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Sara Emilia Mata
Doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Investigadora indepen-
diente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Directora
del Centro Promocional de Investigaciones en Historia y Antropología (CEPIHA); directora de la
revista ANDES: Antropología e Historia y profesora titular de Historia argentina en la Universidad
Nacional de Salta. Ha compilado varios libros y ha publicado numerosos artículos científicos en
libros y revistas sobre historia colonial y los últimos años sobre la revolución y la guerra de
Independencia en Salta y el Alto Perú. Autora, entre otros títulos, de Tierra y poder en Salta. El noro-
este argentino en vísperas de la independencia, Diputación de Sevilla, 2000, y Los gauchos de Güemes. Guerra
de Independencia y conflicto social, Sudamericana, Buenos Aires, 2008.
Resumen
Con la muerte de Martín Miguel de Güemes
en junio de 1821 y la firma de un armisticio
entre las fuerzas realistas comandadas por
Antonio de Olañeta y los miembros de la elite
opositores a Güemes, se inicia en la provincia de
Salta un proceso de extrema conflictividad cuyos
principales protagonistas serán los hombres
movilizados en la lucha sostenida contra las
fuerzas realistas a partir de 1814 en la provin-
cia. Estos años difíciles serán analizados desde
una doble perspectiva que atienda tanto a las
relaciones políticas y de poder con Buenos Aires
y las provincias y estados vecinos, como a las
motivaciones de los sectores subalternos y las
aspiraciones políticas de los líderes políticos que
intermediaban las relaciones de poder entre ellos
con la elite salteña.
Fecha de recepción:
mayo de 2012
Fecha de aceptación:
enero de 2013
Palabras clave:
Insurgencia; conflicto social; poder; milicias; liderazgos.
Doctorate in History from the Universidad Nacional de La Plata. She is an independent resear-
cher at the CONICET. She is also the director of the Centro Promocional de Investigaciones en
Historia y Antropología (CEPIHA) and the director of the journal ANDES: Antropología e Historia,
and a tenured professor of Argentinian History at the Universidad Nacional de Salta. Mata has com-
piled several books and published numerous scientific articles in books and journals on colonial
history, and in recent years on the revolution and the war of independence in Salta and Alto Peru,
now Bolivia. She is the author, among other works, Tierra y poder en Salta. El noroeste argentino en
vísperas de la independencia, Diputación de Sevilla, 2000 and Los gauchos de Güemes. Guerra de
Independencia y conflicto social, Sudamericana, Buenos Aires, 2008.
Abstract
Following the death of Martín Miguel de
Güemes in June 1821 and the signing of an
armistice between the royalist forces led by
Antonio de Olañeta and the members of the
elite opposing Güemes, a process of extreme
conflict began in the Province of Salta, whose
main players were the men mobilized in the
region in the protracted struggle against the
royalist forces from 1814 onwards. Those diffi-
cult years will be analyzed from a double pers-
pective that addresses both the political and
power relations with Buenos Aires and the
neighboring provinces and states, and the moti-
vations of the subaltern sectors and political
aspirations of the political leaders who acted as
intermediaries for the power relations between
themselves and the Salta elite.
Final submission:
May 2012
Acceptance:
January 2013
Key words:
Insurgency; social conflict; power; militias; leaderships.
Conflict and Violence in Times of Crisis:
Salta (Argentina) in the Early Decades
of the 19th Century
Sara Emilia Mata
Secuencia [33] núm. 90, septiembre-diciembre 2014
Conflicto y violencia en tiempos de crisis.
Salta (Argentina) en las primeras décadas
del siglo XIX*
Sara Emilia Mata
...la práctica del caudillismo y su relación
con la formación del Estado –en Perú y
en toda América hispana– sólo puede
entenderse a través de un análisis cuida-
doso de la voluntad y los esfuerzos políti-
cos de las clases bajas y de sus relaciones
con los movimientos políticos regionales y
nacionales (Walker, 1999, p. 16).
INTRODUCCIÓN
La crisis de la monarquía española y la
invasión napoleónica a España de-
sencadenó, tanto en la península
como en los territorios hispanocolonia-
les, un proceso político y militar que pro-
pició la ruptura del vínculo colonial y la
formación a lo largo del siglo XIX de
nue-
vos Estados envueltos en la inestabilidad y
la violencia política. En América del Sur,
la guerra persistió más de dos décadas, y
su finalización inauguró un proceso de ex-
trema conflictividad en la cual sus princi-
pales protagonistas serán los hombres
movilizados en la lucha sostenida contra
las fuerzas realistas.
Estos años difíciles fueron interpre-
tados por la historiografía de fines del si-
glo XIX como consecuencia lógica del
desorden social generado por la guerra y
las pasiones políticas de caudillos locales
que atentaban contra las posibilidades de
lograr la tan ansiada organización “nacio-
nal” de los nuevos Estados resultantes de
la guerra. Frente a estas interpretaciones
canónicas es importante analizar esa con-
flictividad política observando la partici-
pación en ella de amplios sectores sociales
y su incidencia en la formación de los
Estados nacionales.
1
*
Esta investigación forma parte del Proyecto PIP
CONICET 0227 y CIUNSa 1893. Una versión prelimi-
nar fue presentada en el VIII Congreso de Etnohisto-
ria. La Etnohistoria más allá de las Etnias, celebrado
en Sucre (Bolivia) en el mes de Junio de 2011. Agra-
dezco los comentarios realizados en esa oportunidad
por Rossana Barragán, Ana Inés Punta y Sinclair
Thompson y a los efectuados luego por los evaluado-
res anónimos de la revista.
1
En el área andina los estudios sobre la conflicti-
vidad política han analizado preferentemente la difícil
relación entre las comunidades indígenas y las nuevas
fuerzas políticas que buscaban consolidar un poder
estatal. La bibliografía sobre esta problemática es muy
amplia, entre ella merecen señalarse los aportes de
Fisher (2004); Aguirre y Walker (1990); Platt (1990);
Larson (2002); Pérez (2003); Irurozqui (2003); Iru-
rozqui (2000); Méndez (2005); Escobar Ohmstede y
Falcón (2002). Florencia Mallon ha realizado un inte-
resante estudio comparativo entre México y Perú
34 SARA EMILIA MATA
En esta oportunidad intentaremos
abordar la violencia política y social que
tuvo lugar en la provincia de Salta al con-
cluir la guerra sostenida contra los realis-
tas entre los años 1812 y 1821. Si bien
tanto la historiografía argentina como la
boliviana han presentado el proceso de
independencia fragmentando la jurisdic-
ción de Charcas de las Provincias Unidas
del Río de la Plata, y por ende de la pro-
vincia de Salta, es preciso recuperar la uni-
dad de un espacio que no sólo compartía
en la colonia fuertes intereses económicos y
estrechos lazos familiares, sino que, luego
de creada la Junta de Gobierno en Buenos
Aires, enfrentó una tenaz resistencia a las
fuerzas realistas. La insurrección social y
la movilización que animó y sostuvo con
éxito esa resistencia en Salta se inscribe
con caracteres propios en el contexto de
la guerra altoperuana cuyo escenario fue,
durante más de una década, además de las
jurisdicciones de Salta y Jujuy, las de Tari-
ja, Tupiza, Oruro y Cochabamba.
2
La gue-
rra en Salta y Jujuy concluyó en 1821,
unos años antes de que en el Alto Perú,
con la muerte de Martín Miguel de Güe-
mes, gobernador de la provincia y jefe de
la resistencia militar a las avanzadas realis-
tas desde 1814. A partir de ese momento
las guerrillas altoperuanas perdieron la
vinculación que, en tiempos de Güemes,
poseían con la provincia de Salta, y se pos-
tergó la organización de fuerzas militares
para avanzar sobre el Alto Perú con el fin
de prestar apoyo a San Martín en Perú
(Mata de López, 2008, pp. 200-201).
La paz social, a la que aspiraban quie-
nes propiciaron la muerte de Güemes y
la firma del armisticio con los realistas en
1821, sería difícil de alcanzar, ya que no
resultaría sencillo desmovilizar a los hom-
bres armados que integraban las milicias,
problema este, por otra parte, presente en
todos los territorios de la América del Sur
pertenecientes a la monarquía española,
una vez finalizada la guerra (Lofstron,
1983; Bravo, 2008; Meisel, 2000).
Por el contrario, las milicias serán pro-
tagonistas de varias asonadas militares en
el contexto de una descarnada lucha por el
poder político y militar. Abordar estos mo-
mentos
de crisis y conflicto presupone in-
dagar en torno a las alianzas, negociaciones
y motivaciones de quienes participaron e
impulsaron estas asonadas militares a fin
de intentar comprender la compleja heren-
cia social y política legada por el proceso
de independencia luego de una década de
movilización militar. Las disputas faccio-
sas de la elite y sus lineamientos, alianzas
y enfrentamientos políticos con los gober-
nadores de las provincias vecinas enfren-
tando la pulverización del poder centra-
lizado en Buenos Aires,
3
atentarán contra
(Mallon, 2003). En la argentina los estudios sobre las
luchas políticas y la participación en ella de amplios
sectores sociales han revisado el concepto de caudillo
como categoría analítica y su aplicación en la conflic-
tividad política del siglo XIX, entre los últimos y más
importantes trabajos publicados podemos mencionar
a Goldman y Salvatore (1998); Fuente (2007); Frad-
kin (2006); Di Meglio (2009) y Zubizarrieta (2011).
