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Perspectivas em Políticas Públicas | Belo Horizonte |Vol. VIII | Nº 15 | P. 101-149 | jan/jun 2015
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LA INCORPORACIÓN DE LA NUEVA AGENDA DE DERECHOS:
el progresismo y la construcción de ciudadanía¥
Belén Villegas*
Camila Zeballos**
A INCORPORAÇÃO DA NOVA AGENDA DE DIREITOS: o
progressismo e a construção da cidadania
RESUMO
Achegada da Frente Ampla ao governo, em 2005, modicou a
estrutura de oportunidades dos movimentos sociais, brindando
uma maior abertura para considerar os temas relacionados
à discriminação e segregação sofridas por grupos populacionais
especícos (sobretudo das mulheres, do coletivo LGBT e dos afro-
descendentes). Neste contexto, foram aprovadas uma série de leis
tendentes a modicar ou atenuar alguns dos efeitos produzidos por
décadas de segregaçãosocial e econômica, já que se modicou
a disposição ideológica daqueles que detinham o poder do Estado,
fator que viabilizou a inuência dos novos movimentos sociais e a
tramitaçãode novos direitos (MCADAM; TARROW; TILLY, 1997). Este
artigo pretende mostrar a tensãoexistente entre o reconhecimento
dos novos direitos e a construção da cidadania, ou, em outras
palavras, o reconhecimento de novos direitos éum processo que
necessariamente implica um processo de construçãode cidadania?
Àluz desta pergunta éque se analisa a situaçãode três grupos
populacionais especícos: mulheres, LGBT e afro-descendentes, já
que nos últimos anos foram “favorecidos”com uma série de medidas
políticas que não somente apontam o reconhecimento e a visibilidade
¥- Agradecemos muy especialmente la colaboración que recibimos durante el proceso
de elaboración de este artículo a Florencia Lambrosquini.
*Licenciada en Ciencia Política e Investigadora del Instituto de Ciencia Política de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Montevideo Uruguay.
**Licenciada en Ciencia Política e Investigadora del Instituto de Ciencia Política de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Montevideo Uruguay.
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como minoria, como também a inclusãosocial como coletivo. Neste
sentido, o trabalho se estrutura da seguinte maneira. Num primeiro
momento, recorre-se a uma série de perspectivas teóricas sobre
cidadania e reconhecimento, para depois caracterizar a última
década do Uruguai na matéria de políticas públicas destinadas à
inclusãodestes coletivos distintos, - uma breve caracterização do
Uruguai Progressista e dos movimentos sociais - para em seguida,
nos seguintes capítulos deter nas especicidades da trajetória de
cada um destes coletivos na última década. Finalmente, no último
capítulo, pretende-se abrir a discussão sobre a construção da
cidadania àluz das características e aspectos especicados.
Palavras-chave:Nova agenda de direitos. Construção da
cidadania. Políticas Públicas de inclusão das
minorias. Novos movimentos sociais.
RESUMEN
El arribo del Frente Amplio al gobierno en 2005, modicó la estructura
de oportunidades de los movimientos sociales, brindando una mayor
apertura para considerar los temas relacionados a la discriminación
y segregación sufridos por grupos poblacionales especícos (sobre
todo de las mujeres, del colectivo LGBT y de los afrodescendientes).
En este contexto, fueron aprobadas una serie de leyes tendientes a
modicar o paliar algunos de los efectos producidos por décadas de
segregación social y económica ya que se modicó la disposición
ideológica de quienes detentaban el poder del Estado, factor
que viabilizó la inuencia de los nuevos movimientos sociales
y la tramitación de los nuevos derechos (MCADAM; TARROW;
TILLY, 1997). Este paper pretende mostrar la tensión existente
entre el reconocimiento de nuevos derechos y la construcción de
ciudadanía, o en otras palabras, ¿es el reconocimiento de nuevos
derechos un proceso que necesariamente implica un proceso
de construcción de ciudadanía? Ala luz de esta pregunta es que
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se analiza la situación de tres grupos poblacionales especícos:
mujeres, LGBT y afrodescendientes, ya que en los últimos años
han sido “favorecidos”con una serie de medidas políticas que no
sólo apuntan al reconocimiento y visibilización como minoría sino
también a la inclusión social como colectivo. En este sentido, el
trabajo se estructura de la siguiente manera. En un primer momento
se recorre una serie de perspectivas teóricas sobre ciudadanía y
reconocimiento, para luego caracterizar a la última década del
Uruguay en materia de políticas públicas destinadas a la inclusión
de estos distintos colectivos, - una breve caracterización del
Uruguay Progresista y de los movimientos sociales - para luego,
en los siguientes apartados detenerse en las especicidades de la
trayectoria de cada uno de estos colectivos en la última década.
Finalmente, en un último apartado, se pretende abrir la discusión
sobre la construcción de ciudadanía a la luz de las características y
aspectos puntualizados.
Palabras clave:Nueva agenda de Derechos. Construcción de
ciudadanía. Políticas Públicas de inclusión de las
minorías. Nuevos movimientos sociales.
INCORPORATION OF A NEW AGENDA ON RIGHTS: progress
and citizenship construction
ABSTRACT
When the Frente Amplio (Wide Front Party) took over the
government in 2005 it changed the structure of social movements’
opportunities allowing for an open discussion on themes related to
the discrimination and segregation suffered by specic population
groups (mainly women from the LGBT collective and afro-
descendants). In this context a series of laws tending to modify or
attenuate some effects caused by decades of social and economic
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segregation were approved in consequence of a change in the
ideological disposition of those ruling the State, making the inuence
of new social movements and the proceedings on these new rights
possible (MCADAM; TARROW; TILLY, 1997). This article intends
to show the tension existing between recognizing those rights and
the construction of citizenship, i.e., is the acknowledgment of new
rights a process that necessarily implies a process of citizenship
construction? Based on this question it proceeds to the analysis of
the status of three specic population group: women, LGBT and afro-
descendents, since they were “awarded’’with a series of political
measures in the last years that point to the recognition and visibility
of them as minority groups, as well as their social inclusion as a
collective. Therefore, this paper has the following structure: rst of
all, it resorts to a series of theoretical perspectives on citizenship and
acknowledgment of it, then it portraits the last decade in Uruguay
concerning public policies on the social inclusion of those collectives,
- a brief portrait of Uruguay Progresista (Progressive Uruguay) and of
the social movements. The other chapters analyses the peculiarities
of each one of those collectives in the last decade. Finally, the last
chapter discusses about citizenship construction based on those
specic characteristics and aspects.
Keywords:New agenda on rights. Citizenship construction. Public
Policies on inclusion of minorities. Social movements.
REPRESENTACIÓN Y DEMOCRACIA: premisas para el debate
Si bien el concepto de representaciónha sido sujeto de debate
a lo largo de los siglos XIX y XX en Occidente, recientemente ha
vuelto a la centralidad producto de la revitalización de los nuevos
movimientos sociales. Éstos se han encargado de ampliar las
visiones y justicaciones esgrimidas al tiempo que propician la
multidimensionalidad de la temática. No obstante las transformaciones
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que este concepto ha procesado a lo largo del devenir histórico, se
pueden identicar algunos de sus rasgos centrales: la elección de los
gobernantes por los gobernados; la existencia de un cierto margen
de maniobra de los representantes en el ejercicio de su función; la
libertad de expresión y la formación de la opinión pública, y el hecho
de que las decisiones se alcancen mediante debate y deliberación
(MANIN, 1998, p. 237-238).
Desde una perspectiva más amplia del concepto y con la nalidad
de responder la pregunta acerca de quérazones pueden darse para
suponer que alguien o algo están siendo representado, Hannah
Pitkin (1985) señala un conjunto de dimensiones mediante el cual
puede entenderse el concepto de representación política, estas
son: la representación como autorización; la representación como
responsabilidad; la representación descriptiva; la representación
simbólica; y la representación como actuación sustantiva2.
En primer lugar, la representación como autorizaciónreere al poder
del Estado y la autoridad del derecho. Esta perspectiva es heredera
de las conceptualizaciones elaboradas por Hobbes en el siglo XVII, y
principalmente de los lineamientos vertidos en el Leviatán (1651). En
segundo lugar, la representación como responsabilidad es concebida,
desde la contemporánea óptica como accountability orendición de
cuentas. En ésta, las elecciones son entendidas como el proceso a
través del cual los electos representantes adquieren responsabilidad
2 - La problemática relación existente entre la democracia y la representación ha
cruzado a la historia del pensamiento político. Para Hobbes el representante es
libre de hacer lo que desea, ya que su noción de contrato suponía una delegación
absoluta del poder hacia el soberano. Otros autores, por el contrario, consideran que
los representantes deben realizar durante su mandato lo que considera mejor para
los representados,pero ajustado a lo que es considerado mejor según el juicio y
la sabiduría del representante. Para otros, sin embargo, el deber del representante
es reejar con exactitud mecánica las preferencias, deseos y opiniones de los
representados. Sin embargo, “es posible que la verdadera posición estélocalizada en
el punto intermedio de aquellas dos visiones... Pero en tal caso ¿cuál es ese punto
intermedio? ¿cómo decidiremos que es punto idóneo?” (PITKIN, 1985, p.5).
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y deberánrendir cuentas de sus decisiones durante el proceso que
supone la representación. Ambas perspectivas (representación
como autorizaciónyrepresentación como responsabilidad) han sido
calicadas de formalistas debido a que si bien describen el proceso
de representación no explican cómo debe actuar el representante
durante el mismo.
En tercer lugar, la representación como descripciónhace énfasis
en el nivel de equivalencia entre las ideas, valores e intereses
de los representantes y los representados. De esta manera, la
representación no se vincula a la asunción de autoridad ni tampoco
a la rendición de cuentas, por el contrario, la representación depende
de “las características del representante”. El representante no actúa
por otros, sino que los “sustituye”en virtud de una correspondencia
entre ellos (PITKIN, 1985). Para todos los efectos, el representante
simbolizará al representado, de manera que el punto de inexión
seráel proceso a través del cual se construya y se mantenga la
creencia de ciudadana de que el representante lo simboliza y reeja.
Como menciona Htun (2003, p. 4), este principio descriptivo, ha
venido a responder alguna de las preguntas presentes en las últimas
décadas que hacen referencia a la posibilidad de que efectivamente
y adecuadamente esténrepresentados todos los ciudadanos y sus
puntos de vista.
