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Institutions and State in Venezuela. Chronicles of the Venezuelan institutional crisis.

Abstract

This work includes reflections at different times on the issue of the institutional crisis in Venezuela. The establishment of democracy in Venezuela has had a difficult road, full of ups and downs, where the patient has been important in society, with a succession of weak and misguided governments, which have represented a political model resistant to social pressures to cause its depletion.
2
ÍNDICE
Capítulo
pp.
Prólogo
5
Introducción
7
El Sistema Institucional Venezolano
9
Antecedentes del sistema político venezolano
9
Fundamentos del Sistema Político Venezolano
17
Consolidación democrática en Venezuela. Elementos
fundacionales
23
Causas de la crisis institucional venezolana
33
Características de la crisis institucional venezolana
37
Efectos socio políticos de la crisis institucional
41
Características de la crisis militar venezolana
51
El rol de las Fuerzas Armadas en la crisis institucional
venezolana
57
Modernización democrática e institucionalización militar en
Venezuela
61
Análisis del modelo de representación y su crisis
65
La crisis institucional venezolana
69
Reflexiones finales
77
Bibliografía
81
3
LISTA DE TABLAS
Tabla
pp
1
Resultados Referendo Revocatorio (2004)
69
2
Referendo Reforma Constitucional Bloque A (2007)
70
3
Referendo Reforma Constitucional Bloque B (2007)
70
4
Referendo Constitucional Enmienda Constitucional (2009)
71
4
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico
pp
1
Trayectoria Institucional
78
5
6
Prólogo
Desde su refundación en 1958, luego del derrocamiento de la dictadura perezjimenista
que sería la última sufrida por el país en el siglo XX la democracia venezolana fue
considerada como ejemplar en América Latina. En la época de expansión del cáncer
militarista dictatorial en el subcontinente, el país se convirtió en puerto seguro donde se
asilaban demócratas perseguidos por los regímenes de facto que plagaban la región. En
el plano interno, el sistema democrático representativo se consolidó gracias entre otros
factores al funcionamiento de controles institucionales que impedían el surgimiento de
un hiperpresidencialismo con sus deformaciones personalistas. En el plano internacional,
Venezuela estampó su firma como impulsora de la fundación de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo y, desde la secretaría general de la UNCTAD y la
presidencia del Grupo de los 77 (Manuel Pérez Guerrero), como vocera del movimiento
hacia un nuevo orden económico internacional.
Sin embargo, Venezuela con su democracia pactada pacto de élites es también un
caso aleccionador de cómo tales pactos pueden ser pervertidos en cártel o duopolio
donde las cúspides de las partes se reparten el poder y sus accesorios, perdiendo de
vista sus respectivas bases sociales. Las élites se resistieron a reconocer las señales de
descomposición sistémica, fundamentalmente la desafección de los ciudadanos de a pie,
y terminaron golpeadas, disminuidas y finalmente sustituidas, en un proceso que desde la
óptica de la cibernética política se conoce como aprendizaje patológico (Deutsch). Se
produjo un cambio político radical, aunque no sistémico, en el que los frenos y
contrapesos constitucionales que equilibran las relaciones entre los poderes públicos
quedaron gradualmente disminuidos hasta su eliminación. El sistema se deformó en
hiperpresidencialista y personalista que sofoca todo desarrollo institucional, un caso digno
de ser estudiado y analizado desde la perspectiva institucionalista.
María Isabel Puerta nos presenta un interesante y sugestivo análisis de los vaivenes del
desarrollo institucional en Venezuela. A partir de su conceptualización de las instituciones
como sistemas de regulación social revisa los antecedentes de este desarrollo, las causas
de sus altibajos, los aspectos y características de sus crisis y los efectos generados por
éstas, centrándose en el auge y la decadencia de la democracia pactada en la segunda
parte del siglo XX. Su estudio del aspecto militar de las crisis institucionales merece
especial atención. Concluye que el fracaso del pacto de élites se debe fundamentalmente
7
al descuido de la subpolítica (Beck): la configuración de políticas desde abajo, más allá de
los canales institucionales del sistema.
La lectura de este riguroso, bien estructurado y documentado estudio de María Isabel
Puerta enriquece nuestro conocimiento acerca de los éxitos y fracaso del desarrollo
institucional de Venezuela.
Friedrich Welsch
Caracas, Septiembre de 2011
8
Introducción
Este trabajo recoge reflexiones hechas en diferentes momentos sobre el tema de la crisis
institucional en Venezuela. El establecimiento de la democracia venezolana ha tenido un
camino difícil, lleno de avances y retrocesos, donde ha sido importante la paciencia de la
sociedad, ante una sucesión de gobiernos deficientes y desacertados, que han
representado un modelo político resistente a las presiones sociales, hasta provocar su
agotamiento.
Las instituciones en Venezuela nacieron bajo la influencia del personalismo político que
ha estado presente en toda su historia republicana, condicionándolas desde el principio,
para someterlas a los intereses del poder político. Si se entiende el fenómeno
institucional, como la “estructuración y dominación de la agencia individual y grupal por
parte de determinantes estructurales en general” (Goodin, R. 2003: 19), es comprensible
que la clase política se propusiera influir sobre el sistema institucional, para mantener el
control político y social.
Las instituciones en Venezuela son el producto de un modelo de relaciones sociales que,
consistente con la definición que hace Goodin de ellas, son fenómenos sociales, que
representan “un patrón de conducta recurrente, valioso y estable” (2003: 37), las mismas,
no son sino mecanismos o dispositivos que garantizan el mantenimiento y equilibrio en las
relaciones entre el Estado y la sociedad, preservando los intereses de clase. El sistema
institucional puede transformarse, por medio del cambio social, que puede ser: accidental,
por evolución o intencional. (Goodin, 2003)
Las instituciones representan las reglas del juego de una sociedad, a través de las cuales
se desarrollan los acomodos corporativos necesarios para permitir un intercambio social,
sobre la base de unos incentivos que el propio sistema es el encargado de definir. En
teoría, para ello deberían propiciar las estructuras necesarias que reduzcan
significativamente la incertidumbre en las decisiones de los individuos, que no fue el caso
de la institucionalidad en Venezuela, ésta estuvo más sometida a los intereses político-
partidistas que a las expectativas sociales.
9
El propósito de estos ensayos es mostrar las reflexiones sobre los diferentes episodios
que fueron alimentando la crisis institucional en Venezuela, a través de una
reconstrucción de las relaciones entre el Estado y las instituciones.
10
El Sistema Institucional Venezolano
Antecedentes del sistema político venezolano
La lección que la historia dio a los líderes políticos del post-gomecismo, materializada en
la dictadura de Pérez Jiménez, planteó con claridad el terreno en el que habría de
construirse el tan anhelado proyecto político democrático en Venezuela.
La necesidad de un sistema político que garantizara la libertad como elemento
constitutivo, determinó que el proyecto político venezolano tuviera su fundamento en un
acuerdo o pacto, de manera que se imposibilitara cualquier intento de personalismo
militar.
Luego de la caída de Gómez, se inicia una etapa de transición cuyo objetivo fue el
establecimiento de un sistema de gobierno democrático. Al General Eleazar López
Contreras (1936-1941) le tocó quizás la más delicada responsabilidad, pues siendo figura
del antiguo régimen, su misión fue la de sentar las bases que permitieran el posterior
ejercicio democrático, teniendo que enfrentar la lógica inestabilidad presente en un país
atrasado, víctima de casi tres décadas de tiranía. López Contreras tuvo que enfrentar
tanto a las fuerzas gomecistas ansiosas por recuperar el poder, como a los grupos
opositores representantes de nuevos movimientos políticos. Fue una etapa donde las
distintas tendencias ideológicas buscaron acomodo en el naciente sistema de político.
El ascenso en 1941 a la Presidencia de la República del General Isaías Medina Angarita
(1941-1945), en plena II Guerra Mundial, tuvo influencia en el desarrollo de ciertas
políticas en materia económica, dado el carácter estratégico del petróleo en el conflicto.
Durante este gobierno, no se vivió la tensión política del período de López Contreras,
tanto que se produjo la legalización de los partidos políticos Acción Democrática (AD) y
Partido Comunista de Venezuela (PCV). Fue precisamente a partir de este momento que
AD inició su proceso de penetración en las estructuras del Estado, en palabras de su
máximo líder, Rómulo Betancourt: La dirección de AD se trazó la consigna de: ni un solo
distrito, ni un solo municipio, sin su organismo de partido”. Se trataba de una tarea difícil y
ambiciosa, “…pues implicaba vertebrar una red organizativa a lo largo y ancho de un
país...” (Betancourt, 1986:163)
11
Medina Angarita permite la organización de agrupaciones políticas y obreras,
produciéndose un clima de amplitud y apertura para la consolidación del régimen
democrático. Fue precisamente esa situación la que le permitió a Acción Democrática,
fundamentalmente, la creación de un espacio político significativo. En medio de la
coyuntura electoral de 1945, la posición de AD fue decisiva para generar un ambiente de
inestabilidad, desembocando en el golpe del 18 de octubre de ese año, encabezado por
jóvenes militares con el apoyo de AD, en un claro desafío a la candidatura del Dr. Angel
Biaggini, propuesta por Medina Angarita.
En todo momento AD mantuvo su justificación alrededor de la necesidad de buscar
formas verdaderamente democráticas, que a su juicio no ofrecía un gobierno continuista
de Medina Angarita. Sin embargo, a pesar del discurso, se trató de una alianza con
sectores de las Fuerzas Armadas no muy proclives a la democracia, pero que sin duda
desde entonces, encarnan en el inconsciente colectivo venezolano, una suerte de
salvador de la patria.
Las Fuerzas Armadas (FF.AA), luego de la muerte de Gómez, experimentan un proceso
de modernización basado en la profesionalización de sus componentes, a diferencia de la
mayoría de la oficialidad de alto rango que no tenía formación técnica. Esta circunstancia
determinó que dentro del componente armado se desarrollaran dos corrientes bien
perfiladas: el sector tradicional gomecista y el sector de jóvenes militares profesionales de
carrera. El enfrentamiento fue inevitable en virtud de la posición de la alta oficialidad de
defender sus privilegios y por su parte los jóvenes militares anhelaban mejores
oportunidades y mayor atención, resultando dicha situación en la conformación de un
movimiento: la Unión Militar Patriótica (UMP). El descontento y la necesidad de cambiar el
estado crítico (económico y laboral) de la oficialidad intermedia, fueron factores decisivos
para lograr un acercamiento -basado en los intereses comunes- de la UMP con AD. Para
ambos sectores fue conveniente la alianza, pues los militares se verían libres de ser
catalogados como enemigos de la democracia y AD tendría su camino despejado hacia el
poder.
La Junta Revolucionaria de Gobierno, constituida por Rómulo Betancourt, en la
Presidencia, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Luís Beltrán Prieto, en representación de AD;
Edmundo Fernández, independiente; Carlos Delgado Chalbaud y Mario Vargas, miembros
de las Fuerzas Armadas, se propuso evitar que las fuerzas gomecistas y sus
12
continuadores -López y Medina- conservaran el poder pues para ellos representaban la
antítesis del modelo democrático que se aspiraba consolidar, según AD, pero para la
oficialidad vinculada a la UMP era la lucha por el control interno del mando institucional
militar, asuntos relacionados con la jerarquía propiamente.
Las condiciones en las cuales se desarrolló la acción gubernamental de la Junta
Revolucionaria, y las decisiones tomadas para contribuir a la modernización del Estado,
son particularmente útiles al momento de interpretar la correlación de fuerzas que
caracterizaron a nuestro país en ese período, pues además de ser una referencia
histórica, nos permite identificar la naturaleza del modelo político venezolano que se
consolidaría.
La Junta Revolucionaria de Gobierno fue muy activa en el sentido de la de
reestructuración del aparato burocrático y productivo, pues fue bastante acelerada la
elaboración de decretos en materia política y económica, además de otros ámbitos de
interés nacional donde el gobierno tuvo participación directa: educación, gremios, entre
otros. El mayor peso dentro de la Junta lo tuvo AD, pues “... los militares se ocuparon sólo
de aquellos asuntos relativos a la defensa, seguridad interna y objetivos políticos globales,
<<... los oficiales no se inmiscuyeron en la elaboración de las políticas económicas y
sociales o en las decisiones políticas rutinarias...>> (Burgraff citado por Stambouli, 1980)
Sin embargo, esa circunstancia habría de convertirse con el tiempo, en perjuicio para el
propio partido Acción Democrática: mientras este se dedicaba a penetrar todos los niveles
del aparato burocrático, en un comportamiento claramente sectario al estar ausentes otras
organizaciones políticas, las FF.AA. se fueron movilizando en torno a la conformación de
un proyecto nacional.
Un rasgo verdaderamente explicativo de la naturaleza de la democracia venezolana fue la
conformación de una élite de poder. Desde los inicios de este período (1945), se produce
un acercamiento entre la Junta Revolucionaria y representantes de la burguesía
económica, materializándose la alianza con la creación del Consejo Nacional de
Economía (1946), que no es otra cosa que la incorporación del poder económico al
proyecto político en marcha, de conciliación de élites.
13
En diciembre de 1947 se desarrollan los primeros comicios electorales donde se elegiría
de manera directa y secreta al Presidente de la República y los representantes en los
cuerpos deliberantes, estando el sufragio permitido a todo venezolano mayor de 18 años,
sin distinción de sexo, religión o grado de instrucción, lo que representó un gran avance
para el desarrollo democrático del Estado. En este proceso resultó electo el novelista
Rómulo Gallegos.
Los resultados electorales sólo produjeron cambios nominales, la Junta Revolucionaria de
Gobierno dio paso al ejercicio de la Presidencia de la República y Rómulo Betancourt
traspasó el mando a Rómulo Gallegos, pero en la práctica el ejercicio del poder siguió en
los mismos términos, agudizándose la situación por las tensiones políticas entre el partido
de gobierno y los otros partidos políticos (COPEI, URD y el PCV), así como la abierta
confrontación con los militares que rechazaban la interferencia del gobierno, demandando
la salida de Betancourt del país, la desactivación de las milicias armadas de AD y la
reestructuración del gabinete ministerial.
La actitud férrea de Gallegos de no ceder ante la presión del grupo de militares
descontentos, encabezados por Delgado Chalbaud, Ministro de la Defensa y Pérez
Jiménez, Jefe del Estado Mayor Conjunto, fue decisiva para que las FF.AA. derrocaran al
gobierno el 24 de noviembre de 1948.
A partir de ese momento se inicia uno de los períodos más violentos y dolorosos de la
historia moderna venezolana: los errores políticos de los dirigentes permitieron que un
grupo de militares organizara un proyecto para el ejercicio del poder de manera
autoritaria, lo cual generaría un conflicto cuya lucha se centró en darle a Venezuela otra
oportunidad para la democracia que se había perdido, gracias al sectarismo de la
dirigencia política a la que le correspondió iniciar el modelo en el país.
La Junta Militar de Gobierno, formada por los Teniente Coroneles Carlos Delgado
Chalbaud, su Presidente, Marcos Pérez Jiménez y Luís Llovera Páez, esgrimió como
causal del pronunciamiento los siguientes argumentos:
1. La amenaza por parte de grupos extremistas existentes en el país, de perturbar el
orden establecido con la convocatoria de una huelga general.
14
2. La subordinación del Presidente Rómulo Gallegos al partido Acción Democrática,
en el sentido de obedecer pautas para el ejercicio de su mandato, además de la
cuantiosa presencia del partido en el Gabinete ejecutivo, implantándose el
sectarismo político como una norma de conducta política, que llenó de vicios al
gobierno, pues beneficiaba el poder concentrado, tan solo a una minoría.
3. La intención de Acción Democrática de interferir en el orden interno de las Fuerzas
Armadas, con el propósito de dominarlas (Stambouli, 1980: 88)
En vista del peligro que para el país significaba el gobierno de Gallegos, la Junta se
propuso ejercer un mandato transitorio, que se concentraría en preparar una nueva
consulta electoral, en la clara intención de descartar un régimen dictatorial. Sin embargo
los hechos posteriores se encargarían de demostrar que dentro de las Fuerzas Armadas
se había conformado un movimiento lo suficientemente organizado, como para tener un
proyecto definido: conservar el poder.
Las primeras acciones de la Junta estuvieron dirigidas a desarticular todas las estructuras
de Acción Democrática logró habilitar en la nación, iniciando un proceso de
desmovilización política de la sociedad, de manera que la Junta tuviera la facilidad de
gobernar sin oposición efectiva. El partido AD fue oficialmente disuelto, así como también
el Congreso Nacional, Asambleas Legislativas, Concejos Municipales y el Consejo
Supremo Electoral. Es ilegalizada la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV),
igualmente el Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Tan solo permanecieron en la escena política la Unión Republicana Democrática (URD) y
el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) hasta 1952, año en
que se produce el fraude electoral en la Asamblea Constituyente, pues ante la posibilidad
de perder el poder, el gobierno, que acude a los comicios bajo el nombre de Frente
Electoral Independiente (FEI), realiza una maniobra en el Consejo Supremo Electoral para
alterar los resultados del proceso, deteniendo el conteo de votos que daba como ganador
a Jóvito Villalba del partido URD, adjudicándose el triunfo.
Bajo el gobierno de la Junta Militar, a partir de 1953 oficialmente presidida por Marcos
Pérez Jiménez, la dinámica oposición-represión identificaría a la escena política nacional.
Los partidos COPEI y URD, quienes desconocieron los resultados de la Constituyente,
asumen una postura contraria al régimen, uniéndose a los partidos abolidos: AD y PCV en
la oposición.
15
Este fue un período histórico de gran tensión política, caracterizado por las limitadas
libertades, la represión y la lucha clandestina. Precisamente este elemento representa un
hecho de gran valor, pues a diferencia del error cometido a la caída de Gómez, cuando
las organizaciones políticas manejan el liderazgo como un instrumento personalista-
partidista, la lucha contra la dictadura los obliga a unir esfuerzos con el propósito de
restablecer el régimen democrático, generándose un vínculo que se había mantenido
como principio del juego político de la democracia venezolana1.
La lucha clandestina fue intensa, siendo muchos los líderes gremiales y políticos caídos a
manos del régimen dictatorial, las persecuciones y expulsiones eran una modalidad de
castigo para los opositores. Mientras Pérez Jiménez se dedicaba a eliminar los peligros
emergentes para su permanencia en el poder, en el seno de las Fuerzas Armadas se
estaba formando una corriente desfavorable para el gobierno, quien ya no representaba a
la institución militar.
En el seno de las Fuerzas Armadas se desarrollaba toda una situación interna -ascensos,
privilegios, formación de camarillas, entre otras- que estaba conduciendo a la separación
del Gobierno con la institución, en lo que constituye una parte importante de los
antecedentes de la crisis que habría de vivir el gobierno de Pérez Jiménez.
