencia, donde hay mayor escasez de tierras, la
presión sobre el suelo es alta y los períodos de descanso son cada vez más cortos derivando en la
mayor degradación de los suelos. La alta disponibilidad de tierras con grandes períodos de
descanso en las zonas al norte de Morochata ha facilitado el surgimiento de grupos de campesinos
organizados en modalidades asociativas para la producción de semilla certificada para el sistema
de SEPA4 y otros. Este hecho, sin embargo, introduce un nuevo elemento de presión sobre los
suelos.
La provincia cuenta con recursos hídricos muy importantes. Dada su ubicación en la vertiente
norte de la cordillera Tunari, mucho más expuesta a las corrientes húmedas amazónicas, la
precipitación media es de 800 mm en las cabeceras de los valles cultivables, mucho más alta que
en la vertiente sur, donde está ubicada la ciudad de Cochabamba, y donde el promedio no llega a
los 400 mm por año. Debido a este factor, la disponibilidad de agua es alta; de hecho, hay más de
50 lagunas relativamente grandes ubicadas en la zona puna, que son utilizadas para el riego, sobre
todo en la región de Morochata, además de numerosas vertientes, glaciares y ríos (CERES 2000,
Orellana 2001).
La cobertura vegetal maderable en la parte norte tropical y subtropical de la provincia es objeto de
explotación ilegal e irracional por parte de grupos irregulares establecidos en Palos Blancos, en el
departamento de La Paz, que realizan incursiones armadas en la zona limítrofe con Beni. Esta
actividad ilegal es facilitada porque la zona está incomunicada, prácticamente aislada del resto de
la provincia y aún poco explorada.
Allí se ubica la TCO Mosetén y también hay algunos asentamientos campesinos que se dedican a la
producción de cacao comercial, a las actividades relacionadas con la agricultura de subsistencia, la
pesca y la caza. La zona norte, tanto el subtrópico ubicado entre los 2.400 y 1.600 msnm, como el
trópico, entre 1.600 y 800 msnm, es de una gran biodiversidad genética y requiere especial
manejo y protección. Como se detallará más adelante, es una de las zonas que requiere mayor
atención también en relación a las tensiones sociales y políticas que se pueden generar, ya que
también hay yacimientos auríferos, varios de ellos ya adjudicados y en explotación. Hay un bloque
de exploración petrolera adjudicado a la compañía Total-Petrobras, que también abarca zonas
importantes del TIPNIS5.
La minería tiene una presencia importante en la provincia. Sólo en Morochata se detectaron 43
concesiones que abarcaban 26.909 ha en el año 2002, muchas de ellas auríferas (CENDA 2005). En
la sección municipal Independencia existen varias concesiones mineras extensas, como la de la
cooperativa minera de estaño Kami y la mina privada de sodalita (una mina que aparentemente
4 Programa de Semilla Certificada de Papa, organizado y financiado por la Cooperación Técnica Suiza.
5 Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, muy conocido por su resistencia a la construcción de
una carretera que conectaría con la Transamazónica brasileña.
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era propiedad del Incario) y que actualmente pertenece al italiano Enrico Zappa y que está ubicada
al norte de Independencia.
LA ORGANIZACIÓN DE LA TCO AYOPAYA Y LA DEFENSA DEL TERRITORIO
La cuestión del acceso a los ricos recursos naturales existentes en la provincia, tanto renovables
como no renovables, ha generado diversos momentos de tensión y conflicto recientemente.
Desde los años ´90 existe preocupación entre los campesinos indígenas por defender sus tierras y
aguas del avance de la jurisdicción estatal que, según entendieron sus organizaciones, amenazaba
las formas tradicionales de acceso a dichos recursos, en función de las políticas neoliberales
predominantes. El primer roce al respecto fue producto de la ampliación del área protegida en el
Parque Nacional Tunari (PNT), dispuesta en la Ley 1262, promulgada por el presidente Jaime Paz
Zamora. El tema del Parque Tunari es tratado por separado en la siguiente sección y, por lo tanto,
aquí nos limitamos al surgimiento de la demanda de la TCO y a las razones más específicas que
motivaron la misma; es decir, la decisión gubernamental de establecer el Parque Altamachi-
Cotacajes como parte del corredor biológico arriba mencionado.
La difusión de la Resolución Prefectural 132/2002, que aprobó el establecimiento de dicha área
protegida departamental sin previa consulta a los pobladores, generó un movimiento regional de
resistencia. Por un lado, las organizaciones campesinas resolvieron movilizarse para lograr la
anulación de la resolución y, por otro, se propusieron, a través del Congreso provincial y en los
diversos congresos regionales, la presentación de una demanda ante el INRA para establecer una
TCO a nivel de toda la provincia, una demanda que implicaba el reconocimiento de una
jurisdicción territorial originaria campesina sobre los recursos de la provincia. La cuestión de la
jurisdicción indígena sería abordada más tarde en la Asamblea Constituyente de 2006 y los propios
ayopayeños llevarían su propuesta en tal sentido a esa instancia.
La declaratoria de Parque Departamental se conjuncionaba con la anunciada intención del INRA de
declarar como tierras fiscales a más de 300.000 hectáreas que, sin embargo, las organizaciones
ayopayeñas reclamaban para sí, ya que consideraban que la mayor parte de estos territorios
estaban bajo manejo de las comunidades campesinas en el norte de Ayopaya. Las centrales
regionales, ante la revelación del proyecto de Parque, iniciaron el proceso de discusión y
aprobación de una demanda de la TCO, que abarcaría toda la provincia Ayopaya. La propuesta fue
analizada en el IV Congreso provincial de julio de 2002, realizado en la localidad de Calchani con
una gran asistencia, donde, para sorpresa de muchos, fue aprobada por una mayoría aplastante
(Regalsky 2009).
