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La administración de temores sociales. Contrastes en un
modelo de percepción de la inseguridad en México
Administration the social fears. Contrast in a model of
perception of insecurity in Mexico
Javier Carreón Guillén (1), Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo (1) y Manelic
Maganda De los Santos (2)
(1) Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM
(2) Instituto Politécnico Nacional
Resumen: El análisis de la percepción de inseguridad entendida como el
resultado de la información diseminada por los medios de comunicación
respecto a políticas de seguridad pública es el objetivo del presente estudio.
En ese sentido, se realizó una revisión de los estudios relativos a la
percepción de riesgo, incertidumbre, violencia y delito para establecer los
indicadores de la percepción de inseguridad y especificar sus relaciones
reflejantes. Enseguida, se llevó a cabo un estudio transversal con una
muestra no probabilística de 330 residentes de una comunidad. Se
establecieron la normalidad (curtosis cercana a 1,00), confiabilidad (alfas
mayores a 0,60), validez (pesos factoriales superiores a 0,300), covarianza
(correlaciones phi entre 0,30 y 0,80), estructura [χ2 = 14,02 (18 gl) p < 0,001;
GFI = 0,995; RMSEA = 0,000]. Por último, a la luz de la Teoría de la Fiabilidad
Social y la Teoría de las Representaciones Sociales se discutieron los
resultados obtenidos en referencia a las relaciones hipotéticas sobre
percepciones, temores y conductas delictivas establecidas en el modelo.
Palabras claves: Fiabilidad, Representaciones, Seguridad, Percepción,
Modelo
Abstract: The analysis of the perception of insecurity understood as the result
of diffusion of the media regarding public security policies is the aim of the
present study. In this regard, a review of studies on the perception of risk,
uncertainty, violence and crime was performed to establish indicators of the
perception of insecurity and specify their reflective relationships. Then, we
conducted a study with a nonrandom sample of 330 community residents.
Normal (close to 1.00 kurtosis), reliability (alphas greater than 0.60), validity
(factor loadings greater than 0.300), covariance (phi correlations between
0.30 and 0.80), were established structure [χ2 = 14.02 (18df), p < 0.001, GFI =
0.995, RMSEA = 0.000]. Finally, in light of the Reliability Theory of Social
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Javier Carreón Guillén, Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo y Manelic Maganda De los Santos
Theory and Social, representations of the results obtained in reference to the
hypothetical relationships established in the model were discussed.
Keywords; reliability, performance, security, perception, pattern
Recibido: 10/04/2015 Revisado: 23/05/2015 Aceptado 28/06/2015 Publicado 31/07/2015
Referencia normalizada:
Carreón, J., De la Cruz, P.I., y De los Santos, M.M. (2015). La
administración de temores sociales. Contrastes en un modelo de percepción de la
inseguridad en México.
Ehquidad International Welfare Policies and Social Work Journal
,
4
,
31-60. doi.10.15257/ehquidad.2015.0008.
Correspondencia:
Javier Carreón Guillén. Doctor en Administración. Adscrito al Sistema
Nacional de Investigadores. Nivel I. Profesor de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo
Social de la UNAM. Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo Doctor en Ciencias Políticas y Sociales
y Coordinador de Investigación de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
Manelic Maganda De los Santos. Lic. en Administración del Instituto Politécnico Nacional y
Maestrante en Ciencias de la Administración. Correo electrónico:
unam.pedroisnardo@gmail.com
1. INTRODUCCIÓN
Los conceptos de seguridad e identidad son temas centrales en la agenda
global, regional, política, democrática, social, pública, urbana y ciudadana
(Borghello y Temperi, 2012). Se trata de una pieza clave en el ajedrez de la
geopolítica y los tratados bilaterales de corresponsabilidad, las estrategias
de beligerancia y los movimientos de reivindicación, las políticas territoriales
y la apropiación del espacio; la contienda política y la participación electoral,
los programas de combate a la delincuencia y la acción colectiva de grupos
vulnerables (Salas, 2011).
Es una ecuación clave para entender la construcción, el consenso de
identidades, imaginarios colectivos asociados a temores sociales, que
gravitan en la privacidad y a la vez en la agenda pública, y en una dimensión
aparte, refiere eslabones importantes en la propia formación de una
ciudadanía que asuma propios programas de seguridad apegados a los
derechos humanos (Acosta, 2010).
Esto explica en parte por qué las acciones y decisiones gubernamentales
están ligadas con la participación social. A pesar de ello, los actores
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delincuenciales de la sociedad, lejos de participar en la construcción de una
esfera civil, intensifican sus acciones de riesgo y suelen poner al límite los
procesos artificiales de cohesión e identidad, e incluso aparecen como
factores de deterioro de la democracia. Por ello, se propone la concepción de
la seguridad en su dimensión más social, cuyo principal fundamento es el
pacto civil (Zaffaroni, 2011).
Un pacto civil cuya preservación ha de reinventarse sociopolíticamente
(ecologismo, derechos de la mujer, ideas modernas de autogestión, relevo
constitucional o deposición forzada de gobernantes, y por supuesto, luchas y
movimientos sociales por la dignidad: explosión espontánea de gente que se
siente humillada constantemente por el sistema político).
Las discrepancias entre los sectores sociales con respecto a las acciones
gubernamentales denotan conflictos de naturaleza instintiva y social, que
sólo pueden ser superados a partir de un gran acuerdo en el que todos los
sectores estén representados, tengan voz y voto para dirimir sus diferencias:
en su dimensión pragmática y social, la seguridad reconoce la posibilidad de
consenso de si de garantizar la vida misma y la de los propios se trata
(Calderón, 2012).
La seguridad democrática, regional, nacional, social, urbana y privada alude
a elementos que facilitan o inhiben la construcción de una esfera civil. En este
sentido, los sistemas gubernamentales y la acción ciudadana parecen
incrementar sus ámbitos de conflicto, pero es en la seguridad pública, las
libertades, derechos y seguridad ciudadana, donde se dirimen las
discrepancias (Terwagne, 2012).
Si la seguridad pública es el principal obstáculo para la construcción de una
esfera civil protectora, la seguridad ciudadana es el instrumento por
excelencia para facilitar la creación de instituciones civiles que protejan a la
ciudadanía de la delincuencia y la negligencia u opacidad del Estado. En
síntesis, la emergencia de nuevas problemáticas hace relevante a la esfera
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civil. La construcción de una identidad colectiva podría ser el preámbulo de
la restauración del orden social y la paz pública administrados por la esfera
civil (Gil, 2012).
En torno a la explicación de la estructura social que permita incentivar la
acción individual y orientarla a la discusión de los temas de inseguridad, el
término identidad cobra mayor relevancia. La desfiguración de los efectos
masivos de los medios en la producción de percepciones de inseguridad sólo
sería posible con la construcción de una opinión pública por parte de la
esfera civil, pero ésta también es influida por los comunicadores, dado que
una esfera civil se asume desprotegida de la inseguridad o expuesta a la
negligencia u opacidad del Estado, en el espejo reflejado por los medios de
comunicación.