En 1957, la lucha contra la dictadura materializa la unión de los partidos de la
clandestinidad involucrados, bajo la figura de la Junta Patriótica, aprovechando la
coyuntura que se produce por el problema de la sucesión del poder, hecho crítico para el
dictador. Por encima de las diferencias ideológicas estaba la necesidad de derrocar el
régimen, factor determinante para el consenso entre las fuerzas políticas. En junio se
formaliza la creación de la Junta Patriótica, teniendo como principal objetivo impedir la
reelección de Pérez Jiménez.
Las circunstancias se fueron agravando, pues según la propia Constitución, era el
momento de convocar a elecciones. En su lugar, Pérez Jiménez para evitar la pérdida del
poder decide realizar un plebiscito que lo ratifica en el mandato. La presión de las
circunstancias políticas se hacen insostenibles para el régimen, pues no solamente la
sociedad civil, sino además amplios sectores de la institución armada rechazan la
1 Aún a pesar del retiro del Pacto de Puntofijo por parte de URD, poco después en el gobierno de Betancourt
16
dictadura, principalmente el ejército que había sido desplazado por el aparato represor: la
Seguridad Nacional.
Esa actitud de Pérez Jiménez, quien no midió el descontento de los sectores más
progresistas de las Fuerzas Armadas, contribuiría a que se gestara un movimiento
insurreccional que inició sus desplazamientos técnicos el de enero de 1958 al mando
del Cnel. Hugo Trejo, manifestándose la división en el Ejército, que había sido el apoyo
fundamental del régimen. Desde ese instante se suceden una serie de sublevaciones que
culminan con la caída del dictador el 23 de enero de 1958, cuando definitivamente las
Fuerzas Armadas le dan la espalda al dictador.
17
18
Fundamentos del Sistema Político Venezolano
Para la comprensión de la naturaleza del sistema político que se inicia a la caída de la
dictadura perezjimenista es necesario interpretar que la coyuntura histórica de 1958
determinó que la consolidación del proyecto democrático, interrumpido por una década,
sólo se lograría con la unión de esfuerzos y principalmente, de intereses. Lo que en el
pasado hizo fracasar al régimen democrático, pareciera haber servido de lección para la
dirigencia política venezolana, siendo la causa común: un gobierno democrático,
produciéndose un hecho fundamental para la construcción del nuevo modelo político
venezolano: el Pacto de Puntofijo.2
La voluntad de las organizaciones políticas de mantener un frente unido para la formación
de un nuevo modelo político se hace efectiva a través de la firma del Pacto de Puntofijo el
31 de octubre de 1958. En él queda plasmada la esencia de lo que llamamos democracia
de partidos, pues allí se fijaron las reglas del sistema de poder, configurando la
prerrogativa que habrían de tener en el mismo los partidos políticos.
Los diez años de dictadura sometieron a los partidos políticos venezolanos a un
aprendizaje forzado sobre la necesidad de lograr un mínimo entendimiento si se quería
asegurar el mantenimiento del sistema que nuevamente estaba configurándose... (Njaim,
Combellas, Josko y Stambouli 1975:13)
El Pacto de Puntofijo es el acuerdo político que suscriben los principales actores sociales
del momento, quienes posteriormente asumirían su condición predominante dentro del
sistema. Los partidos políticos Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política
Electoral Independiente (COPEI) y Unión Republicana Democrática (URD); el principal
organismo económico nacional, Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de
Comercio y Producción (FEDECAMARAS), la Central Obrera, Confederación de
Trabajadores de Venezuela (CTV); Fuerzas Armadas e Iglesia Católica se
comprometieron a actuar solidariamente para preservar la naciente democracia, con lo
cual se concretó el vínculo que existiría entre partidos, grupos económicos y Estado. Las
Fuerzas Armadas sirviendo de garantía para la continuidad democrática y la Iglesia
Católica representando el apoyo moral al naciente régimen, suscribiendo todos el
2 El nombre del pacto se debe a la residencia del Dr. Rafael Caldera, donde se firmó el acuerdo, llamada
Puntofijo. (Molina, 2004: 9)
19
compromiso de apoyar y vigilar el desarrollo de un proyecto nacional que contemplaba el
establecimiento de un sistema democrático que garantizaba el ejercicio pleno de
libertades políticas y la alternabilidad en el poder. El acuerdo se fundamentó en tres
aspectos:
1. Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado
electoral... Todas las organizaciones políticas están obligadas a actuar en defensa
de las autoridades constitucionales en caso de intentarse o producirse un golpe de
Estado, aun cuando durante el transcurso de los cinco años (1959-64) las
circunstancias de la autonomía que se reservan dichas organizaciones hayan
podido colocar a cualquiera de ellos en la oposición legal y democrática al
gobierno...
2. Gobierno de Unidad Nacional... el gobierno de Unidad Nacional es el camino para
canalizar las energías partidistas y evitar una oposición sistemática que debilitaría
el movimiento democrático...
3. Programa Mínimo Común ningún partido unitario incluirá en su programa particular
puntos contrarios a los comunes del programa mínimo, y en todo caso, la discusión
pública de los puntos no comunes se mantendrá dentro de los límites de la
tolerancia y del mutuo respeto... (López, Gómez y Maingón, 1989:71)
Al margen de los aspectos orientados a consolidar el régimen democrático propiamente,
es necesario ver al acuerdo como el instrumento que habría de institucionalizar una de las
más serias debilidades del sistema político venezolano: el partidismo. A diferencia de los
años posteriores a Gómez, donde el antagonismo de las fuerzas políticas fue lo que privó,
dada la coyuntura del 58 los partidos toman conciencia de la necesidad de compartir el
escenario, repartiéndose el poder y creando un vínculo que fortalecería su poder político:
un pacto, pues “el poder se sostiene sobre pactos constitutivos, pero no ya entre
voluntades individuales... sino entre aquellos grupos que han movilizado recursos
suficientes como para ingresar en el sistema” (Portantierro, 1981: 17). De esa manera
quedó definido el papel predominante que habrían de desempeñar los partidos políticos
en el funcionamiento del sistema político: la representación de los intereses de la nación
estaba en manos de las estructuras partidistas.
Como la agrupación que representa al empresariado nacional, FEDECAMARAS participa
en el acuerdo. Durante la dictadura hubo alianza hasta que el régimen comenzó a
perjudicar sus intereses. A partir de ello se puede interpretar la dinámica de las relaciones
20
entre los diferentes sectores que habrían de conformar el modelo en el futuro, con unos
partidos políticos representando intereses de clase.
La importancia del sector económico es decisiva en la definición de la vida política de la
nación, previo a la caída de Pérez Jiménez, se produjo el Pacto de Nueva York, en
diciembre de 1957. Ese acuerdo protagonizado por Rómulo Betancourt (AD), Rafael
Caldera (COPEI), Jóvito Villalba (URD), Gustavo Machado (PCV) y el empresario
Eugenio Mendoza es bastante significativo porque representa el acercamiento y la
propuesta de la clase política a la clase económica de un nuevo proyecto político. El
vínculo de la dirigencia política y los grupos económicos responde a la necesidad de darle
continuidad a un proceso de consolidación institucional, en el que la clase política
conserva el poder y la clase económica sus beneficios.
La CTV participa en el pacto, representando a las clases sociales excluidas del poder y
simbolizando el consenso de los factores de poder con el resto de la sociedad. El apoyo
de la central obrera era indispensable, para servir como vehículo de difusión de los
propósitos del proyecto político democratizador en las clases populares. Sin embargo, su
autonomía era cuestionable, pues presentaba considerables efectos de la mediatización
política, principalmente por el partido AD, por lo que representaba una pieza importante el
control partidista para mantener la estabilidad institucional en las relaciones obrero-
patronales.
Las Fuerzas Armadas Nacionales (FF.AA.NN.), como actores fundamentales de las
últimas décadas, desempeñaron un rol trascendental en el pacto suscrito. Inicialmente las
FAN se habían propuesto sustituir el gobierno personalista de Pérez Jiménez por uno
verdaderamente de carácter militar-institucional. Debido a ello fue necesario que los otros
sectores participantes negociaran con los militares, logrando convencerlos de la
pertinencia de consolidar el régimen democrático, comprometiéndolos a actuar en
defensa del mismo, generando la institucionalización democrática de las FAN, como
organización apolítica no deliberante.
Las Fuerzas Armadas con su participación en el Pacto de Puntofijo, le confirieron
legitimidad a las reglas de juego del sistema político venezolano que se pretendía instalar,
reconociendo a sus protagonistas en un acto legitimador, como fundadores de la
21
democracia venezolana, en lo que habría de ser una muestra del control político que
ejerce la institución.
La Iglesia Católica, con la mayor feligresía en el país, desempeña una importante misión
en esta coyuntura, dando su apoyo al proceso democrático. Las tensas relaciones de la
Iglesia Católica con el poder político, en épocas pasadas, se transformaron en un vínculo
basado en el respeto mutuo y en la aceptación del lugar que habían de ocupar cada uno
en el sistema institucional. Los partidos políticos obtuvieron el consentimiento para
realizar su proyecto democrático y la iglesia recibió la autonomía institucional.
El acuerdo formalizó la naturaleza consensual de élites del sistema; los actores
fundamentales, los partidos políticos y grupos económicos constituirían la fracción
constitutiva de la élite política, que conduciría a la sociedad política representada por el
aparato burocrático (instituciones políticas) y a la sociedad civil. El sistema institucional
venezolano fundamenta su legitimidad, inicialmente en el consenso de objetivos (metas
grupales) de forma que se pueda hablar del encuentro de fuerzas políticas, económicas e
ideológicas. El proceso de institucionalización se propone legitimar las metas comunes:
un régimen democrático, sin embargo, en los inicios del proceso de consolidación
institucional, la inestabilidad política y la desmovilización social facilitan el fortalecimiento
del modelo consensual de élites, del cual quedó excluido el PCV, así como el aislamiento
de la Junta Patriótica, quedando claro que el modelo democrático venezolano tiene una
clara orientación hacia la consagración de un régimen pluripartidista, en principio.
El acuerdo estaba concebido de manera transitoria, pero la necesidad de conservar el
control del poder, hizo del mismo un instrumento para la perpetuación del modelo
consensual, determinando la debilidad estructural del sistema político venezolano, por la
tendencia hacia el control partidista del Estado.
El predominio de la clase política venezolana quedó establecido con la repartición del
poder en función de los intereses de quienes conformaron la élite política. En los primeros
años de la década de los 60 se produce el acomodo de las diversas fuerzas sociales
existentes, legitimado el régimen, “la legitimidad de un sistema político se sustenta
además, en las coaliciones exitosas que establecen entre las clases o fracciones de
clase que ejercen la hegemonía” (Larrazábal-barrios, 1991: 23)
22
Considerando que el proyecto político venezolano había tomado las banderas de la
modernización de la sociedad, bajo la figura de un modelo democrático, representativo y
pluralista, en su lugar, éste se tradujo en estatismo, centralismo, presidencialismo,
partidismo y populismo, rasgos que han caracterizado al Estado venezolano en las
últimas décadas. (Granier-Gil, 1987: 30)
El Estatismo se ha manifestado en el intervencionismo en las actividades de desarrollo
económico y social, contribuyendo con el crecimiento desproporcionado del aparato
burocrático, objeto de dominio de los partidos políticos, lo que explica su ineficiencia y
elevados niveles de corrupción. Esta condición influyó negativamente en los niveles de
participación política, pues la política populista de repartición de la renta petrolera,
permitió crear una cultura de dependencia de la distribución del gasto público
improductivo, que lejos de fomentar una actitud de creación de riqueza, sometió a la
población a un modelo perverso de pasividad y sumisión ante el Estado.
En cuanto al centralismo, este se refleja en la concentración del poder en el Ejecutivo, que
tanto en la Constitución de 1961, como en la nueva Constitución de 1999, le reconoce al
Presidente de la República importantes atribuciones y competencias en los ámbitos
político, financiero y administrativo, a pesar de tratarse de un Estado Federal en su forma
de organización, permitiéndole tener decisión en las áreas políticas y económicas
fundamentales, dado que es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y responsable de la
Administración y la Hacienda Pública, para lo cual cuenta con un aparato burocrático
controlado por los partidos políticos como garantes de los intereses de la clase política.
En otro aspecto, el presidencialismo representado en el peso que tiene dentro del sistema
político, el poder ejecutivo por encima de las otras ramas del poder público, fortalecido en
la Constitución de 1999, aun cuando se argumente la búsqueda de un sistema
presidencial flexible. En estas condiciones, el ejecutivo participa de todas las decisiones
importantes no solo en materia política, sino también económica, social, cultural e
institucional.
Por otra parte, el partidismo visto como la influencia decisiva de las organizaciones
políticas sobre las instituciones, ha sido el rasgo más distintivo del sistema político
venezolano, en donde los partidos políticos han sido aparatos de mediatización de la
participación política, abarcando todas las formas de organización social conocidas:
23
gremios, instituciones, administración pública, además de otras más recientes. Los
partidos en lugar de articular las demandas de la población, las condicionan de manera
que tanto la expresión de las demandas como el mismo conflicto social, son canalizados a
través de la organización política. La penetración partidista se manifiesta tanto en el
aparato burocrático como en el resto de la institucionalidad política.
Mientras que el populismo, es la enfermedad por excelencia de los países
latinoamericanos, cuya idea central radica en el desarrollo de políticas proteccionistas y
paternalistas, en las que se fomente una cultura de dependencia absoluta del Estado
como benefactor y sus reparticiones periódicas, lo que no permite la creación de riqueza
de manera autónoma, impidiendo el desarrollo de la sociedad, de manera intencional,
para mantenerla atada al proyecto de la clase política venezolana.
24
Consolidación democrática en Venezuela. Elementos fundacionales
Los primeros gobiernos democráticos (Betancourt, Leoni y Caldera) fueron claves en el
proceso de consolidación de la democracia representativa. Esos tres períodos estuvieron
marcados por la gran movilización social, inspirada en la Revolución Cubana de 1959,
que llevó al PCV y al MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (una escisión de
AD) a tomar las armas para desplazar del poder a la fracción dominante. Con el Gobierno
de Leoni se dio el acuerdo de Ancha Base, al invitar a otros sectores políticos a formar
una coalición política, sin embargo esto no se mantuvo por todo el período.
Mientras se lograba la pacificación total de la sociedad (período de Caldera) el Estado fue
incrementando su influencia en el proceso económico. El esquema desarrollado basó su
línea fundamental en la riqueza petrolera, para ser redistribuida “equitativamente”,
impidiendo el posible desarrollo de otros sectores productivos. El Estado fundamentó su
acción política en la estrategia de una “guerra de posición” definida por Gramsci como la
situación en la cual:
Se requiere sacrificios enormes y masas inmensas de población; por eso hace
falta en ella una inaudita concentración de hegemonía y, por lo tanto, una
forma de gobierno más “interventista” que tome más abiertamente la ofensiva
contra los grupos de oposición… consolidación de las posiciones hegemónicas
del grupo dominante. (Gramsci, 1978: 292)
Esa acción emprendida necesitaba consolidar el sistema político que le permitiera a la
clase política mantenerse en el poder. Por eso el Estado ha sido un instrumento de la
clase dominante, en lugar de cumplir con la misión de incentivar la participación de todos
los sectores en la consolidación de la democracia.
La crisis del Estado venezolano se ubica a partir de la bonanza petrolera como
consecuencia del aumento de los precios del petróleo, (1974-75). La abundancia de
recursos, aunque de forma coyuntural, le otorgaron al Estado la posibilidad de controlar a
los sectores populares, haciéndolos parte de la “Gran Venezuela” que representó
principalmente el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, acostumbrando rápidamente al
país, a una riqueza súbita, precipitada y sobre todo, ficticia, en la que se desarrolló un
modelo de vida inadecuado para una sociedad cuyas necesidades reales estaban más
orientadas hacia el desarrollo de capacidades estructurales, para superar el modelo de
dependencia petrolera. Sin embargo, las clases política y económica dominante pasaron
25
por alto el costo político a futuro, conduciendo al país a una situación financiera
lamentable, por el derroche de los recursos.
Con la caída de los precios del petróleo, a principios de los 80, estalla la crisis económica
del país, alcanzando grandes proporciones, considerando la debilidad estructural
existente, además de la poca disposición de la clase política para controlar los excesos y
la negativa de la clase económica de sacrificar sus beneficios y privilegios. Por otra parte,
la deuda externa, privada y pública, continuaba en ascenso para cubrir el déficit
presupuestario, producto del elevado gasto social del Estado, en buena medida, un gasto
social ineficiente.
El Pacto de Puntofijo, significaba la fijación de las reglas del juego político, en lo que
habría de ser un compromiso por preservar la estabilidad del naciente sistema. Pero
además, quedó establecido que el modelo de representación descansaría
fundamentalmente en la repartición de espacios y cuotas de poder a los que los sectores
participantes tendrían acceso. En este sentido, está claro que las bases sobre las cuales
se construyó el sistema político venezolano fueron muy débiles, considerando que el
equilibrio en un Estado depende en buena medida de la estabilidad democrática, la
equidad social y el desarrollo económico que presente. (Kornblith, 1996)
Aún más, Kornblith (1996) prosigue argumentando que la crisis del modelo rentista, en el
que el petróleo ha sido la principal actividad productiva y la única fuente de ingresos,
generó serios cuestionamientos hacia un Estado hiperactivo (Estado de Bienestar) que
como rasgos característicos, subsidiaba, intervenía, protegía y regulaba, mediante
mecanismos utilitarios que estimularan la adhesión de la sociedad al sistema, con la
promesa no cumplida- de evolucionar hacia mecanismos valorativos.
Por lo que, las condiciones económicas del país, al convertirse nuestra renta petrolera en
el factor dinamizador, facilitaron la configuración de un modelo de relaciones de Estado,
que entre otras, consolidó el Sistema Populista de Conciliación, definido por Rey (1998:
292) como el entramado de una pluralidad de intereses sociales, económicos y políticos,
que apoyándose en la abundancia de recursos económicos, un por entonces, bajo nivel
(simplicidad) de las demandas y la capacidad de las organizaciones políticas (partidos y
asociaciones civiles) para canalizar las demandas, permitieron una significativa etapa de
estabilidad política.
26
Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más compleja de lo que la clase política
venezolana estimaba. Ello explica la crisis de representatividad, pues la sociedad ha
interpretado que su dirigencia política ha sido superada por sus demandas.
El Sistema Político Venezolano vigente hasta 1998, fue construido sobre las bases de un
acuerdo político logrado por los principales actores políticos de ese momento histórico
(1958) que firmaron el Pacto de Puntofijo, donde se establecieron las reglas que habrían
de regular el juego democrático, definiendo así el objetivo fundamental del mismo: la
consolidación del régimen democrático.
Este conjunto de correlaciones de fuerzas políticas, económicas y sociales definieron el
sistema de conciliación de élites que predominaría en el país. Los partidos políticos se
convirtieron en los actores públicos de mayor peso y los grupos económicos tradicionales
se mantuvieron en una excelente posición para la preservación de sus intereses de clase.
Inicialmente, el pacto funcionó a través de un consenso activo. Sin embargo, a medida
que los distintos actores sociales se fueron posicionando dentro del modelo establecido,
quedó clara la subordinación de las clases populares ante los grupos dominantes: la
exclusión de los sectores populares podría verse reflejada en la ausencia del Partido
Comunista de Venezolano (PCV) del acuerdo y el desplazamiento de la Junta Patriótica,
representando acciones concretas de la clase política para mantener definido el control
del poder político.
