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MUJERES, DERECHOS HUMANOS Y PRÁCTICAS DE RESISTENCIA EN
UN CONTEXTO GLOBALIZADO: EL CASO DE LA MUJER
LATINOAMERICANA36
Daniel Barredo Ibáñez
Investigador en el Proyecto Prometeo
Centro Internacional de Estudios de Comunicación para América Latina
(CIESPAL)
y Universidad Central del Ecuador
dbarredo@ciespal.net
Belén Zurbano Berenguer
Facultad de Comunicación
Universidad de Sevilla
bzurbano@us.es
María del Carmen Cevallos
Facultad de Comunicación Social
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
mcevallos@ciespal.net
Resumen: las mujeres de América Latina, gracias a la transformación sociopolítica de la región, han
alcanzado importantes puestos en las instituciones y en las empresas; se han introducido en ámbitos y
posiciones anteriormente definidos por el conocido “techo de cristal”(como el de la Judicatura)ν se ha
disminuido sustancialmente la pobreza (un indicador que beneficia sobre todo a los entornos rurales,
donde la mujer sigue siendo en la mayor parte de los casos la principal perjudicada); se han activado, a
nivel regional, instituciones que custodian los derechos, o que fiscalizan la labor de importantes actores
como los medios de comunicación, entre otros elementos. Sin embargo, según estudios como el de
CEPAL (2013), la mujer latinoamericana ha sufrido un retroceso de sus posibilidades de desarrollo en un
marco igualitario. Por ello, a pesar de este balance a priori positivo de la situación actual, en la siguiente
comunicación subrayamos algunos de los condicionantes que dificultan la igualdad en América Latina,
como la discriminación laboral o la violencia sexual.
Palabras claves: igualdad, género, América Latina, discriminación, mujer
1. Introducción
América Latina es una de las regiones del mundo más peligrosas para la mujer: según
Garita (2013: 11) catorce de los países latinoamericanos están entre los veinticinco
países del mundo con un mayor porcentaje de feminicidios; y frente a la media de 19,14
feminicidios por cada millón de mujeres de la prevalencia mundial, según cifras
publicadas por el Centro Reina Sofía (Sanmartín, Iborra, García y Martínez, 2010), en
América hay una tasa de 39,66 mujeres asesinadas por millón, mientras que en la Unión
Europea esta cifra se reduce a las 11,66 mujeres por millón37, y en países como España
alcanza los 5,15 feminicidios por millón de habitantes.
36 Este trabajo científico ha sido parcialmente financiado por el Proyecto Prometeo de la Secretaría de
Educación Superior de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República del Ecuador.
37 Esta media se realiza a partir de los datos con los que cuenta el informe: 44 países distribuidos de la
siguiente manera: el 63,64% son países europeos, el 31,82% americanos, el 2,27% africanos y el 2,27%
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Otros datos, como los presentes en el informe Femicide: A Global Problem, afirman
que 66.000 mujeres y niñas son asesinadas en el mundo anualmente, cifra que supone el
17% del total de víctimas de homicidios intencionados cometidos mayoritariamente por
hombres (Geneva Smalls Arms Survey, 2012). Por regiones, según el estudio citado,
América Latina es la que presenta las tasas más altas: cinco de los doce países con una
mayor tasa de feminicidios pertenecen a América Latina: El Salvador (de cada 100.000
habitantes femeninas, 12 mujeres o niñas son asesinadas), Guatemala (9,7 mujeres
asesinadas por 100.000 habitantes del sexo femenino), Honduras (7 mujeres asesinadas
por 100.000 habitantes femeninas), Colombia y Bolivia (ambos con cifras de en torno a
6 asesinadas por cada 100.000 mujeres). Asimismo, otros países de la región presentan
cifras muy elevadas en cuanto a la violencia que se ejerce contra las mujeres.
