“Voces y silencios en los archivos”: Fuentes para la historia electoral de Tamaulipas durante la primera república federal (1824-1835)”

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In book: Elecciones en el México del siglo XX: Las fuentes, Edition: 2015, Chapter: “Voces y silencios en los archivos”: Fuentes para la historia electoral de Tamaulipas durante la primera república federal (1824-1835)”, Publisher: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Editors: Fausta Gantús, pp.133-164

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“VOCES Y SILENCIOS EN LOS ARCHIVOS”:
FUENTES PARA LA HISTORIA ELECTORAL DE
TAMAULIPAS DURANTE LA PRIMERA REPÚBLICA
FEDERAL (1824-1835)*
Catherine Andrews
El historiador británico John Arnold afirma que el trabajo de archivo
ofrece “voces y silencios” para ayudar al investigador a entender el momen-
to o acontecimiento que estudia.1 Las voces, desde luego, son los testimo-
nios encontrados, la información que brindan acerca del tema en cuestión.
Los silencios, en cambio, son la ausencia de la misma; ya sea por falta de
fuentes, o por omisiones deliberadas o accidentales dentro de las fuentes
existentes. Según Arnold, tanto las voces como los silencios son importan-
tes para que el historiador arme su interpretación. Aquellas sirven para que
el historiador formule sus hipótesis; estos para estimularle a buscar otras
fuentes de información; a acudir a archivos distintos y consultar una biblio-
grafía más amplia. A veces, dice Arnold, no se pueden superar los silencios.
En este caso, el historiador no puede hacer más que idear las posibles res-
puestas a sus preguntas, a partir de los datos con que cuente.
Empiezo este ensayo citando las ideas de Arnold porque al indagar
la historia electoral de Tamaulipas durante la primera república federal
he encontrado más silencios que voces en los archivos. Varias veces me he
desesperado al percatarme que son pocos los documentos históricos acerca
de la política cotidiana tamaulipeca que han sobrevivido hasta nuestros
días. Como el objetivo del proyecto sobre procesos electorales es estudiar
* Este texto se benefició de apoyo financiero por parte del proyecto Hacia una Historia de las
Prácticas Electorales en México. Siglo xix, coordinado por la doctora Fausta Gantús del Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Quiero agradecer asimismo la colaboración de Manuel
Alejandro Manzano, Francisco Javier Beltrán y Ana Romero Valderrama en la revisión y captura de
documentos de archivo en Texas, Tamaulipas y la ciudad de México.
1 Arnold, Brevísima, 2003, pp. 83-110.
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las elecciones a partir de padrones, boletas electorales, actas de juntas, etc.,
debía consultar los acervos de las instituciones productoras de esta informa-
ción: los de los gobiernos municipales (que organizaban las elecciones en
primer y segundo grados), el del gobierno estatal (que organizaban las de
tercer grado para cargos federales) y el del Congreso local (que calificaba las
elecciones municipales, las del gobernador y vicegobernador, así como
los comicios para diputados estatales).
Mi primera búsqueda fue en los archivos municipales del estado. Des-
cubrí que solamente unos cuantos (Reynosa, Matamoros y San Carlos)
conservaban material relativo a las elecciones durante la primera mitad del
siglo xix. A continuación, acudí al archivo del gobierno del estado, donde
descubrí un ramo que contiene documentos de casi todos los archivos his-
tóricos municipales tamaulipecos. Aquí consulté algunos expedientes relati-
vos a elecciones primarias, pero no encontré huella alguna de los procesos
electorales distritales ni de estatales. En el archivo vecino del Congreso
del estado me decepcioné aún más al constatar que dicho repositorio no
contiene documentos previos a la década de 1860. Enseguida, consulté al
archivo histórico del Instituto de Investigaciones Históricas de la Univer-
sidad Autónoma de Tamaulipas en Ciudad Victoria que, al igual que el
archivo estatal, contiene documentos históricos procedentes de los archivos
municipales. Finalmente, visité la Biblioteca Nettie Lee Benson de la Uni-
versidad de Texas que contiene dos colecciones de documentos relativos
a Tamaulipas: el fondo Alejandro Prieto y el fondo Pedro Salce Arredon-
do. En cada archivo (con excepción del estatal) revisé varios expedientes
acerca de las elecciones realizadas durante las décadas de 1820 y 1830;
pero, para mi gran desilusión, ninguno me proporcionó información sufi-
ciente para reconstruir el proceso completo de alguna elección municipal,
estatal o nacional.