La relación entre Estado, partidos políticos y grupos económicos no sólo favorecía a los
últimos, sino que lesionaba significativamente los intereses de las clases populares. Las
demandas de la sociedad debían ser canalizadas a través de las estructuras partidistas,
pues estas organizaciones políticas habían penetrado todas las instancias del Estado
(aparato burocrático).
La preeminencia de la clase dominante sobre las clases populares que en un principio fue
lograda a través del consenso, se mantuvo por la represión y la coerción del aparato
burocrático degenerando en un consentimiento pasivo, ubicándose éste en el momento
en que URD se retira del Pacto de Puntofijo, que vendría a caracterizar el sistema
institucional venezolano.
27
Dentro del proceso de desarrollo del sistema institucional en el seno del sistema político,
se fueron generando una serie de vicios y fallas que posteriormente conformarían el
escenario para la aparición de la crisis institucional que se manifiesta en la época a la que
hace referencia este trabajo, “… es en el funcionamiento del sistema político en tanto en
él se colocan los compromisos constitutivos- donde se halla la clave del funcionamiento y
de la crisis del Estado… (Portantierro, 1981: 25).
La corrupción, ausencia de liderazgo, crisis de valores y rdida de legitimidad de las
instituciones representan las manifestaciones visibles de la crisis institucional, que no es
otra cosa que el agotamiento de la estructura de las correlaciones de fuerzas políticas,
económicas, sociales y militares, a los que nos referiremos más adelante.
La crisis institucional viene dada por la conjunción de las variables mencionadas que
implican una crisis política, pues se refieren al desplazamiento de los actores que
intervienen en el mantenimiento de un orden global; las relaciones internas entre todos los
componentes del sistema político sufren un proceso de reubicación en el seno del mismo.
Una vez que las instituciones fundamentales del sistema político comienzan a ser
cuestionadas, el sistema institucional se resiente, pues su acción política se fundamenta
en la capacidad directiva que tiene para conservar el poder para mantener el orden
establecido en función de los intereses que representa.
El sistema político en la figura de sus instituciones permitió que se instituyera la cultura de
la corrupción, pues el clientelismo político y el consumismo delinearon las pautas para
satisfacer necesidades, por ello se hizo de la corrupción una forma de vida. La
concentración del poder, la indiferencia de los dirigentes políticos hacia las necesidades
de las clases sociales excluidas, condujeron a la ausencia de líderes de la escena política.
La sustitución de nuestros valores tradicionales por otros que alimentaban una cultura de
facilismo y oportunismo, explica la actitud pasiva de la sociedad ante la incapacidad del
sistema de resolver sus problemas. Finalmente, dada la pérdida de legitimidad de
nuestras instituciones fundamentales expresadas a través de su poca credibilidad y
representatividad: legisladores, jueces, políticos, etc. fueron rechazados por las clases
populares al ser vistos como responsables del deterioro moral del país, pues no han sido
capaces de cumplir con el rol para el cual fueron elegidos.
28
Unida a esta situación persistía una crisis económica, de grandes dimensiones para el
país. Acostumbrada a una riqueza ficticia que ocultaba las limitaciones, Venezuela se vio
de pronto sumida en una condición crítica: endeudada, alto nivel inflacionario, aumento de
la miseria, caída del valor de la moneda nacional y crisis petrolera, entre otras.
El único recurso que tuvo el Estado para subsanar la economía fue la implementación de
una serie de medidas económicas drásticas que permitieran la evolución de la crisis, sin
embargo se cometió una omisión: no se consideró el costo social del instrumento aplicado
y se produjo una respuesta inesperada por parte de las clases populares.
El 27 de febrero de 1989, luego del aumento del precio de la gasolina y por ende del costo
del pasaje para transporte público, estalló la revuelta social más dramática de la historia
contemporánea venezolana. Como parte del paquete económico aplicado, el valor del
combustible fue aumentando, exigiéndosele a las clases subalternas una nueva cuota de
sacrificio, como lo dijo el Ex - Presidente de la República Dr. Rafael Caldera ante el
Congreso Nacional el día 01 de marzo de ese año: “No se le puede pedir sacrificio al
pueblo si no se da ejemplo de austeridad porque decirle al pueblo que se apriete el
cinturón mientras está viendo espectáculos de derroche, es casi una bofetada; la reacción
es sumamente dura” (Caldera, 1992: 28)
Siendo el 27 de febrero la primera manifestación de la fisura del modelo político,
comenzó a hacer crisis la institucionalidad que había caracterizado al país por más de 30
años. La población fijó ante la clase dominante una posición de rechazo al sistema y por
consiguiente, de repudio al pacto institucional: aquí se caracteriza la crisis institucional,
cuando se desconoce el pacto constitutivo del sistema político. La evolución de la crisis
institucional siguió su curso, pues la clase dominante solo usó el recurso de la represión
para tratar de mantener el relativo orden.
La clase dirigente y los grupos económicos fueron sordos ante el clamor popular de un
cambio en las relaciones de poder. A pesar de la permanente amenaza de una nueva
protesta social, el poder político ignoró la situación, hasta que otro actor social apareció
en el escenario político, agudizando el problema.
El 4 de febrero de 1992 se produjo el primero de dos intentos de golpes de Estado que
sucedieron ese año. Un sector de la oficialidad de las F.F.A.A. de baja y media
29
graduación se rebeló por cuanto el poder político estaba atentando contra la
institucionalidad, siendo incapaz de cumplir con la función de representar y defender los
intereses de las clases subalternas.
Ese mismo año, el 27 de noviembre un grupo de oficiales de alta graduación conspiró
argumentando básicamente las mismas razones del primer grupo, aunque con diferente
inspiración ideológica. Con esta segunda intentona golpista quedó definido el
resquebrajamiento del sistema institucional construido sobre las bases del Pacto de
Puntofijo y se agudizó la crisis política. El sistema iniciado bajo el compromiso de
obedecer una determinada línea de acción política, fue cuestionado por uno de sus
miembros fundamentales.
Un sector considerable de las Fuerzas Armadas, aparato represivo del Estado, se rebeló
contra el sistema político del que es garante según el pacto institucional que había regido
al país desde hace casi 40 años. Este hecho implica la agudización de una crisis política
que se viene manifestando con claridad desde 1989.
Es importante señalar las causas de las rebeliones militares en el marco de la crisis
institucional; estableciendo la reubicación de las correlaciones de fuerzas en el seno del
sistema político.
En función de la posición asumida por los líderes de las dos intentonas, se puede fijar la
existencia de una crisis institucional en el seno de las Fuerzas Armadas, debiéndose para
ello profundizar en las prácticas tradicionales de la democracia en relación con el mundo
militar: clientelismo político, ascensos militares, entre otros que puedan explicar la
penetración partidista y sus consecuencias para el sistema.
La crisis institucional de las Fuerzas Armadas debe ser vista desde el amplio contexto de
la crisis del sistema político venezolano. La crisis militar no es producto de las rebeliones
de 1992, sus antecedentes pueden ubicarse inclusive desde antes del 27 de febrero de
1989. La brecha existente entre la cúpula militar y los mandos intermedios se fue
haciendo evidente una vez que los compromisos adquiridos a través del pacto constitutivo
fueron subordinados al predominio manifiesto de los partidos políticos, al controlar éstos
el desenvolvimiento de los procesos políticos, en lo que se ha llegado a conocer como la
democracia de partidos.
30
Amparados en la legitimidad del pacto institucional, los partidos políticos, Acción
Democrática (AD) y Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI),
principalmente, lograron erigirse en el factor político fundamental en la consolidación de la
democracia. Su actuación fue la de organizar el juego democrático, del cual quedaron por
fuera algunos actores políticos como el Partido Comunista de Venezuela (PCV), entre
otros.
Las estructuras político partidistas se convirtieron en los medios más efectivos de acción
política y para las Fuerzas Armadas no fue diferente el tratamiento, en lo concerniente a
los ascensos, como punto álgido del conflicto.
Las Fuerzas Armadas inician su modernización luego de la dictadura de Juan Vicente
Gómez (1935), con Eleazar López Contreras. Un hecho significativo en la evolución de las
Fuerzas Armadas es su profesionalización, pues la intención era la formación de
oficiales, más allá de las necesidades de Seguridad y Defensa tradicionales. La oficialidad
comenzó a insertarse en el aparato de educación superior, siendo objeto de una alta
capacitación. Bajo estas condiciones surgió una nueva generación de militares con una
postura más crítica de la relación entre la institución militar y la sociedad política.
Por otra parte, la extracción popular de la mayoría de los componentes de las Fuerzas
Armadas no puede obviarse en este análisis, pues representa un aspecto fundamental
para comprender el desarrollo de la crisis institucional en Venezuela.
Las primeras señales de alarma, tienen lugar en 1989 y 1992, cuando se producen en
febrero y marzo de 1989, el estallido social conocido como el “Caracazo”, primero de una
serie de eventos de gran significación política, que demostró la fragilidad institucional y la
erosión del poder político civil.
En este sentido, encontramos que los discursos de la dirigencia política se habían
distanciado tanto de las necesidades reales de la población, que de acuerdo a una
encuesta Gaither de noviembre de 1991, el 65% de los encuestados consideró que “los
partidos políticos no sirven para nada en este país”, mientras que sólo un 28% opinaba
que son “la mejor vía que tenemos para aliviar los males de Venezuela” (Njaim,
Combellas y Álvarez, 1998:16)
31
Por lo que posteriormente, las intentonas golpistas de febrero y noviembre de 1992, no
hicieron sino reflejar el descontento y la indiferencia de la población hacia las
instituciones, según lo señala una encuesta realizada por UCV-IFEDEC-ULA, donde a la
pregunta ¿Qué habría hecho usted el 4F (en relación a los golpistas) de haber podido
hacer algo?, cerca del 55% respondió: nada. (Puerta, 2010: 61)
Es posible que el segundo gobierno de Pérez haya hecho creer a una buena parte del
país, que la época dorada de la economía venezolana retornaría. Pero muy por el
contrario, a un mes de haber asumido la presidencia (febrero de 1989), el anuncio del
Programa de Ajustes Económicos, que contemplaba una serie de medidas de
emergencia, como el aumento del precio de la gasolina, encendió una protesta pública
espontánea, que dejó como saldo numerosas víctimas, debido a que el gobierno nacional
tuvo que emplear la represión del ejercito para contener los saqueos.
Las reacciones violentas de la población pusieron en duda la capacidad de la clase
política de responder a sus expectativas. Los partidos políticos, evadieron su
responsabilidad sobre la crisis del sistema político, en una suerte de parálisis, pues no se
generaron compromisos para mejorar los niveles de desempeño de la democracia.
En un escenario caracterizado por la inestabilidad económica, la ausencia de liderazgo, la
ineficiencia del sistema político, la depauperación del nivel de vida, la inseguridad
colectiva, las fallas de los servicios públicos, se alimentó la bomba de tiempo que estalló
en Febrero de 1989 con el descontento social y que tres años después, en 1992 alcanzó
su punto máximo con las dos intentonas golpistas el 4 de febrero y el 27 de noviembre.
En este sentido resulta interesante la justificación de la intentona golpista del 4F de 1992
al considerar como contraria a los valores de la institución, la intromisión de los partidos
políticos en materia de ascensos militares.
Fue el argumento sobre la penetración de los partidos políticos en la institución militar,
entre muchos otros motivos relacionados con la gobernabilidad, un factor decisivo para
que los militares se decidieran a atentar contra un gobierno legalmente constituido,
producto de un proceso electoral absolutamente lícito, que posteriormente al ser
32
cuestionado en su legitimidad, fue necesaria la activación de mecanismos institucionales y
constitucionales, para resolver la inestabilidad en que degeneró dicho régimen.
Este quiebre de la institucionalidad, se manifestó en la poca confiabilidad en la
democracia como régimen de gobierno, como se evidencia en una encuesta (Njaim y
otros: 22) realizada poco antes del 4F de 1992, en la que el 44% de los encuestados
opinaba que el sistema político venezolano creado por la Constitución de 1961, era
“regular”.
33
34
Causas de la crisis institucional venezolana
La crisis institucional venezolana, vista como el agotamiento del modelo político,
económico y social impuesto por la élite política fundadora de la democracia consensual
de élites, tiene sus motivaciones en la misma naturaleza de constitución del sistema
político venezolano.
La desigual distribución de la riqueza condujo a una fuerte crisis social, profundizándose
la brecha entre dominantes y dominados. El sector político mantuvo distancia con el
conflicto social en ciernes. En 1984 se produjo un intento por corregir las fallas
estructurales del Estado, cuando por decreto presidencial se crea la Comisión
Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), formada por reconocidos intelectuales
y profesionales de amplia trayectoria nacional. La COPRE produjo importantes
diagnósticos en torno a las debilidades del Estado y las propuestas para la superación de
los desequilibrios presentes. Los aportes de la COPRE abarcaron todas las áreas de
desarrollo de la nación, pero la implementación de las propuestas estuvo lejos de ser una
prioridad para la clase política en el poder, en la que hubo mucha resistencia para la
creación de la comisión y posteriormente para la ejecución de las reformas planteadas.
En esta correlación de fuerzas, la represión resulta ser la medida más efectiva para
replegar cualquier intento por vulnerar el dominio de la clase política, haciendo posible la
persistencia del conflicto social. Algunos síntomas de la desconexión se hicieron
presentes en el comportamiento político, cuando en las elecciones de 1988 se registró un
incremento en la abstención electoral histórica.
La relativamente elevada abstención en las elecciones presidenciales y
legislativas de diciembre de 1988 fue una de las llamadas de atención acerca
del malestar ciudadano: calculada sobre el universo de electores llegó a ser
del 25,3%, o sea, un 13% más que en las elecciones presidenciales de 1983.
Este resquebrajamiento inicial del rito electoral democrático fue
transformándose en una protesta silenciosa… que encontró su voz el 27 de
febrero de 1989. (Sonntag;,Maingón; 1992: 66)
El cambio en el esquema de relaciones que refleja la variación tradicional de la abstención
por el orden del 7,82% (Francés, 1990: 184) con respecto a los 20 años previos,
representa una consecuencia de la ausencia de consenso entre el Estado y las fuerzas
sociales en pugna para continuar el proyecto político, produciéndose un desequilibrio en
las relaciones entre ambos sectores. En estas condiciones, resulta indispensable un
35
reacomodo de las fuerzas políticas y sociales que buscan mantener, por una parte,
privilegios de clase y por otra parte desplazar del poder a la clase dominante. De esta
forma surgen movimientos políticos alternativos, algunos sectores de la Iglesia asumen un
rol de vanguardia y se comienza a gestar una matriz de opinión desfavorable para el
orden político vigente.
Desde una perspectiva cronológica, la crisis institucional se manifiesta de forma clara en
1989, como un momento indicativo de hechos concretos relativos a la institucionalidad
democrática de Venezuela. Las primeras señales de alarma de la crisis del sistema
político venezolano, tienen lugar durante la explosión social de febrero y marzo de 1989,
conocida como el “Caracazo” siendo el comienzo de una serie de eventos de gran
significación política.
El ascenso de Carlos Andrés Pérez por segunda vez a la Presidencia de la República,
generó muchas expectativas en relación a su primer gobierno. El derroche mostrado en
su “toma de posesión” dejó a un sector del país preocupado por el derroche mostrado en
medio de un panorama poco claro. Al mes de su ascenso al poder, el 27 de febrero de
1989, luego del aumento del precio de la gasolina y por ende del costo del pasaje para
transporte público, estalló la explosión social más dramática de la historia contemporánea
venezolana. Como parte del paquete económico aplicado, dentro del acuerdo suscrito con
el Fondo Monetario Internacional (FMI), las medidas de saneamiento económico
emprendidas por el gobierno, tuvieron un efecto de choque sobre la población, que como
lo dijo el Ex - Presidente de la República Dr. Rafael Caldera ante el Congreso Nacional el
día 01 de marzo de ese año: “No se le puede pedir sacrificio al pueblo si no se da ejemplo
de austeridad … porque decirle al pueblo que se apriete el cinturón mientras está viendo
espectáculos de derroche, es casi una bofetada; la reacción es sumamente dura”
(Caldera, 1992: 28). Esa lectura del país, de forma muy severa, cambió la realidad política
de la nación.
Este hecho fue un alerta, un indicador de la crisis institucional en curso, que ya no podía
ocultarse. El Presidente Pérez hizo esfuerzos por disminuir el daño, pero la fractura
institucional fue evidente, el discurso ya no convencía a los sectores populares. Las
medidas que fueron tomadas revelan lo inesperado de los sucesos para la clase política,
sorprendida por el comportamiento de las clases populares, una actitud coherente con el
modelo político democrático, al que Uslar se refiere como:
36
Mucho de lo que ha ocurrido en Venezuela no puede explicarse sino a la luz
de la forma muy peculiar que, debido a las circunstancias, adquirieron las
instituciones democráticas a partir de 1958, cuyo resultado ha sido la ineficacia
y la falsificación de lo que dichas instituciones hubieran tenido que ser y del
juego democrático. (Uslar, 1992: 121)
Las reacciones del sistema político venezolano, por el contrario, fueron más bien tímidas,
ante la magnitud del problema en cuestión. El proceso de descentralización político-
administrativa iniciado en 1989, fue interpretado como una reacción del sistema, una
medida de protección de naturaleza política, ante el impacto de la crisis institucional,
entendida como la poca efectividad de las reglas de comportamiento (juego) de los
actores políticos y sociales.
Esa escasa efectividad se evidenciaba en la crisis de representatividad exhibida en la
incapacidad para articular las demandas de la sociedad; el clientelismo sustituyó a la
participación y la sociedad quedó excluida de las decisiones públicas, circunstancia que la
descentralización incipiente fue incapaz de corregir. Pero más grave aún fue la renuencia
a la rectificación por parte de la clase política; la dirigencia y los partidos políticos
perdieron una oportunidad de recuperar su liderazgo luego de los sucesos de 1989. La
distancia entre la sociedad y la política se había ampliado considerablemente entre 1984 y
1989, (García Mora, 2002: 24)
Mientras el sistema mantuviese el esquema de las relaciones de poder trazado por las
bases fundacionales de la democracia, no era necesaria su redefinición, eso puede
explicar el por qué la reacción popular tomó desprevenida a la clase política. Sin embargo,
el desequilibrio quedó al descubierto, pues la revuelta se repitió además de la capital
Caracas, en otras ciudades del interior del país, surgiendo la discusión, hasta nuestros
días , sobre si hubo o no alguna organización para la movilización, porque los
comportamientos fueron similares en las distintas localidades, donde simultáneamente se
produjeron los saqueos.
El gobierno de Pérez no podía retroceder en la aplicación del paquete económico, como
parte de las medidas de ajuste exigidas por el FMI, ignorando el costo social de tales
políticas. Como siempre, una conducta tradicional en nuestra clase política, exigirle a las
clases populares, ceder en las crisis. Un comportamiento opuesto al discurso durante su
campaña presidencial, en el que adversó las políticas de los organismos financieros
37
internacionales. Las medidas de choque causaron graves desajustes en la población y en
el sistema político.
