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Línea 4: Infraestructuras técnicas abiertas y libres
Documento de política pública 4.2
Software
Programas libres y de código abierto en la Ad-
ministración Pública
Buen Conocer - FLOK Society1
v. 2.0
11/3/2015
Editor: David Vila-Viñas2.
Autoras: Jenny Torres3 y Mariangela Petrizzo4.
Contribuidores: Milton Cerda5, Rubén Zavala6, David Vila-Viñas, Xabier E. Barandia-
ran7,8,9 y Bernardo Gutiérrez10.
Revisores: Diego González Rodríguez, Txema Laullón.
1 Proyecto realizado bajo convenio con el Ministerio Coordinador del Conocimiento y Talento
Humano, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto de
Altos Estudios Nacionales de el Ecuador.
2 Investigador principal proyecto Buen Conocer / FLOK Society. Becario posdoctoral Prometeo
(SENESCYT, Gobierno de Ecuador), Instituto de Altos Estudios Nacionales.
3 Investigadora FLOK-Society en el IAEN. Responsable de la línea de investigación 4 sobre «infra-
estructuras técnicas abiertas y libres».
4 Activistas por el software libre. CUHELAV. Mérida, Venezuela.
5 Universidad Salesiana de Ecuador.
6 Red Infodesarrollo, véase http://www.infodesarrollo.ec/quienes-somos/.
7 Dpto. de Filosofía y IAS-Research Center for Life, Mind, and Society, Escuela Universitaria de
Trabajo Social, UPV/EHU (Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea).
8 Investigador invitado del IAEN (Instituto de Altos Estudios Nacionales), Ecuador, durante los
meses de Agosto de 2013 y Enero de 2014.
9 Wikitoki (laboratorio de prácticas colaborativas), Bilbao.
10 Periodista, medioactivista e investigador de redes. Fundador de la red de innovación FuturaMe-
dia.net.
4.2 Software 653
Participantes: Gui, Rafael Bonifaz, Leslie Jarrin, Bernardo Gutiérrez, Quirilo Ordóñez,
Henry Vallejo, Juan Carlos Sevillano, Marlon Sánchez, Christian Estay, Susana Cade-
na, Pedro Franco, Christian Benalcázar y Antoine Cárdenas.
Resumen: El presente documento introduce las nociones de software libre, sus liber-
tades e implicaciones políticas, tanto en la colaboración técnica para una producción
basada en el conocimiento compartido y la cooperación, como para las formas de or-
ganización política que crean prototipos de dispositivos democratizantes, en un pla-
no más general. El documento se dirige a mostrar las ventajas que supone y los retos
que afronta el software libre para coadyuvar a la transición hacia una economía social
del conocimiento común y abierto. En particular, se concentra en las medidas que
puede adoptar el Estado para asegurar dicha transición. Ello incluye los procesos pro -
cesos de migración a software libre de sus equipos y aplicaciones, las acciones de for-
talecimiento de una industria nacional y regional que pueda asumir las necesidades
social, mejorar la seguridad y reducir la dependencia tecnológica, así como la promo-
ción de estos ecosistemas productivos en general.
Palabras clave: software libre, soberanía tecnológica, ciberseguridad, FLOSS, FLOK,
Administración Pública, trabajo cooperativo, capitalismo cognitivo, economía social
del conocimiento.
Historia del documento: Este documento tuvo una primera versión (v.0.1) elaborada
por Jenny Torres (2014a, 2014b), como parte del equipo de investigación Buen Cono-
cer / FLOK Society y coordinadora de la línea 4 sobre «infraestructuras técnicas
abiertas y libres». Dicha versión tuvo una primera etapa de discusión pública, a la que
siguió la mantenida en la mesa de trabajo 11 en la Cumbre del Buen Conocer, de la
que participaron, amén de los y las autoras, Henry Vallejo (Univ. Estatal de Bolívar),
Leslie Jarrin (ThougtWorks), Rafael Bonifaz y Juan Carlos Sevillano (ASLE), Marlon
Sánchez (Infodesarrollo), Christian Estay y Susana Cadena (SNAP), Pedro Franco, Ch-
ristian Benalcázar (SENESCYT), Hotniar Siringoringo (MINTEL) y Antoine Cárdenas
(El Diferencial). A todos/as ellos/as, les reiteramos nuestro más sincero agradeci-
miento por las aportaciones a las propuestas finales.
Como citar este documento: Torres, J. & Petrizzo, M. (2015). Software: programas li-
bres y de código abierto en la Administración Pública (v.2.0). En Vila-Viñas, D. & Ba-
randiaran, X.E. (Eds.) Buen Conocer / FLOK Society Modelos sostenibles y políticas públicas
para una economía social del conocimiento común y abierto en el Ecuador, Quito, Ecuador:
IAEN-CIESPAL, disponible en http://book.floksociety.org/ec/4/4-2-software-progra-
mas-libres-y-de-codigo-abierto-en-la-administracion-publica.
Copyright/Copyleft 2015 FLOK Society / Buen Conocer, Jenny Torres, Mariangela
Petrizzo, bajo las licencias Creative Commons BY-SA (Reconocimiento compartir
4.2 Software 654
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4.2 Software 655
ÍNDICE
0. Resumen ejecutivo...........................................................................................657
1. Introducción......................................................................................................659
1.1. Enfoque.......................................................................................................................659
1.2. Noción e implicaciones del software libre............................................................661
2. Crítica de los modelos del capitalismo cognitivo.......................................663
3. Software libre y economía social del conocimiento común y abierto...667
3.1. Seguridad informática..............................................................................................667
3.2. Proyectos e iniciativas en favor del software libre.............................................671
3.3. Licencias.....................................................................................................................674
3.4. Problemas y retos......................................................................................................676
4. Modelos alternativos: revisión de experiencias, avances y retos...........678
4.1. Europa.........................................................................................................................679
a) Italia................................................................................................................................ 679
b) Múnich (Alemania)...................................................................................................... 680
4.2. América Latina y el Caribe.......................................................................................681
a) Brasil............................................................................................................................... 682
b) Venezuela......................................................................................................................683
c) Uruguay.........................................................................................................................685
4.3. Ecuador. Decreto Presidencial 1014.......................................................................686
5. Propuestas de política pública para Ecuador..............................................691
5.1. Principios generales.................................................................................................691
5.2. Recomendaciones.....................................................................................................693
6. Referencias........................................................................................................698
4.2 Software 656
0. RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento expone las nociones de software libre, sus liberta-
des e implicaciones políticas, con el objetivo de ofrecer algunas propuestas
para fortalecer su rol en el conjunto de la transición hacia una economía
social del conocimiento común y abierto que está emprendiendo Ecuador.
En primer lugar, se destaca que el interés del software libre depende de la
posibilidad de ampliar su consideración desde sus estrictos márgenes téc-
nicos. Aun dentro del capitalismo cognitivo, el crecimiento constante de
este sector en las últimas décadas muestra las posibilidades económicas de
las nuevas formas de autoorganización del trabajo vivo y de creación de
comunidades que operan en los intersticios de la producción económica y
la política. Conforme a esta última perspectiva, las prácticas del software li-
bre han creado también prototipos de dispositivos democratizantes, tanto
respecto a una actividad económica concreta, como a la propia práctica de
la política y de la actividad de Gobierno.
El software libre se caracteriza por hacer uso de la legislación de copyright
para definir la licencia de uso y explotación del código informático, con el
objetivo de garantizar la liberta de uso, copia, modificación (que exige ac-
ceso al código fuente de programación) y la publicación de modificaciones.
Añade la única restricción de que las copias o modificaciones deben garan-
tizar, a su vez, dichas libertades. Es decir, no puede imponerse un régimen
más restrictivo sobre los programas derivados o las copias difundidas o co-
mercializadas. Este régimen de libertades que garantiza el software libre
contrasta con las formas de producción hegemónicas en el capitalismo
cognitivo, donde toda innovación se supedita a la obtención de determina-
dos márgenes de beneficio, a la par que las posibilidades de uso y experi-
mentación de los usuarios se restringen enormemente, con independencia
de los altísimos precios de mercado de productos principalmente inmate-
riales, cuyos costes marginales tienden a cero.
Por otro lado y respecto al objetivo de transitar hacia una economía social
del conocimiento común y abierto, la preponderancia de los regímenes
4.2 Software 657
privativos de desarrollo y distribución de software supone grandes incon-
venientes, tanto por la tendencia de estas compañías a monopolizar los
mercados y consolidar situaciones de dependencia tecnológica que cronifi-
quen la desigual división global del trabajo en el capitalismo cognitivo,
como por las vulnerabilidades que estos dispositivos imponen a la seguri-
dad de las personas.
No obstante, el software libre también debe hacer frente a numerosos re-
tos, más allá de las limitaciones de partida que impone el capitalismo cog-
nitivo, como mejorar la accesibilidad para los usuarios medios o la distan-
cia entre actualizaciones y, sobre todo, ofrecer soluciones en cantidad y
calidad ajustadas a las necesidades sociales para hacer efectiva esa transi-
ción hacia la economía social del conocimiento común y abierto. A pesar
de esto, la presencia del software libre es creciente, tanto en lo que respec-
ta a servidores11, como a programas orientados a usuarios y usuarias co-
munes como Mozilla Firefox, Thunderbird, Gimp o LibreOffice.
Desde esta perspectiva, la propuesta para el contexto ecuatoriano es que el
sector público se convierta en el principal acelerador del potencial del
software libre, al asegurar procesos de fortalecimiento de su industria me-
diante el empleo de los fondos, que ahora dedica a la renovación y mante-
nimiento de aplicaciones y licencias de software privativo, hacia la investi-
gación, la contratación y la formación en software libre. Como muestran los
ejemplos analizados en Italia, en ciudades como Múnich (Alemania) y con-
textos próximos como Brasil, Venezuela y Uruguay, no se trata solo de una
decisión comprometida con el ahorro público (cuyo impacto se garantiza
solo a medio plazo), sino con la necesidad de fortalecer la seguridad, la
competencia, la soberanía tecnológica, la economía local de servicios in-
formáticos, la innovación social, el empoderamiento en el uso de TIC y un
sector productivo conectado con las necesidades de sus comunidades de
referencia y el acceso efectivo.
Cualquier proceso de fortalecimiento del software libre se liga con otros
procesos de transformación que se han señalado en el proyecto Buen Co-
11 En junio de 2013, se estimó que Apache servía el 54,2% de todos los sitios activos y el 58,1% de
los mejores servidores en todos los dominios (Netcraft, 2013).
4.2 Software 658
nocer / FLOK Society, como los relacionados con la transparencia, apertu-
ra de datos, mejora de la gobernanza de Internet, dispositivos de cogobier-
no, políticas de hardware libre y de fabricación distribuida, etc. En concre-
to, se han agrupado las recomendaciones en cinco líneas políticas. En pri-
mer lugar, las destinadas a que el dinero público invertido en software re-
vierta en la liberación de esos productos y el fortalecimiento de una indus-
tria del software libre de mayor arraigo local. En segundo lugar, la conside-
ración del derecho de acceso al software libre sin discriminación, como par-
te de un derecho de acceso a las TIC de creciente consolidación. En tercer
lugar, un conjunto de medidas destinadas a asegurar el éxito de los proce-
sos de migración hacia software libre dentro de la Administración Pública,
concentradas en la evaluación, formación de distintos niveles, institucio-
nes piloto y aseguramiento de la interoperabilidad. A lo que se unen medi-
das en sede educativa y comunicativa que mejoren la capacidad del país en
investigación, formación, producción y empoderamiento en el uso de esas
tecnologías.