Tradicionalmente, la igualdad política ha sido concebida como el
derecho igualitario a emitir un voto en pos de elegir representantes
pero no estar presente en la política. Sin embargo, a nes del siglo XX
los signicados dominantes de igualdad política fueron reelaborados
a partir de la centralidad que adquiere la idea patrocinada durante
décadas por feministas y por aquellos grupos defensores de los
derechos de las minorías: la representación descriptiva.Ésta se
obtiene cuando los representantes se asemejan a los electores en
sus características y experiencias de vida. Desde la perspectiva de
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Pitkin, la representación descriptiva y simbólica amplía la perspectiva
del concepto pero no la completa, ya que tampoco hace alusión a
la actividad misma. Es asíque la representación como actuación
sustantiva, seráel tipo de representación por el que opta Pitkin, la
cual hace énfasis en el actuar en pos del interés de los representados.
Bajo esta perspectiva, representaciónsignica actuar en interés
de los representados, de una manera sensible ante ellos. El
representante actúa independientemente de su interés, lo que
supone que su acción de representar estáimpregnada de discreción
y discernimiento (PITKIN, 1985, p. 233). De la mano de la discusión
acerca de quéimplican los procesos de representación, se ha
procesado la discusiónrelativa a la democracia. ¿Cómo mejorar la
calidad de las democracias actuales? o en otras palabras, ¿cómo
democratizar a la democracia? Partiendo de estos cuestionamientos,
durante los últimos años han sido interpeladas las ideas de algunos
modelos normativos de democracia (BAÑOS, 2006)3.Particularmente,
han sido cuestionados los aspectos relativos a las democracias
representativas, como construcción genérica. Éstas han transitado
por una serie de transformaciones -hijas del devenir histórico- que
han impactado en los elementos constitutivos de la misma y por tanto
en el modo que se ha producido la representación política. Durante
ese arduo proceso, características especícas de la democracia, como
la ciudadanía, se han mantenido pero su forma de manifestación se
ha modicado.
3 - Desde el cuerpo teórico feminista se ha cuestionado a las nociones tradicionales
partiendo de la crítica al modelo liberal. Sin embargo, las discusiones no se agotan en
dicho modelo sino que también se dirigen a aquellas perspectivas que hacen énfasis
en los procesos de participación y deliberación, ya que han “olvidado”las implicancias
entre democracia y patriarcado.
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1.1 Discusiones e implicancias en torno al concepto de la
ciudadanía: ¿Quéciudadano/a y quédemocracia?
La discusión en torno a la ciudadanía en el período de posguerra, ha
estado en gran medida inuenciada por la teoría de T. H. Marshall
(1950). Ésta ha tendido a ser catalogada como ciudadanía “pasiva”
o “privada”, por teorías modernas de la ciudadanía (especialmente
feministas) debido al énfasis en los derechos puramente pasivos y en
la ausencia de toda obligación de participar en la vida pública. Los
cuestionamientos, se han estructurado esencialmente en base a dos
puntos nodales. La primera crítica hace referencia a la necesidad de
complementar (o sustituir) la aceptación pasiva de los derechos de
ciudadanía con el ejercicio activo de las responsabilidades, en tanto
la segunda indica la necesidad de revisar la denición de ciudadanía
generalmente aceptada con el n de incorporar el creciente pluralismo
social y cultural de las sociedades modernas (KYMILICKA; NORMAN,
1994).
Asimismo, las elaboraciones feministas han hecho especial énfasis en
criticar la noción de ciudadano como agente homogéneo y despojado
de relaciones sociales. En este sentido, Ciriza señala que el individuo
portador de derechos, tal como lo señalan Marx y Engels (1986)
lo es en cuanto se encuentre desmarcado de las singularidades de
su origen social y despojado de las determinaciones que ligan al
sujeto a su clase y de las características que lo individualizan –como
varón o mujer, blanco o negro, parte de una cultura determinada,
portador de una orientación sexual especíca (CIRIZA, 1999; 2000).
Sólo completada esta operación, indispensable en orden al carácter
universal de los derechos de ciudadanía, resulta posible hablar de
condición ciudadana en sentido estricto.
Es asíque la operación de sustitución del cuerpo real por el cuerpo
abstracto del ciudadano, ha sido solo posible bajo una operación de
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sustitución del cuerpo real de los sujetos por un cuerpo construido
sobre la base de la abstracción de las marcas de identidad de clase,
raza, y sexo (CIRIZA, 2007). En línea con esta segunda crítica Borelli
señala, para el caso especíco de las mujeres, que las mismas no
gozan de una ciudadanía plena, ya que a pesar de tener derechos
“formalmente garantizados, en lo cotidiano muchos de ellos no
los ejercen realmente debido a variables restrictivas tales como el
trabajo no remunerado, el escaso tiempo libre y las tareas que el
mundo reproductivo o del cuidado, que impiden el ejercicio de una
ciudadanía plena”(2008, p. 72)4.
El “ciudadano homogéneo”asícomo la noción de “igual trato
ante la ley”–adscriptas a la teoría clásica de la ciudadanía- han
sido cuestionadas, especialmente por los movimientos sociales
contemporáneos de los sectores oprimidos, atribuyendo valor y
carácter positivo a la especicidad del grupo frente a los ideales
de asimilación. De este debate se ha originado el concepto de
ciudadanía diferenciada, como la mejor manera de lograr la inclusión
y participación de todas las personas de una ciudadanía plena
(YOUNG, 1994, p. 3).
Fundado por hombres, el Estado moderno y el dominio público de
la ciudadanía presentócomo valores y normas universales aquellas
que habían derivado de la experiencia especícamente masculina.
De igual manera sucediócon otros grupos también alejados del
ideal heteronormativo o del ideal étnico-racial. Estos grupos, se
4 - Otras críticas feministas - como Nancy Fraser - van más alláde esta ciudadanía de
mercado, y plantean nuevas y más amplias concepciones de la ciudadanía, señalando la
necesidad de valorar y reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres en la esfera
privada. Carole Pateman, por su parte, destaca que en los regímenes democráticos
de bienestar, la clave para la ciudadanía ha sido siempre la independencia y que ésta
ha sido históricamente interpretada bajo parámetros masculinos, como independencia
económica. De esta manera la ciudadanía es en símisma una categoría patriarcal que
dene quién es el ciudadano, su deber ser y en terreno en el cual actúa; todas estas
denidas a imagen del varón y por ende devaluando las tareas y cualidades de “las
mujeres”.
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tornarán centrales en el contexto de la modernidad, debido a la
creciente capacidad de demanda de los nuevos movimientos sociales
emancipatorios y de nuevos gobiernos progresistas o de izquierdas,
quienes se han movilizado en torno a la identidad grupal y no tanto
en función exclusivamente de los intereses de clase o de los intereses
económicos (YOUNG, 1994, p. 3).
Por lo explicitado anteriormente, Young propone un principio básico
para todo sistema de gobierno republicano y democrático, el cual
consiste en proporcionar mecanismos para la representación y
reconocimiento efectivos de las distintas voces y perspectivas de
aquellos de sus grupos constituyentes que se encuentren en situación
de desventaja u opresión. Este modelo ha sido denominado como
“modelo arcoíris” (YOUNG, 1994, p. 8)5.
No obstante, el planeo de Young suscita importantes cuestiones:
¿Quiénes son los grupos “oprimidos”?¿En virtud de quécaracterísticas
merecen ser representados? A este respecto, la autora señalaráque
los grupos oprimidos se generan cuando “los benecios derivados
de su trabajo van a otras personas sin que éstas les recompensen
recíprocamente por ello; están excluidos de la participación en las
principales actividades sociales; viven y trabajan bajo la autoridad
de otras personas; están en tanto grupo estereotipados y sufren
marginación u otros tipos de violencia” (YOUNG, 1994, p. 8).
Esta elaboración teórica ha sido criticada, principalmente, desde
corrientes feministas (autodenominadas) radicales, por considerar
que contiene elementos de carácter esencialista. En este sentido,
Mouffe dirá que, en la medida que Young planeta que el problema
5 - Esta representación de grupo implica contar con mecanismos institucionales y
recursos públicos entre los que se destacan: la auto organización de sus miembros
de manera colectiva; canales institucionalizados que les permitan expresar dichas
demandas en los cuales los decisores están obligados a mostrar que han tenido
en cuenta dichas perspectivas; y nalmente la posibilidad de tener poder de veto
respecto de políticas especícas que afecten directamente al grupo.
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de la ciudadaníaradica en que la categoría“individuo”aparece
como la forma universal de la individualidad (aunque esté basada
en el modelo masculino), la política será concebida como un proceso
de enfrentamiento entre intereses e identidades ya constituidos.
Sostendrá, por el contrario, que el objetivo de una ciudadanía
democrática radical debe ser la construcción de una identidad
política común que cree las condiciones para el establecimiento de
una “nueva hegemonía”articulada mediante nuevas relaciones.
Para esto resulta indispensable la transformación de “las posiciones
de sujeto existentes”, lo cual supone que el modelo “arcoíris”
planteado por Young solo puede ser visto como la primera etapa
hacia la implantación de una política democrática radical. Desde
esta perspectiva, un individuo aislado puede ser el portador de esta
multiplicidad en símismo, es decir, ser dominante en una relación
y al mismo tiempo estar subordinado en otra. Así, la “identidad”
del sujeto es múltiple y contradictoria, contingente y precaria,
jada temporalmente en la intersección de las posiciones de sujeto
y dependiente de formas especicas de identicación. Por lo tanto
problematizar al agente social como si fuese una entidad unicada,
sería incurrir en un error ya que no se estaría visualizando su
multiplicidad, dependiente de las diversas posiciones de sujeto que
lo constituyen y atraviesan en las variadas esferas vitales por las que
recorre (MOUFFE, 1993, p.7).
1.2 Redistribución-reconocimiento: ¿una falsa dicotomía?
Tal como es mencionado por Fraser (2001), actualmente las
reivindicaciones de justicia social se dividen en dos tipos. El primero,
más conocido y revitalizado en el marco del pensamiento de libre
mercado estáconstituido por las reivindicaciones redistributivas, que
pretenden una distribución más justa de los recursos y de la riqueza.