La noticia de la resolución emitida en abril de 2002 por el Consejo Departamental, aprobando en
una primera instancia la implementación del Parque Departamental y Área Natural de Manejo
Integrado Altamachi (PDANMIA), era ya esperada por los dirigentes de la Central Provincial
(CSUTCA). Lo que alarmó a los dirigentes fue que la aprobación contó con el voto positivo de
todos los partidos políticos, incluido el MAS. El alcalde municipal de Morochata, Sinforiano
10
Córdova6, electo con la sigla del MAS, se adhirió a la aprobación del parque, pese a que
inicialmente había concordado con la posición campesina de rechazarla, lo mismo que el consejero
departamental de Ayopaya. Los partidos políticos esperaban que hubiera oposición campesina,
pero el MAS contaba con poder controlarla y neutralizarla. Pese a proclamarse como
representación directa de las organizaciones campesinas y supuestamente ser el brazo político de
la CSTUCB, ya entonces el MAS buscaba establecer sus credenciales de partido “serio” y
contrarrestar la noción de que era un partido “asistémico”.
La reacción campesina ante la decisión gubernamental no fue la esperada por estos partidos, ya
que la decisión adoptada no se remitió al rechazo y pedido de nulidad de la resolución, sino fue
más allá al demandar una TCO para toda la provincia, es decir, transformar todas las propiedades
individuales para integrarlas a una colectiva. La sorprendente coalición política de los cuatro
consejeros departamentales del MAS con los partidarios de Manfred Reyes Villa dentro del
gobierno departamental no paralizó la iniciativa campesina. Ello puede explicarse porque aún el
aparato político del MAS no tenía bajo su control de manera vertical y sistemática a las
organizaciones sociales.
La demanda tomó por sorpresa a todos los actores por las implicaciones que conllevaba respecto a
la pequeña propiedad campesina que es dominante en la provincia. En las más de 350
comunidades o sindicatos campesinos, una importante mayoría de las familias miembros de
dichos sindicatos cuentan con títulos individuales de la reforma agraria de 1953 (Pacheco y Valda
2003). De allí que no era de esperar que se aprobara fácilmente ni que se pudiera llevar adelante
una demanda de titulación colectiva equivalente a la extensión de la TCO Monteverde en la
Chiquitanía, que tiene más de un millón de hectáreas. La decisión tendría relevantes
connotaciones en relación al manejo de tierras; en particular, al convertirse en una traba
importante para el desarrollo de un mercado libre de tierras, pero además establecería una base
esencial para el establecimiento de una jurisdicción indígena respecto al control y acceso a los
recursos naturales en general, tanto renovables como no renovables.
La demanda de la TCO abarcó tanto a las zonas aún no tituladas por la reforma agraria, como
también a las zonas tituladas en forma comunal, así como a las zonas tituladas en forma individual
por la reforma agraria de 1953. También incluía a cierto número de ex haciendas que ostentaban
títulos dudosos, algunas de gran extensión, donde no había llegado o no se había completado la
reforma agraria. Esto dio lugar a un intenso debate sobre las consecuencias que acarrearía la
fusión de los títulos individuales dentro de un título colectivo tanto para las familias campesinas
individualmente como para las organizaciones y comunidades campesinas como entidades
colectivas. Pero además influyen en el debate diversas cuestiones que tienen lugar debido a una
realidad geográfica y productiva de diversidad compleja, difícil de conciliar en una estrategia
común (Orellana 2005).
6 Con motivo de las elecciones nacionales de junio de 2002, este alcalde cambia de partido y apoya la
candidatura de Gonzalo Sánchez de Lozada.
11
Las zonas ubicadas más al sur de Morochata no solo están más vinculadas al mercado, sino que
muchos de los campesinos participan en calidad de intermediarios, poseen sus propios camiones
y, además, tienen tierras y vivienda urbana en el valle bajo, particularmente en la ciudad de
Quillacollo. Existen, por lo tanto, relaciones de clientelismo, compadrazgo e intermediación entre
diferentes estratos de las comunidades. Por otro lado, las zonas situadas más al norte de
Morochata, que tienen una mala o nula vinculación carretera con el mercado de Cochabamba,
tienen estrategias productivas más vinculadas al aprovechamiento forestal del monte y mayor
autosuficiencia alimentaria, no tan dependiente del mercado como en el anterior caso. Por otro
lado, en la sección Independencia, hay mayor vinculación comercial con La Paz (a través de
Inquisivi) y con Oruro. En el sector de Independencia la disponibilidad de tierras es mucho menor
y hay muchas familias que recurren a diversificar su actividad en varias regiones, a través de
migraciones temporales.
En la sección municipal de Independencia hay un sector campesino agro-minero vinculado a la
Cooperativa Minera Kami que, siendo también parte de las organizaciones campesinas
provinciales, no mostró ningún interés en el establecimiento de un título TCO, dado que desde la
perspectiva de una mayoría campesina la Central provincial podría coartar sus actividades
extractivas. Todo ello forma un abanico de posicionamientos en el debate que tuvo lugar respecto
a las posibles ventajas y desventajas de contar con un título TCO.
No solamente se presentaron dificultades entre las diversas regiones y centrales regionales, sino
también al interior de cada Central, de cada subcentral y de cada sindicato o comunidad, donde
debió plantearse un debate intenso por diversos motivos, entre ellos la desigual distribución de la
tierra en las comunidades, las cuestiones de límites no resueltos sobre todo en el caso de terrenos
de pastoreo, o los problemas de linderos de parcelas tanto entre comunidades como entre
familias. Si bien algunos casos se resolvieron por consenso, en una buena parte de ellos, las
diferencias se resolvieron por mayoría, lo cual planteaba posibles divisiones y tensiones
posteriores.
Ese proceso de fusión de los títulos individuales otorgados por el Consejo Nacional de Reforma
Agraria, establecido en 1953, en un solo título TCO, ya había tenido lugar de manera exitosa por
primera vez para la región andina en Raqaypampa, poco tiempo antes. La tensión entre los
intereses familiares individuales y los intereses colectivos había sido resuelta satisfactoriamente
en dicho caso. La explicación es que en Raqaypampa existía y aún persiste un patrón de
asentamiento productivo casi uniforme, normativas generalmente aceptadas para el manejo de
los recursos y una autoridad comunal consensuada (Regalsky 1994). La diversidad ecológica y la
mucho mayor extensión de la provincia Ayopaya en relación a la Central de Raqaypampa que solo
tiene 500 km2 planteó otros problemas mucho más difíciles.
