Este estudio de casos múltiples comparativo y explicativo investiga cómo y en qué medida los factores asociados a
los procesos políticos y a las instituciones influenciaron la eficacia de una política de integridad diseñada por un
órgano federal e implementada por gobiernos subnacionales brasileños. Los procesos políticos son promovidos por
coaliciones que utilizan los eventos internos y externos al subsistema de políticas, así como las estrategias, los recursos
y el aprendizaje para influenciar los cambios de políticas. Los factores institucionales son relativos a las capacidades
técnico-administrativas, los arreglos organizacionales, y a la capacidad y funcionamiento del sistema interno de
integridad. Más allá de un principio de conducta, la integridad se concretiza en el sector público como política y
como sistema organizacional (interno) o entre organizaciones (red), y como política, la eficacia es evaluada a corto
plazo a través de los productos (outputs) que genera. Políticas públicas se producen por medio de procesos políticos
(policy process), y las políticas de integridad fueron aquí analizadas bajo el abordaje del marco de las coaliciones
promotoras (advocacy coalition framework - ACF), una originalidad de esta investigación. La unidad de análisis fue el
‘subsistema de políticas’ de integridad pública, compuesto por actores públicos o no que se agrupan en coaliciones
a partir de creencias, incluyendo organizaciones que para implementar sus políticas necesitan de capacidades técnicoadministrativas
y coordinan diferentes arreglos organizacionales. La política analizada fue el Programa Time Brasil,
desarrollado por la Contraloría-General de la Unión (CGU) para ofrecer apoyo a los estados y los municipios en el
fortalecimiento de la integridad, la transparencia y el gobierno abierto. Fueron investigados cuatro pequeños
municipios voluntarios (Navegantes/SC, Surubim/PE, Cidade Ocidental/GO y Conde/PB), que implementaron el
‘Time’ experimentalmente entre 2018 y 2021. Se utilizó análisis de contenido sobre 840 documentos y 21 entrevistas
con los responsables de la política en los ayuntamientos y en el órgano federal, así como triangulación con una base
de 109 variables recolectadas de cada caso, divididas en 17 clases de variables, a su vez distribuidas en 10 clases de
factores (4 institucionales y 6 políticos). La evaluación de las variables ocurrió con relación a referenciales como
promedios nacionales y regionales, cuando existen, y a los casos entre ellos, y la gradación de influencia fue cualitativa,
basada en una comparación presentada en un mapa analítico tipo cross-case synthesis. Los principales resultados
evidenciados con el process tracing confirmaron la hipótesis inicial, de que la eficacia de la política en los cuatro casos
fue influenciada por las dos clases de factores previstas (los procesos políticos y las instituciones), y evidenciaron la
influencia en 53 de las 109 variables evaluadas, siendo 21 institucionales y 32 del policy process, más 3 de las cuatro
fuentes de cambio propuestas en el ACF. Los factores asociados a los procesos políticos y a las instituciones fueron
necesarios para el grado de eficacia alcanzado, aunque no serían suficientes aisladamente para lograrlo, mientras que
solamente una de las clases de variables no presentó influencia significativa. De acuerdo los abordajes teóricos, se
evidenció una jerarquía de las 16 clases de variables, con tres niveles de influencia en los casos, así como un mapeo
de la codependencia, los condicionantes previos y para la continuidad de la eficacia de la política. El primer nivel
fueron los ‘factores clave’, es decir, los necesarios para el buen nivel de eficacia a corto plazo (primer y segundo año
de la política). Con base en el ACF, fueron claves: (a) la conjunción de dos factores importantes, que aisladamente
no provocarían la eficacia, (b) la toma de decisión del actor principal, el alcalde, de implantar la política, y (c) la
formalización de un actor central como el responsable por ejecutarla. Con base en el nuevo institucionalismo (NI),
el factor clave fue: (d) el sector responsable de la política ser también el actor central del sistema organizacional de
integridad. El segundo nivel de influencia fueron los ‘factores importantes’, es decir, los que no fueron necesarios a
corto plazo, pero fueron ‘clave para la continuidad’ de la eficacia de la política a medio plazo. Bajo el ACF, fueron
importantes: (e) la alternancia del poder político, (f) los eventos externos al subsistema local de políticas de integridad
pública (sPIPL), como los rankings de transparencia y los eventos críticos como escándalos de corrupción, y (g) un
actor (sector) responsable de la política actuar también como actor central en el sPIPL. Basado en el NI, fue
importante: (h) la existencia de recursos humanos permanentes en el actor (sector) responsable por la política. Basado
en el ACF, también fueron importantes: (i) el predominio de una coalición pro-prevención en el sPIPL y en el sPIP
regional, (j) la ejecución de eventos internos al sPIPL por el actor central, y (k) el aprendizaje orientado a la política.
El tercer nivel de influencia son los ‘factores facilitadores’, es decir, no necesarios (sin ellos se puede lograr una buena
eficacia), pero que pueden contribuir para una mejor eficacia a medio y largo plazo. Con base en el ACF, son
facilitadores: (l) mejores condiciones socioeconómicas locales; y basado en el NI: (m) la capacidad del ayuntamiento,
con relación a los recursos humanos contratados con vínculo permanente, (n) la capacidad de lograr eficacia
gubernamental, (o) el arreglo de contraloría-general isomorfo al modelo federal, y (p) las prácticas de auditoría
interna. El análisis de las políticas de integridad en pequeños municipios a través del abordaje del ACF es una
propuesta original de este trabajo, que buscó contribuir con los referenciales teóricos adoptados, ofreciendo nuevas
categorías analíticas y reflexiones desde un punto de vista innovador.