Si se considera que la violencia, es generada desde los medios de
comunicación y no son éstos los testigos de la violencia, se esté entonces
ante un planteamiento que alude al Estado y a la ciudadanía como
intermediarios de la seguridad más que generadores o beneficiarios. La
seguridad parece estar dirigida desde el dominio de los media, más que
desde las instituciones o las iniciativas ciudadanas (Valverde, 2011).
Por supuesto, no debe demeritarse como en Europa, Estados Unidos de
América y en México se masifica el uso de cámaras de video en los esquemas
de seguridad: permiten tener capacidad de respuesta a comisión de delitos
en tiempo real y de manera indirecta, después de haberse consumado. Al
mismo tiempo, permiten funcionar para disuadir de que los ciudadanos,
conscientes de que puede haber video vigilancia, eviten cometer conductas
(potencial o ciertamente) delictivas.
Se trata de esquemas y tecnologías de seguridad, públicos o privados, que en
efecto, pueden implicar privilegios e imaginarios de discriminación clasista,
sin embargo, en el terreno de la invasión de la privacidad en espacios
fundamentalmente públicos llegan a dar cobertura a todo ciudadano, sin
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distingos. Desde hace más de 25 años, en Europa (inicialmente en Francia,
Alemania y Holanda), fueron instalados estos sistemas de vigilancia pública, y
en efecto, la experiencia ha demostrado que han traído beneficios pero al
mismo tiempo, una afectación de derechos humanos de ciudadanos (García,
2010).
Los principales riesgos están asociados a que representan,
fundamentalmente, la violación de dos libertades: de expresión y asociación;
pueden afectar la realización de protestas ciudadanas, manifestaciones
públicas y libertades políticas/constitucionales.
Asimismo, la ausencia de una información pública, abierta, transparente de
quienes administran (mandos y operadores) los sistemas de video vigilancia,
sugiere de entrada la ausencia de vocación gubernamental por construir
vínculos de información, comunicación y confianza con los ciudadanos para
que, la sospecha de que se pervierte su uso o se realiza con fines de
vigilancia y espionaje político (Castillo, 2012). En México, dada la tradición de
autoritarismo, represión y espionaje gubernamental, policial y militar
indiscriminado y selectivo, debiese ser una condición constitucional el uso de
sistemas de video vigilancia a que se transparenten los métodos, los
responsables y la biografía de las propias
autoridades/administradores/técnicos directamente involucradas en el
dominio y control de los mismos (Zúñiga, 2012).
Se trata de la protección de la privacidad, de las libertades de expresión y
asociación, y por lo tanto, es necesario que exista una correspondencia entre
autoridades y ciudadanos en términos de confianza, legalidad y eficacia anti
delictiva, dada la tensión democrática consustancial a las sociedades
modernas entre la demanda de seguridad y el compromiso de protección de
derechos individuales.
La sofisticación de dispositivos tecnológicos se ha convertido en un tema
central de la agenda personal, ciudadana, política y pública en referencia a
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los sistemas de seguridad como de identidad y la construcción de una esfera
civil. La privacidad es un tema esencial para explicar las barreras que
impiden la construcción de un escenario de manifestación, discusión,
consenso y acción local desde la ciudadanía hasta la esfera de poder político.
En este sentido, las tecnologías de la información y la comunicación son
materia de debate puesto que la identidad, en estos escenarios, es sinónimo
de exploración más que de compromiso. Tal requerimiento es indispensable
para la reflexión pública en torno a la inseguridad o la violencia (Ulloa, 2012).
Al mismo tiempo, EEUU se asume como el país que pretende tutelar la
seguridad y la privacidad del mundo para, en un péndulo de análisis,
desarrollar desde su andamiaje institucional de inteligencia mundial la
práctica masiva e indiscriminada del espionaje de la vida pública y privada de
los ciudadanos, las empresas y los gobiernos, y en el otro, para en principio
anticipar/identificar enemigos y coadyuvar a su potencial detención/
eliminación.
El programa de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus
siglas en inglés) estadounidense destinado a la vigilancia de los ordenadores
y las telecomunicaciones a escala mundial, dista mucho de resolver a favor
de la seguridad los equilibrios que exigiría a Estados Unidos de América
frente a su propia historia, dar garantías de protección a la vida privada. La
desconfianza a los ciudadanos es total, la lógica paranoica de la sospecha
está incrustada en el sistema de seguridad y en el sistema político, y se
ejerce contra sociedades y países que no son EUA. Es la arbitrariedad
presidencial estadounidense hecha sistema de espionaje mundial a gran
escala, evidenciado a una nación hegemónica incapaz de garantizar secretos
de Estado con vocación de (seguridad) democrática, donde resultan
inconciliables derechos fundamentales de ciudadanos (estadounidenses y
del mundo) con las pretensiones de la seguridad del país estadounidense.
A medida que la ciudadanía busca salvaguardar su integridad, bienes y
espacios, los medios de comunicación parecen acotar sus temas de
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información, debate, deliberación y acción. La identidad ciudadana parece
estar influida por mensajes en torno al impacto de las estrategias
gubernamentales y sus recursos financieros, humanos y tecnológicos sobre
la prevención del delito, la captura de malhechores, la rapidez de los juicios y
la ejecución de penas a los delincuentes. En tal escenario, la política de
seguridad pública se intercepta con las iniciativas ciudadanas y como
resultado de tal encuentro, la esfera civil es pospuesta hasta que alguna
coyuntura amerite su emergencia.
Las sociedades parecen avanzar hacia escenarios de información y
comunicación que trastocan su poder de elección y decisión en acciones
exploratorias de espacios, inseguridad, violencia o privacidad; pero
dependiente de los avances y las innovaciones tecnológicas, la ciudadanía
trata de construir una esfera civil que la pueda proteger del crimen, la
delincuencia, los abusos del poder y del sistema político. En tal panorama, el
Estado se asume como un actor más en el ajedrez de las iniciativas, vetos y
leyes que regulan la incidencia del mismo en la privacidad, aunque la
moderación de la identidad está ajustada a la percepción de inseguridad. Por
ello, es menester revisar los hallazgos relativos a las relaciones empíricas
entre seguridad e identidad.
En efecto, mientras las políticas de seguridad se consolidan, las iniciativas
ciudadanas parecen perder su historicidad temporal y espacial de las que
alguna vez subyacieron, pero ahora son transmutadas en spots, mensajes,
columnas, editoriales o reportajes sobre la inseguridad, o como en el caso
mexicano, se trata de una especie de una apuesta gubernamental por negar
la realidad de la violencia orquestando una campaña sustentada en el
silenciamiento y la autocensura en los medios y en los poderes públicos
sobre los niveles e intensidad de la violencia social asociada a violencia
criminal en su versión de delitos comunes y de alto impacto social como el
secuestro, la extorsión y el asesinato, el control de facto de poderes
gubernamentales en diversas regiones del país, procesos que datan desde
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hace más de dos décadas pero que han madurado en la vida privada y
pública de la sociedad mexicana.