Los partidos políticos, lejos de asumir su cuota de responsabilidad, optaron por culpar a la
subversión y factores exógenos desestabilizadores, ofreciendo cambios sin ser muy
específicos. Por su parte, el Gobierno usó el aparato represivo para contener la protesta.
Todavía a estas fechas, no se sabe con exactitud cuántos fallecieron en esos tres días de
revuelta colectiva. La clase política quedó en evidencia, al no estar en sintonía con los
intereses de los sectores populares.
Por su parte, el empresariado constituyendo la principal fuente de apoyo para la
aplicación de las medidas de ajuste, al día siguiente del estallido social, decide
conjuntamente con la CTV, un aumento general de sueldos y salarios. La CTV por otro
lado, apartándose de la línea de AD, partido que ejerce influencia sobre la principal central
obrera, manifiesta su desacuerdo con el paquete de medidas, pero no logra articular un
discurso que conecte con la situación de las clases populares, resultando en una especie
de “oposición diplomática”.
La iglesia, trató de orientar su mensaje en el que predominaba la intención de la protesta
cívica, exigiendo el cese de la violencia y la voluntad real de considerar el problema social
en su verdadera dimensión. Las Fuerzas Armadas, como aparato represor, tuvo la
responsabilidad de ejercer la coerción para reprimir la revuelta y preservar el sistema.
Pero fue precisamente esa tarea la que generó contradicciones a lo interno de la
institución militar, pues el reclamo que quedó evidenciado en las causalidades de la
protesta masiva, no le era extraño al componente militar, sobre todo al que le
correspondió salir a las calles a constreñir la protesta. Y este episodio, posteriormente,
habría de ejercer influencia notable en el desarrollo de la crisis institucional venezolana.
Queda claro que tanto el Gobierno como los grupos económicos, no estaban persuadidos
de la necesidad de implementar medidas de contenido social que contribuyesen a
disminuir el impacto de las medidas económicas desfavorables para una parte
significativa de la población. Mientras los partidos, FEDECAMARAS y la CTV tenían su
propia agenda; la Iglesia y las Fuerzas Armadas, tomaron otro rumbo en relación a la
crisis existente, lo que se evidenciaría posteriormente.
38
Características de la crisis institucional venezolana
Para comprender las dimensiones de la crisis institucional, que a partir de 1989 comienza
a manifestarse con mayor claridad, es preciso verla desde su vinculación con la
naturaleza del sistema político venezolano. La ruptura de la obediencia al consenso
político, profundizó la brecha social, pues el discurso político no logró articularse con los
sectores populares, desconociendo de esta forma el pacto institucional que había
prevalecido por 30 años.
La crisis económica y su consecuente crisis social no fueron suficientes para lograr
cambios en la relación entre la clase política y los sectores populares, convirtiéndose en
una seria amenaza para la gobernabilidad democrática, la imposibilidad del sistema
institucional para canalizar las demandas y crear mecanismos eficientes para recuperar
las bases del modelo consensual.
La crisis institucional se manifiesta a través de cuatro (4) indicadores:
1.- Crisis de valores: el conjunto de principios morales y éticos que fundamentan el
ejercicio político, han resultado distorsionados en el modelo de relaciones del sistema
político venezolano. Los intereses de la clase política estuvieron por encima de los
intereses de las clases populares. La crisis de representatividad que se manifestaría a
futuro sería la consecuencia de este desencuentro, en el que el sistema perdió
credibilidad.
2.- Ausencia de liderazgo: El liderazgo en Venezuela está ligado a la naturaleza
personalista del ejercicio político, que nace del modelo caudillista que condujo a la
organización republicana. Esa influencia no ha abandonado el perfil del político
venezolano, por lo que la figura de líder está vinculada al ejercicio personalista del poder,
lejos de ser un modelo de comportamiento.
3.- Corrupción: La falta de valores morales se expresa de forma práctica, en el
comportamiento de la clase política con respecto al manejo de los recursos públicos. La
cultura del enriquecimiento ilícito hizo su aparición, en sonados escándalos de corrupción
dentro de la administración pública. La noción de riqueza, como consecuencia del negocio
petrolero, ejerció notable influencia en las ambiciones de los políticos y factores cercanos
39
al poder. El clientelismo político también encontró una forma de expresión y los casos de
corrupción, como el Sierra Nevada. En el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-
1979), se adquirió el barco "Ragni Berg", rebautizado como "Sierra Nevada", con
sobreprecio, por el orden de US$ 8 millones, por lo cual el primer mandatario fue
enjuiciado al culminar su mandato constitucional, resultando absuelto en su
responsabilidad moral y administrativa, pero con una condena política.
4.- Pérdida de legitimidad: La democracia consensual permitió que el control de la
institucionalidad estuviese en manos de la élite política: los partidos políticos,
concretamente, las cúpulas partidistas. El aparato del Estado ha sido instrumento de los
partidos políticos para resguardar sus intereses, por ello su partidización permitió ampliar
el campo de acción de la élite política. La penetración política de las instituciones
fundamentales de la democracia, hizo que la articulación de intereses de la sociedad
estuviese sujeta a formas clientelares. Eso profundizó aún más la brecha entre la clase
política y los sectores populares. Los partidos políticos comenzaron a perder
representatividad y con ello, el propio sistema político. La institucionalidad dejó de ser un
espacio legítimo, en cuanto a la aceptación de su comportamiento; la Justicia, el
Congreso eran objeto de permanente crítica para la sociedad. Las garantías democráticas
que ofrecía el sistema político, fueron sustituidas por la desconfianza y el cuestionamiento
hacia las instituciones políticas.
Estas características reflejan el agotamiento de un modelo relacional, en el cual la élite
política perdió su capacidad para conducir a la sociedad, al haber privilegiado la defensa
de sus intereses por encima de los de las clases populares. Las políticas para corregir
estos desequilibrios: el proceso de descentralización político-administrativa y la elección
directa de Alcaldes y Gobernadores (1989), con el tiempo, demostrarían ser insuficientes.
El proceso de descentralización, iniciado con la promulgación de la Ley Orgánica de
Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias, (Gaceta Oficial 4153,
diciembre de 1989) tuvo un desarrollo limitado, debido a que el poder central mantuvo
resistencia a su desarrollo, produciéndose una descentralización política, administrativa y
territorial, más no financiera. La descentralización fue el instrumento político utilizado para
recomponer la fragmentada institucionalidad, luego de los sucesos de febrero y marzo de
ese mismo año.
40
La elección directa de Alcaldes y Gobernadores en diciembre de 1989 permitió por
primera vez escoger a los mandatarios regionales y locales, una atribución que había
pertenecido al mandatario nacional. Este cambio fue parte de la propuesta de reforma del
Estado desarrollada desde la COPRE, que hubo de ser adelantada dada la coyuntura
política. En estas elecciones ocurrió un fenómeno indicador de la grave crisis que se
avecinaba, la abstención electoral se ubicó por el orden del 55% (Sonntag y Maingón,
1992: 69), reflejando el deterioro de la relación entre la clase política y los sectores
populares.
La abstención podía interpretarse como una respuesta al sistema, una muestra de
desconfianza, pero en todo caso la falta de credibilidad en el mismo, se fue acentuando.
Por otra parte, la política económica no tuvo mayor variación, se iniciaron procesos de
privatización, entre los más importantes están los de la Compañía Anónima Nacional de
Teléfonos de Venezuela (CANTV) y Venezolana Internacional de Aviación Sociedad
Anónima (VIASA), seriamente cuestionados por algunos sectores adversos a la
implementación de las medidas económicas del segundo gobierno de Pérez. El déficit
fiscal era sujeto de corrección a través del mecanismo de devaluación de la moneda y la
reducción del gasto social, por lo que las cuotas de sacrificio se le endosaron a las clases
populares; un alto índice inflacionario además de bajos sueldos, servicios públicos
básicos: educación y salud, deficientes, configuraron un cuadro de severa crisis que
ameritaba una redefinición en la dinámica de las relaciones Estado-Sociedad.
Las políticas para corregir estos desequilibrios estructurales, no fueron más que tímidas
respuestas coyunturales, la élite política negó toda posibilidad para reformas s
profundas. Algunos sectores intelectuales y no gubernamentales generaron graves
cuestionamientos hacia el estado y la clase política. La advertencia giraba en torno a la
inminencia del agotamiento del modelo de relaciones, como preludio del caos, cuyo
anticipo había sido el Caracazo, y que podía desencadenar un golpe de Estado. En 1991
un grupo de intelectuales, denominado Los Notables, integrado por Arturo Uslar Pietri,
Ernesto Mayz Vallenilla, Miguel Ángel Burelli Rivas y José Vicente Rangel, entre otros,
advertían de la precariedad de la democracia venezolana, haciendo énfasis en la
necesidad de tomar medidas de emergencia. La gravedad de la crisis política era
indudable, entre otras cosas por el vacío de poder producto de la pérdida de apoyos
políticos del presidente Pérez, no sólo se oponían organizaciones políticas, sino sectores
dentro de su mismo partido AD, el sector económico no estaba en sintonía con el
41
régimen, a excepción del sector financiero, beneficiario del paquete económico. La CTV y
la Iglesia hacían presión para exigir medidas que solventaran la pesada crisis social,
responsable de la tensión política en el país.
Las manifestaciones y huelgas registradas en el año 1991 fueron 727 y en 1992 llegaron
a 987 acciones callejeras (Romero, 1993: 152); por ello la represión fue recrudeciendo y
la situación del país llegó a extremos serios en relación al conflicto social, resultaba
insostenible, para los sectores involucrados.
Los casos de corrupción dejaban claro el distanciamiento entre la clase política y las
clases populares, la desconfianza en la administración de justicia se profundizaba ante la
debilidad en castigar el comportamiento de funcionarios públicos involucrados en hechos
dolosos3. Mientras se agravaba la situación, se evidenciaba la desconexión del discurso
del Gobierno de las necesidades de las clases populares, al no producirse decisiones
inmediatas de soporte a la difícil situación económica de los sectores más desprotegidos.
Es la misma falsificación de las instituciones democráticas la que contribuyó a que se
ampliara la brecha entre la dirigencia política y las clases populares. (Uslar, 1992: 121)
3 Un ejemplo de ello lo fue el caso de los 65 vehículos rústicos, marca Jeep adquiridos por el Ministerio de
Relaciones Interiores, destinados a la Casa Militar y que fueron entregados al partido de gobierno AD,
incurriendo en los delitos de peculado doloso y peculado culposo, por los cuales resultaron inculpados
funcionarios del Gobierno de Jaime Lusinchi.
http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/venezuela/jaime_lusinc
hi. El propio presidente Pérez abandonaría el poder ante otra acusación de corrupción.
42
Efectos socio políticos de la crisis institucional
En estas condiciones de desequilibrio, se produce la primera de dos insurrecciones
militares de 1992. Las advertencias sobre la posibilidad de un golpe de Estado habían
sido consistentes con “malestares” a lo interno de la institución militar, en el año 1991.
Algunos sectores habían alertado sobre la salida violenta de no haber cambios en la
conducción política del país. El llamado a una rectificación política, sobre todo después
del Caracazo, fue desatendido, conduciendo a la situación propicia para una insurrección
militar.
La intentona golpista ejecutada por el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-
200) el 4 de febrero de 1992, generó una movilización importante, por sus repercusiones
en el escenario sociopolítico fueron considerables: por una parte la acción militar
profundizó la fractura del régimen político, al dejar al descubierto la ruptura con la
institución militar, aliado fundamental en la democracia consensuada.
El basamento político del Gobierno de Pérez se resquebrajó y con ello los supuestos del
pacto institucional que había permanecido vigente, con altibajos, en los últimos 34 años.
La tarea para la élite política era la reconstrucción del sistema político, por medio de un
nuevo consenso, considerando las expectativas de los sectores involucrados.
La crisis política fue percibida como un problema que la élite en el poder no estaba en
capacidad de resolver. Los poderes públicos estaban siendo cuestionados por su escasa
asertividad en las respuestas. La sobrecarga de demandas al sistema, acosado por la
pérdida de legitimidad, representatividad y credibilidad, no fueron suficiente para producir
un cambio en el comportamiento de los partidos políticos, más preocupados por mantener
su privilegios de clase.
La crisis económica se agudizaba, las medidas implementadas habían erosionado
considerablemente la calidad de vida del venezolano, tomando en cuenta que la carga de
los ajustes recayó sobre los sectores populares, ignorando el costo social que esto
representaba. La renta petrolera no era suficiente para soportar la alta tasa inflacionaria,
la devaluación de la moneda nacional y la pérdida de poder adquisitivo.
43
La crisis social era un reflejo de la misma crisis institucional, de la precariedad de valores
exhibidos en la conducción política de la nación y de la crisis económica, propiamente. La
ausencia de espacios de articulación de demandas; los bajos sueldos y salarios, el
desempleo; la inflación y los servicios públicos deficientes, provocaron en los sectores
populares el rechazo al orden político en crisis.
La acción golpista tuvo justificación en la incapacidad del Gobierno y la clase política para
tomar medidas eficientes en respuesta a la crisis institucional de la democracia
venezolana. Los insurrectos, se adjudicaron la responsabilidad de subvertir el orden en
cuestión, enarbolando banderas ideológicas de inspiración patriótica, inspiradas en Simón
Bolívar, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez.
Los efectos de esta incursión militar los podemos ver desde las siguientes dimensiones:
1.- Partidos Políticos: Al igual que el 27 de febrero de 1989, para la dirigencia política, el
4F fue inesperado. Su comportamiento estuvo más orientado a maniobras para preservar
sus intereses, que lograr la definición de políticas dirigidas a corregir las fallas
estructurales del sistema político en crisis. Los partidos políticos se distanciaron de su rol
de articulador de las demandas de la sociedad, y en lugar de reconstruir su liderazgo,
profundizaron la brecha con los sectores populares.
Los partidos políticos del statu quo condenaron la intentona golpista, acusando a los
militares comprometidos, de criminales interesados en la instauración de un régimen
dictatorial, violando la constitucionalidad democrática. En AD (partido de Gobierno) el
discurso estuvo desorientado; en el Congreso Nacional, en una sesión especial para
acordar el Decreto de Suspensión de Garantías, se produjo un debate iniciado por el
Senador Vitalicio Dr. Rafael Caldera (COPEI). Su intervención estuvo motivada por la
necesidad de hacer una reflexión sobre los hechos, destacando la gravedad del momento,
no por la crisis, que sería redundante, sino porque:
… esto es lo que más me preocupa y me duele, que no encuentro en el
sentimiento popular la misma reacción entusiasta, decidida y fervorosa por la
defensa de la democracia que caracterizó la conducta del pueblo en todos los
dolorosos incidentes que hubo que atravesar después del 23 de enero de
1958. (Caldera, 1992: 37)
44
En una posición contraria, el Senador David Morales Bello (AD) acusó fuertemente a los
insurrectos, señalando que su intención era la de asesinar al Presidente de la República,
pidiendo la muerte para los golpistas. El partido COPEI condenó la asonada, coincidiendo
con el intento d magnicidio. El MAS siguió la línea de los partidos tradicionales, señalando
que el intento de golpe ha ocasionado un grave daño al país, fracturando la unidad de las
Fuerzas Armadas. La CAUSA R también censuró la intentona, pero de igual forma se
pronunció por la necesidad de rectificar las políticas económicas y sociales, apoyando el
diputado Aristóbulo Istúriz las palabras de Caldera, al igual que el PCV. El Gobierno por
su parte, centró su discurso en el intento de asesinar al Presidente, calificando a los
golpistas de mercenarios que pretendían sustituir el régimen democrático por un gobierno
autoritario (Sonntag-Maingón, 1992: 23). Posteriormente, la posición del Ejecutivo fue la
de acusar a los rebeldes de haber atentado contra la Constitución y las leyes.
2.- Empresariado: La posición de FEDECAMARAS, CONINDUSTRIA, FEDEINDUSTRIA,
Asociación Bancaria, Cámaras Binacionales y grupos privados; salvando sus diferencias,
manifestaron una postura de defensa del régimen democrático, que es el único que puede
garantizar el libre juego económico. El sector le dio apoyo al gobierno y en consecuencia,
a las medidas económicas, por considerarlas necesarias para recuperar la estabilidad
económica del país.
3.- CTV: La posición de la central obrera fue seguir la línea partidista (AD), condenando
el intento de asesinato del Presidente y el golpe de Estado frustrado, señalando a los
golpistas de antidemocráticos. Destacaron la necesidad de emprender cambios de para
preservar el régimen democrático.
4.- Iglesia Católica: Cumpliendo una misión de vocería nacional, en un país
predominantemente católico, la Iglesia Católica asumió su rol de fuerza moral. La
jerarquía eclesiástica, a través de la Conferencia Episcopal Venezolana, máximo órgano
de la institución católica, sostuvo la necesidad de mantener el régimen político
democrático, señalando la urgencia de revisar sus principios rectores, haciendo énfasis en
la necesidad de alcanzar el desarrollo social para superar la depresión social, convocando
a la clase política para asumir ese compromiso.
5.- Fuerzas Armadas Nacionales: La intentona golpista puso al descubierto la fractura
interna de la institucionalidad militar. La oficialidad intermedia, comprometida en la
45
asonada, desconoció la autoridad del Alto Mando Militar al sublevarse contra los poderes
constituidos. Además de la falta cometida, se encontraba vulnerado el honor de las
Fuerzas Armadas. El Ministro de la Defensa, Fernando Ochoa Antich rechazó los
calificativos generalizados hacia la institución militar, pues se trataba de un sector que no
la totalidad de las Fuerzas Armadas, las que habían participado en la rebelión militar,
reiterando su compromiso en la defensa de la democracia.
6.- Sectores Populares: La mayoría del pueblo venezolano observó la insurrección
armada de forma pasiva. No hubo manifestaciones a favor de los rebeldes, pero tampoco
hubo condena masiva. La intentona ocurre en un momento de profundo conflicto social,
en el que se esperaba una salida. Lo que más sorprend a los científicos políticos y
sociales, fue la apatía del pueblo ante la rebelión.
Los hechos que sucedieron al 4F reflejaron en gran medida la desorientación del
Gobierno y los partidos políticos, para asumir el control de la situación. En un principio el
discurso oficial empleó la descalificación para minimizar el impacto de la acción del MBR-
200, en la figura del Tte. Cnel. Hugo Chávez Frías. Las Fuerzas Armadas fueron objeto de
una cacería de brujas, en medio de la Suspensión de Garantías vigente; hubo
persecución de figuras de la lucha subversiva de la década de los 60; fueron allanados
medios de comunicación como la Revista Zeta y el diario El Nacional; la censura y
autocensura de medios de comunicación: El Diario de Caracas, Economía Hoy (SIC,
542: 62).