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Enfoque
El software libre como actividad de producción social, está lejos de ser una
cuestión meramente técnica, sino que encierra un fuerte contenido políti-
co en su relación con el conocimiento libre, la soberanía tecnológica, la
tecnopolítica, e incluso la biopolítica. Todo ello debido a que la producción
de software libre implica un nuevo modo de organizar la producción con
carácter cooperativo, cuyo impacto supera la producción misma del soft-
ware (Vidal, 2000; Moglen, 2004; Benkler, 2006; de la Cueva, 2012). De este
modo, la producción colectiva de carácter cooperativo del software libre
muestra una forma alternativa a la capitalista de organización sociopro-
ductiva, que inevitablemente entra en conflicto con el modo de produc-
ción imperante.
De estas prácticas de producción cooperativa emerge una suerte de nueva
clase social, el cognitariado autoorganizado (Berardi, 2003), del que for-
4.2 Software 659
man parte los/as hackers, en contradicción frontal con la organización ca-
pitalista del trabajo, en manos del Estado o la corporación. En definitiva, el
software libre se sitúa en el foco del conflicto por el Gobierno de las relacio-
nes laborales, en sentido amplio, así como de los procesos de producción
misma y de distribución de la riqueza dentro de un capitalismo cognitivo.
Es decir, gira en torno al conflicto sobre si la cooperación del trabajo vivo
puede ser capturada por unas pocas empresas o puesta al servicio de las
propias comunidades que la producen, sobre si el Estado refuerza las ac-
tuales asimetrías de este régimen, al transferir ingentes cantidades de re-
cursos por la adquisición periódica de licencias o si, por el contrario, in-
centiva con tales fondos una producción cercana e inscrita en la economía
social del conocimiento común y abierto.
En la medida en que la producción de software libre crea prototipos y gene-
ra los estándares e infraestructuras comunicativas y de gestión para nue-
vas formas de organización cooperativa en lo productivo y en lo político,
el software libre tiene vínculos con distintas áreas de la transición hacia la
economía social del conocimiento común y abierto. Por una parte, la nece-
sidad de democratizar la actividad de Gobierno, a través de la instalación
de dinámicas de cogobierno o de transparencia mediante la compartición
de datos en formatos abiertos y efectivamente accesibles, aconseja el paso
al software libre, al prevenir la discriminación tecnológica de poblaciones
en el acceso a determinadas aplicaciones, servidores, datos, etc.
Por otra parte, en un contexto de búsqueda de soluciones para concretar la
economía social del conocimiento común y abierto, éste es un ámbito es-
pecialmente proclive a las dinámicas de investigación y de innovación
abiertas, donde se combina trabajo en universidades, centros de investiga-
ción y empresas innovadoras. Simplemente, con el apoyo público que aho-
ra se destina a la adquisición de soluciones de software privativo,esto crite-
rios podrían florecer como una industria del conocimiento con externali-
dades positivas en los ámbitos de la ciberseguridad y la soberanía tecnoló-
gica. Las dinámicas de autoorganización, la combinación de redes globales
con nodos locales de fuerte arraigo y de ajuste de la producción a las nece-
sidades reales del cliente/ sociedad pueden marcar la diferencia entre la
4.2 Software 660
integración, siempre en condiciones de subalternidad, en el capitalismo
cognitivo global o una economía social del conocimiento común y abierto.
En cualquier caso, conviene recordar que la tecnología atraviesa hoy día
radical e inevitablemente a la sociedad, transformándola, por lo que la
propia sociedad no puede alienarse de estos procesos, dejando todo aque-
llo en manos de una élite de tecnólogos, empresarios de la innovación y
técnicos de las Administraciones Públicas. Al contrario, la sociedad debe
aprehender y asimilar la tecnología apropiándose de ella, y no al revés. Por
su vinculación directa con modos de producción cooperativa, resulta evi-
dente el rol protagonista del software libre en el cambio de la matriz pro-
ductiva y, desde allí, en la configuración de un nuevo tejido socioproducti-
vo de carácter tecnológico en el ámbito de la economía social y solidaria.
En ese sentido, es crucial analizar el papel del Estado en tal proceso, ya que
tanto su volumen creciente de gasto en estas herramientas, como su capa-
cidad de activación económica pueden marcar una diferencia de escala
crucial en las actuales posibilidades productivas del software libre. Además,
el Estado desempeña un rol central a la hora de establecer marcos jurídi-
cos y planes de acción orientados a facilitar el desarrollo de modelos eco-
nómicos, educativos y administrativos basados en software libre. Por otra
parte y en la medida en que uno de los objetivos del proyecto Buen Cono-
cer / FLOK Society es precisamente aportar recomendaciones para orien-
tar la acción de las Administraciones ecuatorianas respecto a determina-
dos sectores estratégicos para la transición hacia la economía social del co-
nocimiento común y abierto, éste va a ser un ámbito de atención priorita-
ria del presente documento. Ello no niega, sino todo lo contrario, que la
suerte de este sector dependa de muchos más factores que de la acción de
un Estado concreto.
1.2. Noción e implicaciones del software libre
La idea del software libre planteada en el proyecto GNU, iniciado por Ri-
chard M. Stallman, lo identifica como un tipo de software que respeta las li-
bertades de la comunidad y de los usuarios (Mannila, 2005). En ese sentido,
la Free Software Foundation (FSF, Fundación para el Software Libre) elabo-
4.2 Software 661
ró un documento útil para evaluar la condición de «libre» en cualquier pie-
za de software (FSF, 1996). En ¿Qué es Software Libre?, la FSF establece que,
por encima de un criterio relativo al coste de una pieza de software o de
elementos asociados a su desarrollo, prima un criterio relativo a la garan-
tía de la libertad de los individuos y las comunidades para considerar un
software como libre.
Para evaluar si una pieza de software puede considerarse libre, la FSF esta-
blece como criterio las cuatro libertades del software libre 12:
•la libertad de usar el software con cualquier fin.
•la libertad de tener acceso al código del software para estudiarlo y
adaptarlo a las propias necesidades.
•la libertad de redistribuir copias del software.
•la libertad de mejorar el software y la distribución de dichas mejoras
entre el público, en beneficio de toda la comunidad.
El software libre ha llegado a una gran parte de las infraestructuras técnicas
y tiene un lugar cada vez más importante en lo que respecta a todos los
sistemas de información (DISIC, 2012). Dado el contexto de estas cuatro li-
bertades, resulta claro que el software libre retroalimenta una filosofía de
la apertura, la transparencia y la soberanía tecnológica de las comunida-
des. Sin embargo, dado que el razonamiento economicista tiene un peso
muy importante en las decisiones sobre compras públicas, el uso privile-
giado o exclusivo de software libre en Administraciones Públicas ha sido
sustentado en argumentos de tipo cuantitativo, en términos del ahorro
que supone en el mediano plazo. En este sentido, es importante recordar
que se ha calculado que el software libre o de código abierto ha supuesto un
ahorro para la economía de la Unión Europea de, al menos, ciento catorce
millardos de euros al año (Daffara et al., 2013).
12 Si bien la definición de software libre y otras etiquetas análogas (como software de código abierto)
ha sido objeto de largas disputas y controversias, las cuatro libertades que mencionamos a con-
tinuación se respetan en las variantes más extendidas y son ya requisito común e inequívoco
para definir el software libre.
4.2 Software 662
Sin embargo, la filosofía del software libre comprende, como se dijo antes,
elementos no exclusivamente financieros, técnicos o cuantitativos. De he-
cho, si revisamos la decisión favorable a su uso en las Administraciones
Públicas, es evidente que dicha decisión, además de los económicos, tam-
bién se encuentra fundamentada en argumentos de carácter político e, in-
cluso, ontológico, relativos a la activación de movimientos sociales y a la
conquista de la independencia y soberanía tecnológicas. En momentos de
paradigmas socioproductivos tan convulsionados y cambiantes como los
actuales, éstos han sido motivos determinantes en la construcción del soft-
ware libre como política pública de algunos Estados, en especial de los lati-
noamericanos.
En buena medida, la difusión del uso de software libre ha contribuido a la
emergencia de grupos o colectivos de usuarios, documentadores y desa-
rrolladores articulados en un movimiento comunitario que ha captado
mucho interés en el sector público, particularmente en países como Brasil,
Argentina, Chile y Venezuela, entre otros. Por ello, otros muchos países en
vías de desarrollo, como Tailandia, Vietnam, India, Indonesia y Tanzania,
han adoptado progresivamente el software libre como parte de la política
pública en el contexto de los programas de implementación de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC).
2. CRÍTICA DE LOS MODELOS DEL CAPITALISMO COGNITIVO
Los gastos en software y servicios informáticos mundiales ascendieron a
unos 1,2 billones de dólares en 2011, según el Informe sobre la Economía
de la Información 2012 (UNCTAD, 2012) de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo. En América del Norte, el software y los
servicios informáticos representan el 43% del gasto en TIC, frente a tan
solo el 11% en África y América Latina.
La paradoja es que la industria informática privativa ha sido durante las
últimas décadas la gran beneficiada de la inversión pública en TIC. Ade-
más, el margen de beneficio de las empresas que desarrollan software pri-
vativo está por encima de la media en otros sectores. Por ejemplo, entre
4.2 Software 663
los años 2010 y 2011, Apple tuvo un 40% de margen de beneficio y
Microsoft, un 38% (Stefan, 2012).
Además, existe otro punto oscuro del software propietario: la violación de
la privacidad de los usuarios. Las revelaciones de Edward Snowden13, que
sacuden el mundo desde junio de 2013, probaron que la National Security
Agency (NSA) y el FBI estadounidense habían estado recopilando datos
privados de los usuarios de algunas de las mayores empresas tecnológicas
del mundo: Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, You-
Tube y Apple. La NSA recopilaba informaciones de millones de usuarios de
los servidores centrales de dichas compañías gracias al programa PRISM14.
El espionaje masivo de la NSA visibilizó otras prácticas de presión agresiva
y vigilancia que la industria privativa de las TIC llevaba desarrollando du-
rante décadas. Solo en 2014, las empresas de tecnología estadounidenses
invirtieron setenta y cuatro millones de dólares en estrategias de presión
directa a su Gobierno (Willis y Miller, 2014). El lobby del sector de las TIC
también está actuando de forma intensa en las negociaciones del TTIP
(Masse, 2014) (Tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión
Europea) y en todos los tratados de libre comercio de Estados Unidos con
países del mundo, especialmente en cuestiones relativas a patentes y polí-
ticas de datos que restringen la libertad y amenazan la privacidad de usua-
rias/os de productos informáticos. Lo mismo sucede con la censura en va-
rios países. El software privativo impide que la persona usuaria tenga acce-
so al código y por lo tanto, posibilidad de auditar y modificar el software,
controlando que puedan efectuarse esas medidas de espionaje y control de
las comunicaciones.
Como se mencionó antes, una licencia de software es un contrato entre par-
tes y el documento de uso aceptado que acompaña cualquier pieza de soft-
ware en su proceso de distribución. La mayoría de licencias de software pri-
vativo apenas autorizan al usuario a usarlo bajo un conjunto de circuns-
13 Véase la primera información divulgada por The Washington Post el 07 de junio de 2013, en
http://www.washingtonpost.com/investigations/us-intelligence-mining-data-from-nine-us-
internet-companies-in-broad-secret-program/2013/06/06/3a0c0da8-cebf-11e2-8845-
d970ccb04497_story.html.