De modo que el principal problema que he enfrentado es que las
voces acerca de las elecciones que sobreviven en los archivos históricos
tamaulipecos están aisladas y descontextualizadas. Como acabo de señalar,
los archivos albergan documentos sueltos, como por ejemplo las notificacio-
nes que el alcalde de Bustamante mandó en 1830 a los electores primarios
de la Junta Electoral de distrito en Jaumave (documento 1). Igualmente,
hay algunas actas de juntas electorales municipales del mismo municipio
(documento 2); e informes sueltos emitidos por la comisión permanente del
Congreso que revisaba las credenciales de los individuos electos (documen-
to 3). Desgraciadamente, todos estos documentos carecen de un expediente
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“Voce s y silenc ios en los archiVos
que permita contextualizarlos; es decir, entre las fuentes electorales dispo-
nibles para mi investigación predomina el silencio. En consecuencia, me vi
compelida a buscar otras fuentes para llenar los vacíos.
El objetivo de este ensayo es explicar cómo he enfrentado este reto;
cómo he interrogado a las pocas fuentes que sí he encontrado. Es decir,
quiero mostrar la manera en que he historiado los procesos electorales en
Tamaulipas y las fuentes utilizadas para ello. Me concentraré en un solo
aspecto del proceso electoral: la calificación de elecciones a diputados al
Congreso estatal. No elegí este tópico al azar, sino porque es el más recu-
rrente en las fuentes. Como se evidenciará a continuación, mi afán de en-
tender por qué el proceso de calificación había dejado tantas huellas en los
archivos marcó el rumbo de mi investigación. Asimismo, la respuesta a mis
dudas acerca de este punto me permitió llegar a algunas conclusiones sobre
el proceso electoral en Tamaulipas durante la primera república.
FUENTES LEGISLATIVAS PARA LA HISTORIA DE LAS
ELECCIONES EN TAMAULIPAS (1824-1835)
Una de las fuentes más accesibles para la historia política de Tamaulipas
en la primera república federal son las leyes y decretos emitidas por el go-
bierno estatal. Tanto los archivos municipales, como el estatal y el archivo
histórico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (uat) resguardan
colecciones importantes. Las fuentes legislativas pueden clasificarse de
la siguiente manera: en primer lugar, está la legislación constitucional
y reglamentaria; es decir, la Constitución estatal y los reglamentos que
regulaban las elecciones. En segundo lugar, están los decretos que se emi-
tieron para atender asuntos puntuales del proceso electoral. Se trata de
documentos mediante los cuales se declaraba electos a los miembros
de los tres poderes o que resolvían algunas querellas acerca de los resulta-
dos de las elecciones. Finalmente se cuenta con las circulares del gobierno
estatal para informar a los ayuntamientos sobre ciertas acciones por parte
del ejecutivo.
Las leyes constitucionales y reglamentarias son útiles para investigar
el tema de las elecciones porque ofrecen información acerca del marco ju-
rídico regulatorio. La Constitución estatal de 1825, por ejemplo, detalla
cómo deberían llevarse a cabo las elecciones en Tamaulipas y quiénes te-
nían derecho a votar y ser votados. Durante la primera república federal
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las elecciones eran indirectas con dos niveles: el municipal y el de partido.
Las elecciones para la legislatura estatal se realizaban cada dos años y para
el poder ejecutivo, cada cuatro.
De acuerdo con la Constitución, el municipio era la unidad base de la
administración del estado. En 1825 había 32 municipios que estaban agru-
pados en once partidos. Los partidos integraban tres departamentos (norte,
centro y sur) con su respectiva capital.2 El artículo 40 de la Constitución del
estado indicaba que el número de electores que corresponderían a cada mu-
nicipio se calcularía con base en su población. Por cada 500 almas tendrían
derecho a un elector, aunque si el municipio no contaba con 500 habitantes
de cualquier modo elegiría un elector. Las leyes electorales de 1825 y de
1830 especificaron qué municipios integrarían cada partido y precisaron
cuántos electores votantes primarios elegirían.3
El día de la elección, los ciudadanos con derecho a voto se reunirían
“en el paraje donde se acostumbre” y “presididos por el que ejerza la prime-
ra autoridad civil local” (artículo 55) –es decir, el primer alcalde municipal–
nombrarían a las demás autoridades electorales: a saber, dos escrutadores
y un secretario. Acto seguido, los votantes emitían su voto a viva voce a los
integrantes de la mesa electoral. Era tarea de la mesa directiva computar
los votos y redactar el acta en la cual se señalaban los electores ganadores.
