Citizen security observatories: Tools for decision making and governability

Abstract

The need for good governability to promote countries development has been becoming the focus of governments. Latin America has political systems in crisis of governability caused by the inability of strategic actors to solve conflicts based on rules and procedures. The present review aims to describe how the creation of violence surveillance systems (observatories) contributes to strengthening governability and the creation of effective public policies. It was developed an analysis of the required components for the existence of governability and its relationship with the role of observatories in cities to provide reliable, timely and representative information that allows the formulation of strategies and policies. Governability is enriched with the legitimacy granted by the public from the results obtained by the governments in the formulation, implementation, evaluation of public policies and the evidence-based decisions in public health.

Full text

Rev Peru Med Exp Salud Publica
Artículo Especial
362
1 Instituto Cisalva, Universidad del Valle. Cali, Colombia.
2 Ponticia Universidad Javeriana de Cali. Cali, Colombia.
3 Division of Trauma and Surgery, School of Medicine, University of Pittsburgh. Pensilvania, EE.UU.
4 Escuela de Salud Pública, Universidad del Valle. Cali, Colombia.
a Politóloga; b médico, magíster en Epidemiología; c médico, doctor en Ciencias Médicas d médica, doctora en Salud Mental y Epidemiología Psiquiátrica
Recibido: 06/12/2015 Aprobado: 20/04/2016
Citar como: Sánchez-Rentería G, Bonilla-Escobar FJ, Fandiño-Losada A, Gutiérrez-Martinez MI. Observatorios de convivencia y seguridad ciudadana:
herramientas para la toma de decisiones y gobernabilidad. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2016;33(2):362-7. doi: 10.17843/rpmesp.2016.332.2203
OBSERVATORIOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA: HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE
DECISIONES Y GOBERNABILIDAD
Gabriela Sánchez-Rentería1,2,a, Francisco Javier Bonilla-Escobar1,3,b, Andrés Fandiño-Losada1,4,c,
María Isabel Gutiérrez-Martinez1,4,d
RESUMEN
La necesidad de gobernabilidad para generar desarrollo en los países, se ha venido convirtiendo en foco de interés
de los gobiernos. América Latina cuenta con sistemas políticos en crisis de gobernabilidad, dada la incapacidad de
los actores estratégicos para resolver los conictos basándose en reglas y procedimientos establecidos. La presente
revisión tiene como objetivo mostrar cómo la creación de sistemas de vigilancia en violencia (observatorios) contribuye
al fortalecimiento de la gobernabilidad y a la generación de políticas públicas efectivas. Se realizó un análisis de los
componentes necesarios para la existencia de gobernabilidad y su relación con el papel que cumplen los observatorios
para proporcionar información conable, oportuna y representativa. La gobernabilidad se enriquece con la legitimidad
otorgada por la ciudadanía a partir de los resultados de los gobiernos, en la formulación, implementación, evaluación de
políticas públicas y la toma de decisiones en salud pública basadas en evidencia.
Palabras clave: Políticas públicas; Vigilancia; Violencia (fuente: DeCS BIREME).
CITIZEN SECURITY OBSERVATORIES: TOOLS FOR DECISION MAKING
AND GOVERNABILITY
ABSTRACT
The need for good governability to promote countries development has been becoming the focus of governments.
Latin America has political systems in crisis of governability caused by the inability of strategic actors to solve conicts
based on rules and procedures. The present review aims to describe how the creation of violence surveillance systems
(observatories) contributes to strengthening governability and the creation of effective public policies. It was developed
an analysis of the required components for the existence of governability and its relationship with the role of observatories
in cities to provide reliable, timely and representative information that allows the formulation of strategies and policies.
Governability is enriched with the legitimacy granted by the public from the results obtained by the governments in the
formulation, implementation, evaluation of public policies and the evidence-based decisions in public health.
Keywords: Public policies; Surveillance; Violence (source: MESH NLM).