2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO
El estado del conocimiento señala una tendencia de los estudios sobre
percepción de inseguridad en torno al impacto de los medios de
comunicación en la opinión ciudadana y la construcción de una agenda
pública (véase figura 1). Es decir, las cifras que corresponden a instituciones
no siempre coinciden con los datos proporcionados por organizaciones
civiles. Se establecen diferencias en cuanto a la violencia perpetuada en
escenarios laborales con respecto a espacios cotidianos en los que la
discriminación es una causal en la comisión delictiva: precisamente, mientras
en los escenarios civiles la violencia es llevada a cabo por una persona
cercana, en escenarios laborales la agresión es efectuada por motivos
laborales en cuanto al relegamiento de tareas. En contraste, los homicidios
que se lleva a cabo en contextos más cotidianos son cometidos en horarios
nocturnos mientras que los laborales se realizaron durante el horario de
trabajo.
Otras diferencias en cuanto a homicidas parecen mostrar que los ámbitos
laborales son distintos al ambiente cotidiano en el que los hombres que
consumen algún estupefaciente cubren el perfil que las autoridades definen
como causa externa a sus emociones mientras que las mujeres en lo general
llevan a cabo actos violentos derivados de su inestabilidad afectiva. Es lógico
suponer que las diferencias entre los géneros nos llevan a pensar en
características discursivas asimétricas entre homicidas ya que algunos
construyen símbolos de poder y otros de desesperanza.
Incluso, las diferencias sociodemográficas están relacionadas con las
características socioeconómicas, ya que se observan diferencias entre los
estratos sociales bajo, medio y alto al momento de llevar cabo algún delito. En
este sentido, la distribución de la riqueza parecería una causal del clima de
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violencia debido a un malestar por parte de la población con menores
ingresos respecto al sector con mayores recursos financieros.
Figura 1. Estado del Conocimiento
Fuente: Elaboración propia
Los asesinatos dolosos a extranjeros cometidos por adolescentes de barrios
marginados, vulnerables o excluidos parecen indicar que el descontento está
centrado en un sector inestable emocional y laboralmente más que en
aquellos sectores que cuentan con un ingreso mínimo y constante. La
dimensión territorial de los homicidios o “ajuste de cuentas” parece indicar
que tal malestar deriva de una serie de intereses exacerbados por las
ganancias que los actos delictivos implican.
Algunos otros estudios pretenden vincular el origen étnico con la relación
afectiva que la víctima tenía respecto a grupos diferentes a los de su
pertenencia o referencia. Otras investigaciones pretenden encontrar en las
experiencias de infancia las causas por las cuales los delincuentes
responden a procesos frustrantes o estresantes en torno a su vida y
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socialización. En paralelo, la situación sociodemográfica y socioeconómica
del delincuente está relacionada con su vida conyugal ya que la mayoría de
los actos delictivos revisados en una muestra de jóvenes homicidas
correspondió con una inestabilidad de pareja. Más aún, la prevalencia de
homicidios parece estar relacionada con espacios cerrados y poco
concurridos ya que la interrelación parece inhibir los actos delictivos y
facilita la cooperación entre los transeúntes o usuarios.
Respecto a la legitimidad de la seguridad pública, los escenarios de protesta
social no sólo fungen como espacios de reflexión, crítica o expresión pública,
sino además implican la construcción de un movimiento disidente de la esfera
civil en referencia al Estado y sus sistemas represores. Es por ello que la
percepción de inseguridad, a diferencia de la percepción de riesgo, emerge
como un problema individual mientras que la inconformidad y desesperanza
subyacen como problemáticas de orden social. En un sentido opuesto, la
correlación entre los casos de homicidios, género y estatus social durante un
periodo de 10 años parece corroborar la hipótesis de que la violencia es una
construcción social que se gesta a partir de la prevalencia de información
circundante en cuanto a la rectoría del Estado, la diseminación de la paz
pública y la disgregación de valores sociales. Es por ello que el núcleo central
de las representaciones sociales en torno a las adicciones significa un
proceso histórico en el que la identidad y el uso de las drogas marcan una
etapa particular en la historia de una comunidad. Es decir, las
representaciones sociales parecen ser el resultado de un proceso de
significación grupal en el cual la información contribuye a su conformación,
pero el efecto de las políticas y programas gubernamentales parece
incipiente en diferentes localidades que ejercen el mismo estilo de
administración de justicia (Añez et.al., 2011).
Si las representaciones sociales de la violencia corresponden a grupos que
utilizan diferentes medios para la construcción de su identidad, entonces el
núcleo central se debió haber formado en una edad temprana, empero el
sistema de justicia parece facilitar la construcción de símbolos y significados
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relativos a la socialización del delito ya que permite la interrelación entre
menores infractores y castiga severamente a quienes tienen la mayoría de
edad al momento de ser juzgados por un delito. La clave de la formación de
actitudes, construcción de representaciones y establecimiento de
identidades alusivas a la delincuencia, puede encontrarse en las experiencias
de menoscabo al momento de haber sido identificados como potenciales
víctimas o delincuentes confesos.
En tal escenario, los medios de comunicación permean temas en la agenda
personal, grupal, ciudadana, política y pública a través de frases o palabras
que luego la opinión pública adopta e incorpora a su representación, habitus
y discurso. En este sentido, es que las representaciones sociales de la
justicia y equidad versan en torno al otorgamiento de derechos más que al
establecimiento de obligaciones y responsabilidades ciudadanas orientadas
a la prevención del delito más que al combate frontal a la delincuencia. En
consecuencia, las diferencias entre sexos hacen pensar que la construcción
de la identidad de género masculina está asociada a la usurpación de bienes
o recursos dada la competencia y la movilidad atribuidas. En contraste, la
inestabilidad emocional justifica la comisión de un robo por parte de las
mujeres ya que embona con la identidad de género femenina en torno a su
pasividad y victimización. Es decir, si los medios de comunicación difunden
estereotipos de género que después serán recuperados por la ciudadanía,
entonces es posible anticipar que las respuestas preventivas son menos
preferibles a las respuestas de combate en contra del crimen organizado. Es
así como las diferencias de género están dimensionadas en cuanto a
violencia, apoyo social, autocontrol, confrontación, responsabilidad,
distanciamiento y evitación.
Ahora bien, los estudios en torno al impacto de los medios de comunicación
en las percepciones de las audiencias han avanzado por un sendero en el que
el estudio de las emociones y responsabilidades parece mostrar que los
contenidos de la televisión inciden en mayor medida que algún otro mensaje.
En otra investigación el contexto discursivo parece haber influido en el
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autocontrol ya que a medida que los temas relativos a la seguridad pública se
conformaban por símbolos y significados de identidad generaban
percepciones de utilidad en materia de video-vigilancia o algún otro
dispositivo de alarma.
En un escenario tal que la delincuencia está vigilada la gente parece
desarrollar una fiabilidad social para con sus autoridades. Por el contrario,
cuando la acción policiaca no garantiza la justicia y se aproxima a la
opacidad, corrupción o impunidad, la desconfianza hacia el Estado se
exacerba (Goold et al., 2010). Tal proceso se ve reforzado por la difusión que
la prensa lleva a cabo ante el incremento de la violencia local y afecta la
percepción de desesperanza en los residentes. Una consecuencia directa de
la fiabilidad social es la generación de emociones, sentimientos y afectos
desfavorables a la paz pública ya que las diferencias entre los géneros
incrementan la percepción de inseguridad. Más aún el no reconocimiento de
una situación o relación violenta parece ser otro efecto del contexto de
seguridad pública la cual propicia heurísticos de convivencia que inciden
sobre la calidad de las relaciones interpersonales.
