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Vecindario agitado
Colombia y Venezuela:
entre la hermandad y la conflictividad
Eduardo Pastrana Buelvas
Carsten Wieland
Juan Carlos Vargas Restrepo
—Editores—
Reservados todos los derechos
© Ponticia Universidad Javeriana
© Mario Andrés Arroyave Quintero, Armando
Holguín Sarria, Olga Lucía Illera Correal,
Marco Antonio Macana, Martha Lucía Márquez
Restrepo, Eduardo Pastrana Buelvas, Juan Carlos
Ruiz Vásquez, Javier Sanín Fonnegra, S.J., Diego
Fernando Tarapués Sandino, Juan Carlos Vargas
Restrepo, Diego Felipe Vera Piñeros, Carsten
Wieland
Primera edición: Bogotá, D. C., diciembre de 2008
ISBN: 978-958-
Número de ejemplares: 000
Impreso y hecho en Colombia
Printed and made in Colombia
Editorial Ponticia Universidad Javeriana
Transversal 4ª núm. 42-00, primer piso
Edicio José Rafael Arboleda, S.J.
Teléfono: 3208320 ext. 4752
www.javeriana.edu.co/editorial
Bogotá, D. C.
Asistente Editorial
Adriana Serrato Ayala
Corrección de estilo:
Bibiana Castro Ramírez
Diseño de colección:
Isabel Sandoval
Diagramación:
Carlos Vargas
Kilka diseño gráco
Montaje de cubierta:
Carlos Vargas
Kilka diseño gráco
Impresión:
Javegraf
Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales
Prohibida la reproducción total o parcial de este material, sin autorización por escrito
de la Ponticia Universidad Javeriana.
Vecindario agitado Colombia y Venezuela: entre la hermandad y la conictividad / editores Eduardo
Pastrana Buelvas, Carsten Wieland y Juan Carlos Vargas Restrepo. -- 1a ed. – Bogotá: Editorial Ponticia
Universidad Javeriana: Fundación Konrad Adenauer Stiftung: Universidad delRosario; Cali: Universidad
Santiago de Cali; Cartagena: Universidad Tecnológica de Bolívar, 2008.
272 p. : ilustraciones, mapa y tablas ; 24 cm.
Incluye referencias bibliográcas.
ISBN : 978-958-716-178-6
1. DIPLOMACIA - COLOMBIA. 2. DIPLOMACIA - VENEZUELA. 3. COLOMBIA -
RELACIONES EXTERIORES - VENEZUELA. 4. VENEZUELA - RELACIONES EXTERIORES
- COLOMBIA. 5. COLOMBIA - POLÍTICA Y GOBIERNO. 6. VENEZUELA - POLÍTICA Y
GOBIERNO. I. Pastrana Buelvas, Eduardo, 1961-, Ed. II. Wieland, Carsten, Ed. III. Vargas Restrepo,
Juan Carlos, Ed. IV. Holguín Sarria, Armando, 1937-. V. Macana, Marco Antonio. VI. Sanín Fonnegra,
Javier, S.J., 1943-. VII. Illera Correal, Olga Lucía. VIII. Ruiz Vásquez, Juan Carlos. IX. Tarapués
Sandino, Diego Fernando. X. Arroyave Quintero, Mario Andrés. XI. Márquez Restrepo, Martha Lucía.
XII. Vera Piñeros, Diego Felipe. XIII. Ponticia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales.
CDD 327.861087 ed. 21
Catalogación en la publicación - Ponticia Universidad Javeriana. Biblioteca General
ech. Diciembre 16 / 2008
Contenido
Prólogo ................................................................................ 9
Carsten Wiel and
Colombia y Venezuela en tres momentos:
del panamericanismo al latinoamericanismo ....................... 19
armando Holguín sar ria y marCo antonio maCana
Colombia-Venezuela: la hiperinflación del ejecutivo ............. 57
Javier sanín Fonnegra, s.J.
Las relaciones civiles militares en Colombia
y Venezuela: un reto para la democracia ............................. 91
olga luCí a ill er a Correal
Colombia-Venezuela:
dos maneras de comprender la seguridad ........................... 105
olga luCí a ill er a Correal y Juan Car los ruiz vásquez
Diferencias ideológicas y aumento del narcotráfico:
la posición ambivalente de Venezuela .................................137
diego Ferna ndo tara pués san dino
Interdependencia comercial entre Colombia y Venezuela:
tensiones y transformaciones con Uribe-Chávez ................. 175
mario andrés ar royave quintero
El liderazgo populista de Chávez, su discurso
y las relaciones colombo-venezolanas...................................193
martH a luCí a márque z restr epo
¿Irreversibilidad de la degradación
de las relaciones político-diplomáticas? .............................. 221
eduardo pastra na Buelvas y diego Felipe vera piñeros
Reseña editores .................................................................. 265
Reseña autores .................................................................. 267
¿Irreversibilidad de la degradación
de las relaciones
político-diplomáticas?
Eduardo Pastrana Buelvas*
Diego Vera Piñeros**
En la mayoría de los textos académicos que dan cuenta del comportamien-
to de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, se resaltan
periodos intermitentes de controversia y disputa, o de aanzamiento de
relaciones y consenso, como ciclos casi “naturales” desde que los dos paí-
ses determinaron seguir sus propios rumbos al nalizar el proyecto fallido
de La Gran Colombia. Avanzada la primera mitad del siglo XIX, el tema de
tensión era eminentemente geopolítico, pues la delimitación denitiva de la
frontera compartida no pudo ser establecida, particularmente en lo tocante
a la Península de la Guajira, con secuelas para la indeterminación de los
límites en el Golfo de Venezuela (Fernandes, 2008, p. 2). Paulatinamente
en el siglo XX, desde mediados de los años 80 y entrando a la década de los
90, el crecimiento y expansión de actores ilegales, por ejemplo los carte-
les y los grupos armados irregulares, acompañando fenómenos como los
ujos transfronterizos ilícitos y el desbordamiento de los efectos del conicto
interno colombiano (Fundación Friedrich-Ebert de Colombia – FESCOL,
2005, p. 3) han entenebrecido aún más las potencialidades de coopera-
ción en múltiples fenómenos y han venido acuciando los periodos de tensión
sobre los alcances de la coordinación.
Anteriormente, las tensiones se han expresado como coyunturas es-
pontáneas dominadas por la cooperación o la controversia, con factores
* Profesor investigador de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pon-
ticia Universidad Javeriana de Bogotá, coordinador de investigaciones de la misma y editor de
la revista Papel Político. Consultor de la Fundación Friedrich-Ebert de Colombia – FESCOL y de la
fundación Konrad Adenauer Colombia. Fue rector de la Universidad Santiago de Cali y director
de investigaciones de la misma institución. Es doctor en Derecho de la Universidad de Leipzig.
** Politólogo de la Ponticia Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como asistente
de investigación del Doctor Eduardo Pastrana Buelvas.
Vec inda r io a gitad o C olombia y Ve nezuela: e ntre la hermandad y la conf lic tividad
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agravantes de las pugnas en tiempos de crisis, tales como la usanza de una
diplomacia retórica y eminentemente mediática, la ausencia de modelos
consistentes de política exterior con lineamientos que posibiliten la resolu-
ción consensuada de las contradicciones, el agotamiento o intermitencia de
los mecanismos conjuntos, y la prevalencia de la informalidad y el protago-
nismo personal sobre los instrumentos operacionales. De esta manera, se
percibe el fortalecimiento del nuevo presidencialismo –como tendencia cre-
ciente en las formas de gobierno en América Latina– en la política exterior,
expresada en un personalismo protagónico de los jefes de Estado, que desins-
titucionaliza las relaciones político-diplomáticas, en cuyo contexto se me-
nosprecian las reglas claras y los procesos bien regulados, abriéndole paso
a la improvisación y el imperio de las emociones en cada coyuntura1. En
este sentido, no es casual en América Latina la costumbre de denominar al
presidente como primer mandatario, expresión que se deriva del término
mandato, propia del derecho privado, para resaltar el rango superior que
en la práctica expresan las atribuciones del ejecutivo frente a las demás
ramas del poder público. Sin embargo, el concepto político de mandato
diere mucho de las atribuciones que de él se derivan en el ámbito privado,
porque mientras en este último el mandato posee un carácter irrevocable y
no imperativo, para el presidente no sólo sería imperativo sino que abarca
un espectro de facultades no escritas, más amplias que las establecidas en
las normas que lo fundamentan. En consecuencia, el mandato del presi-
dente tiene un sentido distinto en la práctica política y en el imaginario
popular a las atribuciones concedidas por la constitución a los miembros
de los órganos legislativos (Nohlen & Fernández, 1998, p. 115). Desde esta
perspectiva,
el autoritarismo institucional ha pasado a ser un exponente de la cultu-
ra política de la región. El liderazgo fuerte, personalista y ejecutivo, el
caudillo o la norma bonapartista no sólo se permite, sino que se espera.
Según esta tradición, el presidente puede gobernar en un estilo de auto-
ritarismo, pero no en forma totalitaria. Debe ser fuerte y paternalista,
pero no un tirano. El presidente sólo está parcialmente limitado por el
Congreso, las Cortes o la Constitución. (Wiarda, 1985, p. 156)
1 Véase ampliamente Wieland (2008).
¿I r reve rsibilidad de la d eg radación de l as re la c i o ne s po lítico-diplomá tica s?
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Por otra parte, pese a la persistencia de las condiciones más perjudi-
ciales para el entendimiento, transversalmente parecieran sostenerse las
dinámicas socioeconómicas transfronterizas, junto a un legado fuerte de
interdependencia económica entre los dos países, si bien el ujo comercial se
ha visto en varias ocasiones interrumpido o torpedeado por decisiones muy
temporales. Más que la continuidad de choques entre estilos de política ex-
terior sujetos a la intermitencia de carácter de los mandatarios, lo que parece
denir actualmente las relaciones políticas bilaterales entre Colombia y Ve-
nezuela es la colisión entre dos visiones de gobierno contrapuestas, ampara-
das por rasgos de manejo autoritario2 que generan alta conictividad interna y
externa, sustentadas en conceptos de seguridad incompatibles, intereses po-
líticos irreconciliables y ausencia de bilateralidad para trabajar los problemas
transfronterizos. Por lo tanto, al examinar los factores globales que quedan
de la crisis diplomática más reciente, los impactos fronterizos generadores de
enfrentamientos verbales e interinstitucionales que evidencian la carencia
de políticas bilaterales de coordinación y las fuentes de colisión emanadas de
la comparación entre doctrinas de seguridad, se va esbozando un panorama
general de degradación de las relaciones políticas, que no logra ser reparado
por manifestaciones simbólicas en los escenarios de diálogo informal, y
probablemente tampoco por las reuniones de alto nivel.
Para abordar el entorno global que da cuenta de la descomposición de
las relaciones diplomáticas, y que invita a pensar en cierto grado de irrever-
sibilidad, en el presente artículo se expondrán las tres principales áreas de
conictividad en ascenso: los legados de la crisis presidencial 2007-2008, la
agudización de la debilidad de coordinación transfronteriza y la contrapo-
sición entre visiones de seguridad, apreciable como una comparación entre
proyectos político-militares sustentados en doctrinas con rasgos autoritarios.
Como cuarto apartado, y en un ejercicio analítico para explicar los tropiezos
del escenario de mediación del Presidente Chávez en un acuerdo humanitario,
se implementará un modelo cerrado de juego con el n de evidenciar un fac-
tor adicional en la degradación de las relaciones: la competencia presidencial
por el prestigio. Finalmente, y retomando algunas de las características rela-
cionales anteriores, se esbozará una proyección de estructuras posibles hacia
un proceso de resolución del conicto armado interno gurando formas de
participación de Venezuela.
2 Véase ampliamente Garretón (2006), Lagos (2006), Torre (2005, pp. 102-114), Herrera (2007,
pp. 7-150), Galindo Herrera (2007), Sánchez (2005, pp. 175-189)y Laclau (2006).
Vec inda r io a gitad o C olombia y Ve nezuela: e ntre la hermandad y la conf lic tividad
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Los legados de la crisis 2007-2008: debilitamiento de
las líneas de consenso y profundización de las líneas
de divergencia
La crisis diplomática trilateral de Colombia con Venezuela y Ecuador sus-
cita una serie de factores que deben rescatarse a n de realizar un balance
preliminar de las perspectivas para el futuro de las relaciones político-
diplomáticas, siendo el interés central de este documento la interacción
Caracas-Bogotá. Independientemente del estado actual de manejo pruden-
cial medianamente silente entre mandatarios, voceros e instituciones, y del
interés mutuo por relanzar los mecanismos bilaterales para agendar políticas
comunes en múltiples temas y avanzar en la integración binacional (“Colom-
bia raticó compromisos con Venezuela”, 2008), es indispensable considerar
hasta dónde fueron negativamente afectadas las líneas de consenso político
entre gobiernos y de qué forma pudieron haberse profundizado las líneas
de divergencia con el n de hallar puntos de irreversibilidad.