INTRODUCCIÓN
Los eventos de violencia, entendida como el uso
deliberado de la fuerza física, en un grado de amenaza
o efectivo, contra uno mismo, otra persona, grupo
o comunidad, que cause o pueda causar lesiones,
muerte o daños psicológicos y la criminalidad como
una expresión de la violencia (1), son comunes en las
sociedades latinoamericanas. La última década ha
estado marcada por un crecimiento y difusión de los
delitos, con cifras de hasta un 11% entre 2000 y 2010,
que provocaron más de un millón de fallecimientos en
Latinoamérica y el Caribe por causa de la violencia
criminal (2,3).
Cuando los Estados no son capaces de generar
desarrollo y los ciudadanos lo perciben, trae consigo
desgobierno, economía criminal, violencia, inseguridad y
corrupción, empezando a afectar todas las esferas de la
vida pública y privada (4). En este contexto, las acciones

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Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2016;33(2):362-7. Convivencia y seguridad ciudadana
estatales se han visto limitadas en la búsqueda por
reducir los efectos provocados por problemas sociales y
políticos, incapacidad que ha desencadenado la pérdida
de su legitimidad y gobernabilidad.
La legitimidad (política), entendida como la conanza,
apoyo, consentimiento y aceptación de los individuos
sobre un orden político y la acción de las instituciones
públicas (5), es un prerrequisito de la gobernabilidad
democrática (6). La gobernabilidad es denida como
el equilibrio entre las demandas de la sociedad y
la capacidad del gobierno para responderlas (7); un
sistema social es gobernable cuando está estructurado
sociopolíticamente, de modo tal que todos los actores
estratégicos se interrelacionan para tomar decisiones
colectivas y resolver sus conictos conforme a un
sistema de reglas y de procedimientos formales, o
informales, que pueden registrar diversos niveles
de institucionalización dentro del cual formulan sus
expectativas y estrategias (4).
Cuando los gobiernos no actúan de esta forma,
cuando los actores estratégicos se guían por intereses
particulares y al no trabajar de forma coordinada, se
debilita la gobernabilidad hasta llegar a una crisis, aquel
estado de desequilibrio, donde existe una gran cantidad
de demandas de la sociedad y poca capacidad de los
gobiernos para responderlas, generando, a su vez, un
estancamiento en el desarrollo, pues es indispensable
que exista gobernabilidad para que se dé su génesis (4,5).
La comunidad cumple un papel trascendental en el
ámbito público y social. Es sobre quien recaen tanto
los actos violentos como las acciones del Estado para
contrarrestarlos. El Estado tiene la responsabilidad
directa de eliminar cualquier forma de violencia externa.
Cuando sus necesidades no se ven satisfechas y se
tiene una percepción de inseguridad, se genera falta
de conanza en las instituciones públicas (2). Como
consecuencia, se presenta poca colaboración con las
autoridades y se deslegitiman las acciones del Estado
para hacer frente a la violencia y la criminalidad;
puesto que el Estado es un conjunto de instituciones
que dentro de un determinado territorio mantiene con
éxito el monopolio legítimo de la violencia en pro del
mantenimiento del orden vigente (8).
Por lo tanto, es importante lograr un trabajo
interinstitucional que permita proveer a la sociedad de
acciones legítimas que respondan a realidades políticas
y sociales complejas aportando soluciones a problemas
que afectan el desarrollo y, a su vez, aumentando el
grado de gobernabilidad (9). Uno de los mecanismos
que han resultado efectivos para lograr lo anterior son
los observatorios de violencia, creados para identicar
el problema y generar acciones de prevención en lo
local y regional. Se fundamentan en la cooperación
interinstitucional para compartir información que permite
el análisis de las medidas de seguridad existentes y
focalizar las acciones generando políticas públicas y
programas de desarrollo que respondan a la evidencia
dada por los datos (10,11).
La presente revisión de la literatura tiene como objetivo
mostrar cómo la creación de observatorios de violencia
contribuye al fortalecimiento de la gobernabilidad y a la
generación de políticas públicas efectivas.
LOS OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA
COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA
DE DECISIONES
En la actualidad, los gobiernos se ven obligados a contar con
información conable, eciente y oportuna para la toma de
decisiones, no solo para resolver situaciones coyunturales
sino también para generar políticas públicas que les
permitan prevenir situaciones futuras. Estas situaciones
son denidas en la agenda pública y son el conjunto de
situaciones percibidas que requieren de debate público la
intervención de las autoridades públicas (12).