En materia de opinión pública, son dos los efectos que generan los medios de
comunicación sobre sus audiencias al momento de difundir información
relativa a la seguridad pública, la rectoría del Estado y la organización civil.
Se trata del encuadre de verosimilitud y el encuadre de verificabilidad siendo
el primero una consecuencia del sesgo mediático y el segundo una acción
concreta derivada de la disonancia cognitiva. Es decir, los lectores cuyo
estatus socioeconómico es alto son influidos por aquellas noticias que
infunden temor mientras que los sectores considerados víctimas de la
delincuencia están más cercanos a la satisfacción ciudadana al momento de
leer noticias alusivas al combate a la delincuencia. En el caso de los
delincuentes, sus situaciones económicas destacan sobre las necesidades
afectivas del perfil de sus víctimas que les llevaron a acciones de riesgo y
despreocupación de su seguridad personal.
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Incluso, los sectores vulnerables al crimen organizado asumen que los actos
delictivos están plenamente justificados si de subsistencia se trata, o bien,
las acciones que promueven la identidad local al estar permeadas de actos
discriminativos y lesivos para la convivencia social son consideradas como
parte de los usos y costumbres de una comunidad. Tales creencias empatan
con las atribuciones a la identidad de género en la que los hombres se
consideran más móviles que las mujeres por el simple hecho de cometer un
mayor número de delitos inherentes a sus necesidades económicas e
inexorables a sus estados emocionales. Ello implica una distorsión de dos
realidades paralelas, la relativa a los medios de comunicación y la
experimentada en las calles. Se trata de escenarios en los que los usuarios
de los espacios construyen símbolos que les permiten interactuar o transitar
de un lugar a otro sin advertir las consecuencias de sus actos. Ello supondría
que un cyber-delincuente está más cercano a una realidad alterna que lo
aproxima a cometer un delito en la vida cotidiana si para ello es necesario
representar un escenario similar al que las tecnologías informativas le
permiten. Es por ello que el incremento de los homicidios obedece más bien a
un perfil de victima que corresponde con el que los medios de comunicación
se han encargado de difundir durante el periodo que va de 2000 a 2010.
En efecto, los medios de comunicación parecen incidir en las expectativas
que generan por la difusión de sus contenidos y las percepciones que se
tienen de las autoridades (García, 2012). Esto es así porque en el caso de la
prensa la difusión de la seguridad pública, la conducción gubernamental de
la seguridad y la percepción de inseguridad ciudadana, corresponden a
periodos electorales en los que se advierten incrementos y disminuciones
paulatinas de los temas y contenidos.
En resumen, los estudios psicológicos y sociológicos en materia de seguridad
e inseguridad evidencian el impacto del sesgo informativo sobre las
expectativas de las audiencias. Una consecuencia de esta relación es la
percepción de lo que hacen las autoridades en política de seguridad pública.
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3. NÚCLEO DE RELACIONES
¿Cuál es la percepción de inseguridad que se construye en las esferas civiles
a partir de la difusión informativa de la violencia en los medios impresos de
circulación nacional y que al mismo tiempo legitima las políticas públicas y
programas preventivos como pilares de la rectoría del Estado frente a la
seguridad pública? La seguridad pública en tanto instrumento de prevención
al delito y combate a la delincuencia legitima la acción gubernamental a partir
de ocho factores relativos al impacto de la difusión informativa sobre la
opinión ciudadana (véase figura 2).
La legitimidad sociopolítica está indicada por la fiabilidad social que se
genera por la capacidad de respuesta de las instituciones ante los eventos
que son percibidos como inseguros, o bien, ante la opacidad, corrupción,
negligencia o discrecionalidad del Estado, la fiabilidad social se observa al
interior de un grupo, comunidad o localidad ya que se genera una indefensión
o desesperanza ante la ineficiencia policiaca o del ministerio público
(hipótesis 1).
Empero, la legitimidad sociopolítica de la información alusiva a las
autoridades gubernamentales y por ende a la seguridad pública, está
sustentada por una serie de disposiciones favorables a la gobernabilidad en
las que las esferas civiles se aglutinan en discursos que avalan las políticas
de seguridad, los programas preventivos y las acciones de combate a la
delincuencia. Se trata de símbolos en torno a los cuales los medios de
comunicación debaten la emergencia de grupos delictivos y su impacto en la
paz pública (hipótesis 2).
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Figura 2. Modelo de relaciones reflejantes
Fuente: Elaboración propia
Precisamente, la formación de habitus discursivos en torno a la apología de la
violencia y la ilegalidad sostienen el supuesto según el cual el Estado
recupera su influencia en las esferas civiles para orientarlas hacia un destino
de paz pública. Ello supone la diseminación de información correspondiente
con los logros de la administración e impartición de justicia que socavan los
actos delictivos al prevenir su expansión en los demás grupos ciudadanos. Se
trata de un núcleo central en el que el Estado configura una identidad
nacional frente a la ilegalidad de la delincuencia organizada, aún a pesar de
que una parte de la sociedad civil apoya el lavado de dinero para fines
económicos de bienestar y calidad de vida de comunidades dedicadas al
narcotráfico o narcomenudeo. Tal proceso permite la transformación de
símbolos que van de la seguridad pública a la inseguridad percibida y que son
el resultado de representaciones periféricas en las que está en juego el
prestigio del Estado y la credibilidad de fuentes informativas (hipótesis 3).
En un escenario de difusión informativa de la violencia y apología del delito, la
formación de actitudes de orden afectivo más que racional se hace presente.
Se trata de procesos emocionales que inhiben la organización civil y la
confinan a la conformidad, especulación o inseguridad (hipótesis 4).
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Si la diseminación de información en torno a la violencia y la seguridad
impacta las creencias sociales, entonces la formación de categorías del
delito permitiría anticipar acciones concretas de auto-defensa, ajuste de
cuentas o vigilancia del patrimonio (hipótesis 5).
Empero, la percepción de inseguridad, a diferencia de la información sobre
seguridad pública, genera una serie de desavenencias e inconvenientes
respecto a libertades de elección y oportunidades de auto-defensa. Por ello,
la emergencia de capacidades o habilidades sistemáticas de contención de la
delincuencia lleva a los individuos a organizarse improvisadamente a fin de
poder resguardar la vida propia y la de sus familias así como el patrimonio de
las mismas (hipótesis 6).
Ello supone la gestión de oportunidades y libertades que garanticen la paz
pública en menoscabo de la acción gubernamental federal ya que se trata de
una negociación entre la autoridad municipal en referencia a la delincuencia
organizada local. En tal sentido, la legitimidad sociopolítica de la inseguridad
percibida está indicada por la negociación de oportunidades y libertades de
elección sin las cuales no sería posible entender el desarrollo de la economía
local (hipótesis 7 y 8).
4. MÉTODO
Diseño.
Se llevó a cabo un estudio longitudinal y correlacional.
Muestra.