El machismo, asentado en amplias capas sociales, impide la falta de equilibrio
intersexual en este continente. Y no olvidemos que, desde el punto de vista cultural, la
dominación hispano – portuguesa dejó una importante huella en varios ámbitos
simbólicos, como recuerda Molyneux (2010: 188). El resultado de más de tres siglos de
colonialismo aún se deja ver –en mayor o menor grado- en unas sociedades donde la
supremacía masculina suele verse aparejada con la “impunidad” (Garita, 2013μ 12)
como asimilación social de los crímenes sobre las mujeres, o los malos tratos en el
ámbito laboral o doméstico, por mencionar los más habituales. El colonialismo se
percibe en multitud de fenómenos asociados al continente americano, como por ejemplo
la devastación epistemológica del feminismo de esa parte del mundo, de ese Sur que
sigue luchando por reivindicarse tan feminista como “el feminismo” occidental. Que
aún hoy mantiene las luchas en contra de la “colonización discursiva” según Mohanty
(cit. por Espinosa, 2009: 40-1).
Los movimientos sociales latinoamericanos –y en concreto el de las mujeres, que es el
que nos interesa- absorben con frecuencia las prácticas simbólicas que se producen en
los países occidentales. Unos países que, en general, no suelen tener en cuenta la
existencia de unas sociedades multiétnicas o plurinacionales con todos los valores
identitarios distintivos asociados a dicha realidad. El colonialismo, también, desde el
punto de vista jurídico se refleja en la complejidad de los entramados judiciales (Sieder
y Sierra, 2011: 3 – 4) que ocasiona la convivencia en algunas zonas de América Latina
de la ley penal, de marcado carácter unitario, con la multiplicidad de leyes indígenas.
Esa complicada interpretación de la legalidad supone, todavía, una enorme dificultad a
la hora de emprender iniciativas de género; sin una cuidada composición de los matices,
se vuelve muy difícil conseguir un entendimiento eficaz de la comunicación, con la
consiguiente asimilación social. Es habitual en el continente latinoamericano la
existencia de justicias paralelas, y en particular la existencia de modos propios de
entender la legalidad, o de acudir a ella:
“<…ρ no todas las mujeres indígenas pueden recurrir o recurren a las autoridades comunitarias
en caso de abuso doméstico38. <…ρ A diferencia del sistema de justicia oficial, también toman
en cuenta el contexto más amplio dentro del que sucede una disputa, así como sus causas
subyacentes profundas, de larga data. Además, el tipo de resoluciones que se ofrecen no sólo
pertenecen a Oceanía. Sobre la Unión Europea se han obtenido datos del 76,92% de los países
(Sanmartín, Iborra, García y Martínez, 2010).
38 Quepa señalar que los autores de este trabajo no reconocen el término “violencia doméstica” como
definitorio de las violencias específicas que por razón de sexo-género sufren las mujeres, si bien, por
supuesto, respetan las exposiciones discursivas de los autores y sus terminologías referidas.
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tienden a involucrar diferentes formas de compensación para la víctima (monetaria o de otro
tipo), sino que también las dignifican al insistir en la necesidad de que las personas culpables de
transgresiones cambien sus actitudes y comportamiento” (Sieder y Sierra, 2011: 19-20)
El uso de ortigas y agua fría, por ejemplo, o el escarnio comunitario público y la
obligada redención del agresor (castigos típicos de los pueblos indígenas), son
elementos comunes de amplias zonas eminentemente rurales que contrastan con la
privación de libertad o el arresto de los agresores, castigos más típicos de las zonas
urbanas. Son, como puede deducirse, modos de vida, cosmovisiones radicalmente
opuestas, elementos simbólicos concebidos a partir de patrones históricos y sociológicos
diferentes.
Asimismo, otro elemento común del pensamiento latinoamericano es la fuerte
influencia del catolicismo, como apunta Colazo (2009: 108). Es ésta una religión
dominante y que tiende a recrear patrones patriarcales donde la mujer desempeña tareas
estereotipadas en función de su sexo-género tales como la atención del hogar o de los
hijos. La mujer, según los patrones estructurales del catolicismo, depende
económicamente de su marido ya que se sitúa profesionalmente al cargo de los
cuidados, siendo ésta tarea (crianza de hijos, educación, manutención del hogar) no
reconocida profesionalmente ni socialmente como un “trabajo”. Así, en 2010, las
mujeres urbanas sin ingresos propios alcanzaban el 30,4% de la población femenina
latinoamericana, mientras que en las zonas rurales ese porcentaje ascendía hasta el
41,4% (CEPAL, 2013: 40). La ausencia de recursos propios, con la consiguiente
problemática para la gestión autónoma de la vida, es un factor fundamental en la
inmovilidad y reproducción de fenómenos como la violencia de género39. La falta de
oportunidades laborales genera que las denuncias se reduzcan considerablemente, y en
paralelo aumente la tolerancia a los malos tratos asociados a una situación material tan
clara como es la supervivencia.