Entonces, para resolver situaciones de manera adecuada,
es necesario contar con fuentes de información que permitan
realizar un análisis de la situación y sus efectos para tomar
decisiones oportunas. A partir de esa necesidad, surgen
los observatorios del crimen y la violencia propuesto por
el Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de
Violencia y Promoción de la Convivencia Social-CISALVA,
donde se permite la caracterización y monitoreo de
diferentes eventos de salud, y se promovieron, inicialmente,
en torno a lesiones de causa externa, homicidios, suicidios,
muertes en eventos de tránsito y muertes por lesiones no
intencionales (13). En estos, siguiendo unas etapas denidas
se garantiza la obtención de datos conables y oportunos.
El proceso comienza con la realización de un comité
operativo, el cual está conformado por fuentes primarias
como la policía, medicina legal, secretaria de tránsito,
scalía, secretaria de salud y cualquier otra fuente que
cuente con la información necesaria que permita el
acercamiento a los hechos. En un segundo momento
se debe llevar a cabo la sistematización de los datos,
análisis estadísticos y georreferenciación para avanzar
al comité de análisis, donde se evalúan y contextualizan
los resultados obtenidos. Posteriormente, se pasa
al comité de política social donde se deben tomar las
decisiones consideradas como las más adecuadas para
disminuir los índices de violencia y criminalidad.
Se considera que el comité social es el de mayor
impacto, pues permite evaluar medidas y estrategias
implementadas, y convertir la información en políticas

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Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2016;33(2):362-7. Sánchez-Rentería G et al.
públicas. Por último, es necesario que la información
se difunda a otras instituciones y a la comunidad
incentivando la creación de vínculos de comunicación
que permitan generar iniciativas de seguridad
comunitaria desde la ciudadanía y mejorar la calidad de
la información obtenida (13).
Las acciones que se emprenden a partir del análisis
de los datos proporcionados por los observatorios
son el resultado de la articulación entre lo político, lo
administrativo, lo institucional y lo técnico, que de manera
coordinada han logrado llegar a acuerdos que permiten
fortalecer las capacidades institucionales, la respuesta
oportuna a las necesidades y el acompañamiento
técnico a los entes territoriales para optimizar el uso de
la información y de los recursos (13).
Las instituciones del Estado, los gobiernos locales y
los observatorios, actúan como actores estratégicos
entendidos como individuos, organizaciones o grupos
que están en capacidad de apresurar o perturbar la toma
de decisiones o la resolución de conictos colectivos a
partir de los recursos que poseen (4). Su capacidad no
se limita a aspectos económicos sino también al control
de cargos políticos, información, ideas, entre otros (14).
Dentro de todo el proceso que se lleva a cabo en los
observatorios se encuentra representado cada actor
estratégico y sus funciones inuyen directamente en la
toma de decisiones.
En consecuencia, los observatorios se constituyen en
actores clave y, a su vez, son escenario de interacción
para la toma de decisiones en salud pública, y permiten
resolver los conictos existentes entre los actores
generando cambios positivos en las situaciones que
se reconocen como problemáticas por ellos y por la
ciudadanía.
Por otro lado, la comunidad también es considerada
como actor estratégico, a pesar de que no inuye en el
proceso de validación de los datos. La percepción de
la ciudadanía permite aterrizar las decisiones basadas
en evidencia. Los conocimientos de una comunidad
sobre cierto sector sirven para ajustar las medidas a
las necesidades especícas de los ciudadanos (15).
Para lograr la participación activa de la comunidad es
necesario que se compartan los resultados obtenidos
por los observatorios y las medidas que se pretenden
implementar, para así ganar la conanza y construir una
red de información que benecie a las instituciones del
Estado y a la comunidad misma (10).
Para que exista gobernabilidad no es solo necesaria la
existencia de actores estratégicos, sino también una serie
de reglas y procedimientos claros que sirvan para tomar
decisiones y permitan a los actores resolver sus conictos.