El presidente de la mesa, es decir el alcalde municipal, debía notificar a los
electos su nombramiento (documento 1). Este aviso serviría de credencial
para cuando se presentaran en la junta de partido (artículo 59).
Quince días después de realizarse las elecciones primarias, los elec-
tores debían reunirse en la cabecera de partido para realizar la Junta Elec-
toral de partido. La primera tarea de la junta era verificar la legalidad de
las credenciales de los electores concurrentes. Para ello se preveía que los
electores entregaran sus credenciales a “la primera autoridad civil local”
(generalmente el primer alcalde de la sede municipal cabecera de partido)
la noche anterior a la junta (artículos 66-67). Al abrir la sesión de la junta,
el alcalde, en funciones de presidente, debía leer y contar las credenciales
ante el pleno. Acto seguido los electores debían elegir entre los concurren-
tes a los integrantes de una mesa directiva compuesta de un presidente, un
secretario y dos escrutadores. Luego, el alcalde debía retirarse de la sesión.
A diferencia de las juntas municipales, la Constitución preveía que la vota-
2 “Constitución”, 1998, t. 1, pp. 681-701.
3 Colección, 1825, pp. 23-26; y El Guía del Pueblo, 1 de noviembre de 1830.
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ción en la junta de partido se realizara en secreto, de modo que los electores
entregaban a la mesa su voto por escrito (artículos 69).
Cada junta de partido tenía derecho a elegir un diputado para la le-
gislatura estatal y un suplente. De modo que el Congreso estatal se confor-
maba de once diputados; uno por cada partido. Para la elección del ejecuti-
vo, emitían un voto para gobernador, otro para vicegobernador y para los
consejeros del estado. Como en las elecciones primarias, correspondía a la
mesa directiva computar los votos y redactar el acta con los nombres de
los diputados, suplentes y miembros del ejecutivo, si era el caso. Se debía
entregar copia de la misma a todos los electos para que pudieran acreditar
su elección (artículo 71).
En caso de las elecciones de diputados al Congreso local, la comi-
sión permanente de la legislatura saliente realizaba el escrutinio del proceso
electoral (artículos 75-76). Luego, dicha comisión y los diputados electos se
reunían para realizar la Junta Preparatoria del nuevo Congreso. En ese mo-
mento la comisión presentaba un informe (como el documento 3) con base
en sus investigaciones (artículo 77). En caso de que se probara la existencia
de irregularidades en el proceso electoral a nivel de partido, la junta podía
recomendar al nuevo Congreso que anulara las elecciones. En la discusión
del informe y las decisiones acerca de la nulidad o no del proceso los miem-
bros de la comisión tendrían voz pero no voto.
Como consta en los decretos albergados en los archivos del iih de la
uat y en el del estado de Tamaulipas, frecuentemente la Junta Preparatoria
anulaba las elecciones de partido. Entre 1825 y 1832, por ejemplo, hubo
comicios para elegir diputados locales en 1825, 1827, 1829 y 1831. En cada
ocasión se realizó al menos una anulación, a veces varias. En las elecciones
legislativas de 1831, por ejemplo, hubo tres anulaciones. La revisión de los
decretos me llevó a plantearme las preguntas que guiarían mi investigación:
¿a qué se debían todas estas anulaciones?, ¿las juntas electorales de partido
a menudo no procedían de acuerdo a la ley electoral?, o ¿podría ser que el
Congreso anulaba elecciones por razones políticas y de manera arbitraria?
Para responder a estas preguntas pude consultar tres documentos
más. En primer lugar, como mencioné, había encontrado dos informes con
fecha de 1827 de la comisión permanente al Congreso con sus resoluciones
acerca de las credenciales de los diputados electos en aquel año (documento
3). Estos documentos muestran que –en efecto– parece que hubo muchas
irregularidades en el proceso de las elecciones en aquel año. No obstante,
también llama la atención que la existencia de una irregularidad no siempre
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era motivo para que una elección se anulara. Es decir que la comisión ac-
tuaba con bastante discrecionalidad en ese sentido.