La relación unívoca entre recursos materiales y tolerancia a la violencia sufrida
(resistencia más bien) ha sido también comprobada en contextos afines al
latinoamericano -como el contexto español- a partir de problemáticas contemporáneas
como la situación de crisis económica. La coincidencia de la crisis económica con el
descenso de las denuncias por violencia de género ha operado como un factor clave para
la subsiguiente reflexión sobre la incidencia de ésta en la crisis. Así, algunos datos han
subrayado que hasta un 97% de mujeres víctimas consideran el paro un freno para la
denuncia por la situación de desamparo económico familiar que pudiera originarse
(Adecco, 2013). Asimismo, se ha detectado una progresiva disminución de las
denuncias (hasta un 10%) que se agrava en el periodo de crisis, dato que -teniendo en
cuenta las declaraciones sobre seguridad económica proporcionadas por el informe de
Adecco- ofrecen una conclusión clara: la crisis, tanto en su dimensión de dificultad en el
acceso al mercado laboral, como en lo concerniente a la merma de recursos públicos
destinados a la ayuda a las víctimas de violencia de género, ha tenido efectos negativos
sobre las mujeres víctimas que han dejado de denunciar la violencia.
Al describir el contexto latinoamericano, hay que resaltar forzosamente el desequilibrio
nacional y local de un continente en el que la evolución de los entramados sociales
39 Con respecto a qué entienden los autores como violencia de género se recomienda visitar las
aportaciones realizadas por Zurbano (2012).
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circula a distintas velocidades. Pero a pesar de reconocer las diferencias de los países
de este continente, tenemos que subrayar una procedencia similar de las causas que
producen desigualdades (Chan, García y Zapata, 2013: 130), ya que son países que
descienden de contextos socioculturales similares.
2. Objetivos
Estas páginas se han construido alrededor de los siguientes objetivos:
Objetivo general
Reconocer y analizar críticamente los avances y los retrocesos sufridos en los últimos
años en la situación de la mujer en América Latina.
Objetivos específicos
1. Determinar las principales influencias negativas que impulsan un recorte de derechos
de la mujer en la región americana.
2. Identificar los avances y sus orígenes en el desarrollo de los derechos de la mujer
latinoamericana.
3. Metodología
La siguiente comunicación, realizada a partir del diálogo entre investigadores españoles
y latinoamericanos, se fundamenta en el análisis documental de tres tipos de fuentes:
a) Fuentes institucionales. Se ha prestado especial atención al estudio de los
informes publicados en fechas cercanas por instituciones como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos o el Observatorio de Igualdad de Género de
América Latina. También se han recabado datos de instituciones nacionales que ofrecen
interesantes panoramas estadísticos como el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(Ecuador), el Instituto Nacional de Estadística (Venezuela), el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (Perú), el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (Colombia), etcétera.
b) Fuentes académicas. Entre otros estudios se ha tomado como fuente de
referencia los estudios de UNIFEM, así como la producción científica del área. Pueden
citarse como ejemplos: Breaking the Silence on Violence against Indigenous Girls,
Adolescents and Young Women; Systematization of evaluations on human rights and
gender equality in Latin America; Igualdad de derechos y desigualdad de
oportunidades: ciudadanía, derechos sociales y género en América Latina, entre otros.
c) Fuentes mediáticas. Como no podía ser de otro modo -dado el perfil
comunicológico de los investigadores- entre la documentación consultada se han tenido
en cuenta las fuentes informativas como medidores del pulso igualitario de la sociedad,
ya que no es infrecuente que los tratamientos periodísticos desvaloricen la lucha por la
igualdad en el continente latinoamericano.