2
A los clásicos trabajos sobre las guerrillas alto-
peruanas de Arnade (1964), Roca (1984) y Arze Agui-
rre (1979) se han sumado, desde nuevas perspectivas
teóricas, los importantes aportes de Soux (2010).
3
La crisis del Directorio en Buenos Aires, luego
de la sanción de la Constitución de 1819 que esta-
blecía un gobierno fuertemente centralizado y habi-
litaba la posibilidad de una monarquía para las
Provincias Unidas del Río de la Plata, tuvo como
detonante a la sublevación del Ejercito Auxiliar del
Norte en Arequito, provincia de Santa Fe, desplazado
desde Tucumán por orden del director supremo José
el “orden social” anhelado, ya que una elite
enfrentada deberá negociar apoyo militar
y político con los hombres movilizados y
sus jefes.
Estas negociaciones no se encuentran
explicitadas y no existe, sobre el periodo,
una literatura que nos advierta acerca de
los términos de las mismas. Las fuentes
son asimismo parcas en información, y fue
preciso recurrir a expedientes judiciales,
archivos notariales, papeles de gobierno y
correspondencia oficial y privada para
intentar reconstruir las redes relacionales
y las vinculaciones a diferentes proyectos
políticos. Mayor dificultad plantea, sin
embargo, interpretar las prácticas polí-
ticas de los sectores subalternos
4
en razón
de la opacidad de los datos con los cuales
contamos y la diversidad étnica y cultural
de los actores involucrados en un territo-
rio extenso y fuertemente diferenciado. Se
impone así identificar a quienes detenta-
ban el poder de las milicias, pues de ellos
dependerá el éxito o el fracaso de las me-
didas adoptadas con la finalidad de disci-
plinarlas.
LOS HOMBRES SE MOVILIZAN.
LA INSURRECCIÓN RURAL EN SALTA
Una de las primeras medidas adoptadas
por la Junta de Gobierno instalada en
Buenos Aires en 1810 fue organizar un
ejército destinado a lograr el reconoci-
miento a su autoridad en aquellas provin-
cias que se manifestaban renuentes o fran-
camente opositoras, tales son los casos de
las ciudades del Alto Perú que, al conocer
las novedades de Buenos Aires, solicita-
ron al virrey del Perú retornar a la juris-
dicción de dicho virreinato. Ese ejército
con el nombre de Auxiliar del Perú se
incorporó a las milicias de Buenos Aires,
organizadas en ocasión de la reconquista y
por ende mejor entrenadas (Halperin
Donghi, 1978, p. 141), y en su tránsito
hacia el Alto Perú requirió la incorpora-
ción de hombres reclutados en las juris-
dicciones de las ciudades del interior del
virreinato, entre ellas Salta y Jujuy. En
Salta, el ejército organizado por Buenos
Aires no logró una entusiasta adhesión en
la población urbana y rural (Paz, 2000,
t. 1, p. 79), más allá de la incorporación de
un mayor número de hombres en las mili-
cias regladas ya existentes
5
y la creación
CONFLICTO Y VIOLENCIA EN TIEMPOS DE CRISIS 35
Rondeau para enfrentar a Artigas y a las provincias del
litoral que resistían la invasión portuguesa en la Banda
Oriental del Uruguay con la finalidad de aplastar la
rebeldía de estas provincias a la autoridad de Buenos
Aires (Halperin Donghi, 1980, pp. 199-200).
4
Entendemos por subalternos a todos aquellos
sectores sociales que se encuentran excluidos de los
grupos de poder “expresado en términos de clase,
casta, edad, género, ocupación o en cualquier otra
forma”, los cuales poseen conciencia política y cuyo
accionar se inscribe en la dinámica política de la socie-
dad en su conjunto. Tal como propone Ranajait Guha,
interesa que la “subalternidad funcione como medida
de valoración objetiva del papel de la elite así como
de crítica a las interpretaciones elitistas de ese papel”
(Guha, 1997, p. 24).
5
Las milicias regladas se establecieron en Salta en
1803 de acuerdo al “Real Reglamento de Milicias
Disciplinadas de Infantería y Caballería del Virreinato
de Buenos Aires”, sancionado en Buenos Aires en
1801. El art. 8 establecía para la provincia de Salta un
Regimiento de Caballería con “cuatro escuadrones
para la defensa de su frontera, compuesto de la capi-
tal y ciudad de Jujui con sus poblaciones dependien-
tes y su fuerza será de mil doscientas plazas, con el
nombre de Voluntarios de Caballería de Salta”.
Estaban sujetos a su incorporación los hombres desde
la edad de 16 hasta 45 años, exceptuándose a los
dependientes de comercio y artesanos con el fin de
no perjudicar la actividad económica local. Los mili-
36 SARA EMILIA MATA
de nuevas milicias urbanas como los Cí-
vicos, integradas por miembros de la elite,
y la de Pardos y Morenos.
La leva con destino al ejército se eje-
cutó mayoritariamente sobre aquellos con-
siderados “vagos” o sin ocupación fija,
hombres solteros y en la mayoría de los
casos considerados potencialmente “pe-
ligrosos”, al igual que en otras jurisdic-
ciones del ex virreinato (Mata de López,
2009, pp. 283-284). La primera ocupación
realista en la ciudad, concretada en agosto
de 1812, puso de manifiesto la adhesión
a la causa del rey presente en buena parte
del vecindario “decente” de la ciudad y la
indiferencia de la mayoría de la población
rural y de la “plebe”
6
urbana. La lucha
contra la ocupación sólo fue alentada por
algunos pocos vecinos y por la elite revo-
lucionaria exiliada en Tucumán, con el
apoyo de algunos grupos milicianos de la
frontera y el valle de Lerma. Es posible
observar en estos meses que duró la ocu-
pación, y especialmente en la colabora-
ción prestada por las milicias, la construc-
ción de liderazgos que luego habrán de
gravitar en el proceso insurreccional que
protagonizará la población rural a partir de
1814, y en particular desde 1815 con la
conducción de Martín Miguel de Güemes.
En efecto, será durante el auxilio pres-
tado al Ejército Auxiliar al mando de Ma-
nuel Belgrano y en la posterior batalla
librada a las puertas de la ciudad de Salta
y favorable a la causa de Buenos Aires en
febrero de 1813, cuando surgirán lideraz-
gos políticos y militares que habrán de
mantener protagonismo en el transcurso
de la guerra y en los años que sucedieron
a esta. De cualquier modo, será en 1814,
en el transcurso de la segunda ocupación
realista, que la estrategia de la guerra de
montaña o “guerrilla” se implementará
en el territorio salteño por iniciativa y con-
sejo de Manuel Dorrego, en esos momen-
tos oficial del Ejército Auxiliar.
7
Los res-
ponsables de organizarlas serán Martín
Miguel de Güemes, oficial del Ejército
Auxiliar, y Apolinario Saravia, capitán de
milicias, ambos naturales de Salta.
La decisión de organizar el hostiga-
miento al Ejército Real del Perú implicó
simultáneamente la tarea de incitar a tra-
vés de los jefes de las milicias de Salta la
participación de los pobladores rurales,
particularmente en el valle de Lerma y en
la frontera sureste, próximos a la jurisdic-
cianos gozaban de fuero militar mientras estuvieran
de servicio activo.
6
El término “plebe” será empleado en el artícu-
lo recuperando la denominación utilizada en las
fuentes para referirse principalmente a las castas y en
menor medida a los indios y mestizos sin ocupacio-
nes fijas y potencialmente peligrosas para el orden
social. Si bien en la colonia se refería particularmente
a la población urbana, fue también utilizada para des-
calificar a los milicianos rurales al organizarse las mili-
cias regladas en 1803. De allí la mención despectiva
de “plebe miliciana”, “plebe armada” o “plebe inso-
lente” a la cual hacen referencia los miembros de la
elite al denunciar los atropellos y excesos cometidos
por estos hombres armados y protegidos por sus jefes
y el fuero militar.
7
Oficio de José de San Martín a Manuel Dorrego
y Oficio de Manuel Dorrego a José de San Martín.
Ejército Auxiliar del Perú, 1814. Sala X-3.10.7.
Archivo General de la Nación (AGN), Argentina.
Sostenía Dorrego la inutilidad y riesgo que signifi-
caría avanzar el Ejército Auxiliar en territorio salteño.
Por el contrario consideraba más útil organizar con
unos pocos milicianos a los paisanos de la campaña sal-
teña y sorprender a las partidas realistas que se despla-
zaban en búsqueda de ganado y bastimentos. De esta
manera propuso una estrategia similar a la que esta-
ban llevando a cabo las guerrillas en el Alto Perú.