Líneas tradicionales de consenso internacional:
• Compromiso mutuo con el combate al agelo del narcotráco –pre-
vención, control y represión– en el marco de los acuerdos y tratados
interamericanos.
• Control de armas, política de desarme, control de materiales ex-
plosivos y radiactivos.
• Defensa conjunta de la democracia y observancia de los derechos
humanos.
• Tratamiento diplomático de las desavenencias políticas o resolución
pacíca de controversias.
Líneas de divergencia política:
• Posición política frente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia – FARC y el Ejército de Liberación Nacional – ELN.
• Posición política frente al fenómeno paramilitar.
• Posición política frente al acuerdo humanitario y la resolución del
conicto armado interno de Colombia.
• Modelo de integración regional.
• Relaciones con Estados Unidos.
• Cooperación para luchar contra el terrorismo internacional.
¿I r reve rsibilidad de la d eg radación de l as re la c i o ne s po lítico-diplomá tica s?
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Pese a que desde 2003 se impulsaba bilateralmente la Comisión Mixta
para trabajar en torno al problema del narcotráco, sus resultados no se han
ajustado a un marco especíco y sostenible de cooperación con rendición de
cuentas. Continuamente Venezuela ha entrado en fuertes controversias con
el Departamento de EEUU (United States Department of State, 2008) y la
DEA (“Venezuela desafía a EE.UU. y calica de ‘inútil’ visita a Caracas del zar
antidrogas, John Walters”, 2008), por su posición reacia a adoptar los pro-
gramas de asistencia técnica, veeduría y acompañamiento, argumentando
disensión sobre el enfoque represivo y postulando la preferencia de un en-
foque “humanista, social y bolivariano” (“En Venezuela la lucha contra el
narcotráco es frontal”, 2008). Crecientemente se han venido resintiendo
las rutas para la cooperación bilateral en esta materia, no solamente por el
apego de Colombia a los lineamientos antidrogas de Washington y el distan-
ciamiento de Caracas del enfoque, sino adicionalmente por la polémica per-
sistente entre gobiernos acerca de la cuota de responsabilidad que cada uno
tiene en el crecimiento del fenómeno. Bogotá advierte la falta de voluntad
venezolana para atacar la primera fuente de nanciación de las FARC, y
Caracas responde duramente que Colombia parece apelar a un doble rase-
ro en el que parecen intocables los paramilitares como agentes principales
de expansión del negocio ilícito. De modo ilustrativo, los golpes más con-
tundentes en las fronteras que las Fuerzas Armadas de ambos países han
difundido suelen referirse particularmente al debilitamiento de uno u otro
actor armado ilegal. Tras la crisis 2007-2008, se evidencia una fuerte esci-
sión con respecto al grupo “target”, prioridad para ejercer las medidas de
control fronterizo y represión: para Colombia las FARC, como amenaza
principal interna y factor de riesgo para el hemisferio, y para Venezuela los
paramilitares, como fuente primaria de desestabilización fronteriza (Sema-
na, 3 de abril de 2006) aunque el Gobierno colombiano sostenga su casi
completa desarticulación. Aquí parece resaltar un debilitamiento explícito
de la línea de consenso bilateral para dar respuesta al tráco de narcóticos,
pero el grado de irreversibilidad estará sujeto a la coherencia que le implante
Venezuela a un interés de cooperación que anule o limite los efectos indirec-
tos de la alianza colombiana con la DEA.
Desde la VI Conferencia de Ministros de Defensa de América, cele-
brada en 2004, Colombia y Venezuela han ido revelando una progresiva
diferenciación en su grado de respaldo a las iniciativas interamericanas
para tocar los temas de narcotráco, armas y terrorismo. Colombia –en
convergencia con Canadá y los EEUU– se ha mostrado en favor de una
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evolución utilitaria de la Junta Interamericana de Defensa – JID en la Or-
ganización de Estados Americanos – OEA, que permita la creación de un
cuerpo armado especial de vigilancia, control y represión para todos los trá-
cos ilícitos, además de promover la orientación del Comité Interamericano
contra el Terrorismo – CICTE hacia el combate frontal, y no solamente para
la prevención y desarticulación de redes de apoyo (Malamud & García, 2006,
p. 17). Por su parte, Venezuela encuentra, no solamente en estas propuestas y
en las operaciones conjuntas con EEUU de interdicción y entrenamiento en el
Caribe, y en la consolidación de las bases internacionales antinarcóticos, una
fuente altamente potencial de intervención en las democracias, sino también
un argumento adicional para propender por una plataforma suramericana de
seguridad por cooperación militar que reemplace el Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca – TIAR (pp. 17-18). A ello se agrega el impulso de
Brasil en UNASUR –antes Comunidad Suramericana de Naciones – CSN– y
su propia iniciativa, con el objetivo de darle viabilidad económica y política
a un mecanismo de defensa conjunto para los integrantes de la Alternativa
Bolivariana – ALBA (“Amenaza de IV ota acentúa necesidad del Consejo
Sudamericano de Defensa”, 2008). Tal como Venezuela y Ecuador lo demos-
traron movilizando tropas para disuadir a Colombia de atreverse a ejecutar
más operaciones invasivas, la conictividad por la defensa de la soberanía
parece resquebrajar la solidez histórica del principio compartido de resolu-
ción pacíca y dialógica de las controversias.
Con posterioridad a la crisis de 2007-2008, el resultado internacional-
mente nocivo de la violación colombiana a la soberanía ecuatoriana, moti-
vado por el principio de oportunidad para golpear unilateralmente a las
FARC, junto a la búsqueda de espacios diferentes de discusión al intera-
mericano –giras bilaterales y nominalmente el Grupo de Río–, plantean
una perspectiva de refuerzo a las razones venezolanas para llevar las líneas
internacionales de consenso itinerantes hacia nuevos círculos políticos en
el entendimiento sur-sur. Frente a la realidad del amplio conjunto de países
que en el sur y centro de América entran en el juego, por brindarle mar-
cos alternativos a los consensos tradicionales en drogas, armas y democracia, en
desbalance para una Colombia que opone resistencia por su alineación es-
tratégica con EEUU en el devenir de la OEA (“Presidentes de Unasur crean
grupo de trabajo para denir Consejo de Defensa”, 2008),se puede derivar
un grado serio de irreversibilidad para el entendimiento político bilateral.
Esto en la medida en que se concreten las estructuras para darle nacimiento
¿I r reve rsibilidad de la d eg radación de l as re la c i o ne s po lítico-diplomá tica s?
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a esas nuevas preferencias políticas en relaciones internacionales y se anen
conceptos antagónicos a temas nacionalmente sensibles para Colombia.
Pese a que Colombia lo ha negado, no solamente la presunta partici-
pación de los EEUU –en asistencia secundaria (Powdar, 2008)– en los ope-
rativos “Fénix” contra “Reyes” y “Jaque” para liberar a los secuestrados,
otorga una ventaja política al Gobierno de Venezuela para espolear a los
gobiernos tradicionalmente prevenidos contra la doctrina de seguridad
norteamericana, debilitando aún más la posibilidad de hacer de la lucha
contra el terrorismo una línea de consenso en la vecindad andina. También
el aumento de los roces trilaterales signica para Venezuela una ventana
oportuna para reimpulsar sus tesis acerca de la causalidad entre la injeren-
cia de EEUU en la región desde la guerra en Colombia (“Los latinoamerica-
nos tenemos dos caminos la guerra o la paz”, 2008) y su objetivo encubierto
de llevar a los países andinos a un conicto internacional armado que le
signique a la potencia del norte la oportunidad para acabar con los proyec-
tos políticos alternativos vía intervención, sea para defender la democracia
o acabar con santuarios para el narcotráco y el terrorismo.
Una frontera viviente llena de tensiones transfronterizas:
debilidad persistente de coordinación
La frontera colombo-venezolana tiene una amplia extensión, de 2.219 kiló-
metros, en la cual predomina una vegetación selvática de difícil acceso y de
bosques cerrados, características favorables para ocultar el paso de actores
ilegales (Fernandes, 2008, p. 3). Puede dividirse en cinco regiones esencia-
les: Guajira-Zulia, Cesar y Serranía del Perijá- Zulia/Maracaibo, Norte de
Santander-Táchira, Arauca-Apure y Vichada-Guainía-Amazonas.
La debilidad bilateral en la coordinación política de las fronteras es tan-
gible por la repetición de sucesos como la escasa voluntad para investigar
conjuntamente la comisión de hechos delictivos, la realización de operaciones
unilaterales contra los trácos ilícitos y la mutua descarga de la responsabi-
lidad de control, especialmente en lo que atañe al traspaso de actores arma-
dos ilegales entre las fronteras. Empero, esto no signica una ausencia total
de cooperación, ni tampoco una corriente de repercusiones perjudiciales su-
cientemente adversa como para opacar una dinámica socioeconómica muy
viva entre algunas comunidades fronterizas. Por el contrario, se puede com-
probar una alta uidez en intercambios económicos e interacciones culturales
que, allende a las desavenencias y desatinos gubernamentales, responde a
Vec inda r io a gitad o C olombia y Ve nezuela: e ntre la hermandad y la conf lic tividad
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unas condiciones intercomunitarias propias (Ramírez & Hernández, 2003,
p. 162-163).
M . Frontera entre Colombia y Venezuela con población por
Estado o Departamento
“Salud y desplazamiento” http://pag ina.de/desplazados. Organización Panamericana de la Salud . Colombia
Fuente:
Datos Colombia: DANE. Est imaciones anuales de población por depar tamento. Indicadores 2002
Datos Venezuela: XIII Cens o Genera l de Población y Vivienda en Venezuela. 2001
Lo anterior abre el espectro de análisis a todo lo que implicaría la ca-
tegoría de vecindad, la cual alude a un conjunto de notables intercambios
culturales, sociales, políticos y económicos en el ámbito de las comunidades
fronterizas. Estos intercambios y construcciones mutuas constituyen realida-
des que pueden ser o no reconocidas dentro de las esferas gubernamentales,
que suelen orientar la relación bilateral a la solución de otras problemá-
ticas coyunturales. No obstante, una visión integrada de las relaciones bilate-
rales debe contener el estado y dinámica de las comunidades fronterizas.
La primera área, la región de la Guajira, se caracteriza principalmente
por la presencia de población indígena, y, pese a que se trata de una frontera
¿I r reve rsibilidad de la d eg radación de l as re la c i o ne s po lítico-diplomá tica s?
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de intercambio activo, experimenta una serie de contradicciones. Esto se debe
a que no se han delimitado las aguas marinas y submarinas del Golfo de
Venezuela, y hay, además, serias dicultades en términos de seguridad por
la presencia de narcotráco, contrabando y grupos de delincuencia organi-
zada. Recientemente, se han advertido decomisos, capturas y otras acciones
por parte de los dos países en contra del narcotráco, si bien se ha trata-
do de esfuerzos aislados que no comparten un marco común, a pesar de
la manifestación reiterada del consenso para contrarrestar el crecimiento
del fenómeno, no en erradicación, pero sí en desarticulación de redes. La co-
munidad indígena local, los Wayú, ha sido habitualmente vulnerada por los
actores armados con un saldo aproximado de doscientos muertos en los úl-
timos cinco años –buena parte de ellos atribuidos a grupos paramilitares
rearmados–. Se presenta también una cifra considerable de mujeres despla-
zadas hacia territorio venezolano que sufren los rigores de desatención por
parte de una “Comisión Nacional de Refugiados” que no cuenta con su-
cientes recursos ni personal para responder adecuadamente (“Proyecto de
generación de ingresos del ACNUR da esperanza a muchos en un pueblo
colombiano”, 2008). La debilidad para coordinar sistemas de información
sobre víctimas a ambos lados de la frontera ha propiciado una doble victi-
mización, en la que Colombia puede no reconocer el estatus de desplazado
–omitiendo su deber de reparación–, y Venezuela no conceder ecientemente
la condición de refugiado con ciudadanía formalizada.
La segunda región, Cesar y Serranía del Perijá-Zulia/Maracaibo, al
este de Venezuela, se caracteriza por ser una frontera inactiva, debido a la
ausencia de comunicación vial, y la principal actividad económica de sus
pobladores es la ganadería. Se trata de una zona difícilmente accesible por
sus duras condiciones climáticas y accidentada geografía, pero no por ello
ha estado exenta de acciones violentas por parte de grupos ilegales, pues
es, además, un lugar de ujo constante para los actores armados del lado
de Colombia, entre los departamentos de la Guajira y Norte de Santander.
Especícamente, la Serranía del Perijá ha sido de dominio guerrillero y es
disputada por paramilitares, lo que a nales de 2005 registró como denun-
cias vericadas por la Misión de la OEA sucesos como secuestros, masacres
y enfrentamientos en las pugnas de los paramilitares con el ELN.