Un hecho que vendría a agudizar la tensión en el ámbito militar, fue el pronunciamiento de
los oficiales militares en situación de retiro. En un documento publicado en un diario de
circulación nacional señalaron la incapacidad de la dirigencia política para combatir la
corrupción… en fin, que se cumplan los postulados que la Constitución y las leyes del
país establecen…” (Documento público, Diario el Nacional, 07/02/1992, Nº 1179). No se
trataba de la justificación de la sonada, por el contrario, la intención era la de
responsabilizar a la clase política dirigente, por su incapacidad para la conducción política.
La amenaza latente de nuevas incursiones militares, para romper el hilo constitucional,
obligaron al Ejecutivo a tomar medidas de emergencia:
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El 26 de febrero de 1992 el presidente Pérez juramentó al Consejo Consultivo, formado
por Pedro Pablo Aguilar, Ruth de Krivoy, Domingo Maza Zavala, José Melich Orsini,
Pedro Palma, Pedro Rincón Gutiérrez, Julio Sosa Rodríguez y Ramón J. Velásquez,
quienes se encargaron de realizar un estudio de emergencia sobre los correctivos a
implementar para resolver los problemas fundamentales del país (Diario El Nacional,
20/03/1992, Nº 1192).
El documento contemplaba medidas en los siguientes órdenes:
a.- Carácter ético-moral: Corrupción
b.- Reforma Constitucional
c.- Reconstrucción de las Fuerzas Armadas: bienestar interno.
d.- Reforma Judicial: saneamiento
e.- Problemas limítrofes
f.- Crisis económica y social: recuperación, mejor redistribución.
g.- Educación
h.- Salud
i.- Descentralización: estimulación
j.- Servicios Públicos: mejoramiento
El 10 de marzo se produjo un acuerdo entre AD y COPEI, en el que se estableció el
ingreso de miembros del partidos socialcristiano al Gabinete: Humberto Calderón Berti
(Ministerio de Relaciones Exteriores) y José Ignacio Moreno (Fondo de Inversiones de
Venezuela), partidarios de las medidas económicas iniciadas (Sonntag-Maingón, 1992:
54). El acuerdo se rompió en junio de ese mismo año, debido al daño que le estaba
ocasionando a COPEI el acompañamiento del Gobierno de Pérez, que en principio la
intención había sido como mecanismo de conciliación.
Los ingresos por concepto de las privatizaciones le permitieron al Gobierno destinar
recursos, por el orden de los 4 mil millones de dólares, para la ejecución de un
megaproyecto social que comprendería los sectores educación, salud y otros servicios
públicos. Estas medidas fueron interpretadas como movimientos de la clase política para
ganar tiempo, pues ni las observaciones del Consejo consultivo fueron aplicadas, ni el
megaproyecto social contribuiría por sí solo a resolver la grave crisis.
47
A partir de ese momento, comenzó a generarse una matriz de opinión presionando para la
salida del Presidente de la República. Intelectuales de la talla de Uslar Pietri, políticos
como Caldera, le solicitaron a Pérez que permitiera con su salida del poder, iniciar la
reconstrucción del país, haciéndose eco de la misma, otros sectores importantes. La
opinión pública era partidaria de la separación del cargo del Presidente, de acuerdo a la
encuestadora Omnimagen, el 70% de los venezolanos estaba de acuerdo con su renuncia
(Diario El Nacional, 20/05/1992).
La realización de una urgente reforma constitucional fue ampliamente recibida,
generándose una movilización en torno a la posibilidad de convocar una Asamblea
Constituyente. Los cambios estaban planteados, pero era necesaria la voluntad política
para hacerlos operativos. La Comisión Bicameral del Congreso, presidida por el Dr.
Rafael Caldera, ofreció un proyecto de Reforma Constitucional donde se contemplaba
entre otros cambios, la figura del Referendo Revocatorio del mandato político.
Sin embargo, estando aún frescas las imágenes del intento golpista de febrero, el 27 de
noviembre de 1992 se produce una nueva insurrección militar, esta vez protagonizada por
un sector de Armada y la Aviación, organizado como el Movimiento 5 de Julio. Los
rumores de golpe no habían cesado en los meses siguientes al 4F, retomando los
golpistas los mismos reclamos de quienes les antecedieron, diferenciándose en la
naturaleza de su organización. En esta oportunidad participaron oficiales de alta
graduación, conjuntamente con civiles que se confabularon para intentar derrocar el
Gobierno de Pérez, sin embargo esa podría haber sido la debilidad de su incursión
golpista, pues el Gobierno conocía de los planes de este movimiento insurreccional,
gracias a delaciones que le permitieron estar prevenido.4
Los cabecillas del M5J fueron: Contralmirante Hernán Gruber Odremán, Contralmirante
Luis Cabrera Aguirre, General Francisco Visconti Osorio y Coronel Higinio Castro. Los
argumentos de los alzados en armas fueron fundamentalmente los problemas del país: la
crisis social, la degradación de las instituciones democráticas, la injusticia y el rechazo al
Gobierno del Presidente Pérez. Su posición fue la de asumir la responsabilidad de
defender el orden constitucional “… violado sistemáticamente por el Gobierno de Pérez.”
(Gruber, 1993: 135)
4 Los insurrectos tenían unos videos para transmitir por la televisión estatal y estos fueron sustituidos por uno
de Hugo Chávez y otro de unos civiles, desvirtuando su acción comunicacional.
48
Este movimiento insurreccional fue mucho más violento que el del 4F, pues estando el
Gobierno alertado, hubo capacidad de respuesta, llegando al extremo del ajusticiamiento
como lo señala Gruber, en el caso del Teniente Luis Magallanes, al mando de un Bronco
que fue derribado, estrellando la aeronave contra la pista del aeropuerto La Carlota
(Caracas) para evitar mayores daños, “salvó su vida eyectándose, y sin embargo le
dispararon cuando descendía en paracaídas…” (Gruber, 1993: 156), violando claramente
el Convenio de Ginebra. Se produjeron ataques contra el Palacio de Miraflores, la Escuela
de Aviación de Maracay y la sede de la Dirección General Sectorial de los Servicios de
Inteligencia y Prevención (DISIP) en el Helicoide; en líneas generales fue una acción
agresiva que no encontró respaldo en la población. El enfrentamiento aéreo fue cruento y
las imágenes civiles influyeron de forma negativa en la percepción de la población
respecto a la insurrección militar, en lo cual el Gobierno tuvo capacidad de influir. La
DISIP encontró que “la Unidad de la Guardia Nacional que recuperó el Canal 8,
Venezolana de Televisión (VTV), hizo un uso excesivo de la fuerza, provocando con ello
la muerte a personal presuntamente rendido, tal como lo demostraron los disparos de
“gracia dados en la cabeza al personal fallecido” (Gruber, 1993: 240).
Las reacciones del Gobierno ante la intentona fueron agresivas: se produjeron
detenciones de miembros del Frente Patriótico y de Los Notables: Manuel Quijada y José
Antonio Cova. Las persecuciones se intensificaron, por lo que se generó un clima de
tensión interna en las Fuerzas Armadas.
Los partidos políticos rechazaron la intentona golpista y la incitación a la violencia, siendo
su principal preocupación la realización de las elecciones regionales del 6 de diciembre.
La posición de FEDECAMARAS fue de condena a la insurrección militar y su respaldo al
sistema político democrático. La CTV reiteró su defensa del régimen democrático,
rechazando cualquier intento de violentarlo. La Iglesia Católica hizo un llamado a la
rectificación y a la paz social.
Los efectos generados por la insurrección fueron utilizados por el gobierno para promover
una campaña de estímulo al voto, sin embargo, el índice de abstención electoral estuvo
por el orden del 65% (Rangel, 1993: 1-5). Las acusaciones de fraude fueron numerosas,
y hubo que efectuar en 1993 la repetición de varios procesos, entro otros, en los estados
Lara y Barinas, luego de arduas luchas y decisiones de la Corte Suprema de Justicia.
49
La crisis política continuó agravándose, aún mucho más con la acusación hecha al
Presidente Pérez de haber obtenido dólares preferenciales, con 250 millones de bolívares
provenientes de la partida de gastos de seguridad del Ministerio de Relaciones Interiores,
a través de una operación de la oficina del Régimen de Cambios Diferenciales (RECADI).
Esta denuncia, efectuada el 12 de marzo por el Fiscal General de la República, Dr.
Ramón Escovar Salom, desencadenaría una investigación que finalmente el 20 de mayo
de 1993, luego de muchas presiones, la Corte Suprema de Justicia aprobó la solicitud de
enjuiciamiento al Presidente Pérez, al hallar méritos suficientes, con una votación de 9 a
favor y 6 abstenciones.
El Presidente Pérez fue sustituido temporalmente por el Presidente del congreso, Dr.
Octavio Lepage, mientras las fuerzas políticas acordaban quién sería el encargado de
finalizar el período constitucional. El escogido fue el Senador, Dr. Ramón J. Velásquez,
del partido AD, juramentado el 5 de junio de 1993, cuya imagen y trayectoria daban
garantías de la integridad necesaria para cerrar ese capítulo de la historia venezolana. El
principal objetivo de Velásquez era devolverle la tranquilidad y la confianza al país luego
de las tensiones vividas desde el comienzo de ese período presidencial, de forma que se
pudiese conducir a la población a los comicios electorales del 5 de diciembre.
Los rumores de nuevos intentos golpistas acompañaron la presidencia interina, tanto que
el escepticismo que rodeaba la realización de las elecciones presidenciales era evidente.
El triunfo de Rafael Caldera, significó un motivo de esperanza de recomposición social, ya
en su primer gobierno le correspondió la pacificación del movimiento guerrillero
venezolano y la inserción de los guerrilleros a la vida nacional. La historia lo volvía a
colocar en la tarea de estabilizar a la nación, esta vez con la reconstrucción de la
institucionalidad militar. Sin embargo, al igual que las expectativas que se tuvieron con
Pérez de reeditar una versión de la bonanza de su primer gobierno, Caldera tampoco
logró la tan anhelada recomposición social e institucional.
El deterioro continuó en aumento, porque la sociedad al no encontrar los canales de
participación -secuestrados por los partidos políticos- que le permitieran manifestar su
posición, tuvo que resignarse a un papel intermitente en cada elección nacional, regional y
local.
50
A pesar de los esfuerzos de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado
(COPRE), por ofrecer la visión de un país moderno al cual aspirar, el sistema político se
resistió a cambios verdaderamente profundos, apenas permitió la elección directa de
alcaldes y gobernadores, el inicio del proceso de descentralización y la elección
uninominal, que para muchos son mecanismos de defensa generados por la crisis de
1989 más que apertura a espacios de participación política.
En el año 1993 es cuando ocurre el detonante de la crisis del sistema político venezolano,
al producirse la ruptura del bipartidismo y un aumento considerable de la abstención como
manifestación política, situándose alrededor del 40% (Duhamel y Cepeda, 1997:307).
Es entonces que con la desaparición del bipartidismo, materializada en la reelección de
Rafael Caldera en 1993, quien habiendo sido uno de los pilares fundamentales del
modelo de Estado de Partidos, rompe con COPEI, para lanzarse a la candidatura
presidencial con otra tolda política, CONVERGENCIA, una organización formada por la
disidencia socialcristiana, contando con el respaldo de otros partidos de izquierda, como
el Movimiento al Socialismo (MAS), obtiene la primera magistratura con el 30% de los
votos, (Duhamel y Cepeda: 307), marcando el final de la partidocracia, como modelo
político.
Sin embargo, aunado a ello, las razones de la crisis política venezolana, se pueden
encontrar en la modificación de las condiciones básicas del orden democrático
establecido, que interpretando el esquema de Rey, citado por Kornblith (1996:2) se
reduce a la crisis del modelo rentista, la crisis del modelo de representación y de
legitimidad y la crisis de los mecanismos de generación de consenso y canalización del
conflicto, lo que condujo al deterioro de las expectativas de bienestar colectivo que había
garantizado una abundante renta petrolera, que al no encontrar respaldo en las
organizaciones políticas para la canalización y expresión de las demandas, generó serios
desajustes al modelo democrático, que sigue siendo considerado como el sistema
predominante, según señala Latinobarómetro (2005:48), al colocarse en 7, 6 en una
escala del 1 al 10.
Entre otras razones, la forma errática como la clase política manejó su pérdida de
legitimidad para marzo de 1990 los partidos políticos tenían un rechazo de 56%,
manteniéndose por encima de esta cifra a lo largo de 1991- (Njaim et al., 1998:17), fue lo
51
que permitió abonar el terreno para la ruptura definitiva con el modelo político que había
prevalecido hasta 1993.
Ello explica las medidas desesperadas de alianzas a última hora para las elecciones de
1998, que no hicieron sino mostrar la debilidad del liderazgo político para confrontar un
discurso agresivo que recriminaba a los partidos políticos su responsabilidad en la crisis
del país.
Es por ello que el triunfo de Hugo Chávez, (1998-hasta la fecha) resume el rechazo del
país por un modelo de hacer política que pareciera haber tomado distancia de las
necesidades colectivas. Con una participación electoral de 6.988.291 electores, Chávez
obtuvo el triunfo con 3.971.239, ubicándose la abstención en 36.24% (Molina y Álvarez,
2004:43)
Sin embargo, la llegada de Chávez a la primera magistratura nacional generó amplios
temores y expectativas. Para muchos fue un castigo, para otros la esperanza de un
cambio. El proyecto político del presidente comenzó por sustituir la Constitución de 1961,
conduciéndonos por una serie de procesos de consulta que garantizaran la legitimidad de
las medidas a tomar: el Referéndum Consultivo del 25-04-99, el Referéndum Aprobatorio
del 15-12-99, y las Elecciones Presidenciales de 2000, en las que se produjo un ligero
aumento de la abstención, colocándose en 43.5% (Molina y Álvarez, 2004:44).
En estas circunstancias, los partidos políticos, que fueron convertidos en el blanco de las
críticas del proyecto revolucionario, se encontraron desarmados ante su nivel de
aceptación. La pérdida de legitimidad de las organizaciones políticas es el resultado de su
distanciamiento de los intereses colectivos, en el que el proceso político revolucionario
sólo actuó como catalizador.
De allí que, algunas figuras de la clase política tradicional, intentaran retornar a la escena
a través de la Coordinadora Democrática, órgano multirepresentativo de los intereses
políticos en oposición al gobierno de Chávez, sin embargo, la renuencia del liderazgo
tradicional de renovarse ha llevado al sistema político a transitar los caminos de la
desinstitucionalización. (Molina y Alvarez, 2004).
52
Características de la crisis militar venezolana
El 4 de febrero de 1992, el 27 de noviembre de 1992, al igual que el 27 de febrero de
1989, son respuestas desarticuladas que produjeron algunos sectores sociales excluidos
ante la actitud del poder político de desconocer su derecho a la participación y a la
satisfacción de sus necesidades mínimas. Las Fuerzas Armadas, a pesar de que forman
parte del aparato represivo del Estado, están compuestas por miembros de los sectores
populares. Sus necesidades y problemas son los mismos del sector civil: acceso a
vivienda, baja remuneración, crisis económica entre otros.
Por otra parte, el descontento de algunos sectores de las Fuerzas Armadas empezó a
manifestarse a raíz de los sucesos del 27 de febrero de 1989. La institución militar fue
utilizada para reprimir la protesta de un pueblo agobiado por la crisis económica; los
mismos padecimientos de los soldados que salieron a combatir a las masas enfurecidas,
“… debemos recordar que nuestras Fuerzas Armadas surgen del pueblo, y en un sentido
muy nítido pertenecen al pueblo…” (Alliegro, 18/02/90, Diario Últimas Noticias) La
violencia de los hechos produjo una intensa reflexión en la oficialidad alta e intermedia,
que posteriormente se manifestaría en las dos insurrecciones.
El malestar radicaba en que las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a reprimir al pueblo
que protestaba por las fallas del sistema; una situación ocasionada por la incapacidad de
la clase política para atender sus responsabilidades. Esa manipulación le hizo mucho
daño a la integridad de la institución.
Los Movimientos Bolivariano Revolucionario 200 y 5 de Julio nacen como consecuencia
de los excesos de la élite en el poder. Las Fuerzas Armadas Nacionales, por mandato
constitucional, según reza el artículo 132 (Constitución Nacional, 1961):
…Forman una institución apolítica y no deliberante, organizada por el Estado
para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones
democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento
estará por encima de cualquier otra obligación. Las Fuerzas Armadas
Nacionales estarán al servicio de la República, y en ningún caso al de una
persona o parcialidad política.
El MBR-200 y el M5J argumentaron, independientemente de sus concepciones
ideológicas [el primero nacionalista y el segundo populista] como causales de sus
pronunciamientos, el incontenible deterioro político, moral, social y económico del país.
53
Sin embargo, las verdaderas razones de la crisis militar que se ha venido manifestando
en el seno de las Fuerzas Armadas están en la intromisión del poder político en su
organización. Las causas de las insurrecciones son claras, pero el fraccionamiento de la
unidad institucional es responsabilidad de la clase política.
La pauta del Pacto de Puntofijo fue lograr, además de la institucionalización democrática
de las Fuerzas Armadas, controlar sus movimientos. La consolidación de la democracia
representativa en nuestro país descansó sobre la base del clientelismo político, y de esa
subordinación no escapó la institución armada. Es en esa figura donde debemos
encontrar la raíz de la brecha que se manifiesta entre la cúpula militar y el resto de la
oficialidad, situación que quedó al descubierto con las dos rebeliones de1992.
La clase política venezolana, en su proceso de consolidación, necesitaba ampliar su
campo de acción. El sistema político estaba fundamentado precisamente en las
organizaciones políticas, representantes de las clases populares, en teoría. Su presencia
en todas las instancias del aparato burocrático le permitían avanzar en su accionar
político: controlar totalmente el poder político. Para ello se aseguraron que el componente
armado de la nación: las Fuerzas Armadas Nacionales, asumieran una actitud de
subordinación al poder público. Con esa garantía, los intereses particulares de la clase
dominante estaban resguardados.
El acercamiento de los partidos políticos con la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas
obedece a dos factores relevantes: la desconfianza y la necesidad de permanecer en el
poder. Esta relación se materializa a través de acciones específicas:
Los partidos AD y COPEI y en menor escala el MEP, MAS y URD han tratado
entonces de obtener adeptos para la consolidación del control único de los
diversos grupos de interés, además de la cuota de poder que pueden en efecto
aplicar sobre el componente militar, decidiendo sobre la designación de
ubicación relevante, la cúspide militar, con el industrial y proveedor de material
de guerra, facilitando campañas de desinformación en pro o en contra de
acuerdo a sus intereses sobre determinados asuntos militares o paramilitares,
además de la imposición de leyes que de alguna manera se convirtieran en
controles primarios sobre el estamento militar (Machillanda, 1988: 176)
De esta manera, el sector político elimina la amenaza de una nueva incursión militar en la
conducción del gobierno nacional, además de que garantiza su permanencia en el poder.