En el caso de Ayopaya, entraron en juego un conjunto complejo de actores y el panorama era
complicado no solamente al interior de las organizaciones campesinas. Dentro del territorio
ayopayeño hay numerosas concesiones mineras privadas, algunas propiedades medianas de ex
12
patrones y la región norte incluye un bloque petrolero denominado Rio Hondo, que abarca
también parte del TIPNIS, concesionado en riesgo compartido a YPFB- Petrobras.
La demanda de la TCO motivó un intenso debate que duró tres años y resultó en la exclusión de
algunas zonas mineras y agro-mineras como Kami y Charawaytu, en la sección Independencia, que
se presentarían como terceros frente a la demanda; pero, también generó recelos entre las
distintas regiones. Estos recelos eran inevitables ya que se trata de una extensa región con
muchos y diversos actores y formas productivas que sería administrada desde una Central
Provincial que, en ese momento -se empezaba a temer- podría responder a intereses particulares
y no a los del conjunto. La mecánica establecida con el fin de neutralizar ese resquemor, establecía
la rotación entre las regiones para el nombramiento de dirigentes, cada una de las cuales asumiría
la principal cartera por turno, aunque la elección era definida en un congreso provincial cada dos
años.
Para los efectos de obtener personería jurídica, requisito previo para realizar el trámite de la TCO,
se refunda la Central Provincial en el V Congreso Provincial, que tiene lugar en septiembre de
2003. Allí toma el nombre de Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios de
Ayopaya (CSUTCOA), añadiendo el adjetivo “originarios”, para lo que se recurrió a los
antecedentes históricos. Algunas investigaciones establecen que sus pobladores proceden de
antepasados Soras e Ica Yunkas, con lo que se quiere dar mayor peso a la argumentación a favor
de la TCO (Rojas 2005). En ese Congreso se aprueba la resolución para dar inicio al trámite de TCO
con fecha 21 de septiembre de 2003, presentándose el correspondiente memorial ante el INRA
departamental el 20 de octubre de 2003 (Vásquez y Peñaloza 2012).
Es necesario aquí remarcar la coincidencia de estas fechas con los movimientos semi-
insurreccionales que tuvieron lugar en El Alto en octubre de ese año 2003 y que derivaron en la
caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Es decir, se estaba actuando en un contexto de
crisis generalizada del Estado, que debilitó a los sectores hasta entonces beneficiados por las
políticas neoliberales del mismo Estado. La situación, sin duda, actuaba como acicate para la
movilización campesina de la provincia Ayopaya y, a la vez, generaba la parálisis de los sectores
que pudieran oponerse a sus reclamos. La demanda de dotación y titulación de la TCO con una
superficie de 834.632 hectáreas fue rápidamente admitida por el Director Nacional del INRA el 29
de enero de 2004, quien, a su vez, solicitó al Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios
(MAIPO) que expidiera el certificado acreditando la identidad étnica de los habitantes de Ayopaya.
Esa resolución de identidad étnica fue emitida por el MAIPO el 21 de diciembre de 2004.
Ese mismo año, los sectores opositores a la TCO intentaron movilizarse, principalmente desde el
pueblo de Cocapata, en el norte de la provincia, con la intención de crear una Central Campesina
paralela. También desde la Central Charawayto, asiento de la Cooperativa Minera Kami, se
emprendió fuerte oposición a la TCO. En principio, la oposición se salvó con la declaratoria de
terceros y con el establecimiento de los polígonos, en los que se procedería al saneamiento con la
13
previa redacción de las actas, en las que los propietarios y poseedores establecían su conformidad
con la integración de los títulos individuales dentro de un único título colectivo.
Al mismo tiempo, la Central Provincial participaba en las reuniones nacionales realizadas en Santa
Cruz que darían lugar, luego, a la creación del Pacto de Unidad de las organizaciones indígenas,
originarias y campesinas con el fin de promover la convocatoria a una Asamblea Constituyente
fundacional. Una Primera Asamblea Territorial Constituyente de la provincia Ayopaya se realizó
del 14 al 16 de diciembre de 2004, donde se sentaron las bases para consensuar una propuesta
constituyente propia de los pueblos originarios e indígenas en torno al tema del territorio. Al
mismo tiempo, allí se ratificó la solicitud de anular la resolución de la Prefectura departamental de
Cochabamba, creando el Parque Altamachi Cotacajes.
A partir de febrero de 2005, los campesinos comenzaron a movilizarse hacia Quillacollo y hacia la
ciudad de Cochabamba “hasta conseguir la anulación del Parque” (instructivo CSUTCOA 14 de
febrero de 2004). El 1º de marzo se llevaron a cabo bloqueos en la carretera Cochabamba-La Paz,
donde se produjo una fuerte represión. La violencia provocó afianzó la decisión de los campesinos
que se trasladaron a la plaza principal de Cochabamba para continuar con su lucha. La dirección
del MAS departamental a cargo de Feliciano Vegamonte (ex dirigente de Morochata) y los
consejeros departamentales intentaron disuadir a los manifestantes. Finalmente, el gobierno
departamental, a cargo de Alfonso Camacho, resolvió anular la creación del Parque con la
Resolución Prefectural 045/2005 del 1º de marzo de 2005.
Nuevamente se remarca que el contexto de esta movilización era un cuadro nacional de grandes
movimientos sociales, ya no solo confinados a La Paz y a El Alto, sino extendidos en todo el país.
Esta situación social provocaría, el 7 de junio de ese año, la renuncia del presidente interino Carlos
Mesa Gisbert7 y la posterior convocatoria a elecciones presidenciales
El inicio de procedimiento SAN-TCO nº001/2008 de los polígonos 1 y 2 tuvo lugar en junio de 2008,
pero con la oposición de los ejecutivos municipales de Morochata e Independencia. En julio y
agosto de 2009 se emitieron resoluciones que anulaban los títulos ejecutoriales dentro de los
polígonos en proceso y, a la vez, los fusionaban en un título colectivo, aunque con una redacción
que generaba el malestar entre los campesinos. Finalmente, se dispuso la entrega formal del título
sobre los dos primeros polígonos en el norte de Morochata con una superficie de 532.337
hectáreas firmado por el Presidente el 20 de agosto de 2009, en un acto a realizarse en la localidad
de Yayani, el que nunca se llevó a cabo (Vásquez y Peñaloza 2012).