La cordillera del Perijá opera como frontera natural que hace las veces de
escudo para impedir la movilidad directa de grupos armados hacia el lado de
Venezuela. Sin embargo, Zulia resalta numerosas acciones contra el secues-
tro que por el momento se atribuyen a delincuentes comunes. Igualmente, el
Vec inda r io a gitad o C olombia y Ve nezuela: e ntre la hermandad y la conf lic tividad
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Cuerpo de Investigaciones Cientícas, Penales y Criminalísticas de Venezuela
ha denunciado que, en los estados de Zulia y Falcón, desertores de grupos
paramilitares y otros grupos armados colombianos están contribuyendo al
crecimiento de las cifras de extorsión y secuestro a ganaderos de ese país, por
lo cual se ha propuesto cotejar datos con las autoridades de Colombia.
La región de Norte de Santander-Táchira es la tercera y presenta el
mayor grado de actividad, de modo que se puede catalogar como el espacio
fronterizo más dinámico y desarrollado de América del Sur. Se presenta allí
un alto ujo de bienes, personas y servicios, una importante actividad agro-
pecuaria y un uido intercambio comercial3. La población fronteriza supera
los 2.600.000 personas, un 85% de las cuales se encuentran ubicadas en un
entorno urbano. Así mismo, ésta goza de una avanzada infraestructura vial,
de energía y telecomunicaciones. Es una frontera especialmente sensible por
la presencia incremental de acciones adjudicadas por Venezuela a grupos
paramilitares, lo que ha generado polémica con el Gobierno colombiano,
pues éste alude a los “éxitos” del proceso de Desarme, Desmovilización y
Reintegración de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC en Colombia–.
Las localidades más afectadas en esta área han sido, del lado colombiano,
Cúcuta e intermediaciones, y, del lado de Venezuela, la zona rural de Táchi-
ra y las ciudades de San Antonio, San Cristóbal y Ureña; en estos lugares se
han presentado enfrentamientos armados entre tropas de la Guardia Nacio-
nal y paramilitares, además de presiones sobre comerciantes y homicidios
atribuidos a ajustes de cuentas entre desmovilizados. Más agravante es la
manifestación de la Policía del Táchira, la cual opta por realizar sus propias
investigaciones sobre las muertes violentas en la frontera, y han llegado a
concluir en casos recientes que detrás de ello se encuentran sicarios y “Águilas
Negras” que operan en Colombia, pero abandonan los cadáveres en el lado
venezolano para evitar las indagaciones. El hecho se ha repetido en las loca-
lidades de Rubio, La Fría y Puerto Santander, San Antonio del Táchira y Villa
del Rosario, Nula y Arauca, Delicias y Ragonvalia (“Se calienta la frontera”,
2008). La falta de coordinación entre los organismos de seguridad de ambos
países, que ya había ocasionado en marzo de 2008 una acalorada discusión
entre el Ministerio de Defensa colombiano y las autoridades de Venezuela por
3 Según cifras de la Cámara de Comercio de Cúcuta (Colombia), existen registradas 11.955 em-
presas y un gran porcentaje de ellas cumplen funciones relacionadas con el comercio bilateral
colombo-venezolano (http://www.comunidadandina.org/documentos/docSG/Ayudamemoria14-
4-05.htm).
¿I r reve rsibilidad de la d eg radación de l as re la c i o ne s po lítico-diplomá tica s?
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la atención médica brindada en ese país a guerrilleros heridos en combates
con el ejército colombiano, fue un tanto atenuada recientemente, cuando se
acordó que dos subversivos de las FARC, atendidos en la localidad de Rubio,
fueran inmediatamente deportados a Colombia.
En cuarto lugar, la región de Arauca-Apure tiene un nivel intermedio de
intercambio fronterizo, incluyendo riqueza geoestratégica por cuanto disfru-
ta de la existencia de yacimientos de petróleo. Tal circunstancia ha llamado
la atención de actores armados ilegales colombianos y ha incrementado, de
forma signicativa, los niveles de confrontación armada en la región. En la
misma línea, se evidencia la expansión progresiva de cultivos de coca en el
territorio fronterizo, lo cual contrasta con índices considerables de pobreza y
abandono estatal. En la actualidad han aumentado los roces y tensiones entre
los dos ejércitos por desconanza, como la que produjo la reunión, en agosto
de 2008, entre mandos militares de ambos lados para desmentir técnicamen-
te las denuncias sobre una incursión colombiana desde el río Arauca hacia
Apure, y los controles abruptos, tal como lo ilustra la detención injusticada
de un civil, un sargento y un soldado colombianos en Guasdualito (Apure).
Finalmente, la región de Vichada-Guainía-Amazonas se caracteriza
por su baja densidad poblacional y la ausencia de atención por parte de
ambos estados, lo cual produce un nivel de inactividad en el intercambio
fronterizo. Cuenta con amplias fuentes de recursos naturales, como cuencas
hidrográcas, y aceleradamente experimenta el crecimiento progresivo de
cultivos de coca, lo que genera la devastación de su rica vegetación. En esta
región se encuentran los 800 kilómetros más densos de bosque con árboles
de hasta 40 metros de altura que, por el vigor de los auentes, constituyen un
corredor estratégico para las FARC, a n de transportar armas y narcóticos.
Por otra parte, es un terreno idóneo para evadir la confrontación directa
con cualquiera de los ejércitos regulares de ambos lados. En suma, la mayor
parte de esta frontera está divida por ríos, y hay 75 kilómetros en los que
la frontera es una línea recta marcada en el mapa (Fernandes, 2008, p. 3).
En general, las cinco regiones presentan un conjunto de potencialida-
des que requieren de un manejo más coordinado, comprometido y eciente
por parte de los gobiernos centrales. En especial, con respecto a los temas
de conicto armado y seguridad, son las comunidades fronterizas las que
sufren los efectos de problemáticas como la delincuencia organizada, la ex-
tensión de los cultivos de coca, la acción de actores armados ilegales, el robo
de automóviles, el contrabando, entre otros. Pese a que se ha dispuesto la
creación de comisiones fronterizas para permitir el fortalecimiento de los
Vec inda r io a gitad o C olombia y Ve nezuela: e ntre la hermandad y la conf lic tividad
23 2 |
diferentes intercambios, éstas, tanto en su funcionamiento como en su soste-
nibilidad, han dependido de forma directa de la voluntad política de los pri-
meros mandatarios en el manejo de las relaciones bilaterales.
Las visiones sobre la seguridad: un problema de
comparación entre proyectos político-militares
con rasgos autoritarios
Colombia
La Política de Defensa y Seguridad Democrática es la carta de navegación
interna publicada en 2003, y básicamente se propone la recuperación de la
gobernabilidad y la derrota del terrorismo, a partir del fortalecimiento militar
e institucional. Sin embargo, y de manera creciente, las metas internas y los
mecanismos localmente implementados han revelado fuertes efectos externos
y ujos de internacionalización de los problemas más álgidos asociados al
conicto armado. Esto se ha manifestado desde el ámbito doméstico, dadas
variables temáticas y políticas que trascienden, desde el orden de los “asun-
tos internos” o de seguridad nacional, hasta las agendas nacionales de otros
países; y también en el ámbito internacional, incluyendo los esfuerzos bila-
terales y multilaterales de Colombia por fomentar vínculos cooperativos
de seguridad adyacentes a sus estrategias privilegiadas, la participación o
interés de involucramiento de otros estados, el papel de las ocinas de or-
ganismos internacionales y ONGs, entre otras fuentes. Por esta perspectiva
multidimensional de ujos hacia fuera y hacia dentro, y la relevancia de esas
vertientes de presión para la denición de una doctrina nacional de segu-
ridad coherente, se vislumbra la alta complejidad que implica elaborar una
ruta institucional sin contradicciones.
A grandes rasgos, la Política de Seguridad Democrática contempla ele-
mentos políticos, económicos y sociales, pero enfatiza el componente militar
en la estrategia programática a mediano plazo, y carece de una política de paz
que subordine a la estrategia de combate, para ofrecer una puerta explícita
e integral para la solución negociada al conicto que sea superior al paquete
que estimula la deserción con alternatividad penal y ventajas económicas
(Fundación Friedrich-Ebert de Colombia – FESCOL, 2004). Aunque ha ve-
nido siendo ajustado el marco jurídico y la implementación de la Ley de
Justicia y Paz, la negación reiterativa de las FARC a sentarse a dialogar en
la mesa con el marco normativo actual y su desconanza hacia el Gobierno
¿I r reve rsibilidad de la d eg radación de l as re la c i o ne s po lítico-diplomá tica s?
| 233
Uribe se suman las fallas puestas de maniesto por el proceso adelantado
con los paramilitares, tales como: la inseguridad jurídica que produce la de-
cisión presidencial de ejecutar las extradiciones, la emergencia de estructuras
rearmadas (Informe 2008 de Amnistía Intencional, p. 135) y nuevas bandas
criminales que ocupan el control de los mercados ilegales, el vacío de poder
territorial y la inuencia sobre las poblaciones, la absorción en redes ilícitas
de elementos desmovilizados, la persistencia de amenazas y ataques contra
excombatientes, además de la insuciencia de las medidas para integrarlos
social y productivamente en las comunidades (Décimo primer informe trimes-
tral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo
al Proceso de Paz en Colombia, 2008, p. 20).
Para algunos analistas, las falencias de la Política de Seguridad Demo-
crática pueden condensarse en torno a cinco problemas generales (p. 19). En
primer lugar, el plan general contiene sub-políticas de corto plazo, como los
soldados campesinos, la red de cooperantes, la promoción de recompensas
por captura e información y estímulos para la deserción, que no garantizan
el éxito a largo plazo, y no son, en muchos aspectos, adecuadas por su alto
margen de informalización de la estrategia de guerra y la mayor responsabi-
lización –directa o colateral– de los civiles en el desarrollo del conicto. En
segundo lugar, el enfoque utilizado para fortalecer a la Fuerza Pública tiende
a generar la militarización de temas conexos, como las drogas, además de
producir dependencia técnica y nanciera hacia los EEUU. En tercera ins-
tancia, los controles civiles a las autoridades militares tienden a erosionarse
por la resistencia de los altos mandos y la ausencia de espacios consultivos
y participativos para implementar y evaluar la estrategia de seguridad, más
allá de los concejos para escuchar las quejas individuales y exponer las cifras
gubernamentales. Cuarto, prevalece la confusión o la intermitencia entre las
funciones policiales y militares, pues un cuerpo asume las características y
responsabilidades del otro, lo que genera impactos adversos para las liberta-
des civiles y políticas, especialmente cuando los militares asumen tareas de
control social y los policías pierden su vocación urbana para responder a los
desafíos del conicto irregular. Por último, el sustento teórico de la Política
no reconoce la existencia de un conicto armado interno, por lo que su apli-
cación ulterior carece de consistencia para enfrentar una realidad compleja,
además de enrarecer los diálogos para la participación de “países amigos” en
la solución negociada (“Presidente Chávez ratica propuesta de crear grupo
de amigos para la paz en Colombia”, 2008), como en el caso de España, Sue-
Vec inda r io a gitad o C olombia y Ve nezuela: e ntre la hermandad y la conf lic tividad
23 4 |
cia, Francia, Suiza, Alemania, o de organizaciones internacionales como la
Organización de la Naciones Unidas – ONU y la OEA.
En el transcurso del actual proceso de paz con las AUC, parece dominar
la tesis acerca de que el desarme y la desmovilización son un avance sustancial,
que tiene incidencia directa sobre la reducción de los combates armados y de
las acciones ilegales, como las masacres y el desplazamiento. Para la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación – CNRR, ello facilita la recuperación
del monopolio de las armas y, por lo tanto, constituye una transición desde
un régimen democrático a uno todavía más robusto, a pesar de que se evi-
dencia la presencia de estructuras de coerción extralegal de carácter disidente
(no involucrados en el proceso), rearmadas (reincidentes) o emergentes (de
existencia desconocida fuera de las AUC o propiciadas después de la desmo-
vilización de éstas), debido a la lentitud del aparato estatal para hacerse cargo
de los vacíos de poder en las regiones liberadas de su inuencia (Comisión
Nacional de Reconciliación y Reparación, 2007). La CNRR es moderada y
no llega a despolitizar el fenómeno, si bien reconoce la necesidad de realizar
estudios más especícos que rechacen o corroboren las denuncias acerca de
la aparición de un paramilitarismo de “tercera generación”.