Con el tiempo la naturaleza de las relaciones del sector político con algunos sectores de
54
la alta oficialidad, se institucionalizaría de tal manera que la influencia del factor partidista
llegó a ser determinante en la conformación del Alto Mando:
Los partidos de gobierno y cogobierno se imaginaron que favoreciendo a las
cúpulas militares de las Fuerzas Militares, las cuales a su vez no surgían de la
meritocracia militar sino de la adhesión y el elitismo político impuesto por el
puntofijismo gobernante, se conseguiría el máximo control militar…
El partidismo se empeñó… en imponer el carácter discrecional del Presidente
de la República en los ascensos. El partidismo aberrante, torpe e ignorante se
había propuesto ponerle grupo-fecha-hora al pronunciamiento de algún grupo
de militares profesionales con claro sentido de su ética profesional, de su
responsabilidad ante el país y conscientes de que su primera y básica
responsabilidad era, antes que nada, la República. (Machillanda, 1993: 70-73).
La agresión sistemática a la integridad y dignidad de las Fuerzas Armadas y la poca
autoridad de algunos miembros de la alta oficialidad generaron en el resto de la
institución un gran malestar:
Cuando los cuadros medios y bajos de las Fuerzas Armadas observan que sus
superiores no cumplen con sus responsabilidades y ven cómo se diluye la
misión de la institución consagrada en la Carta Magna y las leyes de la
República, surge la frustración, comienzan los rumores y finalmente retumban
los cañones (Elio García Barrios, general retirado, entrevistado por Beglis
Alfaro del Diario El Globo, citado por Wanloxten, Castellanos y Delpretti, 1992:
7)
El poder político penetra y alcanza tal grado de influencia y control sobre la
blandengue cúpula militar, es decir, el Ministro y los cuatro comandantes de
fuerza, que en el cuadro de oficiales medios surge la incertidumbre, luego la
duda y se termina en la frustración. (Machillanda, 1993: 58)
Dicho sentimiento se hizo más intenso con los sucesos de febrero de 1989. La clase
política llevó al país a una crisis insostenible y cuando decide actuar, la salida es emplear
la violencia, reprimir, utilizando para ello a las Fuerzas Armadas; es decir, que el
liderazgo sale al paso de un problema creado por su incompetencia, utilizando a los
militares, convirtiéndolos en policías. Allí resulta cuestionada la función de las fuerzas
castrenses en la democracia venezolana.
Los partidos políticos se habían propuesto neutralizar a las Fuerzas Armadas, sin contar
con un elemento de gran trascendencia: la profesionalización de su componente y eso
fue lo que le permitió a un amplio sector de nuestra Institución Militar rechazar la
intromisión del poder político.
55
Con la profesionalización, la educación universitaria le dio otro perfil al militar venezolano;
ya no era solo un técnico-militar, sino un profesional con criterio. Ese nuevo rasgo
contribuyó a que en el seno de las Fuerzas Armadas se produjera una brecha entre la
cúpula militar y el resto de sus componentes. La alta oficialidad, tan cercana a los círculos
partidistas, fue perdiendo su autoridad, entendida como la capacidad (tanto material
como moral) para hacerse obedecer, de su investidura, ante su poca voluntad para
ponerle freno a los exabruptos que la clase política estaba cometiendo contra la nación, y
que el resto de la oficialidad pudo detectar.
Esa brecha se fue haciendo cada vez más grande, sobre todo cuando la corrupción
apareció en el orden interno de la institución. Si la dirigencia política ha hecho de la
corrupción una conducta, su influencia habría de generar efectos similares en los
sectores militares que controlaba. El hecho de que los ascensos dependieran de la clase
política determinó que en algunos de los componentes de las Fuerzas Armadas, la vía
más idónea de escalar la jerarquía militar fuese la sumisión a una tolda política.
La corrupción ha invadido a las Fuerzas Armadas Nacionales, como lo
demuestra la alarmante cantidad de hechos reñidos con la moral y la ley,
favorecidos con la intromisión de la política en su seno, rompiendo el principio
básico que nutre la disposición al sacrificio que todo militar debe ofrendar a su
patria: el mérito.
Se ha llegado a convencer al militar… que el apoyo político, y no la conducta,
la ética y la capacidad, es indispensable para los ascensos en particular en los
grados más elevados. Esto ha causado una honda desmoralización en
nuestras FF.AA… (Gruber, 1993, p. 182)
Esa desmoralización la sintieron los subordinados que vieron a la jerarquía militar
plegada a los intereses de sectores políticos. Los casos de corrupción interna por la
compra de armamento habían sido escandalosos, pero más aún, por el desprestigio en
que colocan, una minoría, a la totalidad de las fuerzas que conforman la Institución
Militar. En estas condiciones, el respeto hacia la superioridad se hacía muy difícil y por lo
tanto, el mantenimiento de la autoridad, sobre todo por el deterioro de las condiciones
económicas que había alcanzado a amplios sectores de las Fuerzas Armadas, en
contraste con el alto poder adquisitivo de la élite militar cercana al poder.
En épocas pasadas, la oficialidad gozaba de beneficios socioeconómicos respetables,
pero la crisis global que afectaba al Estado venezolano, no excluyó a las Fuerzas
56
Armadas. Quizás esa haya sido una de las tantas razones que motivaron a sectores
minoritarios a obtener mejoras por vías no legítimas.
Hoy en día la oficialidad, por debajo del rango de coronel, vive por primera vez
en el estrechamiento de sus condiciones de vida. … Los oficiales hasta el
grado de coroneles no pueden disponer de casa o apartamento propio. Les es
extraordinariamente difícil poseer un carro o darle educación privada a sus
hijos. (Wanloxten, Castellanos, Delpretti, 1992: 121)
Inclusive, la situación llegó a ser tan precaria, que la dotación de las tropas se presentaba
insuficiente. La indiferencia de la alta jerarquías reflejaba el grado de corrupción moral
que había alcanzado a la Institución. Se les exigía a los oficiales subordinación, mientras
se les vejaba en su dignidad de hombres de armas, esas armas que reprimían cuando las
tensiones amenazaban al poder político instituido.
La crisis militar venezolana se manifiesta en la ruptura que se produce entre el alto
mando y el resto de la oficialidad. Las intentonas golpistas de 1992 revelaron la fractura
de la unidad interna de las Fuerzas Armadas, más los problemas ya existían, por lo tanto,
no fueron los movimientos golpistas los que provocaron la crisis, solo la agudizaron y
permitieron que saliera a relucir.
Era improbable que la penetración partidista, tan arraigada en la cultura política
venezolana, no se manifestara en las Fuerzas Armadas. El sistema de partidos
venezolano y las relaciones de poder de la clase política hacían necesaria la vinculación
entre los actores sociales que institucionalizaron el modelo político consensual. El control
de la Institución Militar era preciso para mantener el sistema político, la tradición militar
había estado fundamentada en el dominio del poder, en la conducción del gobierno. Fue
por esa razón que el sector político dirigió sus acciones hacia el logro de la adhesión de
la clase militar al proyecto democrático, para ello era necesario el control y sometimiento
de la cúpula militar, pues dado el principio de subordinación y disciplina, el resto de la
oficialidad tendría que respetar el principio de obediencia.
El error de la clase dirigente estuvo en no valorar las transformaciones que se habían
producido en las Fuerzas Armadas, allí se estaban generando verdaderos cambios, y lo
más importante, se estaban reconociendo las necesidades reales del país. Ya no se
trataba del sector civil y el sector militar, se trataba del problema de todos los
venezolanos. Lo que los políticos no supieron advertir, la oficialidad marginada pudo
57
comprender y articular un movimiento, pues a diferencia de la clase política, su formación
castrense hace énfasis en valores como: honestidad, respeto y responsabilidad.
58
El rol de las Fuerzas Armadas en la crisis institucional venezolana
Las Fuerzas Armadas Nacionales, como parte del aparato represivo del Estado, tienen la
misión de velar por el sostenimiento del régimen democrático, haciendo respetar la
Constitución y las leyes. Cuando la clase política irrespeta a la Institución Militar,
penetrando en su organización, la unidad de sus componentes presenta un desequilibrio,
el servicio a la patria y la soberanía nacional es desplazado por el servilismo hacia la
dirigencia política. En estos términos, se hace imposible que se sostenga un régimen
auténticamente democrático.
La fortaleza de las Fuerzas Armadas radica en la unidad de sus componentes, la
obediencia y fidelidad a las jerarquías, pues el sentido de honor y mérito son sus valores
fundamentales. Ahora bien, cuando el mérito es sustituido por el favoritismo político, se
produce un efecto desmoralizante en la oficialidad. Es obvio que las Fuerzas Armadas
han sufrido una fractura debido a la cercanía de la cúpula militar a las organizaciones
políticas.
Los mecanismos de ascensos, la asignación de presupuesto y los traslados están
sometidos al juicio de la clase política. Es difícil para una institución con estas
características particulares, aceptar que su proceso decisorio dependa de elementos
externos a su organización. Además que se desvirtúan sus principios fundamentales, se
ignoran sus demandas básicas, se desconocen sus verdaderas necesidades.
En este clima de profunda insatisfacción se fue conformando una matriz de opinión
favorable al cambio. Si los militares estaban constitucionalmente obligados a defender el
sistema democrático, el momento de pronunciarse había llegado. El problema radica en
el carácter apolítico y no deliberante de la institución, (de acuerdo a la Constitución de
1961) pero ante la incapacidad de la clase política para promover las transformaciones,
algunos sectores de la oficialidad asumieron el riesgo.
Esas han sido las razones fundamentales que motivaron la organización de los
movimientos Bolivariano Revolucionario 200 y 5 de Julio. Las concepciones ideológicas
representan su particularidad, pero sus objetivos básicamente fueron los mismos:
preservar el régimen democrático, mediante la reforma urgente de las relaciones de
poder.
59
Esa necesidad encontró en las clases populares un apoyo tácito, si bien es cierto que las
rebeliones militares de 1992 no fueron aceptadas como salida de la crisis, tampoco
fueron rechazadas, porque sus argumentos son similares a los problemas de la mayoría
de la población. Las necesidades, demandas e inquietudes de las clases dominadas son
las mismas de la gran mayoría de las Fuerzas Armadas. La crisis política no sólo ha
perjudicado la participación en el sistema político de las fuerzas sociales, sino que ha
erosionado al liderazgo militar, es decir, que la crisis de legitimidad se presenta por igual
en el sector civil y militar. Precisamente debido a la penetración de los partidos políticos
en la organización.
La crisis económica ha hecho descender el nivel de vida de la población, incluido el
sector militar. Los ejemplos mencionados son muy significativos para establecer la
comunión de problemas de las Fuerzas Armadas y las clases populares. Además,
resultaba difícil aceptar que desmejore la calidad de vida de los venezolanos cuando la
dirigencia política sigue obteniendo beneficios de la situación. La crisis social explota
cuando las variables estudiadas se conjugan: inestabilidad económica y ausencia de
liderazgo; mientras empeora la situación, el desequilibrio y tensión social no ofrecen otra
salida que la transformación de las estructuras. Esta propuesta se hizo un hecho cuando
el sector civil en 1989, se pronunció de forma desarticulada, con el Caracazo y luego, el
sector militar con las insurrecciones de 1992, a modo de advertencia o válvula de escape.
La crisis militar agudizó la crisis de política que venía padeciendo el país, se hizo más
profunda, pues esta vez alzó su voz uno de los pilares fundamentales del sistema de
partidos y de la conciliación de élites: las Fuerzas Armadas, el sostén de la democracia.
La más grave consecuencia, tanto para la institución como para el país es la fractura de
la unidad de las Fuerzas Armadas. Su reconstrucción sería difícil y prolongada pues:
había que devolverle la confianza al país en sus FF.AA. así como también recuperar la fe
de los hombres de armas en sus superiores. Para ello debían producirse mecanismos
idóneos que replantearan la función de las Fuerzas Armadas en la democracia
venezolana. No era suficiente con someter a los oficiales a un proceso de reeducación,
pues de mantenerse las condiciones que originaron el fraccionamiento: la influencia
partidista, será inútil cualquier esfuerzo.
Esta necesidad se vio reflejada igualmente en el sector civil. La democracia de partidos
hizo daño al sistema político, tanto que la crisis militar y la crisis civil tienen coincidencia
60
en sus motivaciones, los partidos políticos del estatus corrompieron a algunos sectores
de la oficialidad, por lo tanto, la cercanía entre ambos resultó perjudicial. Ya no se trataba
de la mediatización que ejercen sobre las clases populares, sino que en su accionar
fueron contaminado a las fuerzas castrenses. Allí radica la raíz de la crisis política del
país: la necesidad que los actores sociales que conforman el sistema asuman el rol que
les corresponde, para lo que deben fortalecer los mecanismos de participación,
respetando los espacios que a cada uno le pertenecen, de manera que se pueda
consolidar la democracia representativa.
A los partidos políticos les corresponde la responsabilidad de redefinir su rol en el sistema
político venezolano, que permita abrir los canales para el desarrollo de la democracia
como proyecto político para la reconstrucción del país.
61
62
Modernización democrática e institucionalización militar en Venezuela
El Alto Mando: ¿grupo de presión, grupo de poder o actor político?
Al hablar de formas colectivas de ejercicio del poder, se hace imprescindible diferenciar
los comportamientos corporativos según el grado de influencia sobre el poder y el
desempeño directo desde posiciones de poder.
En primer lugar están los grupos de presión, que siguiendo la definición que hacen de
ellos Dowse y Hughes (1990: 466), se caracterizan por ser agrupaciones “que no
pretenden gobernar, pero tratan de influir sobre los que gobiernan”. En este sentido,
Duverger (1982: 415) señala que el ejército actúa como grupo de presión, con una
marcada influencia política, resaltando los casos de la Alemania Imperial (1871-1914) y la
República de Weimar (1919-1933), además de la propia Francia.
Los grupos de presión tienen intereses limitados y específicos, que bien sea a través de la
promoción o de la protección, aspiran generar conductas en la clase política que les
permitan alcanzar o preservar determinadas condiciones, sin que ello signifique
necesariamente posicionarse en espacios de decisión política. Está claro que lo que
persiguen tiene mucho más que ver con que sean las instancias correspondientes las que
asuman esa responsabilidad.
En el caso del Alto Mando Militar, como grupo de presión, se observa que de acuerdo con
la definición anterior, la cúpula militar ejerce influencia en asuntos de interés de la nación,
pero cuando se trata de sus intereses corporativos, trasciende la presión para actuar
como grupo de poder o actor político.
Ahora bien, cuando el grupo de presión no consigue influir sobre los centros de poder,
entonces transforma sus mecanismos de acción, para que en lugar de persuadir, utilice
medios más directos y eficaces en aras de alcanzar los objetivos que le animan.
Esta transformación implica que el grupo pasa a tener consciencia de la necesidad de
asumir un rol más activo en la toma de decisiones, transformándose en un grupo de
poder, que no es más que una agrupación con intereses comunes que ya no utiliza la
presión o la persuasión para el logro de sus objetivos, sino que asume posiciones
63
políticas directas, es decir, que no acepta ser testigo silente de las decisiones políticas,
sino que forma parte ellas, al exigir o imponer determinadas condiciones.
Este comportamiento se corresponde con el grado de influencia que tiene sobre la clase
política y el sistema político propiamente, el control del monopolio legítimo de la violencia
que de la institución militar.
Esto conduce a otra afirmación que hacen Dowse y Hughes (1990: 466) en relación a
que:
“los militares, en su calidad de grupo corporativo, que aunque tiene sus propios
intereses profesionales, también tiene intereses generales, que en caso de un
golpe de Estado, pueden hacerle pasar de su posición de grupo de presión a la
de grupo gobernante”.
Esto se debe a que la institución militar es fundamentalmente una organización, con
intereses colectivos claramente identificados, que dadas las condiciones puede
abandonar los supuestos de su misión así sea temporalmente- para asumir un rol
político más activo. Nuestra historia así lo demuestra.
Ese rol de actor político se manifiesta a través de la participación directa en decisiones
políticas, cuando se observa la influencia y el poder de decisión que tiene la institución
militar en lo político. Un ejemplo de ello la afirmación hecha por Gaviria en el informe con
motivo de los sucesos de abril de 2002:
“Podemos afirmar que el gobierno que estaba apenas en la fase de
instauración, sin ninguna legitimidad democrática, fue fruto de decisiones
tomadas por los militares. En carta, que fue del conocimiento de los
miembros del Consejo Permanente, quien presidía lo que se auto calificó
como gobierno provisional expresamente reconoció la ruptura constitucional”.
(2002: 3)
La potestad de tomar decisiones de esa naturaleza sólo las toma un actor político
consciente no solo de su rol institucional, sino de su poder para hacerlo, que en este caso
se origina en el control que ejerce sobre uso de los medios de violencia legítima. Un actor
político se manifiesta tomando decisiones políticas, interviniendo de manera activa en los
asuntos donde son los factores de poder los que definen la situación y los actores
políticos son los responsables de ello.
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El Alto Mando como símbolo del poder político en Venezuela
El Alto Mando Militar se convierte en un actor político desde el momento en que entiende
que el poder lo tiene quien controla la violencia legítima del Estado. A partir de este hecho
objetivo, es que se puede valorar la dimensión política de la institución militar y más
concretamente, quien tiene el mando.
La tradición en Venezuela, desde la propia independencia, ha sido la del militar en el
poder o muy cerca de él. La Fuerza Armada ha sido un actor político relevante en el
ámbito de las representaciones sociales, con una influencia desmedida en la política
nacional. (Olivieri y Guardia: 6)
Pero, cabe la pregunta ¿se está frente a la sola influencia o se trata de una clara
intervención?: la historia patria habla de un país donde los militares, desde el proceso
independentista hasta el presente, han tenido que ver con la conducción del país.
Las experiencias del siglo pasado dan cuenta de casi la mitad de dicho período en manos
de dos cruentas dictaduras militares (Gómez: 1908-1935; Delgado Chalbaud: 1948-1950;
Pérez Jiménez: 1952-1958), con un intervalo de cuatro gobiernos de los cuales dos
estuvieron en manos de antiguos militares (López Contreras: 1936-1941; Medina
Angarita: 1941-1945) y uno fue de carácter cívico-militar (Junta Revolucionaria de
Gobierno: 1945-1948).
Esto permite afirmar la preponderancia de la institución militar, que en la figura del Alto
Mando Militar, representa un factor de poder en lo que se refiere al control político de la
nación. La Fuerza Armada con su participación en el Pacto de Puntofijo, le confirió
legitimidad a las reglas de juego del sistema político venezolano que se pretendía
consolidar, reconociendo a sus protagonistas en un acto legitimador, como fundadores de
la democracia venezolana, en lo que habría de ser una muestra irrefutable de control
político que ejerce.
La razón se puede encontrar en la realidad de un modelo de tutelaje militar que
inevitablemente está conduciendo hacia el desarrollo de formas pretorianas de ejercicio
del poder (Olivieri y Guardia, 2003). Para el civil la paradoja del militar se resume en la
65
potestad del uso de las armas, de lo cual tiene su monopolio, que es lo que finalmente le
va a permitir ejercer ese control político.
El sostenimiento del modelo democrático ha descansado históricamente en el apoyo de la
Fuerza Armada. El control de la institución lo tiene el Alto Mando y si se recuerda la
historia reciente, el Alto Mando ha tenido el poder suficiente como para desconocer y
reconocer el poder político civil de la nación, en lo que pareciera ser una clara evidencia
del control político.