14 Véase http://en.wikipedia.org/wiki/PRISM_%28surveillance_program%29.
4.2 Software 664
tancias muy específicas y presentan restricciones desde las circunstancias
de uso hasta el número de ordenadores en los cuales se implementará. Por
ejemplo, en términos estrictos y atendiendo a lo dispuesto en las licencias
de software, las personas no compran una copia de una pieza de software.
Por el contrario, lo que adquieren es una licencia para usar una copia de
dicha pieza de software, siempre y cuando cumplan con los criterios estipu-
lados en el contrato de licencia15.
Por su parte, es evidente que el software libre representa una ruptura fun-
damental con el modelo predominante. Las licencias están destinadas a
empoderar a los usuarios del software, no solo permitiéndoles su distribu-
ción irrestricta, sino incluso animándolos a que lo prueben, hablen de su
experiencia con los/as desarolladores/as, lo copien e incluso lo modifi-
quen y se inserten en los procesos abiertos y colaborativos de producción.
Esto permitirá posicionar al software como un recurso común y habilitará
la posibilidad de su uso en actividades beneficiarias para toda la sociedad.
En ocasiones, durante fases iniciales de desarrollo o en equipos de progra-
mación con poca experiencia, pueden encontrarse casos de software libre
con limitaciones como documentación del usuario final de baja calidad,
cambios dramáticos de una actualización a otra, sobreestimación del cono-
cimiento informático de los usuarios novatos, etc. Sin embargo, es impor-
tante resaltar que estas características, lejos de ser exclusivas de las piezas
de software libre, pueden evidenciarse también en piezas de software priva-
tivo, lo cual hace suponer que más que relativas al modelo de producción,
tienen que ver con la escasez de recursos, un uso reducido del programa u
otros factores contextuales independientes de la licencia del software.
En el caso del software y del hardware, es habitual que las grandes compañí-
as que privatizan el conocimiento operen también como monopolios y en
muy pocas ocasiones sean realmente innovadoras. Una situación similar
ocurre en otros espacios de producción de conocimiento como la investi-
gación médica, farmacéutica o industrial16. Así, no debería sorprender que
15 A pesar de que los análisis del capitalismo hace tiempo que describieron esta transición desde la
propiedad al acceso (Rifkin, 2000), el problema en el caso del software privativo son las restric-
ciones al acceso en distintos niveles.
16 Pueden ampliarse datos para una crítica al argumento de la supuesta innovación y circulación
4.2 Software 665
haya surgido también una industria en torno a la tarea de ocultar el cono-
cimiento, en especial por la enorme dependencia que genera de cara a los
usuarios finales, sean estos corporativos (como el Estado) o individuales. El
software privativo no puede ser ni estudiado ni modificado por el público y
da a las compañías el poder de mantener grandes monopolios en contra
del interés general.
Mientras más se restringen las posibilidades de uso en torno a una pieza
de software y más limitadas son sus libertades, más dependiente será su
usuario final y más complejo el proceso de migración hacia software libre.
En este contexto, el código fuente se mantiene en secreto, en ocasiones in-
cluso por encima de los derechos de quienes trabajan en él. La potencia la-
boral de la sociedad está subutilizada y otros desarrolladores se ven forza-
dos a empezar de cero en nuevas modificaciones o aportes, en especial
cuando la llamada ingeniería inversa no resulta posible17. Incluso para el
usuario esto suele suponer un gasto adicional y no solo en términos mone-
tarios. Por ejemplo, al sustituir una versión de software privativo antigua
por una nueva, es frecuente que no exista un buen reconocimiento de for-
matos de archivo utilizados. Son estos condicionantes del entorno los que,
en suma, confeccionan una realidad en la cual el software privativo es un
eslabón importante en la cadena que soporta al capitalismo cognitivo.
del conocimiento con las regulaciones restrictivas sobre patentes en el documento del proyecto
Buen Conocer / FLOK Society sobre fabricación distribuida (Dafermos, 2015) o las ventajas de
los modelos libres, abiertos y colaborativos en la investigación científica (Barandiaran et al.
2015).
17 Puede profundizarse sobre esta noción y los beneficios de permitirla como una excepción o uso
legítimo respecto a la vigencia de los derechos de autor, en KEI (2005, art. 3,1,a,6).
4.2 Software 666
3. SOFTWARE LIBRE Y ECONOMÍA SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
COMÚN Y ABIERTO
Frente a esta situación limitante18 que acabamos de describir como carac-
terística del software privativo, el proceso colaborativo del software libre ha
dado pruebas de éxito, debido al número de gente involucrada y al número
de proyectos de código abierto que se han producido. No es del todo desca-
bellado afirmar, como hace Vidal (2000), que el software libre, tomado
como un todo, sería la empresa de software más productiva y poderosa del
mercado. El más representativo de los proyectos de software libre, en cuan-
to a su éxito, es quizás el servidor web Apache. En junio de 2013, se estimó
que Apache servía el 54,2% de todos los sitios activos y el 58,1% de los me-
jores servidores en todos los dominios (Netcraft, 2013) y, en total, más del
81% de los servidores web del mundo usan software libre (ngix o apache)19.
Para las infraestructuras más criticas y los sistemas de alto rendimiento,
basta con señalar que hoy en día 97% de las supercomputadoras del mundo
usan alguno de los sistemas operativos libres de la familia Linux20. Proyec-
tos de software tales como LibreOffice y Mozilla Firefox también prestan
servicio a varios millones de usuarios en todo el mundo (Vanheuverswyn,
2007). En términos productivos, el valor estimado de las 419.776.604 líneas
de código de software libre que recoge la distribución Debian GNU/Linux
en el año 2012 era de algo más de 19 billones de dólares21.
3.1. Seguridad informática
Por seguridad informática o ciberseguridad, se entiende la actividad de
proteger la información y los sistemas informáticos como las redes, com-
18 Incluso dentro de un establecimiento de las relaciones en torno a la propiedad intelectual de
tipo privativo, tampoco hay que olvidar las herramientas jurídico-políticas que permiten hacer
prevalecer el interés social de la propiedad. Las excepciones a los derechos de autor por uso le-
gítimo (fair use) y, aunque menos utilizadas, las licencias obligatorias, al margen de la capacidad
de crecimiento que tienen ámbitos productivos de libre licenciamiento, como los del software li-
bre, son herramientas a disposición de los agentes que apuestan por esta transición hacia la
economía social del conocimiento común y abierto en distintos órdenes productivos.
19 Véase http://w3techs.com/technologies/overview/web_server/all.
20 Véase http://www.top500.org/statistics/list/.
21 Puede profundizarse en algunas referencias bibliográficas que buscan estimar este valor en
http://blog.james.rcpt.to/2012/02/13/debian-wheezy-us19-billion-your-price-free/.
4.2 Software 667
putadores, bases de datos, centros de datos y aplicaciones, con medidas de
seguridad apropiadas en cuanto a procedimientos y tecnología (Rai, 2011).
En este contexto, queda claro que el proceso de garantizar la protección de
la información y los sistemas informáticos no es una actividad exclusiva-
mente referida al campo de lo técnico, sino que involucra también prácti-
cas e incluso actitudes referidas al uso de las tecnologías asociadas al apro-
vechamiento de dichos sistemas.
A ello hay que añadir que, a través de tales sistemas, circulan información
y datos cada vez más sensibles para los ciudadanos, razón por la cual la ci-
berseguridad se convierte en un asunto de Estado. En América Latina, la
efectividad en las acciones de Estado en el campo de la ciberseguridad se
ve determinada por distintos factores que hacen que las infraestructuras
técnicas sean aún muy dependientes de otros Estados como, por ejemplo,
Estados Unidos. Julian Assange (2014), en una nota publicada por la agen-
cia ALAI, advierte sobre el flujo de información que circula desde América
y pasa por Estados Unidos, facilitando la inspección y control por parte de
este país:
En América Latina, casi todas las conexiones a la Internet mundial pasan
a través de cables de fibra óptica que atraviesan Estados Unidos. Esta es
una cuestión de soberanía y de competitividad económica. Los países
necesitan formar alianzas industriales para crear la infraestructura físi-
ca alternativa para Internet, para que sus comunicaciones no tengan
que atravesar las fronteras de un vigilante depredador del calibre de Es-
tados Unidos, el Reino Unido o sus aliados. También deben considerar el
fortalecimiento de su propia infraestructura, mediante la regulación del
sector de los proveedores de Internet, de manera que sea obligatorio
aplicar un fuerte cifrado de datos en los enlaces de comunicación (As-
sange, 2014).
Ya en un plano centrado en el software, conviene destacar que, como medi-
da de seguridad para la ciudadanía, la información almacenada por los Es-
tados requiere ser documentada en el largo plazo y necesita estar accesible
en el futuro. Actualmente, las aplicaciones privativas ocultan los conteni-
dos en archivos binarios y formatos cerrados. Por lo tanto, la única mane-
ra de acceder a dichos archivos es emplear la herramienta con la cual se
crearon, que eventualmente puede ser incompatible con versiones ante-
4.2 Software 668
riores. El uso de formatos abiertos es clave para lograr una mejora en la in-
teroperabilidad y transparencia, puesto que el código puede estar abierto
a escrutinio público. Un entorno de software libre y de código abierto, co-
rrectamente configurado, es tan seguro como un ambiente de software pri-
vativo e incluso puede serlo más, en caso de contar con una ciudadanía
empoderada digitalmente, agencias gubernamentales o académicas capa-
ces de auditar el código.
En los últimos años, además, revelaciones como las conocidas a través del
caso Snowden o de Wikileaks muestran, por un lado, la existencia de pro-
cesos de espionaje sobre distintos ámbitos económicos, políticos y sociales.
Por el otro, un uso ilícito del ciberespacio por parte de intereses transna-
cionales, corporativos o particulares, en actividades financieras, de seguri-
dad nacional, de salud pública y de seguridad física. Los casos de las filtra-
ciones sobre espionaje por parte de la NSA a más de treinta y cinco líderes
mundiales (Corredoira, 2014) o el programa PRISM22 no han hecho más que
certificar lo que de alguna forma ya era desde hace tiempo un secreto a
voces: gracias a vulnerabilidades existentes en redes y usuarios, algunas
naciones han espiado a otras y han ocultado a sus ciudadanos vulnerabili-
dades de los sistemas informáticos de las que deberían ser conscientes.
Por todo ello, se hace evidente que un reto importante para los Estados en
el corto plazo en materia de ciberseguridad y software es también revertir
las condiciones de incertidumbre y vulnerabilidad en la disposición de da-
tos. Dadas las condiciones geopolíticas y geoestratégicas de Sudamérica, la
construcción de políticas y acciones requiere alianzas estratégicas entre
países, a fin de aprovechar el uso de software libre como una plataforma en
la construcción de estructuras informáticas más seguras.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) señala los siguientes desafíos para
los Estados en el siglo XXI con respecto a la ciberseguridad (Rodríguez,
2014):
22 El caso de PRISM reveló la intención y materialización de acciones de espionaje directo a usua-
rios particulares de diferentes canales de comunicación. Véase González (2013).
4.2 Software 669
•La protección de infraestructura crítica para el Internet. Las leyes deben
permitir establecer sistemas blindados de tecnología de modo que
no sea posible el espionaje.