CONFLICTO Y VIOLENCIA EN TIEMPOS DE CRISIS 37
ción de Tucumán. El apoyo brindado por
los propietarios de tierras será importante
para sumar hombres a las milicias, espe-
cialmente en la frontera donde se instaló
la avanzada del Ejército Auxiliar al mando
de Martín Miguel de Güemes. Los hom-
bres fueron reunidos y convocados a par-
tir de vínculos que incluían amistad y
compadrazgo así como probablemente
también coacción derivada de relaciones
asimétricas. Fue sin embargo en el valle
de Lerma donde la movilización militar
adquiriría mayor relevancia, favorecida
por las incursiones realizadas por partidas
realistas con la finalidad de obtener gana-
dos y bastimentos para la subsistencia de
las tropas que ocupaban la ciudad. Las
principales víctimas de este saqueo y con-
fiscación de ganados y víveres fueron
arrenderos, agregados y medianos propie-
tarios. Esta circunstancia fue hábilmente
aprovechada por algunos jefes de mili-
cias y simpatizantes de la revolución para
reunir hombres voluntarios dispuestos
a sumarse a las milicias que operaban
clandestinamente en el valle de Lerma,
enfrentando con éxito a las partidas rea-
listas, recuperando el ganado secuestrado
y obligándolas a retornar a la ciudad de
Salta. En efecto, los partes militares eleva-
dos por el jefe de la milicia que operaba en
el sur del valle de Lerma dan cuenta de
esta enérgica participación campesina.
8
El levantamiento de la población rural
cercó a la ciudad de Salta impidiendo su
abastecimiento. Sin posibilidades para
mantenerse, el ejército realista se retiró
hacia el Alto Perú, en tanto que Martín
Miguel de Güemes, gracias a su habili-
dad para negociar favores y protección con
los referentes locales que hacían posible
la movilización militar, construyó las bases
de su poder político y militar (Mata de
López, 2002, pp. 126-130). Para ello
emprendió rápidamente y contrariando
las órdenes del general Rondeau, a cargo
del Ejército Auxiliar y de las autoridades
de Buenos Aires, la organización de las
milicias provinciales incluyendo entre sus
filas sin ninguna diferenciación a escla-
vos, mestizos, mulatos e indios. Los Escua-
drones Gauchos,
9
denominación que
reci-
bieron estas milicias provinciales, gozaron
de fuero militar, y sus integrantes conta-
ron con la protección de Güemes, quien
intercedió frente a los propietarios rura-
les para eximirlos del pago de arriendos y
prestaciones de servicio. Se conservaron
las comandancias de frontera organizadas
en el periodo colonial, con cuyos jefes
Güemes mantuvo una relación no exenta
de conflictos, a la vez que procedió a orga-
nizar cuerpos de línea en los cuales se
incorporaron oficiales pertenecientes al
Ejército Auxiliar del Perú luego de ser
derrotado en noviembre de 1815 en Sipe
Sipe.
10
8
Oficio de Apolinario Saravia a San Martín,
Guachipas, marzo 25 de 1814; Parte de Güemes a
San Martín, Campamento del Campo de Velarde y
marzo 29 de 1814; Oficio de San Martín al Director
Supremo, Tucumán y abril 1 de 1814 (Güemes,
1979, t. 2, pp. 91-95).
9
Los “paisanos en armas” fueron nombrados
“gauchos” por José de San Martín al iniciarse la resis-
tencia a las partidas realistas, probablemente por com-
pararlos con los gauchos del litoral con quienes
compartían las mismas habilidades ecuestres.
10
Las fuerzas militares organizadas por Güemes
estaban compuestas por cuerpos militares propia-
mente dichos, a saber, el de artillería y el de caballe-
ría (Regimiento de Infernales, Partidas Veteranas,
Coraceros, Partidas Auxiliares, Granaderos) y los
escuadrones de gauchos pertenecientes a la jurisdic-
ción de Salta, de la Frontera del Rosario, del Valle de
38 SARA EMILIA MATA
Pero serán precisamente los Escuadro-
nes Gauchos quienes tendrán un papel
central en el enfrenamiento y rechazo de
las invasiones realistas que se sucederán
entre 1816 y 1822, ya que en 1818, sobre
un total de 6 610 hombres, tan sólo 551
pertenecían a los cuerpos de línea, mien-
tras que los Escuadrones Gauchos suma-
ban 4 888.
11
De ellos, más de la mitad
integraban los Escuadrones del Valle de
Lerma, lo cual permite suponer que entre
ellos se encontraban hombres proceden-
tes de otras jurisdicciones, incluyendo
altoperuanos que llegaron con el Ejército
Auxiliar en retirada en 1815.
En relación con esta movilización
rural, cuya finalidad fue contener y recha-
zar las frecuentes ocupaciones realistas que
hasta 1821 y 1822 sufriera la provincia,
hemos sostenido la hipótesis de que la
misma expresó expectativas y reivindica-
ciones sociales y económicas de la pobla-
ción rural, entre ellas el interés por ocupar
tierras ignorando el derecho a la propiedad
y, por ende, las obligaciones con el pro-
pietario. No resultará casual que en el valle
de Lerma, donde a fines de la colonia el
conflicto en torno a la tierra se manifestó
con mayor intensidad, la movilización de-
satada por la guerra de Independencia
derivase luego en una insurrección genera-
lizada (Mata de López, 1999, pp. 155-156).
Si bien en diferentes regiones del extenso
territorio provincial los intereses pudieron
variar, es indudable que la militarización y
el goce del fuero militar permanente para
los milicianos resultaron para la elite
pro-
pietaria un abierto desafío al “orden social”,
agitando el temor a una “plebe” peligrosa
que atentaba contra sus prerrogativas y
privilegios de clase.
A la importancia que tenía el acceso a
la tierra entre las motivaciones que impul-
saron la insurrección en el tiempo incor-
porándola en la guerra de Independencia,
es preciso considerar otros aspectos tales
como el reconocimiento social, las posi-
bilidades de ascenso social y económico y
fundamentalmente la experiencia vital de
protagonismo en el destino personal y
colectivo. Es conveniente asimismo pre-
guntarse acerca de la relevancia que, en
estos movimientos sociales, tuvieron los
imaginarios andinos de retorno del Inca
al poder, la manifiesta violencia hacia los
españoles y criollos identificados como
los opresores y el sentimiento de pertenen-
cia a una “patria” de la cual era posible
esperar el reconocimiento de derechos en
relación con el acceso a recursos (por ejem-
plo la tierra), el goce de fueros y privile-
gios o la abolición de impuestos o gabelas
considerados injustos. Es decir, aspiracio-
nes sociales y políticas que poco tenían
que ver con las declaraciones políticas de
la elite revolucionaria, y mucho menos
con los postulados liberales de la época.
El proceso revolucionario no sólo ofre-
ció oportunidades individuales a sujetos
de diversa extracción social sino que favo-
reció el planteamiento de reivindicaciones
colectivas de los sectores subalternos que
llevaron adelante sin enunciarlo, pero sí
de manera directa, un proyecto político.
En el caso específico de la insurgencia
rural en el valle de Lerma, se insinuó una
reforma agraria, ya que dejaron de pagar
arriendos, de prestar servicios personales y
de conchabarse como peones, y ocuparon
tierras en las principales propiedades rura-
Cachi, de Jujuy, de la Quebrada de Humahuaca, y
en un solo escuadrón los gauchos de Orán, Santa
Victoria, San Andrés y la Puna.
11
Milicias de Salta al mando del general Güemes
(Güemes, 1979, t. 8, pp. 22-43).
CONFLICTO Y VIOLENCIA EN TIEMPOS DE CRISIS 39
les del valle. Los esclavos que integraban
los escuadrones gauchos, muchos de ellos
incorporados voluntariamente sin autori-
zación de sus amos, abrigaban por su parte
otras aspiraciones, y la principal de ellas
era la libertad, ya que tal como expresaba
uno de ellos en una carta dirigida a Martín
Miguel de Güemes, no era posible que un
gaucho fuera esclavo cuando luchaba por
la libertad de todos sus hermanos.
12
En
la medida en que patria y libertad se pre-
sentaban para ellos estrechamente unidas
e interdependientes, ya que no era posi-
ble la patria sin la libertad, es probable
que la patria por la que luchaban fuera
concebida como un orden social más justo.
La prolongación de la guerra, y la perma-
nente invocación a la libertad de la patria,
contribuyó de esta manera a configurar
un proyecto político que respondía a sus
expectativas sociales y económicas.
Nos parece interesante enunciar como
hipótesis que es posible encontrar ese pro-
yecto político, con sus matices y diferen-
cias, en las movilizaciones rurales que
tuvieron lugar en los años siguientes al
finalizar la guerra en Salta, alentadas por
las luchas facciosas de la elite. Enfrentamos
así dos problemas complejos, los cuales
son, por un lado, encontrar evidencias de
que esas expectativas continuaban vigen-
tes en las milicias, o en parte de ellas,
en los levantamientos que protagonizaron
luego de la muerte de Güemes y, por otro,
interpretar sus vinculaciones con los
proyectos políticos de la elite dirimidos
fundamentalmente en torno a la construc-
ción de poder en la provincia y en la rela-
ción con Buenos Aires y las provincias alto
peruanas.
Estas movilizaciones, que entre 1821
y 1822 se expresaron en varios y sucesi-
vos motines y levantamientos, generaron
una tensión entre el “orden social”, recla-
mado por la elite, y la negociación que la
lucha por el poder imponía a la elite con
las milicias y sus líderes. No habría de
resultar sencillo restablecer el orden social
previo a la revolución y la guerra después
de que un porcentaje considerable de la
población tomara conciencia del poder
adquirido en su lucha contra los realistas.