La Misión de Acompañamiento para el Proceso de Paz de la OEA en
Colombia – MAPP, por el contrario, parece adherirse a la tesis del gobierno
cuando arma que uno de los mayores avances es el pleno despojamiento
de las motivaciones políticas de los paramilitares, por lo cual la aparición de
nuevas estructuras tendría que ver más bien con un fenómeno de naturaleza
“maosa” –sólo narcotráco/crimen– que desborda el alcance de su veri-
cación (Décimo primer informe trimestral del Secretario General al Consejo
Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, 2008,
p. 2). Empero, las acciones dirigidas contra las asociaciones de víctimas, la
explícita manifestación para participar en política de varios ex-comandantes,
y los pactos –formales y no formales– entre candidatos, burócratas, empre-
sarios y paramilitares develan algo muy distinto: los antagonismos políticos
violentos continúan, aunque muten o se “secularicen”. Así pues, y añadiendo
los fallos operativos –de acuerdo con la MAPP–, como la precariedad de re-
cursos humanos, técnicos y logísticos, protección a víctimas y funcionarios,
sistemas de información, seguridad jurídica y capacitación a los agentes,
conscación de bienes para reparación, es posible entrever que el proceso
no será sostenible en el largo plazo.
La necesidad principal del Gobierno de Uribe –además de seguir constru-
yendo conanza para el proceso con las AUC–, tras seis años de arduas opera-
¿I r reve rsibilidad de la d eg radación de l as re la c i o ne s po lítico-diplomá tica s?
| 23 5
ciones para debilitar a las FARC, encuentra una escisión predominante entre
intensicar las acciones armadas y de inteligencia para asegurar una victoria
total o parcial –es decir, obligar al grupo a someterse a una negociación en la
que no puedan imponer muchas exigencias–, o acompañar el desarrollo de su
política de defensa con planes complementarios que le permitan mantener la
estabilidad de los resultados a largo plazo. En ello se deben considerar riesgos
como la incapacidad de darle continuidad a un elevado presupuesto frente a la
intención de aumentar las expectativas de crecimiento económico, con control
del gasto público desmedido, cambios políticos adversos en la orientación de la
defensa de cara a las elecciones presidenciales de 2010, el repliegue estratégico
y la recuperación de las estructuras principales de las FARC –incluyendo el
uso de zonas despobladas internas y “santuarios” en los países vecinos–, y la
presión internacional creciente con respecto a la inconsistencia de los resultados
y los grandes vacíos de políticas vertebrales, como la erradicación de cultivos
ilícitos y la política para el Desarme, Reinserción y Reintegración – DRR de
excombatientes de las AUC, en el marco de la Ley de Justicia y Paz.
De acuerdo con el análisis del International Crisis Group – ICG (2008a),
los actuales resultados contra la subversión o las “ganancias militares” so-
lamente darán frutos a largo plazo si se articulan a una estrategia política
que agregue tres objetivos amplios: denir un marco idóneo para realizar
un acuerdo humanitario, restablecer los canales y mecanismos de coope-
ración bilaterales para el tratamiento de los problemas fronterizos –parti-
cularmente aquellos fenómenos transnacionales conexos con el conicto
armado interno–, y la promoción efectiva del desarrollo rural integrado,
para generar alternativas socioeconómicas atractivas y sostenibles en sus-
titución de las fuentes ilícitas de ingreso (“vacunas”, secuestro, extorsión,
narcotráco, contrabando). Sin lugar a dudas, es evidente que la Política
de Defensa y Seguridad Democrática ha cambiado el escenario estratégico
colombiano, debilitando sustancialmente a los grupos armados ilegales y
creando una oportunidad histórica para la denitiva pacicación del país.
Sin embargo, también es cierto que este proceso no está concluido. Por el
lado de las autodefensas, el proceso de negociación con las AUC ha desem-
bocado en el desmantelamiento de un extenso aparato armado y ha puesto
en marcha un proceso de depuración de la vida política nacional. Pero, al
mismo tiempo, la emergencia de nuevas bandas de entre los escombros del
viejo orden paramilitar ha creado el riesgo de una reproducción de conglo-
merados maosos asociados al narcotráco, capaces de reabrir otro ciclo de
violencia y corrupción en muchas regiones del país. Por su parte, las FARC
Vec inda r io a gitad o C olombia y Ve nezuela: e ntre la hermandad y la conf lic tividad
23 6 |
han sufrido duros golpes en su estructura de mando y orgánica, a raíz de los
duros golpes que le han asestado las FF.AA al secretariado y a los frentes más
importantes. De aquí que hayan perdido su capacidad para realizar operacio-
nes ofensivas de envergadura, y hayan sido expulsadas de amplias zonas del
territorio nacional (Ortiz, 2007, p. 6). Sin embargo, no han sido aniquiladas
y la estrategia militar debe ser complementada con una estrategia política
orientada a buscar una salida negociada al conicto.
Por lo pronto, el Gobierno de Colombia postula desde el año 2007 su
Política de Consolidación de la Seguridad Democrática – PCSD, estructura-
da alrededor de cinco objetivos (“Política de consolidación de la Seguridad
Democrática”, 2007): 1. consolidar el control territorial, ganado militar y poli-
cialmente, con estabilización policial, atención de necesidades básicas –inclu-
yendo a los desmovilizados–, desarrollo de servicios públicos y coordinación
entre instituciones civiles, jurídicas, político-administrativas, policiales y
militares; 2. proteger a la población “liberada”, potenciando particularmente
la desarticulación de bandas criminales y carteles, conando en la derrota
militar inminente de los grupos armados ilegales, y ofreciendo opciones
de resocialización y reinserción a no reincidentes ni delincuentes comunes;
3. elevar los costos para “desarrollar el negocio del narcotráco”, pretendiendo
hacerlo inviable o no rentable, para lo cual se debe intensicar las actividades
de erradicación manual y por aspersión, y de interdicción y neutralización de
grupos armados ilegales participantes en cualquiera de las etapas de la cadena
productiva y de conquista del control territorial; 4. modernizar operativa y
estructuralmente a la Fuerza Pública, generando conanza, eciencia y legi-
timidad; y 5. mantener la reducción de la criminalidad, enfrentando delitos
comunes mediante el incremento del pie de fuerza, la defensa de la movi-
lidad terrestre, el fortalecimiento de la capacidad judicial de la Policía con
nuevas unidades y equipamiento, la adaptación de las funciones policiales
al Sistema Penal Acusatorio y el refuerzo de la capacidad de inteligencia y
comunicaciones de la Policía Nacional. El objetivo central de esta política
es continuar la campaña militar hasta forzar a los insurgentes a aceptar una
desmovilización negociada o empujarles a un colapso militar. Para su nan-
ciamiento, se ha adoptado un impuesto especial sobre el patrimonio, que
proporcionará al Ministerio de Defensa recursos adicionales por 8.6 billones
de pesos (casi €3.000 millones) para sostener el esfuerzo bélico. Estos recursos
quieren ampliar el pie de fuerza del ejército, extender la presencia de la policía
a 400 nuevas localidades en las zonas más remotas del país, e incrementar los
recursos de movilidad e inteligencia de la Fuerza Pública. En todo caso, el
¿I r reve rsibilidad de la d eg radación de l as re la c i o ne s po lítico-diplomá tica s?
| 23 7
impacto de la nueva inversión en seguridad dependerá de cómo se traduzca
en las operaciones. Por último, la estrategia militar del gobierno colombiano
depende, para buena parte de su nanciamiento, de los aportes del Plan Co-
lombia Fase II, recursos que pueden verse condicionados y menguados por
la llegada del candidato demócrata, Barack Obama, a la presidencia de los
Estados Unidos. Así mismo, por las medidas de restricción presupuestal que
genere internamente el plan de ayuda para conjurar la crisis estructural del
sistema nanciero norteamericano, cuyos efectos pueden sumergir la eco-
nomía de Estados Unidos en una etapa de recesión profunda.
Venezuela
La estrategia de seguridad nacional venezolana contemporáneamente viene sien-
do moldeada por los planes del programa político y los retos internos de deses-
tabilización que tienen como antecedente sonado el fallido golpe de estado de
2002. A partir de allí puede detectarse un quiebre institucional que acusa un
mayor acaparamiento del aparato policial y militar por parte del ejecutivo,
además de un proceso de informalización interna e involucramiento externo
propiciado por un panorama de profundización estratégico-militar (Funda-
ción Friedrich-Ebert de Colombia – FESCOL, 2006, p. 1), que incorpora tres
pilares signicativos. En primer lugar, la transformación de las FF.AA, a través
de la modernización, su reforma estructural y politización, y la unión cívico-
militar. Así mismo, mediante la militarización de sectores sociales de respaldo
y la internacionalización de la doctrina de seguridad. Por último, llevando a
cabo intensas y múltiples actividades, como giras, rma de acuerdos de coope-
ración económico-militar, búsqueda de nuevos proveedores en armamento
y transferencia tecnológica para el desarrollo de una industria propia; a ello
habría que agregar el impulso para crear sistemas multilaterales de defensa
–una especie de OTAN sudamericana– diferentes al sistema interamericano
provisto en la OEA, tutelado por los EEUU (González, 2006, p. 170).
En general, Venezuela erige una concepción eminentemente autori-
taria de la seguridad que se expresa en la instrumentalización política de
actitudes defensivas de distintos matices (González, p. 5). Se encuentra el
uso frecuente de la idea de “enemigo interno”, contrario a la revolución que
puede adoptar diversas fuentes y formas, de acuerdo con las necesidades
coyunturales. Las acciones de ese enemigo denunciadas políticamente no
siempre son vericables, y corrientemente se asocian con la presencia de ac-
tores exógenos –CIA, DEA, paramilitares colombianos– con intenciones y
Vec inda r io a gitad o C olombia y Ve nezuela: e ntre la hermandad y la conf lic tividad
23 8 |
redes ocultas. Frecuentemente, el Presidente Chávez ha aseverado en sus dis-
cursos que cuenta con información acerca de la elaboración permanente de
planes desestabilizadores desde Colombia dirigidos por EEUU, en los que
se contemplan el aliento a la oposición y el magnicidio; especialmente, en
el contexto de las frecuentes visitas de altos funcionarios norteamericanos a
Colombia, tales como la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, el Almirante
Michael Mullen y el Zar Antidrogas John Walters.(“Chávez acusa a Uribe de fra-
guar ‘provocación bélica’ y crece la tensión”, 2008). De esta manera, se hace
una asociación demagógica de un enemigo inasible y sin ubicación denida,
con el “gran enemigo” de la Revolución, mediante el apoyo de EEUU a esas
iniciativas (Fundación Friedrich-Ebert de Colombia – FESCOL, 2006, p. 5).
Para el mandatario de la República Bolivariana, esa intervención soterrada
en Colombia tiene expresión concreta en la existencia de tropas, bases aéreas
y bases secretas, la presencia de funcionarios y ocinas de la CIA, además de
la creación de laboratorios de “guerra psicológica”.
Otras tres características del autoritarismo creciente en la visión y el
manejo de la seguridad venezolana son la represión interna, la militarización
transversal y la instrumentalización de la polarización política. En el primer
caso, el privilegio de las medidas de tipo represivo o coercitivo, por encima de
los planes preventivos para los asuntos de orden público (Fundación Frie-
drich-Ebert de Colombia – FESCOL, 2006, P.5), particularmente aquellos en
donde se desenvuelve la disensión política con brotes de violencia, advierte
un escenario de vulnerabilidad y retroceso para la seguridad ciudadana y
la convivencia interna. Como un factor distorsionador de las causas reales
de la delincuencia y de la agitación, el Presidente ha acuñado un discurso
que desplaza la responsabilidad hacia los perjuicios sociales derivados del
arraigo de los valores ideológicos y culturales del capitalismo como factor
detonante de la violencia. Al mismo tiempo, promueve reformas policiales
que aumentan el poder y el alcance de los controles sobre la población, como
el Decreto de Policía Nacional del 9 de abril de 2008 (Internacional Crisis
Group – ICG, 2008b, p. 22). Sin embargo, el mayor despliegue de la vigilancia
no ha estado acompañado por un mayor fortalecimiento de la capacidad de
seguimiento y scalización a la institución pública, como lo supondrían las
competencias de la rama judicial.