•La protección de metadatos. La información sobre las comunicaciones,
llamada metadatos o información sin contenido, debería ser tan
privada como el contenido de las comunicaciones.
•Definición de vigilancia de las comunicaciones. No debe ser posible que
los Estados contravengan las protecciones de seguridad sobre la
base de definiciones arbitrarias.
•Combatir una cultura de ley secreta. Ningún país debe adoptar o
implementar una práctica de vigilancia sin que una ley defina sus
límites.
•La protección del acceso a través de las fronteras. Los Gobiernos no
deberían pasar por alto las protecciones de privacidad, confiando
en convenios secretos de intercambio de datos informales con
países extranjeros o compañías internacionales privadas.
Tanto la EFF23 como La Quadrature du Net24 han dejado muy claro que el
camino de la ciberseguridad plena pasa por una acción ciudadana cons-
ciente y responsable, en la que el software libre protege mejor la privacidad
del usuario. Si los usuarios no tienen control sobre el software que están
utilizando, cualquiera puede espiar fácilmente su actividad. La suscripción
de un contrato de licencia cuando se compra software privativo a menudo
supone que el usuario acepta derechos del proveedor a inspeccionar el
contenido sin advertencia alguna. El software privativo no provee el código
fuente y, en ocasiones, tiene áreas y formas de acceso restringidas. Todo
ello contrasta con las posibilidades de auditoría que ofrece el software libre.
23 Véase https://www.eff.org/.
24 Véase https://www.laquadrature.net/.
4.2 Software 670
3.2. Proyectos e iniciativas en favor del software libre
La FSF25 (Free Software Foundation) es una organización sin fines de lucro
fundada por Richard Stallman en 1985 a fin de promocionar la libertad de
los usuarios de computadoras y defender los derechos del software libre
(Vaca, 2010).
Con el pasar de los años, la iniciativa ha logrado aglutinar colectivos,
comunidades y grupos diversos en distintos lugares del mundo, cuyos
objetivos específicos pasan por la divulgación y promoción del uso y
desarrollo del software libre pero que con frecuencia son mucho más
amplios. Hoy día, se identifica a estos colectivos como parte del
movimiento de cultura libre y en ese marco se reconoce al software libre
como caso de éxito, que ha surgido impulsado por una comunidad mundial
de programadores éticos dedicados a la causa de la libertad y el compartir
(Ramírez, 2013).
Sin embargo, hablar de software libre implica asegurar la existencia de una
sociedad libre en la que tengamos el control y la decisión sobre la tecnolo-
gía que usamos y esa premisa se encuentra aún en camino de estar garan-
tizada por diversas razones26, desde las más sistémicas, relativas a la orga-
nización del capitalismo cognitivo, hasta sus efectos concretos sobre la
brecha digital. Intervienen aquí factores técnicos pero también socioeconó-
micos, monopolios tecnológicos, así como determinadas políticas sobre
uso y divulgación de software libre.
El impulso de esas comunidades y colectivos del software libre se ha debido
en parte al hecho de que, hasta mediados de la década de 1990, los fondos
de la FSF se usaron principalmente para emplear a algunos programadores
en el desarrollo de software libre para el proyecto GNU. Estas contratacio-
nes tuvieron como propósito ofrecer aplicaciones alternativas a compo-
nentes o piezas de software privativo que suponían las dependencias más
urgentes para usuarios finales y servidores. Desde mediados de la década
de 1990, sin embargo, el trabajo de la FSF se ha enfocado más hacia asuntos
25 Véase http://www.fsf.org/.
26 Puede profundizarse en este aspecto en relación a la delimitación de un eventual derecho de ac-
ceso en América Latina y Ecuador en Torres y Vila-Viñas (2015).
4.2 Software 671
legales relativos a licenciamiento, así como hacia las cuestiones estructu-
rales para el movimiento del software libre y las comunidades de desarro-
lladores. Por este motivo y con la intención de dotar de arraigo al movi-
miento en distintos contextos, a partir de esa fecha, se crean instancias re-
gionales de la FSF en Europa27, India28 o Latinoamérica29.
En el ecosistema de organizaciones que apoyan el software libre, existen
también otros grupos con un interés técnico, enfocados en desarrollo y di-
vulgación de aplicaciones específicas. Esto ha fortalecido el modelo de de-
sarrollo de software libre en cuanto a intercambios y sinergias comunita-
rias. Uno de estos grupos o comunidades más reconocidas es la de Debian
pero destacan también la de desarrollo del propio GNU/Linux, Apache,
Fundación Mozilla y Open Document Foundation. Otras comunidades de
usuarios, documentadores y desarrolladores se orientan al fortalecimiento
de lenguajes de desarrollo como Python, Ruby on Rails, o plataformas de
blogging como Wordpress. En Ecuador, la Asociación de Software Libre de
Ecuador (ASLE)30 es una entidad conformada con la finalidad de difundir la
filosofía y los valores del software libre agrupando, al mismo tiempo, a las
diferentes empresas y personas dedicadas a su producción.
Uno de los elementos más destacados del ecosistema del software libre es la
innovación en las prácticas de gobernabilidad de las comunidades de usua-
rios y programadores. Javier de la Cueva (2012) ha defendido que el softwa-
re libre genera guías para que los ciudadanos se habitúen a unas prácticas
que construyan «no sólo una mejor democracia sino unos elementos inte-
grantes del núcleo duro de la misma». El ambiente libre, compartido y físi-
camente distribuido de las comunidades de programadores de software li-
bre ha dado pie a prácticas concretas que parten de la existencia de una
comunidad: repositorios públicamente accesibles en los que se escriben las
sucesivas versiones, códigos libres y compartidos, etc. La producción cola-
borativa entre pares, por iguales, generada en el ambiente del software li-
bre es un proceso de producción social (Benkler y Nissembaum, 2006,
27 Véase http://www.fsfe.org.
28 Véase http://www.fsf.org.in.
29 Véase http://www.fsfla.org.
30 Véase http://www.asle.ec/.
4.2 Software 672
p.400) que se caracteriza por su descentralización y por una motivación no
fundada en órdenes o premios. El objeto producido se basa, según Javier de
la Cueva (2012), en otros parámetros sociales no monetarios y tiene unas
características estructurales de «modularidad, granularidad e integración
entre componentes de bajo coste que permiten que los desarrolladores
puedan trabajar asíncronamente». Dentro de esta metodología, conviene
señalar que una de las prácticas más características de la gobernabilidad
de las comunidades del software libre sería el fork o escisión:
La escisión es un elemento de importancia fundamental por su transpa-
rencia y el enriquecimiento que produce. El disenso que se practica me-
diante el fork no supone necesariamente una ruptura con la comunidad,
sino en muchas ocasiones un enriquecimiento puesto que permite
afrontar la solución a un problema mediante la creación de varias y di-
ferentes herramientas La existencia de forks implica una necesaria polí-
tica deliberativa para la resolución de conflictos, lo que nos lleva a la au-
torregulación. Esta política no está escrita, sino que se va produciendo
según aparecen los conflictos (de la Cueva, 2012).
Otra de las prácticas habituales es la de show me the code (muéstrame el có-
digo): «hablar no cuesta nada, muéstrame el código», proviene de un men-
saje de Linus Torvalds a la lista de correo de desarrollo de Linux31. También
resulta interesante el procedimiento de Release early, release often («libera
pronto, libera a menudo») (Raymond, 1999), que refuerza la transparencia
como mecanismo evaluador en el sistema de reputacional que conforma la
meritocracia hacker.
Un caso de estudio especial sería el Github32, repositorio público para los
proyectos de desarrolladores, en el que la transparencia y el historial de
cada usuario son piezas vitales en la meritocracia. Asimismo, la comunidad
de desarrolladores Ubuntu se autoorganiza en plataformas como askubun-
tu.com. El foro de preguntas y respuestas stakoverflow.com33 es otro buen
ejemplo de espacio común de las comunidades de desarrolladores de soft-
ware libre34.
31 Véase https://lkml.org/lkml/2000/8/25/132.
32 Véase http://github.com.
33 Véase http://stackoverflow.com.
34 También son buenos medios para la cooperación, los sites de novedades que socializan en vivo
4.2 Software 673
Este conjunto de prácticas construidas en red, de forma distribuida y a lo
largo del tiempo conforman un nuevo protocolo de gobernabilidad que po-
dría, según de la Cueva (2012), escalarse hacia las políticas públicas y el Es-
tado. Otros autores como Antonio Lafuente (Gutiérrez, 2012) aseguran que
«los hackers son los científicos de la nueva Ilustración», lo que fortalece la
tesis de que el software libre no es apenas un ejercicio de soberanía tecno-
lógica o de ahorro de recursos, sino un ejercicio de ciudadanía virtuosa y
de democracia.
3.3. Licencias
Si bien el software libre se distingue del privativo desde sus mismas prácti-
cas de producción, el apartado de las licencias no es menos importante, ya
que constituye un elemento clave de su función dentro de capitalismo cog-
nitivo, al ser el mecanismo que garantiza, de modo explícito, el cumpli-
miento de las libertades establecidas por su filosofía. En síntesis, se trata
de un contrato entre partes donde se establece el modo en que una pieza
de software puede utilizarse.
Aunque la variedad de licencias libres no es nada despreciable, la licencia
pública general (GPL, por sus siglas en inglés) de la GNU es la más utilizada
en la actualidad. Esta licencia otorga a los/las usuarios/as la libertad de
usar, modificar y redistribuir el software (siempre que las versiones modifi-
cadas y redistribuidas estén también bajo licencias GPL) y supone una in-
novación legal y social muy importante. Dada la regulación actual sobre
derechos de autor y su interpretación, la existencia de esta licencia ha he-
cho posible el desarrollo del software libre en un entorno medianamente
controlado.
Aunque no es este el espacio para profundizar sobre las licencias libres y
sus particularidades, sí resulta necesario apuntar que la mayor parte de
software libre se encuentra bajo un pequeño grupo de licencias, amén de
las cuales también se diseñan licencias específicas para proyectos concre-
las innovaciones en el sector. Véanse, entre otros, http://slashdot.org/faq/slashmeta.shtml,
http://barrapunto.com/, http://www.reddit.com/r/Python/ o
http://www.reddit.com/r/ruby/.
4.2 Software 674
tos. Las más utilizadas son: Licencia de GNU Lesser GPL, Licencia BSD, Li-
cencia pública de Mozilla, Licencia de MIT, Licencia Apache y la Licencia
pública Eclipse.
Las licencias mencionadas también pueden ser clasificadas en función de
otros elementos relacionados con su entrega en la versión definitiva y la
de sus productos derivados:
1. Dominio público. Bajo estas licencias, el trabajo no tiene protección
de derechos de autor en su dimensión patrimonial, sea por la
caducidad de esos derechos o porque el autor lo haya «donado» al
dominio público. La cuestión es que, al carecer de derechos de
autor, este software puede ser libremente incorporado en cualquier
trabajo, sea privativo o libre.
2. Licencias permisivas, también llamadas de estilo BSD, pues se aplican
a la mayor parte del software distribuido con los sistemas
operativos BSD. Estas licencias también son conocidas como «de
copia libre», puesto que no tienen restricciones sobre su
distribución posterior35. El autor se reserva el derecho a rehusar la
garantía, requiere la atribución apropiada de los trabajos
modificados y permite la redistribución y cualquier modificación,
inclusive aquellas de código cerrado.