Una de las razones que llevó a la elite de
Salta a tramar la destitución primero y
luego la muerte de Martín Miguel de
Güemes fue la posibilidad de contener
ese poder creciente y peligroso de la “ple-
be armada”, con la cual Güemes se veía
obligado a negociar mayores beneficios
como consecuencia de la prolongación de
la guerra y las dificultades económicas
para sostenerla. Pero una vez concluida la
guerra, gracias a la firma de un armisticio
con el general realista Pedro Antonio de
Olañeta, comprendieron rápidamente que
restablecer el orden alterado no sería una
empresa fácil.
La formación de la Junta de Repre-
sentantes, la elaboración de un reglamento
y la implementación de elecciones gene-
rales, demostraron aún con mayor clari-
dad las dificultades para restablecer la “paz
social” frente a una población urbana
y rural organizada militarmente (Mar-
chionni, 2005). La disolución en 1821 del
cuerpo militar de línea Los Infernales,
creado por Güemes en 1815, y el nuevo
Reglamento de Milicias establecido por
Arenales en 1824, que reducía el número
de milicianos, establecía condiciones para
su incorporación y limitaba el fuero mili-
12
Solicitud de Tiburcio Tineo y de Silvestre del
mismo apelativo. Enero 29 de 1821. Fondo de Go-
bierno. Caja 42, carpeta 1552. Archivo y Biblioteca
Históricos de Salta (ABHS), Argentina.
40 SARA EMILIA MATA
tar,
13
no obtuvieron tampoco mayores
resultados, ya que aun cuando contribuye-
ron al debilitamiento de las milicias, no
lograron controlar la movilización rural
que se expresaría igualmente por fuera de
las estructuras militares.
Contrariamente a lo sostenido hace ya
varias décadas por Tulio Halperin Donghi
(1980), para quien luego de la muerte de
Martín Miguel de Güemes “se afirma la
reconciliación entre las grandes familias
[gracias a la cual]la aristocracia retoma su
predominio sobre una plebe desencantada
de los resultados de la experiencia polí-
tica dirigida por Güemes” (p. 201), nos
parece pertinente preguntarnos si la
muerte de Güemes significó, en lo inme-
diato, la derrota de un proyecto político en
el cual se conjugaban mayores derechos
políticos, económicos y sociales para una
“plebe”, que al menos por unos años,
no parece demasiado “desencantada” de
la propuesta política ensayada por ella en
tiempos de Güemes.
MILITARIZACIÓN Y ORDEN SOCIAL
Desde los inicios de la movilización de la
población rural y después de las alabanzas
vertidas por el Cabildo de Salta ensalzando
el valor y heroísmo de los “gauchos” una
vez retirados los realistas en octubre de
1814, comenzaron los conflictos entre las
milicias y el ejército de Buenos Aires, con-
flictos de los cuales participaron también
algunos miembros de la elite de Salta y
el Cabildo de Jujuy, temerosos del poder
creciente de Martín Miguel de Güemes y
ansiosos por retirar a las milicias el goce
del fuero militar permanente, percibido
como la fuente de todos los desmanes y
abusos cometidos por la “plebe miliciana”.
Las negociaciones establecidas por Güemes
con jefes locales capaces de movilizar, fruto
de su habilidad política, resultarían difí-
ciles de conservar a lo largo de los siete
años que duró su liderazgo. La falta de
recursos y las dificultades para mantener
la disciplina entre los hombres armados,
condimentada por los rencores albergados
por mestizos, indios, mulatos y negros ha-
cia la elite propietaria, fue dando paso al
enfrentamiento cada vez más intenso, ha-
cia una “guerra de castas”. En estas cir-
cunstancias resultó para Güemes cada vez
más difícil contener los desmanes de los
“valientes gauchos” y conservar las lealta-
des de las jefaturas intermedias, a la vez
que el descontento de la elite con su ges-
tión se agudizaba frente a la presión cada
vez mayor ejercida por el gobernador para
obtener préstamos de dinero y aprovisio-
namiento para el ejército.
En 1817 y 1820 Güemes enfrentó
sendos atentados contra su gobierno y su
vida, en los cuales participaron integran-
tes de las milicias y de los cuerpos de línea
creados por él. En 1821, y luego de un
intento frustrado, la conspiración tuvo
éxito, aunque para ello fue necesario recu-
rrir a las fuerzas realistas. A finales de
mayo de 1821, aprovechando la ausencia
de Martín Güemes, en campaña militar
contra el gobernador de Tucumán,
14
el
13
En relación con el impacto del Reglamento
de Milicias en la jurisdicción de Jujuy véase Paz
(2008, pp. 217-219).
14
A instancias de San Martín, Güemes comenzó
a prepararse militarmente para avanzar sobre el Alto
Perú. Ante la ausencia de un poder central que asu-
miera los costos de la expedición o brindara ayuda
para sumar hombres y pertrechos, solicitó colabora-
ción a las provincias vecinas. El conflicto latente desde
CONFLICTO Y VIOLENCIA EN TIEMPOS DE CRISIS 41
Cabildo de Salta lo destituyó.
15
Leyendo
con detenimiento el oficio del Cabildo
dirigido a Güemes informando la deci-
sión tomada por esa corporación el día
anterior y los duros términos en que se
dirigen a él, no cabe duda de que más allá
del rencor contra su gobierno, evaluaron
contar con un apoyo considerable de las
milicias y de los cuerpos de línea provin-
ciales. Es por ello que no dudaron en
requerirle “a nombre del pueblo, tropas y
jefes militares, que suscribieron la expre-
sada acta, el cese total en el mando”.
16
¿Quiénes fueron los jefes militares que fir-
maron el acta del Cabildo? Imposible
saberlo con certeza, ya que sólo constan
en ella las firmas de los cabildantes, pero
es posible suponerlo a la luz de las alian-
zas posteriormente evidenciadas.
17
Más
importante es analizar primero qué suce-
dió con las fuerzas militares a las cuales
suponían adictas y que defeccionaron antes
de enfrentar militarmente a Güemes. Si
bien el relato historiográfico local atribuye
a su carisma este desenlace, ya que “todo
fue escuchar su voz que sentirse aquellos
hombres avasallados, desarmados, aver-
gonzados de su actitud presente, para pro-
rrumpir luego enseguida en una aclama-
ción general, y vivándolo con entusiasmo
delirante y pasándose todos a sus filas”
(Frías, 1973, t. 5, p. 68), es posible supo-
ner otras razones.
En primer lugar es evidente que entre
los jefes militares que se comprometieron
a apoyar al Cabildo se encontraban aque-
llos que habían participado en conspiracio-
nes anteriores.
18
Otros, pertenecientes al
vecindario “decente” se sumaron en esta
oportunidad a la conspiración. Es indu-
dable, sin embargo, que la adhesión de
estos jefes no garantizó en modo alguno el
éxito de la empresa. Es plausible conjetu-
rar que no tenían suficiente poder sobre
los sargentos y gauchos que integraban
sus milicias y que las negociaciones de
estos con Güemes definieron el resultado.
Es asimismo importante considerar la leal-
tad de los cuadros militares que acompa-
ñaban al gobernador y que, a pesar de las
derrotas sufridas en Tucumán, resultarían
suficientes para enfrentarlos y vencerlos y,
hacía tiempo con Tucumán, se agudizó y llevó a un
enfrentamiento militar con el gobernador Bernabé
Aráoz. Entre quienes enfrentaron a Güemes aliados
con el gobernador tucumano se encontraba Manuel
Eduardo Arias, un importante e influyente jefe de las
milicias salteñas, comandante en Orán y en Huma-
huaca.
15
Los Cabildos de Salta y de Jujuy habían man-
tenido una relación tensa con el gobernador Güemes,
particularmente por la extensión del fuero militar a los
milicianos y los constantes empréstitos y confiscacio-
nes a los cuales sometía a los principales propietarios
y comerciantes de la provincia. Institución colonial
y centro del poder local, con la revolución adquirió,
en algunas circunstancias, atribuciones políticas iné-
ditas. En 1815 fue el Cabildo de Salta quien en un ac-
to de autonomía respecto a Buenos Aires, designó a
Martín Miguel de Güemes gobernador de la provin-
cia, designación que fue resistida por el Cabildo de
Jujuy, quien sintió avasallados sus derechos. Desde
el momento mismo de la revolución fue el Cabildo la
institución que se esforzó por conservar atribuciones
políticas y fiscales frente a los jefes militares porte-
ños, inaugurando así el enfrentamiento entre el poder
local con las autoridades de Buenos Aires.
16
Oficio del Cabildo de Salta. Salta, mayo 25 de
1821. Sala VII. Colección Ernesto Celesia. Doc. 2480.
AGN, Argentina.
17
El acta consultada se encuentra inserta (Frías,
1973, t. 5, pp. 667-669).
18
Es plausible suponer que también en esta opor-
tunidad estaban presentes entre otros Mariano Morales
y Mariano Benavides, capitanes ambos de escuadro-
nes gauchos.
