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PARTICIPACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

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CRISIS Y CAMBIO:
PROPUESTAS DESDE LA SOCIOLOGÍA
40 años de Sociología en la Complutense
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIOLOGÍA
CONGRESO DE SOCIOLOGÍAXI ESPAÑOL
Adenda
Crisis y cambio: propuestas desde la
Sociología
Actas del
XI Congreso Español de Sociología
(Adenda)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Universidad Complutense de Madrid
10-12 de julio de 2013
Actas del XI Congreso Español de Sociología “Crisis y cambio: propuestas desde la Sociología”, organizado por la
Federación Española de Sociología (FES) y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense
de Madrid (UCM), celebrado en Madrid del 10 al 12 de julio de 2013.
Coordinadores:
Heriberto Cairo y Lucila Finkel.
© Los autores, julio 2014.
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Campus de Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón
Madrid
ISBN: 978-84-697-0169-0
Diseño de portada: Santi Liébana (ADD Communication/ Design)
Maquetación: Darío Barboza (Tehura) dariobarboza@tehura.es
Revisión: Paula Guerra: paulaguerra76@gmai.com
GT 21 GRUPO DE SOCIOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
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CRISIS Y CAMBIO: PROPUESTAS DESDE LA SOCIOLOGÍA
XI Congreso Español de Sociología (FES)
PARTICIPACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Gema Pastor Albaladejo
Resumen
Esta investigación se adentra en el estudio del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, espacio
institucional de participación vinculado a la política medioambiental de la región madrileña, con la nalidad de constatar
cómo se ha articulado la intervención de los actores sociales en su estructura interna a lo largo del tiempo (dimensión
diacrónica)� Los resultados obtenidos contribuirán a valorar si los diferentes cambios institucionales impulsados por
el gobierno autonómico se han destinado a favorecer o restringir la inclusión de los representantes sociales y, en
consecuencia, si se detecta una tendencia hacia la institucionalización o la desinstitucionalización de la participación
ciudadana en el órgano consultivo que trata los asuntos medioambientales en este ámbito territorial�
Palabras clave: participación, Medio Ambiente, Comunidad de Madrid, Consejo de Medio Ambiente
1. Introducción
La participación de los grupos formalizados procedentes de la sociedad civil en los espacios institucionales donde se
debaten y resuelven los asuntos públicos no es un fenómeno nuevo, a pesar de que, en los últimos tiempos, los gobiernos y
las administraciones públicas han retomado y recurrido insistentemente a la participación, convirtiéndola en el estandarte
de sus discursos y acciones innovadoras�
Los primeros indicios hacia la institucionalización de la participación ciudadana en el entorno de lo público se originaron
con el Estado del bienestar� Este periodo fue el punto de partida en el proceso de democratización de las instituciones
públicas� Esta tendencia se manifestó a través de la proliferación de órganos administrativos (especialmente consultivos)
que se caracterizaron por sus diseños inclusivos, por la incorporación de determinados actores sociales o “portadores de
intereses externos” (Font i Llovet, 1995) en su estructura interna� En España, esta ola de democratización administrativa
era una forma de dar respuesta al pluralismo político y social, al “Estado pluriclase” (Giannini, 1979), que se reconocía
en el marco constitucional español y que se constataba mediante el surgimiento de “grandes agrupaciones sociales y
económicas con capacidad de oponerse por sí solas a la acción de los poderes públicos e inuir sobre los diferentes niveles
de decisión” (Sánchez Morón, 1980:235)� De este modo, como ya vaticinó Hermann Heller (1971), se puso en evidencia
que el desarrollo del Estado moderno debía ir acompañado de la implantación de “mecanismos democráticos para la
aplicación de su política”, en los que los actores sociales debían desempeñar un papel protagonista�
Hoy en día, el Estado del bienestar ha dejado atrás su rol paternalista, asistencial e intervencionista para transformase
en un “Estado social relacional” (Donatti, 2004)� Este nuevo modelo de Estado se distingue por su especial énfasis en
impulsar estructuras y redes de interrelación, colaboración y cooperación entre el ámbito estatal (actores públicos) y
societario (actores privados), y por su tendencia a la integración de la ciudadanías en determinados entornos organizativos
donde se abordan y resuelven, en cierta medida, los asuntos públicos, lo que indudablemente siembra el camino hacia la
institucionalización de la participación ciudadana�
Sin embargo, ¿qué pueden hacer los gobiernos para fomentar la participación de los ciudadanos en la elaboración, gestión
y/o evaluación de las políticas y servicios públicos? Para empezar, la tendencia ha sido apostar por un nuevo estilo de
gobierno y de administración que ha recibido diversas acepciones, entre otras, “gobierno abierto e inclusivo” (OCDE,
2008), “administración abierta” (OCDE, 2006), “administración relacional” (Ramió, 2009) y “collaborative public
administration” (Vigoda, 2002)� Con independencia del término utilizado, todas estas denominaciones tienen en común
y, por lo tanto, se distinguen por interpretar al ciudadano no sólo como un simple destinatario de las políticas y de los
servicios públicos, sino también como un agente activo, un colaborador y un aliado necesario en los asuntos públicos que
le afectan� De este modo, se produce una transición hacia un modelo de “políticas públicas con y para los ciudadanos”
(Pastor Albaladejo, 2013), donde la legitimidad de las políticas no sólo se sustenta en los resultados (benecios que
generan a la población), sino también en el papel activo que se le otorga a la ciudadanía en su formulación y procesos de
desarrollo (Bovaird, 2005; Denhardt y Denhardt, 2008; Vigoda, 2002)�
Este gobierno abierto e inclusivo ¿cómo puede impulsar la participación? Una de las soluciones es la creación de un
sistema institucional que favorezca el acceso y la intervención (individual y/o colectiva) de los ciudadanos en los procesos
deliberativos y decisionales vinculados a las políticas y servicios públicos. Más que nada porque, como deende el
nuevo institucionalismo (March y Olsen, 1997; Peters, 2003), las instituciones no solo son arenas o espacios de acción,
sino también “estructuras habilitantes o inhibidoras de participantes” (Merino et al ,2010) y, por lo tanto, “instrumentos
distributivos cargados de implicaciones para el ejercicio del poder” (Mahoney y Thelen, 2010:10)�
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A lo largo de estas páginas se analiza el Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid (en adelante CAM),
espacio institucional de participación vinculado a la política medioambiental regional, con la nalidad de conocer
cuál ha sido el peso de los actores sociales en su estructura interna a la largo del tiempo (perspectiva diacrónica) y, a
raíz de los resultados, comprobar si las medidas institucionales adoptadas por el gobierno regional han contribuido a
impulsar o restringir la inclusión e intervención de la ciudadanía en los procesos que inciden, de algún modo, en la
política medioambiental de la CAM� La institucionalización de la participación en esta área adquiere una gran relevancia
porque el Consejo Económico y Social (CES, 2012) ha recomendado expresamente que se debe potenciar el diálogo
institucionalizado y reforzar la participación social en esta política sectorial�
Para alcanzar el objetivo planteado, la exposición se estructura en los apartados siguientes� Primero, se realiza una
aproximación conceptual a los mecanismos institucionales de pueden llegar a fomentar la participación� A continuación,
se establece un diagnóstico de los órganos estables de participación existentes en la administración regional madrileña� En
tercer lugar, se profundiza en el Consejo de Medio Ambiente mediante el análisis longitudinal de su dimensión interna�
Por último, la ponencia se cierra con un epígrafe de conclusiones, en el que se recogen los aspectos más signicativos
junto con algunas reexiones nales al respecto.