3. Licencias copyleft. Aportadas en el marco de la GNU General Public
License (GPL), son las más utilizadas36. En este grupo de licencias
hay reserva de los derechos de autor y se permite la redistribución
con la condición de se acredite bajo la misma licencia. Las adiciones
y enmiendas realizadas por otros también deben contar con la
misma licencia copyleft, siempre que sea distribuida con parte del
producto original licenciado.
Como se indicó en el apartado anterior, la FSF asumió como una tarea im-
portante la definición de licencias que cumplieran con su propia noción de
35 Véase http://copyfree.org/.
36 Puede verse una proporción del uso de licencias en https://www.blackducksoftware.com/re-
sources/data/top-20-open-source-licenses.
4.2 Software 675
software libre. Aunque estas licencias están agrupadas en la FSF, su lista no
es exhaustiva, por lo que es posible que una licencia sea libre y no esté en
la lista. Por otra parte, el proyecto Debian también ofrece una guía útil
para determinar si cualquier licencia de software cumple o no con los linea-
mientos de software libre.
Por último, conviene señalar que una controversia habitual es la relación
entre las nociones de software libre y software open source (OS) o de código
abierto, respecto a la que existen, en síntesis, dos posiciones. La primera
incide en que así como las libertades del software libre son descritas por la
FSF, la Open Source Iniciative (OSI) describe las de una pieza de software
para considerarse open source, remitiendo a los criterios de los Debian Free
Software Guidelines37, que no suponen diferencia sustantiva alguna en re-
lación con las cuatro libertades expuestas al inicio. Así, la distinción de-
pendería más de diferencias lingüísticas o de comunidades políticas38. Sin
embargo, para otras perspectivas, de las que el texto de Stallman (2012) se-
ría la expresión más contundente, sí cabe introducir un matiz distintivo
relevante, de orden político-cultural, según el cual el movimiento de soft-
ware open source tendría unos objetivos más ceñidos a la mejora del softwa-
re y al empoderamiento del usuario, así como al refuerzo de las dimensio-
nes empresariales de este modelo de producción, mientras que el de soft-
ware libre tendría objetivos añadidos de formación y fortalecimiento de
comunidades políticas en este ámbito, marcadas por una profunda concep-
ción ética de las libertades individuales y sociales.
3.4. Problemas y retos
En el contexto de las políticas públicas nacionales, hay retos evidentes
para la implementación del software libre. Además del enorme ahorro de
costes a medio plazo, un valor agregado del software libre reside en su ca-
pacidad de impulsar la generación de una industria local y regional, con
una menor afectación negativa sobre el medio ambiente. También la posi-
bilidad de dinamizar procesos de intercambio y exportación de software
37 Véase https://www.debian.org/social_contract#guidelines
38 Incluso se propone abandonar el término software OS por la confusión que cause y la identidad
sustancial (Galli, 2013).
4.2 Software 676
nacional y de ampliar el acceso de las familias de ingresos bajos y medios a
las TIC. No obstante, en el contexto actual, la adopción del software libre en
entornos públicos y privados ha debido combatir distintas limitaciones re-
lativas a los derechos digitales y a la propia efectividad de esa transición.
El registro bajo licencias privativas de técnicas e ideas de software puede
suponer restricciones adicionales sobre el desarrollo de software, tanto li-
bre como privativo. Aunque un software de ciertas dimensiones combina
miles de ideas, si el 10% de todas ellas se han registrado bajo licencias pri-
vativas, es probable que el uso del programa en su conjunto se encuentre
impedido por el carácter excluyente de la propiedad intelectual (Adamson,
2010), dando lugar a eventuales demandas por parte de su titular39.
En segundo lugar, el impulso del desarrollo y uso del software libre se ve li-
mitado por aquellos dispositivos de hardware en los que el fabricante ven-
de el producto, se niega a explicar cómo utilizarlo y en vez de ello, ofrece
un programa privativo. Ello impide que el usuario tenga el control sobre el
producto y dificulta procesos de apropiación social tanto de piezas de soft-
ware como del mismo hardware que permite su uso40.
En tercer lugar, debemos mencionar la brecha digital tanto respecto al ac-
ceso a las tecnologías de información libres, a través de la existencia de in-
fraestructuras tecnológicas adecuadas para facilitar su disposición masiva,
así como en cuanto a las prácticas y usos sociales de la tecnología. En otras
palabras, una parte importante de la población no es usuaria de tecnologí-
as libres porque no cuenta con infraestructura adecuada para ello, pero
también porque no se encuentra empoderada en su uso habitual41. Mejorar
el acceso a través del incremento y socialización de infraestructuras tec-
nologícas libres y desarrollar programas educativos de capacitación para
39 A ello hay que unir mecanismos específicos de restricción de uso y acceso de los usuarios a me-
dios digitales, como el de «gestión digital de derechos» (DRM, por sus siglas en inglés), sobre el
que puede ampliarse en Lazalde et al. (2015). También existen propuestas alternativas para su
regulación en KEI (2005, art. 3.6).
40 Del mismo modo, puede ampliarse este mecanismo y propuestas de solución en Lazalde et al.,
(2015).
41 La situación y recomendaciones sobre políticas de acceso y conectividad pueden ampliarse en el
documento de FLOK Society al respecto (Torres y Vila-Viñas, 2015).
4.2 Software 677
su mejor apropiación social son dos de los retos más importantes a vencer
por parte de los Estados y las comunidades tecnopolíticas.
Por último, si nos referimos a la posibilidad de adoptar, dentro de las Ad-
ministraciones Públicas, estándares de software libre, con el consiguiente
fomento de esta industria y aparte de los obstáculos políticos que dispo-
nen las corporaciones de desarrollo y distribución de software privativo,
uno de los principales cuellos de botella para la efectividad de tales proce-
sos se encuentra en la ausencia de suficiente personal técnico capacitado
en tecnologías libres. Si bien la capacitación técnica en software privativo
es igualmente insuficiente, la presión de grandes corporaciones interna-
cionales con vastos recursos para influenciar decisiones públicas y ofrecer
servicios informáticos a instituciones públicas desequilibra la balanza en la
toma de decisiones sobre el tipo de software que adquieren las Administra-
ciones. Aunque puedan completarse con éxito migraciones en alguna insti-
tución, esto impide escalar el proceso y perjudica seriamente la interope-
rabilidad de los y las trabajadoras y servicios migrados, reduciendo las
ventajas del software libre. A su vez, estas carencias afectan a otros proce-
sos de innovación y democratización de la Administración Pública, como
los relacionados con la apertura de datos, transparencia y comunicación
con la ciudadanía.
4. MODELOS ALTERNATIVOS: REVISIÓN DE EXPERIENCIAS,
AVANCES Y RETOS
En la actualidad, software de red como Apache, BIND y Sendmail compren-
den una notable proporción de la infraestructura de Internet. De hecho,
desde la década de 1980, el movimiento hoy llamado FLOSS (Free/Libre and
Open Source Software) ha venido creando software libre para varios fines. El
ejemplo más difundido es el sistema operativo libre GNU/Linux, una colec-
ción de software libre con el núcleo Linux como centro. Otros ejemplos bien
conocidos incluyen los mencionados navegadores Mozilla y Firefox, el pa-
quete de ofimática OpenOffice, LibreOffice y el sistema de base de datos
MySQL. Para apreciar mejor la naturaleza integrada de FLOSS y las reco-
mendaciones que cabe deducir de ello para las medidas de transición hacia
4.2 Software 678
una economía social del conocimiento común y abierto, examinaremos al-
gunos estudios de caso que lo ilustran.
4.1. Europa
a) Italia
Conforme a una evaluación comparativa de carácter técnico y económico,
el Gobierno Italiano otorga prioridad al software libre, haciendo que este
sea la opción por defecto de la Administración Pública desde diciembre de
2012 (FSFE, 2014; Troiano, 2013). Con este fin, se creó la Agenzia per l'Italia
Digitale, encargada de establecer procedimientos y criterios que ayuden a
justificar la apuesta por la adquisición de piezas de software, para priorizar
y fomentar el desarrollo doméstico de software hacia las distintas Adminis-
traciones italianas.
En 2013, dicha agencia estableció un documento original de planificación
(AGID, 2013) e implementó por primera vez un proceso de consultoría que
involucraba a representantes del sector público, a la comunidad de softwa-
re libre y a los desarrolladores de software privativo. Este documento dispu-
so que todas las instituciones públicas deberían considerar la utilización
de software libre antes de adquirir licencias para los programas privativos.
Del mismo modo, estableció un método detallado a seguir por organismos
públicos para decidir qué software utilizar. Entre las soluciones que plantea
el documento, en el proceso de selección del software objeto de selección,
se deben considerar las siguientes:
1. Software desarrollado por la Administración Pública.
2. Reutilización del software o las partes de éste que hayan sido
desarrolladas por la Administración Pública.
3. Software libre o de código abierto no desarrollado por la
Administración Pública.
4. O una combinación de las soluciones de software antes
mencionadas.
4.2 Software 679
Los servidores públicos solo pueden considerar la adquisición de un soft-
ware que no sea libre si no estuviera disponible ninguna pieza de software
que encaje en cualquiera de las opciones anteriores. A fin de garantizar
que esta política pública sea eficaz, tanto las instituciones públicas como el
público interesado recurren a la Agencia Digital para verificar su cumpli-
miento. En caso de negligencia, los servidores públicos pueden ser objeto
de responsabilidad a título individual y los tribunales pueden anular las
decisiones que contradigan esta normativa.
b) Múnich (Alemania)
En el marco europeo, sin embargo, la implementación más exitosa de soft-
ware libre en la Administración Pública se ha producido en Alemania, con
un proyecto que tiene una trayectoria de die< años42. En palabras de Peter
Hofmann, líder del proyecto en Múnich, «la razón de hacer el cambio ha-
cia el código abierto nunca tuvo que ver con el dinero sino con la libertad»
(Heath, 2013).
El 11 de diciembre de 2013, la ciudad de Múnich había completado oficial-
mente el extenso proyecto de migración de estaciones de trabajo hacia Li-
nux, bajo el nombre del proyecto LiMux (Chausson, 2009) y la estandariza-
ción del formato de documento abierto (ODF, por sus siglas en inglés), que
había iniciado casi diez años antes. El proyecto LiMux comenzó en junio de
2004, cuando el Ayuntamiento de Múnich aprobó el comienzo de la migra-
ción desde NT y Office 97/2000 hacia un sistema operativo con base en Li-
nux y una versión de OpenOffice hecha a medida. Este proceso de migra-
ción incluyó también otros recursos de software libre: el navegador Mozilla
Firefox, el cliente de correo electrónico Mozilla Thunderbird y el software
Gimp de edición de fotos.
Cierta independencia tecnológica implicaba para Múnich mucho más que
el ahorro final que supuso este plan de migración. Significaba que podía li-
berarse de un conjunto de tecnologías privativas (el sistema operativo
Windows, el paquete de Office también de Microsoft, entre otras) de las
42 Puede profundizarse acerca de datos y desarrollos de este proyecto en la página creada en Wiki-
pedia al respecto: http://en.wikipedia.org/wiki/LiMux#Timeline.
4.2 Software 680
que la ciudad dependía en 2002. Otro aspecto relacionado con la migración
fue el hecho de que, en 2004, estaba próxima la caducidad de las licencias
utilizadas en catorce mil máquinas del personal del municipio.
