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Referencia:
Atuesta, L. “Capítulo IV: Militarización de la lucha contra el narcotráfico: los operativos
militares como estrategia para el combate del crimen organizado”, en Atuesta, L.H. y Madrazo
Lajous, A. (2018). Las violencias. En busca de la política pública detrás de la guerra contra
las drogas, Editorial CIDE Coyuntura y Ensayo, ISBN: 978-607-8508-25-9.
Capítulo IV: Militarización de la lucha contra el narcotráfico: los operativos militares
como estrategia para el combate del crimen organizado
Laura H. Atuesta
El uso del ejército dentro del territorio nacional siempre ha sido un tema polémico y debatido en
la esfera internacional, principalmente porque el accionar del ejército es diferente al de la policía,
y cuando se utilizan las fuerzas armadas para solucionar problemas de seguridad pública, se
disparan las violaciones a los derechos humanos y en muchos casos, la violencia en general
(Moloeznik y Suárez de Garay, 2012). La intervención del ejército en el territorio mexicano se ha
observado con el expresidente Alfonso Ruiz Cortines en 1956 para acabar con la huelga estudiantil,
con el expresidente Alfonso López Mateos para acabar con la huelga ferrocarrilera (1959), con el
expresidente Gustavo Díaz Ordaz ordenando la ocupación militar en universidades en Morelia,
Sonora, Tabasco y Sinaloa (1967), y en 1968 cuando las Fuerzas Armadas fueron usadas en contra
del movimiento estudiantil (Rueda Cabrera, 2012; Palacios, 2000).
En 1977, el ejército participó en la Operación Cóndor para erradicar cultivos ilícitos y desde
la administración de Miguel de la Madrid, los temas del narcotráfico y la delincuencia organizada
se han tratado como temas de seguridad nacional, lo que permite una participación constante de
las fuerzas armadas (Alvarado & Serrano, 2013). Durante los últimos dos gobiernos, el de Felipe
Calderón y el de Enrique Peña Nieto, el rol del ejército en la lucha contra la delincuencia
organizada ha sido más permanente e intenso, sustituyendo las tareas de la policía y estando
desplegados en la mayoría del territorio nacional.
2
En este capítulo se realiza una descripción de los operativos militares que se han
implementado desde el gobierno Calderonista, con el fin de comparar la información oficial con
lo observado en la práctica en cuanto al involucramiento de fuerzas federales en el combate con el
narcotráfico. Finalmente, se estima un modelo econométrico para medir el impacto de la
“presencia federal” en el incremento de la violencia a nivel municipal.
Los resultados del análisis descriptivo muestran que el involucramiento de las fuerzas
federales en las diferentes entidades federativas se ha realizado de una manera poco transparente
y que normalmente esta presencia antecede los comunicados oficiales que indican el inicio de las
operaciones federales. Más aun, utilizando datos empíricos que realmente miden la presencia
federal en los diferentes municipios, los resultados del análisis econométrico sugieren que la
presencia de fuerzas federales sí tiene un impacto en el incremento de la violencia observada en
México, y este impacto es mayor en el largo plazo que en el corto plazo, siendo más intenso cuando
hay participación de la Sedena que de otras fuerzas federales.
Con base en estos resultados (del análisis descriptivo y econométrico), el capítulo concluye
analizando los daños adversos que ha causado la política de seguridad actual e inicia una discusión
acerca de posibles alternativas para las políticas actuales de combate al crimen organizado, que no
generen mayor violencia, pero que sean eficientes para acabar con el problema de criminalidad
que se observa hoy en día en el país.
Recuento histórico de las operaciones militares como instrumento para combatir el
narcotráfico
La primera operación militar vinculada al fenómeno de las drogas ilícitas, de la cual se tiene
registro, es la Operación Cóndor implementada en 1977 con el fin de erradicar cultivos ilícitos en
la sierra de Sinaloa, Durango y Chihuahua (Vilalta, 2013). A pesar de que el mando militar aseguró
que la Operación terminaría el narcotráfico dentro de los seis meses de empezadas las actividades,
esto no sucedió y la Federación de Sinaloa, responsable de la mayor producción y comercialización
de opio en el país, se trasladó a Guadalajara continuando y expandiendo el negocio del narcotráfico
(Astorga, s.f.).
3
El narcotráfico y el crimen organizado se volvieron un tema de seguridad nacional durante
el gobierno de Miguel de la Madrid. Durante esta administración se reestructuraron los aparatos
de inteligencia y el papel de las Fuerzas Armadas cuando se filtró información sobre participación
de agentes estatales en el negocio del narcotráfico (Alvarado y Serrano, 2013). Posteriormente, en
el PND de 1989-1994 durante el gobierno de Salinas de Gortari, se les asignó específicamente al
Ejército y a la Armada la función de combatir el narcotráfico, siendo éste definido como un
problema de seguridad nacional, salud y solidaridad internacional. En la práctica, el
involucramiento de las Fuerzas Armadas se observó en la creación del Consejo Nacional de
Seguridad Pública en 1995, y de modificaciones y aprobaciones de leyes relacionadas con el
funcionamiento de la policía y de la lucha contra el crimen organizado. Según Alvarado y Serrano
(2013), posteriormente, durante el gobierno de Ernesto Zedillo se militarizó el combate al
narcotráfico ocupando los militares cargos esenciales en los cuerpos policiacos locales y federales
en 30 de los 32 estados.
Bajo este contexto, se aprueba, durante el gobierno de Vicente Fox, el segundo gran
operativo militar para combatir el narcotráfico. Se trata del Operativo México Seguro, cuyo
objetivo era hacer frente al incremento de la violencia en Nuevo Laredo, resultado de la lucha por
la plaza entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo (Presidencia de la República, 2005). Este
Operativo, aprobado en junio de 2005, fue inicialmente implementado en las ciudades de
Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa y posteriormente expandido a Culiacán, Navolato,
Mazatlán, Tijuana y Mexicali. Según el Vocero de la Presidencia de la República del gobierno de
Fox, el propósito del Operativo era “hacer frente y combatir los brotes de violencia que se han
presentado en fechas recientes, en algunas zonas del territorio nacional, resultado de disputas entre
bandas de la delincuencia organizada” (Drogas México, 2005; Freeman, 2006). Por primera vez,
se habla de un operativo conjunto en donde participan las Secretarías de Gobernación, Seguridad
Pública, Defensa Nacional, Marina y Hacienda y Crédito Público, así como la Procuraduría
General de la República, en coordinación con los gobiernos estatales.
Con estos antecedentes, y aún con despliegue de fuerzas militares en el territorio nacional,
llega Felipe Calderón al poder en diciembre de 2006 aprobando a los pocos días del inicio de su
mandato el operativo conjunto de Michoacán. Durante un lapso de siete años (2006-2013) a partir
4
de entonces se han aprobado 15 operativos militares en diez estados con participación de la Sedena,
la Semar, y la Policía Federal, entre otros.
Los operativos conjuntos del sexenio de Felipe Calderón según la documentación oficial
Los comunicados de prensa emitidos por el gobierno federal anunciados al inicio del sexenio de
Felipe Calderón hablan de operativos en los que participan militares, marinos, policías federales,
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la PGR, de la Agencia Federal de Investigación
(AFI) y agentes del Ministerio Público Federal. De acuerdo con el gobierno federal, “los operativos
conjuntos son mecanismos implementados por el Gobierno Federal para combatir al crimen
organizado y que se fundamentan en el principio de subsidiaridad propio de cualquier sistema
federal (…) son esfuerzos de cooperación con la autoridad local y no de suplantación de la misma”,
y es el gobernador quien solicita al gobierno federal el apoyo de las fuerzas federales para
garantizar la seguridad en su territorio (El Universal, 2011).