Las reglas y procedimientos establecidos constituyen el
régimen político de un país y la institucionalización de las
mismas genera mayor gobernabilidad (4).
Sin embargo, los actores estratégicos no siempre
actúan bajo reglas o procedimientos adecuados, debido
a que no es una tarea fácil realizar consensos en los
entes territoriales (16). Los gobiernos locales evitan
expresar de manera clara ciertas decisiones ya que, en
algunos casos, implica perder legitimidad y apoyo de
ciertos sectores; por esta razón suelen presentarse los
planes sobre temas controversiales -como la seguridad-
en términos vagos, indeterminados o a partir de
formulaciones generales, con el n de lograr el respaldo
necesario desde la comunidad y sobre todo desde otros
actores estratégicos (16).
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
Los tomadores de decisiones deben garantizar que la
información que obtienen sea la base de la formulación
de medidas, estrategias y políticas públicas. Estas
son el conjunto de objetivos que se consideran
deseables y necesarios, que a través de instituciones
u organizaciones gubernamentales resuelven, por lo
menos de manera parcial, una situación que se percibe
como problemática o insatisfactoria (16). Esto se congura
como el resultado nal del proceso que se realiza en los
observatorios.
El sistema político está conformado por inputs
(demandas de la sociedad) y outputs (soluciones que
da el sistema político). Las acciones de gobierno son las
respuestas a las demandas de la sociedad a través de
las políticas públicas, buscando modicar una situación
problemática o llevarla a niveles manejables (5). Los
observatorios aportan a la identicación de situaciones
problemáticas y orientan la intervención (solución o
manejo) de estas. Las políticas públicas deben ser
evaluadas de manera constante para no solo formular
nuevas políticas públicas, sino generar cambios
incrementales a las que ya existen. Los observatorios
permiten la evaluación de intervenciones buscando que
se generen las modicaciones necesarias a políticas
existentes para hacerlas más efectivas (17).
Teniendo en cuenta que las políticas públicas tienen
tres etapas: formulación, implementación y evaluación,
el realizar un proceso riguroso a través de las etapas
garantiza una intervención efectiva (16). En la formulación de
la política se dene el problema (identicar cuál es, cuáles
son sus dimensiones, sus causas, cómo evoluciona si no
se actúa y a quién afecta y cómo) (16). Cuando el problema
ha sido identicado se deben encontrar las alternativas
para su solución y escoger la más adecuada. En este

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Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2016;33(2):362-7. Convivencia y seguridad ciudadana
proceso intervienen numerosos actores (políticos,
administrativos, sociales, económicos, cientícos,
académicos) que van a inuir en la toma de decisiones
a partir de sus recursos e intereses (17). Un modelo que
describe la interacción entre la política pública, los
actores estratégicos y los observatorios esta descrito en
la Figura 1.
La etapa de formulación comienza con un análisis
del problema, momento en el cual los observatorios
cumplen un papel importante al orientar a los actores
en la selección de alternativas para darle solución
al problema (o decidir no actuar) (19,20). Durante la
formulación de una política pública se busca identicar
la alternativa más adecuada que permita disminuir la
tensión entre el deber ser (situación deseada) y el ser
(situación presente); para esto se deben identicar los
nes o metas de la política (21).
Una de las actividades centrales en la formulación de
políticas públicas es la planicación (busca alcanzar los
objetivos de manera coherente, deniendo prioridades y
objetivos a corto, mediano y largo plazo) y para llevarla
a cabo es indispensable reducir la incertidumbre.
Esto implica conocer la situación previa y construir
indicadores (sociales, económicos), lo que se constituye
en una tarea fundamental para las administraciones con
el n de permitir el seguimiento de los avances a través
del tiempo y el espacio (16).