Por otra parte, el segundo tipo de demanda, con especial relevancia
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en el contexto actual, se reere a la política de reconocimiento de la
diferencia, respecto a la norma hegemónica. Esta última incluye un
amplio espectro que va desde las reivindicaciones de reconocimiento
de las diferencias de género, hasta demandas provenientes de las
minorías étnicas-raciales y de diferencias sexuales. Con frecuencia,
ambos tipos de reivindicaciones de justicia aparecen disociados,
tanto práctica como intelectualmente.
Fraser señala el hecho de que dentro de los movimientos sociales,
como el feminismo, las tendencias activistas que consideran la
redistribucióncomo elmedio dereparaciónde ladominación masculina
están cada vez más disociadas de las tendencias que buscan, el
reconocimiento de la diferencia de género. Esta situación ejemplica
un fenómeno más general entre “el distanciamiento generalizado de
la política cultural respecto de la política social y el de la política de la
diferencia respecto de la política de la igualdad”. De aquídevienen las
siguientes disyuntivas:“¿redistribución o reconocimiento? ¿Política de
clase o política de identidad? ¿Multiculturalismo o socialdemocracia?”
(FRASER, 2001, p. 84).
La respuesta de la autora a estas preguntas parte de una importante
puntualización: y es que estas cuestiones en símismas a pesar
de haber estructurado en gran medida el debate, remiten a una
falsa antítesis ya que, en el contexto actual,la justicia exige tanto
la redistribución como el reconocimiento. Es decir, una concepción
bidimensional de la justicia y una orientación política programática
que pueda integrar lo mejor de la política de redistribución con lo
mejor de la política del reconocimiento. Por ejemplo, el racismo está
enraizado en la estructura económica, al igual que otras “diferencias”,
debido a que las dimensio2pobrenes distributiva y de reconocimiento
interactúan y se potencian (FRASER, 2001, p. 93). No se es “pobre”
porque se es “negro”, pero la condiciónétnico-racial dialoga con la
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posición del agente en la estructura capital-trabajo, reproduciendo o
atenuando su condición de pobreza.
1.3 Políticas anti-discriminatorias
Partiendo de que la discriminación hace referencia a la existencia de
desigualdades sociales entre grupos y que éstas no son legítimas y/o
legales deben ser modicadas. Es a partir de esta concepción que
se ha generado un amplio abanico de políticas orientadas en este
sentido. Allí, el Estado aparece como garante de la ciudadanía en su
conjunto, en tanto debería abordar estas desigualdades a través de la
implementación de políticas públicas que favorezcan a la igualación.
Esto supone denir cuáles son los datos de la realidad que muestran
únicamente “diferencias”y cuáles de estos pueden ser considerados
como desigualdades que se deben corregir.
En este sentido, una primera aproximación ideológica indica que
cuando se habla de discriminación se intenta medir las diferencias
entre, por ejemplo, hombres y mujeres en términos de: distribución
de bienes, servicios, prestigio y poder. En aquellas sociedades en
las que hay desigualdades sistemáticas en su distribución, se
podría armar que existe desigualdad de género. Una sociedad
igualitaria, en cambio, sería aquella en la que los roles sexuales
son bastante similares en términos de lo que la propia sociedad
valora positivamente (ASTELARRA, 2004, p. 8). La clasicación de
las políticas implementadas en este sentido varía según diferentes
autores, pero solo se mencionarán las más importantes que se
han implementado. Estas son: igualdad de trato, igualdad de
oportunidades, acción positiva y políticas transversales de género.
1.3.1 Igualdad de trato
Las políticas que se desarrollaron bajo el enfoque de la igualdad de
trato están basadas en el concepto liberal de igualdad, que supone
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que todas las personas son iguales ante la ley sin atender a sus
diferencias de sexo, color, condición social. Según este principio
“nadie puede ser tratado por debajo de los derechos que rigen para
todos”.Como consecuencia, suponiendo que todas las personas son
iguales ante la ley y que las diferencias (etnia-raza, condición social,
sexo) no son relevantes, la simple introducción de los principios
de jure en el sistema legal alcanzaría para garantizar la ciudadanía
plena6.
No obstante, este es tan solo un piso mínimo en el combate hacia
la discriminación, debido a que –como se veráa continuación-
las diferencias si importan y se materializan concretamente, en
desigualdades que se traducen en la vida pública y en la vida privada
en espacios tales como: la política, el mercado laboral, entre otros
(INCHAUSTEGUI; UGALDE, 2004).
1.3.2 Igualdad de oportunidades
Frente a la insuciencia de las políticas de igualdad de trato, surgen las
llamadas políticas de igualdad de oportunidades. Su objetivo es cerrar
las brechas de participación, capacidad, oportunidades, patrimonio y
protección, entre los integrantes de la sociedad. Implican un paso
más alláde la igualdad de trato, en tanto garantizan el ingreso de
grupos especícos (como las mujeres en dominios masculinizados).
No obstante, el acceso de las mujeres, o de cualquier otro colectivo
discriminado y segregado, al mundo público no transforma las
relaciones de género establecidas y tampoco modica los roles y
funciones de las éstos. (GARCÍA PRINCE, 2008, p. 59).
6 - En el caso de las desigualdades de género, todas aquellas medidas que permitan
el acceso de las mujeres al mundo público –acceso al voto, empleo, educación- del
que habían sido son parte de la “igualdad de trato” (ASTELARRA, 2004, p. 12-13).
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LA INCORPORACIÓN DE LA NUEVA AGENDA DE DERECHOS:
el progresismo y la construcción de ciudadanía
1.3.4 Acción armativa
Hacia los años setenta y ochenta, el reconocimiento del aporte que
algunos colectivos hacen al desarrollo asícomo del carácter estructural
de la desigualdad de género, llevóa una segunda fase de políticas de
equidad basadas en acciones positivas y programas diferenciados.
Las políticas de acción positiva consisten en un mecanismo para
corregir la desventaja inicial de las mujeres, favoreciendo la igualdad
a través de medidas concretas que equilibren las oportunidades y
reduzcan la discriminación, denunciando diferencias existentes entre
igualdad formal e igualdad sustantiva y la falsa premisa de que todos
los actores sociales parten del mismo piso común y que enfrentan las
mismas dicultades (INCHAUSTEGUI; UGALDE, 2004, p.3; SEMPOL,
2013, p. 14)7.
1.3.5 Transversalidad de género o gender mainstreaming
El inicio de las propuestas para la transversalidad de género, se
produce a nes de los ochentas y principios de los años noventa, a
partir de las críticas a la estrategia Género en el Desarrollo (GED).
Sin embargo, no es hasta la IV Conferencia Mundial de la Mujer en
1995, que se incorporan como estrategias a ser adoptadas por parte
de los gobiernos rmantes del Plan de Acción y la Plataforma de
Pekin. Segúnéste, al abordar la cuestión de los mecanismos para la
promoción del adelanto de la mujer, los gobiernos y otros agentes
deben fomentar la formulación de políticas activas y visibles para la
incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas
y programas (RODRÍGUEZ GUSTÁ, 2008b, p. 55; INCHAUSTEGUI;
UGALDE, 2004, p. 6). Así, se pretendió generar un nuevo tipo de
7 - Si bien la acción armativa no estárestringida a procesos políticos e institucionales,
en América Latina, éste ha sido su uso principal. Se ha utilizado, por ejemplo, para
remediar injusticias de los procesos de discriminación manifestados en la escasa
representación de mujeres en las jerarquías institucionales. Sin embargo, al centrarse
en los resultados, estas políticas poco hacen respecto de los procesos valorativos que
reproducen las creencias culturales.
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políticas llamadas gender mainstreaming opolíticas transversales,
las cuales implican integrar sistemática y comprehensivamente
las nociones de desigualdad entre los sexos, con la nalidad
de transformar las estructuras y procesos del orden de género
(INCHAUSTEGUI; UGALDE, 2004)8.
Inchaustegui y Ugalde (2007, p. 9-12) identican tres dimensiones
mediante las cuales se puede captar la profundidad o arraigo de las
estrategias de acción en esta materia, estas son: la dimensión de la
política; la dimensión de la estructura yla dimensión del actor.
La primera hace referencia cómo estáincluida la equidad de género
en la denición de la política pública en cuestión. En términos
prácticos, supone analizar quégrado de compromiso, indiferencia
o ceguera tienen las políticas públicas respecto a la igualdad en
el reconocimiento de necesidades, demandas e intereses de las
mujeres y de los hombres, en aras de promover un mayor equilibrio
distributivo en términos de género. La dimensión de la estructura,
hace énfasis en las reglas escritas y no escritas en el funcionamiento
de las instituciones asícomo la organización y jerarquía de los
sistemas y procedimientos de trabajo. Finalmente, la dimensión del
actor señala la capacidad de agencia que tienen las unidades de
género, la trama de puntos focales de género a lo interno de las
organizaciones públicas y la red de actores sociales que impulsan la
agenda de la equidad de género.
8 - En la aplicación que hace la Unión Europea se señala que la transversalidad
plantea la necesidad de realizar dos tipos de intervenciones que son aplicables a todos
los departamentos de una institución pública. La primera se reere a intervenciones
activas “ex ante”en que es preciso integrar el factor de la igualdad y hacer los ajustes
de las políticas a través el análisis e incorporación de la perspectiva de género. La
segunda se remite a intervenciones reactivas “ex post”con acciones especícas
destinadas a mejorar la situación del sexo desfavorecido. De esta manera la
transversalidad se convierte en una forma de intervención que no sólo es transversal
en el sentido de incorporar a toda la institución, sino en el planteamiento de cruzar
las relaciones de género con la denición de cualquier situación que requiera de una
intervención pública. (RODRÍGUEZ GUSTÁ, 2008, p. 115).
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2 EL URUGUAY PROGRESISTA: los nuevos movimientos
sociales y los nuevos ¿viejos derechos?
El arribo del Frente Amplio al gobierno en 2005, modicó la estructura
de oportunidades de los movimientos sociales, brindando una mayor
apertura para considerar los temas relacionados a la discriminación
y segregación sufridos por grupos poblacionales especícos (sobre
todo de las mujeres, del colectivo LGBT y de los afrodescendientes).