2. Aproximación conceptual a los elementos institucionales que favorecen la participación
Las autoridades político-administrativas pueden contribuir a fomentar la participación ciudadana desarrollando un sistema
institucional inclusivo; es decir, mediante el diseño e implantación de elementos estables y permanentes que favorezcan
y garanticen la intervención de los diferentes actores sociales en las políticas públicas sectoriales (medio ambiente,
educación y sanidad, entre otras) de su ámbito territorial (estatal, autonómico y local) (Pastor Albaladejo, 2013)�
Marc Parés y Paulo Resende (2009) diferencian entre dos mecanismos formales de participación: el marco regulador
de la participación y los órganos estables de participación� El marco regulador se compone de toda aquella normativa
destinada a institucionalizar, ordenar, reforzar e impulsar la participación ciudadana (p�ej�, la Constitución española, el
Estatuto de Autonomía de las administraciones regionales y la Ley de Participación)� Los órganos estables (p�ej�, los foros,
las comisiones y los consejos consultivos) son instituciones que se originan para canalizar la participación permanente
de la ciudadanía en la formulación, implantación y/o evaluación de las políticas públicas, por lo que permiten “llevar a la
práctica el objetivo de unas administraciones públicas más participativas y próximas al ciudadano” (Giménez, 1994:193)�
Estos espacios formalizados de encuentro, debate, interacción e intercambio de información suelen resultar útiles para
consensuar políticas, anticipar problemas y pactar vías de implementación o incluso de cogestión (Font, 2001: 36)�
3. Los órganos estables de participación en la CAM
La CAM se distingue por ser la tercera Comunidad Autónoma con un mayor capital social –medido por las actitudes
y comportamientos individuales sobre los asuntos públicos, el tejido asociativo y el índice de participación asociativa-
(Mota, 2002)� El bagaje asociativo y la implicación de la sociedad madrileña en los temas sociales la convierten en un
actor altamente capacitado para intervenir en los espacios institucionales donde se solventan los problemas públicos y, por
lo tanto, en un recurso clave para dotar de valor a los procesos de deliberación y de adopción de decisiones que afectan a
las políticas públicas�
En el año 2011, la administración regional madrileña contaba con treinta y cinco órganos estables de participación (Pastor
Albaladejo, 2011)� Estos espacios institucionales se componen de personal procedente de las administraciones públicas
(regional y/o estatal y/o local), de representantes de los grupos sociales y económicos y, en algunos casos, de expertos o
especialistas en el sector� En casi todas las consejerías madrileñas (excepto Transportes e Infraestructuras) se han constituido
órganos estables de participación: ocho en Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; seis en Vicepresidencia, Cultura,
Deporte y Portavocía; cinco en Asuntos Sociales; cinco en Educación y Empleo; cinco en Sanidad; tres en Economía y
Hacienda; y tres en Presidencia y Justicia�
En este diagnóstico de los órganos estables de participación se evidencia como la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, el departamento responsable de impulsar y coordinar la política de medio ambiente y desarrollo
sostenible de la CAM, es el que tiene un mayor número de espacios formales de participación, entre los que se distinguen
el Consejo de Medio Ambiente�
4. Análisis diacrónico de la participación ciudadana en la política medioambiental de la CAM. El caso del Consejo
de Medio Ambiente
El 4 de julio de 1996 se creó el Consejo de Medio Ambiente como órgano consultivo y de asesoramiento en materia de
política medioambiental, por lo que se le atribuyeron las funciones siguientes: impulsar la defensa y mejora del medio
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ambiente; emitir informes y elaborar propuestas de interés en relación con el sector; conocer e informar, en su caso, de los
anteproyectos de especial relevancia relativos a normativa ambiental; fomentar la coordinación entre la iniciativa pública
y privada en materia de medio ambiente; y proponer la elaboración de disposiciones y la realización de actividades en
asuntos de competencia de la consejería�
En su estructura interna, se apostó por un diseño institucional pluralista e inclusivo, en el que formaban parte las
administraciones públicas implicadas, los grupos económicos y sociales interesados en el sector, la comunidad
cientíca, y los expertos en política medioambiental y desarrollo sostenible de la región. En concreto, el Consejo de
Medio Ambiente estaba constituido, en sus orígenes, por veintisiete miembros: nueve cargos autonómicos (un vocal por
cada una de las ocho consejerías en las que se vertebraba la CAM y un representante más del departamento de medio
ambiente y desarrollo regional, que desempeñaba el cargo de vicepresidente); tres puestos de la administración local
(uno del Ayuntamiento de Madrid y dos elegidos por la Federación de Municipios de Madrid entre los municipios de
más de 50�000 habitantes y entre los de menos de esa cifra); tres vocales de las universidades; dos representantes de
los sindicatos; dos de las asociaciones empresariales; tres de ONG`s especializadas en medio ambiente y desarrollo
sostenible; uno de las asociaciones de consumidores y usuarios; y tres expertos en el sector, a los que se suma el presidente
del órgano� La Presidencia se designaba por el Consejo de Gobierno de la CAM, a propuesta del consejero de medio
ambiente y desarrollo regional, entre personalidades relevantes y de reconocido prestigio en el tema medioambiental y la
Vicepresidencia a un representante de la consejería. A estos veintisiete miembros con derecho a voto se les sumó la gura
del secretario, cargo que desempeñaba un funcionario adscrito al departamento de medio ambiente y desarrollo regional
y que se mantiene estable hasta nuestros días�
Este modelo institucional inicial se distinguió, por lo tanto, por la alta representación de los cargos político-administrativos
autonómicos� En relación con la participación social, el índice de representación de los actores sociales fue de un 30% sobre
el total� Sin embargo, es importante destacar que la mayor parte de la participación social recayó en los grupos económicos
y no en los grupos que deenden los intereses medioambientales, cuyo porcentaje solo alcanzó un 11 % (tres vocalías).