Teniendo en cuenta lo anterior, las decisiones se
deben tomar siguiendo un proceso racional o basado
en evidencia, donde primero se conoce el problema,
se determinan los valores y objetivos, se analizan
las soluciones posibles y, nalmente, con toda la
información, se escoge una solución (22). Sin embargo,
estos procesos no corresponden a la forma en que se
llevan a cabo; puesto que en la búsqueda de satisfacer
necesidades sin acarrear costos de legitimidad, se
pueden realizar varios pasos a la vez e incluso omitir
alguno (23). Por esta razón, cuando los actores con poder
de decisión no cuentan con la información necesaria
para reconocer todas las soluciones posibles y escoger
la más adecuada; o por el contrario, cuentan con toda
la información pero la solución más óptima no responde
a sus intereses personales o grupales como institución,
proponen soluciones para resolver asuntos inmediatos
sin tomar riesgos (24).
Lo anterior responde a un modelo conocido como public choice
que pretende estudiar el comportamiento del Estado basándose
en el modelo homo economicus, según el cual el individuo
actúa de forma egoísta y sus intereses van ligados a maximizar
recursos (poder, reelección, ingresos) (25). Los tomadores
de decisiones buscan resolver temas que afecten a
la comunidad de manera inmediata; por lo tanto, sus
soluciones no responden a un proceso de selección idóneo
sino a una búsqueda por satisfacer de manera temporal
lo que se presenta como una situación problemática, con
Figura 1. Modelo de interacción entre la política pública, los actores
estratégicos y los observatorios para la gobernabilidad
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el n de minimizar las divergencias con sus electores y
asegurar los votos para la siguiente elección, siempre y
cuando no se afecte a ningún grupo (económico, político)
de su interés (25).
Sin embargo, no se puede olvidar que en las democracias
la forma de tomar las decisiones es la negociación
-entre actores estratégicos con intereses especícos-, el
ajuste entre intereses y la aceptabilidad social, más que
la estricta optimización técnico-económica (26), es decir,
que no basta con identicar la solución más óptima
a partir de la información si no existe un escenario
de encuentro de los diferentes intereses como lo son
los observatorios y, más especícamente, el espacio
brindado por el comité de política social.
La evaluación es una de las etapas más importantes
en el análisis de las políticas públicas, en donde se
recolecta, verica e interpreta la información obtenida
sobre la implementación y ecacia de políticas públicas y
programas públicos (27). Se constituye en una herramienta
de los gobiernos democráticos para comprender los
procesos sociales y fundamentar acciones futuras,
conseguir el respaldo de sus acciones (legitimación) y
ejercer control sobre las actividades que realizan (28). Otras
deniciones se reeren a la evaluación como una forma
de conocer y cuanticar los efectos de una política (29). Por
esta razón, contar con un espacio que permita realizar
esta actividad de forma segura y ecaz se convierte en
una necesidad para los gobiernos.
Uno de los puntos clave y a la vez problemáticos de la
evaluación es que se espera que sus resultados respondan
a las necesidades de la sociedad y que otorguen legitimidad
-basada en el logro de resultados- a las acciones estatales
tomando en cuenta ecacia y eciencia (30).
Teniendo en cuenta los tres tipos de evaluación
que existen: ex-ante, concomitante y ex-post, los
observatorios participan en las dos últimas. La
evaluación concomitante es una evaluación continua que
suministra información que permite ajustar los procesos
de una acción pública o una evaluación periódica que
consiste en el control de las actividades realizadas y
permite conocer el estado del proceso teniendo en
cuenta lo planeado y establecer los correctivos (16). Para
una política pública, este tipo de evaluación en la etapa
de implementación permite, a partir de la información
que se obtiene de fuentes como los observatorios, la
realización de ajustes necesarios para lograr una mayor
efectividad de la política sin necesidad de esperar a que
se haya implementado en su totalidad y la situación
problemática se vea incrementada o no solucionada.
La evaluación ex-post busca analizar los efectos de
un programa o una política pública luego de efectuada
su implementación (16). Esta evaluación requiere de la
utilización de herramientas metodológicas y análisis de
los datos adecuados que permitan observar los efectos
(positivos, negativos o ninguno) de una política pública
determinada que contribuya a la formulación de futuras
políticas. Los observatorios cuentan con la información
del antes, durante y después de la implementación de
una política pública lo que los constituye como una
fuente conable para realizar este tipo de evaluaciones.