Con respecto a los costes finales, para agosto de 2013, el Ayuntamiento de-
claró que le había costado veintitres millones de euros el cambio a LiMux y
OpenOffice, frente a un estimado inicial de cuarenta y tres millones de eu-
ros de la evental actualización de Windows 7 y las últimas versiones de
Microsoft Office. La estimación de Anika Kehrer (2013) es de un ahorro de
diez millones de euros. Por otro lado, el cambio a LiMux y OpenOffice per-
mitió prolongar la vida útil de los equipos de escritorio, algo imposible con
las versiones recientes de M. Office y Windows 7, lo que supone un ahorro
adicional al pago de licencias de unos 4,6 millones de euros. Finalmente,
los procesos de formación y adiestramiento derivados de la implementa-
ción de nuevas piezas de software libre han supuesto un costo de 1,69 mi-
llones de euros, algo muy inferior en comparación a la inversión necesaria
para adiestramiento en determinado software privativo, como los paquetes
estadísticos. En términos numéricos, esta acción supuso la migración de
más de 14.800 empleados hacia LiMux y más de 15.000 hacia OpenOffice.
Sin embargo, estos procesos de migración no siempre han sido exitosos,
quizás debido a su complejidad. Por ejemplo, la municipalidad alemana de
Friburgo ha abandonado su propio cambio hacia código abierto, al indicar
que le hubiera costado hasta doscientos cincuenta euros por puesto resol-
ver asuntos de interoperabilidad. Por otro lado, siempre se generan obser-
vaciones por parte de los usuarios finales. Una de las quejas principales del
personal de Múnich que utiliza Linux y OpenOffice se refiere a las incom-
patibilidades con Microsoft Office. Los documentos, hojas de cálculo y
otros archivos despliegan algunos tipos de letra, cuadros y distribuciones
de manera diferente en OpenOffice que en Microsoft Office y los cambios
realizados en algunos documentos, al forzar su traducción a formatos pro-
pietarios y no estandarizados, no siempre se registran apropiadamente.
Sin embargo, estos problemas tienden a solventarse en las versiones más
recientes de software libre de ofimática.
4.2 Software 681
4.2. América Latina y el Caribe
En América Latina y el Caribe, varios países han implementado leyes y po-
líticas públicas orientadas hacia el uso de software libre, entre ellos, Brasil y
su emancipación de Outlook, Argentina y su apoyo legal al acceso abierto y
México y su política nacional para datos abiertos a través de la Estrategia
Digital Nacional43.
a) Brasil
Si se cambia a software de código abierto, se pagan menos regalías a las
compañías extranjeras y eso puede representar mucho en un país como
Brasil que aún tiene un largo trecho para desarrollarse en el sector de
tecnologías de la información. (Sergio Amadeu, Instituto Nacional para
Tecnología de la Información, Brasil).
En Brasil, desde 2003, han crecido notablemente las comunidades de desa-
rrolladores de software libre y, en general, el uso del código abierto. En
abril de 2004, el Gobierno brasileño ofreció formación a unos 2.100 emple-
ados municipales, estatales y federales en la implementación y gestión de
plataformas de código abierto para la Administración gubernamental. Ya
en ese año, había planes de migración de servidores de Internet y de la
mayor parte de computadores convencionales hacia software libre para al
menos cinco Ministerios del Gobierno Federal. Casi doce agencias públicas
habían utilizado software libre en modo de prueba. A juicio de Paiva (2009),
la meta principal de Brasil en cuanto a la adopción de software libre no es-
tuvo solo motivada por el aspecto económico, sino que, como se ha visto
en otros contextos, se relacionaba también con el incremento de la compe-
tencia y de los puestos de trabajo asociados al software producido en am-
bientes colaborativos, el desarrollo y distribución del conocimiento, la dis-
ponibilidad de nuevos productos y acceso en general a TIC.
Respecto a la cuestión concreta del ahorro, por cada estación de trabajo no
migrada, Brasil pagaba tasas a Microsoft de aproximadamente mil doscien-
tos reales brasileños (aproximadamente unos quinientos USD), de modo
43 Véase http://cdn.mexicodigital.gob.mx/EstrategiaDigital.pdf.
4.2 Software 682
que, en total, el Ejecutivo ha informado de un ahorro estimado de ciento
veinte millones gracias a la migración a software libre.
Por otra parte, el desarrollo de nuevas alternativas respecto a piezas de
software para el Estado ha llevado al país a emprender proyectos relaciona-
dos con el código abierto, lo cual ha venido a dinamizar el entorno produc-
tivo nacional de este tipo de tecnologías. Muchas organizaciones del Go-
bierno brasileño utilizan Java como la principal plataforma de desarrollo,
por ejemplo, en la Televisión Digital Brasilera, el middleware responsable
del proceso de TV digital, interactivo, conocido como Ginga44.
Además, desde 1995 Brasil cuenta con una legislación que contempla el uso
del voto electrónico. En las elecciones de 2006 votaron 136,8 millones de
personas. En el 2009, se presentaron importantes objeciones al funciona-
miento del sistema, que era privativo, en términos de seguridad y respeto
a la voluntad del elector, de modo que se prepara una nueva versión del
software de las máquinas de votación soportada en GNU/Linux.
En el terreno educativo, E-Proinfo es un proyecto de aprendizaje electróni-
co que ya ha formado a cincuenta mil estudiantes. Este software público45
fue desarrollado por la Secretaría de Educación a Distancia y se publicó
bajo licencia pública general (GPL). El caso brasileño vuelve a mostrar que
los factores más críticos de cualquier implementación de software libre in-
cluyen formación, documentación, definición de normas y apoyo técnico,
respecto a los que E-Proinfo ha podido dar en Brasil una respuesta relati-
vamente adecuada. Otro caso relevante sería la plataforma de participa-
ción política Participa.br46, lanzada por la Secretaría General de la Presi-
dencia, basada en el software libre noosfero.org.
44 Véase http://www.ginga.org.br/es.
45 Esta noción designa a un software que, aunque de titularidad estatal y sin cumplir necesariamen-
te las cuatro libertades del software libre, limita la dinámica habitual de transferencia de dinero
público a grandes corporaciones y suele ser más eficiente, integrándose en repositorios a dispo-
sición de otras instituciones públicas o, en algunos casos, ciudadanas para que lo adapten a sus
necesidades. En América Latina, distintos Gobiernos tienen portales donde acceder a este tipo
de creaciones. Véanse por ejemplo, www.softwarepublico.cl/, para el caso de Chile y nomenclatu-
ras análogas para el de Perú, Uruguay, Argentina o Brasil.
46 Véase http://www.participa.br/.
4.2 Software 683
b) Venezuela
La Ley obliga a las instituciones del Estado y al Poder Popular a usar el
software libre para garantizarle al país la plena soberanía. (Hugo Chá-
vez).
En diciembre de 2004, Venezuela emite el Decreto Presidencial 339047, que
establece que la Administración Pública deberá emplear prioritariamente
«software libre desarrollado con estándares abiertos» en sus sistemas, pro-
yectos y servicios informáticos, considerando que:
•Es prioridad del Estado incentivar y fomentar la producción de bie-
nes y servicios para satisfacer las necesidades de la población.
•El uso del software libre desarrollado con estándares abiertos
fortalecerá la industria del software nacional, aumentando y
fortaleciendo sus capacidades.
•La reducción de la brecha social y tecnológica en el menor tiempo y
coste posibles, con calidad de servicio, se facilita con el uso de
software libre desarrollado con estándares abiertos.
•La adopción del software libre desarrollado con estándares abiertos
en la Administración Pública y en los servicios públicos facilitará la
interoperabilidad de los sistemas de información del Estado,
contribuyendo a dar respuestas rápidas y oportunas a los
ciudadanos, mejorando la gobernabilidad.
•El software libre desarrollado con estándares abiertos permite
mayor participación de los usuarios en el mantenimiento de los
niveles de seguridad e interoperatividad.
A partir de esa fecha, la mayoría de las instituciones públicas inician pla-
nes de migración gradual hacia el software libre desarrollado con estánda-
res abiertos. Sin embargo, no es sino hasta septiembre de 2013, que la
Asamblea Nacional aprueba una Ley de Infogobierno, que busca fomentar
la independencia tecnológica y fortalecer el ejercicio de la soberanía na-
47 Véase http://cnti.gob.ve/images/stories/documentos_pdf/decreto3390softwarelibre.pdf.
4.2 Software 684
cional sobre el uso de las tecnologías de información libres en el Estado.
Dicha ley, que entró en vigor en agosto del 2014, junto con la Ley de acceso
e intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los
órganos y entes del Estado (llamada coloquialmente Ley de Interoperabili-
dad) conjuga esfuerzos para fortalecer los procesos de migración iniciados
desde 2004.
En el caso de Venezuela, uno de los principales obstáculos para la implan-
tación del software libre, más allá de escritorios, ha sido la insuficiencia, al
inicio del proceso de migración, de capacidades dentro del Estado en do-
minio de herramientas de software libre para generar sus propias solucio-
nes. Frente a este obstáculo, se creó la Academia de software libre, espacio
presencial y virtual de formación para funcionarios públicos y desarrolla-
dores, a la par que se desarrolló un sistema operativo libre propio que per-
mitió unificar criterios de uso, desarrollo, distribución y apropiación de
software libre en la Administración Pública.
c) Uruguay
Cuando uno quiere que el estado funcione de una manera específica,
debe decírselo con la ley. Lo que queremos es que el estado utilice soft-
ware libre para promoverlo en el sistema de educación, para optar por
el uso de formatos libres y abiertos en vez de formatos con derechos de
propiedad. Por ello, si no lo hace, debe ser por una razón muy válida y
deberá ponerla por escrito. (Daysi Torné Torné, Representante urugua-
ya).
La Ley de Software Libre y de Formatos Abiertos se aprobó en Uruguay en
diciembre de 2013 (Wayer, 2014), con lo que se cierra un proceso iniciado
años atrás de esfuerzos para aumentar el uso del software libre y crear las
condiciones para elaborar una norma al respecto. No es sino hasta finales
de 2012 que la discusión tomó fuerza en la Comisión de Ciencia y Tecnolo-
gía de la Cámara de Diputados del Uruguay y se promulga la ley.
La Ley sobre Software Libre y Formatos Abiertos contempla lo siguiente:
4.2 Software 685
•El Estado preferirá la inversión y el desarrollo de software libre
sobre el software privativo, excepto cuando no cumpla los
requerimientos técnicos.
•Si el Estado decide invertir en software privativo, debe justificar el
gasto y argumentar la opción.
•El Estado debe aceptar y distribuir cualquier información sobre, al
menos, un formato abierto, estandarizado y libre.
•El intercambio de información en el Internet debería ser posible
en, al menos, un programa acreditado como software libre.
Como en contextos similares, entre las distintas ventajas que aporta esta
ley se encuentra, por supuesto el ahorro en licencias pero también cues-
tiones de seguridad frente a las «puertas traseras» que puede tener el soft-
ware privativo imposible de auditar. También se encuentra el fomento de
la transparencia, dado que la difusión de información pública en un
formato abierto permite la transparencia de la ciudadanía y un acceso
abierto a los datos; algo que también puede reforzarse mediante una
política pública de datos abiertos (Restakis et al., 2014).