En este contexto, fueron aprobadas una serie de leyes tendientes
a modicar o paliar algunos de los efectos producidos por décadas
de segregación social y económica ya que se modicó la disposición
ideológica de quienes detentaban el poder del Estado, factor que
viabilizó la inuencia de los nuevos movimientos sociales y la
tramitación de los nuevos derechos (MCADAM; TARROW; TILLY,
1997).
Un mínimo repaso por los principales temas que estuvieron presentes
en la agenda pública en los últimos años, muestra la relevancia que
la temática ha adquirido. Una ley de 2004 aprobóla Lucha contra el
Racismo, la Xenofobia y la Discriminación (17.817), un decreto de
2009 establecióel ingreso de homosexuales a las Fuerzas Armadas,
la llamada “Ley de Concubinato” (18.246) de 2010 concedió los
mismos derechos a las uniones concubinarias homosexuales y
heterosexuales, la aprobaciónde la ley de 2009 que establece cuotas
para la participación de las mujeres en las listas de votación (18.
476), la aprobación en 2006 de la ley que declara el 3 de Diciembre
como el Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la
Equidad Racial(18. 059), la Ley de Matrimonio Igualitario aprobada
en 2013, despenalización del aborto (Ley N° 18.987), la reserva
de un porcentaje de empleos públicos para los afrodescendientes
(Ley N° 19.122) y la regulación de la producción y el consumo de
marihuana, son algunos ítems que ayudan a ejemplicar el avance
legislativo del país en materia de nueva agenda de derechos.
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Para explicar la gestación y auge de estos procesos en Uruguay
debemos remitirnos a varios factores. En primer lugar, una de las
repercusiones principales del giro neoliberal en la década de los
noventa en América Latina –destinado a implementar una serie
de reformas estabilizadoras basadas en el ajuste macroeconómico
y una redenición del papel del Estado - fue la generalización de
los “procesos de des-integración social, emergencia de terceras
culturas, y la re-edición del conicto cultura hegemónica-subculturas.
Estas últimas interpelan el tipo de integración existente a partir
de la asimilación de las minorías, pugnan por ampliar su ejercicio
de ciudadanía y el desarrollo colectivo e individual con equidad e
igualdad” (OLAZA, 2011, p. 9).
Si bien en Uruguay el cúmulo de estas reformas giróen torno a
la heterodoxia9, cristalizaron procesos de exibilización laboral,
segregación territorial y desigualdad económica que ya se venían
procesando durante las décadas anteriores. Así, durante nes de los
noventa y comienzo del siglo XX, el país asistió a graves procesos de
desarticulación y exclusión social. Estos procesos fueron tramitados
de peor manera por algunos grupos especícos de la sociedad,
fundamentalmente los niños, las mujeres, los afrodescendientes
y los colectivos LGBT,ya que poseían menores mecanismos de
amortiguación, resguardo e inclusión que el resto de la sociedad.
Esta circunstancia se explica, en algún punto, por el escaso vinculo
que mantenían estos grupos con el mercado formal de empleo –
principal factor de integración (MIDAGLIA, 2013)10.
9 - Para la concreción de este modo heterodoxo,fue imprescindible la presencia de
actores políticos y sociales especícos, como los partidos políticos de izquierda, los
sindicatos y algunos sectores de los partidos tradicionales.
10 - El sistema de seguridad y de asistencia social de Uruguay, que se construyóen
las primeras décadas del siglo XX, se caracterizó por la amplia cobertura. Sin embargo,
funcionó sobre un mercado de empleo con dosis signicativas de informalidad y
consolidó un componente de bienestar contributivo, relativamente estraticado según
sector y categoría laboral, que se mantuvo restringido al universo de trabajadores
formales (FILGUEIRA, 2007; MIDAGLIA, 2013).
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A estos grupos, herederos de desigualdades estructurales, se les
sumaba el poco reconocimiento desde el punto de vista simbólico. Así,
el cúmulo de desigualdades y exclusiones que la sociedad uruguaya
había procesado durante el siglo XX se concentraba en grupos
poblacionales especícos, en cuerpos e identidades concretas. En
otras palabras, la interseccionalidad de procesos de discriminación,
exclusión y marginalidad se vivencióen esos colectivos más que en
ningún otro.
Pasada la década de los noventa y su orientación pro “Consenso
de Washington”, sobrevino a inicios del siglo XXI una importante
reorientación de las políticas públicas, sobre todo de las referidas al
área social o asistencia. Los efectos del vacío de la “mano invisible
del mercado” provocaron el resurgimiento de la planicación. Ésta se
transformó en una concepción compartida por actores diversos (desde
los organismos internacionales a los partidos políticos de izquierda),
al tiempo que fue presentada como un giro institucionalista, donde
la lógica privada mercantil fue transmutada por la “ingeniería social”
desde el Estado (GARCÉ, 2011). Es así que Uruguay presentó, para
mediados de la primera década del siglo XXI y habilitado por la llegada
del Frente Amplio, una serie de cambios en la matriz de protección
social, asícomo en la institucionalidad en la cual ésta se gesta, y
en la agenda de medidas destinadas a erosionar la discriminación y
fomentar la inclusión social.
Paralelamente y como espejo de lo sucedido en el resto del mundo,
en Uruguay comenzaron a desarrollarse una serie de reivindicaciones
sociales fundadas en la concepción de derechos, individuales o
colectivos -y no en argumentos de conveniencia social o interés
general- que ensancharon el campo de los derechos humanos. Así
en la actualidad, según la reciente clasicación de Yamandú Acosta
(2008), se distinguen no menos de cuatro generaciones de derechos:
1) los civiles y políticos; 2) los económicos y sociales; 3) los culturales
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(que comprenden especialmente el derecho a la diferencia); 4) los
de la naturaleza (que, en palabras del autor, incluyen a los seres
humanos en cuantos seres corporales naturales).
En segundo lugar, debe señalarse que este fenómeno coincide con un
“aparente” auge mundial de la democracia, como concepción losóca
y como sistema político, donde ocurre una identicación casi perfecta
entre la democracia y los derechos humanos. Concomitantemente, a
partir de los años ochenta –fundamentalmente a partir de los procesos
de democratización en América Latina- la doctrina de los derechos
humanos ha ido independizándose del concepto de democracia y
asociándose al de democratización en clave de nuevos derechos. Así,
para Michael Ignatieff, se asiste a un proceso en el cual los derechos
humanos se han vuelto la nueva lengua del pensamiento moral
global (2003, p. 191) y ciertos discursos lo asumen como ideología
autosuciente, con la que se pretende interpretar y reorganizar
políticamente al mundo.
Si bien es válido que tras décadas de sufrir el impacto de numerosas
dictaduras militares y conictos armados internos, segregación y
exclusión de grupos poblacionales especícos, algunos países de
América Latina comenzaron a caminar en la década de los noventa
por transiciones políticas o procesos de democratización, no resulta
tan claro que estas instancias de democratización estén asociadas a
procesos de incorporación o reconocimientos especícos en términos
de construcciónde ciudadanía. Quizás estas incorporaciones podrían
estar obedeciendo a dos procesos especícos. Por un lado a una
correcta utilización de las ventanas o estructuras de oportunidad
abiertas tras la llegada de los gobiernos progresistas en la región y
por otro lado a la importación de una agenda internacional y regional
proclive a la tramitación de estas nuevas demandas y derechos.
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En paralelo a los recorridos mundiales, en las últimas dos décadas
la política de la identidad ha adquirido cada vez másrelevancia en
Uruguay. En términos de Fraser (1995) se puede admitir que, a la
demanda clásica de distribución en términos de clase, se ha sumando
la demanda de reconocimiento de grupos que se sienten excluidos
de la sociedad y el Estado debido a su raza, etnia u opción sexual
(CARNEIRO, 2014, p. 119). Si la democratización es entendida como
la implementación, ampliación y/o profundización de la democracia,
ésta debería suponer la incorporación política de todos los grupos
que se encuentran excluidos, superando y enfrentando los décit de
participación ciudadana.
Sin embargo, habilitar o democratizar la participación, en el sentido
de ampliarla, no supone, per se, una instancia de conversión
ciudadana. Las tensiones a la interna de estos procesos de integración
o ampliación, que en las últimas décadas han sufrido los sistemas
políticos latinoamericanos, lleva a preguntarse sobre los desafíos en
materia de construcción de ciudadanía que podrían estar implicando
estos procesos de democratización, en clave de nuevos derechos
para los grupos poblacionales antes mencionados.
En este contexto, uno de los elementos clave de los movimientos
sociales es la construcción de la identidad, que se realiza mediante
un atributo cultural o un conjunto de atributos culturales, que los
sujetos organizan y priorizan en el transcurso de su experiencia y
su acción. Así,la identidad se convierte en la fuente de sentido y
experiencia para las personas. El quiénque construye la identidad
colectiva y el para qué, determina en buena medida el contenido
simbólico y el sentido de quienes se identican con ella o se distancian
de ella (CASTELLS, 2010).
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2.1 Nuevos derechos en Uruguay
En Latinoamérica,la sociedad civil ha jugado un importante
papel (ÁLVAREZ; DAGNINO; ESCOBAR, 1998). Dado que los años
noventa América Latina fueron intensos en términos de reformas
e iniciativas de modicaciones estructurales, la actividad política se
vio atravesada por diferentes movimientos sociales de signicación
nacional (SOMUANO, 2007)11. En su conjunto los movimientos
sociales, y por ende el espacio de la sociedad civil, se convirtióen
un recinto altamente signicativo para la promoción de derechos
sociales y políticos. Concretamente en Uruguay los noventas también
provocaron la reacción y acción de NMS12.
Más alláde la incidencia de los NMS para la consecución de los ND, es
pertinente no perder de vista que la mayoría de los comportamientos
políticos y sociales del país han estado estructurados y tamizados por
la presencia de fuertes partidos políticos, que en algún punto facilitan
y“tradicionalizan”las nuevas demandas. Dado que en Uruguay
tuvo lugar el procesamiento de una ciudadanía integral, provocado
por la simultaneidad en el reconocimiento jurídico y extensión de
los derechos políticos y sociales a través de un rol protagónico
de los partidos políticos “tanto en la toma de decisión como en la
11 - A modo de ejemplo se puede mencionar el levantamiento zapatistaen la selva
Lacandona en 1994 -que hizo visibles las demandas de indígenas y campesinos-; la
“Guerra del Agua”cochabambina y las luchas del movimiento cocalero en el Chapare
boliviano; la emergencia y extensión del movimiento de trabajadores desocupados
en Argentina; las iniciativas de ocupaciones de tierras masivas del Movimiento de
Trabajadores Sin Tierra en Brasil; las movilizaciones campesinas en Paraguay –que
habilitaron la caída del presidente Cubas Grau y las protestas sociales en Perúque
marcaron el n del régimen de Fujimori destacadas (SOMUANO, 2007).