La evaluación también es fuente de legitimación de
la acción gubernamental. Una evaluación positiva
de una política pública se traduce en conanza y
apoyo al gobierno (político y/o económico) de actores
estratégicos. Esto hace que los gobiernos se esfuercen
por obtener resultados positivos en la evaluación o, al
menos, mostrar un avance signicativo en sus objetivos
que, en ocasiones, son contrarios a los resultados
obtenidos durante los procesos de evaluación.
En conclusión, los Estados no se rigen en todo momento
por reglas formales y procedimientos determinados
para generar políticas públicas; sin embargo, buscan
solucionar situaciones problemáticas. Para lograrlo es
indispensable que cuenten con información conable
que les permita llegar a un consenso entre los intereses
de los diferentes actores y las necesidades de la
ciudadanía. Para ello, los observatorios de violencia se
convierten en la herramienta más adecuada y cercana
a la realidad que permite traducir datos en soluciones
efectivas, convirtiéndose en facilitadores de interacción
de actores, apoyo para legitimar acciones y prerrequisito
para la toma de decisiones.
Cada uno de los elementos anteriormente mencionados
realizados de manera coherente, adecuada y ecaz, se
convierten en una red que favorece la gobernabilidad,
desde la detección de un problema, la formulación de
una política pública, su implementación y evaluación,
pasando por la obtención de legitimación tanto del
proceso como de los resultados y evitando conictos
entre los actores; lo que en consecuencia contribuye
al fortalecimiento del Estado y su interacción con la
ciudadanía.
Contribuciones de autoría: GSR ha participado en la con-
cepción de la investigación, revisión de la literatura, redacción
del manuscrito. FJBE ha participado en la concepción de la in-
vestigación, asesoría en la búsqueda de la literatura, revisión
crítica del manuscrito. AFL ha participado en la revisión crítica
del manuscrito. MIGM ha participado en la revisión crítica del
manuscrito. Todos los autores participaron en la aprobación de
la versión nal del manuscrito.
Fuentes de nanciamiento: ninguna.
Conicto de interés: los autores declaran no tener conictos
de interés.

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Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2016;33(2):362-7. Convivencia y seguridad ciudadana
1. Organización Mundial de la Salud.
Informe Mundial Sobre la Violencia y
la Salud. Resumen. Washington, D.C:
OMS; 2002.
2. Desmond Arias E, Babinet N,
Bergman M, Cruz JM, Frühling H,
Garzón JC, et al. Informe Regional
de Desarrollo Humano 2013-2014.
Seguridad Ciudadana con Rostro
Humano: diagnóstico y propuestas
para América Latina. In: Centro
Regional de Servicios para América
Latina y el Caribe, Dirección Regional
para América Latina y el Caribe,
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), editors. New
York: PNUD; 2013. p. 265.
3. Salama P. Informe sobre la violencia en
América Latina. Revista de economía
institucional. 2008;10(18): 81-102.
4. Prats i Català J. Gobernabilidad
democrática para el desarrollo
humano. Marco conceptual y analítico.
Revista Instituciones y Desarrollo.
2001;(10):103-48.
5. Easton D. Categorías para el análisis
sistemico de la política. In: Batlle A,
editor. Diez textos básicos de Ciencia
Política. 3ª ed. Barcelona: Ariel Ciencia
Política; 2007.
6. Cruz CN. La legitimidad como
prerrequisito de la gobernabilidad
democrática: Sobre la importancia
de la legitimación de la acción
gubernamental. Desarrollo Humano
e Institucional en América Latina
[Internet]. 2001 Aug [cited
2015 Mar 09, 2015];27: [7 pág.]
Disponible en: http://www.gigapp.
org/administrator/components/
com_jresearch/files/publications/
CUATRO_TIPOS_DE_
JUSTIFICACI.PDF
7. Camou A. Los desafíos de la
gobernabilidad. Mexico D.F.: Plaza y
Valdés; 2001. p. 338.
8. Weber M. El político y el cientíco.
Buenos Aires: UNSAM; 1998.
9. Mayorga F, Córdova E. Gobernabilidad
y Gobernanza en América latina.