Sin embargo, ¿cuál ha sido el grado de participación social en este órgano participativo a lo largo del tiempo?, ¿los
arreglos institucionales que se han llevado a cabo han incentivado o han restringido la participación ciudadana en la
política medioambiental? Para responder a estas preguntas se realiza, a continuación, un análisis diacrónico de la estructura
formal del Consejo de Medio Ambiente con la nalidad de conocer cómo afectan las diversas reformas institucionales en
el poder de inuencia de los representantes sociales en las dinámicas deliberativas y en los procesos decisionales de este
órgano participativo�
4.1. Primer cambio institucional en el Consejo de Medio Ambiente (1997-1998). La politización de la Presidencia.
En el año 1997 se produjo el primer cambio institucional en el Consejo de Medio Ambiente, al otorgarle la Presidencia
a un cargo político (el consejero de medio ambiente y desarrollo regional) cuando este puesto se desempeñaba con
anterioridad por una personalidad de reconocido prestigio en el sector�
La implantación de esta medida pone de maniesto la intención del gobierno regional por mantener el control de las
dinámicas deliberativas en el consejo consultivo medioambiental, tendencia que, como se verá, se irá consolidando a
lo largo del tiempo� Además, esta reforma también menoscabó el grado de especialización y de neutralidad política del
órgano, sobre todo porque este aumento de vocalía de la esfera político-administrativa no se acompañó de la provisión de
un nuevo puesto para el personal experto� En consecuencia, la composición del Consejo de Medio Ambiente se mantuvo en
veintisiete miembros, ya que el aumento del personal político-administrativo autonómico se contrarrestó con el descenso
de los especialistas en los temas medioambientales�
Esta iniciativa se encuentra actualmente institucionalizada, ya que este puesto sigue recayendo en el titular de la Consejería
vinculada a la política medioambiental�
4.2. Segundo cambio institucional en el Consejo de Medio Ambiente (1998-2000). La reincorporación del personal
político-administrativo estatal.
En el año 1998, se incorporó como vocal un miembro del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil� De
esta forma, se produjo el retorno de la administración estatal al órgano participativo autonómico, ya que los representantes
del gobierno central ya habían ocupado cuatro vocalías en el Consejo Asesor de la Agencia de Medio Ambiente (antecedente
histórico del Consejo de Medio Ambiente)�
Esta modicación estructural afectó a la composición total del Consejo de Medio Ambiente, pasando a tener veintiocho
miembros� Este crecimiento de los representantes gubernativos continuó sin tener una correlación directa en la participación
de ámbito asociativo, cuyas ocho vocalías se mantenían intactas desde el año 1996� En concreto, la concesión de esta nueva
vocalía o cuota de poder para el personal gubernativo menoscabó la capacidad de inuencia (en términos de número de
votos) de los agentes sociales� De este modo, se evidencia un descenso del porcentaje de participación social, ya que se
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pasó de un 30% a un 29%, que contrasta con el crecimiento constante e imparable de los miembros procedentes de la esfera
político-administrativa, que pasaron de un 44% (en el año 1996), a un 48% (en el año 1997) y a un 50% (en el año 1998)�
4.3. Tercer cambio institucional en el Consejo de Medio Ambiente (2000-2011). El aumento del personal político-
administrativo regional.
En el año 2000, se produjo una nueva ampliación de vocales en el Consejo de Medio Ambiente, por lo que su composición
ascendió a treinta y dos miembros� Este crecimiento se focalizó, como era habitual, en la esfera político-administrativa
regional, por lo que se continuó con la inercia institucional inaugurada en el año 1997, fecha en la que se politizó la Presidencia�
La reforma de este periodo llevó consigo la incorporación de dos nuevos cargos autonómicos: el Director-Gerente del Canal
de Isabel II y el Director General de Agricultura� A estos puestos se sumó un nuevo representante de las consejerías, fruto de
la ampliación de la estructura organizativa regional� En consecuencia, los cambios organizativos supusieron un incremento
notable del personal político-administrativo vinculado al gobierno regional, ya que se pasó de los doce vocales del modelo
inicial (1996) a diecisiete. Como novedad signicativa se le otorgó una vocalía a los actores sociales, concretamente a
la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, en representación de la Cámara Agraria� A pesar de ello, después de este
último rediseño institucional, los interlocutores sociales vieron de nuevo recortada su índice de representación en el seno
del Consejo de Medio Ambiente, ya que su porcentaje de participación descendió a un 28% sobre el total�
4.4. Cuarto cambio institucional en el Consejo de Medio Ambiente (2011). La consolidación de la politización y la
desinstitucionalización de la participación social.