4. Desarrollo
Hace prácticamente una década, se denunciaba la falta de información sobre la situación
real de las mujeres latinoamericanas (Alméras et al., 2002), una indicador ausente que
dificultaba la evaluación de la gravedad del conflicto en este continente. Por fortuna, la
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ausencia de datos estadísticos no es ya el problema; el crecimiento exponencial y la
mejora de los observatorios, o la asimilación de la violencia de género como un tema de
interés prioritario en los censos de la opinión colectiva, son factores que permiten
concluir que existe una vasta cantidad de datos que ayudan a la reconstrucción del mapa
de la mujer en el territorio latinoamericano. Asimismo, la creación de leyes para regular
las agresiones de género –una realidad en prácticamente todos los países del continente-
ha impulsado la implantación de políticas públicas que se han materializado en forma de
instituciones específicas, de ministerios, de campañas de sensibilización financiadas con
fondos gubernamentales, de proyectos de investigación en universidades públicas y
privadas de la región. La erradicación de este fenómeno, entonces, aparece asociada no
ya a una invisibilización o falta de apoyo estatal, ni solamente a un desconocimiento,
como por ejemplo ocurría en la mayor parte de los países antes de la década de los años
ochenta.
Han sido muchos los intentos de adoptar una postura regional ante los conflictos de
género, muchos de ellos más simbólicos que efectivos. En 1928 se estableció la llamada
Comisión Interamericana de Mujeres 40 , un organismo multilateral que pretendía
concentrar la representación de los derechos del género femenino; sin embargo, desde
esa lejana fecha de creación, muchos años tuvieron que pasar hasta que los países
integrantes de América Latina y del Caribe comenzaran a visibilizar, a legislar y a
incorporar a sus agendas la problemática de la mujer. Desde 1989, año en que fue
aprobada la Ley 54 de Prevención e Intervención en Violencia Doméstica en Puerto
Rico, prácticamente todos los países de Nuestra América han regulado la situación de la
violencia de género mediante la creación de instrumentos en mayor o menor medida
eficaces, si bien presentan lagunas, porque como subraya el CEPAL (2013: 12) todavía
hay países que no han incorporado figuras específicas para abordar problemas como el
feminicidio. Y en el caso de esos países que sí contemplan esas figuras jurídicas, el
problema, más bien, es la aplicación de las leyes, o como denuncian Alméras et al.
(2002μ 17) la dificultad de poner en marcha “mecanismos de seguimiento” que validen
la efectividad de las sanciones y la lucha real de los gobiernos en las áreas de la
prevención y la erradicación del fenómeno. A lo que podemos añadir la necesidad de
una conceptualización de “violencias de género” o “violencias contras las mujeres” (que
no mujer, mujeres: diversas, plurales) amplias, complejas y contextuales como hemos
reclamado con anterioridad:
“Conocer el modo en que las leyes definen el fenómeno de la violencia contra las mujeres
constituye sin duda un primer acercamiento a la conceptualización subyacente. Así como a los
marcos de sentido que operan detrás y si éstos referencian la violencia de género como violencia
doméstica, el grado de privacidad que le otorgan al problema o qué tipo de prácticas pueden ser
identificadas como esta violencia en particular y no como una violencia social genérica. Nos
estamos refiriendo, por ejemplo, al caso de los asaltos sexuales: ¿pueden ser considerados
atentados de género? ¿Afecta el conocimiento previo o no entre víctima y victimario? ¿Responde
el atentado de la violación o el hostigamiento a un claro condicionamiento sexual de dominio?