Ginebra: Working Paper NCCR
Norte-Sur IP8; 2007.
10. Gutierrez-Martinez MI, Del Villin RE,
Fandiño A, Oliver RL. e evaluation
of a surveillance system for violent and
non-intentional injury mortality in
Colombian cities. Int J Inj Contr Saf
Promot. 2007;14(2):77-84.
11. Dammert L, Gutiérrez MI, Martin G,
Paternain R, Peña N. ¿Qué observan
los que observan el delito?: Pasado,
presente y futuro de los observatorios
del crimen y la violencia en América
Latina y el Caribe. Washinton, D.C.:
Inter-American Development Bank;
2014.
12. Nioche JP. Padioleau JG. L’État au
concret. In: Politiques et management
public. 1983;1(2):107-10.
13. Espinosa del Vallín R, Gutiérrez MI.
Guía Metodológica para la Replicación
de Observatorios Municipales de
Violencia. Cali, Colombia: Instituto
CISALVA, Universidad del Valle; 2008.
14. Coppedge M. “El concepto de la
gobernabilidad: Modelos positivos y
negativos”. In: Vega E, editor. Ecuador:
Un problema de gobernabilidad.
Quito: Corporación de Estudios para
el Desarrollo; 1997.
15. Fracasso L. Planicación comunitaria
y participación en los procesos de
decisión: Categorías de análisis y
argumentos. Biblio 3W. Revista
Bibliográca de Geografía y Ciencias
Sociales [Internet]. 2000 [cited 2015
Mar 09, 2015]; 5(216):[about 1 p.]:
Available from: http://www.ub.edu/
geocrit/b3w-216.htm
16. Deubel-Roth AN. Políticas públicas:
Formulación, implementación y
evaluación 1ª ed. Bogotá, D.C.:
Ediciones Auroras; 2002.
17. Lindblom CE. El proceso de
elaboración de políticas públicas.
Madrid: Ministerio para las
Administraciones Públicas; 1991.
18. Chevalier J, Lochak D. Rationalité
juridique et rationalité managériale
dans l’administration française. Revue
Française d’Administration Publique.
1982;(24):21-33.
19. Bachrach P, Baratz M. Decisions and
Nondecisions: An Analytical Framework.
Referencias Bibliográficas
American Political Science Review.
1963;57(3):632-42. doi:http://dx.doi.
org/10.2307/1952568
20. Meny I, oenig JC. Las políticas
públicas. Barcelona: Ariel; 1992.
21. Centre d’étude dtedélC. Cours de
lógistique. Geneva: Faculté de Droit,
Université de Genéve; 2000.
22. Taylor FW. e Principles of Scientic
Management. New York: Cosimo,
Incorporated; 2010.
23. Wiltshire K. Scientists and Policy-
makers: Towards a New Partnership.
Int Soc Sci J. 2001;53(170):621-35.
doi:10.1111/1468-2451.00349
24. Aguilar CR, Lima MA. ¿Qué son y
para qué sirven las políticas públicas.
Contribuciones a las ciencias sociales
[Internet]. 2009 Sep [cited 2015 Mar
09, 2015];5:[about 1 p.]: Available
from: http://www.eumed.net/rev/
cccss/05/aalf.htm
25. Downs A. An economic theory of
political action in a democracy. Jf
Political Econ. 1957;65(2):135-50.
26. Monnier E. Evaluation de l’action des
pouvoirs publics. Paris: Economica;
1992.
27. Majone G. Evidencia, argumentación
y persuasión en la formulación de
políticas. Mexico: Colegio Nacional
de Ciencias Políticas y Administración
Pública, A.C., Fondo de Cultura
Económica; 2005.
28. Duran P. Penser l’action publique.
Paris: LGDJ; 1999.
29. Corcu P. Un OVNI dans le pausage
français? Eléments de réexion sur
l’evaluation des politiques publiques en
France. In Politix. 1993;6(24):190-209.
30. Muller P. L es politiques publiques. Paris:
Presses Universitaires de France; 2009.
Correspondencia: Francisco Javier Bonilla-
Escobar,
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