12 - Un ejemplo de esto es la resistencia a la privatización del agua en Uruguay la cual
es protagonizada por un emergente movimiento social que ha integrado diferentes
perspectivas en la defensa de una gestión pública, participativa y sustentable de este
bien común. Este movimiento,laCNDAV, consiguió el respaldo del 64,7% de la ciudadanía para
aprobar una Reforma Constitucional donde se consagraron estos principios. Aquíse
analiza el proceso de este movimiento desde la perspectiva de la antropología del
ambientalismo
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canalización de la cuestión social”(CASTELLANO CHRISTY, 1996, p.
107), el caso uruguayo se alejó de los tipos polares de expansión de
la ciudadanía y consagróuna instancia diferencial caracterizada por
la constitución primaria de la ciudadanía social y económica “antes
que darse plenamente como ciudadanía política” (PANIZZA, 1990,
p. 35).
Ya que se puede armar que fueron los partidos políticos quienes
organizaron a la sociedad, primero, y después a la ciudadanía,
permitieron que sea más fácil el ingreso de la ciudadanía a la lógica
participativa, pluralista y democrática. En otras palabras, habilitaron
un ingreso “no traumático”en comparación con los procesos en
otras regiones. Los partidos políticos uruguayosfuncionaron como
mecanismos amortiguadores del posible conicto ante la expansión
de la ciudadanía y esto se debe fundamentalmente a que “[...] la
ciudadanía igualitarista se realizaba en el partido”(PÉREZ, 1988, p.
50).
Partiendo de esta premisa es que aquíadscribimos a la lógica
institucionalista en su vertiente histórica, haciendo eco a la idea de
que las trayectorias actuales dependen de los caminos recorridos en
anteriores trayectorias, de carácter acumulativo. De esta manera, la
tramitación de los ND es heredera de los anteriores acontecimientos
de expansión de la ciudadanía.
3 LOS DERECHOS LGBT
3.1 Denición de la población objetivo
LGBT es una sigla que designa a los grupos no heteronormativos
tales como gays, lesbiana, bisexuales y transexuales. Este término
data de los años noventa y busca reemplazar el término “comunidad
gay”el cual no representaba a todos los miembros del grupo. El uso
moderno del término busca enfatizar en la diversidad de las culturas
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basadas en la sexualidad y la identidad de género, y se puede aplicar
para referirse a alguien que no es heterosexual, en lugar de aplicarlo
exclusivamente a personas que se denen como homosexuales,
bisexuales o transexuales13.
Dado que el ideal de ciudadanía universal ha guiado la evolución
emancipatoria de la vida política moderna -desde el momento en
que la burguesía desaó los privilegios aristocráticos exigiendo
iguales derechos políticos para los ciudadanos/as como tales, grupos
como las mujeres, los/as trabajadores, los/as judíos, los/as negros
y muchos otros han presionado para ser incluidos en la categoría
de ciudadanos/as (YOUNG, 1994, p. 4) - los “nuevos movimientos”
han incluido demandas de ciudadanía para todas las personas y para
cada persona.
En el ejercicio de concebir la igualdad como identidad, el ideal de
ciudadanía universal conlleva al menos dos signicados adicionales
a la extensión de la ciudadanía a todas las personas, a saber: la
universalidad denida como general en oposición a particular, es
decir, lo que los ciudadanos/as tienen en común como antítesis de
aquello en que dieren; y la universalidad en el sentido de leyes y
reglas que enuncian lo mismo para todas las personas (leyes y reglas
ciegas a las diferencias individuales o grupales).
La argumentación que subyace a los criterios de ciudadanía
diferenciada, defendida por estos colectivos, sostiene que en la
medida en que los grupos son culturalmente diferentes, el tratamiento
igualitario resulta injusto en muchos temas de política social, en
tanto niega esas diferencias culturales o las convierte en un lastre.
Impliquen cuotas o no, los programas de acción positiva o armativa
infringen el principio de tratamiento igualitario, puesto que toman
13 - Para dar cuenta de esta inclusión, una variante popular incluye la letra Q de queer
(LGBTQ) para aquellos que no estén especícamente representados por LGBT, como
los pansexuales, intersexuales, etc.
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el progresismo y la construcción de ciudadanía
en consideración la raza o el género a la hora de establecer criterios
para la admisión a escuelas, la consecución de trabajos o, de forma
más general, la promoción de una persona (YOUNG, 1994, p. 13).
Dar prioridad a la raza, al género o a la diferencia sexual se considera o
una compensación a los grupos que han sufrido discriminaciones en el
pasado o una indemnización por las desventajas presentes que dichos
grupos sufren en virtud de su historia de discriminación y exclusión.
Además de esas justicaciones mencionadas las políticas de acción
positiva se pueden entender como mecanismos compensadores
de los sesgos culturales de los patrones y criterios de evaluación
empleados por las escuelas o empresarios. Estos patrones y criterios
de evaluación reejan, al menos hasta cierto punto, la vida especíca
y la experiencia cultural de los grupos dominantes, blancos, anglos,
u hombres. Asimismo, en una sociedad grupalmente diferenciada el
desarrollo de patrones y criterios de evaluación totalmente neutrales
resulta difícil o imposible, puesto que la experiencia cultural de las
mujeres, los/as negros y los/as latinos y las culturas dominantes son
en muchos aspectos irreductibles a una medida común (KYMLICKA;
NORMAN, 2002). Por todo lo dicho anteriormente, las políticas de
acción positiva o armativa compensan el dominio de un conjunto de
atributos culturales.
En el Uruguay se han promulgado en los últimos años un conjunto
de leyes destinadas a incluir en el debate los preceptos acerca de la
ciudadanía anteriormente citados. Es asíque se ha procesado una
ampliación de los márgenes de la ciudadana, que progresivamente
se aleja del ideal clásico universal que solía contemplar un individuo
de carácter mayormente homogéneo. A continuación, se mencionan
las principales leyes implementadas en este sentido. Como se verá,
estas incluyen desde inclusiónen instituciones clásicas tales como el
matrimonio como leyes de protección ante posibles situaciones de
discriminación.
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3.2 Normativa destinada a garantizar los derechos
ciudadanos del grupo LGBT
- Ley 19.075 Matrimonio igualitario: Dos personas de igual o diferente
sexo, cualquiera sea su identidad de género u orientación sexual
pueden acceder al matrimonio civil, siendo éste el único reconocido
por ley.
- Ley 18.246 Unión Concubinaria: Aquellas parejas que convivan un
mínimo de 5 años (más allá de que su situación sea pública o no),
pueden acceder a este benecio.
- Ley 18.620: Cambio de nombre y sexo registral: Es una normativa
que está dirigida hacia personas trans (travestis, transexuales,
transgénero) que se sometieron a una operación de reasignación
de sexo; trans mayores de 18 años con un mínimo de dos años
de antigüedad en su identidad (no es necesario estar operada/o,
ni haber tomado hormonas); trans menores de 18 que cuentan
con el consentimiento de sus padres; trans menores de 18 sin
el consentimiento de sus padres que solicitan a un abogado y a
un/a curador/a apoyo para iniciar el trámite. Los benecios que
se generaron partir de esta normativa son los siguientes: permite
acceder a una cédula de identidad, credencial cívica y pasaporte
que reconozca la identidad y el nombre con el que eligióvivir la
persona (manteniendo el número original de los documentos, solo
modicándose el nombre y/o sexo). Asimismo, se habilita modicar
toda la documentación ocial que esté a su nombre (títulos de
estudio, certicados de cursos, partida de nacimiento, etc.) y permite
el acceso a todos a todos los benecios sociales que se reconocen
al sexo elegido (por ejemplo, los benecios que la Seguridad Social
da a las mujeres). Sin embargo, esta normativa no permite contraer
matrimonio.
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- Ley 18590: Derecho a adopción: Pueden ejercer este derecho en
forma individual, cualquier persona mayor de 25 años, las parejas
del mismo sexo que formalizaron la unión concubinaria, uno/a de
los miembros de la unión concubinaria respecto al hijo/a biológico/a
adoptado previamente por el otro integrante que no tenga relación
legal con el/la otro/a progenitor/a. Los benecios adquiridos a partir
de esta legislación reeren a que la persona adoptante representa al
menor legalmente en todas las instancias (educación, salud, justicia);
el niño/a pasa a tener los apellidos de la pareja o persona adoptante
y se rectica la partida de nacimiento.
- Ley 17.817 y el art. 149 del Código Penal: Problemas de
discriminación. La normativa reglamenta los pasos a seguir ante
diversas situaciones dónde se procese la discriminación. En una
institución pública (escuela, liceo, hospital, ocina pública14); en
una comisaría (arresto, maltrato, agresión verbal15); un individuo
discrimina a otro/a/s en la calle.
3.3 Tipos de derechos LGBT
La normativa puede clasicarse según se adscriban al tipo de
demandas y su origen histórico. Asíse señalaráque los derechos
civiles y políticos: surgidos en el siglo XVIII, buscan la protección
individual frente a la posible agresión de cualquiera de los órganos
públicos. Algunos de los derechos de este tipo son: derecho a la
14 - Hacer la denuncia ante la autoridad competente (por ej. director de liceo u
hospital) y solicitar una reunión. Si no hay respuesta, conseguir un/a abogado/a
sensible ante la diversidad sexual que presente una petición calicada. Esto exige a la
autoridad competente dar una respuesta. En caso de que la respuesta fuera inexistente
o negativa se puede presentar la denuncia ante la Comisión Honoraria Contra el
Racismo, la Xenofobia y Toda Otra Forma de Discriminación. Esta Comisión puede citar
a las autoridades implicadas para que tomen medidas que cesen con la discriminación,
puede resolver hacer denuncias públicas sobre estos actos discriminatorios e iniciar
acciones legales penales contra los individuos implicados.