Se produjo entonces un fuerte movimiento de los opositores a la conformación de la TCO, que se
trasladaron a la ciudad de Cochabamba y tomaron las oficinas del INRA. Los grupos dirigenciales
que ya comenzaron a insertarse en el Estado desde la vigencia de la Ley de Participación Popular
7 “El presidente de Bolivia presenta su renuncia ante su incapacidad para contener la ola de protestas” 7 de
junio 2005, El Mundo (España). El diario 'La Razón' del mismo día indica que "El Alto se radicaliza y La Paz
está cercada", y que "los bloqueos se extienden por todo el país".
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en 1996 encabezan esa movilización. Para ese objetivo, se apoyan en un sector de la población
campesina cada vez mayor que tiene doble domicilio, tanto urbano como rural, una parte del cual
tiene un rol de intermediación comercial. Esos grupos, con mayor poder en la provincia y con el
respaldo del MAS y el Gobierno, se movilizaron contra la titulación colectiva y a partir de esa
movilización se revirtió la anterior decisión de la Central Provincial Campesina. La entrega del
título quedó suspendida y comenzaron las tratativas para anular el título TCO-NAL 00245 ya
emitido. La tramitación de esa anulación se realiza sin mayor información y con la apariencia de
ser un simple archivo de obrados, pese la existencia de una Resolución final y un título ejecutorial
consolidado que, sin embargo, no llegó a ver la luz pública.
No es hasta 2013 cuando se vuelve a producir un movimiento en defensa del territorio en la
provincia. Más de cinco mil comunarios se trasladan hasta la ciudad de Cochabamba, esta vez
debido a la aparente consolidación de la extensión de límites del Parque Tunari (Manzaneda
2013). Ni periodistas ni ambientalistas que defienden esa extensión hacen conocer que la misma
tiene el fin de establecer jurisdicción sobre las fuentes de agua que proveerán a Misicuni. En esta
ocasión, ante el paulatino avance de la jurisdicción estatal que pondría en riesgo los derechos
comunales sobre agua y tierra, algunas centrales regionales toman la decisión de demandar el
título de TCO, ya no como provincia, sino en forma regionalizada, aún contra las políticas del
propio Gobierno y del MAS. Las que deciden encarar este reto son las Centrales regionales de
Colorado, Siqirancho, Altamachi, Calientes, la subcentral de Chillavi en Cocapata, las subcentrales
Totorani y Qulqichaka en Icari y la subcentral Sanipaya en la Central Independencia. El Congreso
campesino provincial realizado en Independencia el 26 de septiembre de 2014 tomó la decisión de
reiniciar las negociaciones con el gobierno departamental respecto al tema jurisdiccional, en
particular respecto al Parque Tunari, apenas pasaran las elecciones sub-nacionales de 2015.
A continuación tratamos el tema del Parque Tunari, relacionando el establecimiento de esta
herramienta gubernativa con las demandas del proyecto Misicuni.
LA RACIONALIDAD DEL PARQUE NACIONAL TUNARI (PNT)
El Parque Nacional Tuanari (PNT) tiene la función de protección de una porción de dos cuencas
hidrográficas. El Decreto Supremo 06045 de 1962 establecía la jurisdicción del Parque restringida
al área colindante con el eje Quillacollo-Cochabamba-Sacaba, entonces aún ciudades separadas
por áreas agrícolas intensamente cultivadas.
En 1991, el gobierno de Jaime Paz Zamora promulgó la ley 1262 que establecía la ampliación del
Parque a un área mucho mayor, pero sin especificar, en ese instrumento legal, su diseño exacto.
La superficie abarcada, según esa ley, varía según distintos cálculos entre 329.513,4 ha (SLPNT
2004) hasta 309.091 Ha (CERES 2000), según las diferentes fuentes, donde las alturas varían desde
los 2000 msnm en la ceja de monte al norte de la cordillera hasta los picos de 5000 msnm. Se
extiende por las provincias Cercado, Tapacarí, Quillacollo, Chapare y Ayopaya. Incluye el eje de
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conurbación que en los años 90 ya comenzaba a unir desde Sipe Sipe-Vinto-Quillacollo-
Colcapirhua-Tiquipaya-Cercado hasta el municipio de Sacaba. Dicha conurbación caótica,
descontrolada, que se extiende a lo largo del Rio Rocha y del eje caminero troncal, que une Santa
Cruz con La Paz, se constituye en el supuesto o real sujeto beneficiario de dicho Parque y se
denomina actualmente zona metropolitana de Cochabamba (MMAyA 2013).
Cuadro 1. Superficie ocupada por el PNT en cada municipio
Municipio
Superficie dentro PNT [ha]
Porcentaje %
Cercado
4342,99
1,32
Quillacollo
48053,12
14,58
Morochata
118285,04
35,90
Independencia
15008,94
4,55
Sacaba
40250,64
12,22
Tiquipaya
31930,26
9,69
Sipe Sipe
21637,39
6,57
Tapacarí
18481,46
5,61
Vinto
16564,31
5,03
Colomi
10548,06
3,20
Villa-Tunari
4411,19
1,34
Total
329513,4
100,0
Fuente: SLPNT (2004)
Como puede apreciarse, más del 40% de la superficie del PNT está ubicada en la provincia
Ayopaya, al norte de la Cordillera Tunari.
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Mapa 2: Diseño del Parque Nacional Tunari; Fuente: CERES (2000)
La función del Parque supondría la protección de áreas urbanizadas amenazadas por los deslaves y
desborde de torrenteras, producto de la erosión y desforestación de esa zona, a la vez que
procuraría mantener el área de las recargas de los yacimientos acuíferos respecto al avance de la
cubierta de cemento urbano y la contaminación de las aguas subterráneas. Sin embargo, es de
notar que en ningún documento legal de creación figuran los objetivos del PNT, siendo que el
Decreto Supremo 06045 de 1962 restringe el PNT al abanico aluvial de la ladera Sur de la
Cordillera Tunari.