El 17 de febrero de 2011 se aprobó un nuevo cambio institucional que afectó a la estructura interna del Consejo de Medio
Ambiente. En esta nueva etapa, el Consejo de Medio Ambiente diversicó su estructura formal, ya que al Pleno (órgano
tradicional) se le sumaron cuatro nuevas unidades administrativas, cada una especializada en un área determinada de la
política medioambiental� De este modo, la dimensión horizontal del órgano adquirió una mayor profundidad y grado
de especialización, al crearse las secciones siguientes: Sección de Calidad del Aire; Sección de Parques Regionales y
Naturales; Sección de Caza y Pesca; y Sección de Vías Pecuarias� A pesar de ello, el análisis se focaliza en el Pleno
del Consejo de Medio Ambiente, sobre todo porque es el único órgano que permite establecer un análisis comparativo
longitudinal o diacrónico�
En el Pleno del Consejo de Medio Ambiente se puede detectar una cierta dependencia de rumbo con respecto a su modelo
institucional inicial� Concretamente, en su diseño organizativo se optó por conservar la mayor parte de las tipologías de
personal que se introdujeron en el año 1996 (actores político-administrativos, expertos, personal académico y representantes
de base asociativa), aunque se disminuyó su pluralismo al excluir de su estructura interna a las asociaciones de consumidores
y usuarios� Por otro lado, la tendencia gradual del gobierno regional desde 1998 a restringir la participación social en la
dimensión interna del órgano consultivo medioambiental también se constata en su modelo institucional actual�
Los cambios intraorganizativos del mes de febrero de 2011 provocaron un descenso del número de efectivos vinculados
al órgano, por lo que frente a los treinta y dos miembros del año 2000 se pasó a veintisiete� Estos recortes continuaron
sin afectar a la esfera político-administrativa regional que conservó los mismos puestos del periodo anterior (diecisiete)�
En este sentido, se debe matizar que se extinguió la vocalía que ocupaba el Director General de Agricultura, aunque se
incluyó en su lugar al Director General de Medio Ambiente de la CAM� Continuando con la inercia histórica, este nuevo
arreglo institucional afectó principalmente a los actores no vinculados con el poder político� En concreto, se disminuyó
la participación técnica (el número de expertos pasó de tres a dos), la participación académica (se le otorgó una sola
vocalía, por lo que se eliminaron dos) y la participación de los grupos organizados de la sociedad civil (las asociaciones
de consumidores y usuarios pierden su única vocalía y las ONG`s pasaron de tres a dos puestos)�
En conclusión, los agentes sociales fueron perdiendo gradualmente su poder de inuencia en el Pleno del órgano consultivo
medioambiental, ya que si el índice de participación formal del año 2000 fue de un 28% (nueve vocalías), a partir de
febrero de 2011 este porcentaje se redujo a un 26% (siete vocalías)�
5. Conclusiones
Esta investigación ha profundizado en el espacio institucional de participación vinculado a la política medioambiental
de la CAM, el Consejo de Medio Ambiente, con la nalidad de comprobar si los arreglos institucionales llevados a cabo
desde sus orígenes han contribuido a fortalecer o debilitar la participación social en su estructura interna y, de este modo,
vericar si se detecta una tendencia hacia la institucionalización o desinstitucionalización de la participación ciudadana.