En el segundo caso, la militarización transversal pasa por la presunta
aplicación de la corresponsabilidad ciudadana en la defensa de la seguridad
nacional, lo que en realidad implica el traslado desde una responsabilidad
ciudadana de índole cívica, a una racionalidad combativa en las estrategias
¿I r reve rsibilidad de la d eg radación de l as re la c i o ne s po lítico-diplomá tica s?
| 23 9
(Fundación Friedrich-Ebert de Colombia –FESCOL, 2006, p. 5). Para ello
se involucra a los civiles mediante su entrenamiento y aprovisionamiento
bélico, con el n de que se hagan cargo no solamente de eventualidades, co-
mo una intervención militar extranjera (p. 4), sino también para que actúen
como elemento disuasivo para responder ante una potencial revuelta interna,
a través del empoderamiento de la Reserva y de la Milicia Territorial. Un
aspecto más profundo de ello puede encontrarse en apartes del articulado
para la reforma de las Fuerzas Armadas Nacionales – FAN, como el acopla-
miento de una función indenida de “servicio civil” subordinada al servicio
militar, además de una evidente militarización del ejercicio presidencial y
una extensión inconstitucional del ámbito castrense adicional a las FAN,
mediante la creación de la Milicia Nacional Bolivariana (“Incoherencias
e inconstitucionalidades de la nueva LOFAN”, 2008). Los dos factores en
cuestión han estado en buena porción alimentados por un tercero: el uso
y magnicación de la polarización política. Dos detalles entre muchos a
explorar a este respecto son: la apelación frecuente a un lenguaje explosivo
en el que se reiteran términos como “guerra civil”, en medio de alusiones
constantes a reacciones violentas en caso de no cumplirse a cabalidad con
los propósitos electorales y reformistas del chavismo (Internacional Crisis
Group – ICG, 2008a, pp. 18-19); en segundo lugar, la aparición de denuncias
relacionadas con posibles vínculos entre fuerzas extremistas simpatizantes
que han perpetrado acciones disruptivas, y en ocasiones delictivas, con seg-
mentos militares y policiales (p. 20). A la fecha no se conocen las razones de la
negligencia ocial en detrimento de la materialización de recomendaciones
en seguridad previamente discutidas para la reducción de la conictividad
social, los homicidios y las violaciones de los derechos, como lo son las de la
Comisión Nacional para la Reforma Policial –rescatando el mejoramiento
de la rendición de cuentas y la formalización de los cuerpos policiales me-
diante la integración Internacional Crisis Group–, y las del Plan Nacional de
Reducción de Armas de 2006 (Informe de Amnistía Intencional, 2008, p. 1).
Una comparación entre las doctrinas de seguridad
Al confrontar las dos doctrinas de seguridad nacional, es posible entrever
similitudes y diferencias que podrían brindar luces para explicar el acorta-
miento temporal, desde el año 1999, entre los ciclos de cooperación y con-
ictividad bilateral (Fundación Friedrich-Ebert de Colombia – FESCOL,
Vec inda r io a gitad o C olombia y Ve nezuela: e ntre la hermandad y la conf lic tividad
240 |
2005, p.1), que venían produciéndose históricamente, y la intensicación de
los antagonismos emergentes.
En el espectro de las similitudes pueden detectarse factores estructurales y
de contenido que tienden a la construcción de lineamientos absolutizantes,
simplicaciones conceptuales y vectores de manejo autoritario, los cuales no
siempre logran convertirse en parámetros institucionales homogeneizantes,
o en columnas para las políticas de Estado. Esta circunstancia reeja un alto
grado de personalización y discrecionalidad que tiene por doble lo el otorgar
la posibilidad de introducir rápidamente los cambios –formal o informalmen-
te– desde el ánimo gubernamental, pero en detrimento de la rigurosidad de
los controles y la inclusión de diálogos más amplios. Cabe añadir que este
fenómeno parece agudizarse cuando existe una relación altamente depen-
diente, y en algunos aspectos subordinada, de las coaliciones gobiernistas en
el interior del Congreso o Asamblea Parlamentaria, con respecto al ejecutivo,
aunque nominalmente se presuma la independencia entre poderes. En una
enumeración vertiginosa, las semejanzas principales de las políticas-marco
de seguridad interna pueden enunciarse en seis puntos: la priorización de los
problemas domésticos de defensa; el alto grado de centralización y militari-
zación de la seguridad; la erosión de las instituciones y los procedimientos
democráticos; el despliegue de un manejo autoritario de la seguridad, aunado
a la potenciación de la gura presidencial; la instrumentalización política
del credo de defensa, para efectos de obtener legitimidad internacional y
popularidad doméstica; y la orientación principal hacia el fortalecimiento
de las Fuerzas Armadas, junto a una mayor maniobrabilidad política de las
mismas por parte del Presidente (Fundación Friedrich-Ebert de Colombia
– FESCOL, 2005, pp. 5-6).
Entre las diferencias más notables que contribuyen a dilucidar los tropie-
zos mutuos para llegar a edicar una política de seguridad bilateral armónica,
eslabonando los intereses nacionales respectivos, pueden exponerse tres
(p. 7). En primer término, se identica una profunda divergencia acerca de
la naturaleza práctica de las Fuerzas Armadas, aunque la letra constitucional
prescriba, por denición, su neutralidad política y servicio exclusivo al Esta-
do. Por parte del Gobierno colombiano, las FF.AA constituyen esencialmen-
te un pilar para la estabilización interna del Estado, mediante su presencia
efectiva en la totalidad del territorio y el combate a los desafíos emanados
de la ocupación o suplantación de los poderes constitucionales por parte de
actores y estructuras ilegales/irregulares. Dicha condición está mayormente
arraigada en las áreas de colonización reciente, con iniciativas armadas, o en
¿I r reve rsibilidad de la d eg radación de l as re la c i o ne s po lítico-diplomá tica s?
| 241
poblados marginales que enfrentan la debilidad o ausencia de las institucio-
nes políticas y administrativas de índole estatal para aplicar justicia, dirimir
conictos, o distribuir y redistribuir recursos. Sin embargo, repetidamente
se han advertido dicultades que afectan la naturaleza constitucional de
las FF.AA. Por ejemplo, el hecho de ejercer control (Política de Defensa de
Seguridad y democracia, p. 32) de orden público antes de la consolidación
de instituciones esenciales, como las de justicia y veeduría; y el papel de de-
fensa del régimen de seguridad vigente, en detrimento de poderes locales no
violentos. Esto surge particularmente en zonas de competencia armada con
grupos ilegales por la adquisición de inuencia sobre las poblaciones, y ha
desatado situaciones como la tolerancia, e incluso la connivencia, con grupos
de extrema derecha en el juego de sacar de la escena a un “enemigo común”
de la democracia representativa, el libre comercio y la propiedad privada: las
FARC, el ELN o similares. Ello, aun cuando las campañas contraterroristas se
acompañan de atractivas cifras de capturas y dadas de baja a paramilitares.
En la actual concepción de Venezuela, las FF.AA deben “superar” su
condición de neutralidad como aparato sistémico para transformarse en un
actor político ideológicamente comprometido, de tal forma en que su posi-
ción hacia los desafíos internos y externos esté regida por la apropiación de
los valores y metas de la Revolución Bolivariana. Así, su concentración en la
seguridad nacional tiende a fundirse con los objetivos globales de un progra-
ma político en expansión, que crecientemente ocupa nuevos espacios inter-
nos y empieza a asumir como propios los retos que encaran terceros países.
Pero la politización de la institución castrense no se restringe a la penetra-
ción de un ideario ambiguo de tintes socialistas autoritarios y la adhesión a
un cronograma revolucionario. También involucra dos procesos adicionales
jalonados por el Mandatario: la apropiación de un trozo del cuerpo militar
hacia una subordinación directa al líder carismático, como órgano pretoriano
al servicio de una promesa de transformación multidimensional, encarnada
en un único conductor; además, una popularización incremental del ocio
y la estructura, a partir del reclutamiento de simpatizantes, aunque no logra
cuajar el proyecto de “ejército popular” dentro de una clase militar histórica-
mente jerarquizada, profesional e incluso oligárquica. Sin embargo, se aprecia
un proceso de pretorianización del Estado, en la medida en que las FF.AA
venezolanas han ido asumiendo funciones propias de la seguridad interior,
las cuales han estado tradicionalmente en manos de las autoridades civiles.
Se observa un proceso de militarización de la seguridad interior, lo cual
contribuye a la consolidación de espacios de autonomía e inuencia militar.
Vec inda r io a gitad o C olombia y Ve nezuela: e ntre la hermandad y la conf lic tividad
242 |
Por otra parte, tal autonomía ha generado la militarización de la agenda so-
cial y de determinadas actividades económicas, con lo cual la presencia mi-
litar en la administración del Estado está sobredimensionada de manera
extraordinaria (Alda, 2008, p. 14).
La segunda diferencia es de contenido y tiene un potencial amplio para
denir las características del “enemigo”: la conceptualización de las ame-
nazas. El gobierno colombiano se ha encargado de introducir una variada
gama de problemas a la seguridad, que merecen distintos tipos de análisis
y tratamiento dentro de su grado de conexidad con el terrorismo. Esto por
considerarlo el primer factor desestabilizador (Alda, 2008, p. 24), en tanto
representa una amenaza para las instituciones y guras democráticas, ame-
naza la inversión –nacional y extranjera directa (IED)– y la infraestructura
económica y energética. En este sentido, la guerrilla, el paramilitarismo y el
narcotráco se categorizan como “enemigos de la democracia”, por su uso
de ujos transnacionales, como el tráco de insumos, precursores, estupefa-
cientes, armas y explosivos, contrabando, nanzas ilícitas, lavado de activos,
además de repartirse con la delincuencia común organizada la responsabi-
lidad en extorsiones, secuestros y homicidios. Al menos dos consideracio-
nes deben tenerse en mente al respecto. Por una parte, aunque se enfatiza
la alimentación que estas actividades hacen del terrorismo, su traducción
estratégica suele ser errática si pretende aferrarse, al mismo tiempo, tanto
a una categorización discursiva que permita el desarrollo de un combate
frontal policivo-militar común a todos los problemas “amenazantes”, como
a la inclusión del concepto internacionalmente reconocido de terrorismo
por la ONU, el cual declara una racionalidad para conseguir nes políticos
a partir del uso calculado de la violencia contra los civiles. En cada una de
esas actividades ilícitas, y en las múltiples relaciones e interacciones que se
suscitan entre actores ilegales, no llega a ser sucientemente claro cuándo
hay nes estrictamente políticos, unívocamente económicos, mixtos o al-
ternantes, ni cuándo el destinatario de la violencia es el Estado, el gobierno,
sus representantes, la sociedad, grupos de interés o los individuos. Por otra
parte, un factor que tiende a trastocar la racionalidad de las FF.AA y la dis-
tinción entre funcionalidad interna y funcionalidad externa es la ubicación
y respuesta más allá de las fronteras a esas amenazas internas, con base en
los principios de oportunidad y reacción inmediata.
En el caso de Venezuela, el concepto de amenaza es mucho más difu-
so y tiende a no coincidir con los problemas de seguridad más cotidianos
e inmediatos de la población, como la escasez de alimentos, la inación, la
¿I r reve rsibilidad de la d eg radación de l as re la c i o ne s po lítico-diplomá tica s?
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inseguridad por criminalidad y el narcotráco (International Crisis Group
– ICG, 2008b, p. 14). Se tiende a hacer del concepto un referente políticamente
dúctil, al asignarlo a las fuentes de distorsión y competencia real o potencial
para el proyecto en sus reformas domésticas o arquitectura internacional,
en el plano electoral, comunicativo, económico, político e ideológico. De
esta manera, aparecen y desaparecen discursivamente “enemigos” como la
“oligarquía”, la contrarrevolución, la intervención internacional y, por su-
puesto, los EEUU. Es el resultado paradójico de priorizar la legitimación de
un proyecto político-militar y de acelerar su profundización en 2008, sin
la maduración de las condiciones estatales y societales, cuando para el año
2004 el concepto preponderante en seguridad del “Nuevo Mapa Estratégico”
tomaba por núcleo el trabajo en desarrollo humano integral como prioridad,
mientras se aseguraba una base sólida para la soberanía y la “emancipación”
(Fundación Friedrich-Ebert de Colombia – FESCOL, 2005, p. 5). La perse-
cución a un enemigo nebuloso ha tenido graves consecuencias, como el au-
mento de la polarización y su traducción en acciones violentas esporádicas,
además de controles policiales abusivos y medidas de represión. En varias
ocasiones los aparatos de orden público se han enfrentado a la disyuntiva de
reducir a los elementos radicales chavistas –en parte armados por el Gobier-
no–, o permanecer indiferentes ante la necesidad estratégica de contar con
una ciudadanía apta para defender la revolución de las amenazas internas y
externas (International Crisis Group – ICG, 2008b, p. 21).
En tercer lugar, aunque la visión doméstica de las doctrinas de segu-
ridad nacional está determinada principalmente por atributos internos, no
deja de manifestar eslabones y componentes externos que revisten fuentes
no despreciables de antagonismo, las cuales bloquean un entendimiento de
seguridad bilateral. Por parte de Colombia, la inclusión estratégica del con-
cepto norteamericano de “guerra contra el terrorismo” –con adaptaciones y
en el marco local– obedece tanto a una necesidad de despojar a los contra-
dictores armados de toda intencionalidad política tras el fracaso del proceso
de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana con las FARC, descalicando
la legitimidad social que pretendan adquirir, como a la necesidad de comple-
mentar los recursos del presupuesto nacional destinado al gasto militar con
las fuentes de cooperación internacional. Únicamente Washington se muestra
receptivo a la solicitud colombiana de enfocar las ayudas hacia el combate
directo antisubversivo (International Crisis Group – ICG, 2008b, p. 2).