42 SARA EMILIA MATA
finalmente, por qué no suponer que esos
hombres comprendían que Güemes podía
satisfacer mejor sus expectativas y recla-
mos. La autorización de Güemes a saquear
la ciudad fue sin duda una muestra clara
de los alcances de la guerra social en la
cual se hallaban involucrados. El saqueo,
calificado por la elite como demostración
de la barbarie que caracterizaba a la plebe
entregada a los peores defectos, tenía para
los hombres armados que lo ejecutaban
otros significados, entre ellos, la justa re-
compensa por los esfuerzos realizados en la
guerra y el merecido castigo hacia quienes
eran identificados como enemigos de la
“causa” que defendían.
Pocos días después, la oposición, luego
de fracasar en el intento de destitución,
comprendió que no contaba con fuerzas
suficientes para concretarla y acudió en-
tonces al general español Pedro Antonio
de Olañeta. El ingreso de una partida rea-
lista es una muestra elocuente del apoyo
brindado por algunas jefaturas militares,
particularmente de las milicias de Jujuy.
En primer lugar es preciso tener en cuenta
los antiguos enfrentamientos del Cabildo
de Jujuy con Güemes (Marchionni, 2008,
pp. 222-224) y especialmente el hecho de
que si bien Güemes había logrado, mer-
ced a las fuerzas militares que lo acompa-
ñaban, malograr el proyecto de sus oposi-
tores en el Cabildo de Salta, en Jujuy estos
habían impuesto a un teniente de gober-
nador adicto a su causa. Por otra parte y en
el plano militar, uno de los jefes milita-
res más importantes y con mayor poder
sobre las milicias rurales de Jujuy era un
declarado opositor a su gobierno.
19
Con la muerte de Güemes las milicias
enfrentaron un necesario y difícil reorde-
namiento. Muchos de aquellos jefes de
milicias y de cuerpos de línea que no
habían logrado garantizar el éxito del pro-
nunciamiento del Cabildo del 25 de
mayo, tampoco admitieron la designación
del general realista Pedro Antonio de
Olañeta como gobernador de Salta,
¿prueba quizá de la identificación por
parte de los milicianos del orden colonial
con un orden social y político contra el
cual habían luchado? Es probable que
fuera así para muchos, aun cuando no para
todos en el mismo sentido.
Sin el liderazgo de Güemes fueron
necesarias nuevas negociaciones de las que
dan cuenta las alianzas tejidas entre los
jefes de los escuadrones gauchos, la diso-
lución de los Infernales y la reglamen-
tación de las milicias provinciales. Los
enfrentamientos, los saqueos, las conspira-
ciones, la violencia política no habrían de
cesar. ¿Cuáles eran las razones por las cua-
les continuaron movilizados?, ¿quiénes
fueron los jefes que enfrentaron con mayor
decisión a la elite salteña que veía en las
milicias y en Güemes una amenaza a sus
intereses políticos, sociales y económicos?
Una de las primeras manifestaciones
del poder de las milicias fue la imposibi-
lidad de contenerlas y evitar el asalto a la
ciudad de Salta concretado el 22 de sep-
tiembre de 1821, a tres meses de la muer-
te de Güemes y a poco más de un mes de
que se iniciara el reordenamiento político
de la provincia organizándose la Hono-
rable Junta de Representantes,
20
que
19
Manuel Eduardo Arias, comandante de Orán,
Santa Victoria y la Puna, apoyó a Bernabé Aráoz en
Tucumán.
20
La Honorable Junta de Representantes se ins-
tituyó en agosto de 1821con carácter constituyente,
legislativo y electoral. Integraban la misma los miem-
bros de la elite salto-jujeña opositora de Güemes.
CONFLICTO Y VIOLENCIA EN TIEMPOS DE CRISIS 43
nombró a José Antonino Fernández
Cornejo como gobernador intendente. El
nombramiento de Fernández Cornejo,
comandante de la frontera y acérrimo ene-
migo de Güemes, y la firma de un armis-
ticio con el general Olañeta fueron el deto-
nante de esta sublevación y, por ende, su
resultado fue, además del saqueo al cual
fueron sometidos los más notorios enemi-
gos de Güemes, la destitución del gober-
nador Cornejo.
Lideraron el levantamiento el coman-
dante Pablo Latorre y José Francisco Go-
rriti. La designación de José Ignacio
Gorriti, hermano de José Francisco, fue el
resultado de arduas negociaciones con los
sectores más radicalizados de la facción
adicta a Güemes. ¿Cómo logró Gorriti el
consenso necesario para ejercer el poder
durante dos años, en el transcurso de los
cuales debería enfrentar un nuevo levan-
tamiento militar? No es sencillo respon-
der a esta pregunta. La historiografía local
lo atribuye a su condición de jefe militar
de confianza de Güemes y, por ende, res-
petado por los jefes adictos al extinto
gobernador. Suponemos que debe haber
influido también que era hermano de José
Francisco Gorriti, jefe de milicias en la
frontera del Rosario y estrechamente vin-
culado con Latorre.
Los nombres de José Francisco Gorriti
y de Pablo Latorre adquirirán a partir de
1821 mayor significación política. ¿Cuál
fue la base de su poder? Indudablemente
el mismo residía en el mando ejercido
sobre las milicias de la frontera chaqueña,
donde también ejercía poder militar Juan
Antonino Fernández Cornejo, con quien se
encontraban enfrentados. Mientras que
Fernández Cornejo
21
era reconocido por
su opinión favorable a un gobierno cen-
tralizado y de corte liberal, tanto José
Francisco Gorriti como Pablo Latorre de-
fendían la autonomía provincial y la orga-
nización de un Estado federal.
Una de las variables fundamentales a
considerar para estudiar estas moviliza-
ciones, levantamientos y saqueos gira alre-
dedor de las prerrogativas obtenidas por
los gauchos gracias al poder adquirido
en la guerra contra los realistas. Entre ellas,
la de mayor significación, sobre todo pa-
ra la población rural, será la ocupación
de tierras y el no reconocimiento de los
arriendos. Dan cuenta de la importan-
cia que reviste el problema de la tierra
en la conflictividad rural los intentos rea-
lizados, tanto por Güemes como por
la elite dirigente después de su muerte,
para obligar a los gauchos a desalojar las
tierras ocupadas y reiniciar el pago del
arriendo.
Entre sus atribuciones la más importante fue el ejer-
cicio de la soberanía provincial que delegaba en la
Junta la elección del gobernador intendente, reem-
plazando así en esta función al Cabildo, que en el
transcurso de la revolución había asumido la represen-
tación política local. La designación de Güemes como
gobernador en 1815 y el intento sin éxito de desti-
tuirlo en 1821, así como su participación en el nom-
bramiento del general realista Pedro Antonio de
Olañeta como gobernador intendente, dan cuenta del
papel político adquirido por el Cabildo de Salta en
el transcurso de la década de 1810, fundamental-
mente a partir de la crisis de la autoridad del Direc-
torio en Buenos Aires en 1815.
21
A fines de la colonia, Cornejo se encontraba
totalmente alineado con las autoridades borbónicas, y
una vez pronunciada la revolución no dudó en apoyar
a los representantes del poder central de Buenos Aires,
enfrentando a Martín Miguel de Güemes cuando este
se distanció de la conducción del Ejército Auxiliar
del Perú en 1815.
44 SARA EMILIA MATA
TIERRA Y CONFLICTO
Cuando en 1816 Martín Miguel de Güe-
mes decidido a enfrentar militarmente a
José Rondeau, a la sazón jefe del Ejército
Auxiliar del Norte, solicitó al comandante
de gauchos Mariano Benavides
22
que reu-
niera a sus hombres prometiéndoles repar-
tirles las tierras de los “pícaros” que apo-
yaban a Rondeau; estaba completamente
persuadido de que esta promesa resulta-
ría atractiva para los gauchos que integra-
ban el escuadrón.
23
Y sin dudas el acceso
a la tierra constituía una de las principa-
les aspiraciones de los hombres moviliza-
dos, y no tan sólo de peones y arrenderos
desposeídos de bienes, sino también de
aquellos de diferente condición social que
aspiraban a acceder a ella o a incrementar
el patrimonio rural que poseían. La gue-
rra les brindaba una oportunidad única
para lograrlo.
24
Sugestivamente en marzo de 1816, al
derrotar a Rondeau, el gobernador Güe-
mes consiguió que los propietarios de tie-
rras accedieran a no “exigir los arriendos
ínterin durase la guerra”. De este modo
complacía a los hombres movilizados que
integraban las milicias, quienes sin duda
ya resistían el pago de los arriendos y la
prestación de servicios (Mata de López,
1999, p. 168).
La movilización sostenida durante los
años siguientes agudizó el conflicto, que
adquirió asimismo nuevas significaciones
políticas y sociales. Los estancieros y los
hacendados no sólo dejaron de percibir
los arriendos, sino que además debieron
enfrentar la falta de mano de obra sufi-
ciente para la explotación de sus propie-
dades, ya que los arrenderos se negaron
también a prestar los servicios personales,
los peones y milicianos ocuparon las tie-
rras y no fueron pocos los esclavos que se
sumaron sin permiso del amo a las mili-
cias provinciales. Enfrentado con la elite
por estos y otros motivos, tales como la
interrupción del comercio y las constantes
contribuciones forzosas, Güemes nego-
ciaba con dificultades crecientes su per-
manencia en el poder, dificultades de las
que dan cuenta las conspiraciones contra
su gobierno. Su muerte en junio de 1821,
propiciada por esa misma elite aliada a
algunas de las jefaturas militares, fracturó
alianzas previas de las cuales habían par-
ticipado también jefes milicianos de escasa
o nula relevancia social. ¿Cuáles podrían
ser las razones por las cuales quienes
habían conspirado en anteriores ocasiones
contra su gobierno se rebelaran tan abier-
tamente contra las nuevas autoridades?