En concreto, los resultados obtenidos en el estudio de caso han permitido extraer las conclusiones siguientes�
En primer lugar, el análisis longitudinal del Consejo de Medio Ambiente ha contribuido a detectar una cierta inuencia o
“dependencia de rumbo” (Krasner, 1984; Peters, 2003) entre su modelo institucional primigenio y su modelo institucional
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actual. De este modo, tal y como deende el nuevo institucionalismo histórico, los cambios o rediseños institucionales en
el Consejo de Medio Ambiente han seguido la “lógica de la secuencia”, ya que las reformas se han desarrollado de manera
progresiva y conservando la mayor parte de las pautas previstas en el diseño institucional original�
En segundo lugar, el análisis del Consejo de Medio Ambiente ha puesto en evidencia la existencia de una tendencia
creciente hacia la desinstitucionalización de la participación ciudadana en su estructura interna� En estos quince años
(1996-2011), como se puede observar en el Gráco 1, los cambios institucionales se han focalizado principalmente en
aumentar la participación del personal político-administrativo, sobre todo el vinculado al gobierno regional, cuyos puestos
pasaron de doce a diecisiete en un periodo de cuatro años (1996-2000)� De este modo, los rediseños institucionales
desarrollados a lo largo del tiempo denotan una politización progresiva del órgano participativo regional, lo que puede
llegar a inuir en su grado de legitimidad institucional.
En tercer lugar, la indagación en el modelo institucional del Consejo de Medio Ambiente, desde una perspectiva temporal,
ha ayudado a vericar como el crecimiento gradual e imparable de los vocales político-administrativos contrasta con el
estancamiento de los actores procedentes de la sociedad civil. Como se puede observar en el Gráco 1, los representantes
de sociales (asociaciones, ONG`s y sindicatos, entre otros) mantuvieron intactas sus ocho vocalías desde el año 1996
hasta el año 2000. A partir de esa fecha, y como novedad signicativa, se aumentó levemente la participación social
(una vocalía)� Sin embargo, en la última reforma institucional (2011) se produce una disminución cuantitativa de la
participación social (se pasó de nueve a siete vocales) como consecuencia de la desaparición de la asociación de usuarios
y consumidores (grupo social que formaba parte del modelo institucional primigenio) y de la pérdida de una vocalía de las
ONG´s (se pasó de tres a dos)� Junto a ello, hay que matizar que los sindicatos y las asociaciones empresariales son los
dos únicos agentes sociales que conservan su estabilidad numérica (dos representantes sindicales y dos de las asociaciones
empresariales) durante el largo periodo analizado�
Graco 1. Análisis diacrónico de la participación en el Consejo de Medio Ambiente de la CAM (1996-2011)
Fuente: Elaboración propia�
En cuarto lugar, los resultados del estudio denotan una clara reticencia de las autoridades político-administrativas regionales
a ceder espacio institucional a los agentes sociales en el Consejo de Medio Ambiente, sobre todo porque la CAM es quien
adopta la decisión sobre cuál debe ser el modelo institucional imperante en cada momento y, en consecuencia, sobre qué
tipo de actores deben participar en el juego institucional y qué poder formal o cantidad de recursos (número de votos)
se les otorga para ello� Es más, a lo largo de estas páginas se ha podido comprobar como los arreglos institucionales se
caracterizan por el aumento constante de los cargos político-administrativos regionales frente al estancamiento, reducción
y pérdida de representatividad de los actores sociales� Esta politización del órgano participativo puede llegar a incidir
negativamente en su imagen social y terminar erosionando la conanza de los ciudadanos en las instituciones, ya que
pueden llegar a percibir que el Consejo de Medio Ambiente es un instrumento en manos del gobierno autonómico y con
escaso poder de representatividad social�
Por último, solo destacar que la participación es “un criterio evaluador indispensable de la calidad de las instituciones”
(Prats, 2010)� Por ello, sería recomendable que el gobierno regional madrileño apostara por la apertura de sus órganos
deliberativos y decisionales a los ciudadanos y por la instauración de diseños institucionales participativos e inclusivos,
donde se denote un reparto equitativo de poder entre los actores políticos y los actores sociales� Más que nada porque no
sólo es importante que la participación ciudadana se reeje en los diferentes marco normativos (p.ej., así se reconoce en la
Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de la CAM), sino que se promueva realmente y se articule de manera
adecuada por las autoridades político-administrativas para que no sea una palabra vacía, cuyo nivel de institucionalización
se identique con un “papel mojado”, tal y como ha sido el caso del Consejo de Medio Ambiente.