De acuerdo con notas publicadas por El Universal (2011) y Milenio (2015), de diciembre
2006 a marzo 2014 se implementaron 15 operativos militares en diferentes estados de la
federación. El primero de ellos fue el operativo militar de Michoacán aprobado el 8 de diciembre
de 2006. En 2007 se aprobaron los operativos de Guerrero, Baja California, Tijuana y el Triángulo
Dorado (Sinaloa, Durango y Chihuahua) con el fin de combatir a la delincuencia organizada y los
grupos subversivos que operan en estas regiones. En el 2008 se aprobaron tres operativos militares:
el operativo del Noreste (en Tamaulipas y Nuevo León), la operación conjunta de Chihuahua y el
operativo Culiacán-Navolato-Guamuchil (en Sinaloa). En el 2009 se aprobó el operativo militar
de la Frontera Sur (en cooperación con Guatemala), y en 2011 se aprobaron el operativo del
Triángulo de la Brecha (en el Estado de México), la Operación Coordinada Veracruz Seguro, el
segundo operativo de Guerrero (“Guerrero Seguro”) y el operativo Laguna Segura. Finalmente, en
mayo de 2012 y febrero de 2013 se aprobaron el Plan Morelos Seguro y el operativo de Monclova
(Saltillo, Monclova, Torreón y Matamoros), respectivamente.
Sin embargo, tal como se analizará en las secciones posteriores, el inicio de estos operativos
no marca el inicio de la presencia de las Fuerzas Armadas combatiendo el narcotráfico en estos
territorios. En los estados de Michoacán, Guerrero, Veracruz y Tamaulipas ya estaba
implementándose el operativo de México Seguro aprobado en 2005 durante el sexenio de Vicente
5
Fox. La operación conjunta Sierra Madre (o el operativo del Triángulo Dorado aprobado en enero
de 2007) ya había desplegado tropas militares antes de la aprobación de los operativos de
Chihuahua, Laguna y Culiacán-Navolato-Guamuchil. Existe también evidencia de presencia de
fuerzas militares combatiendo el narcotráfico en el Estado de México desde septiembre de 2008
(La Razón, 2010; Esto, 2008), y en Morelos desde antes de la aprobación del operativo militar
Morelos Seguro (El Universal, 2010; CNN, 2011).
A continuación, se identifican el inicio de los operativos según fuentes oficiales y según
comunicados de prensa y se describen los objetivos de cada uno de estos y la justificación para su
implementación.
Descripción de los operativos conjuntos en los documentos oficiales
En los Programas Nacional (2008-2012) y Sectorial (2007-2012) de Seguridad Pública (PNSP y
PSSP, respectivamente) se menciona la importancia de tener una política integral para combatir el
fenómeno delictivo a través del fortalecimiento de los tres órdenes de gobierno y de los operativos
conjuntos (PNSP). A pesar de reiterar la importancia de la coordinación entre los tres órdenes de
gobierno, el PSSP, el cual descansa sobre la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y
Combate a la Delincuencia dice que el respeto a las soberanías estatales y autonomías municipales
representa una limitante a la acción conjunta y concurrente (PSSP).
Con la colaboración de la Defensa Nacional, la Marina, la PGR, la Administración General
de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las autoridades de seguridad pública
y justicia, el gobierno federal buscaba alcanzar un “México libre de drogas y violencia”, y para
ello, de acuerdo al PNSP, desplegó operativos conjuntos en Michoacán, Tijuana, Guerrero, Sierra
Madre (Chihuahua, Durango y Sinaloa), Nuevo León-Tamaulipas, Culiacán-Novolato, Cancún,
Aguascalientes, Tamaulipas, La Laguna (Torreón-Lerdo y Gómez Palacio), Veracruz, San Luis
Potosí, y en las fronteras norte y sur creando Grupos de Trabajo sobre Violencia Fronteriza.
Hay dos aspectos importantes de resaltar en este documento: el primero es que no
mencionan a las fuerzas estatales o municipales en la implementación de operativos conjuntos para
combatir la delincuencia (siendo solamente un esfuerzo federal y reiterando la hipótesis del
6
involucramiento de las Fuerzas Armadas para suplantar a las policías locales). El PNSP establece
que la lucha contra la delincuencia se basará en un nuevo modelo de actuación policial bajo la
coordinación de las Secretarías de la Defensa, la Marina y Gobernación (nuevamente, sin
mencionar a las autoridades locales). El segundo aspecto es que mencionan operativos conjuntos
en áreas del país en donde públicamente el gobierno no ha emitido comunicados anunciando el
inicio del operativo, tales como Aguascalientes, Cancún y San Luis Potosí. Por lo tanto, no es
sorprendente encontrar despliegue de las fuerzas federales en la mayoría de los estados de la
federación, aun cuando no se ha anunciado un operativo conjunto específico para muchas.
El rol de las Secretarías de la Defensa y la Marina en el combate contra el narcotráfico está
definido en sus programas sectoriales. De acuerdo al Programa Sectorial de la Defensa Nacional
(2007-2012), la Sedena busca apoyar las políticas en materia de seguridad interior, respetando el
Estado de Derecho, por medio de la disminución del área de siembra de enervantes y realizando
operaciones de alto impacto dirigidas a la erradicación de enervantes. A pesar de que estas dos
metas están dirigidas a la disminución del área de siembra, las estrategias del Programa mencionan
actividades no solamente relacionadas con la erradicación, sino también con la intercepción y
lucha contra la delincuencia organizada. Es bajo este marco que la implementación de los
operativos militares se ha realizado en regiones del país en donde no se busca disminuir el área de
siembra de enervantes, sino combatir directamente las actividades del crimen organizado. Por
ejemplo, el objetivo principal del Operativo del Noreste (Tamaulipas y Nuevo León)
implementado a partir de octubre de 2008, era el de reforzar la presencia de la autoridad debilitando
a las organizaciones criminales e impidiendo su reagrupamiento. En ninguna parte se menciona la
disminución del área de siembra de enervantes como uno de sus objetivos.
En contraste con el PNSP del gobierno de Felipe Calderón, el Programa Sectorial (2013-
3018) de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el gobierno de Peña Nieto, sí define los
operativos conjuntos como un esfuerzo de coordinación federal, estatal y local. El documento
habla de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) como “actividades en apoyo para reducir los
índices de violencia en el país. Las BOM están integradas con tropas de las Unidades y
Dependencias de los Mandos Territoriales, Agentes del Ministerio Público Federal y Común,
elementos de la Policía Ministerial y Agentes Preventivos Estatales”. En este sentido, las BOM sí
se están comportando como operativos conjuntos con coordinación de los tres órdenes de gobierno.
7
El Programa habla de un despliegue operativo promedio de 30,000 efectivos de manera
permanente para la reducción de la violencia, erradicación de cultivos, intercepción de tráfico de
armas y drogas, y aseguramiento de instalaciones estratégicas.
Por su parte, en la Presentación del Programa Sectorial de la Marina (2007-2012) se explica
la presencia de la Marina en operativos de alto impacto en los estados costeros del país para que
el narcotráfico no pueda utilizar las zonas marítimas ni los litorales mexicanos para sus actividades.
No obstante, el despliegue de efectivos por parte de la Semar se ha realizado no sólo en estados
costeros sino en buena parte del territorio nacional.
Finalmente, los indicadores de eficacia de los operativos, tanto de la Sedena como de la
Semar, están medidos, no por los resultados de los operativos en términos de disminución de
violencia, recuperación del espacio público o implementación del Estado de Derecho, sino como
el número de operativos actual y a los que se busca llegar (por ejemplo, el número de operativos
actual de la Sedena es de 6,525 y se esperaba llegar a una meta de 8,158 operativos al final del
periodo).