Cuestionamientos que desde una perspectiva feminista del fenómeno pudieran parecer fuera de
lugar no se vuelven tan claros si nos adentramos en los imaginarios sociales a los que podemos
acercarnos a través de algunas de sus construcciones como son los textos legales. Por ejemplo, en
la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el
hostigamiento sexual o las violaciones no estarían amparadas dentro de la definición presentada
como “violencia de género”. Sin embargo, en otras legislaciones, como la argentina, encontramos
40Según se explica en la historia de este organismo internacional. Datos consultados el 26/02/2014 de:
http://portal.oas.org/Portal/Topic/Comisi%C3%B3nInteramericanadeMujeres/AcercadelaCIM/tabid/622/
Default.aspx
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(siempre hablando del marco teórico, conceptual, no de su práctica efectiva ni de las garantías
de protección desarrolladas41) reconocida la afrenta obstétrica siendo ésta la que ejerce el personal
sanitario sobre los cuerpos y los procesos reproductivos femeninos expresada en un trato
deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”
(Zurbano, Liberia y Campos,
2013:6)
Además, reivindicamos un cambio de terminología de referencia y una unificación de la
misma que supere el concepto de “género” (extremadamente útil pero con poca fuerza
estratégica social) en pro del reconocimiento de unas violencias (en plural, porque son
muchas, diferentes y a menudo desconocidas y no reconocidas por sociedad y
legislación) hacia un grupo sexual que supone más de la mitad de la población del
mundo: las mujeres. No la mujer, pues es hora de superar la idea occidentalocéntrica
de la mujer definida como colectivo, grupo con rasgos definitorios, anclada
históricamente en esa representante de todas las mujeres: la mujer blanca, heterosexual
y de clase media:
“(…) “la categoría “mujer” no puede seguir definiéndose de una manera descontextualizada, sino
que tiene que hacerse siempre en función de su condición de oprimida y poniendo en relación otras
categorías como las de la raza, la clase o la religión con la del género y la propia crítica a este
como un mecanismo esencialista y maniqueo de control social. En este sentido y distanciándose
claramente de la Teoría Feminista “clásica”, los feminismos disidentes contemporáneos proponen
una resignificación de la violencia de género para que deje de ser un concepto institucionalizado
que reproduce exclusiones y perpetúa discriminaciones”
(Pons y Solá, 2011: [en línea])
En el mismo sentido -pero desde los feminismos postcoloniales- Mohanty hace una
crítica a la definición y homogeneización de las mujeres como grupo a partir de su
caracterización como sujetos oprimidos a través de la noción de género:
“Al hablar de las mujeres como una categoría de análisis me refiero al supuesto crítico de que
todas las que compartimos el mismo género, sean cuales fuera nuestra clase y cultura, de alguna
forma estamos socialmente constituidas como un grupo homogéneo (…) la homogeneidad de las
mujeres como grupo no se produce sobre la base de características biológicas esenciales, sino de
universales secundarios de carácter sociológico y antropológico (…) lo que une a las mujeres es
una noción sociológica de la “igualdad” de su opresión. Es en este punto que se produce una
elisión entre “las mujeres” como grupo en el discurso construido y “las mujeres” como sujetos
materiales de su historia” (Mohanty, 2008: 121)
A partir de 1970, la ONU comenzó a introducir en su agenda social la situación de la
mujer. Esta preocupación del organismo internacional se reflejó en las distintas cumbres
que se sucedieron a nivel global y que sirvieron para que los estados latinoamericanos
paulatinamente impulsaran en sus políticas nacionales un interés por el contexto de las
mujeres dentro del apartado de la “Cooperación Internacional”. Pero justo en esos años,
las dictaduras o autoritarismos gobernantes en algunos de los países de la región,
41 Siendo plenamente conscientes de que los textos normativos no son garantía de acciones y condiciones
necesarias para garantizar el cumplimiento de las propuestas legales, hemos creído necesario abordar las
ideas que presentan sobre la violencia las diferentes normas, puesto que serán la base en el diseño de las
acciones que se desarrollarán posteriormente, o que habrían de ser desarrolladas, y que pueden dejar
determinadas prácticas y manifestaciones de la violencia fuera de su ámbito de actuación por no estar
contempladas desde la primera instancia: la definición, la prueba explícita de la conceptualización
subyacente.
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intentaron anular las reivindicaciones feministas, enfrentándose a las organizaciones o
movimientos civiles en defensa de las mujeres (en Colazo, 2009: 108).
El activismo feminista, muy presente hasta finales de los noventa (Molyneux, 2010:
194), obtuvo en esa década sus principales logros, al conseguir –como comenta Guzmán
(2001: 34)- que el 9 de junio de 1994 se firmara en Brasil la “Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”. En
esta reunión multilateral, con la que se buscaba adoptar una postura común,
intervinieron 30 países de la región latinoamericana y del Caribe (Alméras et al., 2002:
17). Poco años después de la celebración de la conocida Convención de Belém do Pará,
los estados firmantes aprobaron en Washington D. C. el Estatuto del mecanismo de
seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana (OEA, 2004;
Alméras y Calderón, 2012), un documento que recoge algunas indicaciones para
verificar la situación real de las iniciativas emprendidas por los países firmantes.
Un año antes del evento en Brasil, en 1993, se había celebrado en Viena la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos, en la que se trataron los derechos de las niñas y las
mujeres como “parte integrante, inalienable e indivisible de los derechos humanos”
(Alméras y Calderón, 2012: 18).