En su propio quehacer, Venezuela introduce en sus lineamientos para un
“Nuevo Pensamiento Militar”, un enfoque de emancipación con respecto a la
Vec inda r io a gitad o C olombia y Ve nezuela: e ntre la hermandad y la conf lic tividad
24 4 |
dependencia externa nanciera y política, particularmente condicionada por
los EEUU, así como una interpretación del actual contexto de poder interna-
cional mediante el concepto de “guerra asimétrica”. Desde esta perspectiva, se
asume que tanto el Estado como la sociedad son responsables de la defensa de
la nación, según lo dispone la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional.
En consecuencia, la ciudadanía también hace parte de la estrategia de de-
fensa en el contexto del enfoque de guerra asimétrica, en caso de producirse
una confrontación bélica en contra del enemigo nacional representado en
los Estados Unidos, el cual, para Chávez, constituye una amenaza constante
para la revolución bolivariana, debido a sus intenciones veladas de invadir
a Venezuela. De este modo, la participación de la ciudadanía, como el refe-
rente cubano de la guerra de todo el pueblo, resulta crucial para combatir y
derrotar a tan poderoso enemigo (Alda, 2008, p. 6).
En el marco de dicho concepto, destacan ideas no tradicionales para
afrontar un conicto armado, especialmente al tener la certeza de la impo-
sibilidad de resistir un combate directo por parte de un país en desarrollo –
como los islámicos–, frente a la desproporción económica, política, militar y
tecnológica favorable a una potencia como la norteamericana. La religión o la
ideología pueden tejerse extensivamente sobrepasando el control nacional de
los estados, además de amalgamar una base social/política no nacional o
transnacional; igualmente, de operativizar el uso de vulnerabilidades no
contempladas en la guerra regular, como el aprovechamiento de las caracte-
rísticas medio ambientales y militares en forma atípica y no anticipada
(Bolívar Ocampo, 2002, p. 47), incluyendo la posibilidad de adelantar esta
“guerra” no percibida con facilidad en el propio terreno del enemigo. Hasta
dónde han inuido estas nociones en la edicación de la Revolución Boli-
variana, en el plano de los entendimientos multilaterales, vía proyecto de
integración ALBA o en el plano de aproximaciones basadas en la resistencia
social y armada en toda Latinoamérica, es una cuestión inquietante que
deberá analizarse desapasionadamente.
Aunadamente a la materialización de los principios de emancipación y
asimetría, la doctrina venezolana agrega un realismo pragmático en el tipo
de vínculos que ha venido dando a luz con potencias económico-militares
con capacidad de contestación política a EEUU, como Rusia y China, par-
ticularmente por su membresía en el Consejo de Seguridad de la ONU. Al
ubicar al Gobierno Bolivariano bajo la cobertura de dos poderosos sistemas
de gobierno con voz propia y veto, a pesar de ser frecuentemente cuestionados
por Washington por sus tendencias antidemocráticas, como el centralismo,
¿I r reve rsibilidad de la d eg radación de l as re la c i o ne s po lítico-diplomá tica s?
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el militarismo y las medidas de control y represión hacia los ciudadanos,
Venezuela se asegura de aprovisionamiento en armamento y equipo para
continuar fortaleciendo la capacidad militar del proyecto, especialmente
porque tiene la necesidad de sustituir proveedores ante la negativa creciente
de Occidente fomentada desde la presión de los EEUU. Igualmente, gana
entrada a un nicho de oposición política internacional que le concedería un
rango alto de autonomía para profundizar sus reformas internas y ampliar
su esfera de inuencia en escenarios multilaterales, como la Asamblea Ge-
neral de la ONU y la OEA.
Una sobre-simplicación conceptual percibiría estos cambios de polí-
tica exterior y seguridad de Venezuela como el traslado desde un polo casi
mundialmente hegemónico de poder, nominalmente los EEUU, hacia el polo
antagónico resurgente de la Guerra Fría, como si la casuística rusa y china no
fuera más que una revitalización del proyecto comunista internacional, a par-
tir de un uso adaptativo de la economía de libre mercado y de las fuerzas de
apertura política y modernización estatal. Sin embargo, en los hechos se
detecta algo que podría verse como el despliegue de asociaciones estratégicas
de múltiple utilidad, que parecen operar más dentro de un contexto de bús-
queda de multipolaridad que dentro de uno de confrontación bipolar4. En la
solidicación de los vínculos con Rusia y China, Venezuela ha hallado la opor-
tunidad para construir un backup que le permite consolidar la diversicación
de sus alianzas políticas y hacer aún más atractivas –política, militar y eco-
nómicamente– las opciones de integración alternativa que promueve entre
los latinoamericanos. El quid de la estrategia estriba en identicar qué tan
altos serán los costos políticos frente a las utilidades para Venezuela y los
latinoamericanos que le abran la puerta a los intereses económicos y geoes-
tratégicos de Rusia en el hemisferio, dado que Chile y Brasil ya cuentan con
avances sustanciales en este sentido.
Por el momento, la conexión con Rusia le deja a Venezuela –aparte
de los negocios energéticos y la posibilidad de constituir un banco– algo
más de doce contratos para comprar armas por más de 4.400 millones de
4 Se ha sugerido en varios sectores de opinión que el mayor interés de Rusia en la región obedece
a una especie de “retaliación política” para debilitar la posición de EEUU en el hemisferio, co-
mo respuesta al interés norteamericano de construir un escudo antimisiles en Europa y por su
oposición, junto con la OTAN, a la intervención rusa en Georgia, incluyendo su respaldo a las
regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjasia. (“Aviación rusa asegura que bombarderos que
aterrizaron en Venezuela no llevaban armas nucleares”, 2008; “Preocupan maniobras militares
de Rusia y Venezuela en aguas del Atlántico”, 2008).
Vec inda r io a gitad o C olombia y Ve nezuela: e ntre la hermandad y la conf lic tividad
246 |
dólares de 2005 a 2007, y un nuevo crédito de compra por un valor de 1.000
millones adicionales (“Rusia recibe a Chávez con crédito de 1.000 millones
de dólares para comprar armas”, 2008), además de un acuerdo de trans-
ferencia tecnológica para desarrollar la industria militar venezolana. El
saldo en enumeración de aparatos es aproximadamente de 100.000 fusiles
Kalashnikov, 5.000 fusiles Dragunov de alta precisión, varios helicópteros
Mi-26, Mi-35 y Mi-17, 30 aviones Sukhoi, aviones caza MIG-29, entre tres y
cinco submarinos de misiles antibuque y vehículos blindados, incluyendo
del tipo para transporte de tropas BMP-3. Además, se prevé la construc-
ción de infraestructura costera para embarcaciones y sistemas antiaéreos.
Por último, el general Jesús González, Jefe del Comando Estratégico de la
Fuerza Armada Operacional de las Fuerzas Armadas venezolanas, anunció
en octubre de 2008 la compra de un lote de tanques rusos T-72 y de vehícu-
los blindados BMP 3, para reemplazar los MX-30 franceses y los Scorpion
ingleses. Todo esto es bastante, aun si no se mencionan las adquisiciones a
Bielorrusia y China; con este último se tiene un acuerdo para el lanzamiento
de un satélite propio, el “Simón Bolívar”, presupuestado para noviembre
de 2008. Finalmente, en el contexto del nuevo escenario de alianzas y del
rearme puesto en marcha por la Venezuela de Chávez, no se puede perder
de vista que Colombia es el principal objetivo geoestratégico del proyecto
que pretende revivir la idea bolivariana –interpretada, eso sí, a la manera
del caudillo venezolano– de reconstrucción de la Gran Colombia. En este
sentido, no se pueden minimizar el interés y las intenciones de Chávez de
inuir en la política interna colombiana y de contribuir a la desestabiliza-
ción de su gobierno (Romero, 2008, p.6).
La competencia inter-presidencial por el prestigio y la
inuencia: un juego de poder para explicar el fracaso del
acuerdo humanitario en 2008
Juego: “Mediación del Presidente Hugo Chávez en el canje de guerrilleros
presos de las FARC por secuestrados”.
En una abstracción muy general, los rasgos básicos del desarrollo de
la coyuntura de ruptura unilateral por parte del gobierno de Colombia con
respecto a la gestión de mediación de Venezuela, para el intercambio de gue-
rrilleros detenidos por secuestrados retenidos por las FARC, advierten un
escenario de interacciones muy semejante a un “juego de suma cero”, o de
competencia para “quedarse con todo”, tal como se le conoce en el enfoque
¿I r reve rsibilidad de la d eg radación de l as re la c i o ne s po lítico-diplomá tica s?
| 247
de análisis de elección racional. Los dos actores centrales son los gobiernos y
su manera de privilegiar intereses políticos, como la inuencia internacional
y el prestigio de sus posiciones políticas por encima del principio humani-
tario, permite vislumbrar un repartimiento competitivo de utilidad política
totalmente opuesto a un escenario de resultados altruistas como lo propone
la adecuada aplicación del Derecho Internacional Humanitario – DIH. En tal
caso, la reducción del sufrimiento de los civiles en medio del conicto –aquí
injustamente privados de su libertad–, y la búsqueda de la tranquilidad de las
familias víctimas de la ausencia y la incertidumbre, serían preferencias supe-
riores a todo distanciamiento ideológico entre las partes que interactúan.
Si se introduce un parámetro comparativo de utilidad que sea perse-
guido por los dos actores, en este caso el “poder”, entendido como capacidad
de inuencia sobre actores domésticos e internacionales, o como prestigio,
debe adherirse condicionalmente como una ganancia privilegiada por en-
cima de una “sub-utilidad” la liberación, bien sea de los secuestrados o de
los guerrilleros presos. Esto último representa un costo para el gobierno
colombiano y una sub-utilidad para Venezuela, como un gesto positivo hacia
las FARC. Se obtiene, así, una estructura decisional muy aproximada al
“juego de la torta” que se explicará a continuación.
Dos jugadores deben compartir un pastel de la forma más equitativa
posible –dígase, por ejemplo, que hacerlo así es propiciado por la presión de
la observación de otros–. Anticipando que el interés individual es el principio
rector de la repartición, se establece una regla: para evitar una apropiación
desproporcionada de uno en detrimento del otro, el actor que divide el pastel
no puede ser el mismo que elige las porciones. Consecuentemente, tenemos
a un actor que pone las condiciones iniciales del proceso de intercambio
humanitario o “parte la torta”, en este caso, el gobierno colombiano, y un
segundo actor que tiende a denir la evolución del proceso y sus resultados
o “administra las porciones” frente a los ojos de la comunidad internacio-
nal, esto es, el gobierno venezolano a través de la mediación. Al introducir el
criterio de utilidad anteriormente propuesto, puede esbozarse la estructura
de ganancias siguiente:
½: es la mitad del crédito, inuencia o prestigio que se pueden llevar los
actores al nal del juego si son cooperativos. Empero, como es impo-
sible que al mismo tiempo obtengan la misma percepción de apoyo,
popularidad, respaldo, aceptación, legitimidad –tomándolos como
sinónimos para “medir” lo que se gana en inuencia y prestigio–, se
Vec inda r io a gitad o C olombia y Ve nezuela: e ntre la hermandad y la conf lic tividad
248 |
debe proponer una fórmula sencilla para discriminar esa mínima
cuota (x) de más o de menos que se obtiene frente al otro actor, en
el caso de un éxito conjunto en el proceso de acuerdo humanitario.
Por consiguiente, se tienen dos “pagos”: ½ + x ó ½ - x. No obstante,
en la situación en la cual cualquiera de los actores se empecine en
ser inequitativo o no cooperativo, tratando de imponerse a n de
alcanzar un éxito cuasi unilateral, se generan dos resultados adicio-
nales, considerando que “la torta” sea dividida de tal forma que los
actores intenten quedarse con su mitad, más una mitad de lo que
le corresponde al otro: ¾ para quien impone su posición, y ¼ para
el que queda prácticamente subordinado o relegado del proceso de
la negociación para el canje. Cooperar con el otro (C) supone pre-
ferir el éxito conjunto del proceso, mientras que privilegiar el éxito
unilateral es una opción no cooperativa (NC).
Por tratarse de un juego secuencial, es decir, en el cual la estrategia
del segundo estará directamente determinada por la estrategia del
primero, la tendencia fuerte de los resultados favorecerá siempre
al que escoge. Si el primero actúa racionalmente al maximizar su
interés propio, será forzosamente equitativo al dividir o cooperativo,
porque intentará minimizar su pérdida o asegurarse el mayor trozo
posible que el actor que escoge le quiera dejar. Con mayor probabi-
lidad, el segundo jugador tomará siempre la parte más grande que
encuentre al compararlas, así sea tan sólo una migaja de más. En
términos de la propuesta de estudio, como el mediador difícilmente
obtendrá al nal una cuota menor de poder que el actor que dene
las condiciones de alcance, una actuación no cooperativa apenas
le arrancaría esa minúscula porción de mayor legitimidad ante to-
dos los agentes y medios observadores. Si el primer jugador se arries-
ga a ser codicioso, dividiendo en dos porciones muy desiguales, con
la esperanza vana de que el que escoge tomará la más pequeña y le
obsequiará la visiblemente más generosa, actuará irracionalmente.