En síntesis, revisando los documentos oficiales, podemos concluir:
1. A pesar de que “las operaciones de alto impacto” definidas en el Programa Sectorial de la
Defensa Nacional estaban dirigidas a la erradicación de enervantes, la implementación de
operativos militares no ha seguido solamente dicho objetivo y en repetidas ocasiones, el
propósito de estos ni siquiera incluye la erradicación de cultivos ilícitos.
2. Durante el gobierno de Felipe Calderón se definieron los operativos conjuntos como un
esfuerzo de coordinación entre fuerzas federales, estatales y locales, pero en la práctica
fueron implementados como un esfuerzo federal para sustituir al orden local. La excepción
es la implementación de las BOM que fueron definidas en el Programa Sectorial de la
Sedena 2013-2018 (aunque existe evidencia de su implementación desde el sexenio de
Calderón).
3. La intervención de la Marina en la lucha contra la delincuencia organizada estaba limitada
a la protección de las zonas costeras (zonas marítimas y litorales). Sin embargo, la práctica
8
ha demostrado que la Marina ha desplegado elementos y ha participado en operativos que
no se limitan solamente a las zonas costeras del país.
4. Por último, los indicadores utilizados para evaluar la eficiencia de los operativos estuvieron
basados en la cantidad de operativos implementados, más no en los resultados de dichos
operativos, lo que hace imposible realizar una evaluación de resultados utilizando dichas
métricas.
Los operativos conjuntos en los informes de labores y rendición de cuentas de las agencias
federales
Esta sección realiza un análisis de los informes de labores y de rendición de cuentas de las fuerzas
federales (Sedena, Semar y Policía Federal) para extraer información relevante acerca de los
operativos implementados y sus principales resultados. Solamente la Sedena recolecta información
por operativo, mientras que la Fuerza Aérea, Semar y la Policía Federal reportan resultados
anuales, sin especificar exactamente el operativo o la zona geográfica del país.
Informes de labores y rendición de cuentas de la Sedena
En la Tabla 1 se expone la información presentada por la Sedena en sus informes de labores y
rendición de cuentas. A diferencia de otras agencias federales, la Sedena presenta información por
operativo especificando el área geográfica, la fecha de inicio y el número de efectivos desplegados.
La fecha de término de dichos operativos no está especificada por lo cual no es posible saber
exactamente el periodo de tiempo en el cual hubo desplegados militares en una zona específica.
La última columna de la tabla, contrasta la información obtenida por la Sedena con la información
encontrada en fuentes públicas y periodísticas.
Tabla 1: Información de operativos militares de la Sedena (Fuentes: informes de labores y de
rendición de cuentas de la Sedena y fuentes abiertas)
Nombre del
operativo
Dependencias
participantes
(adicionales a
la Sedena)
Estado
Municipios
Fecha de
inicio
Número de
efectivos
desplegados
Inconsistencias con
información
periodística
9
Michacán
Michoacán
Todos
8-dic-06
6,634
5,000 efectivos entre
militares, marinos y
policías federales.
Operativo coordinado
por la Segob, Sedena,
Semar y PGR.
Chihuahua
PF
Chihuahua
Ciudad
Juárez,
Praxedis
Guerrero,
Guadalupe
29-mar-08
227
Se desplegaron 2,026
efectivos de la Sedena,
63 miembros del
Ministerio Público, 425
agentes de la Policía
Federal, 8 agentes de la
Siedo, 23 peritos y un
fiscal.
Culiacán-
Navolato-
Guamuchil
Sinaloa
Culiacán,
Navolato,
Guamuchil
(Salvador
Alvarado)
13-may-08
481
Se desplegaron 1,433
elementos de la
Sedena, 740 agentes de
la SSP, 500 de la Semar
y 50 de la PGR.
Noreste
Nuevo
León,
Tamaulipas
Todos
27-oct-08
10,562
Inicio del operativo el 1
de enero de 2008 y
renovado en
Tamaulipas el 9 de
mayo del mismo año.
Triángulo
de la Brecha
Estado de
México
Tejupilco,
Amatepec y
límites con
los estados
de Guerrero
y Michoacán
12-ene-11
460
Laguna
Durango
Gómez
Palacio,
Lerdo
5-may-11
1,408
Guerrero
Seguro
Semar, PF
Guerrero
Todos
6-oct-11
2,070
El primer operativo de
Guerrero fue aprobado
el 15 de enero de 2007.
Veracruz
Seguro
Semar, PF
Veracruz
191
municipios
4-oct-11
1,505
Morelos
Seguro
Morelos
Todos
1-ene-12
478
Monclova
Coahuila
Saltillo,
Monclova,
Torreón,
Matamoros
1-feb-13
1,789
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Al contrastar la información obtenida por la Sedena con la información publicada en fuentes
abiertas, se encontraron algunas discrepancias:
1. El operativo de Tijuana, que inició -según la prensa- en el 2 de enero de 2007, contó con
2,620 elementos de la Sedena (El Universal, 2007). Este operativo no fue reportado en los
informes de labores y rendición de cuentas de esta institución.
2. Asimismo, los informes de la Sedena no mencionan el operativo en el Triángulo Dorado
(Sinaloa, Durango y Chihuahua), anunciado por la prensa el 22 de enero de 2007 en donde
participaron 9,054 militares (El Universal, 2007a).
3. De acuerdo con los reportes de la Sedena, el objetivo de todos los operativos mencionados
es “recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social”. En la prensa,
los objetivos de comunicados son mucho más específicos. Se distinguen tres objetivos
específicos: combatir la delincuencia organizada (presente en casi todos los operativos),
reestablecer el orden local (específicamente en Guerrero y Sinaloa) y eliminar los cultivos
ilícitos (Michoacán, Tijuana y Triángulo Dorado)
1
.
Informes de labores de la Sedena con respecto a operaciones de la Fuerza Aérea
La Fuerza Aérea participa en operaciones de alto impacto básicamente a través de la erradicación
de cultivos ilícitos. De acuerdo a los informes de labores de la Sedena, los diferentes municipios
del país en donde hay cultivo de estupefacientes se dividen en bases principales de erradicación y
bases secundarias de erradicación (sin especificar la diferencia entre las primeras y las segundas).
Las bases primarias están compuestas por los municipios de Culiacán (Sinaloa), Uruapan,
(Michoacán), Chilpancingo (Guerrero), Oaxaca (Oaxaca) y Guadalajara (Jalisco). Las bases
secundarias por los municipios de Choix y San José del Llano (Sinaloa), Guadalupe y Calvo
(Chihuahua), Caracol (Guerrero) y Coalcomán (Michoacán). Los informes de resultados describen
las actividades con base en los plantíos erradicados de amapola y marihuana, ya sea por medio de
aspersión manual o por vía aérea. En la Tabla 2 se hace un recuento de las actividades de la Fuerza
Aérea en la erradicación de cultivos ilícitos:
1
La información sobre los objetivos específicos de los operativos está disponible por solicitud.