No es descabellado suponer que al con-
templar en el poder a los realistas, tal
como sucedió con la ocupación militar de
la ciudad y el breve gobierno de Pedro
Antonio de Olañeta posterior a la muerte
de Güemes, temieran volver “al antiguo
orden”, reclamado por la elite, que incluía
el pago de arriendos y el desalojo de las
tierras que ocupaban. El descontento rural
22
En 1815 Mariano Benavídez es nombrado Juez
Pedáneo de Río Negro en la frontera con el Chaco.
“Acta del Cabildo de Jujuy del 17 de Junio de 1815”
(Güemes, 1979, t. 2, p. 432); en 1816 Martín Miguel
de Güemes lo designa capitán graduado (Güemes,
1979, t. 4, p. 12).
23
Carta de Martín Miguel de Güemes a Mariano
Benavidez. Marzo de 1816. Sala X- 4.1.3. AGN,
Argentina.
24
Fueron numerosas las solicitudes de tierras, en
especial las pertenecientes a las reducciones de indios
en la frontera, y entre quienes solicitaron comprarlas
se encontraban importantes propietarios de tierras y
miembros de la elite salteña como José Antonio
Moldes y José María Saravia, entre otros.
CONFLICTO Y VIOLENCIA EN TIEMPOS DE CRISIS 45
permitió a los jefes de las milicias rura-
les, y entre ellos a encumbrados sectores de
la elite que deseaban fervientemente ocu-
par el lugar dejado por Güemes en el
poder, obligar a Olañeta a firmar un ar-
misticio que, si bien no le permitía con-
servar el gobierno de Salta, le garantizaba
el cese de hostilidades y reabría el comer-
cio de Salta con el Alto Perú, necesario
para proveer al ejército realista de ganado
y efectos ultramarinos, ante la ocupación
de Lima por parte del Ejército de San
Martín.
La Honorable Junta de Representan-
tes, compuesta por representantes de todos
“los Pueblos libres de la comprensión del
Territorio”, se adjudicó el carácter de depo-
sitaria de la “autoridad soberana de la pro-
vincia”,
25
y en ejercicio de esa soberanía,
el 7 de agosto de 1821 los miembros de la
Honorable Junta de Representantes pro-
pusieron que
los comandantes de la campaña presten ante
todas cosas igual juramento de recono-
cimiento y obediencia a la autoridad sobe-
rana de la provincia depositada en esta
Honorable Junta, debiendo practicar lo
mismo por las ilustres Municipalidades de
Oran y Jujuy.
Aun cuando esta propuesta fue apro-
bada por unanimidad, no faltaron algu-
nos reparos, entre ellos el de disponer que
dicho juramento se prestara “en sus res-
pectivos departamentos”. Finalmente se
dispuso que así se hiciera, con excepción
de los departamentos más próximos, entre
ellos Campo Santo, Rosario de Cerrillos
y Chicoana.
26
¿Cuál fue la razón por la
cual los comandantes de estos departa-
mentos deberían trasladarse a la ciudad y
jurar frente a los miembros de la Junta? Si
bien la cercanía podría haber sido una
razón, también podemos suponer que se
deseaba reafirmar en ellos el compromiso
con el nuevo orden político. Los sucesos
posteriores darán la razón a quienes des-
confiaban del sometimiento de las mili-
cias de Cerrillos y Chicoana a las nuevas
autoridades.
El reemplazo, los primeros días de
agosto de 1821, de Pedro Antonio de Ola-
ñeta por José Antonio Fernández Cornejo
en el gobierno de Salta y el retiro de los
realistas dos semanas después de la firma
del armisticio, no tranquilizó a importan-
tes sectores milicianos. Entre las medidas
adoptadas por la Junta de Representantes
tendentes a evitar la furia de “la fiera mul-
titud”, se encontraban el nombramiento
del coronel graduado Ángel Mariano
Zerda como edecán, y del coronel del
Cuerpo de Infernales, José María Lahora,
como mayor de plaza, la decisión de redu-
cir el número de tropas que guarnecían la
ciudad, y en particular la disposición
adoptada el 25 de agosto de no sancionar
penalmente a quienes participaron en el
saqueo de la ciudad el 31 de mayo de ese
año. En relación con las causas seguidas
por el alcalde de primer voto,
27
se tuvo
en consideración la “situación actual de la
25
Actas de Sesiones de la Honorable Junta de
Representantes. 5 y 6 de agosto de 1821. Copiador
338, fs. 2v y 3. ABHS, Argentina.
26
Actas de Sesiones de la Honorable Junta de
Representantes. 7 de agosto de 1821. Copiador 338,
fs. 3-3v. ABHS, Argentina.
27
A pesar de mantener el Cabildo funciones judi-
ciales a través del alcalde de primer voto, solicitó opi-
nión a la Junta de Representantes reconociéndole así
autoridad en materia judicial, especialmente en un
caso de claro perfil político.
46 SARA EMILIA MATA
provincia y lo peligroso que sería perse-
guir indistintamente a los complicados
en el saqueo”, y el hecho de que el mismo
se perpetró con la licencia otorgada por
Güemes. Por ello sólo se decidió solicitar
y perseguir la restitución de los bienes
saqueados a sus legítimos dueños, bus-
cando individualizar para el castigo a quie-
nes fueran sus caudillos.
28
Ninguna de estas providencias alcanzó
para apaciguar el malestar de las milicias
en el ámbito rural donde, sin duda, ope-
raban jefaturas locales y agitadores que
observaban con recelo al gobierno de
Cornejo. En una circular destinada a los
jefes de las milicias y fechada en Jujuy el
14 de septiembre de 1821, es decir ocho
días antes del levantamiento miliciano
que obligó a Fernández Cornejo a renun-
ciar al cargo de gobernador, Agustín
Dávila, teniente de gobernador de Jujuy,
denunciaba que
algunos genios díscolos enemigos de la tran-
quilidad y amantes de vivir del robo y el
desorden, esparcen por la campaña, preva-
lidos de la sencillez de sus habitantes, que el
gobierno actual [...]trata de poner bajo tributo
a los beneméritos y distinguidos gauchos, al mismo
tiempo que privarlos de regalías que antes dis-
frutaban sobre terrenos reputados baldíos, indu-
ciéndolos a la costumbre de pago de arriendos [cur-
sivas mías].
Luego de desmentir enfáticamente ta-
les intenciones por parte del gobierno del
cual formaba parte, dispuso que “todos
los oficiales, sargentos y cabos vigilen ince-
santemente en este asunto hasta lograr
saber con realidad quién es el motor de
estas voces criminales”.
29
Todos estos esfuerzos resultaron inú-
tiles. A fines de agosto crecían los rumo-
res acerca de una conspiración incitada
por los “enemigos del orden secuaces y
facciosos del anterior gobernante don
Martín Güemes”, de la cual era acusado
el coronel Pablo Latorre, quien había
resultado electo como representante por
Rosario de la Frontera para integrar la
Junta de Representantes, la cual, obvia-
mente sin su presencia, ordenó el 7 de
septiembre su captura sin que la misma
pudiera concretarse.
El 22 de septiembre se produjo el
temido levantamiento de la campaña. Las
milicias gauchas invadieron la ciudad y
la saquearon. La historiografía local, y par-
ticularmente Bernardo Frías, describieron
a la misma como un ataque provocado por
“la gavilla” apoyada por la “plebe” que “se
encendía con ira contra los traidores; y en
lugar de apoyar al gobierno, rodeaba más
bien a los corifeos de la gavilla, deshonra
de la patria” (Frías, 1973, t. 5, p. 185).
¿Quiénes integraban la “gavilla”? Según
los más destacados opositores de Güemes,
que apoyaban al gobernador Cornejo, for-
maban parte de la misma el coronel Pablo
Latorre, jefe militar de las milicias de la
frontera del Rosario y los familiares de
Güemes.
30
En realidad encontraremos
diferentes situaciones. El comandante Ma-
riano Morales, quien había participado en
todas y cada una de las conspiraciones tra-
29
“Oficio de Agustín Dávila a Eustaquio Medi-
na, Jujuy 14 de septiembre de 1821” (Güemes, 1986,
t. 11, pp. 467-468).
30
“Carta de Facundo de Zuviría a Benjamín
Zorrilla, Salta 18 de diciembre de 1821” (Frías, 1973,
t. 5, p. 186).
28
Actas de Sesiones de la Honorable Junta de
Representantes. 25 de agosto de 1821. Copiador 338,
fs.22v-23. ABHS, Argentina.