En los argumentos generalmente esgrimidos, el Parque procura contener el área de expansión
urbana, en la ladera sur de la cordillera del Tunari, donde está ubicada la zona norte de la ciudad
de Cochabamba. Sin embargo, en la práctica sucede todo lo contrario, es allí donde tienden a
asentarse los sectores más acomodados de la población, aunque también hay asentamientos
precarios que generalmente son expulsados y reemplazados por condominios o viviendas de alto
costo. El informe SLPNT (2004) establece que:
“Es de pleno conocimiento que hoy en día la mayor parte de las tierras del Parque Nacional
Tunari pertenecen a sectores privados en la ladera sur del PNT y el Estado no cuenta con
propiedad porque fue cedido, en el pasado, por el Consejo de Reforma Agraria”.
17
Se calcula que existen actualmente unas 5.000 familias, es decir, unas 20.000 personas habitando
en aproximadamente 50 urbanizaciones asentadas dentro del Parque sobre la cota 2750,
posteriormente a la aprobación de la ley de creación.
La otra sección de cuenca que está protegida por ese Parque es la que forma parte del área de
colección de aguas del proyecto Misicuni, que está en la ladera norte de la cordillera del Tunari y
forma también parte de la cuenca amazónica, que abarca la mayor parte del país. El Parque
Tunari, por tanto, no solo está destinado a proteger la vertiente sur y urbanizada de la cordillera,
sino que se extiende hacia al norte en la cuenca amazónica, penetra en varias de las provincias al
norte de la cordillera, abarcando zonas intensamente utilizadas por población campesina y de
donde proviene una parte muy importante de la producción alimentaria del departamento. Entre
ellas están Morochata, Tiquipaya, Quillacollo, etc., y, desde el año 2000 se ha hecho público que
también incorpora parte del municipio de Independencia en la provincia Ayopaya.
En medio del debate sobre la necesidad de demandar una TCO frente al intento de creación del
Parque Altamachi-Cotacajes reapareció la cuestión del Parque Tunari, justamente porque corrió la
noticia de que el parque Tunari, cuyo diseño de límites no había sido informado a los interesados y
afectados, había sido ampliado para abarcar una zona muy utilizada productivamente donde se
encuentra el pueblo mismo de Morochata, incluyendo una parte de Independencia. Se entendió
en las comunidades campesinas que, tras el funcionamiento del Parque Tunari, se iba a establecer
un control estatal sobre esas cuencas y una jurisdicción estatal sobre las aguas, que hasta ese
momento habían sido consideradas bajo jurisdicción comunal al estar regidas por los usos y
costumbres. Como se puede ver, la ley de ampliación del área del PNT no sólo no había sido
consultada con los afectados, sino que éstos ni siquiera habían sido informados luego de la puesta
en vigencia de la ley en 1991.
La Guerra del Agua en el año 2000 reafirmó el principio de respeto a los usos y costumbres, es
decir, reconoció la jurisdicción de las comunidades andinas sobre sus aguas de uso tradicional,
principio que había quedado afectado por la ley 2029 de octubre de 1999. La ley había sido
aprobada rápidamente para dar fundamento legal al contrato de privatización de las fuentes y
servicios de agua, acordado con la empresa Aguas del Tunari. La argumentación para la
privatización se fundaba en que “si no hay contrato, no hay Misicuni” (Peredo, Crespo y Fernández
2004:202). Esa ley tuvo que ser derogada debido a la violenta oposición que generó en la
población. La movilización literalmente obligó al Parlamento a reunirse para revisarla y cambiarla
por la Ley 2060 en un plazo perentorio. Luego, en la Constitución que entró en vigencia en febrero
de 2009, se estableció la jurisdicción indígena originario campesina (Título IV, Capítulo IV, artículos
nº 190 al nº 192), que luego sería reglamentada por la Ley de Deslinde Jurisdiccional, mientras que
el fundamental artículo 2º establece el derecho a la libre determinación y al autogobierno de los
pueblos originarios indígenas y campesinos.
Esa parte del conflicto, que se relaciona con la demanda de la TCO, la que tiene que ver con la
extensión geográfica del Parque Tunari, volvió a emerger a fines del año 2013, cuando hubo una
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movilización de sectores de Ayopaya hasta la ciudad de Cochabamba como reacción a las
información que indicaban que los límites del parque Tunari se estaban extendiendo más aún
hacia el norte, abarcando hasta el municipio de Independencia, limítrofe con La Paz. Esa
movilización fue frenada por el Gobierno, bajo la promesa de establecer un espacio de
negociación antes de tomar ninguna determinación. Sin embargo, el último Congreso Provincial,
realizado en septiembre de 2014, volvió a poner sobre el tapete la demarcación definitiva del
Parque:
“Sección Morochata casi todo está dentro el parque solo queda fuera Pucarani. El parque va desde
Yakanku hasta Tapacarí, luego pasa por Sipe Sipe hasta Colomi. Y a este otro lado pasa por Chorito y
hacia Icari se va. Esa es mi opinión compañeros vean también ustedes, vivimos de la tierra sino no
hay vida. No permitiremos que nos saquen de nuestras tierras, nuestros abuelos botaron a los
patrones y no sabían ni leer ni escribir. Nosotros ya tenemos letra pues no vamos a dejar que el PNT
nos quite nuestras tierras”. (CSUTCOA 2014).
EL PROYECTO MISICUNI
El Proyecto Múltiple Misicuni se encuentra dentro del Parque Nacional Tunari. Su primera fase
consistió en atravesar la cordillera con un túnel que lleva aguas de infiltración y del rio Misicuni a
la ciudad y sus alrededores. La segunda fase, en actual ejecución, consiste en la construcción de
una represa de 120 m de altura para inmediatamente iniciar el embalse de las aguas del río
Misicuni en parte de su extensión. Al comenzar la segunda fase se preveía que en 2008 ya se
debían estar produciendo 2030 l/segundo, incluyendo agua potable y para riego (E. Misicuni
2006); sin embargo, la producción de agua no ha alcanzado aún hoy ese volumen y la construcción
de la presa atraviesa grandes inconvenientes por fallas técnicas, ineptitud y corrupción
denunciadas en repetidas veces durante su ejecución (2013a; 2014a). El estudio hecho por el
propio Ministerio de Medio Ambiente y Agua muestra que SEMAPA, la empresa municipal,
abastece solo al 36% de las unidades de vivienda, mientras que el 46% se abastece de
cooperativas, pozos propios, etc. El total de agua disponible actualmente, según ese estudio, no
pasa de 1070 l/segundo (MMAyA 2013).