11
Tabla 2: Operaciones de la Fuerza Aérea para la erradicación de cultivos de estupefacientes
(Fuentes: informes de labores y de rendición de cuentas de la Sedena)
Fecha del informe
Operaciones aéreas
contra el narcotráfico
Erradicación de cultivos
(hect.) de amapola
Erradicación de cultivos
(hect.) de marihuana
Dic 2006-Ago 2007
9,272
Sep 2007- Ago 2008
14,544
Aérea: 12,933
Asperjada: 24,032
Aérea: 695
Asperjada: 1,452
Sep 2008-Ago 2009
30,156
Aérea: 17,811
Asperjada: 23,223
Aérea: 7,418
Asperjada: 13,355
Sep 2009-Ago 2010
10,824
Aérea: 10,095
Asperjada: 12,124
Aérea: 8,940
Asperjada: 18,498
Sep 2010-Ago 2011
15,188
Aérea: 2,726
Asperjada: 12,655
Sep 2011-Ago 2012
13,419
Aérea: 1,822
Asperjada: 8,596
Aérea: 10,258
Asperjada: 8,427
Dic 2012-Ago 2013
6,697
Aérea: 13,196
Asperjada: 10,807
Aérea: 9,116
Asperjada: 3,029
Informes de labores de la Semar
De los informes de labores de la Semar (de diciembre de 2006 a agosto de 2013), no es posible
atribuir qué actividades corresponden a qué operativo específico ni qué operativos se realizaron de
manera conjunta con otras fuerzas federales. Dentro de sus actividades se mencionan las
“operaciones de alto impacto” y las “operaciones conjuntas de alto impacto” y los estados en donde
fueron implementadas, pero no hay manera de saber cuáles de los resultados corresponden
específicamente a cada una de ellas. En la Tabla 3 se resume la información encontrada en cada
uno de los años.
Tabla 3: Resultados de los operativos de la Semar (Fuente: informes de labores de la Semar)
Año
Operaciones conjuntas de alto
impacto
Operaciones de la armada frente al
crimen organizado
12
Dic 2006-Jul 2007
Baja California, Sinaloa, Michoacán,
Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y
Quintana Roo
15,737 operaciones
Franjas costeras y mares nacionales
Sep 2007-Ago 2008
"Operación Inflexible" (nacional),
"Operación Caribe" (Yucatán,
Quintana Roo)
8,764 operaciones
Sep 2008-Ago 2009
Se reforzó con 150 elementos
navales la “Operación Tijuana”
17,148 operaciones
“Operación Inflexible” (7 regiones
navales); fortalecimiento de
presencia naval en Baja California
(San Carlos, Guerrero Negro y
Mulegé)
11,950 operaciones
Sep 2009-Ago 2010
16,643 operaciones
"Operación Inflexible" permanente
en las 7 regiones navales del país;
operaciones "Golpe de Mano";
“Operación Rastrillo” (Baja
California)
16,735 operaciones
Sep 2010-Ago 2011
Colima, Jalisco, Michoacán,
Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León,
Durango, Zacatecas, Coahuila y San
Luis Potosí
11,220 operaciones
"Operación Inflexible" (permanente
en las 7 regiones navales del país)
19,556 operaciones
Sep 2011-Ago 2012
Michoacán, Guerrero, Tamaulipas,
Veracruz y Nuevo León
10,966 operaciones
Sonora, Veracruz, Guerrero, Colima,
Quintana Roo, Nayarit, Oaxaca,
Sinaloa, Baja California Sur, Jalisco,
Tabasco, Baja California, Chiapas,
Campeche, Yucatán y Puebla
26,073 operaciones
Dic 2012-Ago 2013
Michoacán, Guerrero, Tamaulipas,
Veracruz y Nuevo León
10,485 operaciones
Sonora, Tamaulipas, Veracruz,
Guerrero, Colima, Quintana Roo,
Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Baja
California Sur, Jalisco, Tabasco, Baja
California, Chiapas, Campeche,
Yucatán, Chihuahua, Durango, San
Luis Potosí y Nuevo León
21,868 operaciones
Se distinguen tres diferentes clases de operaciones en la lucha de la Armada contra el narcotráfico:
la Operación Inflexible, las operaciones “Golpe de Mano” y la “Operación Rastrillo”. El Plan de
Operaciones “Inflexible” es un plan a nivel nacional ejecutado de manera permanente en cada una
de las regiones navales del país para mantener el establecimiento del estado de derecho (Secretaría
13
de Marina). El Plan fue diseñado a principios del sexenio de Calderón con el fin de incrementar el
poder naval y la penetración en las organizaciones criminales. Por ejemplo, la operación
implementada en Guerrero bajo el marco del Plan de Operaciones Inflexible se denominó
“Operación inflexible VIII Seguridad Guerrero” (Secretaría de Marina, 2011).
Las operaciones “Golpe de Mano” son operaciones de corta duración, rápidas y donde se
explota el factor sorpresa en contra de blancos específicos, gracias a la información que genera el
servicio de inteligencia naval, en las cuales participan integrantes de las Fuerzas Especiales de la
Marina (Contralínea, 2011; Informe de Labores Semar, 2010). Por último, la “Operación Rastrillo”
fue implementada específicamente en Baja California con el objetivo de combatir el
narcomenudeo ubicando y deteniendo a presuntos distribuidores de drogas en la región.
Informes de rendición de cuentas de la Policía Federal
Con respecto a la participación de la Policía Federal, los informes de rendición de cuentas también
se presentan de forma anual y en ellos se mencionan los operativos en los cuales la PF ha
participado durante el año en cuestión. La Tabla 4 los detalla:
Tabla 4: Operativos en los cuales la Policía Federal ha participado en la lucha contra el crimen
organizado (Fuente: Informes de rendición de cuentas de la Policía Federal)
Fecha del
informe
Número de
operativos
Estados y municipios en los
que participaron
Operativos con participación de la PF
Tres informes
(diciembre 2006 a
agosto 2012)
13 en cada
informe
Aguascalientes, Cancún,
Chiapas, Campeche, Tabasco,
Chihuahua (operación "Todos
Somos Juárez"), Sinaloa
(Culiacán, Navolato),
Guerrero, La Laguna,
Michoacán, Monterrey, San
Luis Potosí, Tamaulipas,
Tijuana y Veracruz; región de
la Laguna
Operativo Coordinados: Cancún, Chiapas-
Campeche-Tabasco, Chihuahua, Culiacán-
Navolato, Guerrero, La Laguna, Michoacán,
“Noreste Monterrey”, “San Luis Seguro”,
“Noreste Tamaulipas”, Tijuana, Veracruz.
La Figura 1 a continuación muestra en mapas las áreas del país que han sido intervenidas por las
fuerzas federales descritas anteriormente. De acuerdo con la información arriba mencionada, el
86.6% de los municipios tiene presencia de alguna de las fuerzas federales (Sedena, Fuerza Aérea,
Semar o Policía Federal). Así no se hubiera establecido un operativo en una zona específica, las
14
operaciones a nivel nacional de la Sedena y la Semar, tales como el operativo México Seguro,
Frontera Sur y la Operación Inflexible fueron operaciones nacionales con posibilidad de desplegar
fuerzas federales en cualquiera de las entidades federativas. Esto no es menor, pues si bien no todo
el territorio nacional está militarizado hasta ahora, los programas existentes contemplan la
posibilidad de que lo sea.
Figura 1: Presencia de fuerzas federales en el territorio nacional durante el sexenio de Felipe
Calderón (fuente: informes de rendición de cuentas y de labores de la Sedena, Semar y Policía
Federal)
Los operativos conjuntos del sexenio de Felipe Calderón en la práctica: análisis de la Base
CIDE-PPD
En esta sección se usa una base de datos de eventos relacionados con el crimen organizado
publicada por el Programa de Política de Drogas del CIDE (de ahora en adelante, Base CIDE-
PPD), en la cual se incluye información detallada acerca de los enfrentamientos entre grupos del
crimen organizado y fuerzas públicas, incluyendo información sobre el número de fallecidos y
detenidos en cada uno de los eventos, al igual que la fecha y el lugar específico del evento. Atuesta
15
et al. (2016) proveen una descripción detallada de la base de datos utilizada para la realización de
este análisis.
En esta sección se presentan los resultados de dos ejercicios:
1. Se compara la información encontrada en los documentos oficiales con la evidencia
presentada por la Base CIDE-PPD sobre la presencia de fuerzas federales en territorios
específicos, para determinar si efectivamente la actividad federal destinada al combate del
crimen organizado empezó en las fechas en las cuales los operativos fueron anunciados.