En 1995, la Organización de Naciones Unidas impulsó el compromiso de los países de
la región a introducir medidas concretas con la celebración de la IV Conferencia de
Naciones Unidas para las Mujeres en Beijing (China).
Los eventos descritos sucintamente en los párrafos anteriores generaron un alto impacto
en América Latina, ya que se produjo un efecto expansivo que introdujo mejoras en
prácticamente todas las esferas de las instituciones públicas:
“Se despliegan políticas legislativas (Reformas Constitucionales, de los Códigos civiles, penales,
laborales, electorales, de las leyes de educación, ordenanzas municipales); políticas ejecutivas en
educación, salud, trabajo, violencia, participación política; a niveles centrales, o descentralizados
(regionales, provinciales y municipales). El proceso de desconcentración o descentralización de
políticas de género, dio lugar a instancias dedicadas a las problemáticas de las mujeres, en dichos
niveles. No avanzan al mismo ritmo las reformas del sistema de justicia, en la inclusión del
enfoque de equidad de género” (Colazo, 2009: 110)
La generalizada reforma constitucional de los años noventa, trajo consigo multitud de
efectos positivos sobre las sociedades latinoamericanas. Entre otros, se consiguió en
primer término un reconocimiento de la pluralidad de las culturas y las naciones que
pueblan América Latina (Sieder y Sierra, 2011: 5-6), un paso importante para
desarrollar conceptos como paridad, equidad e integración. Las reformas legales, de
igual manera, motivaron un avance rotundo en la entrada de las mujeres en los cargos de
poder, aunque al examinar determinados puestos estratégicos –como el de las ministras-
un informe constata que la mayor parte de la ocupación femenina en los ministerios, en
2011, estaba vinculada a áreas socioculturales en un 55% de los casos, frente a ámbitos
económicos (23%) o políticos (21%), según datos consultados en CEPAL (2013: 29).
Estas estadísticas prueban parte de la instrumentalización de la mujer dentro de la
representación: la paridad tiende a ser un signo distintivo en la mayor parte de los
gobiernos latinoamericanos, pero la participación femenina se restringe a esferas rosas,
donde la acción transcurre fundamentalmente en marcos simbólicos. En el caso del
máximo órgano judicial, por ejemplo, en el promedio de los 20 países latinoamericanos
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en 2011, la participación de la mujer apenas alcanzaba un 23% (CEPAL, 2013: 35). O
dicho de otra forma: de cada diez jueces, unos siete eran hombres y ni siquiera tres eran
mujeres, una grave situación que evidencia la conservación de algunos “techos de
cristal” en determinados ámbitos de la gestión pública.
A partir de la década del 2000, con el cambio de signo político de muchos de los países
latinoamericanos, la cuestión de género se asentó en la mayor parte de las agendas
políticas de los líderes regionales. Justamente en esta década, algunos organismos
multilaterales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, comenzaron a publicar
importantes documentos sobre la situación de las mujeres en el continente, unos
documentos que, interpretando a Alméras y Calderón (2012: 20), permiten la
elaboración de diagnósticos como el que nos ocupa.
Pero a pesar del estímulo de marcos normativos, de reformas constitucionales y de
iniciativas regionales, en los últimos años “se ha agravado” (CEPAL 2013μ 10) la
llamada “violencia doméstica 42 ” (CEPAL, 2013μ η1). En el siguiente gráfico,
reproducido solo a efectos académicos, se observa la elevada tasa de muertes de mujeres
en su entorno afectivo que persiste en algunos de los países de la región en comparación
con España.
FIG. 1 Muertes de mujeres en su entorno afectivo en España y en 11 países de América
Latina, según CEPAL (2011)
Fuenteμ CEPAL, 2013μ 13
42 Sobre la terminología hemos sido ya lo suficientemente claros: reproducimos la que se usan en los
diferentes recursos diferidos aquí plasmados pero no se comulga con expresiones diferentes a “violencia
de género”, “violencia machista”, “violencia/s contra la mujer/es”, “terrorismo de género” y análogas,
descartando en todo caso las expresiones que aluden a la domesticidad (pues desvirtúan la realidad
circunscribiéndola a un contexto cerrado y en el que además concurren otras violencias de naturaleza
diferente a la basada en el género) y a la intersexualidad (no es esta violencia un problema entre sexos).