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Bibliografía
Bovaird, Tony (2005) “Public governance: balancing stakeholder power in a network society” in International Review of
Administrative Sciences, no 71, pp� 217-228�
Consejo Económico y Social (2012) Informe desarrollo autonómico, competitividad y cohesión social� Medio Ambiente, Madrid, CES�
Denhardt, Robert, B� y Denhardt Janet, V� (2008) “The New Public Service� Serving Rather than Steering” in Public
Administration Review, no 60, pp� 549-559�
Donatti, Pierpaolo (2004) “Nuevas políticas sociales y Estado social relacional” en Revista Española de Investigaciones
Sociológicas, nº 108, pp� 9-47�
Font, Joan (2001) Ciudadanos y decisiones políticas, Barcelona, Ariel�
Font i Llovet, Tomas (1985) “Órganos consultivos” en Revista de Administración Pública, nº 108, pp� 53-86�
Giannini, Massimo Severo (1979) “I pubblici poteri negli Stati pluriclasse en Revista Trimestrale di Diritto Pubblico, nº
2-3, pp� 384-404�
Giménez Abad, Manuel (1994) “La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón: Organización y
funcionamiento” en Autonomías, nº 18�
Heller, Hermann (1971), Teoría del Estado, México, Fondo de Cultura Económica�
Krasner, S� (1984), “Approaches to the State: Alternative Conceptions and Historical Dynamics”, Comparative Politics
16: 226-246�
Mahoney, James y Thelen, Kathleen (2010) Explaining Institutional Change: Ambiguity Agency and Power, Cambridge,
Cambridge University Press�
March, James G� y Olsen, Johan P� (1997) El redescubrimiento de las instituciones� La base organizativa de la política,
México, Fondo de Cultura Económica�
Merino, Mauricio et� al�, (2010) Problemas, decisiones y soluciones� Enfoques de política pública, México, Fondo de
Cultura Económica�
Mota, Fabiola (2002) “El capital social de la autonomía: ¿Explica el capital social por qué unas Comunidades Autónomas
funcionan mejor que otras?, en J� Subirats y R� Gallego, coord�, Veinte años de autonomías, Madrid, Centro de
Investigaciones Sociológicas�
OCDE (2008) From Open to Inclusive: Building Citizen-Centered Policy and Services, Paris, Editorial OCDE�
OCDE (2006) La modernización del Estado: El camino a seguir, Madrid, INAP
Parés, Marc y Resende, Paulo E� R� (2009) “Tipos de prácticas y experiencias de participación promovidas por la
Administración Pública: sus límites y radicalidades”, en Parés, M� (coord�) Participación y calidad democrática� Evaluando
las nuevas formas de democracia participativa, Barcelona, Ariel�
Pastor Albaladejo, Gema (2013) “El sistema institucional de participación ciudadana en las políticas y servicios sociales
de la Comunidad de Madrid” en Revista Barataria, no 15:195-205�
Pastor Albaladejo, Gema� (2011) “Participación y gobernabilidad democrática� Análisis de la participación ciudadana en
los espacios institucionales del área de asuntos sociales de la Comunidad de Madrid”� Ponencia en el III Congreso Anual
de la Red Española de Política Social, en Navarra, del 24-26 de noviembre, y organizado por la Universidad Pública de
Navarra� Disponible en http://www1�unavarra�es/digitalAssets/154/154171_7_Pastor-Albaladejo_participaci--n�pdf�
Peters, Guy (2003) El nuevo institucionalismo� La teoría institucional en ciencia política, Barcelona, Gedisa�
Prats, Joan (2010) “Liberalismo y Democracia” en Gobernanza, nº 16, pp� 1-11�
Ramió, Carles (2009) La colaboración público-privada y la creación de valor público, Barcelona, Diputación de Barcelona�
Sánchez Morón, Miguel (1980) La participación ciudadana en la Administración Pública, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales�
Vigoda, Eric (2002) “From Responsiveness to Collaboration: Governance, Citizens, and the Next Generation of Public
Administration” in Public Administration Review, vol�5, no 62, pp� 527-540�
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El artículo analiza el sistema institucional de participación de la Comunidad de Madrid con la finalidad de constatar si sus diferentes mecanismos formales (marco regulador y órganos estables de participación) cuentan con un diseño institucional adecuado para garantizar el acceso y el poder de intervención de los ciudadanos en aquellos procesos deliberativos que pueden llegar a incidir, de algún modo, en las políticas y los servicios sociales regionales.