2. Se realiza un análisis econométrico a nivel municipal utilizando diferentes proxies para
medir “presencia de fuerzas federales”, con el objetivo de estimar el impacto de dicha
presencia en el incremento de la violencia observada en el país.
¿Cuál fue el inicio del uso de fuerzas militares en el combate al crimen organizado durante el
sexenio de Calderón?
Al comparar las fechas de inicio de los operativos federales publicadas tanto en documentación
oficial como en prensa con las fechas en las que se tiene evidencia de intervención federal en la
lucha contra el crimen organizado (usando la Base CIDE-PPD), se observan diferencias
significativas. Existen inconsistencias tanto espaciales como temporales entre lo reportado y lo
documentado. En la Tabla 5 a continuación se documentan dichas inconsistencias para cada una
de las entidades federativas. La Tabla hace un comparativo de las fechas en las cuales los reportes
oficiales (reportes de rendición de cuentas y de labores) de la Sedena, la Semar y la Policía Federal
dicen que empezaron los operativos en cada uno de los estados, y las fechas en las cuales la Base
CIDE-PPD muestra que hubo actividad de fuerzas federales. Para el caso de la Semar y de la
Policía Federal, los informes de rendición de cuentas agregan la información anual, por lo que no
se sabe la fecha exacta del inicio de su presencia oficial de en cada estado (sólo el año):
16
Tabla 5: Fechas de inicio de la intervención federal en la lucha contra el crimen organizado
según documentación oficial, y fechas donde se observa por primera vez participación activa
de las instituciones federales, según Base CIDE-PPD.
Entidad
federativa
Presencia Sedena
Presencia Semar
Presencia Policía
Federal
Presencia otras fuerzas
federales
Doc.
oficia
l
Base
CIDE-
PPD
Doc.
oficial
Base
CIDE-
PPD
Doc.
oficial
Base
CIDE-
PPD
Doc.
oficial
Base CIDE-
PPD
Aguascaliente
s
Junio07
dic06-
dic11
Marzo08
PM: sept09
Baja
California
Mayo05
Sep09-
Ago10
dic06-
dic11
Abril07
PM: feb07
Baja
California Sur
Feb09
Sep11-
Ago12
Enero10
Campeche
Abril07
Sep11-
Ago12
dic06-
dic11
Abril07
Siedo-PGR:
mar10
Coahuila
Feb13
Feb08
Sep10-
Ago11
Sept 10
Feb11
PM: mayo09
Colima
Sep10-
Ago11
Jun 10
PM: sept11
AFI: ago08
BOM: jun07
PGJE: jun11
Chiapas
Mayo07
Sep11-
Ago12
dic06-
dic11
Chihuahua
Marz
o08
Junio07
Sep08-
Ago09
dic06-
dic11
Marzo08
FFAA:
Dic06-
ago07
CIPOL:
feb09
BOM:
mar10
PM: dic07
Distrito
Federal
Agosto10
PM: ene09
Durango
Mayo
11
Abril07
Sep10-
Ago11
Agosto10
dic06-dic
11
Abril08
PM: abri07
AFI: may08
PFP: may08
BOM: dic10
Guanajuato
Marzo08
Marzo08
PM: jun08
PGR: sep08
17
Guerrero
Enero
07
Enero08
Dic06-
Jul07
Feb09
dic06-
dic11
Enero08
FFAA:
Dic06-
Ago07
PI: ene08
SSP: ago08
PFP: sep08
Op.
conjunto:ag
o08
BOM:
may11
BOMU:
abr11
UMIP:
nov09
PGR: nov09
PM: jun08
Hidalgo
Marzo09
PM: oct08
Jalisco
Marzo09
Sep10-
Ago11
Nov 10
Junio08
FFAA:
Dic06-
Ago07
PI: ago08
PM: ene08
México
Enero
11
Enero08
Octubre07
PM: may08
PFP: mar09
Siedo-PGR:
jun10
Michoacán
Dic06
Enero07
Dic06-
Jul07
Octubre08
dic06-
dic11
Enero08
FFAA:
Dic06-
Ago07
BOM:
may07
PM: feb08
Morelos
Enero
12
Dic09
Dic09
Abril10
AFI: may08
BOM:
nov11
PM: abr08
Nayarit
Nov07
Sep11-
Ago12
Abril11
Junio08
AFI: abr09
PM: nov08
Nuevo León
Enero
08
Feb07
Sep10-
Ago11
Dic 09
Julio12-
ago 12
Febrero08
BOM:
nov10
AFI: nov10
PM: nov07
PGJ: nov08
PFP: nov08
Oaxaca
Mayo07
Sep11-
Ago12
Mayo07
FFAA:
Dic06-
Ago07
PM: mar07
Puebla
Oct09
Sep11-
Ago12
PM: abr08
18
Querétaro
Junio11
PM: jun10
Quintana Roo
Enero08
Dic06-
Jul07
dic06-dic
11
Abril07
PM: nov09
San Luis
Potosí
Nov07
Sep10-
Ago11
dic06-
dic11
Octubre10
PM: feb08
Sinaloa
Mayo
08
Mayo07
Dic06-
Jul07
Agosto10
dic06-dic
11
Marzo08
Fuerza
Aérea:
Dic06-
Ago07
BOM: abr08
BOMU:
jul08
AFI: ago08
PM: oct07
Sonora
Mayo07
Sep11-
Ago12
Mayo10
Marzo08
AFI: jul08
PM: feb08
Tabasco
Agosto07
Sep11-
Ago12
Nov10
dic06-
dic11
Octubre08
AFI: feb09
PGJ: nov10
PM: oct08
Tamaulipas
Oct08
Jul07
Dic06-
Jul07
Nov07
dic06-
dic11
Junio07
BOM: feb11
UNITO:
oct09
AFI: jul08
Tlaxcala
Junio09
Veracruz
Oct11
Nov07
Dic06-
Jul07
Nov 09
dic06-
dic11
Julio07
AFI: jul09
BOM: jul11
PM: abr08
Yucatán
Sept08
Sep11-
Ago12
Zacatecas
Marzo08
Sep10-
Ago11
Julio11
Abril09
BOM: feb09
PM: may09
Según los informes oficiales de rendición de cuentas y de labores, sólo 3 entidades federativas
(Guanajuato, Hidalgo y Tlaxcala) y el Distrito Federal, no contaron con presencia de fuerzas
federales en su lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Sin embargo, según
la evidencia de participación en enfrentamientos con la delincuencia organizada, la Policía
Ministerial y la Policía Federal sí han estado involucradas (en enero de 2009 y agosto de
2010, respectivamente) en enfrentamientos en el Distrito Federal. En Guanajuato hubo
presencia del Ejército y de la Policía Federal desde marzo de 2008, de la Policía Ministerial
19
desde junio de 2008 y de la PGR desde septiembre de 2008. En Querétaro han estado
involucrados elementos de la Policía Ministerial desde junio de 2010 y de la Policía Federal
desde junio de 2011. Finalmente, en Tlaxcala hay evidencia de presencia de elementos de la
Policía Federal desde junio de 2009. Con esta información se puede concluir que las fuerzas
federales están presentes en todas las entidades federativas.
La dependencia que presenta mayor número de inconsistencias entre lo reportado
(informes) y lo documentado (Base CIDE-PPD) es la Sedena. A pesar de que en los informes
oficiales la Sedena tiene operativos en 11 entidades federativas, según la Base CIDE-PPD,
el Ejército ha participado en enfrentamientos en 27 de las 32 entidades federativas. Como
participación se entiende, no sólo que hay presencia, sino que han realizado trabajos de
seguridad viéndose envueltos en enfrentamientos con algún grupo criminal o con presuntos
delincuentes. Ahora bien, las inconsistencias no sólo son en el número de estados en donde
el Ejército se encuentra presente, sino también en la fecha en la cual empezó su participación.