Se realizó una selección no probabilística de 230 residentes de
Xilitla (120 mujeres y 110 hombres; M = 30,3 años cumplidos, DE = 11,71 años;
M = 235,1 USD y DE = 0,281 USD) que consultaron notas informativas de
periódicos de circulación nacional en las que se difundieron de 2012 a 2013
actos violentos que afectaron a las esferas civiles en sus rubros de latrocinio,
homicidio, secuestros y extorsiones. El criterio de selección fue el haber
experimentado alguno de los delitos mencionados durante el periodo
esgrimido y el haber consultado alguna nota de circulación nacional.
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La administración de temores sociales. Contrastes en modelo de percepción de inseguridad en México
Instrumento.
Se utilizó la Escala de Legitimidad Sociopolítica ante la Violencia
y la paz Pública. Incluye 26 aseveraciones en torno a fiabilidad, habitus,
representación, actitudes, creencias, capacidades, oportunidades y
libertades. Cada subescala incluyó opciones de respuesta diferentes que
midieron el grado de intensificación de la información en la muestra
seleccionada.
Procedimiento.
La operacionalización de las variables se realizó asumiendo
que la legitimidad sociopolítica está indicada por ocho factores psicológicos
y sociales en los que la muestra seleccionada expresa el impacto de la
información difundida en los medios de comunicación respecto a hechos
violentos (véase tabla 1).
Los reactivos fueron mostrados por jueces expertos en la materia, una
vez que se recopilaron sus sugerencias y se incorporaron a la redacción
final se procedió al piloteo del instrumento con la muestra intencional de
estudiantes. El instrumento fue entregado a los estudiantes mientras se
les explicaba que los resultados del mismo no incidirían en sus
calificaciones escolares y por ello debían de contestar con toda
confianza y sinceridad. Se les informó que el tiempo de respuesta límite
era de 20 minutos al término del cual se les solicitarían sus respuestas
las que en caso de haberse repetido o en su caso estuviesen ausentes se
les solicitó nuevamente escribir al reverso de la hoja las razones por las
que tomaron tales decisiones.
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Javier Carreón Guillén, Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo y Manelic Maganda De los Santos
Tabla 1. Operacionalización de variables
Dimensión Concepto Ejemplos de ítems Opciones de
respuesta
Actitudes Categorizaciones respecto a la
inseguridad ciudadana y la
prevención del delito o el combate a
la delincuencia por parte de las
autoridades locales
-La inseguridad que sufrimos es parte
de nuestro peregrinar -La paz pública es
un anhelo de la comunidad -La
seguridad que vivimos fue parte de
nuestras tradiciones -El combate a la
delincuencia es pura propaganda
política
“Totalmente de
acuerdo” hasta
“Totalmente en
desacuerdo”
Capacidades Habilidades sociales y económicas
que contribuyen a la obtención de la
paz pública mediante el debate de
los temas que se difunden en los
medios de comunicación.
-Protección del patrimonio -Defensa del
territorio -Preservación de los recursos -
Promoción de la paz pública
“Muy capaz” hasta
“Muy incapaz”
Creencias Diseminación de información relativa
a la paz pública, inseguridad social o
violencia pública
-La paz pública es un derecho de los
ciudadanos -El combate a la
delincuencia es parte de una política
global antiterrorista -La seguridad
pública sólo beneficia a las clases
políticas -La inseguridad ciudadana
terminará con las buenas costumbres
“Muy cierto” hasta
“Nada cierto”
Fiabilidades Confianza de las esferas civiles en
torno a la acción gubernamental en
materia de prevención del delito y
combate a la delincuencia cuando
estas son percibidas como
legítimas. En el caso de
desaprobación social, la fiabilidad
social se orienta hacia los
semejantes con los que se convive y
es posible el resguardo de bienes
que las autoridades no garantizan
con sus programas públicos.
-Mi barrio es seguro gracias a la gestión
del presidente municipal -La inseguridad
en las calles de mi colonia es
responsabilidad de la autoridad local. -
Confío más en mis vecinos que en la
policía local. -El combate a la
delincuencia nos hace sentir que somos
parte de una nación
“Muy verdadero para
mi comunidad” hasta
“Muy dudoso para los
integrantes de mi
localidad”
Habitus Disposiciones heredadas y
adquiridas en torno al debate
público de la seguridad ciudadana y
los discursos que de ellos se derivan
como evidencia de la inserción de
temas mediáticos en la opinión
pública
-La paz pública significaba “jalar parejo”
entre las comunidades -El combate a la
delincuencia son “patadas de ahogado”
del gobierno -La inseguridad es el “mal
de nuestros tiempos” -La violencia es un
“castigo divino” por ofender a Dios
“Se parece mucho a
las frases de mi
comunidad” hasta “No
se parece a los dichos
de mi localidad”
Libertades Percepciones en torno a los
derechos y obligaciones que como
ciudadanos se tienen ante un
conflicto que amenace la paz
pública y exacerbe la violencia local
-Manifestaciones colectivas -
Desobediencia civil -Movilizaciones
ciudadanas -Mítines sociales
“Reconocimiento
pleno” hasta
“Desconocimiento
significativo”
Oportunidades Apertura de espacios para la
discusión pública en torno a la auto-
defensa de la comunidad
-Revisión de vehículos -Cobro de cuotas
-Portación de armas -Uso de armas
“Muy dispuesto” hasta
“Nada dispuesto”
Representaciones Ideas centrales y periféricas en
torno a la inseguridad pública que
socaban la organización grupal o
comunitaria respecto a la denuncia o
la demanda de justicia y exacerban
emociones negativas al interior de la
comunidad.
-La inseguridad está por encima de las
autoridades -La violencia sólo se
gestaba en la defensa del territorio - El
combate a la delincuencia significa
recuperar la dignidad -La paz pública
existía a nuestro alrededor
“Muy significativo para
mi comunidad” hasta
“Nada significativo
para mi localidad”
Fuente: Elaboración propia.
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La administración de temores sociales. Contrastes en modelo de percepción de inseguridad en México
Una vez recopiladas las respuestas se capturaron en el software SPSS
versión 21 y se procesaron los estadísticos en AMOS versión 21 sobre la base
de los siguientes criterios de inferencias: 1)
Análisis.
Se llevaron a cabo
análisis de normalidad, confiabilidad, validez (véase tabla 1), covarianza,
estructural y ajuste para establecer la distribución simétrica, consistencia
interna, convergencia de ítems respecto al factor, correlaciones entre
dimensiones, relaciones de dependencia y prueba de hipótesis, 2)
Normalidad.
Se emplearon los parámetros de curtosis y bootstrap para
establecer la distribución que permitiese llevar a cabo análisis multivariables
posteriores. Los valores cercanos a la unidad y los valores de significancia
cercanos a cero fueron considerados como evidencia de normalidad, 3)
Confiabilidad.
Se utilizó el estadístico alfa de Cronbach para establecer la
consistencia interna entre las correlaciones de los ítems con respecto a la
escala y la subescala. Los valores cercanos a la unidad fueron considerados
como evidencia de colinealidad mientras que los valores inferiores a 0,60 se
asumieron como evidencia de variaciones del instrumento en muestras
diversas y contextos heterogéneos, 4)
Validez.