15 - Buscar un abogadoyrealizar una denuncia judicial ante un Juzgado Penal. Fallo
judicial.
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vida, libertad, seguridad jurídica, a circular libremente,elegir la
residencia, a la nacionalidad, a no ser esclavizado ni torturado, al
libre pensamiento, a practicar cualquier religión, a expresar ideas,
entre otros. Los derechos económicos, sociales y culturales: estos
derechos tienen el objetivo de garantizar el acceso a la educación,
el trabajo y a la cultura y garantizar el bienestar económico, todo
esto a n de asegurar el desarrollo de las personas y pueblos; y
los derechos de los pueblos: estos derechos tienen que ver con
cuestiones supranacionales, como lo son el derecho a tener un medio
ambiente sano o la conservación de la paz.
Al respecto es importante señalar que las leyes mencionadas se
corresponden fundamentalmente con el reconocimiento de derechos
del tipo civiles y políticos. En tanto, los derechos económicos y
sociales, relacionados en este caso con el acceso al trabajo, han
comenzado a tramitarse posteriormente, una vez garantidos los
primeros. Ahora bien, ¿Quéconcepciones de ciudadano encierran las
leyes mencionadas?
En primer lugar interesa señalar que el universo es heterogéneo,
en otras palabras, las leyes promulgadas incluyen un amplio
abanico en cuanto tipo de derechos. Estas incluyen desde acciones
de reconocimiento (políticas de diferencia) que pretender incluir e
invisibilizar diferencias, tales como la ley de reasignación de sexo;
hasta leyes de protección ante discriminación, pasando por leyes
de inclusión en instituciones tradicionales y propias de la cultura
tradicional burguesa tales como el matrimonio o la constitución de la
familia (concubinato). Es interesante notar aquí que –a diferencia de
los grupos étnicos como ser los afrodescendientes - las primeras leyes
surgieron para garantizar el acceso a derechos que según denía
la constitución eran universales en el caso de personas adultas.
En contraposición, los grupos afros han iniciado el reclamo de sus
derechos desde las leyes de inclusión laboral y antidiscriminatorias.
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el progresismo y la construcción de ciudadanía
En otras palabras, mientras la comunidad LGBT inicióun proceso de
visibilización orientado a la sanción de leyes de reconocimiento e
inclusión, la comunidad afrodescendiente se movilizó–teniendo ya
garantidos los reconocimientos ciudadanos básicos- por el camino de
las normativas de la diferencia (generalmente abocadas al mercado
laboral). Actualmente, una vez sancionadas las leyes mencionadas,
la delegación de la UniónTrans del Uruguay solicitóal Parlamento
impulsar un proyecto de Ley para que el Estado les reserve una cuota
de sus puestos de trabajo, apelando al “desigual tratamiento”en el
tratamiento que debieran recibir en virtud de su condición“diferente”
y por ende sujeta a procesos de discriminación y estigmatización.
En segundo lugar, los derechos ciudadanos, entre los que sobresalen
los derechos de participación y comunicación política, son más
bien concepciones positivas. No garantizan la libertad respecto de
coerciones externas, sino la participación en una práctica común,
cuyo ejercicio es lo que permite a los ciudadanos convertirse en
aquello que quieren ser, en sujetos políticamente responsables
de una comunidad de libres e iguales. Es decir, que a la garantía
de derechos sociales básicos le siguen por parte de este grupo, el
reclamo de derechos económicos.
En síntesis, respecto a los “nuevos”derechos LGBT, es necesario
mencionar que se ha avanzado muy poco en este campo. Los derechos
mencionados parecen estar transitando por vías mayormente
liberales, en tanto se ha prestado poca atención a los mecanismos
de involucramiento y cohesión ciudadana de estos grupos. En este
sentido, se ha argumentado esto se corresponde a una cuestión
de orden, donde los derechos y mecanismos de participación
solo entrarían cuando ya estuviesen garantidos los mínimos de
reconocimiento social y acceso económico.
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En este sentido, el proceso político dado para la promoción de esta
nueva normativa sirve al control de la actividad del Estado por
ciudadanos que en el ejercicio de sus derechos privados. Es decir,
por una parte el Estado reconoce su diferencia, en tanto por otra
los incluye en el imaginario de ciudadano universal mediante la
integración del grupo a instituciones normativizadoras tradicionales
tales como la familia (casamiento, concubinato).
Las primeras de las sanciones demandas por este colectivo
“diferente”ha sido paradójicamente la inclusión en el esquema
tradicional de familia a través de la ley de concubinato. Esta ley
por un lado “organiza”y“normaliza”el tipo de vínculos establecidos
entre parejas LGBT, a la vez que garantiza ciertos derechos de
índole económicos. Posteriormente, el matrimonio igualitario irámás
allá, consagrando esencialmente nociones simbólicas, ya que con
la ley de concubinato se garantizan los derechos socioeconómicos.
El matrimonio entre personas del mismo sexo es una medida que
benecia fundamentalmente a la clase media y alta ya que es
justamente su valor simbólico lo que permite incluir a estos grupos
plenamente en la sociedad.
4 LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
La expresión género surge como una acepción adoptada entre
feministas americanas para insistir en la cualidad fundamental social
de las distinciones basadas en el sexo. El mismo reere a conceptos
analíticos, pero denota la acogida política del tema (SCOTT, 1986).
Posteriormente se ha ido desarrollando como una categoría de análisis,
relacional entre varones y mujeres, dejando atrás determinismos
biológicos y denotando las construcciones culturales. Se utiliza para
tratar las relaciones sociales entre los sexos.
El debate acerca de la equidad de género encierra la discusión en
torno a la ciudadanía de las mujeres; es decir, de la posibilidad de
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el progresismo y la construcción de ciudadanía
ejercer los derechos real y plenamente más alláde que los mismos
estén absolutamente garantizados por el sistema legal (BORELLI,
2008). Se estima que la mayoría de las mujeres goza de una
ciudadaníarestringida en cualquiera de esas dimensiones; ya que,
a pesar de tenerlos formalmente garantizados, en lo cotidiano no
ejercen realmente sus derechos porque el trabajo no remunerado,
el escaso tiempo libre y las tareas que el mundo reproductivo o del
cuidado imponen son una variable de restricción para el ejercicio de
una ciudadanía plena (BORRELLI, 2008).
La discusión sobre las desigualdades de género en Uruguay, ha estado
centrada principalmente en las inequidades salariales en el mercado
de empleo, la violencia de género (especialmente doméstica), las
cargas de género en materia de cuidados y otras responsabilidades
domésticas, y a la representación política. Uruguay ocupa uno de los
peores lugares respecto al porcentaje de mujeres en el Parlamento;
la media mundial se ubica en el 21,8%, los peores desempeños en el
16%, que son los países árabes; mientras Uruguay tiene el 13,1%, lo
que lo ubica en el lugar N°103 del ranking mundial de representación
parlamentaria femenina que elabora la ONU MUJERES16.
En el período comprendido entre 2005 a la actualidad, se han
aprobado una serie de leyes y medidas concernientes al género.
Entre ellas se hallan: Ley de Acoso Sexual N°18561 del año 2009,
Ley de Jornada Laboral de la madre adoptiva N°18. 436 de año
2008, Ley de Salud Sexual y Reproductiva N°18. 426 del año 2008,
Flexibilización y acceso a la jubilación considerando cargas familiares
N°18. 395 del año 2008, Licencia por paternidad N°18. 345 del
año 2008, Unión concubinaria N°18. 395 del 2008, Obligación de
implementar políticas con perspectiva de género en el Presupuesto
Nacional N°18. 172 del 2007.
16 - Fuente: ONU MUJERES. Mapa 2014 de las Mujeres en Política.
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Belén Villegas e Camila Zeballos
Desde el punto de vista de la institucionalidad, se ha profundizado
el rol del Instituto Nacional de las Mujeres17 de MIDES (Ministerio de
Desarrollo Social). En este sentido ha desarrollado servicios públicos
de atención a mujeres en situación de violencia y en situación
de trata con nes de explotación sexual comercial. Asimismo las
políticas sociales de trabajo protegido, como Uruguay Trabaja dentro
del Plan de Equidad, contemplan cuotas para mujeres. Asimismo,
se reglamentan las licencias por maternidad y paternidad, con el
agregado de la reducción de la jornada laboral bajo el concepto de
licencia parental; es decir, que admite la posibilidad de alterar entre
el padre y la madre.
La representación política de las mujeres es un asunto clave ya que
formar parte de los procesos de toma de decisión hace al ejercicio de
ciudadanía. En esta línea desde la teoríafeminista se ha enfatizado
en que el sistema de género dominante ha condicionado el desarrollo
de la ciudadanía política de las mujeres (JOHNSON et al., 2013).
Segúnésta, como la mayorresponsabilidad doméstica recae sobre
las mujeres, las cuales también se han insertado masivamente al
mercado de trabajo, se constata una traba al ejercicio ciudadano de
las mujeres, ya que la participación política se ve dicultada. Es decir,
las desigualdades entre varones y mujeres en la responsabilidad
doméstica operan como un obstáculo al ejercicio real de ciudadanía
de éstas.
17 - El Instituto Nacional de las Mujeres fue creado en 2005 en la órbita del Ministerio
de Desarrollo Social (Ley Nº17.866, art. 6). Se trata del organismo rector de las
políticas de género, responsable de la promoción, diseño, coordinación, articulación y
ejecución de las políticas públicas desde la perspectiva de género asícomo también
de su seguimiento y evaluación. Con tal sentido, se constituye como el garante
de los Derechos Humanos de las mujeres y como el promotor de la igualdad de
oportunidades para el acceso a los servicios y recursos que contribuyan a erradicar
la pobreza y la exclusión de las mujeres. Asimismo, tiene como objetivo garantizar
el acceso y la plena participación de las mujeres en las estructuras de poder y en la
adopción de decisiones. Disponible en: www.inmujeres.gub.uy.
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LA INCORPORACIÓN DE LA NUEVA AGENDA DE DERECHOS:
el progresismo y la construcción de ciudadanía
Las leyes de cuotas “facilitan”el acceso de las mujeres a un espacio
de toma de decisiones como lo es el Parlamento, pero no lo asegura.