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Las tasas mostradas en el gráfico anterior en general están muy por encima de las del
país ibérico: los 0,08 casos de España por cada 100.000 habitantes, contrastan con los
1,27 de República Dominicana, los 0,69 de Puerto Rico o los 0,59 de Uruguay.
Las acciones realizadas por los diferentes estados latinoamericanos para la erradicación
de la violencia de género se vinculan a ámbitos muy diversos, los cuales apuntan a la
multicausalidad de este fenómeno.
FIG. 2 Principales ámbitos de acción emprendidos por países latinoamericanos para
erradicar la violencia de género
Fuenteμ Astelarra, 2004μ 34 / WORDLE.net / Elaboración propia
Son ámbitos orientados a los ejes rural – urbano, pobreza – educación, salud - empleo,
pero también al estímulo de la creación de instituciones que regulen la defensa de los
derechos y que se dediquen a la promoción o a la prevención. Todos estos ámbitos de
acción intentan recoger la diversidad de las sociedades latinoamericanas, y la incidencia
de causas muy diferentes para solventar un problema que afecta desigualmente a cada
uno de los países. Quizá uno de los cambios más interesantes a los que ha asistido la
región latinoamericana en los últimos años, es la pujante colaboración comunitaria para
ayudar a prevenir los delitos (Dammert, 2007: 45). Según esta autora, la participación
colectiva ha estado relacionada con cambios “institucionales policiales” y con la
creación de organizaciones específicas empleadas en la atención al problema (en
Dammert, 2007: 50). Y en ese sentido, se han creado interesantes iniciativas, como por
ejemplo la Red Interamericana de Refugios, una red específicamente dedicada a
concentrar la atención asistencial a la mujer en el continente americano43.
43 Según se explica en su página oficial. Consultada el 09/03/2014 de: http://www.rire.org.mx/
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5. Conclusiones
En las páginas precedentes hemos descrito la creciente importancia que otorgan las
instituciones latinoamericanas a la erradicación del problema de la violencia de género
en la región, así como una breve descripción de las cifras de incidencia de la violencia
en América Latina. Lo cierto es que, si a principios del siglo XXI Birgin y Pautassi
(2001μ 49) aconsejaban un incentivo de “criterios más equitativos” para garantizar una
mayor paridad en los países latinoamericanos, apenas unos años después Molyneux
(2010: 185) constata el intenso trabajo que han desarrollado las democracias de Nuestra
América para erradicar “los privilegios masculinos y patriarcales" de los instrumentos
jurídicos. El activo movimiento feminista ha sido un protagonista incansable, hasta
conseguir introducir algunas de sus demandas en los gobiernos progresistas que han
comenzado a cambiar el signo sociopolítico de América Latina. Justamente la
combinación de la lucha feminista y de la institucionalización de esa lucha, ha
conseguido que por fin algunas investigadoras empiecen a vislumbrar un continente
donde sea posible asistir a realidades contempladas como utópicas solo hace unas
décadas atrás:
“Estamos ante un escenario post colonial, post moderno, que puede destrabar el desarrollo de
América Latina de sus estancamientos cíclicos (dictaduras-populismos), y retomar caminos
antiopresivos para convertirse en un continente con estados fuertes dentro del aprovechamiento y
respeto a su diversidad” (Colazo, 2009: 115)
Esta transformación social, iniciada en los años ochenta, está determinada por una
“carencia de evaluaciones efectivas” que examine la eficacia de las medidas
emprendidas (Dammert, 2007: 32). Hacen falta estudios que trasciendan los restrictivos
límites cuantitativos para interpretar hasta qué punto ha cambiado el sentir
latinoamericano, si se han producido avances en la integración, y si las nuevas
generaciones son capaces de desarrollar los gérmenes de estas sociedades donde lo
femenino ha dejado ya de ubicarse en senderos estereotipados; también es necesario
“mejorar la producción de información” (Alméras y Calderón, 2012: 162), es decir,
estimular la producción de encuestas y otras herramientas de análisis, pero asimismo
generar campañas efectivas de difusión y divulgación de los resultados de las
investigaciones o de los registros públicos. Consideramos que un mayor conocimiento
de la situación de la mujer latinoamericana sea país a país, ciudad a ciudad y región a
región, conseguirá una mejor interpretación de los fenómenos, así como un mayor
conjunto de medidas disponibles para actuar integralmente contra la expansión de
realidades tristemente habituales como el de la violencia contra las mujeres o los
feminicidios.