Se llevó a cabo un análisis de
adecuación y esfericidad con los estadísticos Kayser Meyer Olkin (KMO) y
prueba de Bartlet. Posteriormente se procedió a efectuar un análisis factorial
exploratorio de componentes principales con rotación varimax siguiendo las
correlaciones entre ítems y factor superiores a 0,300 asumiendo que los
valores superiores serían considerados como evidencia de convergencia y
establecimiento de un constructo a partir de variables manifiestas, 5)
Covarianzas.
Se utilizaron covarianzas para establecer las relaciones de
dependencia entre los factores en los cuales los valores próximos a la unidad
fueron considerados como evidencia de colinealidad mientras que los valores
cercanos a cero se asumieron como evidencia de relaciones espurias en
donde una tercera variables estaría incidiendo en la relación entre dos
variables, 6)
Estructura.
Se establecieron las relaciones de dependencia
entre el constructo y los indicadores a partir de errores de medición
cercanos a cero. En los casos en los que los valores se aproximaban a la
unidad se consideró como evidencia de relaciones espurias y 7)
Ajuste.
En
torno a la prueba de hipótesis se utilizaron los estadísticos chi cuadrada cuyo
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Javier Carreón Guillén, Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo y Manelic Maganda De los Santos
valor cercano a cero indicaría la aceptación de la hipótesis nula, sin
embargo, debido a que el tamaño de la muestra afecta los valores del
parámetro, se procedió a estimar la bondad de ajuste en el que los valores
cercanos a la unidad fueron considerados para la aceptación de la hipótesis
nula. Por último se estimó el valor residual el cual fuese cercano a cero para
asumir la aceptación de la hipótesis nula.
Tabla 2. Propiedades psicométricas del instrumento
Reactiv
o
M DE C α F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
R1
3,01 0,39 1,92 0,691 0,301
R2
2,73 0,28 1,03 0,713 0,418
R3
2,83 0,31 1,04 0,691 0,382
R4
2,06 0,49 1,82 0,715 0,491
R5
3,02 0,59 1,53 0,691
0,392
R6
2,83 0,36 1,82 0,721
0,491
R7
2,91 0,12 1,05 0,729
0,510
R8
2,03 0,26 1,86 0,701
0,394
R9
2,05 0,37 1,28 0,691
0,476
R10
3,92 0,50 1,44 0,681
0,581
R11
3,82 0,53 1,06 0,706
0,491
R12
3,73 0,79 1,73 0,791
0,391
R13
2,05 0,99 1,06 0,728
0,391
R14
3,86 0,36 1,77 0,695
0,492
R15
3,06 0,44 1,82 0,718
0,592
R16
2,01 0,27 1,95 0,729
0,632
R17
2,83 0,52 1,06 0,721
0,313
R18
2,86 0,53 1,70 0,819
0,491
R19
3,07 0,72 1,50 0,601
0,492
R20
2,89 0,48 1,48 0,705
0,503
R21
2,73 0,66 1,62 0,691
0,692
R22
2,60 0,12 1,55 0,821
0,594
R23
2,51 0,11 1,38 0,720
0,692
R24
3,27 0,25 1,48 0,691
0,351
R25
2,16 0,82 1,29 0,705
0,358
R26
2,49 0,93 1,42 0,792
0,321
R27
3,48 0,88 1,50 0,682
0,326
R28
3,42 0,73 1,68 0,641
0,392
R29
2,04 0,70 1,71 0,725
0,303
R30
2,71 0,82 1,59 0,602
0,315
R31
3,07 0,81 1,36 0,682
0,321
R32
3,92 0,84 1,40 0,617
0,591
Rango de los ítems de subescala de actitudes: 0 = totalmente en desacuerdo, 1 = en desacuerdo, 2 = de
acuerdo, 3 = totalmente de acuerdo: de la subescala de capacidades: 3 = muy capaz, 2 = poco capaz, 1
=muy poco capaz, 0 = nada capaz; de la subescala de creencias: 3 = muy cierto, 2 = poco cierto, 1 = muy
poco cierto, 0 = nada cierto; de la subescala de fiabilidad: 3 = muy verdadero, 2 = verdadero, 1 = algo
verdadero, 0 = nada verdadero; de la subescala de habitus: 3 = se parece mucho, 2 = algo parecido, 1 =
muy poco parecido y 0 = nada parecido; de la subescala de la subescala de libertades: 3 = pleno
reconocimiento, 2 = reconocimiento distintivo, 2 = mínimo reconocimiento, 0 = desconocimiento; de la
subescala de oportunidades: 3 = muy dispuesto, 2 = algo dispuesto, 1 = muy poco dispuesto y 0 = nada
dispuesto; de la subescala de representaciones: 3 = muy significativo, 2 = relativamente significativo, 1
= muy poco significativo y 0 = nada significativo. N = 330; Curtosis multivariada = 3,211, índice de
adecuación de la muestra de KMO = 0,762, Prueba de la esfericidad de Bartlett: χ2 = 12,35 [12 gl]
p
<
.001. Método de extracción: Componentes Principales. Método de rotación: Varimax. Porcentaje de
varianza explicada: 41% por F1 (actitud), 35 % por F2 (capacidades), 29 % por F3 (creencias), 22 % por
F4 (fiabilidad), 17 % por F5 (habitus), 15 % por F6 (libertades) y 13 % por F7 (oportunidades) y 9 % por F8
(representaciones).
Ehquidad International Welfare Policies and Social Work Journal Nº 4 / July 2015 e- ISSN 2386-4915
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La administración de temores sociales. Contrastes en modelo de percepción de inseguridad en México
5. RESULTADOS
La tabla 3 muestra las relaciones de covarianzas entre los factores en los que
se puede advertir que el factor de oportunidades correlaciona mayormente
con la legitimidad sociopolítica (Φ = 0,596) lo cual indica que la percepción de
inseguridad está sustentada en las oportunidades económicas que la
autoridad local gestiona para beneficio de los residentes.
Tabla 3. Relaciones de covarianzas entre los factores
Actitudes
Capacidades
Creencias
Fiabilidades
Habitus
Libertades
Oportunidades
Representaciones
Legitimidad
Actitudes 1,023
Capacidades 0,481 1,049
Creencias 0,392 0,391 1,024
Fiabilidades 0,391 0,593 0,391 1,021
Habitus 0,491 0,595 0,492 0,396 1,049
Libertades 0,502 0,592 0,491 0,363 0,371 1,072
Oportunidades 0,391 0,376 0,492 0,352 0,484 0,391 1,059
Representaciones 0,493 0,327 0,596 0,301 0,692 0,496 0,386 1,039
Legitimidad 0,492 0,369 0,392 0,368 0,517 0,516 0,596 0,461 1,057
Fuente: Elaboración propia.
Sin embargo, las creencias tuvieron el valor más bajo de correlación con
respecto a la legitimidad sociopolítica (Φ = 0,392) indicando con ello que la
información circundante respecto a la seguridad pública parece incidir
espuriamente en la percepción de legitimidad.
En síntesis, la legitimidad está configurada por ocho factores relativos a la
percepción de inseguridad que explican una tendencia por parte de los
residentes para con sus autoridades locales en materia de seguridad pública.