Tampoco garantiza la participación de las mujeres en otros espacios
como los gabinetes ministeriales, etc. Las mismas son mecanismos
de acción armativa que parten de la premisa de que las relaciones
desiguales se poder que existen en las sociedad inciden en el sistema
político y hacen que no todas las personas puedan competir en
igualdad de condiciones para hacer efectivo su derecho ciudadano
(JOHNSON et al., 2013). Su nalidad es contrarrestar estos sesgos
para asegurar o facilitar el acceso a cargos de decisión política a
estos grupos excluidos.
Pese a las medidas mencionadas, se suscitan importantes
interrogantes, esencialmente referidas a la categorización de “las
mujeres”.¿Existen intereses de “las mujeres”independientemente de
su clase social de pertenencia, etnia, cultura y región? ¿Invisibilizan
los derechos “del grupo”las diferencias al interior del mismo? En
denitiva, ¿existen los intereses de “las mujeres” como grupo?
Molyneux indagando acerca de los “intereses de las mujeres”,
presentaba en 1985 una distinciónreferida a objetivos de corto y
largo plazo. La autora diráque existen intereses que las mujeres
en general comparten; “intereses de género”, diferenciándolos de la
falsa homogeneidad impuesta por la noción de los intereses de “las
mujeres”. Así, describía los intereses de género como aquéllos que
“las mujeres”desarrollan en virtud de su posicionamiento social a
través de los atributos de género.
Molyneux (1985, p. 232) distingue dos tipos de intereses,
complementarios y en ciertos casos contrapuestos. Por un aparte
estarían los intereses estratégicos de género, los cuales se
identican con el análisis de la subordinación de las mujeres y de la
formulación de un esquema normativo alternativo, más satisfactorio
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al que actualmente existe. Por otra parte, los intereses prácticos de
género referirán a aquellos que se formulan inductivamente y surgen
de las condiciones concretas del posicionamiento de las mujeres en
la división de trabajo basada en el género. Estos últimos más bien
responden a necesidades inmediatas, y en general no suponen una
meta estratégica –de largo alcance- tal como la emancipación de las
mujeres o la igualdad de género18.
Plantear a “las mujeres”como sujeto estanco sería incurrir en un
error, en tanto -rretomando a Mouffe (1993, p. 19) - un individuo
puede ser el portador de una multiplicidad en símismo, es decir:
ser dominante en una relación y al mismo tiempo estar subordinado
en otra.Por tanto, la “identidad”de este sujeto es múltiple y
contradictoria, y siempre jada temporalmente. Por esta razón, se
deberían contemplar clivajes contextualizados social e históricamente,
que garanticen que todas las voces sean escuchadas y representadas
en sus intereses y necesidades.
En relación a las medidas expuestas, deberíamos interrogarnos acerca
de las relaciones de clase implicadas en la agenda de género. ¿Acaso
representa el mismo “valor social” para las mujeres pobres (en gran
medida desempleadas o adscriptas al mercado informal) la adopción
de “políticas orientadas hacia los cuidados”, o la implementación de
cuotas parlamentarias? ¿Cómo se ha articulado la agenda de género
con las demandas de clase en el movimiento de mujeres?
18 - Es interesante notar que el planeo de Molyneux nos remite a varias de las
tensiones en las que se hallan las políticas públicas que pretenden tener enfoque de
género en la actualidad. Entre muchos otros, podríamos citar los casos en Uruguay
del Régimen de Asignaciones Familiares (modicado en 2008) mediante el cual la
asignación es recibida por la mujer, en vez del varón. Se pretendióprocurar que dicho
benecio llegue efectivamente a sus beneciarios –los menores de 18 años- y que las
mujeres-madres tengan el control sobre estos recursos como empoderamiento en el
hogar. Esta medidaseorienta con nes prácticos, sin embargo puede obstaculizar nes
estratégicos de la lucha feminista en tanto refuerza el rol“mujer-madre-cuidadora”al
interior del hogar.
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el progresismo y la construcción de ciudadanía
5 LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y EL CASO DE LA
POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE EN LA ADMINISTRACIÓN
PROGRESISTA
En Uruguay, la población afrodescendiente –junto a otras minorías
étnicas - ha enfrentado desde larga data dicultades para su inclusión
e integración social. En ese sentido es que se destaca la persistencia
de la inequidad y desigualdad, herederas de generaciones previas.
Expresadas en aspectos estructurales y en vivencias cotidianas, es
que se visualiza que la variable raza-etnia es una de las fuentes de la
desigualdad en Uruguay (OLAZA, 2011). A pesar de que en Uruguay,
y a diferencia de lo sucedido en Cuba, HaitíoBrasil, la población
afrodescendiente fue menor y su incorporación en las actividades
productivas diferentes, lo que habilitóla concreción de un proceso de
aculturación más acelerado19 (PUJADAS, 1993) fueron evidentes los
décits en materia de reconocimiento de derechos.
De acuerdo a los primeros datos generados por el país, en 1990 la
minoría afrodescendiente representaba cerca del 1% de la población
y por tanto poseía escaso peso electoral para canalizar sus reclamo
vía por esta. Así, esta cultura subalterna optópor la rendición de
cuentas societal (SMULOVITZ; PERUZZOTTI, 2006) para gestionar
sus demandas, mediante la creación de la Organización Mundo
Afro20.Ésta emergiócomo un movimiento social defensivo-ofensivo
que se asumiócomo portador de una cultura propia, mantenida a
lo largo del tiempo a través de la intensicación en la difusión de
19 - Asimismo permitióque esta minoría adquiera, progresivamente, los valores y
patrones de comportamiento propios del grupo dominante.
20 - Se trata de una organización con fuerte visibilidad en la opinión pública y que ha
aglutinando, paulatinamente, a grandes personalidades de la cultura afrodescendiente
del país. Vale mencionar que Mundo Afro no es la primera expresión en materia de
organización, ya que en las elecciones de 1938 se presentóel Partido Autónomo
Negro (PAN), en 1941 se fundó la Asociación Cultural y Social Uruguay (ACSU), hoy
denominada Asociación Cultural y Social Uruguay Negro (ACSUN) (CARNEIRO, 2014).
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su aporte a la cultura nacional, principalmente representada por el
tambor, el candombe y las llamadas (OLAZA, 2008).
Los objetivos de la organización pueden agruparse en tres grandes
principios. En primer lugar luchar contra el racismo y la discriminación
en todas sus formas; luchar contra la invisibilización de la población
negra en Uruguay y luchar contra la pobreza y las condiciones de
privación socioeconómicas que afectan a afrodescendientes. A su
vez, en su narrativa de injusticia la discriminación y el racismo
pasaron a ser consideradas como violación de derechos humanos.
La construcción de la agenda de la organización no fue sencilla,
pero básicamente se fundósobre los lineamientos vislumbrados
por Carneiro (2014): movilización directa y denuncia en el espacio
público; revisionismo histórico como parte de una batalla cultural
frente a la visión europeizante –clásica de nuestra historiografía
-; utilización de la comunidad internacional para “presionar desde
afuera”; utilización del cambio en la estructura de oportunidad
política que brindaba el arribo de la izquierda al gobierno.
Tras las denuncias procesadas por este colectivo, a partir de la
década del noventa, el país comenzóarevisar la problemática
asociada a la relación entre mayorías y minoría. Éstas iniciativas se
tradujeron en informes y documentos presentados ante organismos
internacionales, asícomo también en foros y conferencias nacionales.
Especícamente, en 1996 la Encuesta Nacional de Hogares incorporó
el ítem raza, en 2006, en 2008 lo hizo la Encuesta Nacional de
Hogares Ampliada y en 2011 lo hizo en el Censo Nacional. Las
encuestas mencionadas, como también el censo, permitieron obtener
información sobre ascendencia racial de la población uruguaya y la
situación de las minorías. Especícamente se destacó la marginalidad
y la informalidad del vínculo con el mercado de empleo, factor que
acentuaba los procesos de exclusión sufridos por décadas anteriores.
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el progresismo y la construcción de ciudadanía
Si bien la llegada del Frente Amplio al gobierno supuso un cambio en
la estructura de oportunidades para este colectivo especíco debe
mencionarse que el mismo había logrado cierta inuencia durante
el período del Presidente Jorge Batlle (2000-2005). Sin embargo lo
que realmente signicó el arribo del Frente Amplio al gobierno fue
una mayor inuencia del tema raza en la discusión de las políticas
públicas sociales, alimentado por un acercamiento e identicación de
algunos referentes partidarios de la coalición de izquierda con algunos
de los dirigentes de OMA21. En otras palabras, las propuestas que
desde OMA fueron realizadas, encontraronrecepción por parte del
elenco político, habilitando su concreción mediante la promulgación
de legislación especíca, colocando a este movimiento social en el
centro de la canalización de este tipo de demandas.
La política de reconocimiento hacia los afrouruguayos incorporó,
como serávisto a continuación, los aportes a la cultura. Al respecto,
el Estado uruguayo presentóuna petición a las Naciones Unidas a
favor de declarar el candombe como parte del patrimonio intangible
de la humanidad22, sumándose al Día nacional del Candombe, la
colectividad afrouruguaya y la equidad racial que se celebra cada
3 de Diciembre. Lo que supuso un reconocimiento a la identidad e
historia del colectivo.
Según la información institucional del Ministerio de Desarrollo
Social (MIDES), luego de atender a la emergencia social,resultaba
prioritario tomar una serie de medidas para enfrentar los problemas
de discriminación y desigualdad que sufridos por algunos sectores
sociales. Por eso, la cartera comenzó a aplicar acciones armativas
21 - Un ejemplo claro de este relacionamiento fue el nombramiento de Romero
Rodríguez –fundador de OMA - como asesor de TabaréVázquez en las temáticas
relativas a los afrodescendientes. En el actual período de gobierno fue nombrado
embajador itinerante de Uruguay y se desempeñócomo técnico especializado en
discriminaciónracial para Naciones Unidas en varios países de América Latina, siendo
los últimos Brasil y Ecuador.
22 - En 2009 el Candombe fue declarado por UNESCO.
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hacia este colectivo especíco, como por ejemplo ponderar al
momento de otorgar un empleo el hecho de que un postulante sea
negro o transexual23.