Por otra parte, en el archivo del iih de la uat hay una circular del
gobierno estatal con fecha de septiembre de 1831 dirigido al alcalde de
Bustamante (documento 4) mediante la cual el gobernador informa que
el Congreso ha resuelto abrir un proceso en contra del ex presidente de la
comisión permanente, Juan Martín de la Garza y Flores, por sus acciones
durante la Junta Preparatoria de agosto de 1831; la misma junta que reco-
mendó la anulación de tres diputados electos. La circular no explica de ma-
nera clara qué es lo que sucedió durante la junta, pero resulta evidente por
lo que se informa que la sesión fue extremadamente polémica. De modo
que la discusión no se limitaba a la formalidad o no de las elecciones, y que
una anulación bien podría obedecer a motivaciones estrictamente políticas.
Al examinar el papel del Congreso en la calificación de las elecciones
de diputados, reparé en el hecho de que según la Constitución tamaulipeca de
1825 dicho órgano legislativo también calificaba las elecciones de poder
ejecutivo (artículo 92 inciso 2). Como estas elecciones solían coincidir con
las del Congreso (como ocurrió en 1825, 1829 y 1831), el escrutinio de las
elecciones del Ejecutivo se realizaba una vez que los diputados calificaban
su propia elección y la legislatura se había instalado de acuerdo con la ley.
De modo que era tarea de la legislatura dictaminar quién había sido electo
gobernador y vicegobernador. De acuerdo con la Constitución, el favoreci-
do debía ostentar una mayoría absoluta (la mitad de los votos de las juntas
de partido más uno); pero si nadie alcanzaba esta mayoría, los diputados
designarían a los funcionarios del Ejecutivo (artículo 92 inciso 3). Finalmen-
te, el resultado del proceso era publicado como decreto.
Hay varios decretos entre las diferentes colecciones de la legislación
tamaulipeca. Al revisarlos, me llamó inmediatamente la atención que, du-
rante la primera república federal, ningún gobernador obtuvo la mayoría
absoluta de los votos de las juntas de partido. En consecuencia, los legis-
ladores designaron al gobernador y al vicegobernador en 1825, 1829 y
1831. Este descubrimiento me llevó a plantear la hipótesis de que el voto
del poder legislativo estatal era la pieza clave para determinar las elecciones
a gobernador y vicegobernador. ¿Pero cómo constarla?
Volví a la legislación: aquí descubrí que durante la primera república
federal era práctica común que el Congreso local suspendiera o rehabilitara
los derechos políticos de los diputados locales y hasta miembros del poder
ejecutivo –es decir, el derecho de votar y ser votado. Noté que entre 1824
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“Voce s y silenc ios en los archiVos
y 1832 el Congreso suspendió al menos a seis diputados y a tres goberna-
dores (en 1824, 1826 y 1830). A finales 1824, antes de la promulgación de
la Constitución, el Congreso constituyente depuso al gobernador Bernardo
Gutiérrez de Lara y, al mismo tiempo, suspendió a varios diputados, inclu-
yendo el hermano de este, José Antonio.4 Dos años más tarde, en 1826, el
primer Congreso constitucional destituyó al vicegobernador José Manuel
Zozaya y canceló los derechos políticos de varios diputados. En ambos ca-
sos acusaron al gobernador y a los diputados de conspirar contra el orden
público.5 En febrero de 1830, los legisladores declararon que el gobernador
recién electo, José Antonio Fernández de Izaguirre había “desmerecido […]