En el caso de las relaciones reflejantes, la figura 3 muestra a las actitudes
como el principal indicador de la estructura de legitimidad sociopolítica (β =
0,91). Es decir, a medida que las actitudes se intensifican propician un efecto
directo y significativo sobre la legitimidad sociopolítica en lo que a
inseguridad se refiere.
Ehquidad International Welfare Policies and Social Work Journal Nº 4 / July 2015 e- ISSN 2386-4915
51
Javier Carreón Guillén, Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo y Manelic Maganda De los Santos
Figura 3. Relaciones de dependencia reflejantes entre los factores
Fuente: Elaborada con los datos del estudio
En contraste, el factor de oportunidades, a diferencia de la matriz de
covarianzas, en la estructura de relaciones reflejantes alcanza el valor más
bajo (β = 0,41) el cual induce a pensar que la legitimidad de las autoridades
locales no está reflejada por las oportunidades económicas que la población
espera. El contraste de la hipótesis nula relativa a que la legitimidad está
reflejada por ocho factores psicológicos y sociológicos en torno a la
percepción de inseguridad fue contrastado con el parámetro chi cuadrada,
bondad de ajuste e índice residual. Los resultados muestran que la hipótesis
nula de similitudes entre los datos hipotéticos y los valores obtenidos es
aceptable (χ2 = 14,02 [18 gl] p < 0,001). Asimismo el índice de bondad de
ajuste (GFI por sus siglas en inglés) su valor (GFI = 0,995) sugiere la
aceptación de Ho. Por último, el índice residual medio cuadrático (RMSEA por
sus siglas en inglés) también advierte del ajuste de los datos obtenidos con
respecto a las relaciones supuestas (RMSEA = 0,000).
En referencia a los estudios llevados a cabo por García (2012) en
demarcaciones periurbanas donde encontró un efecto indirecto de la difusión
informativa en los medios de comunicación sobre la opinión ciudadana local,
Ehquidad International Welfare Policies and Social Work Journal Nº 4 / July 2015 e- ISSN 2386-4915
52
La administración de temores sociales. Contrastes en modelo de percepción de inseguridad en México
el presente trabajo ha establecido ocho relaciones reflejantes de la
legitimidad sociopolítica relativa a la percepción de inseguridad. Empero, la
presente investigación ha propuesto ocho dimensiones de análisis para
explicar la multidimensionalidad de la percepción de inseguridad y su
diseminación en la ciudadanía como proceso psicológico y sociológico.
Respecto a la fiabilidad social que es asumida como el efecto de las
relaciones individualistas con respecto a la relación entre autoridades y
ciudadanía, el presente estudio ha corroborado el supuesto según el cual la
percepción de inseguridad difundida en los medios de comunicación incide
en la evaluación de política y programas de prevención del delito y combate a
la delincuencia, es decir, la confianza depositada en las autoridades legitima
las decisiones y acciones, aún a pesar de que los resultados expuestos en la
prensa contradigan la percepción de seguridad pública.
Del mismo modo, el habitus está diversificado por los discursos, es un factor
indicativo de legitimidad, pero está permeado por otros factores de orden
psicológico más que sociológico. En este sentido, el discurso de la
inseguridad es el resultado de la interrelación entre los actores
gubernamental y civil siendo predominantemente un habitus adquirido más
que heredado. En torno a las representaciones sociales de la seguridad
pública están configuradas por una centralidad (paz pública) y otra periférica
(capacidad institucional y política de seguridad del Estado), el presente
estudio ha establecido a las representaciones sociales periféricas como
síntomas de legitimidad sociopolítica en materia de seguridad pública,
aunque ello implica que la paz pública no sea un tema central en las
representaciones locales.
Con respecto a las actitudes hacia los diversos actores políticos, los cuales
se constituyen a partir de campañas mediáticas con énfasis en la imagen
pública más que en la gestión de los servicios públicos y la acción
gubernamental, el presente trabajo ha establecido que la formación de
actitudes tiene un origen sociopolítico en el que son el resultado de
instrumentos de gestión. Ello es fundamental ya que a menudo se consideran
Ehquidad International Welfare Policies and Social Work Journal Nº 4 / July 2015 e- ISSN 2386-4915
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a las actitudes como categorías o evaluaciones de objetos o personas,
empero en la presente investigación son el resultado de la difusión de los
medios de comunicación en torno a la rectoría del Estado frente a la ola de
violencia y la escalada delictiva.
En el caso de las creencias fueron determinantes de actitudes, decisiones y
acciones, el presente estudio ha incorporado a las creencias en torno a
información mediática de la inseguridad como indicador de la legitimidad
sociopolítica de la rectoría del Estado. En este sentido, las creencias ya no
sólo explican acciones civiles, sino la legitimidad de tales acciones ante la
ineficiencia de las autoridades locales y la diseminación de la paz pública.
Esto es así porque los medios de comunicación difunden información relativa
a violencia, pero son las audiencias las que construyen las creencias
desfavorables o favorables a la rectoría del Estado en materia de seguridad
pública. En los trabajos de las capacidades son un instrumento de gestión del
conocimiento que motiva la obtención de objetivos y a partir de ahí genera un
clima de competencia que beneficia al individuo y a los grupos en los que está
inserto. En el presente trabajo se ha modelado a las capacidades como otro
síntoma de legitimidad sociopolítica en cuanto a la paz pública como
resultado de las habilidades sociales ciudadanas.
Dada las realidades delictivas y la victimización en México (visible y/o
silenciada), las oportunidades son factores clave para el desarrollo de
habilidades y responsabilidades que permitan a una comunidad el
crecimiento y la prosperidad no sólo económica, sino además social. En el
presente trabajo, las oportunidades son un síntoma de la legitimidad
sociopolítica porque la situación económica no permite cabida a formas
alternativas de desarrollo que no se generen desde el Estado. Si además
agregamos que los medios de comunicación exacerban la percepción de
oportunidades económicas y laborales, entonces asistimos a un escenario en
el que la política oficial de seguridad supone el resguardo y la diseminación
de los recursos públicos para la generación de oportunidades. Siguiendo las
propuestas de las libertades de elección suponen decisiones compartidas y
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La administración de temores sociales. Contrastes en modelo de percepción de inseguridad en México
corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos, el presente trabajo ha
demostrado que son las gestiones del gobierno local las que repercuten en la
percepción de libertades de elección en la comunidad. En este sentido, la
percepción de protección social y la corresponsabilidad se erigen como
elementos centrales no sólo para la seguridad pública, sino también para la
construcción de la paz pública y la regeneración del tejido social.
6. CONCLUSIÓN
Los hallazgos discutidos muestran que la legitimidad sociopolítica de la
capacidad de respuesta del Estado frente a la escalada de violencia está
indicada por ocho factores de orden psicológico, sociológico y
contextual/situacional los cuales pretenden explicar por qué las esferas
civiles transformaron la información difundida en los medios por
percepciones de inseguridad. La respuesta estriba en que existen una serie
de procesos que al compaginarse legitiman la acción gubernamental de
prevención del delito y combate a la delincuencia, pero tal cuestión no se da
en paralelo respecto a la paz pública.