Las aguas del río Misicuni, ubicado en jurisdicción de la provincia Quillacollo, no alcanzarán a llenar
el vaso del embalse, por lo que están previstas dos fases más en las que se procedería a desviar las
aguas de los ríos Viscachas y Putucuni, que se encuentran en la provincia Ayopaya, para de esta
manera poder satisfacer las necesidades de consumo de agua previstas en aproximadamente 4000
l/segundo hasta el año 2036. Este elemento se constituye en el factor de preocupación de las
Centrales regionales Calientes, Altamachi e Icari. Inclusive, entrevistas en la Central Cocapata,
fuera de la jurisdicción del PNT, han revelado fuerte recelo contra la presencia de técnicos que
aparentemente hacen prospecciones en dicha zona para la empresa Misicuni. Por ese motivo, en
esas Centrales se han reavivado las discusiones y la disposición para acelerar los trámites ya
iniciados para el saneamiento como TCO regionales.
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Originalmente Misicuni se planteaba como proyecto múltiple, como su nombre lo indica, pero en
la actualidad es poco más que un proyecto de agua potable y cruda para la ciudad, con la
posibilidad de que también genere electricidad. Las 18.000 hectáreas agrícolas que el proyecto
originalmente iba a regar en el valle Central y Bajo ya no existen, ahora se han reducido a 3.900
hectáreas agrícolas, según voceros del mismo proyecto (Los Tiempos 2014b) a causa del
loteamiento ilegal y la urbanización descontrolada de las tierras agrícolas en las últimas tres
décadas.
En ambas orillas del río Misicuni existen varias comunidades asentadas. El embalse anegará las
zonas ribereñas afectando tierras y construcciones habitadas por campesinos que mayormente se
dedican a labores agrícolas y ganadería, siendo su principal actividad el cultivo de papa en sus
diferentes variedades. Según informes de la Central Campesina de Ayopaya, en las microcuencas
de los ríos Viscachas y Putucuni hay 12 comunidades con una población de 2.954 habitantes que
serían afectadas si se construye la tercera y cuarta fase del proyecto.
Mapa 3: Área de colección de aguas de la Represa Misicuni; Fuente: Empresa Misicuni 2006
La represa, que embalsará un volumen importante de agua, afecta a ocho comunidades en su
primera y segunda fase: Patapampa, Misicuni, Uyuni, Sivingani, Cocha Mayu, Aguadas, San Isidro y
Putucuni. A consecuencia de la inundación a producirse, esas comunidades fueron reubicadas
hacia los sectores este y oeste del embalse, por encima del límite máximo de aguas. Se deben
reponer 191 viviendas, 15 equipamientos y encarar diversas mejoras, incluyendo 22 km de
sistemas de agua potable. Mientras la gerencia del Proyecto asegura haber cumplido los
compromisos, el dirigente de la Central Misicuni indica lo contrario:
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“Hablando del caso de las tierras habían hecho un convenio marco con los dirigentes anteriores pero
lamentablemente, por las tierras afectadas, ha devuelto muy poca plata, no complace a la gente, a la
gente no le alcanza ni para comprarse un pedacito de terreno, no alcanza para nada; con eso la gente
ha quedado engañada, apenas un 20% del valor de las tierras han devuelto, como dos Bolivianos por
metro cuadrado, de esa forma nos han dado tierras en Santa Cruz en la zona de San José de
Chiquitos, son tierras sin agua, es monte bajo y no produce nada, con eso nos quieren engañar y la
gente no está complacida con esto... Si, fueron entregados los títulos de saneamiento solo en algunas
comunidades (de Misicuni) en 2004, pero de algunas comunidades siguen las tierras sin sanear y es
por eso hemos entrado en problemas.” (López 2015).
La inquietud en las comunidades de Misicuni sigue latente, como lo demuestra el cierre de las
válvulas que descargan agua desde la laguna Misicuni ocurrido en 2013, aunque esta medida fue
tomada por un conflicto no directamente relacionado con la represa. El gobierno de Evo Morales
tuvo que lanzar amenazas directas contra los dirigentes para poder apaciguar a los campesinos
(Los Tiempos 2013b). Entretanto, las dirigencias campesinas actúan como un tapón que en lo
inmediato impediría el surgimiento de nuevos conflictos:
“El Parque Tunari es un parque nacional. Y hay problemas. Esa vez estaban de autoridades así como
el compañero Gabriel como ejecutivo provincial. A lo que yo sé ellos habían quedado en una reunión
con el ministro Juan Ramón Quintana, pasadas las elecciones generales volver a sentarse para
analizar profundamente la situación del Parque Tunari. Entonces está suspendido hasta las elecciones
generales. De ahí para allá se harán reuniones con el ministerio para solucionar este problema”.
(Quintana, dirigente de la FSUTCC 2014).
Solo se conoce un estudio de impacto ambiental de la Fase I realizado en 2007 y corregido en
2009. Este estudio reconoce que el impacto de esta primera fase va más allá de la futura
inundación en las tierras de las ocho comunidades. El túnel de 20 km de largo perforado entre
1995 y 2005 a través del cerro ha provocado que más de 200 vertientes se sequen en la zona,
privando de acceso al agua a la población local, incluso para consumo humano (EMisicuni 2009).
No se conocen estudios del posible impacto ambiental de las siguientes fases, pese a que ya está
avanzada la Fase II.