La Ley N°19.12224 (Afrodescendientes: Normas para favorecer su
participación en las áreas educativo y laboral) reconoce, en primer
lugar, que la población afrodescendiente que habita en Uruguay
ha sido históricamente víctima del racismo, la discriminación y la
estigmatización desde el tiempo de la trata y tráco esclavista –
acciones declaradas en la actualidad como crímenes contra la
humanidad según lo establecido por el Derecho Internacional-. En
segundo lugar, declara de interés general el diseño, promoción e
implementación de acciones armativas en los ámbitos públicos y
privados, dirigidas a los integrantes de la población afrodescendiente,
en pos de la equidad racial. De este modo, sostiene la normativa,
se estarácontribuyendo a la garantía del pleno ejercicio de los
derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales. Para la
consecución de estos, la normativa encomienda al Instituto Nacional
de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) la instalación de un
cupo no menor al 8% destinado a la población afrodescendiente, en
los diversos programas de capacitación y calicación que implemente.
La normativa presenta, en un primer momento una declaración
que asume a la trata esclavista del siglo XIX como crimen de lesa
humanidad, en concordancia con lo establecido por los organismos
internacionales de derechos humanos. A partir de allí, se estipulan
una serie de propuestas armativas que tendrán un plazo de 15 años
y que serán evaluadas cada 5 años.
23 - Como se verá en esta ponencia, también se implementaron acciones armativas
para la población trans. Especícamente se incluyeron en los formularios el ítem
“mujer trans” o “hombre trans” cuando se pide especicar el género y realizar talleres
para “sensibilizar”a los funcionarios públicos.
24 - La normativa fue sancionada el 21 de agosto de 2013.
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Estas suponen una cuota mínima de ingreso al Estado de 8% de
los llamados que se realicen, para promover la participación de
afrodescendientes en cursos de capacitación, modica la ley de
inversiones para introducir incentivos a los empresarios que decidan
contratar afrodescendientes, al tiempo que también estipula que
los sistemas de becas de educación terciaria y secundaria deberán
ajustarse a las cuotas previstas para esta población.
Fundamentalmente, lo que la normativa realiza es una reivindicación
de las acciones armativas, en el entendido que su aplicación conjunta
a estrategias de políticas focalizadas implicarían la redistribución
de recursos, el reconocimiento cultural y la representación de los
propios actores en defensa de sus derechos. En otras palabras, la
focalización de las acciones políticas armativas, podría convertirse
en una herramienta ecaz para poblaciones en situación de
vulnerabilidad y desventajadas en sus condiciones de vida. Ahora
bien, vale preguntarse si la aplicación de este tipo de medidas,
nalmente se constituye como un elemento capaz de construcción
de ciudadanía.
En síntesis, es a partir de las acciones de los movimientos directamente
involucrados como de la promulgación de leyes especícas para
esta minoría, que se han producido avances en lo que respecta a
la cuestiónracial, sobre todo en relación al reconocimiento de la
diferencia. Partiendo de las nociones clásicas del análisis de la
normativa armativa destinada a la población afrodescendiente, es
posible advertir que se ha transitado por instancias redistributivas en
términos de políticas públicas.
La centralidad que el movimiento social OMA ha adquirido en las
últimas décadas, haciendo uso del mecanismo de rendición de cuentas
societal (SMULOVITZ; PERUZZOTTI, 2006), ha sido evidente. Ahora
bien, se vuelve necesario problematizar esta centralidad en términos
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de representatividad. En otras palabras, cuánrepresentados están
los afrodescendientes del interior del país por una organización que
es, fundamentalmente, urbana y que comparte y reproduce aspectos
propios de esa urbanidad (por ejemplo el carnaval montevideano).
¿Hasta dónde los avances en materia de reconocimiento y
redistribución logran trascender la particularidad de un movimiento
social que por trayectoria en la materia tiene las capacidades
necesarias –información, capital social, etc. - para hacer uso de los
mismos?
6 CONCLUSIONES
Este trabajo pretendiópresentar la tensión existente entre el
reconocimiento de nuevos derechos y la construcción de ciudadanía, o
en otras palabras, si el reconocimiento de nuevos derechos procesado
durante la última década para colectivos especícos se constituyó
como un mecanismo para la construcción de ciudadanía.Partiendo
de esta premisa se analizóla situación de tres grupos poblacionales
especícos: las mujeres, el colectivo LGBT y los afrodescendientes.
Si bien no se procuróbrindar respuestas acabadas, sino más bien
introducir una temática que es por demás compleja, se lograron
determinar algunos indicios o reexiones. Se mostró, que los grupos
llamados “minoritarios”, han sido “favorecidos”con una serie de
medidas políticas, fundamentalmente normativas y regulaciones,
que apuntaron al reconocimiento, visibilización e inclusión social
como minorías. Ahora bien, la serie de medidas adoptadas, han
atribuido un valor y carácter positivo a la especicidad del grupo
frente a los ideales de asimilación. Es decir, primaron la especicidad
y particularidad de cada uno de estos grupos, estableciendo pocos
vínculos con el conjunto. Apostar por la ciudadanía diferenciada,
como la manera de lograr la inclusión y participación de todas
las personas en la plena ciudadanía (YOUNG, 1994, p. 3), lleva
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el progresismo y la construcción de ciudadanía
intrínsecamente problemas de fragmentación y repliegue de estos
grupos en sí mismos, volviendo muy dicultosos los vínculos entre
estos grupos y el conjunto de la sociedad.
Asimismo, que el debate político contemporáneo, y que la
justicación de acceso a los “nuevos derechos” esté dominado por
el concepto de derechos humanos, hace que los argumentos sobre
las formas políticas de legitimación pasen a ser canales secundarios
y marginales. Esto supone,que las reivindicaciones sociales y
las decisiones políticas repasadas se fundan en derechos, ya sea
individuales o colectivos, y no se detienen en los argumentos de
conveniencia social o interés general que están detrás de cualquiera
de estos procedimientos o normativas.De esta manera, las medidas
llevadas adelante por el gobierno, y fundamentadas por las
demandas de nuevos movimientos sociales especícos, no se trataría
de acciones tendientes a la construcción de ciudadanía, sino más
bien de aspectos que apuntarían a la redistribución, en términos de
políticas públicas, que incorporan aspectos de transversalización.
Finalmente, se destacan tres puntos centrales en los cuales se
estructuraeste debatey lasmedidas entornoal mismoimplementadas.
En primer lugar, tal como se menciona en (CHASQUETTI; GUEDES;
ZEBALLOS, p. 2014) las medidas políticas implementadas por el
actual gobierno, tendientes a regular los nuevos derechos, han
tenido el mayor impacto en términos de visibilidad en la población.
El uso político electoral de estos temas ha sido un factor esencial en
términos partidarios en el partido de gobierno a través de la clásica
ecuación del “vino nuevo en odre viejo”. Esto es, en otras palabras,
que a las clásicas demandas redistributivas se han adicionado
las de representación, atrayendo particularmente a las nuevas
generaciones. El “valor político”de las demandas redistributivas se
ve representado en el hecho de que si bien el partido de gobierno ha
sido quien, primeramente, ha adoptado esta bandera, crecientemente
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estas demandas se han articulado en todos los partidos políticos,
claramente con variables grados de incidencia.25 Asimismo, se destaca
un uso personal de algunos políticos identicados con estos temas,
y que han logrado construir su carrera a través de dos mecanismos:
la visibilidad pública –vinculo con la opinión pública- que les aporta
identicarse con estos temas, y el poder que obtienen a través del
lobby con estos grupos.
En segundo lugar, al igual que ocurre con el mundo material, el mundo
simbólico y la producción de conocimiento están sujetos a procesos
de producción y venta. En otros términos, La Teoría (en mayúsculas)
que sustenta a estas nuevas tendencias, se produce en el “Norte”y
por ende se produce y enraíza a imagen y semeja de una realidad
que le precede. En el “Sur”, por su parte, la pérdida de pensamiento
contextualizado implica mucho más que une mera restricción del
objeto, del signicante, abarca mucho más que un cambio en la
“elección del objeto”, supone violencia simbólica y cultural en tanto
impone imaginarios alejados de la realidad material concreta en la
que se aplica. En términos más concretos, esto equivale a decir que
se aplican medidas y acciones que son productos de (otros) procesos
políticos y que se han construido en diálogo con ellos. A modo de
ejemplo, las demandas de “cuidados”dialogan con la llamada tercer
ola feminista, que se asienta sobre la base de derechos garantidos
desde hace varias décadas en los países nórdicos y algunos países
del mundo anglosajón. También se podrían señalar los debates y
demandas de los grupos queer, provenientes de los grupos gays, con
una data de más de 30 años de historia, y con grandes poderes de
lobby construidos (por ejemplo en países como EE.UU o en Israel).
En otras palabras, ¿es el reconocimiento de “la diversidad”una forma
de ideología importada que inhibe el desarrollo de análisis crítico de
25 - A modo de ejemplo todos los partidos políticos tienen en su interior unidades o
direcciones de agénero, pero solo el Frente Amplio ha articulado este eje con el de
diversidad sexual.
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LA INCORPORACIÓN DE LA NUEVA AGENDA DE DERECHOS:
el progresismo y la construcción de ciudadanía
los particularismos culturales/sociales/económicos que cruzan a la
sociedad uruguaya?
Esto no supone evitar la implementación de estas políticas –que en
realidad han perseguido un orden que en realidad no existe como
tal -, pero si implica una problematización mayor de estas cuestiones
(de lo contario se suceden y reproducen imaginarios que impactan
e n la identicación de grupos o países enteros como “avanzados
culturalmente”o lo que sería lo mismo desde este esquema
“gayfriendly” o “tolerantes).
Finalmente, y en los que respecta al aspecto institucional, se
torna fundamental la implementación de armados institucionales
acordes y la generación de capacidades estatales y posicionamiento
institucional (rango, recursos económicos y humanos, etc.) atribuido
a las agencias gubernamentales y sociales que representen estas
demandas, asícomo el cultivo de la voluntad política y de alianzas
estratégicas con las organizaciones sociales clave. Esta instancia es
clave,ya que si no se generan las capacidades estatales concretas,
las acciones “avanzadas”quedan en la práctica como elementos de
jure pero no de facto.
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