Por la combinación más racional de estrategias, el resultado más
probable al nal y punto de equilibrio del juego será: (½ -x) para el
primero, y (½ + x) para el segundo.
Si se entiende que en cada par de resultados separados por la coma
la primera casilla le corresponde al que pone las condiciones para
el acuerdo humanitario o “divide la torta”, Colombia, y la segunda
¿I r reve rsibilidad de la d eg radación de l as re la c i o ne s po lítico-diplomá tica s?
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al que escoge o el mediador, Venezuela, la combinación posible de
resultados en matriz queda de la siguiente manera:
F .
V
C NC
C C½ - x , ½ + x ½ + x , ½ - x
NC ¼ , ¾ ¾ , ¼
Primer cuadrante: Colombia coopera y Venezuela coopera.
Segundo cuadrante: Colombia coopera y Venezuela no coopera.
Tercer cuadrante: Colombia no coopera y Venezuela sí coopera.
Cuarto cuadrante: Colombia no coopera y Venezuela tampoco.
Si se recuerda que los pagos son secuenciales y no simultáneos, y que no
se produce un mismo resultado cuantitativo para ambos al mismo tiempo,
la explicación política de las opciones puede brindarse así:
½ - x: Signica para el gobierno de Colombia cooperar con el mediador
preservando su imagen de estabilidad y continuidad en la estra-
tegia de seguridad, al relajar –no interrumpir– la hostilidad. Para
ello debe resguardar su capacidad de inuencia sobre los actores
domésticos, delimitando claramente el tiempo y la disposición del
área para el diálogo e intercambio. Sin embargo, encuentra que
debe ceder con más amplitud al despliegue de acciones y comuni-
caciones por parte de la mediación venezolana, tolerando incluso la
“espectacularidad” y cierto grado de “reivindicación política” del
trato preferente que otorga el gobierno Bolivariano a las FARC.
Para el Gobierno de Venezuela, tomar voluntariamente este pago
(cooperar menos con las FARC), o actuar por fuera del marco pre-
visto (no cooperar aunque el Gobierno colombiano brinde todas
las garantías), implica una autolimitación que le permite conservar
cierta exibilidad y amplitud para negociar condiciones, aunque
queda severamente restringida en el tratamiento al grupo insur-
gente, y limitada para expresarse, contactarse y publicar los avances
de los procedimientos.
Vec inda r io a gitad o C olombia y Ve nezuela: e ntre la hermandad y la conf lic tividad
25 0 |
½ + x: Al gobierno de Colombia le corresponde el pago cooperativo
más ventajoso, pero inviable por la realidad de la operatividad de
la mediación, puesto que una posición “repartidora” sin poder, con
baja autonomía, sin despliegue, sin anidad con el contradictor, es
presumiblemente desechable por el grupo insurgente. Supondría
mantener la sucesión de los golpes armados y de perturbación por
medio de la inteligencia militar para debilitar a las FARC –excep-
tuando un área acordonada muy reducida–, la exigencia crítica de
no reincidencia a los guerrilleros excarcelados, controlar la cober-
tura mediática para imposibilitar cualquier vocería pública de las
FARC y asegurar una estructura rígida de rendición de cuentas al
gobierno de Venezuela.
Como pago cooperativo más probable para el gobierno venezolano,
involucra ejercitar una mediación potentada que acepte un uso pru-
dencial y acotado de los canales avalados por el gobierno colombia-
no, teniendo acceso libre a plataformas comunicativas, autonomía
para convocar y reunirse con delegados de ambas partes y margen
de maniobrabilidad para responder ante retrasos y dilaciones. Todo
ello en corresponsabilidad con el gobierno de Colombia y garanti-
zando la optimización del tiempo y los recursos a su disposición.
¾: Para un Gobierno colombiano no cooperativo es la maximización
inequitativa –oculta o maniesta– de su esfera de poder para minar
los acuerdos alcanzados por el mediador y su añejo antagonista.
Expone una desconanza recurrente frente al proceso, apelación
a la amenaza de interrupción, oposición discursiva informal u o-
cial y deslegitimación al mediador. Adjunta una combinación de
estrategias de respaldo político en permanente sospecha y acorra-
lamiento/espionaje militar, que le permite anticiparse al fracaso del
proceso para adquirir un nuevo aliento, arreciar el combate frontal
e incrementar el respaldo en opinión, a n de privilegiar el rescate
militar de los secuestrados, sea armado o por engaño. Es el pago más
inverosímil y arriesgado, porque las ventajas tácticas que se pueden
lograr son insostenibles en el tiempo y aumentan la incertidumbre
en la reacción, tanto del mediador agraviado, como del antagonista
birlado –tal como se ha visto en los últimos atentados de las FARC–.
En el caso del gobierno Bolivariano, implica traspasar los límites
del mandato violentando el protocolo, realizando pactos impre-
vistos y promesas en las cuales no cuenta con la soberanía para
¿I r reve rsibilidad de la d eg radación de l as re la c i o ne s po lítico-diplomá tica s?
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decidir. Se trata de la búsqueda de prestigio político-ideológico que
incrementa su popularidad doméstica y el Good Will internacional
para sus proyectos, introduciendo, además, el elemento extraño de
una manifestación incontrolada de simpatía hacia una de las partes
–evidente con las FARC–.
Conjuntamente, desarrolla una combinación de estrategias y se re-
porta parcialmente ante el Gobierno Colombiano, pero gesta espa-
cios soterrados de negociación y compromete objetivos políticos
ajenos al principio humanitario. Logra, así, debilitar la posición doc-
trinaria en seguridad del ejecutivo de Colombia. Esto se produce al
traducir la doble presión (internacional y doméstica) de los países
en favor del canje y de las familias, ONGs de derechos humanos y
sectores críticos del enfoque de seguridad. Lo anterior, orientado
hacia condiciones que le permitan viabilizar el despeje militar, la
excarcelación incondicional de los subversivos detenidos adjudicán-
dose el crédito unilateral por los secuestrados libres, además de la
legitimidad permanente para incidir en asuntos ulteriores de política
interna de Colombia. Esto incluye la eventualidad muy discutida de
un proceso de paz.
¼: Para ambos actores es el resultado de disponer anticipadamente de
una estrategia de no cooperación, manteniendo intenciones dobles y
posiciones competitivas durante el proceso de mediación. Se enfren-
tan, así, a una disminución considerable del prestigio internacional
que tienen y una afectación ostensible a la solidez de sus planteamien-
tos políticos referidos al conicto armado interno causada por una
exibilización ideológica a regañadientes y llena de contradicciones.
Éste es el subproducto oscilante por la volatilidad del carácter de los
mandatarios –tal como se comprobaría más tarde en el caso real– y
signica ser prácticamente desconocido como agente relevante para
lograr la liberación de los secuestrados.
Al traducir el modelo a la práctica de los sucesos, lo que empezaba a
vislumbrarse como un escenario de mutua cooperación (C, C) en donde
–naturalmente y porque el equilibrio del juego tiende a ello– el gobierno
venezolano tomaba la ventaja en inuencia política, pronto se trasladó al
tercer escenario (NC, C) con la decisión unilateral del gobierno colombiano
de dar por nalizada la mediación del Gobierno venezolano. El hecho se
justicó en la “llamada imprudente” de Chávez a un General del Ejército
Vec inda r io a gitad o C olombia y Ve nezuela: e ntre la hermandad y la conf lic tividad
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de Colombia (“Chávez a Uribe: he sido traicionado”, 2008). Como se expone
en ese escenario, esto operó con más perjuicio para el gabinete colombiano
cuando Chávez aprovechó los contactos facilitados, las redes de apoyo y el
prestigio internacional creciente5 para continuar unilateralmente su gestión6.
Ésta tuvo como efecto inmediato la liberación unilateral, y aparentemente,
incondicionada de cuatro secuestrados en un gesto legitimador de las FARC.
Este tremendo desequilibrio, favorable al gobierno Bolivariano, tuvo corta
duración y sus propias decisiones políticas lo llevarían vertiginosamente hacia
el cuarto escenario (NC, NC). Es la etapa de reivindicación plena del gobier-
no colombiano, cuando salieron a la luz pública las intenciones del gobierno
venezolano de forzar la producción de una solución negociada al conicto
otorgando estatus de beligerancia a las FARC y solicitando su retiro de las
listas internacionales de terrorismo, así como la revelación de las reuniones
y comunicaciones irregulares sostenidas por funcionarios venezolanos, evi-
denciadas por la información incautada del operativo internacionalmente
violatorio contra alias “Raúl Reyes” en Ecuador.
Finalmente, y como puede comprobarse tras el éxito sonoro de la ope-
ración militar colombiana de liberación por engaño llamada “Jaque”, el
estado actual de los resultados (¾, ¼) cierra casi denitivamente la puerta
para una futura mediación para el acuerdo humanitario. Esto no sólo con
respecto a la participación de Venezuela o de cualquier otro país/actor apro-
bado por las FARC, sino también por causa de una cierta recuperación de la
credibilidad en las operaciones militares de rescate y la publicidad sobre lo-
gros de la doctrina colombiana de seguridad. La misma estructura del juego
evidencia que la realización de nuevos y numerosos “Jaque” es una cción,
y que la mediación internacional frente a dos actores políticos antagónicos
–el gobierno colombiano y las FARC– es una necesidad acuciante para las
víctimas y la comunidad internacional, mientras no exista de manera com-
probable una victoria militar denitiva para alguno de los bandos.
5 Esto se manifestó en el marco de la visita del canciller francés Koushner en febrero del 2008
(“Colombia: Francia cree que Chávez ‘puede jugar un papel importante’ ante las FARC”, 2008).
6 Según el Ministro del Interior de Venezuela, Ramón Rodríguez Chacín, son indudables los
múltiples encuentros que se realizaron entre el gobierno venezolano y las guerrillas de las FARC
y el ELN. (“Ministro del interior de Venezuela admitió que se reunió con jefes de las FARC y el
ELN”, 2008).
¿I r reve rsibilidad de la d eg radación de l as re la c i o ne s po lítico-diplomá tica s?
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Prospección de estructuras para un proceso de
resolución del conicto armado interno en Colombia
A partir de algunos de los elementos descritos en los segmentos anteriores,
se puede construir un croquis muy general, no estricto, para prever unos
escenarios de surgimiento de estructuras en alternativas políticas orientadas
a la culminación del conicto colombiano:
Estructura 1: Colombia excluye a Venezuela y terceros intereses políticos.
Lo continúa trabajando como un asunto exclusivamente interno, antepo-
niendo los intereses de su doctrina en seguridad para obligar a las FARC y al
ELN a ajustarse al marco de Justicia y Paz, casi sin condicionalidad. Además,
persiste en un tratamiento unilateral fronterizo o de débil coordinación con
las instituciones equivalentes de Venezuela. Alternativa: discutir un listado
de concesiones jurídico-político-sociales, pero dentro de la racionalidad de
aprovechar las plataformas existentes y la retroalimentación del proceso vi-
gente con las AUC para realizar ajustes. Problemas potenciales: prolongación
del desbordamiento de los resultados no esperados del proceso doméstico,
especialmente riesgosos para la estabilidad política interna venezolana (diás-
pora de la criminalidad y un nuevo tejido de redes de delito común/nar-
cotráco, mayor penetración ideológico-política de los elementos activos o
desmovilizados de las FARC en la sociedad y las instituciones de Venezuela,
e incremento de la presencia de excombatientes desde los estados fronterizos
más dinámicos económicamente –Zulia, Táchira, Apure– hacia el interior).
Así mismo, un papel desinteresado o poco colaborador de EEUU para efectos
de conceder legitimidad y apoyo económico al desarme, desmovilización y
reintegración – DDR de los guerrilleros, privilegiando su política de extradi-
ción y “no negociación con terroristas”, por encima de los acuerdos políticos
de los actores de la mesa.
Venezuela podría mantener una posición de incómoda irrupción tan-
gencial, argumentando que los impactos del conicto colombiano afectan
la esfera de su propia soberanía, y que las debilidades no subsanadas por el
DDR colombiano pueden ser corregidas por su gobierno. Esto puede ser “so-
lidariamente”, al proponer generosas concesiones y paquetes sociales a los
excombatientes, incluyendo la ciudadanía en calidad de “perseguidos polí-
ticos”; o bien militarmente; defendiendo que su interés no es unívocamente
político, sino también de resguardo en seguridad, por lo cual justica la ul-
terior compra de armamento y equipo, y el fortalecimiento de sus cuerpos
aéreos y terrestres para blindarse de los efectos transfronterizos de un enfoque
Vec inda r io a gitad o C olombia y Ve nezuela: e ntre la hermandad y la conf lic tividad
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de lucha contra el narcotráco, que no parece darse por terminado, haya o
no proceso de paz. Para ello se debe disuadir a Colombia de su proclividad a
implementar medidas generadoras de desbordamiento de efectos, como las
aspersiones con glifosato y una inoportuna incursión en su territorio. Para
evitar una apertura forzada de su política de no cooperación en las fronte-
ras desde la presión creciente de Washington, que lo conmina a plegarse a
los programas antinarcóticos y contraterroristas, Venezuela se cobija con el
manto de la nueva presencia de Rusia en la región, a partir de los acuerdos
energéticos, de compras militares, de desarrollo de industria militar nacional
y de aprendizaje por asistencia técnica y entrenamiento conjunto.