DISCUSIÓN: LOS CICLOS SOCIOPOLÍTICOS RECIENTES Y EL PROYECTO MISICUNI
El caso que hemos presentado hasta aquí no puede entenderse sin introducir una breve referencia
a los ciclos sociopolíticos recientes. Se ha mostrado que hay un proceso de urbanización
acelerado. El Parque Tunari supuestamente es una traba para ese crecimiento, pero hemos
mostrado que sucede lo contrario. Se han delineado los distintos intereses sociales que entran en
tensión a raíz de dicho modelo de crecimiento urbano y el consiguiente aumento de las
necesidades de la población. El PNT es la precondición, la herramienta de gobernabilidad para
posibilitar el Proyecto Misicuni, que dará agua al gran conurbano o área metropolitana de
Cochabamba. Al ser la precondición para el Proyecto Misicuni, es la precondición para viabilizar la
continuidad de la urbanización irracional. Hay evidencia clara de que el proyecto Misicuni alienta
el proceso de encarecimiento de la tierra estimulando la transformación de tierra agrícola en
urbana. Dicho proceso de encarecimiento provoca que la tierra deje de ser utilizada para tareas
21
agrícolas aún en áreas muy fértiles y con muy buen acceso a los mercados como en los municipios
de Vinto, Quillacollo, Sacaba, etc. Este proceso de urbanización caótica, lejos de intentar ser
regulado, ha sido promovido cada vez más desde los municipios ya que el radio urbano, con las
últimas medidas tomadas en 2014, ha sido ampliado más de 100%, sin ningún tipo de planificación
previa (Los Tiempos 2014c; 2015). Sectores especuladores movilizan a sectores populares rurales o
del interior, que establecen su doble residencia en la ciudad y sus alrededores para presionar a
favor de ese proceso.
Las normas que cambian el carácter de tierra agrícola a urbana siguen la línea de aquellos
intereses comprometidos con el modelo de crecimiento caótico (Nava 2013). Ese proceso permite
aumentar la recaudación de impuestos a la propiedad en los municipios y favorece los intereses de
los sectores financieros beneficiados por el crecimiento del comercio y del Estado. De esa manera,
facilita, en general, la dinámica de acumulación de capital a través de la generación de economías
de escala y el aumento de la disponibilidad de mano de obra libre producto de la migración a la
ciudad. Estos elementos a su vez favorecen el proceso de fortalecimiento del Estado. Ese
fortalecimiento del Estado interviene decisivamente en la definición de los ciclos políticos de la
correlación de fuerzas entre los movimientos sociales y el mismo Estado. Recíprocamente, la
incorporación de las capas dirigenciales campesinas en ascenso social al Estado han fortalecido
políticamente al gobierno actual, lo que genera una consolidación del Estado que, a su vez,
promueve esos procesos de urbanización que atentan contra los derechos originarios indígena
campesinos.
El último censo muestra un aparente equilibrio de la población rural, pero son datos censales que
encubren una rápida reducción de la población rural. Si bien en el censo 2012 aún se muestra un
leve crecimiento de la población rural, la información obtenida en el terreno muestra un
decrecimiento brusco. Paralelamente a esta dinámica de despoblación se produce la paradoja de
una elevación geométrica de los precios de la tierra, ante la perspectiva de transformar los
terrenos rurales en urbanos. El Proyecto Misicuni, lejos de aflojar la presión de la urbanización
caótica, es un factor contribuyente para ello.
El proceso de urbanización se acelera desde la incorporación directa o indirecta de un gran
número de dirigentes campesinos a la estructura estatal, quienes paralelamente han abandonado
a sus comunidades de origen y se comportan cada vez más como agentes de dicha estructura. La
estructura estatal capitalista y la modernidad están históricamente asociadas al desarrollo urbano
(Poggi 1997). A partir del desarrollo del sector social de dirigentes sindicales campesinos que
llamaremos “burocracia campesina”, que comienza ya poco a poco a estructurarse desde la
aprobación de la Ley de Participación Popular en 1994, se produce un fenómeno que favorece la
reversión de las condiciones políticas que existían en el ciclo que dura entre 2000 y 2005. Con la
asunción de Evo Morales al poder en compañía de los sectores burocráticos campesinos, culmina y
se interrumpe el ciclo de auge de los movimientos sociales que se dio a partir de la Guerra del
Agua en el año 2000 y hasta la caída de Carlos Mesa en 2005. El ascenso de Evo Morales a la
22
Presidencia y con él, el ascenso social y político de una bien nutrida burocracia campesina es el
momento de inflexión.
No es que la comunidad campesina se haya incorporado al Estado, sino que hay un proceso de
ascenso social muy pronunciado que abarca capas que desempeñan un rol clave en estas
comunidades. Ese ascenso es protagonizado por las capas dirigenciales campesinas que se
incorporan al Estado. En sus nuevas funciones pasan a formar parte de la jurisdicción estatal,
siendo funcionarios del Estado o adquiriendo una relación de subordinación con funcionarios del
Estado y que se asocian a la estrategia de modernización que implementa el gobierno del MAS.
Esto transforma la relación existente entre la jurisdicción indígena campesina y la jurisdicción del
Estado propiamente dicha. El reconocimiento de la jurisdicción indígena originario campesina que
se estaba dirimiendo en las discusiones de la Asamblea Constituyente, quedó establecido
claramente en un plano ideal, dentro del documento constitucional. Sin embargo, en el terreno de
la práctica se revierte ese reconocimiento y se resuelve a favor de la jurisdicción del Estado,
quedando la jurisdicción campesina indígena, representada en las TCO, en condiciones totalmente
desfavorables.
Al finalizar la Constituyente y, luego de las negociaciones que posibilitaron el acuerdo nacional en
octubre de 2008, se da la implosión de esa fuerza social y política que había adquirido tanto peso
dentro de la Constituyente, representada por el Pacto de Unidad. Se produce una acelerada
recuperación de la capacidad del Estado para ejercer efectivamente su jurisdicción, su autoridad
soberana sobre el territorio nacional (García Linera 2010); condición que el Estado no había
podido ejercer a plenitud, por lo menos, desde la ruptura del Pacto militar campesino en 1979. Esa
recuperación de soberanía del Estado-nación explica en parte el irregular archivo y desaparición
del título ejecutorial de TCO de la provincia Ayopaya ya aprobado en el expediente I-800 y
TCOD3D30D01 expedido por el presidente Evo Morales el 14 de agosto de 2009.