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Este libro aborda las características y los postulados básicos de los enfoques utilizados en las políticas públicas y su estudio, además de describir cómo pueden emplearse éstas en el análisis de las decisiones que toma el Estado. Esta obra, preparada por un grupo de investigadores de la División de Administración Pública del Centro para la Investigación y Docencia Económica, llena un vacío en la literatura sobre el tema. Una buena definición del problema, un diseño atinado y una implementación responsable de las políticas públicas determinan, en buena medida, la capacidad de acción del Estado. Son las herramientas que emplean los gobiernos y los muy diversos actores involucrados (sociedad civil, académicos, organizaciones de toda índole), con más o menos destreza, para hacer frente, con recursos escasos, a los desafíos que comparten. Este libro tiene dos orígenes que son, a la vez, sus hilos conductores: un propósito pedagógico y una definición de las políticas públicas a partir de su objeto de estudio, de su orientación aplicada y de su deliberada autocontención.
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The New Public Management has championed a vision of public managers as the entrepreneurs of a new, leaner, and increasingly privatized government, emulating not only the practices but also the values of business. Proponents of the New Public Management have developed their arguments largely through contrasts with the old public administration. In this comparison, the New Public Management will, of course, always win. We argue here that the better contrast is with what we call the “New Public Service,” a movement built on work in democratic citizenship, community and civil society, and organizational humanism and discourse theory. We suggest seven principles of the New Public Service, most notably that the primary role of the public servant is to help citizens articulate and meet their shared interests rather than to attempt to control or steer society.
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The evolution of the New Public Management movement has increased pressure on state bureaucracies to become more responsive to citizens as clients. Without a doubt, this is an important advance in contemporary public administration, which finds itself struggling in an ultradynamic marketplace. However, together with such a welcome change in theory building and in practical culture reconstruction, modern societies still confront a growth in citizens’ passivism; they tend to favor the easy chair of the customer over the sweat and turmoil of participatory involvement. This article has two primary goals: First to establish a theoretically and empirically grounded criticism of the current state of new managerialism, which obscures the significance of citizen action and participation through overstressing the (important) idea of responsiveness. Second, the article proposes some guidelines for the future development of the discipline. This progress is toward enhanced collaboration and partnership among governance and public administration agencies, citizens, and other social players such as the media, academia, and the private and third sectors. The article concludes that, despite the fact that citizens are formal “owners” of the state, ownership will remain a symbolic banner for the governance and public administration–citizen relationship in a representative democracy. The alternative interaction of movement between responsiveness and collaboration is more realistic for the years ahead.
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Según el autor, las sociedades europeas siguen inspirando las políticas sociales en un código (estatal) de inclusión -al que aquí se denomina lib/lab (mezcla de liberalismo y laborismo)- que en el pasado ha constituido un factor de progreso, pero que actualmente resulta cada vez más débil y obsoleto. Las políticas sociales encuentran límites estructurales en sus posibilidades de innovación porque están formuladas como compromisos entre Estado y mercado, utilizando al sector terciario para remediar los fracasos de los otros dos sectores. De hecho, los sistemas sociales gobernados por lógicas lib/lab se encaminan a una crisis irreversible. El documento ilustra las nuevas tendencias de configuración de las políticas sociales, que aquí se denominan "societarias". Se caracterizan por dos novedades principales: primero, por el hecho de que confían la inclusión social a una ciudadanía compleja (concebida como entrelazamiento de ciudadanía estatal y ciudadanía societaria), en la cual poseen un papel primordial los sujetos colectivos de la sociedad civil; segundo, porque definen el Bienestar, los servicios y los derechos sociales mediante un código simbólico de tipo relacional. En términos de orden institucional, se trata de pasara un "cuarto modelo de Estado del Bienestar", es decir, a un Estado social de cuarta generación, después de haber dejado atrás el paternalista, el asistencial y el intervencionista. El autor lo denomine Estado social relacional.
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The emergence of governance as a key concept in the public domain is relatively recent, although the concerns which it embraces are age-old. This article traces the evolution of the concept and maps the contours of its current position in public administration. It suggests that ‘governance’ as a set of balancing mechanisms in a network society is still a contested concept, both in theory and in practice, but that there are already many attempts to delineate its dimensions more clearly and to assess how well it is being achieved in different contexts. Public governance principles are also being incorporated within legislation but there is a need for proportionality — such principles need to be weighed against cost-effectiveness considerations. It is still unclear whether we are moving to a future in which government remains the key player in public governance or whether we might move through ‘governance in the shadow of government’ to self-organizing policy and service delivery systems — ‘governance without government’.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón: Organización y funcionamiento" en Autonomías
  • Giménez Abad
Giménez Abad, Manuel (1994) "La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón: Organización y funcionamiento" en Autonomías, nº 18