Sin embargo, en algunos episodios históricos se puede observar como la Fuerza Armada
no logra en su totalidad el control político interno y externo: en los dos intentos golpistas
del 4 de Febrero y del 27 de Noviembre de 1992, los cuadros medios de la FAN en el
primero y la alta oficialidad en el segundo, no logran una intervención definitiva del poder
civil, por lo que se puede encontrar un cierto paralelismo con los sucesos de Abril de
2002, cuando el Alto Mando en una serie de decisiones contradictorias, definitivamente se
desarticula como una estructura de poder es decir, como actor político- lo que permite
finalmente poner en duda su capacidad para mantener el control político exclusivo dentro
del sistema político.
66
Análisis del modelo de representación y su crisis
La crisis del sistema político venezolano podemos analizarla a partir de las tres variables
consideradas por Kornblith (1996): crisis del modelo socioeconómico y de las expectativas
sociales; del modelo de representación y de legitimidad; y de los mecanismos de
generación de consenso y canalización de conflictos.
La expresión de este modelo, que se basó en una economía rentística; sostenida a través
de pactos sociales; con una presencia fuerte del poder ejecutivo y una clara hegemonía
de partidos; se vio agotado a partir de la crisis económica desatada por el viernes negro
en 1983; la ruptura social representada por el Caracazo en 1989 y las dos intentonas
golpistas del 1992; la destitución de Pérez en 1993 y el triunfo de Caldera en 1993.
(Kornblith, 1996)
En este sentido, la ausencia de redefinición del modelo socioeconómico, permitió que la
nación concibiera al Estado como un ente proveedor, sin que pudiera consolidarse una
verdadera cultura de trabajo productivo. Es por ello que el Estado asumió tan diversas y
complejas responsabilidades, que hasta la cuando su capacidad para procesar o
satisfacer demandas se vio comprometida por la insuficiencia de recursos, en lugar de
estimular la diversificación de la economía, profundizó su intervencionismo (a pesar del
proceso privatizador emprendido) al regular el proceso económico, implementando
medidas, sin considerar las políticas sociales complementarias.
De allí que la aspiración de consolidar un modelo de democracia pluralista, fuera truncada
entre otras razones, por la cultura clientelar estimulada por la partidocracia -el gobierno de
los partidos- quienes en una relación de mediatización de representantes
representados y gobernantes gobernados, forzaron la sumisión de los electores a los
partidos, dándole mayor relevancia a las fracciones parlamentarias en el poder legislativo,
que a las iniciativas inspiradas en la colectividad, degenerando en el control político de las
cúpulas partidistas, sustituyendo el Estado de Partidos, definido como el modelo en el
cual se produce una interacción entre el sistema jurídico-político y el sistema socio-
político. (Brewer, 1988:9)
67
En este sentido, en Venezuela, la participación política se hacía formalmente a través de
los partidos políticos, quienes de manera omnipresente, colonizaban (Levine, 2001:11) los
demás sectores civiles organizados: gremios, sindicatos, entre otros.
Esto por supuesto tuvo como soporte, aquellos mecanismos institucionalizados, tales
como la legislación electoral que por una parte limitaba los intereses externos a los del
status quo y por la otra otorgaba suficientes concesiones para fortalecer (sobre todo
financieramente) a los partidos tradicionales.
Fue precisamente la cultura de los pactos, lo que permitió comprometer a diversos
actores políticos, logrando conformar el tejido social del país, que se pervirtió a tal
extremo que el resultado fue el de una democracia pactada, con una representación
limitada de los intereses de los partidos y no de los representados, pues toda demanda
debía ser canalizada a través del partido, de manera que para darle curso, debía
insertarse dentro los intereses de clase que defendían los partidos. En este sentido,
resultan pertinentes las palabras de Alain Touraine para definir la representatividad:
« El Sistema democrático es débil si el apoyo otorgado a un partido político es
lo que determina las posiciones que se toman ante los principales problemas
sociales, en tanto que es fuerte si los partidos políticos aportan respuestas a
las cuestiones sociales formuladas por los actores mismos y no sólo por los
partidos políticos y la clase política.” (2002:325)
Precisamente, uno de los factores que inciden en la pérdida de legitimidad de los partidos,
tiene que ver con la modificación de las necesidades de la sociedad, que sobrepasaron la
capacidad de respuesta de las organizaciones políticas, quienes no estaban
acostumbradas a ser interlocutores, sino mediatizadores.
En este sentido, la incapacidad de los partidos políticos tradicionales de canalizar el
conflicto y controlar las organizaciones sociales, que en los años 80 comienzan a surgir
como expresiones al margen de los partidos, se ve reflejada en los niveles de
representatividad en el poder legislativo, que para 1993 los partidos AD y COPEI
reuniendo el 46% de los votos parlamentarios, posteriormente en 1998 se sitúan en un
36%, que en el año 2000 se reduce al 21% (Molina y Alvarez, 2004:35)
Ello se explica en el fracaso de los partidos políticos como mediadores de las políticas
públicas, así como en la construcción de relaciones interpartidistas que le permitieran
68
estructurar mecanismos de negociación y consenso. Los partidos que se relacionaban
con la población de manera clientelar, se encontraban desorientados sobre la forma de
establecer conexión con la población electoral, lo que refleja la poca identificación
partidista (ideológica) y de profundidad en la compenetración social.
Otro aspecto tiene que ver con la alta volatilidad electoral demostrada en los últimos años,
donde hemos pasado del predominio de partidos de centro-derecha moderada a la
abrumadora preferencia por la izquierda ¿radical? en todo caso explica la pérdida de
legitimidad de los partidos tradicionales.
Sin embargo, no deja de preocupar la posibilidad de desistir del partido político para
construir una base de sustentación donde la relación líder pueblo, exija prescindir de la
organización política.
En este sentido, el personalismo se ha ido fortaleciendo, con el mismo proceso de
descentralización, que le fue restando espacio a los partidos tradicionales, en la figura de
su elite política, para darle más posibilidades de desarrollo a los liderazgos regionales:
Salas, Rosales y Velásquez, entre otros ejemplos. La transferencia de poder a las
regiones viene fortalecer en algunos casos, un liderazgo personalista que toma distancia
del tipo colectivo y que en los tiempos que vivimos, resulta predominante.
Por otra parte, cuando los cenáculos de los partidos políticos, que asumieron el rol de
mediatizador de la sociedad, fueron excluidos de los procesos de toma de decisiones y
fueron confrontados con la necesidad de generar mecanismos para la resolución de
conflictos, quedó al descubierto el vacío institucional para la creación de consensos.
Fue entonces cuando la sociedad comenzó a cuestionar la democracia, interpretando que
el sistema político comprometía el modelo, estimulando una suerte de “coqueteo” con
fórmulas autoritarias, justificadas en la necesidad de disciplinar el ejercicio del poder.
En democracia, el tema de la representatividad necesariamente se traduce en un tema de
confianza y credibilidad. La pérdida de estos valores ha influenciado a la sociedad al
punto que la concurrencia a elecciones de 81,77% en 1988 llegó al 56,6% en el 2000
(Índice de Democracia Electoral, 2004A:39).
69
De allí que debamos afirmar que, los medios de representación en una democracia son
los partidos políticos y aún cuando se trate en este caso de una democracia participativa,
mientras exista la delegación en representantes para legislar, estamos frente a
mecanismos de representación. La legitimidad de la función legislativa, descansa en la
representatividad de los legisladores y su desempeño, que debe ser sujeto de evaluación
y control por parte de los electores, en una clara alusión a la compatibilidad de la
democracia representativa con la participativa.
Sin entrar en el debate entre la democracia representativa y la democracia participativa, la
sociedad venezolana se ha desmarcado de una forma de hacer política. Los partidos
políticos -sobrevivientes y emergentes- deben aprender a identificar las aspiraciones de
una sociedad que no está buscando ser sometida por intereses particulares, sino que
aspira encontrar interlocutores que sepan interpretar cuáles son sus expectativas reales.
En medio de toda esta fractura institucional, resulta alentador encontrar que a pesar de su
desempeño, la democracia es vista como la mejor forma de vida para los venezolanos, en
un 79% según Hinterlaces (2005).
Por lo que, el daño hecho a la idea de la democracia, como una forma de vida, producto
de los abusos de un modelo político, exige una nueva interpretación de la
representatividad política.
De allí que resulte válido cuestionar la democracia, profundizar en los elementos de la
crisis para generar medios de superación de la misma, pero lo que si no debe dejar lugar
a dudas, indistintamente de la posición ideológica, es la necesidad de preservar la
democracia como sistema político.
70
La crisis institucional venezolana
El contexto en el que se fue desarrollando el sistema político venezolano determinó los
cimientos de lo que en pocos años ha degenerado en una grave crisis política, que de
alguna forma, ha estado en la propia fundación del sistema. Ello tiene que ver con la
debilidad de dichas bases fundacionales, pues el equilibrio del Estado depende en buena
medida de una democracia política fuerte, con equidad social y desarrollo económico, que
en Venezuela, esos elementos han estado desarticulados.
La democracia venezolana ha sido representativa en las formas pero cuestionable en
cuanto a las prácticas, siendo más un régimen de libertades que una auténtica
democracia; la equidad social ha estado expuesta principalmente en el discurso populista
y demagógico, más no en las políticas desplegadas por el Estado y el desarrollo
económico ha estado limitado, permanentemente por el negocio petrolero, alrededor del
cual gira toda la economía. Sobra esta base fue construido un modelo político que lejos
de procurar resultados constructivos, profundizó la dependencia en la economía petrolera
Mientras fue posible financiar al país, con la renta petrolera, el control de las clases
populares fue efectivo y el consenso de las élites operaba dentro de los términos
establecidos en el acuerdo político vigente. Cuando la crisis económica estalla (18/02/83),
el descontento social no se hace esperar y entonces la represión se convierte en un
recurso para contener el estallido social de febrero y marzo de 1989. La brecha entre la
clase política y las clases populares se hace cada vez más profunda.
La sociedad civil colaboró a mantener el equilibrio, mientras pudo reproducir el discurso
político del modelo consensual de élites, a través de los partidos políticos, la educación,
los sindicatos, los medios de comunicación y la cultura.
Los partidos políticos representaban el principal vehículo de sostenimiento del modelo
político, pero la educación y los sindicatos no estaban exentos de su influencia, mientras
que los medios de comunicación representaban intereses de la clase económica
dominante. En el caso de la cultura, por un asunto de sobrevivencia, mantenía
importantes nexos con el poder políticos.
71
La ruptura entre la clase política y las clases populares se produce cuando el Estado es
ineficiente para enfrentar la inflación, bajos sueldos, desocupación e inseguridad. El
agotamiento del modelo de relaciones, conduce a sectores, en principio de forma
desarticulada y luego con definición, a movilizarse para exigir el cambio de rumbo del
país.
Durante el gobierno de Luis Herrera Campins (1978-1983) se inicia el proceso de
fortalecimiento de la participación a través de movimientos sociales (asociaciones de
vecinos, grupos de opinión, entre otros), evidenciando la escasa representatividad de la
clase política, que con la mediatización de la comunicación entre la sociedad y el Estado,
quedó claro su desinterés en satisfacer las demandas de la población y por ende la
desconexión con los sectores populares, que pronto habrían de expresarse a través del
conflicto social.
La ausencia de gobernabilidad viene siendo objeto de discusión desde hace mucho
tiempo. La consolidación de la democracia venezolana se produjo como consecuencia de
un pacto entre las fuerzas políticas y sociales luego de la caída de Pérez Jiménez: el
Pacto de Puntofijo. Debido a las amargas experiencias de la dictadura, la clase política
venezolana entendió que sólo unidos bajo unas reglas de juego claras, era posible echar
a andar la democracia en nuestro país.
Sin embargo, la posterior ruptura del pacto, llevó a la conformación de un modelo político
donde el bipartidismo condujo a la nación por un embudo a un sistema de conciliación de
élites, bajo cuya estructura, el clientelismo político y el populismo pasaron a ser las
características predominantes del sistema político venezolano.
La institucionalidad se resintió, inevitablemente. Los partidos acordaban los cargos más
importantes, el Fiscal General de la República (aun cuando era una regla no escrita que el
Fiscal General no fuese un representante del partido de gobierno), el Contralor General
de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (antiguo Tribunal Supremo
de Justicia), según cuotas que fijaban las distintas corrientes internas de los principales
partidos políticos.
Esto condujo al país a un sistema institucional muy débil, que dependía del estado de la
correlación de fuerzas políticas, manifestándose en la poca confiabilidad en la democracia
72
como régimen de gobierno. El deterioro fue aumentando porque la sociedad no encontró
los canales de participación encarnados por los partidos políticos- que le permitieran
manifestar sus exigencias, resignándose a un papel intermitente en cada elección
nacional, regional y local.
En 1993 ocurre el detonante de la crisis terminal del sistema político, al producirse la
ruptura del bipartidismo y un aumento considerable de la abstención como expresión
política. La elección de Rafael Caldera para un segundo período presidencial, fuera de la
organización política de la que fue fundador y parte importante del modelo bipartidista, fue
una clara señal de crisis en el sistema.
La aparición de Hugo Chávez como opción política en 1998 vino a reafirmar la saciedad
del país con el modelo político dominante. Al ganar la Presidencia de la República,
Chávez plantea una transformación del país a partir de un nuevo régimen constitucional,
en principio promoviendo una Asamblea Nacional Constituyente que entrega la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999.
En este sentido, está claro que Hugo Chávez, identificando el agotamiento del modelo de
Estado, comenzó por cuestionar la Constitución de 1961, para conducir a la nación por
una serie de procesos de cambio que le permitieran desarrollar un nuevo entramado
institucional: el Referendo Consultivo del 25/04/99, el Referendo Aprobatorio del 15/12/99,
y las Elecciones Presidenciales de 2000, fueron los pasos iniciales para garantizar las
condiciones de esa transformación.
Hasta ese momento, estaba operando el desmontaje de una estructura de poder que
hacía inviable la implantación del proyecto político ofrecido. La promesa presidencial fue
que una vez culminada la fase política, habría de comenzar inmediatamente la
económica.
En diciembre de 2001 el Presidente Chávez recibe de la Asamblea Nacional, una ley
habilitante que incluye la Ley de Tierras y Desarrollo Rural (Machado: 81), siendo objeto
de rechazo por parte del sector productivo, así como el resto de las 49 leyes que incluía la
habilitante, lo que generó un clima de confrontación severo entre Gobierno y sectores
opositores.
73
Esta situación de alarma, creada por la promulgación de leyes consideradas por los
sectores productivo, político y civil, como una amenaza, resultó ser un acelerador para la
crisis en abril de 2002, cuando el Gobierno Nacional comenzó a tomar medidas que
profundizaron las contradicciones con los sectores opositores, concretamente la situación
ocurrida con la directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA), una empresa del Estado
tradicionalmente manejada con criterios más técnicos, donde la política no interfería de
forma directa con la gerencia. Los problemas se manifestaron, al principio cuando se
nombró para la Presidencia de la estatal a personas consideradas sin competencia
(Ciavaldini) y del sector militar (Lameda); estas decisiones fueron tomadas como una
provocación y en el caso más extremo, como una estrategia de debilitamiento
institucional. (Quirós, 2002)
Una expresión de la gravedad de la situación de antagonismo entre el Gobierno y los
sectores críticos, fue cuando directivos medios de PDVSA decidieron manifestar su
descontento con las medidas gubernamentales y la respuesta del Gobierno fue de
cesantearlos de sus cargos. Los eventos del 11 de abril fueron el dramático colofón de
una medición de fuerzas, de la que todavía no hay claridad sobre cuál fue el curso de los
acontecimientos.
La realidad política del país reflejaba a una nación dividida por el apoyo o rechazo a la
figura del Presidente de la República. Los eventos de abril de 2002 sumieron a la
sociedad venezolana en una permanente confrontación, haciendo imposible la
convivencia pacífica. Ese mismo año, en noviembre, el Secretario General de la
Organización de Estados Americanos (OEA) conjuntamente con el Centro Carter,
actuaron como Facilitadores de una Mesa de Negociación y Acuerdos, mediante la cual
los sectores en conflicto serían apoyados para alcanzar acuerdos que permitieran superar
la polarización creciente.
Uno de los productos de la Mesa de Negociación y Acuerdos, fue propiciar una salida
institucional a la crisis, contribuyendo a generar de forma inicial, una cierta confianza en el
mecanismo electoral. En 2004 las fuerzas políticas contrarias a la propuesta de cambio y
transformación que representaba Chávez, promueven un Referendo Revocatorio contra el
Presidente, en el que resulta una vez más favorecido por el electorado.
74
TABLA Nº 1
OPCIÓN
VOTOS
%
NO:
5800629
59,0958%
SI:
3989008
40,6393%
NULO:
25994
0,2648%
FUENTE: C.N.E.
Esta fue una derrota electoral importante para la oposición que resultó afectada en su
capacidad de cohesión y definición de estrategia política, resultando en una profunda
desmoralización que llegó al extremo de abandonar la lucha política, al no participar en
las elecciones parlamentarias de 2005.
Por supuesto, que en el camino se fueron deteriorando aún más los partidos políticos,
dejando a la sociedad sin organizaciones que articularan y agregaran sus demandas. Los
resultados electorales hasta el momento, daban cuenta de una brecha importante entre la
población y los partidos políticos contrarios al gobierno. En la Encuesta de Hinterlaces, 8º
Monitor Socio-Político de Septiembre de 2005, al respecto se señala lo siguiente.
La Oposición, asociada con los partidos tradicionales y los líderes del pasado,
cae a su nivel de respaldo más bajo en los últimos años, con apenas 9% de
aceptación en este momento, donde Primero Justicia y Acción Democrática son
las organizaciones que más simpatías obtienen de este escaso porcentaje.
En 2006 el Presidente Hugo Chávez gana la re-elección para un nuevo período
presidencial de seis años, proceso electoral en el que hubo un importante esfuerzo por
parte de los partidos políticos para consolidar una candidatura que tuviese credibilidad
ante los sectores opositores.
En el 2007 a instancias del Ejecutivo Nacional que formula inicialmente la propuesta de
Reforma de 33 artículos de la Constitución Nacional, la Asamblea Nacional recibe la
solicitud ampliando la misma a 69 artículos. Los resultados fueron adversos al Gobierno
(por primera vez desde que llegó al poder Chávez) en los dos Bloques de preguntas en
que fue dividido el Referendo:
¿Aprueba usted el proyecto de Reforma Constitucional con sus Títulos,
Capítulos, Disposiciones Transitorias, Derogatoria y Final, presentado en dos
75
bloques y sancionado por la Asamblea Nacional, con la participación del
pueblo y con base en la iniciativa del Presidente Hugo Chávez?