la confianza pública” con “su conducta posterior” y decretaron una nueva
elección para sustituirlo.6 En marzo del mismo año, el Congreso también
anunció la suspensión de los derechos políticos del diputado José Eustaquio
Fernández.7
La recurrencia de estas anulaciones y suspensiones me motivó a vol-
ver al texto constitucional para ver cómo reglamentaba los derechos políti-
cos. Noté que en la Constitución de 1825 –al igual que casi todas las demás
constituciones estatales del periodo– se dispuso que la ciudadanía corres-
pondía a los hombres nacidos en territorio mexicano al cumplir los 18 si
estaba casado y 21 años si se trataba de solteros (artículos 21-23). No obs-
tante, la ciudadanía podría perderse por varias razones: por adquirir carta
de naturalización en cualquier país extranjero; por recibir remuneración de
un gobierno extranjero; o por vender su voto (artículo 23). Igualmente, el
ejercicio de la ciudadanía se podría suspender en caso de que la persona no
tuviera un modo honesto de vivir, si era deudor de caudales públicos o si
tenía incapacidad moral (artículo 24). Además de estas condiciones, la carta
tamaulipeca añadía la indicación –no presente en las demás constituciones
mexicanas– que la ciudadanía se podría suspender “por faltar a la fe públi-
ca en razón de sus encargos” (artículo 23 inciso 4); es decir, sus funciones
públicas. La Constitución señalaba que para la imposición de tal suspensión
4 Andrews y Hernández, Nuevo, 2012, pp. 221-222.
5 Circular, núm. 30, 27 de octubre de 1826, Gobierno del Estado de Tamaulipas, en iih-uat,
Decretos, caja 1, exp. 9; “El Gobernador del Estado de Tamaulipas a los habitantes del mismo
estado”, Ciudad Victoria, 12 de junio de 1827, en iih-uat, Decretos, caja 3, exp. 4, y Circular, núm.
110, 2 de julio de 1829, Gobierno del Estado de Tamaulipas, en iih-uat, Decretos, caja 2, exp. 1.
6 iih-uat, Gobierno del Estado de Tamaulipas, circular, núm. 14, Ciudad Victoria, 18 de
febrero de 1830, caja 2, exp. 5.
7 Decreto núm. 20, 1º de marzo de 1830, citado en El Despertador de Tamaulipas, 8 de marzo de
1832.
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debería “haber antes sentencia ejecutoriada”, pero no especificaba quiénes
estaban facultados para realizar la suspensión, ni explicaba cómo un fun-
cionario podría faltar a “la fe pública”. Solamente indicó que el Congreso
era la única institución facultada para “rehabilitar los que hayan perdido los
derechos de ciudadanía” (artículo 24).
Cuando concluí la revisión de la legislación quedé convencida de que
el actor más importante en los procesos electorales en Tamaulipas durante
la primera república federal era el Congreso estatal. Los legisladores no
simplemente calificaban sus propias elecciones, sino que también podrían
incidir decisivamente en la elección de los otros poderes. Asimismo parece
que el legislativo se arrogó la facultad de suspender los derechos políticos
de los funcionarios públicos; la cual le permitía destituir a funcionarios y
gobernantes, así como convocar a elecciones extraordinarias. No obstante,
todavía me faltaba conocer el contexto histórico de las elecciones, es decir,
que aunque no tengo dudas acerca del enorme poder político del Congreso,
ignoraba los detalles de los procesos electorales que me quizá me permiti-
rían entender las consecuencias prácticas de ello.
LA PRENSA Y LOS PROCESOS ELECTORALES
En busca de más información me ocupé en revisar otra fuente con informa-
ción abundante para el estudio las elecciones en Tamaulipas: la prensa, es
decir las publicaciones periódicas y la folletería del momento. Como sabe
cualquier historiador de la política mexicana, los periódicos decimonónicos
solían reproducir actas y comunicaciones de gobierno y, a veces, las actas
o minutas de los cuerpos legislativos. Igualmente contaban con un espacio
para opiniones, usualmente en forma de cartas al editor y como columnas
editoriales. Los periódicos también acostumbraban reproducir noticias pro-
venientes del extranjero o de otras partes de la república mexicana así como
ensayos copiados de fuentes diversas acerca de temas que interesaban a los
editores. Por su parte, los folletos eran un medio para que sus autores opi-
naran con mayor profundidad y extensión acerca de una cuestión en parti-
cular; o, a veces, servían para la reproducción de documentos oficiales, tales
como informes gubernamentales, dictámenes, correspondencia y discursos.