De las 11 entidades en donde se ha aprobado un operativo, en nueve la participación del
Ejército en enfrentamientos se registra en fecha anterior a la fecha de inicio del operativo.
Por ejemplo, el operativo Morelos Seguro se aprobó en enero de 2012. Sin embargo, el
Ejército ha participado en enfrentamientos en dicha entidad desde diciembre de 2009. El
Operativo en Sinaloa (Culiacán-Navolato-Guamuchil) se aprobó en mayo de 2008 y hay
evidencia del involucramiento de fuerzas militares en Sinaloa desde mayo de 2007.
La Semar por su parte, es la que, según los reportes oficiales, ha desplegado sus
fuerzas en la mayoría del territorio nacional. Sin embargo, cuando se analiza su participación
en los enfrentamientos, sólo se encuentra evidencia de presencia de marinos en 15 estados de
la federación (con inconsistencias en la fecha de inicio sólo en 5: Morelos, Nayarit, Nuevo
León, Sonora y Tabasco).
Con respecto a la Policía Federal, según los informes oficiales, tiene presencia en 15
estados de la federación. Sin embargo, elementos de la Policía Federal se han visto
involucrados en enfrentamientos en 28 entidades federativas (con excepción de Puebla,
Colima y Yucatán). De las entidades en donde tienen presencia (según informes oficiales),
la fecha de inicio de participación en enfrentamientos concuerda con la fecha de inicio
reportada en los informes oficiales. En la Base CIDE-PPD también se encuentra presencia
20
de otras fuerzas federales tales como la Policía Ministerial, la AFI, la Policía Federal
Preventiva, Saedo-PGR, BOM, BOMU, UNITO y PGJ, entre otras.
Como se dijo anteriormente, las inconsistencias pueden ser explicadas por la
implementación de programas a nivel nacional para combatir la delincuencia tales como el
Operativo México Seguro, el cual siguió con operaciones aun después del posicionamiento
de Felipe Calderón, el Operativo de la Frontera Sur o la Operación Inflexible. Sin embargo,
lo que sí demuestra la evidencia de la Base CIDE-PPD es que existe una enorme opacidad y
discrecionalidad en sus actividades con respecto a los anuncios oficiales de sus operaciones
de seguridad, en este caso, de operativos con participación federal para la lucha del crimen
organizado.
El impacto de la presencia federal en el incremento de la violencia a nivel municipal
Son varios los artículos que relacionan el incremento de la violencia con la lucha contra el
crimen organizado implementada bajo el gobierno de Felipe Calderón
2
. Estos artículos
comparan los estados en los que se han aprobado operativos con estados en donde no hay
operativos militares. Esta distinción se hace con base en la información de operativos
militares de la Sedena, única instancia que especifica en detalle la fecha en la cual empezó el
operativo y el territorio específico.
Sin embargo, tal como se demostró en la sección anterior, hay evidencia de presencia
y participación activa de fuerzas federales en todos los estados de la federación, incluida la
Sedena, la Semar y Policía Federal y Ministerial, entre otras. En consecuencia, habría que
afinar más el análisis para tener en cuenta realmente las fechas en las cuales se presenció esta
actividad federal y con qué intensidad.
Para ello, esta sección realiza un análisis econométrico el cual busca analizar la relación
entre incremento de violencia y presencia de fuerzas federales. Con el fin de ahondar en la
definición de “presencia de fuerzas federales” y estimar el impacto de esta presencia en la
violencia, se utilizan cuatro variables proxies de presencia federal:
2
Merino, 2011; Guerrero Gutiérrez, 2012; Escalante Gonzalbo, 2013; Calderón, et al., 2015; Osorio, 2015; y
Espinosa y Rubin, 2015, entre otros.
21
1. Número de enfrentamientos observados entre los grupos criminales y la fuerza
pública.
2. Número de enfrentamientos con participación de fuerza policial federal, fuerza
militar (o marina), o fuerzas locales.
3. Número de miembros de la delincuencia organizada detenidos o fallecidos en
enfrentamientos con la fuerza pública.
4. Número de enfrentamientos con participación de la Sedena.
Para medir el nivel de violencia se utiliza el número de homicidios reportados por el
INEGI el cual incluye los fallecimientos presuntamente relacionados con actividad
delincuencial. La razón por la cual se decide escoger los homicidios reportados por el INEGI,
sin especificar si son catalogados o no como presuntamente relacionados con actividad
delincuencial, es que esta variable se encuentra disponible para todos los municipios de la
república, permitiendo hacer una comparación entre aquellos municipios que sí tuvieron
violencia de crimen organizado (y muy probablemente actividad militar o policial para
combatir la delincuencia), con aquellos municipios sin reportaje de actividad delincuencial.
El modelo a estimar es un modelo tipo panel con efectos aleatorios y efectos fijos a nivel
de estado. Las observaciones se presentan a nivel municipal de 2007 a 2011 y son agregadas
de dos maneras distintas para permitir el análisis del efecto de los operativos en el corto y en
el largo plazo, considerando como corto plazo un periodo de tres meses, y como largo plazo
un periodo de un año. Para establecer causalidad en el modelo y disminuir el problema de
“causalidad reversa” entre el nivel de violencia (homicidios reportados por el INEGI) y las
proxies de presencia federal, se rezagan un periodo las variables de “presencia” al incluirlas
en el modelo y se incluye la variable de homicidios rezagada un periodo como variable de
control. Así, se puede asegurar que el efecto estimado en la violencia proviene de un
enfrentamiento que sucedió en el periodo anterior. Dadas estas especificaciones, el modelo a
estimar es el siguiente:
22
donde es el logaritmo del número de homicidios reportado por el INEGI en el
municipio en el periodo ; son efectos fijos por estado en donde se encuentra ubicado el
municipio ; es la variable utilizada para medir la presencia de un operativo en el
municipio en el periodo ; es la variable dependiente rezagada un periodo; y
son variables de control incluidas en el modelo que ayudan a explicar el comportamiento
de los homicidios. Entre estas variables se encuentra el tamaño de la población municipal, el
porcentaje de población en condición de pobreza, variables dicotómicas sobre la localización
del municipio (en la costa Pacífica, en la frontera con EEUU, o en el Golfo de México), el
número de grupos criminales activos en el municipio , y por último dos variables
dicotómicas sobre si el municipio y el estado correspondiente cuentan con un gobierno
panista (presidente municipal y gobernador, respectivamente) en el periodo .
Los resultados de corto y largo plazo se reportan en la Tablas 6 y 7, respectivamente.
En ambos casos, la variable dependiente es el logaritmo del número de homicidios reportados
por el INEGI en el municipio en el periodo . En cada columna se incluye una proxy distinta
para medir presencia federal. La columna A utiliza como proxy el número de enfrentamientos
entre fuerza pública y crimen organizado registrados en el municipio en el periodo ;
la columna B utiliza tres variables distintas: el número de enfrentamientos con participación
de fuerzas policiales federales (Policía Federal, SSP, Policía Ministerial, PGR, SIEDO-PGR,
Fuerzas Federales de Apoyo, Protección Civil, AFI), con participación de fuerzas militares
y/o armada (Sedena, Semar, BOM, BOMU, Operativos Conjuntos), y con participación de
fuerzas locales o estatales (Policía Estatal, Policía Municipal, UMAN, SSPDF, PGJE,
Autoridades Civiles, Tránsito, Civil). La columna C utiliza como proxy el número de
miembros del crimen organizado detenidos o fallecidos en enfrentamientos con la fuerza
pública. Finalmente, la columna D utiliza el número de enfrentamientos en los cuales
participó la Sedena específicamente. Como se explicó anteriormente, todas estas variables se
incluyen en el modelo rezagadas un periodo (tres meses para el corto plazo y un año para el
largo plazo), para así asegurar la estimación de una relación causal en el modelo y evitar
problemas de endogeneidad.