4.3. Ecuador. Decreto Presidencial 1014
Todos necesitamos adoptar software libre en los niveles público y priva-
do. De esa manera, garantizaremos la soberanía de nuestros Estados, de-
penderemos de nuestra propia fuerza, no de fuerzas externas a la re-
gión, seremos productores de tecnología, no solamente consumidores;
poseeremos el código fuente y podremos desarrollar muchos productos
que, incluso al duplicar nuestros esfuerzos, pueden ser muy útiles para
las compañías públicas y privadas de la región. (Rafael Correa- Presiden-
te del Ecuador48).
En 2008, el presidente Correa emitió el Decreto Presidencial 101449, que
adoptó el software libre como política de Estado, es decir, «para establecer
48 Mensaje del Presidente de la República de Ecuador. Mayo de 2007, véase https://libreconoci-
miento.wordpress.com/2007/05/17/pronunciamiento-del-presidente-del-ecuador/.
49 Véase http://www.gobiernoelectronico.gob.ec/files/sidsl1014.pdf.
4.2 Software 686
el uso de software libre como política pública para las entidades de la Admi-
nistración Pública Central, en sus sistemas y equipos». Con este decreto, el
Ecuador se convirtió en el tercer país de América Latina, tras Brasil y Ve-
nezuela, en desplegar el software libre a través de su política nacional, al
margen de que el proceso de implementación haya resultado ambivalente,
como se refiere a continuación.
De acuerdo a la Secretaría de Tecnologías de la Información, los principa-
les resultados relacionados con la adopción de software libre como política
pública del Ecuador fueron los siguientes (Torres, 2013):
Tras la suspensión de la adquisición de software privativo, durante
el primer año de adopción de este decreto, el país había ahorrado
15 millones USD.
El 90% de los jefes de sistemas en las instituciones de Gobierno reci-
bieron formación.
La nueva Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), de 2010,
introdujo en su art. 32 que «las instituciones de educación superior
obligatoriamente incorporarán el uso de programas informáticos
con software libre». Tres años después de dicha previsión, la
Universidad Estatal de Bolívar se convirtió en la primera y única
universidad que ha migrado hacia el software libre.
Hasta diciembre de 2010, el Ecuador tenía trescientos mil usuarios
de GNU / Linux en las instituciones públicas, el 90% de los portales
institucionales, a la vez que el 70% de los sistemas de correo
electrónico utilizan software libre.
En 2012, ya estaban implementados dos sistemas fundamentados
en software libre en la Administración Pública: el portal de compras
públicas y el portal de mensajería oficial Quipux.
Dentro del nuevo ecosistema regulativo favorable al software libre, la insti-
tución responsable de verificar el cumplimiento de este Decreto es la Se-
cretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP), que lo hace en
4.2 Software 687
atención a tres situaciones excepcionales que permiten al Ejecutivo adqui-
rir soluciones de software privativo:
1. no exista una solución de software libre que satisfaga las
necesidades;
2. exista un riesgo de seguridad nacional; y
3. el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno,
de modo que la migración no es ni razonable ni deseable.
Como se indicó y pasado un tiempo desde su entrada en vigor, la valora-
ción del proceso resulta ambivalente. Aparte de los señalados arriba, vere-
mos a continuación notables avances en este campo, que hacen de Ecuador
un contexto afín al desarrollo de estos proyectos tecnopolíticos. Sin em-
bargo, a escala de usuario, el Decreto 1014 ha resultado insuficiente para
reducir el uso de software privativo por parte de las instituciones públicas e
impedir que otras instancias utilicen formatos cerrados. Aunque un análi-
sis de la limitada implementación del Decreto requeriría una investigación
específica, podemos señalar algunos factores. En primer lugar, no se prevé
un plan de transición que permita alcanzar el objetivo decretado, de modo
que no existen medidas frente a los principales obstáculos del proceso, que
son comunes a las migraciones institucionales al software libre: insuficiente
capacitación en tecnologías libres de los servidores públicos y en particu-
lar de las direcciones tecnológicas (factor ligado al contenido de la educa-
ción superior en estas áreas), limitaciones en la interoperabilidad, que per-
judican la escalada de la migración desde las instituciones más audaces,
etc. En segundo lugar, es necesario introducir mejoras regulativas: estable-
cer un régimen de responsabilidad ante la falta de aplicación del Decreto;
un proceso de evaluación de las compras; la prohibición de que la adquisi-
ción excepcional de software privativo se renueve año tras año o la obliga-
ción de desarrollar software libre o software público en estos casos50. Todo
50 Notar que esta dinámica no es exclusiva de Ecuador. Recientemente el Tribunal de Cuentas afe-
aba al Ministerio de Sanidad español el abuso de la adjudicación de contratos directos sin publi-
cidad en el ámbito de mantenimiento de equipos y programas informáticos conforme a este me-
canismo. Véase http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1022527/el-tribunal-de-cuentas-
cree-que-la-seguridad-social-abusa-de-la-adjudicacion-de-contratos-sin-publicidad.
4.2 Software 688
ello supondría un importante fortalecimiento de la eficacia de este Decre-
to.
Por otro lado, el Portal de Compras Públicas de Ecuador aún registra mu-
chas adquisiciones de software privativo (con o sin hardware asociado), a lo
que hay que añadir el alto precio evidenciado en productos de software ad-
quirido en el país y comercializado por empresas locales representantes de
marcas internacionales. Además, tampoco las grandes entidades de softwa-
re privativo han desaparecido del horizonte de innovación y cambio de la
matriz productiva51.
Por fortuna, hay casos de uso y desarrollo que, sin lugar a dudas, destacan
en la experiencia ecuatoriana:
•Asamblea Nacional. Probablemente el caso de adopción a software
libre más exitoso en el Estado. La mayoría de estaciones de trabajo
usan Linux.
•Elastix. El proyecto de desarrollo de software libre de Ecuador más
reconocido, un exitoso proyecto centrado en tecnologías de VoIP
qué además sirve como modelo de negocio para sus
desarrolladores, además de numerosas empresas en el mundo que
venden servicios de sus productos.
•Quipux. software libre desarrollado desde el Gobierno para la
mensajería oficial. Sin embargo, no ha tenido el mismo éxito en la
formación de comunidad.
•Proceso de migración a software libre de la Universidad Estatal de
Bolívar.
51 Por ejemplo, la ciudad del conocimiento Yachay, suscribió un contrato marco con Microsoft,
hecho público durante el Campus Party de 2013 en Quito, cuando Yachay y Microsoft también
anunciaron la ejecución de una «Maratón de Certificaciones de Tecnología» que entra en con-
flicto con los esfuerzos gubernamentales por uso de tecnologías libres. El texto del convenio es
público: http://www.yachay.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/09/convenio_MI-
CROSOFT_suscrito.pdf
4.2 Software 689
•ONG Diferencial. Apoyando la instalación y uso de distribuciones de
sistemas operativos libres en red de infocentros de MINTEL entre
otros.
•En términos locales, destacan las experiencias del Municipio de
Lago Agrio, que utiliza la plataforma Quipux para sus
comunicaciones institucionales52; el Municipio de La Concordia,
que utiliza plataformas de servidores con Ubuntu Server
GNU/Linux, estaciones de trabajo con Ubuntu GNU/Linux de
escritorio y las escuelas que ayuda, a las cuales se les está
instalando Edubuntu.
•Ecualug53. Foro de apoyo y discusión para los usuarios del sistema
operativo GNU/Linux.
•COPLEC54. Comunidad de desarrolladores de software libre.
•SasLibre55. Servicios académicos de software libre.
•Ubuntu-EC56.
•Blender Ecuador57.
En el caso de Ecuador, sin lugar a dudas, la presencia de una comunidad
fuerte de usuarios, documentadores y desarrolladores ha contribuido a fa-
cilitar las experiencias antes mencionadas. En este sentido, destaca la pre-
sencia de la Asociación de Software Libre del Ecuador (ASLE), constituida
sobre el año 2006, primero de manera informal58 y desde 2008, tras la reu-
nión entre Richard Stallman y Rafael Correa (Bonifaz y Mendieta, 2008), de
manera oficial en la ciudad de Cuenca (Bonifaz, 2008b). En 2007, ASLE, invi-
tó al presidente Correa a grabar un video saludando al FLISOL, que este
52 La experiencia de Quipux está muy extendida en la Administración central y algo menos en las
locales, de allí que se destaque esta experiencia local de uso de Quipux.
53 Véase http://www.ecualug.org/.
54 Véase http://www.coplec.org/.
55 Véase http://saslibre.com/index.php/es/.
56 Véase http://www.ubuntu.ec/.
57 Véase http://blenderecuador.org/wp.
58 Véase http://nuevared.org/pipermail/equinux_nuevared.org/2006-December/003903.html.
4.2 Software 690
grabó invitando a América Latina a utilizar software libre, como se ha ex-
tractado arriba42.
ASLE destaca por su participación en la discusión sobre el estándar OOXML
(Bonifaz, 2008a) y la aprobación del ODF como norma del Instituto Nacio-
nal Ecuatoriano de Normalización (INEN)59. Recientemente, también ha es-
tado muy activa en el debate sobre la privacidad y la vigilancia en Inter-
net, organizando dos eventos: Foro de Soberanía Tecnológica en la Asam-
blea Nacional60 y La Minga por la Libertad Tecnológica61. En definitiva, el
vigor de estas comunidades es tanto la garantía como la principal palanca
técnico-política para aprovechar en el país las potencialidades del software
libre, en un contexto que, tanto por motivos de eficacia como de democra-
cia, tiende a la mayor penetración de los saberes de movimiento y de los
expertos ciudadanos en la actividad de Gobierno62.
5. PROPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA ECUADOR
5.1. Principios generales
Ya se ha propuesto un marco teórico y analítico para la implementación
de las políticas públicas de software libre en muchos países de Europa y
América Latina. Entre ellos, Italia, Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela
han establecido los lineamientos básicos para implementar el software libre
dentro de las Administraciones Públicas.
El software libre promueve la solidaridad social a través del intercambio y
la cooperación. El trabajo colaborativo se sustenta en modelos de gober-
nanza que son abiertos e incluyentes facilitando que, desde las comunida-
des y grupos de usuarios, se colabore según las propias capacidades. Ade-
59 Véase http://www.somoslibres.org/modules.php?name=News&file=print&sid=2599.
60 Véase https://archive.org/details/EventoSoberanaTecnolgicaYProteccinDeLaPrivacidad-Asam-
blea.
61 Véase https://web.archive.org/web/20131204163717/https://minga.asle.ec/. En 2014, este
evento se reeditó en la Asamblea Nacional, ver http://mingatec.asambleanacional.gob.ec/.
62 Las tesis del partner state, que, en el proyecto FLOK, ha desarrollado Restakis (2014), incluiría es-
tos planteamientos.
4.2 Software 691
más, con la implementación del software libre en la Administración Públi-
ca, se promueve el mantenimiento de la infraestructura, el desarrollo del
software, la seguridad, la economía nacional, así como líneas de investiga-
ción e innovación orientadas a satisfacer problemas locales permitiendo
generar una economía participativa, nacional y cuyos beneficios no son
extraídos por grandes multinacionales (Heins, 2012).
Por ejemplo, el software libre fomenta la investigación y la adaptación se-
gún los volúmenes de uso, puesto que la ausencia de regalías permite va-
riar el número de ordenadores utilizados sin restricción. Debido a la orien-
tación del software libre por parte de las necesidades de los usuarios, es im-
prescindible combinar expansión con la de la transparencia y el Gobierno
abierto, lo que a su vez supone un nuevo reto. Respecto a tal desafío, el uso
de formatos abiertos asegura el acceso ciudadano a la información y a los
servicios sin tener que adquirir una aplicación particular, con su costo
consecuente de licencia.