Según lo expuesto, cada vez hay un mayor número de atentados contra la dignidad de
las mujeres; es por ello que consideramos con Garita (2013) que lo que tiene que
producirse es un “cambio del paradigma patriarcal”, o sea, una reordenación de las
estructuras de convivencia que incluya una mayor integración de la mujer y del
colectivo LGBT44 en los distintos ámbitos del liderazgo. A lo que subyace -y no puede
ocultársenos-, una necesaria ampliación y mestizaje del paradigma feminista tradicional
que acoja los postulados que desde el feminismo postcolonial se hacen sobre la urgente
y necesaria resignificación de la violencia de género y previa revisión de la propia
44 Lesbianas, gais, bisexuales y transexuales.
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categoría “mujer”. Entidad que nunca puede definirse generalmente ya que existe
todo un conjunto de características relacionadas con la clase social, la raza, la cultura o
la lengua, entre otros, que intervienen en dicha definición. En este sentido, y como
reivindica Chandra Talpade Mohanty, hay que evitar en todo momento utilizar a “las
mujeres” como categoría de análisis homogénea y “fundada en la noción generalizada
de subordinación”, ya que así se convierten (son convertidas por algunos discursos) en
conceptos, conceptos además de tipo monolítico y sinónimo de subordinación
empujando a las mujeres a ser “víctimas arquetípicas” del control masculino, seres
“sexualmente oprimidos” y convertidos en “objetos que se defienden”, frente a los
hombres, que son los “sujetos que ejercen violencia”ν así, toda la sociedad queda
dividida en dos grupos excesivamente simplificadosμ “los que detentan el poder
(hombres) y las que carecen de poder (mujeres)” (Mohanty, 2008: 124 – 135).
Paralelamente, resulta acuciante la integración de sectores tradicionalmente marginados,
como el de las mujeres indígenas, quienes forman parte de las clases más desfavorecidas
del nuevo continente (Sieder y Sierra, 2011: 11). La pobreza, que es una extensión más
de la violencia en este caso colectiva, introduce a las mujeres indígenas en círculos de
exclusión que reproducen patrones conductuales y vivenciales determinados por la
subsistencia. Sin la integración efectiva de esos sectores, las leyes y las reformas
constitucionales significan sobre todo una retórica legal vacía de propuestas. En ese
sentido, para revitalizar las propuestas legislativas estamos de acuerdo con Sieder y
Sierra (2011: 18) en denunciar la falta de representación de la mujer en prácticamente
todos los ámbitos políticos. El machismo, en América Latina, se ejerce aún desde las
esferas del poder, en tanto que la participación femenina parece vetada en algunas
ocasiones por viejos prejuicios sociales, a pesar del extraordinario avance en la paridad
política que se ha verificado en las últimas décadas (CEPAL, 2013: 25). Y, en
particular, el veto se acentúa si nos centramos en sectores representativos de la
diversidad latinoamericana, como el de la mujer indígena. No basta con incluir a rostros
femeninos en las áreas rosas de la gestión pública, sino que hay que procurar su entrada
en ámbitos tan importantes como el del aparataje jurídico. Por otra parte, hay que
incentivar la articulación y el desarrollo institucional del Estado en las zonas rurales
(Alméras y Calderón, 2012: 159), que son zonas mucho más desprotegidas que las
zonas urbanas, en términos de instalaciones como juzgados, centros policiales, centros
asistenciales y etcétera. Esas deficiencias institucionales provocan, como parece lógica,
una mayor propagación de los patrones de violencia contra las mujeres.
En nuestra opinión, hemos observado un avance integral en la situación de la mujer en
América Latina. La erradicación de problemas endémicos de la región latinoamericana,
como la violencia de género, no se soluciona únicamente mediante la creación de
sanciones y de organismos policiales. Se trata de un problema que está
inextricablemente ligado a la conciencia de las sociedades y, por consiguiente, hará falta
un desarrollo epistemológico empoderado, en primer lugar, así como un programa
integral de estrategias en intervención tanto política, como jurídica y simbólica que, de
una forma coherente, socaven los pilares de una visión patriarcal y machista que aún
ejerce de freno para lograr una igualdad real y efectiva, paso ineludible para acabar con
las violencias que sufren las mujeres.
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