CONFLICTO Y VIOLENCIA EN TIEMPOS DE CRISIS 47
madas contra Güemes, se convirtió luego
de su muerte en uno de los hombres de
confianza del gobernador Gorriti; en cam-
bio el negro, o el mulato, o el zambo capi-
tán de Infernales Vicente Panana, que
había participado en esas conspiraciones
(Frías, 1973, t. 5, p. 193; Mata de López,
2010, pp. 128-129), se encontraba entre
quienes lideraron el levantamiento de sep-
tiembre de 1821. ¿Qué razones tuvo
Panana para enfrentar a quienes habían
logrado destituir a Güemes?, ¿cuáles fue-
ron los verdaderos motivos por los cuales él
y otros como él se distanciaron del falle-
cido gobernador?, ¿es posible suponer que
se sintieron decepcionados por Güemes?
Un dato nos parece interesante. En 1820
Güemes había ordenado que se pagaran los
arriendos cuando el propietario de la tierra
fuera patriota conocido.
31
Esta orden, sin
duda, debe de haber provocado malestar
entre los arrenderos que formaban parte de
los escuadrones gauchos. Y si nos atreve-
mos a atribuir a esta medida, que desde
luego y a pesar de haberla dispuesto el
mismo Güemes no se cumplió, el aleja-
miento de algunos jefes de las milicias y
de los cuerpos de línea, podemos entonces
suponer que su apoyo a quienes lideraron
el levantamiento rural en septiembre de
1821 fue el resultado de negociaciones en
las cuales el pago de los arriendos y el dere-
cho a ocupar tierras se encontrarían pre-
sentes, especialmente si tenemos en cuenta
el malestar que generaba en los gauchos la
posibilidad de ser obligados a pagar arrien-
dos y desalojar las tierras que ocupaban.
Luego del saqueo y de la toma de la
ciudad, el gobernador Cornejo renunció.
De cualquier modo Pablo Latorre no tuvo
posibilidades de acceder al gobierno de la
provincia a pesar del triunfo que le die-
ron las armas. Las fuerzas militares con las
que contaba no habrían sido suficientes,
y era evidente que carecía de apoyos im-
portantes en la elite de Salta, aun cuando
entre ellos hubiera adictos a la facción de
Güemes.
32
Resulta sugerente suponer la
existencia de un límite para esta elite,
ligada al extinto gobernador, y que este
límite lo constituían las aspiraciones de
los gauchos atentatorias contra el derecho
de propiedad y, por ende contra el “orden
social” que protegía los intereses de los
grandes propietarios de tierra. En las deli-
beraciones mantenidas entre la Junta de
Representantes y las jefaturas militares se
logró una solución intermedia al designar
como gobernador interino en reemplazo
de Fernández Cornejo a José Ignacio de
Gorriti, propietario de tierras en la fron-
tera y un hombre cercano a Güemes que
tenía influencia en la Junta de Repre-
sentantes en la cual era un miembro im-
portante su hermano, el canónigo Juan
Ignacio de Gorriti.
31
Arrendamientos de gauchos. Armario Gris.
ABHS, Argentina. En 1820 el presbítero José Gabriel
González de Hoyos –capellán de la estancia de la
Alemania situada en el curato de Guachipas, valle de
Lerma– solicitó a Martín Miguel de Güemes orde-
nase el pago de los arriendos a los gauchos instalados
en sus tierras y le autorizase la expulsión de quienes se
habían instalado allí sin su autorización. Güemes dis-
puso el pago de los arriendos y la expulsión de los
intrusos “perturbadores del orden”, afirmando no
haber dado “orden alguna para que no se paguen
arriendos a los propietarios de terrenos cuando son
patriotas conocidos”.
32
Actas de Sesiones de la Honorable Junta de
Representantes. 10 de diciembre de 1821. Carpeta
36, f. 5. ABHS, Argentina. Las actas legislativas mues-
tran claramente el liderazgo de Pablo Latorre y su
ingerencia en el levantamiento. De hecho ejerció el
poder los días posteriores al mismo.
48 SARA EMILIA MATA
A pesar de la presión ejercida por su
propio hermano y por la Junta de Repre-
sentantes, el gobernador Gorriti se resis-
tió a poner en prisión a Pablo Latorre, pero
no dudó en castigar con la pena de muerte
a los “cabecillas” de los desmanes, proba-
blemente sargentos y capitanes de los
escuadrones gauchos, entre ellos al negro
Panana. La amenaza de los males que
sobrevendrían si se tensaba la situación
con la detención y enjuiciamiento de La-
torre le otorgó a Gorriti gobernabilidad, a
pesar del descontento de la “plebe inso-
lentada” que, aleccionada con la ejecución
de sus jefes más representativos, se mani-
festaba a través del canto de unos versos
anónimos que hacían temer nuevas vio-
lencias. Con preocupación, la elite reco-
nocía el peligro que la acechaba por la
“existencia de los perversos; tememos
su despecho en la casi imposibilidad de
realizar sus aspiraciones; tememos a
los mulatos que no están contentos con
Gorriti”.
33
Una expresión vertida en esos versos
brinda indicios acerca de una identidad
política que tendría diferentes significa-
ciones según la condición social. En ellos
exclaman desafiantes: “la Patria Vieja ha y
reinar”. ¿Qué sentido político esconde esta
expresión “patria vieja”? Para los mula-
tos, los mestizos, los indios y los esclavos
que componían los escuadrones gauchos
probablemente significara las aspiracio-
nes que albergaban en torno a mayores
derechos, reconocimiento social, acceso a
la tierra, libertad. Sin embargo, la elite
que respondía en ese momento político a
la “patria vieja” o que era reconocida por
los gauchos descontentos como su repre-
sentante, alentaba un proyecto político
diferente, francamente opuesto a las pro-
puestas políticas liberales y centralistas
ensayadas luego por Buenos Aires y con
las cuales se identificaban quienes deten-
taban el gobierno provincial, especial-
mente la Junta de Representantes. Es así
que la más fuerte oposición al gobierno se
focalizaba en la frontera sur de la provin-
cia, limítrofe con la provincia de Santiago
del Estero, cuyo gobernador se adhería a
ideas federales de organización nacional.
Pablo Latorre y Francisco Gorriti, líderes
militares de Rosario de la Frontera, que
alentaban similares aspiraciones políticas,
serán por esta razón los protagonistas más
destacados de los levantamientos que ten-
drían lugar en estos años.
Antes de finalizar 1821, José Ignacio
Gorriti había logrado contener a Pablo
Latorre, pero encontraba aún resistencias
en el valle de Lerma, donde se hallaba el
mayor número de milicianos en los es-
cuadrones gauchos. En Cerrillos, a pocas
leguas al sur de la ciudad, se estaba orga-
nizando un nuevo levantamiento que, de
acuerdo con el relato brindado por Bernar-
do Frías, fue sofocado por la negociación
entre Gorriti y Pablo Latorre, logrando el
gobernador restar fuerza al movimiento y
colocar allí, al frente de las milicias de
Cerrillos, a Mariano Morales, hombre
de su confianza (Frías, 1973, t. 5, p. 220).
En enero de 1822 la Honorable Junta
de Representantes designó a José Ignacio
Gorriti gobernador propietario de Salta
por el término de dos años. Su designa-
ción fue resultado del éxito que coronó las
negociaciones entabladas entre los prin-
cipales líderes del levantamiento militar
de septiembre del año anterior y la elite
33
“Carta de Facundo de Zuviría a Marcos Zorri-
lla, Salta, diciembre 9 de 1821” que transcribe los
versos cantados por “los perversos” (Frías, 1973, t. V,
p. 218).
CONFLICTO Y VIOLENCIA EN TIEMPOS DE CRISIS 49
34
Arrendamientos de gauchos. Presbítero D.
Juan Manuel Texada. Salta abril 12 de 1822. Armario
Gris, f. 7. ABHS, Argentina.
35
Arrendamientos de gauchos. Presbítero D.
Juan Manuel Texada. Salta, abril 12 de 1822. Armario
Gris, f. 8. ABHS, Argentina.
36
Arrendamientos de gauchos. Presbítero D.
Juan Manuel Texada. Salta, abril 12 de 1822. Armario
Gris, f. 13. ABHS, Argentina.
opositora a Güemes que había propiciado
su derrocamiento. La amenaza de un
nuevo levantamiento de las milicias y el
reclamo de los propietarios rurales para
retomar el control sobre sus tierras y lograr
la obediencia de peones y arrenderos cons-
tituirá uno de los desafíos más importan-
tes que deberá enfrentar Gorriti, preocu-
pado por “unir lo desunido”, como él
mismo dirá repetidamente, al referirse a
los enfrentamientos en el seno de la elite
y a la necesidad de neutralizar el poder de
algunos díscolos jefes de las milicias pro-
vinciales y el malestar de los milicianos
ante la posibilidad de ser expulsados de
las tierras que ocupaban o verse compeli-
dos por los propietarios a pagar arriendos
y prestar servicios personales.
Los estancieros y hacendados intensi-
ficaron sus reclamos acerca de los derechos
que les asistían de cobrar el arriendo y
gozar de la prestación de servicios persona-
les, denunciando con amargura que “los
gauchos hasta aquí han sido los legítimos
y verdaderos dueños de la tierra”.
34
Solici-
taban también autorización para expulsar
a los muchos vagos sin destino, ladrones y
malvados [...]quienes bajo el nombre de
gauchos que lo consideran sagrado se creen
al cubierto de las penas y persecución de la
ley por los atentados que impunemente
cometen.