ARTÍCULOS: 11, 16, 18, 64, 67, 70, 87, 90, 98, 100, 103, 112, 113, 115, 136,
141, 152, 153, 156, 157, 158, 167, 168, 184, 185, 225, 230, 236, 251, 252,
272, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 307, 318, 320, 321, 328, 329, 341, 342,
348. Tabla Nº 2
BLOQUE A
Opción
Votos
Porcentaje
SI
4379392
49,29%
NO
4504354
50,7
FUENTE: CNE
ARTÍCULOS: 21, 71, 72, 73, 74, 82, 109, 163, 164, 173, 176, 191, 264, 265,
266, 279, 289, 293, 295, 296, 337, 338, 339.
Tabla Nº 3
BLOQUE B
Opción
Votos
Porcentaje
SI
4335136
48,94%
NO
4522332
51,05%
FUENTE: CNE
Por su parte, las organizaciones políticas aún cuando se mantienen debilitadas,
recibieron un nuevo impulso gracias a los resultados del Referendo Consultivo de
diciembre de 2007.
Los avances institucionales dan cuenta de la creación de instancias de participación, tales
como el Consejo Federal de Gobierno, los Consejos Locales de Planificación Pública y los
Consejos Comunales, en el propósito de profundizar la participación democrática, a través
de la corresponsabilidad. Sin embargo, los objetivos políticos aún seguían incompletos.
En 2009 se convoca, a instancias del Poder Legislativo, un Referendo Constitucional para
aprobar la Enmienda Constitucional de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y así permitir la postulación de
cualquier cargo de elección popular de manera continua, la re-elección indefinida.
76
Tabla Nº 4
Opción
Votos
Porcentaje
SI
6310482
54,85%
NO
5193839
45,14%
FUENTE: CNE
Los resultados favorecieron al Ejecutivo pero generaron una mayor movilización de los
sectores políticos opositores por considerar que la propuesta de la re-elección indefinida
ya había sido rechazada por la población en ocasión del Referendo Consultivo de 2007.
En estos últimos tres años, el Gobierno Nacional ha dado pasos firmes en relación al
control de la institucionalidad y la centralización del poder, se le ha limitado la autonomía
a entidades federales como en el caso del Distrito Capital; traspasando competencias de
los estados hacia el poder central, como en el caso de puertos y aeropuertos.
De forma contradictoria se enuncian las instancias y los instrumentos para el
fortalecimiento de la participación, y paralelamente en el ejercicio decisorio, se muestra
una profundización del control por parte del poder central, más pronunciado. Tal es el
caso de los recursos que maneja el Ejecutivo a través del Fondo de Desarrollo Nacional
(FONDEN)
El FONDEN está adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, su
aporte inicial en el año 2005, fue de USD 6.000 Millones, provenientes de las
reservas y del excedente de los ingresos petroleros, los cuales están dirigidos
a financiar proyectos de gran envergadura de inversión social y productiva en
áreas como infraestructura, salud, ambiente, energía, defensa, industrias
básicas, educación, agricultura, atención a situaciones especiales y
estratégicas. http://www.fonden.gob.ve/index.php?m=2&t=2
La crítica está dirigida hacia el control y la centralización de las decisiones en el alto
ejecutivo, que lejos de fortalecer los espacios de participación creados, profundizan la
dependencia en el poder público nacional, generando además la exclusión de otras
entidades federales, como los estados y municipios, en la toma de decisiones relativas al
desarrollo de las comunidades. En la Ley de Consejos Comunales, artículo 30 se puede
observar la influencia que tiene el Ejecutivo Nacional en el desarrollo de los Consejos
Comunales:
77
Artículo 30. Se crea la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular,
designada por el Presidente de la República de conformidad con el artículo 71
de la Ley Orgánica de la Administración Pública, a los fines de:
1. Orientar, coordinar y evaluar el desarrollo de los Consejos Comunales a
nivel nacional, regional y local;
2. Fortalecer el impulso del poder popular en el marco de la democracia
participativa y protagónica, y el desarrollo endógeno, dando impulso al
desarrollo humano integra l que eleve la calidad de vida de las comunidades;
3. Generar mecanismos de formación y capacitación;
4. Recabar los diversos proyectos aprobados por los consejos comunales;
5. Tramitar los recursos técnicos, financieros y no financieros necesarios para
la ejecución de los proyectos de acuerdo a los recursos disponibles en el
Fondo
Nacional de los Consejos Comunales;
6. Crear en las comunidades donde se amerite o considere necesario, equipos
promotores externos para impulsar la conformación de los Consejos
Comunales, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y su reglamento.
78
Reflexiones finales
La institucionalidad política en Venezuela en los últimos veinte años, ha sido un reflejo de
las trampas de la búsqueda del poder como un fin. La perversión de mantener un orden
institucional, cada vez más alejado de la sociedad, abrumado por los excesos de la élite
en el poder, condujo inevitablemente a la sustitución de una élite por otra, completamente
diferente en las formas, pero muy similar en su capacidad destructiva.
La realidad política de Venezuela da cuenta de una marcada desinstitucionalización, con
un Poder Legislativo que se somete a las exigencias del Ejecutivo, un Poder Judicial que
recibe órdenes del Ejecutivo, un Poder Electoral que responde a las necesidades del
Ejecutivo y un Poder Ciudadano que por sus acciones, luce más como un defensor del
Ejecutivo.
La sociedad venezolana asiste a uno de los períodos más importantes de su vida
republicana, pues todas aquellas instituciones y los principios sobre los cuales fueron
construidas, hoy en día se encuentran cuestionadas. La separación de poderes de la
doctrina liberal, en el período que comienza en el año 2000, se encuentra desdibujada,
gracias al dominio que ejerce el Ejecutivo Nacional sobre las acciones legislativas,
judiciales, electorales y contraloras. El uso político que se le ha dado a la actividad
parlamentaria, a la administración de justicia, a los procesos electorales y a la función
contralora, ha sido alarmante, sin que haya habido decisión alguna que revierta este
proceso acelerado de pérdida de institucionalidad política.
Lo más grave de este balance es, que el mayor daño se lo infringe a la democracia
misma, como forma de vida, como sistema político y como forma de gobierno, pues el
discurso político sigue aludiendo a la democracia, como marco del proyecto político
revolucionario, aun cuando evidentemente se encuentra ausente de la mayoría de los
procesos políticos en desarrollo.
Al profundizar en la crisis política venezolana, es posible encontrar que se presenta el
problema de la legitimidad, como eje de la crisis existente. Es tan grave la ilegitimidad del
sistema, que todas las instituciones fundamentales de la democracia se encuentran
cuestionadas.
79
Es importante reconocer que el agotamiento del sistema consensual construido a partir
del Pacto de Puntofijo: fue deteriorándose por los efectos de la democracia de partidos.
El sistema político venezolano que se consolidó le reconoció un enorme poder a los
partidos; donde todas las instancias del aparato burocrático y las instituciones
fundamentales, fueron penetradas por su influencia, haciendo del clientelismo político la
única forma de participación.
A pesar de que la democracia fue consagrada constitucionalmente como representativa,
este modelo no ha podido ser desarrollado por completo. Precisamente la crisis de
legitimidad es producto en gran medida de la escasa representatividad de los dirigentes
políticos; ello se debe fundamentalmente a la ausencia de credibilidad en su liderazgo. La
clase política venezolana descuidó su responsabilidad de orientar y guiar a sus electores
y en lugar de ello se dedicó a fortalecer su posición de élite, defendiendo intereses
particulares. La imagen del dirigente político se fue desvirtuando de tal manera que el
venezolano encontraba la conducción política deficiente.
Con estas características, las relaciones de poder dominante no permitían articular las
demandas de los sectores populares, haciendo efectiva su participación en la llamada
democracia consensual, sólo cada cinco años en el ejercicio del voto; la forma más
frecuente era a través de la vinculación con uno de los partidos políticos del estatus (el
clientelismo político). A medida que van perdiendo representatividad, el gobierno y las
instituciones, aumenta la ilegitimidad y se desvaloriza el régimen democrático.
Dadas estas condiciones, es difícil poder articular un proyecto político que responda a las
necesidades existentes, pues no hay la voluntad política de sacrificar intereses
particulares en aras de alcanzar objetivos que beneficien a la mayoría. Así se fue
desarrollando un modelo político que terminó destruyendo las posibilidades de una
democracia estable. Para el venezolano común, el sistema político venezolano no
representaba sus intereses, no había posibilidades de participar en el proceso de toma de
decisiones que le afectan, no había un liderazgo activo, es decir, se trataba de un
régimen que no representaba los valores del colectivo, restándole credibilidad.
Las crisis políticas, que son propiamente crisis institucionales, que en el caso venezolano
se producen, entre otras causas, por la pérdida de legitimidad de la institucionalidad
80
democrática venezolana. Interpretar la autoridad moral de un alto mando militar
comprometido por su cercanía con los partidos políticos del estatus, considerando que
sus principios fundamentales son la obediencia y la superioridad del mando, ¿cómo
puede mantenerse esa alta investidura, cuando los principios morales son pasados por
alto a cambio de beneficios personales? La oficialidad baja e intermedia no ignoraba esta
conducta; allí están los dos pronunciamientos militares de 1992. Con ello quedó
demostrada la fractura interna de las Fuerzas Armadas Nacionales, siendo evidente que
la cúpula militar ha perdido legitimidad, pues si no era capaz de ejercer su autoridad,
permitía la profundización de la brecha entre ella y el resto de las FF.AA.
De la crisis militar se pueden obtener referentes valiosos para la comprensión del
agotamiento del modelo político venezolano. El 4F reveló el resquebrajamiento de la
unidad interna de las Fuerzas Armadas, el 27N reflejó el descontento de algunos sectores
militares con la corrupción moral que se apoderó de la cúpula militar.
Además, hay un hecho clave para fortalecer la idea del peso que tiene en la crisis política
la pérdida de legitimidad: los valores y principios que salieron a defender y rescatar a los
insurrectos del 4F y 27N, no son los mismos de la clase política. Ahora bien, en las clases
populares, a pesar de no haber existido identificación con los sectores comprometidos, la
similitud de ideas y necesidades, es innegable. Las banderas de los movimientos
insurreccionales son las mismas de los sectores populares: el rescate del país a través
de una reconstrucción moral.
En el corto tiempo, las posibilidades de reestructurar el sistema institucional venezolano
lucen muy limitadas, debido a que la reingeniería institucional no será posible mientras el
país se encuentre enfrentado por la imposición de un proyecto político con aspiraciones
de cambiar el sistema en todas sus dimensiones. La pérdida de legitimidad institucional
no se supera cambiando a los hombres o las denominaciones, es preciso, redefinir los
valores, que permitan el equilibrio y la estabilidad institucional. El problema quizás se
debe a que los hombres de poder (clase política) no están convencidos de la
transitoriedad de los gobiernos, pero las instituciones democráticas son permanentes, de
allí que sea necesaria su estabilidad, para poder garantizar la vigencia del sistema
democrático.
GRÁFICO Nº 1
81
TRAYECTORIA INSTITUCIONAL
BIBLIOGRAFÍA
Populismo Cívico
Militar 1945-48
Dictadura Militar
1948-58
Pacto de
Puntofijo 1958
Democracia
Consensual 1958-
93
Lucha Armada
1960-70 Caracazo 1989
Descentralización
1990
Golpes de Estado
1992
Enjuciamiento
CAP 1993
Ruptura
Bipartidismo
1993
Crisis Sistémica
1998
Referendo
Consultivo 1999
Referendo
Aprobatorio
1999
Elecciones
Presidenciales
2000
Sucesos Abril
2002
Referendo
Revocatorio
2004
Elecciones
Presidenciales
2006
Referendo
Consultivo 2007
Referendo
Constitucional
2009
Elecciones
Parlamentarias
2010
82
Alliegro, I. (1990) Entrevista. Caracas: Últimas Noticias.
Betacourt, Rómulo (1986) Venezuela, Política y Petróleo. Caracas: Monteavila Editores
Brewer C., A. (1988) Problemas del Estado de Partidos. Caracas: Editorial Jurídica
Venezolana.
Caballero, Manuel (2002) Militares y civiles: el matrimonio del Cielo y el Infierno. En: Mary
Ferrero (Ed.) Chávez: La sociedad civil y el estamento militar. (pp. 45-57). Caracas: Alfadil
Ediciones.
Caldera, R. (1992) Caldera: Dos Discursos. Caracas. Editorial Arte.
Consejo Nacional Electoral. Consulta en línea (05 de Mayo 2011) Disponible en:
http://www.cne.gov.ve/web/estadisticas/index_resultados_elecciones.php
Corporación Latinobarómetro (2005) Informe Latinobarómetro 2005. Santiago de Chile:
Mimeo.
Dowse, Robert y Hughes, John (1990) Sociología Política. Madrid: Alianza
Duhamel, Olivier y Manuel Cepeda (1997) Las democracias. Entre el Derecho
Constitucional y la Política. Colombia: Editores Tercer Mundo S.A.
Duverger, Maurice (1982) Sociología Política. Barcelona: Editorial Ariel Demos
Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. Fondo de Desarrollo Nacional.
Consulta en línea (15 de Mayo 2011) Disponible en:
http://www.fonden.gob.ve/index.php?m=2&t=2
Francés, Antonio (1990) Venezuela Posible. Caracas: Editorial Arte
García M., Luis (2002) La cabeza de un iceberg en: Venezuela: la crisis de abril. Antonio
Francés Carlos Machado Allison pp. 23 -29. (Editores). Caracas Ediciones IESA
Gaviria, César (2002) Informe del Secretario General de la OEA del 18 de abril de 2002.
[Documento en línea] Organización de Estados Americanos. Consultado el 31 de marzo
de 2005. En: http://www.oas.org/docs_es/informe2002/
Goodin, Robert (2003) Las instituciones y su diseño. (pp-13-73) En: Goodin, Robert
Comp. Teoría del diseño institucional. Barcelona: Editorial Gedisa
Granier, Marcel y Gil, José (1987) Más y mejor democracia. Caracas: Grupo Roraima
Gramsci, Antonio (1978) Antología (Selección de Manuel Sacristán). México: Siglo XXI
Editores.
Grüber Ordremán, Hernán (1993) Antecedentes históricos de la insurrección militar del
27-N-1992 por el honor de las armas. Caracas: Ediciones Centauro
Hinterlaces, 8º Monitor Socio-Político. Septiembre de 2005
83
Irwin G., Domingo y Frédérique Langue (2002), Militares y Poder en Venezuela. Ensayos
Históricos vinculados con las relaciones civiles y militares venezolanas. Caracas: Editorial
Texto, CA.- Publicaciones UCAB.
Irwin G., Domingo (2002) Comentarios sobre las Relaciones Civiles y Militares en
Venezuela, Siglos XIX al XXI. Caracas: Edición: No Publicada.
Larrazábal, R. y Barrios, L. (1991) El colapso del populismo y el auge de la oligarquía
financiera. Caracas UCV Colección Rectorado
Kornblith, Miriam (1996) Crisis y transformación del sistema político: nuevas y viejas
reglas de juego. (pp. 1-31) En: Álvarez, Ángel Coord. El Sistema Político Venezolano:
crisis y transformaciones. Caracas: Ediciones del Instituto de Estudios Políticos-Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV
Ley de Consejos Comunales, (Gaceta Oficial Número 39.335, 24 de Noviembre de 2009)
Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias,
(Gaceta Oficial 4153, diciembre de 1989)
Levine, David (2001) Diez tesis sobre la decadencia y crisis de la democracia en
Venezuela. En Carrasquero, José V., Thaís Maingon y Friedrich Welsch: Venezuela en
transición: elecciones y democracia 1998-2000. Caracas: CDB Publicaciones
López, Margarita, Luis Gómez y Thaís Maingon (1989) De Punto Fijo al Pacto Social.
Caracas: Fondo Editorial Acta Científica Venezolana
Machado Allison, Carlos (2002) La ley de Tierras y la crisis de abril. En Antonio Francés y
Carlos Machado Allison (Editores) Venezuela: la crisis de abril. (81-87) Caracas:
Ediciones IESA
Machillanda, J. (1988) Poder Político y Poder Militar en Venezuela: 1958-1986. Caracas:
Ediciones Centauro.
____________ (1993) Cinismo Político y Golpe de Estado. Caracas: José Machillanda.
Molina, José E. y Ángel E. Álvarez Coord. (2004) Los partidos políticos venezolanos en el
siglo XXI. Caracas: Vadell Hermanos Editores
Njaim, H., Combellas, R., Josko, E., y Stambouli, A. (1975) El sistema político venezolano.
Instituto de Estudios Políticos UCV. Caracas: Editorial Arte.
Njaim, H., Combellas, R., y Álvarez, A. (1998) Opinión Política y democracia en
Venezuela. Caracas: Ediciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
UCV.
Olivieri, Giannina e Inés Guardia (2003) El fogonazo venezolano: la crisis de abril de
2002. Una explicación de la violencia política en Venezuela. [Tesis en línea] Universidad
Católica Andrés Bello, Venezuela. Consultada el 13 de marzo de 2005 en:
http://www.ndu.edu/chds/redes2003/Academic-Papers/6-Military- Sociology/3-Military-
Civilian-Relations-LATM/4%20 Guardia-final.doc
84
Plaza, E. (1999) El 23 de enero de 1958 y el proceso de consolidación de la democracia
representativa en Venezuela. (2ª ed.) Caracas: Ediciones de la UCV.
Portantierro, J. (1981) Sociedad Civil, Estado Sistema Político. México: FLACSO.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2004) La democracia en América
Latina. Compendio Estadístico. Índice de Democracia Electoral. Perú: PNUD
Puerta, María Isabel (2010) El debate entre los modelos de democracia representativa y
participativa. Elementos teórico-conceptuales. Valencia: Asociación de Profesores de la
Universidad de Carabobo.
Quirós Corradi, Alberto (2002) Breve historia petrolera. En Antonio Francés y Carlos
Machado Allison (Editores) Venezuela: la crisis de abril. (101-109) Caracas: Ediciones
IESA
Rangel, L. (1993). Venezuela, 02/03/1993: Nuevo Horizonte. El Universal
Rey, Juan C. (1998) El futuro de la democracia en Venezuela. Caracas: Ediciones de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV.
Romero, Antonio (1993) Cronología y análisis de las huelgas en Venezuela 1989-1993.
Barquisimeto: CI-DAC. UCLA.
Sonntag, Heinz y Thaís Maingón (1992) Venezuela: 4-F 1992. Caracas: Editorial Nueva
Sociedad
Stambouli, Andrés (1980) Crisis política. Venezuela 1945-1958. Caracas: Editorial Ateneo
de Caracas.
Touraine, Alain (2002) Crítica de la Modernidad. México: Fondo de Cultura Económica
Uslar, Arturo (1992) Golpe y Estado en Venezuela. Colombia: Grupo Editorial Norma
Wanloxten, G.; Castellanos, I.; Delpretti, E. (1992) Maisanta en Caballo de Hierro.
Caracas: Fuentes Editores
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La Democracia y su crisis contemporánea, es tema predilecto de la Ciencia Política en nuestros tiempos. La idea de la Democracia como forma de vida se ha visto profundamente cuestionada por las insatisfacciones que genera en algunos sectores de la sociedad su exclusión en la definición de políticas públicas, así como la escasa participación en la toma de decisiones, principio fundamental de la Democracia.