Tanto en el corto como en el largo plazo se encuentra que la violencia sí se ve afectada
por la presencia de operativos, cualquiera que sea la variable que se utilice para medir esta
23
presencia. Sin embargo, los efectos tienen magnitudes distintas. En el corto plazo, cuando no
se especifica qué tipo de enfrentamiento se está midiendo, sino el número total de
enfrentamientos, se encuentra que, en promedio, un enfrentamiento adicional produce un
incremento en los homicidios a nivel municipal de 6.3%. Este efecto se incrementa a 8.55%
cuando se analiza el número de los enfrentamientos con participación de fuerzas federales
(militares, armada). Por el contrario, cuando se incrementan los enfrentamientos con
participación de fuerzas policiales federales o con participación de fuerzas locales, el
incremento en el número de homicidios es de 6.9 y 6.4 por ciento, respectivamente.
Adicionalmente, los resultados del modelo sugieren que, en el corto plazo, la
violencia se ve más afectada si las fuerzas públicas detienen a miembros del crimen
organizado, que si estos mueren durante los enfrentamientos. El efecto de un detenido
adicional causa un incremento en el número de homicidios de 5.8%, mientras que un
miembro del crimen organizado fallecido en enfrentamientos causa un incremento promedio
de 3.5%. Por último, cuando se analiza el efecto de los enfrentamientos con participación
específicamente de la Sedena, se encuentra que, al incrementar este tipo de enfrentamientos
en una unidad, se incrementan los homicidios en el municipio en 8.9%, cifra superior al
impacto de los enfrentamientos en general y al impacto de las fuerzas federales desagregadas
(policial vs. militar/armada).
Table 6: Resultados del modelo panel municipal de corto plazo (observaciones agregadas en
trimestres). La variable dependiente en todas las especificaciones es el número de homicidios
reportados por INEGI.
A
B
C
D
Enfrentamientos
Local vs.
federal
Muertos vs.
detenidos
Participación
de la Sedena
Enfrentamientos (rezagado)
0.0630***
(0.00676)
Enfrentamientos con participación
de fuerzas policiales federales
(rezagado)
-0.0694***
(0.0199)
Enfrentamientos con participación
de fuerzas militares (armadas)
federales (rezagado)
0.0855***
(0.00809)
Enfrentamientos con participación
de fuerzas locales (rezagado)
0.0643***
(0.0230)
Detenidos en enfrentamientos
(rezagado)
0.00589*
(0.00355)
Muertos de delincuencia
organizada en enfrentamientos
0.0357***
(0.00371)
24
(rezagado)
Enfrentamientos con participación
de la Sedena (rezagado)
0.0893***
(0.00857)
Log homicidios (rezagado)
0.00472***
(0.000277)
0.00531***
(0.000286)
0.00495***
(0.000271)
0.00508***
(0.000266)
Población (en logs)
0.432***
(0.00855)
0.433***
(0.00847)
0.432***
(0.00854)
0.433***
(0.00852)
Porcentaje de población en
situación de pobreza
-0.000259
(0.000627)
-0.000275
(0.000620)
-0.000248
(0.000626)
-0.000262
(0.000625)
Homicidios ponderados de
municipios vecinos
0.0101***
(0.000960)
0.00974***
(0.000958)
0.0100***
(0.000958)
0.0100***
(0.000958)
Si el municipio colinda con la
costa Pacífica
0.121***
(0.0465)
0.118***
(0.0459)
0.123***
(0.0464)
0.122***
(0.0463)
Si el municipio colinda con la
frontera de EEUU
0.131*
(0.0676)
0.124*
(0.0667)
0.133**
(0.0674)
0.122*
(0.0673)
Si el municipio colinda con el
Golfo de México
-0.160**
(0.0629)
-0.161***
(0.0622)
-0.160**
(0.0628)
-0.157**
(0.0627)
Número de grupos de la
delincuencia organizada
0.235***
(0.00985)
0.238***
(0.00986)
0.232***
(0.00985)
0.239***
(0.00983)
Si el presidente municipal
pertenece al PAN
0.0228
(0.0157)
0.0232
(0.0156)
0.0217
(0.0156)
0.0231
(0.0156)
Si el gobernador pertenece al
PAN
0.104***
(0.0324)
0.102***
(0.0324)
0.108***
(0.0324)
0.104***
(0.0324)
Constante
-4.315***
(0.154)
-4.312***
(0.153)
-4.316***
(0.154)
-4.321***
(0.154)
Número de observaciones
12,912
12,912
12,912
12,912
Número de municipios
1,652
1,652
1,652
1,652
Errores estándares en paréntesis. Todas las regresiones se estiman con efectos aleatorios y con efectos fijos a
nivel de estado. El número de observaciones es menor que el total de municipios en México porque al calcular
logaritmos de la variable dependiente, el modelo elimina las observaciones con cero homicidios.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
El impacto de los enfrentamientos en la violencia en el largo plazo es menor que el observado
en el corto plazo. Mientras que el modelo cortoplacista sugiere que el impacto general de los
enfrentamientos en la violencia es de un incremento de 6.3%, en el largo plazo este impacto
es de 2.4%. El efecto de un enfrentamiento adicional con participación de fuerzas federales
en el largo plazo disminuye en comparación con el corto plazo: la participación federal
policial produce in incremento en los homicidios de 4.1%, mientras que el impacto en los
homicidios de la participación federal militar es de 3.1%. Por el contrario, un enfrentamiento
adicional con fuerzas locales produce en el largo plazo un incremento en los homicidios de
6.6%, similar al impacto observado en el corto plazo. Este resultado sugiere que, a pesar de
que la participación de fuerzas federales en enfrentamientos contra el crimen organizado
tiene un mayor impacto que la participación de fuerzas locales en el corto plazo, en el largo
25
plazo, el involucramiento de policías locales o estatales se vuelve contraproducente,
causando aún más daño en términos de violencia que la misma participación federal.
Cuando se analiza el efecto del involucramiento de militares en la lucha contra el
crimen organizado, se observa que un enfrentamiento adicional con participación
específicamente de la Sedena incrementa los homicidios en 3.2%, similar al impacto
observado por enfrentamientos con participación de cualquier fuerza armada federal. Por
último, al contrario de lo encontrado en el corto plazo, el impacto de matar a miembros de la
delincuencia organizada en enfrentamientos produce un mayor impacto en la violencia en el
largo plazo que simplemente detenerlos. Mientras que un detenido adicional en
enfrentamientos no genera ningún impacto en el largo plazo, un miembro de la delincuencia
organizada muerto en enfrentamientos con la fuerza pública genera un incremento en los
homicidios de 1%.
Table 7: Resultados del modelo panel municipal de corto plazo (observaciones agregadas en
trimestres). La variable dependiente en todas las especificaciones es el número de homicidios
reportados por INEGI.