Estructura 2: el Gobierno colombiano toma la posibilidad de reconocer
en la aceptación política de los subversivos hacia el mandatario venezolano
y sus anidades ideológicas con el gobierno Bolivariano una puerta más
próxima que la delineada por una eventualidad de absoluta derrota mili-
tar. Además, reconoce su potencialidad para hacer sentar con conanza a
las FARC y el ELN a dialogar en la mesa, aprovechando el interés de algu-
nos países que podrían dar una mayor neutralidad al proceso de paz, como
Francia, Suiza, Alemania, Suecia. Alternativa: conformar una Comisión de
Facilitación y Mediación trilateral que acerque a los delegados especícos
de ambas partes –suponiendo que sea viable trabajar con las FARC y el ELN
como un actor compuesto–. Problemas potenciales: debilidad instrumental,
restricción comunicativa y estrecho margen de maniobrabilidad dado a la
mediación; gran probabilidad de dilatación del proceso de paz por parte de
exigencias políticamente intocables para la alianza EEUU-Colombia, tales
como la no extradición y el enfoque de lucha frontal policivo-militar contra
el narcotráco. Punto especialmente sensible: tensión prolongada con res-
pecto a la opción de abrir una consulta popular o una Asamblea Nacional
Constituyente, para introducir cambios profundos en el manejo económico
y nanciero, la reforma agraria y los márgenes de participación política a
excombatientes.
Estructura 3: Venezuela desconoce la capacidad del Gobierno de Co-
lombia para proponer una salida negociada sostenible, igual que ha sucedido
en coyunturas anteriores, y opta por intervenir más decididamente, a pesar
de la reprobación de Colombia. Por ello, estimula a uno de dos, o sendos
frentes de acción política, por presión, para obligar parcialmente a Bogotá a
interrumpir el cronograma de la Política de Consolidación y aceptar indirec-
tamente el estatus político para las FARC y el ELN. Si bien no lo puede hacer
por beligerancia, por tratarse de cuerpos armados irregulares debilitados
¿I r reve rsibilidad de la d eg radación de l as re la c i o ne s po lítico-diplomá tica s?
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y sin control vericable sobre zonas relevantes, al no lograr comprometer
seriamente la integridad territorial del Estado de Colombia, por lo menos
lo puede conseguir ganando el estatus de insurgencia como fuerza político-
militar estatalmente antagonista, activa y con capacidad de desestabilización.
Los frentes de presión para internacionalizar forzadamente la resolución del
conicto interno son:
A. Despliegue de poder como inuencia sobre los actores domésticos
de Colombia, para crear las condiciones internas de favorabilidad a
su gestión. Incluye la opción de movilizar recursos para asegurarse
fuentes de opinión, y, de modo muy perjudicial para el proyecto
político militar vigente, franjas de espaldarazo político a partir del
inujo ideológico-nanciero sobre grupos de interés y partidos po-
líticos de oposición a la actual administración.
B. Despliegue de poder como prestigio para enlazar legitimidad inter-
nacional. Uso y politización de las redes transnacionales de apoyo
a la salida negociada del conicto, canalización estratégica de la
opinión pública internacional y búsqueda de conexiones entre es-
tados para proponer una plataforma de trabajo exógeno semejante
al “Grupo Contadora”. Ello, a partir de la consolidación del imagi-
nario internacional del conicto colombiano y la doctrina actual
de seguridad interna como fuentes de amenaza para el hemisferio.
Ecuador –políticamente oscilante–, Honduras, Bolivia y Nicara-
gua, con el Presidente Daniel Ortega a la cabeza de los diálogos no
autorizados para negociar la paz en Colombia, se hallarían poten-
ciados por un respaldo político y económico de Venezuela. Ésta, a
su vez, decidiría lanzar su propuesta para intervenir en Colombia
sin miramientos frente a la JID y EEUU, gracias a los nuevos sú-
per socios China y Rusia tras de sí. Venezuela bien puede utilizar
su territorio para organizar la mesa, o el de Nicaragua, en caso de
que el gobierno colombiano insista en resistir a la presión colectiva
creciente. Factor de riesgo: en la viabilización de este panorama,
Colombia evitará una zona de desmilitarización a cualquier costo,
pues el asentamiento estratégico de las FARC en una porción de
territorio, así sea mínima, para un acuerdo humanitario o para un
proceso de paz, puede transformarse en un argumento poderoso
para que Venezuela declare beligerancia, e incluso para que imite
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la posición de Rusia de respaldo a intenciones separatistas, que por
el momento no son objetivo de las FARC.
Conclusiones
Las relaciones políticas bilaterales entre Colombia y Venezuela han arriba-
do a un punto crítico en el cual es posible examinar minuciosamente algu-
nos factores que bosquejan un estado de deterioramiento general. En algunas
áreas, tal situación invita a meditar acerca de una posible irreversibilidad que
no puede ser contrarrestada por espacios informales de encuentro, ni mani-
festaciones discursivas de buena voluntad para retomar, e incluso relanzar los
vínculos históricamente fraternales e interdependientes, pero en creciente y
acelerada tensión cíclica. Las contraposiciones políticas en el plano regional
y hemisférico convergen con los impactos nocivos dejados por la crisis trila-
teral Colombia-Venezuela-Ecuador (2007-2008), los recurrentes problemas
transfronterizos y el choque entre distintas doctrinas de seguridad de pro-
yectos político-militares, atravesados por rasgos autoritarios. Esto ha dejado
como balance preliminar:
a) Un mayor debilitamiento para las líneas tradicionales de consenso
internacional, por ejemplo el compromiso mutuo en la prevención,
control y represión del narcotráco, así como la resolución pacíca y
dialógica de las controversias en el marco interamericano. Además,
ha evidenciado fuentes de desagregación de intereses comunes para
una plataforma colectiva de defensa de la democracia.
b) Una mayor profundización de las líneas de divergencia política
referidas a la posición polarizada de ambos gobiernos frente a la
visión de EEUU sobre la lucha frontal contra el terrorismo inter-
nacional, el tratamiento para las FARC y el ELN, y la percepción
del desarrollo del fenómeno paramilitar.
c) Ambos gobiernos continuarán cargándose mutuamente con cuo-
tas de responsabilidad política en el escalamiento de los conictos
interno y bilateral, las cuales determinan que Colombia encuentre
en su vecino algo semejante a un “paraguas” para las FARC. Esto
ocurrirá mientras Venezuela señale las actuaciones del gobierno
colombiano como ambivalentes y causantes de desestabilización
regional y transfronteriza, particularmente en lo tocante a la po-
¿I r reve rsibilidad de la d eg radación de l as re la c i o ne s po lítico-diplomá tica s?
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tencialidad de las incursiones violatorias y el accionar creciente
de paramilitares rearmados o desmovilizados, en perjuicio de los
estados cercanos, como Zulia, Táchira, Apure y Amazonas.
d) En un contrapunteo entre las doctrinas de seguridad que fundamen-
tan los respectivos proyectos político-militares, pueden detectarse
atributos que contribuyen a explicar el aceleramiento de los ciclos de
conictividad bilateral. Se hallan similitudes, como la priorización
de los asuntos de defensa, la alta centralización y militarización de
la seguridad, la erosión de las instituciones y los procesos democrá-
ticos internos –sobre todo los controles–, una fuerte potenciación de
la gura presidencial correspondiente con un manejo más amplio
y discrecional de los temas de seguridad, la instrumentalización
política del credo de defensa para respaldar la popularidad domés-
tica y la legitimidad internacional, además de un fortalecimiento
notable de las capacidades de las FF.AA, en conjunción con una
dependencia más directa de los jefes de estado. En el espectro de
las diferencias propiciatorias de colisión política, se encuentran la
profunda divergencia en la naturaleza operativo-ideológica de las
FF.AA, la conceptualización contrapuesta de las amenazas para
congurar una idea global de “enemigo” y la vinculación de de-
niciones estratégicas, orientadas por componentes externamente
determinados, o ajenos a una especíca relación horizontal.
e) La limpieza de la operación “Jaque” trajo una pausa momentánea a la
conictividad bilateral, propiciada por el fracaso de la mediación del
Presidente Hugo Chávez en el acuerdo humanitario entre el gobierno
de Colombia y las FARC. Así mismo, fascinó a la prensa mundial
por sus nulos costos en términos de municiones usadas y vidas hu-
manas perdidas. No obstante, en el aire pululan interrogantes que
se cuelan como pinceladas tenues de una competencia inacabada
entre mandatarios por el prestigio de su imagen y la inuencia de
sus tesis políticas sobre actores domésticos e internacionales. Este
panorama podría envolver, en el futuro próximo, una posición más
aplicada de Venezuela para incidir en el canje y en una posibili-
dad de dar un viraje a la salida para el conicto armado interno de
Colombia, aprestando, de antemano, un caldo de cultivo para una
mayor degradación de las relaciones políticas, a partir de la actual
profundización de las líneas de divergencia y de la fuerte erosión de
los consensos internacionales, otrora bilateralmente compartidos.
Vec inda r io a gitad o C olombia y Ve nezuela: e ntre la hermandad y la conf lic tividad
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f) Una organización prospectiva y preliminar de algunas de las ca-
racterísticas denotadas en cada uno de los apartados para exa-
minar el estado de las relaciones puede proponer tres estructuras
generales de resolución al conicto armado interno de Colombia,
las cuales dan pie para plantear tres alternativas especulativas.
Primera: Venezuela es totalmente excluida por el empecinamiento
del gobierno colombiano en conducir a los subversivos a la derrota
militar o a la rendición casi incondicional, con algunas concesiones
jurídico-político-sociales. Esto deterioraría aún más las relaciones
bilaterales por el agravamiento de los efectos transfronterizos cau-
sados por el enfoque de combate policivo-militar al narcotráco y
la debilidad de un DDR ya problemático para el caso de las AUC.
Segunda: aceptar la conformación de una Comisión de Mediación
o similares, de la cual forme parte Venezuela, pero equilibrada
por la participación de países más neutrales, advirtiendo alta sen-
sibilidad para discutir la compleja realización de una Asamblea
Nacional Constituyente o consulta popular. Tercera: Venezuela
decide desconocer la soberanía de Colombia para alcanzar la paz
denitiva y opta por poner en marcha políticas de inuencia a los
actores domésticos y de prestigio internacional hacia una parodia
de “Grupo Contadora”, que cuente esencialmente con Ecuador y
los miembros del ALBA, con Nicaragua a la cabeza, desaando al
JID y a EEUU, dependiendo del grado de apoyo de Rusia y China.
Con relación a lo anterior, podemos señalar que el Gobierno venezolano
ha continuado con la estrategia –iniciada después del referéndum revocato-
rio de 2004– de consolidar su proyecto revolucionario y la conformación de
alianzas geopolíticas y estratégicas, avanzando paralelamente en un proceso
de ideologización de la estructura del servicio exterior. Dicha estrategia se
ha caracterizado por la participación presidencial en todas las acciones y
decisiones vinculadas a las relaciones internacionales, imprimiéndole a la
política exterior su sello personal. Es más,
la política exterior venezolana, petrodiplomacia más ALBA (Alternativa
Bolivariana para las Américas), es un elemento que más allá de la retórica
tiende a fragmentar y a dividir más que a unir a la región. Dos ejemplos:
la penetración de Irán en América Latina de manos de Venezuela pro-
voca resquemores en buena parte de las cancillerías latinoamericanas.
¿I r reve rsibilidad de la d eg radación de l as re la c i o ne s po lítico-diplomá tica s?
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Lo mismo se puede decir de su proceso de rearme. Al mismo tiempo, la
abierta injerencia en asuntos de terceros países, así como la nanciación
de opciones y grupos “bolivarianos” es otro factor a tener en cuenta.
(Malamud, 2008, p, 6)
En suma, la nueva arquitectura de la política exterior de Venezuela, li-
gada a la tesis de guerra asimétrica, la escalada armamentista y la estrategia
bélica para enfrentar la invasión, conforman una constelación de factores que,
en la medida en que se avance en las políticas del socialismo del siglo XXI,
pueden tener un efecto desestabilizador en la región, el cual podría impactar
directamente a Colombia (González, 2006, pp. 165-171).
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