La nueva base socio-política del estado-nación que se ha generado, incorporando a una masa de
dirigentes campesinos en diferentes niveles del Estado o como clientela del Estado, tiene su
efecto directo en la expansión del mercado de tierras (legal o ilegal) de la manera que hemos
descrito de manera sucinta más arriba. Este sector facilita, promueve y/o dirige actualmente el
proceso de urbanización, de loteamientos, de crecimiento del mercado de tierras en general,
utilizando en primer lugar sus vínculos dentro de los gobiernos municipales.
Hay un fenómeno explosivo de transformaciones, pero que también supone la aparición de
resistencias y roces internos dentro de las comunidades. Parecería que ya son una minoría las
familias campesinas de la comunidad que se dedican a cultivar sus terrenitos. Ellas se relacionan
de manera conflictiva o incluso subordinada con los comunarios residentes en la ciudad, que
arriendan o dan al partido sus terrenos, familias más acomodadas que tienen doble, triple
domicilio y que en algunos casos suman también domicilios en el exterior del país.
Esas tendencias transformadoras contribuyeron a cambiar el signo del ciclo de movimientos
sociales que se venía dando desde la Guerra del Agua y que se exteriorizó con la demanda
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indígena de Asamblea Constituyente. Una demanda fuertemente posicionada en el escenario
nacional, sobre la base del ejercicio de hecho de la jurisdicción indígena que nunca cesó de existir
desde tiempos coloniales (Platt 1982). Así comenzó en Cochabamba en el 2000: ‘El agua es
nuestra, el Estado no nos toca el agua, ni la privatiza’, que marcó el inicio de un novedoso ciclo de
creciente hegemonía indígena en la sociedad. Desde enero de 2006 y con más fuerza desde la
aprobación de la nueva Constitución en enero de 2009, como una gran paradoja, se da la inversión
de ese proceso. De allí que hoy se discute la modificación de la Ley de Aguas, aunque todavía no
han logrado convencer a los dirigentes con ese nuevo proyecto de ley; sin embargo, ya existe el
antecedente de la Ley de Minería recientemente aprobada, que viola el estatuto del agua como
derecho humano y viola el derecho de consulta y otras competencias de la jurisdicción indígena
establecidas en la Constitución (Fundación Tierra 2014).
4. CONCLUSIÓN
En Ayopaya observamos también esa transformación generalizada en la correlación de fuerzas
entre el proyecto del desarrollismo y el proyecto indígena campesino que tuvo su manifestación
en las discusiones dentro de la Asamblea Constituyente de 2006. La relación entre jurisdicción
estatal y jurisdicción indígena campesina se inclina manifiestamente a favor de la primera, un
hecho que se refleja en el desarrollo del proyecto Misicuni casi sin oposición manifiesta por parte
del campesinado afectado. Está claro que esto no excluye la posibilidad de que surjan nuevos
roces y movimientos al interior de la provincia para lograr mejores condiciones de negociación
tanto respecto a la jurisdicción del Parque Tunari como respecto a la ejecución de la tercera y
cuarta fases del Proyecto Misicuni. Aún cuando estamos presenciando un manifiesto declive en la
organización y fuerza de los movimientos sociales, las autoridades harían bien en tomar debida
nota de que existen los derechos comunales de acceso y control sobre los recursos naturales que
hacen a su propia existencia como pueblos originarios, y que están reconocidos ampliamente en la
Constitución vigente.
La Agenda del Agua del Gobierno de Cochabamba y la plurinacionalidad
Una posición de diálogo que respete dichos derechos establecidos legalmente y que son la base de
sustentación del carácter plurinacional del Estado debería entonces apurarse a modificar la
Agenda del Agua propuesta por la Gobernación de Cochabamba (GADC 2014). Esa Agenda
propone, de forma muy polémica, que los conflictos por el agua se deben principalmente a la
vigencia de los usos y costumbres (id:7), y sostiene que:
“Los acuerdos sólo se harán posibles en escenarios que permitan superar el discurso de los usos y
costumbres y el de los derechos, por ejemplo desde un enfoque de las necesidades que deben ser
satisfechas.” (id:7)
Es decir, la Agenda del Agua gubernamental propone que, el Estado como regulador, es el que
debe establecer los intereses generales y entender las necesidades para el conjunto de la
población, por supuesto, en diálogo con la ciudadanía. En el presente artículo se sostiene que, tal
24
como dice la Constitución, hay dos jurisdicciones y dos sistemas de gobernabilidad, un sistema de
pluralismo jurídico tal como la misma CPEP lo establece. Ese criterio es el que establece la base de
construcción del Estado Plurinacional, una tarea a encarar aún no resuelta en el país. Suponer que
la estructura centralista estatal boliviana vigente es la vía para remediar y resolver los problemas
de la población en su conjunto es volver al paradigma del Estado-Nación, ignorar la historia y
disponer el escenario para no resolver el conflicto por el agua y los recursos naturales.
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ANEXO
LEY N° 1262 LEY DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1991 (artículos relevantes).
ARTÍCULO PRIMERO. Amplíase la extensión del “PARQUE NACIONAL TUNARI”, creado mediante decreto
Supremo Nº 06045 de 30 de marzo de 1962, hasta los límites siguientes: al Norte, la ceja del monte de la
región de Tablas, al Sud, la Cota 2750, al Este el río Kenko o Kenko Mayu, y al Oeste la Margen Norte del
Estrecho de Parotani.
ARTÍCULO SEGUNDO. Declárase de utilidad y necesidad pública, la expropiación de los terrenos
comprendidos dentro del área señalada, la misma que se sujetará a las disposiciones legales en vigencia.
Quedan excluidos de los alcances de la presente ley, los terrenos cultivados y aquellos en los que se
encuentran instalaciones industriales a la fecha de promulgación de la presente Ley, salvo que las
necesidades técnicas exijan la ejecución de obras defensivas contra la erosión y las inundaciones.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Queda terminantemente prohibida la extracción de material de construcción, así como
la crianza de ganado en el área del Parque, salvo las excepciones que se determinaran en la reglamentación
respectiva.