Desgraciadamente, las publicaciones periódicas tamaulipecas no eran
muchas en el periodo que estudio. Durante el periodo virreinal no había
imprenta en la provincia. Parece que el gobierno estatal adquirió una im-
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“Voce s y silenc ios en los archiVos
prenta para su uso oficial en 1824, pues en dicho año empezaron a aparecer
impresos con el pie de imprenta del gobierno del estado. Se trataba de
manifiestos, decretos y circulares del Gobierno del Estado, así como los
periódicos oficiales. Para las décadas de 1820 y 1830 hay noticias de tres
impresores que residieron en la capital del estado, Ciudad Victoria, el esta-
dunidense Samuel Bangs,8 quien había arribado a Soto la Marina en 1817
junto con la primera imprenta; Juan Antonio Aguirre y un tal A. Contreras.
Las fuentes también sugieren la probabilidad de que existiera una
imprenta particular en Tamaulipas durante el periodo de que me ocupo,
aunque quizá fue operada de manera clandestina. Revisé varios textos de
la década de 1830 que parecen haberse publicado en Tamaulipas, pero ca-
recen de pie de imprenta. Los escritos son de carácter político y críticos
del gobierno en turno, de ahí que sea poco factible que hayan gozado del
beneplácito de las autoridades.
El control de la imprenta oficial proporcionó al gobierno tamaulipeco
una voz privilegiada y casi única en la esfera pública. Es de subrayar que
los únicos periódicos que se imprimieron en Tamaulipas entre 1820 y 1833
fueron periódicos oficiales. Algunos de los títulos cuyos ejemplares se hayan
resguardados en los archivos son los siguientes: El Centinela (1824), El Ter-
mómetro Político del Estado de Tamaulipas (1824), El Boletín de Tamaulipas (1830),
El Guía del Pueblo (1830-1831), El Despertador (1831-marzo de 1832), El Telé-
grafo de Tamaulipas (marzo de 1832-¿?) y El Restaurador de Tamaulipas (agosto
de 1832-1833).9 Sabemos muy poco de los tres primeros, pues solamente
localizamos un número de cada periódico. El Guía del Pueblo, El Despertador
y El Restaurador se publicaban semanalmente y eran distribuidos por la Se-
cretaría de Hacienda del estado. Contaban con oficinas para suscribirse en
Ciudad Victoria, Matamoros, Ciudad Mier, San Carlos, Xicoténcatl, Ma-
giscatzin, Soto la Marina, Tampico, Tula, y Santa Bárbara, es decir, en los
principales municipios del estado.10 Por las fechas de su publicación, sabe-
mos que cada gobierno estatal fundaba su propio periódico para remplazar
al de la administración saliente.11
8 Spell, Pioneer, 1963.
9 Para una lista de los periódicos decimonónicos disponibles en archivos tamaulipecos, véase
Covián, Historia, 1995.
10 Véase, por ejemplo, la lista de ciudadanos que recibían subscripciones para el periódico
oficial en 1830: “Aviso”, El Guía del Pueblo, 6 de agosto de 1830.
11 A partir de 1832 hay señales de una producción periódica independiente. En aquel año, y en
el marco de rebelión contra el gobierno de Bustamante, apareció en Matamoros El Procurador del Pue-
blo; en 1834 La Gaceta de Tamaulipas se publicaba tres veces a la semana en Tampico por G. H. Grey.
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El contenido de El Guía del Pueblo, El Despertador y El Restaurador era el
usual en periódicos oficiales de la época: publicaban leyes, decretos y mani-
fiestos del gobierno estatal así como una selección de los mismos provenien-
tes del gobierno nacional o estados vecinos; incluían algunos textos infor-
mativos o descriptivos copiados de otros periódicos, normalmente publica-
ciones de la ciudad de México; a veces publicaba cartas de ciudadanos del
estado, normalmente para refutar alguna acusación o calumnia por parte de
una tercera persona. Asimismo contaban con un pequeño espacio al final
con comentarios de los editores sobre temas de interés del momento. Hay
que señalar que a diferencia de muchos otros periódicos oficiales, los de
Tamaulipas no publicaban las actas de sesiones del Congreso estatal. Des-
graciadamente no he encontrado en la prensa denuncias de irregularidades
ni quejas por la manera en que se eligieron los diferentes funcionarios. Sí
se publicaron algunas actas de elección, así como leyes y correspondencia
oficial relativas a elecciones.