35
Un dato se impone inmediatamente.
La ocupación de tierras en el valle de
Lerma parece haber sido importante. En
las tramitaciones seguidas por los propie-
tarios, en defensa de sus derechos a la pro-
piedad, hemos encontrado en una de ellas
el listado de aquellos individuos que el
patrón acepta reconociéndolos como arren-
deros y aquellos que se han instalado sin
autorización en las tierras (cuadro 1).
Ante los planteamientos de los pro-
pietarios y la gravedad de la situación,
Gorriti solicitará en abril de 1822 a
los comandantes de los escuadrones que
componen la milicia provincial [...]que en
el perentorio término de ocho días expon-
gan en este gobierno los inconvenientes que
les ocurriesen en orden a los indicados abo-
nos de arrendamientos de los gauchos de sus
respectivos escuadrones, igualmente en
cuanto a los derechos parroquiales que deban
satisfacer por ellos o sus familias.
Las respuestas a esta petición permi-
ten comprobar la gravedad del problema
y las dificultades y límites existentes para
la negociación entre los gauchos, las jefa-
turas intermedias, los propietarios y el
gobierno provincial.
Las respuestas se formalizaron en las
primeras semanas del mes de mayo.
Mientras algunos comandantes conside-
raron importante retornar al antiguo or-
den “bien que siempre consultando su
moderación”,
36
otros alertaron sobre las
consecuencias que tendría para la paz
social intentar imponer el pago de los
arriendos. En opinión del comandante de
uno de los escuadrones de Chicoana en
el valle de Lerma, de cobrarse los arrien-
50 SARA EMILIA MATA
37
Arrendamientos de gauchos. Presbítero D.
Juan Manuel Texada. Salta, abril 12 de 1822. Armario
Gris, f. 24. ABHS, Argentina.
38
Arrendamientos de gauchos. Presbítero D.
Juan Manuel Texada. Salta, abril 12 de 1822. Armario
Gris, f. 28v. ABHS, Argentina.
39
Arrendamientos de gauchos. Presbítero D.
Juan Manuel Texada. Salta, abril 12 de 1822. Armario
Gris f. 26v. ABHS, Argentina.
40
Arrendamientos de gauchos. Presbítero D.
Juan Manuel Texada. Salta, abril 12 de 1822. Armario
Gris fs. 14 a 16v. ABHS, Argentina. Ambos textos son
idénticos y seguramente escritos por Quirós, un co-
merciante relativamente próspero, en tanto Mariano
Morales sería un mestizo cuyos orígenes se desconocen.
dos “redundará un total desabrimiento y
que de ella resulten graves males según
preveo”.
37
El comandante del escuadrón
de Cachi en el valle Calchaquí aludió a
los padecimientos de los gauchos que
habían abandonado sus casas y familias
para acudir a la guerra, “al paso que el
propietario regularmente vive en el des-
canso y comodidad de su casa”.
38
Con prudencia, Mariano Morales, pre-
cisamente uno de los hombres con los cua-
les contaba Gorriti para contener a los
gauchos en Cerrillos y que había parti-
cipado en las conspiraciones contra Güe-
mes en 1820 y 1821, alertaba, luego de
alabar la valentía y sacrificio de los gau-
chos, que de cobrarse los arriendos “pu-
diese suceder que levantaran seducciones
y seductores que acusen y acaloren nues-
tra ingratitud, y que lo poco que se pueda
perder en arriendos y derechos de pa-
rroquia suceda la fatalidad de que tal vez
vengamos a perderlo todo”.
39
Idéntica res-
puesta dio Juan Manuel Quirós.
40
Ambos
hablaban sin duda con conocimiento de
la situación planteada en el ámbito rural,
ya que fue Mariano Morales quien logró
abortar el levantamiento de Cerrillos a
fines de 1821, mientras que una porción
considerable de hombres pertenecientes
al escuadrón de Quirós ocupaban tierras
sin autorización en la propiedad de Juan
Manuel Texada, y el resto del escuadrón se
negaba a pagarle arriendos. Serán ellos
quienes habrían de proponer “se tome una
razón de las propiedades confiscadas a los
enemigos emigrados para su distribución
entre los gauchos”, ofreciendo una posi-
ble solución al conflicto. Los seductores a
Cuadro 1. Gauchos instalados en la propiedad de don Juan Manuel Texada
Escuadrón Gauchos arrenderos Hombres vagos
Comandante Alejandro Burela 8 6
Comandante Juan. M. Quirós 24 21
Comandante Francisco Velarde 10 12
Total 42 39
Fuente: Arrendamiento de gauchos. Presbítero D. Juan Manuel Texada. Salta, abril 12 de 1822. Armario
Gris, fs. 9 a 11. ABHS, Argentina.
CONFLICTO Y VIOLENCIA EN TIEMPOS DE CRISIS 51
los cuales hacían referencia podían ser
tanto Pablo Latorre como algunos de los
sargentos y capitanes de los escuadrones
gauchos del valle de Lerma.
Sugestivamente, Francisco María Cor-
nejo y José Antonio Fernández Cornejo,
comandantes de Campo Santo y Anta, ase-
gurarán que en esos lugares los gauchos
no dejaron de pagar arriendos. Finalmen-
te, todos afirmaron que Martín Miguel
de Güemes había ordenado a capitanes y
sargentos que no se debía cobrar el arrien-
do a los arrenderos o los derechos parro-
quiales a los peones para aliviar su condi-
ción, “ínterin durase la guerra”.
Si bien el gobernador Gorriti elevó esta
documentación a la Junta de Represen-
tantes, y en su seno se discutieron las
medidas a tomar, no se llegó en definitiva
a ninguna resolución. El 31 de mayo de
1822 un nuevo levantamiento rural, esta
vez liderado por Benjamín Güemes y
Dionisio Puch, hermano y cuñado de
Martín Miguel de Güemes respectiva-
mente, y propietarios en la frontera del
Rosario, invadió la ciudad, produciéndose
algunas escaramuzas en las cuales habría
de perder la vida Benjamín Güemes.
EPÍLOGO
Luego de la muerte del gobernador Mar-
tín Miguel de Güemes en junio de 1821
se inició en Salta un periodo de fuerte con-
vulsión política y social que no se agotó en
estos dos primeros años, sino que persis-
tió durante toda la década de 1820.
Indudablemente, finalizada la guerra
contra los realistas,
41
el orden social y la
tranquilidad ansiada por la elite salteña
heredera del poder luego de la muerte de
Martín Miguel de Güemes estuvieron
lejos de conseguirse. Las medidas adopta-
das para restablecer el orden y disciplinar
a las milicias resultaron insuficientes, y
en cada una de ellas será posible observar
el enfrentamiento larvado y persistente
entre facciones y el accionar de diferentes
protagonistas, algunos de ellos de manera
permanente durante todos estos años.
Estudiar el grado de conflictividad
política presente en la década posterior a
la guerra de Independencia requiere, para
el caso de la provincia de Salta, compren-
der que no fue una elite comerciante y
propietaria agobiada por las exacciones,
perjudicada por la interrupción del comer-
cio con el Alto Perú y atemorizada por
la conducta de la “plebe insolentada”, la
única responsable de la muerte de Güe-
mes. Tanto las conspiraciones anteriores
como la que tuvo lugar en 1821 revelan,
por un lado, las profundas diferencias exis-
tentes entre las jefaturas intermedias y su
descarnada lucha por el poder y, por el
otro, las alianzas políticas tejidas dentro
y fuera de la provincia. No se trata tan
sólo del enfrentamiento de Güemes con
la elite de Salta, sino de la lucha facciosa
en la cual participaba la elite e involu-
craba a los jefes de milicias y cuerpos de
línea, y que con matices regionales expre-
saban un conjunto de expectativas que
superaban el interés meramente personal,
aunque también este estuviera ciertamente
presente.
Plantear el significado de la muerte de
Güemes en torno a las aspiraciones polí-
ticas de la “plebe movilizada” proporciona
la posibilidad de estudiar, luego de su
muerte, el accionar de las milicias y las
alianzas establecidas por las jefaturas mili-
41
En 1822 existieron otras incursiones realistas
que no llegaron hasta la ciudad de Salta.
52 SARA EMILIA MATA
tares con la elite, y conjeturar sobre los
diferentes proyectos políticos que involu-
cran a Buenos Aires, a Bolivia y a las pro-
vincias vecinas de Salta. Y fundamental-
mente permite evaluar en qué medida la
muerte de Güemes significó la derrota de
las aspiraciones económicas y sociales
de los gauchos movilizados. De modo
hipotético aún, nos atrevemos a asegurar
que esa derrota fue producto de un lento
proceso político que demoró en sofocar
estas aspiraciones, otorgando a las movili-
zaciones rurales de las décadas siguientes
otros derroteros políticos. La activa par-
ticipación de los gauchos, integrantes
de las milicias rurales, en estos
levanta-
mientos iniciales de la década de 1820,
expresa la importancia que para muchos
de ellos tenía el acceso a la tierra, desco-
nociendo los derechos de los propietarios,
que otorgaba a los jefes locales de esas mili-
cias posibilidades de negociación política
en la lucha facciosa por el poder local y
regional.
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Archivos
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