A
B
C
D
Enfrentamientos
Local vs.
federal
Muertos vs.
detenidos
Participación
de la Sedena
Enfrentamientos (rezagado)
0.0240***
(0.00594)
Enfrentamientos con participación
de fuerzas policiales federales
(rezagado)
-0.0417*
(0.0220)
Enfrentamientos con participación
de fuerzas militares (armadas)
federales (rezagado)
0.0310***
(0.00700)
Enfrentamientos con participación
de fuerzas locales (rezagado)
0.0661**
(0.0270)
Detenidos en enfrentamientos
(rezagado)
0.00571
(0.00384)
Muertos de delincuencia
organizada en enfrentamientos
(rezagado)
0.01000***
(0.00386)
Enfrentamientos con participación
de la Sedena (rezagado)
0.0324***
(0.00743)
Log homicidios (rezagado)
0.000669***
(0.000170)
0.000922***
(0.000195)
0.000727***
(0.000168)
0.000807***
(0.000160)
Población (en logs)
0.691***
(0.0156)
0.689***
(0.0156)
0.690***
(0.0156)
0.691***
(0.0156)
Porcentaje de población en
situación de pobreza
0.000235
(0.00111)
0.000259
(0.00111)
0.000244
(0.00111)
0.000237
(0.00111)
Homicidios ponderados de
municipios vecinos
0.00367***
(0.000582)
0.00356***
(0.000582)
0.00365***
(0.000582)
0.00368***
(0.000581)
26
Si el municipio colinda con la
costa Pacífica
-0.224*
(0.115)
-0.220*
(0.115)
-0.223*
(0.115)
-0.219*
(0.115)
Si el municipio colinda con la
frontera de EEUU
0.204
(0.133)
0.201
(0.132)
0.201
(0.133)
0.198
(0.133)
Si el municipio colinda con el
Golfo de México
0.358***
(0.0920)
0.353***
(0.0917)
0.357***
(0.0920)
0.360***
(0.0919)
Número de grupos de la
delincuencia organizada
0.165***
(0.0112)
0.163***
(0.0113)
0.162***
(0.0113)
0.166***
(0.0112)
Si el presidente municipal
pertenece al PAN
0.00999
(0.0285)
0.0101
(0.0284)
0.00972
(0.0285)
0.0101
(0.0284)
Si el gobernador pertenece al
PAN
0.106*
(0.0558)
0.0992*
(0.0558)
0.103*
(0.0558)
0.105*
(0.0558)
Constante
-6.587***
(0.272)
-6.557***
(0.271)
-6.580***
(0.272)
-6.586***
(0.272)
Número de observaciones
4,666
4,666
4,666
4,666
Número de municipios
1,612
1,612
1,612
1,612
Errores estándares robustos en paréntesis. Todas las regresiones controlan por efectos fijos de estado.
Estimaciones de panel con efectos aleatorios. El número de observaciones es menor que el total de municipios
en México porque al calcular logaritmos de la variable dependiente, el modelo elimina las observaciones con
cero homicidios.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Finalmente, en cuanto a los controles incluidos en el modelo observamos que la violencia es
mayor en municipios de mayor tamaño y en municipios que tuvieron un mayor número de
homicidios en el periodo anterior. Municipios ubicados en el Golfo de México o en la costa
Pacífica tienen un mayor número de homicidios que municipios ubicados en otras zonas del
país.
Otro de los coeficientes de las variables de control que llaman la atención es el número
de grupos en el municipio. Esta información se obtuvo de aquellos enfrentamientos y/o
ejecuciones en los cuales se pudo identificar al menos un grupo (ya sea porque se dejó un
narcomensaje al lado del cuerpo ejecutado, porque alguno de los detenidos o presuntos
delincuentes pertenecía a un grupo específico o porque las autoridades obtuvieron
información que ayudaron a la identificación de los presuntos delincuentes). Los resultados
de largo plazo sugieren que el hecho de que haya un grupo adicional activo en un municipio
incrementa los homicidios en dicho municipio en 16%. Este impacto para el corto plazo es
de 23%.
27
Conclusiones
Este capítulo explora las discrepancias entre la documentación oficial, la información
obtenida de fuentes periodísticas y la Base CIDE-PPD, con respecto al inicio del
involucramiento de fuerzas federales en cada una de las entidades federativas, y los impactos
que esta presencia puede tener en términos de violencia a nivel municipal. Varias
conclusiones se pueden sacar de este análisis:
1. La documentación oficial sobre los objetivos de los operativos conjuntos, su
presencia territorial o su fecha de inicio no concuerda con la información periodística
ni con la evidencia presentada en la Base CIDE-PPD. Según estas dos últimas fuentes,
la presencia federal se encuentra desplegada en la mayoría del territorio nacional; y
en la mayoría de las entidades federativas, esta presencia se observa desde fechas
anteriores a las establecidas en los comunicados oficiales.
2. Tanto en el corto como en el largo plazo, la presencia federal en los municipios para
combatir a la delincuencia organizada ha provocado un incremento en el número de
homicidios reportado por el INEGI. Dependiendo de la variable utilizada para medir
presencia federal, los efectos son distintos. Por ejemplo, en promedio un
enfrentamiento adicional con participación de la Sedena provoca un incremento en el
número de homicidios de 8% al trimestre, o de 3% al año.
3. La hipótesis de “descabezamiento de cárteles” o de desequilibrio del status quo entre
grupos también es corroborada por los datos. En el corto plazo, tanto matar como
detener a miembros de la delincuencia organizada en enfrentamientos con la fuerza
pública provoca un incremento de la violencia en 0.5% y de 3%, respectivamente. En
el largo plazo, un detenido adicional no tiene ningún efecto en la violencia, pero un
miembro del crimen organizado adicional ejecutado en enfrentamientos con la fuerza
pública genera un incremento en los homicidios de 1%.
4. Sorprendentemente, los efectos adversos (o los “daños colaterales”, como fueron
definidos durante el gobierno Calderonista) en el largo plazo son mayores cuando hay
involucramiento de fuerzas policiales locales (estatales o municipales) en los
28
enfrentamientos con el crimen organizado. Un enfrentamiento adicional con
participación de fuerzas locales produce un incremento en la violencia municipal en
el largo plazo de 6.6%, mientras que el efecto de fuerzas federales es de 3.6% en
promedio.
Es importante analizar las consecuencias de estos resultados en materia de políticas
públicas. Una vez más, y con datos mucho más específicos sobre presencia de fuerzas
públicas locales y federales en la lucha contra el crimen organizado, este capítulo sugiere que
la política de seguridad nacional implementada por el gobierno de Felipe Calderón
incrementó la violencia a nivel municipal y que esta violencia se incrementó más en
municipios con mayor número de enfrentamientos que en municipios sin o con un menor
número de enfrentamientos contra el crimen organizado.
Las consecuencias negativas de la “militarización” del país han sido mayores que los
beneficios y después de más de siete años de implementación de operativos conjuntos,
todavía no se han visto los resultados en materia de seguridad. Son diferentes los canales para
explicar esta relación entre intervención federal e incremento de la violencia. El desequilibrio
del status quo del crimen organizado y la prohibición de las drogas ilícitas son dos posibles
explicaciones. Por un lado, el mercado negro de las drogas ilícitas sigue siendo
extremadamente rentable, y cuando el estado debilita alguno de los grupos que controla el
mercado local y la ruta de tránsito de drogas hacia Estados Unidos, otros grupos buscan
dominar la plaza y reemplazar a los líderes existentes. Este reemplazo de liderazgo
normalmente sucede de manera violenta.
Una política de seguridad más efectiva debería tener dos enfoques: (i) evitar el
desequilibrio de este status quo para no generar más violencia; y (ii) disminuir las potenciales
ganancias que la venta de drogas ilícitas promete. En otras palabras, una política de seguridad
debe estar acompañada de políticas de drogas que disminuyan el precio de las mismas y que
le quiten el poder económico con el que cuentan los grandes cárteles hoy en día. Esta es la
relación que existe entre el combate al crimen organizado y las políticas de drogas: la lucha
contra el crimen organizado no es factible ni produce resultados positivos si no está
acompañada de un cambio en la política de drogas que disminuya la rentabilidad del mercado.
A pesar de que no es fácil pensar en políticas alternativas (ya que no tenemos evidencia de
29
sus posibles resultados), el prohibicionismo es el peor escenario posible porque es la
situación perfecta para que el crimen organizado crezca, evolucione y sea cada vez más difícil
de controlar.
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