Por otro lado, sólo localicé seis folletos relacionados con Tamaulipas
para los años en cuestión. No obstante, tres de ellos son verdaderas joyas,
pues me ayudaron a contextualizar la información que había obtenido de la
legislación. Todos fueron escritos en 1831 y aluden a lo sucedido en la Junta
Preparatoria que calificó las elecciones legislativas para el cuarto Congreso
constitucional del estado. Por lo visto, las sesiones de aquella junta fueron
muy polémicas, pues más tarde el nuevo Congreso abrió un proceso contra
el presidente de la junta por abusar de sus facultades durante el escrutinio.
Un folleto reproduce el acta de la instalación del Congreso en cuestión;12
otra es la petición que el presidente de la misma y ex diputado, Juan Martín
de la Garza, presentó al Congreso de la Unión con el fin de pedir que este
cuerpo anulara completamente los comicios legislativos de 1831.13 El tercer
folleto es la respuesta a dicha petición publicada anónimamente bajo el
seudónimo de Un hijo de Tamaulipas.14 La información contenida en ambos
ayuda mucho a entender el papel del poder legislativo en las elecciones y lo
que sucedió en aquella Junta Preparatoria.
En 1838, el puerto de Matamoros estrenó El Ancla, otra vez de la imprenta de Vicente Parra. A
partir de 1835 aparecía El Mercurio del Puerto de Matamoros, de la imprenta de Mercurio a cargo de
Juan Southwell. En la década de 1840, sabemos que existieron El Registro de Tamaulipas, El Tribunal
del Pueblo y El Defensor de Tamaulipas, todos publicados en Ciudad Victoria, el primero por Cristóbal
Pizaña, el segundo por Pedro Castañeda y F. de las Casas.
12 Acta, 1831.
13 Exposición, [1831].
14 Un Hijo de Tamaulipas, Apología, [1831].
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“Voce s y silenc ios en los archiVos
Los folletos cuentan lo siguiente: el 14 de agosto de 1831 se reunió la
comisión permanente del Congreso saliente en Junta Preparatoria para cali-
ficar las elecciones de los nuevos diputados e instalar formalmente el nuevo
Congreso. De acuerdo con las leyes constitucionales, estaban acompañados
por los diputados electos que presentaron sus credenciales para el escrutinio
debido. En las reuniones previas la junta había hecho llamar a los diputados
suplentes para los partidos de Santa Bárbara y Jiménez, Leonardo Trejo y
Diego Hinojosa, porque, de acuerdo con su juicio, los propietarios electos por
las juntas de partido no estaban facultados para ocupar sus curules. Pedro
Obregón, el diputado propietario de Santa Bárbara, se encontraba suspendido
de sus derechos políticos a causa de un proceso criminal que se le seguía en la
primera sala de Suprema Corte de Justicia del estado; mientras que Juan Gue-
rra, propietario de Jiménez, se desempeñaba como gobernador interino del
estado. No obstante, Pedro Obregón se negó a aceptar el dictamen de la junta
y se presentó el día 14 con el objetivo de impedir que Trejo ocupara su curul.
Al abrir la sesión, el presidente de la junta, Juan Martín de la Garza
y Flores, notó la presencia indebida de Obregón y ordenó que dejara el
recinto de inmediato. Obregón se negó salir, alegando que el presidente de
la junta no tenía la facultad de excluirlo de la reunión. En seguido, hubo
una discusión muy calurosa entre los asistentes en torno a las facultades de
la mesa directiva de la Junta Preparatoria. La pregunta clave era si tenía o
no el derecho de pronunciarse acerca del estado de los derechos políticos
de un diputado electo.
Las fuentes ofrecen versiones distintas acerca de los argumentos desa-
rrollados. Pero, todas se acuerdan en que Obregón se negó reiteradamente
a retirarse de la Junta y que De la Garza y Flores rehusó dar inicio al pro-
ceso de escrutinio mientras que Obregón estuviera presente. Finalmente,
De la Garza y Flores levantó la sesión y salió del recinto en compañía del
suplente de Obregón, Leonardo Trejo, el secretario de la mesa, Francisco
Gómez, y tres diputados electos más: Honorato de la Garza (del partido de
Villerías), Diego Hinojosa (suplente para el partido de Jiménez) y Joaquín
Guzmán (por Cruillas). Mientras que los inconformes se fueron a quejar
con el gobernador, el padre José Miguel de la Garza García, diputado electo
para el partido de Tula, reconvocó a la sesión. En seguida, la junta proce-
dió a calificar positivamente las credenciales de Obregón y a inaugurar el
cuarto Congreso constitucional. La indignación de De la Garza y Flores del
gobernador ante este suceso fue tal que tuvo que intervenir el comandante
militar, Ignacio de Mora, para imponer orden.