El modelo de desarrollo que sigue la comunidad FLOSS es muy cercano a
un modelo ideal de innovación, compartido por muchos centros de inves-
tigación y universidades, según el cual la base de la innovación es el inter-
cambio de información y la cooperación. Incluso podría decirse que intro-
duce una mejora adicional importante, al exigir la colaboración abierta en
todas las fases del proceso. Desde una perspectiva general, la expansión de
los ecosistemas productivos de software libre también ayuda a que la inno-
vación no se encuentre restringida solo a ciertas compañías.
En la misma línea, el acceso a la información y al conocimiento permite el
desarrollo de la industria local, que se beneficia de estas dinámicas y con-
tribuirá a su desarrollo. En el caso de FLOSS, la innovación es local y de
abajo hacia arriba, es decir, del cliente a la compañía, por ejemplo en el
caso de una solicitud de diseño a la medida; frente al modelo de software
privativo, que, con mucha frecuencia, opera de arriba hacia abajo.
Se confía en que el software libre y las sinergias que genera sean también
capaces de impulsar cambios en las estructuras estatales y potenciar sus
resultados y, por esa razón, muchos/as partidarios/as de FLOSS creen que
éste puede crear condiciones de libertad y riqueza para los países en vías
4.2 Software 692
de desarrollo. Los partidarios de FLOSS argumentan que el uso de software
libre puede ayudar a la construcción de un nuevo Estado, eficaz en rela-
ción con el gasto, democrático e independiente en relación con los llama-
dos países desarrollados.
El cambio de orientación del Estado respecto al software libre puede pare-
cer una medida limitada en el corto plazo. Sin embargo, consideramos que
es un punto de inflexión en la transición hacia la economía social del cono-
cimiento común y abierto por el volumen de gasto que transferiría hacia el
corazón de esas comunidades y la eventual consolidación de una forma de
producción que encarna el fuerte vínculo que tiene, en la economía social
del conocimiento común y abierto, la democratización de la producción y
la democratización de la política. En este sentido, no se trata de un reto li-
mitado al Estado y sus departamentos tecnológicos, sino que interpela a la
propia capacidad de autoorganización de las entidades productivas de la
economía social del conocimiento. Al mismo tiempo, es necesario recono-
cer que la masificación de producción y uso de software libre, comprendido
como un bien público, supone que FLOSS no puede potenciar resultados
por sí mismo sin una fuerte infraestructura industrial, educativa (en ámbi-
tos formales e informales) y tecnológica de soporte y que ésta implica cu-
brir aspectos como la dotación de equipos y la conectividad63. Esta infraes-
tructura técnica constituye una inversión necesaria e importante para lo-
grar impacto en desarrollo y uso de FLOSS y también, espacios de genera-
ción de nuevas dinámicas productivas vinculadas al software libre. Por todo
lo anterior, resulta determinante introducir normas o políticas públicas
que exijan el uso en el Estado de software de código libre y abierto.
5.2. Recomendaciones
Entre las recomendaciones sobre políticas públicas relativas al uso de
software libre en la Administración Pública se encuentran las siguientes,
que, además, son compatibles con la propuesta de Código Orgánico de la
Economía Social del Conocimiento y la Innovación (COESC+i)64:
63 Particularmente a las cuestiones de conectividad nos hemos referido en el documento FLOK 4.3
(Torres y Vila-Viñas, 2015).
64 Véase http://coesc.educacionsuperior.gob.ec/index.php/C%C3%B3digo_Org
4.2 Software 693
1. Política 1. El software debe ser un bien del procomún, de modo que
todo software desarrollado y pagado con fondos públicos deberá ser
liberado.
2. Política 2. En busca de la soberanía tecnológica, el Estado
ecuatoriano utilizará software libre en todos sus ámbitos de acción.
3. Política 3. El Estado generará incentivos para el uso de software
libre en educación en sus distintos niveles, comprendiendo tanto a
las instituciones, como a los estudiantes y docentes.
4. Política 4. El Estado impulsará procesos de promoción, difusión,
formación, investigación, desarrollo y uso de software libre de
forma masiva.
5. Política 5: Se adoptarán medidas de ciberseguridad para la
protección de la ciudadanía.
En el proceso de implementación de estas políticas públicas pueden identi-
ficarse acciones específicas. Entre ellas destacan:
Política 1. El software debe ser un bien del procomún, de modo que todo
software desarrollado y pagado con fondos públicos deberá ser liberado.
1. Establecer repositorios de software libre, así como las
responsabilidades y pautas sobre su uso y mantenimiento65.
2. Establecer y hacer efectiva la ausencia de discriminación en el
acceso al software como parte de un derecho de acceso a las TIC.
3. Impedir que el hardware tenga asociado un software privativo sin la
posibilidad de que el consumidor elija descontando su coste.
4. El sector público, los proyectos financiados con fondos públicos y
aquellos que impliquen a los ciudadanos por ley o de manera que
%C3%A1nico_de_Econom%C3%Ada_Social_del_Conocimiento_e_Innovaci%C3%B3n.
65 En el caso ecuatoriano, la plataforma Minka (http://minka.gob.ec/) podría consolidarse en esta
función.
4.2 Software 694
afecte sus derechos fundamentales, deberían usar siempre software
libre y estándares abiertos.
5. Cuando no exista una solución libre o estándares abiertos, la
Administración Pública competente promoverá el desarrollo del
software que sea necesario. Mientras tanto, solo deben usarse las
soluciones que puedan someterse a una auditoría pública.
6. Los resultados de desarrollos financiados con dinero público deben
ser publicados bajo una licencia de uso y distribución libres y en un
entorno que permita el intercambio66.
Política 2. En busca de la soberanía tecnológica, el Estado ecuatoriano
utilizará software libre en todos sus ámbitos de acción.
1. Evaluar el impacto y efectividad del Decreto 1014, extendiendo su
aplicación a las empresas públicas y diseñando su implementación
en sectores clave como la sanidad y la educación.
2. Establecer un plan de migración progresivo para la Administración
Pública y asignar su ejecución a la supervisión de una institución
responsable de su administración, seguimiento y control, así como
de la auditoría del software implementado en el Estado ecuatoriano.
3. Mejorar los criterios de valoración de costes de las adquisiciones
del software (FCF, 2010, p.10):
•En las compras públicas, evaluar el coste total del uso,
incluyendo los costes de dejar de usarlo y de migrar a un
software alternativo.
•La contabilidad pública debería distinguir claramente los costes
de las licencias de software, el mantenimiento, el soporte
técnico, y el servicio, desvinculándolos de los del hardware.
66 Los puntos 1.4, 5 y 6 proceden de la FCF (2010, p.10) por su pertinencia también en nuestro con-
texto.
4.2 Software 695
4. Seleccionar varias instituciones de la Administración Pública para
un programa piloto con evaluación, que contemple términos
técnicos pero también de capacitación y sensibilización hacia uso
de software libre.
5. Mejorar la formación en la apropiación social de tecnologías libres
en los distintos niveles educativos, en particular, en la formación
superior de los integrantes de departamentos tecnológicos de las
instituciones.
6. Crear un grupo de trabajo específico para una implementación
progresiva de software libre, a fin de gestionar la distribución de las
aplicaciones de software libre más utilizadas por las
Administraciones Públicas.
7. Fomentar la industria nacional y regional de desarrollo y
distribución de software libre, de modo que sea posible una mejor
adaptación a las necesidades sociales y la sustitución efectiva.
Política 3. El Estado generará incentivos para el uso de software libre en
educación en sus distintos niveles, comprendiendo tanto a las
instituciones, como a los estudiantes y docentes.
1. Realizar campañas de concientización sobre el uso de software libre,
tales como concursos de software libre, ferias tecnológicas,
programas de radio y televisión.
2. Promover la filosofía de software libre en el sector educativo, en la
Administración Pública y en sectores identificados como
estratégicos. Establecer estrategias pedagógicas diferenciadas para
atender la formación desde los niveles educativos básicos hasta
universidades. Especial atención requiere la educación superior en
ingeniería de software y computación, en que deberá establecerse
un programa formativo especialmente orientado a la capacitación
en software libre. Estos contenidos se reflejarán tanto en el uso
obligatorio de entornos de desarrollo, programas y sistemas
operativos libres, como en materias específicas como modelos de
4.2 Software 696
producción de software, ingeniería de software, administración de
sistemas, documentación, etc.
3. Establecer laboratorios de pruebas en software libre. Deberá estar
conformado por integrantes de comunidades y grupos activos en
cada una de las aplicaciones valoradas, expertos en FLOSS,
universidades y centros de investigación. Esos laboratorios
servirán como espacios de generación de contenidos para
formación presencial y a distancia, así como para valorar
aplicaciones con software libre para su uso en entidades públicas y
para la ciudadanía.
Política 4. El Estado impulsará procesos de promoción, difusión,
formación, investigación, desarrollo y uso de software libre de forma
masiva en Ecuador.
1. Impulsar que Yachay, ciudad del conocimiento, aborde el debate
sobre los problemas de dependencia tecnológica en el Ecuador a
través de la implementación de software libre y el debate necesario
en torno a la dependencia de tecnologías propietarias. Para
mantener la coherencia con el PNBV, esta nueva universidad
deberá concentrarse en la formación y en la búsqueda de
desarrolladores de software libre en el mundo del trabajo nacional e
internacional, quienes conjuntamente con talentos jóvenes
busquen soluciones a dichos problemas.
2. Evaluar el nivel de conocimiento técnico en usuarios finales y equi-
pos técnicos dentro de las instituciones públicas.
3. Formación masiva de corto plazo y alto impacto, previo a los planes
progresivos de migración67.
67 En este sentido, la plataforma de educación masiva on line (MOOC, por sus siglas en inglés) de-
sarrollada con software libre por parte de miembros del equipo Buen Conocer / FLOK Society en
el IAEN puede ser un instrumento notable, como se muestra en el documento sobre recursos
educativos abiertos de este mismo proyecto (Vila-Viñas et al., 2015).
4.2 Software 697
4. Introducir criterios de producción de software libre en las
convocatorias de investigación68, así como líneas preferentes con
este objeto.
Política 5. Ciberseguridad. Establecer unas políticas en la materia a la
altura de los desafíos de este siglo. (sección 3.1; Rodríguez, 2014):
1. Protección de infraestructura crítica para Internet. Las leyes deben
permitir establecer sistemas blindados de tecnología de modo que
no sea posible ningún tipo de espionaje.
2. Protección de metadatos. La información sobre las comunicaciones,
llamada metadatos o información sin contenido, debería ser tan
privada como el contenido de las comunicaciones.
3. Definición de vigilancia de las comunicaciones. Los países no debe-
rían ser capaces de pasar por alto las protecciones de seguridad so-
bre la base de definiciones arbitrarias.
4. Combatir una cultura de ley secreta. Ningún país debe adoptar o
implementar una práctica de vigilancia sin que la ley pública defina
sus límites.
5. Protección del acceso a través de las fronteras. Los Estados no de-
berían pasar por alto las protecciones de privacidad, confiando en
convenios secretos de intercambio de datos informales con países
extranjeros o compañías internacionales privadas.
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