Es por ello que el estudio no explica la relación disímbola entre rectoría del
Estado y reconstrucción del tejido social para la paz pública. Algunos
estudios aluden a la gobernanza de la seguridad pública como fundamento
central de las políticas públicas ya que sin el respaldo y la corresponsabilidad
de la sociedad civil la clase gobernante pierde legitimidad y con ello la
posibilidad de reconstruir la seguridad pública.
Resulta paradójico que el Estado pretenda reconstruir la paz pública en un
contexto en el que la seguridad es cada vez más privada y la inseguridad es
percibida de un modo más público. También llama la atención que los medios
impresos se hayan dedicado fehacientemente a difundir información relativa
a la ineficiencia del Estado, principalmente de la administración presidencial
de Felipe Calderón (2006-2012), mientras que soslayaron la
corresponsabilidad, participación y diseminación de la paz civil.
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Javier Carreón Guillén, Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo y Manelic Maganda De los Santos
Es decir, si la percepción de inseguridad se intensificó no sólo es por la
opacidad y corrupción del Estado, sino además los medios de comunicación
dejaron de cuestionar a la ciudadanía por la pérdida de sus valores y su
participación comprometida en lo público, mientras delegaba en sus
autoridades los instrumentos para la construcción de un sistema
sociopolítico que les permitiera recuperar las condiciones mínimas de
convivencia.
En efecto, los medios de comunicación en su afán de incidir en la agenda
pública, sesgaron su difusión y responsabilizaron al Estado por el deterioro
de las relaciones públicas, a cambio el Estado replanteó su función rectora
por una mediadora cuyo resultado fue la auto-organización de las esferas
civiles y con ello el contraste de dos visiones sobre un mismo problema:
seguridad pública. Es decir, cada uno de los tres actores segmentó sus
márgenes de decisión y maniobra para responsabilizar a los demás por la
pérdida de la paz pública, la espiral de violencia y el restablecimiento de la
rectoría del Estado.
Es clave analizar los discursos de los tres actores: gobernantes, ciudadanos
y comunicadores, para reconstruir el escenario en el que la paz pública se
transformó en imágenes y discursos relativos al narcotráfico, delincuencia
organizada o violencia. Para este propósito es menester trabajar con tipos
ideales representativos de las esferas civiles, políticas y mediáticas a fin de
descifrar la construcción de la agenda mediática, ciudadana, política y
pública. Una vez descifrados los temas de las agendas será indispensable
reconstruir el accionar de cada uno de los tres actores para poder explicar
sus desencuentros. Acto seguido, será importante discutir el futuro de las
relaciones entre Estado, ciudadanía y medios de comunicación en escenarios
exacerbados de seguridad en la que las tecnologías de espionaje pueden ser
otro factor central a considerar en la reconstrucción de la paz civil o el
incremento de la percepción de inseguridad.
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La administración de temores sociales. Contrastes en modelo de percepción de inseguridad en México
La complejidad de la seguridad pública en tanto políticas públicas y
programas preventivos así como sus consecuencias en la percepción de
inseguridad por parte de la sociedad civil hacen que las propuestas de
intervención tengan resultados poco eficaces ya que mientras se promueve
la paz pública a partir de valores cívicos, la delincuencia organizada permea
instituciones y gobiernos, desarmando su capacidad de mantenerse al lado
de los derechos ciudadanos y de las víctimas de la violencia estructural (que
tiene su origen en las propias autoridades e instituciones
gubernamental/policiales) y la violencia criminal.
No sólo es el problema de la desigualdad, el problema de hacer la
administración y el gobierno menos burocrático, la jerarquía debe ser
transformada, los nichos de solidaridad y eficacia reencontrados.
Necesitamos reformar, desregular y a su vez regular con mayor eficiencia,
diversas esferas de la vida social y la actuación del Estado, bajo miradas,
estrategias y diagnósticos comprensivos y contextualizados, cuya
combinación implica múltiples caminos que se cruzan entre sí: en ese
momento las minas de sal de los problemas críticos pueden declinar dar paso
a la transformación silenciosa a favor de la vida en sociedad con menos
violencia, muerte y criminalidad.
Por ello la importancia de reformular la evaluación y gestión de la
complejidad contra el crimen y la violencia: implica recuperar y reconfigurar
la importancia de las lógicas de pensamiento, actuación e intervención social
que se dan en el terreno de la criminalidad y la violencia; la capacidad de
coordinar y educar en la lógica diagnóstica, de trabajo de calidad, de
articulación de actores sociales y tomadores de decisión, de vinculación
entre ciudadano, instituciones y gobierno.
A nivel de la definición de la agenda de políticas públicas de seguridad, sobre
todo a escala local y estatal, el carácter integral y complejo de su diseño es
cada vez más apremiante, desde la prevención del delito, hasta la
capacitación de agentes y campañas de seguridad (redimensionando las
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funciones tradicionales de gobiernos y de la propia interacción instituciones-
ciudadanos), al grado que se requiere la participación de cada vez más
actores, volviéndose indispensable llevar a cabo análisis exhaustivos de
opciones de política pública, de estrategias y métodos de intervención social
y comunitaria, para evitar que los gobiernos locales (frágiles en construir
estrategias de larga duración e impacto y exigidos de resultados en corto
plazo), tiendan a aplicar o adoptar soluciones que han funcionado en otras
localidades/municipios.
La ausencia de procesos más complejos y a la vez más simples de
vinculación, de interacción, de conocimiento de causa realistas,
compartidos, entre ciudadanos organizaciones y gobierno, mantendrá hasta
cobrar más víctimas inocentes y a un precio social cada vez mayor, los
actuales y precarios niveles de efectividad y calidad de la política de
seguridad; implica hacer ajustes tempranos y profundos de las políticas y
recursos; modificar la oferta sustancial de programas preventivos y de
contención diferenciando entornos, problemáticas cualitativas y capacidad
comprehensiva a nivel sistémico de procesamiento de indicadores clave y de
toma de decisiones prudentes y viables para minar impunidad, represión,
fusión entre política y narcotráfico, injusticia del día a día en el que el sistema
de seguridad aparecen como un caparazón sin sentido, inviable y
desesperanzador para quien se ha visto alcanzado por el peligro y ha sido
cegado por la violencia conocida y anónima.
Por último, resulta del estudio la importancia de rediseñar políticas públicas y
sistemas de convivencia socio comunitaria, en entornos escolares, familiares
y de toda índole, en los que prime el promover la cultura de la legalidad, la
mediación corresponsable, la socialización política y difusión de valores
cívicos que permitan construir un sistema democrático en el que las
generaciones futuras adopten términos tales como auto-eficacia,
participación, debate y participación ciudadana comprometida en procesos
sociales preventivos de la violencia. En la articulación de símbolos y
significados tangibles de paz pública, en el tratamiento de las relaciones
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La administración de temores sociales. Contrastes en modelo de percepción de inseguridad en México
íntimas y procesos de violencia simbólica que derivan en escalamientos
críticos conflictivos y delictivos, las acciones para hacer posible tales
discursos/imaginarios tangibles de menor temor social a la inseguridad,
acercará más cercana a generaciones ciudadanas con una vida pública con
legitimidad sociopolítica constitucional.
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