142 ElEccionEs E n El México dEl sig lo xix
El día siguiente la legislatura estatal inició sus labores con la asistencia
de Obregón. En cambio, los diputados electos que habían salido con el presi-
dente de la Junta fueron excluidos y el Congreso llamó a sus suplentes. Este
nuevo Congreso también acordó abrir proceso contra Juan Martín de la Gar-
za y Flores.15 Algunas semanas más tarde –y en vista de que no hubo mayoría
absoluta a favor de ningún candidato al cargo de gobernador– el pleno nom-
bró al inspector de milicias, Francisco Vital Fernández, como gobernador.
Es de notar que la semana siguiente a la instalación del Congreso, los
editores del periódico oficial –El Guía del Pueblo– se despidieron y anuncia-
ron el cierre de su publicación. A partir de entonces, se empezó a publicar
un nuevo periódico oficial con el nombre de El Despertador. Este no infor-
mó a sus lectores de la queja que Juan Martín de la Garza y Flores había
mandado al Congreso de la Unión; pero sí publicó varios manifiestos de
las juntas de partido que habían elegido originalmente a los diputados que
se habían alineado con De la Garza y Flores y, quienes, en consecuencia,
habían sido despojados del derecho de voto pasivo. Las juntas repudiaron a
sus candidatos y pidieron a los diputados federales que hiciera caso omiso
de la queja de De la Garza y Flores. Asimismo, acusaron al ex gobernador
interino, Juan Guerra, de ser el responsable de los sucesos del 14 de agosto
pues quería ganar la gubernatura.16
¿Qué muestra el desenlace del proceso electoral de 1831? En primer
lugar, confirma la importancia de la comisión permanente en el proceso de
instalación de un nuevo Congreso. Al erigirse en Junta Preparatoria para
calificar las credenciales de los electos, los tres integrantes de la comisión
podrían recomendar la anulación de la elección o inhabilitar a un diputado
para ocupar la curul legislativa. De esta manera, tenían la facultad para
incidir en la composición de la legislatura entrante.
En segundo lugar, me parece que lo sucedido en 1831 indica que las
reuniones de la Junta Preparatoria fueron espacios de negociación política,
que no sólo era un tribunal de escrutinio. Es probable que las acciones de
los diputados Pedro Obregón y José Miguel de la Garza García en la Junta
tuvieran un claro propósito político. Desde mi punto de vista, el desenlace
del proceso electoral habla de una conspiración por parte suya y de otros
actores para ocupar curules en el nuevo Congreso. La apertura de un pro-
15 iih-uat, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Circular, 19 de septiembre de 1831, Ayunta-
mientos, sección Bustamante, caja 3, exp. 6.
16 El Despertador de Tamaulipas, alcance al núm. 25, 16 de febrero de 1832.
143
“Voce s y silenc ios en los archiVos
ceso legal en contra del ex presidente de la Junta, De la Garza y Flores y
sus aliados, sugiere, asimismo, que el fin último de la jugada era neutralizar
un grupo político opositor. Esta observación permite colegir que el hecho
de que la legislatura entrante calificara las elecciones para gobernador sig-
nificaba que lo que sucediera en Junta Preparatoria era crucial para la elec-
ción del poder ejecutivo. Aunque todavía falta investigar más acerca de este
tema, creo que la evidencia en las fuentes impresas sugiere que el conflicto
de 1831 obedeció –al menos en parte– a este sistema institucional.
CONSIDERACIONES FINALES
Los historiadores somos gente curiosa. Nos gusta saber cómo y por qué ocu-
rrieron los sucesos pasados. Establecer el cómo y los porqués de un momento
histórico es el pan nuestro de cada día. Y menos mal, pues este ensayo hu-
biera sido bastante aburrido (¡y mucho más corto!) si me hubiera limitado
a describir la información sobre las elecciones en Tamaulipas: la legislación
electoral, los registros de las anulaciones de elecciones, de las suspensiones de
derechos políticos y las confrontaciones de 1831. En ese caso alguien pudiera
haber pensado: “¿por qué sufriste tanto para ofrecer tan poco?”
En este ensayo espero haber dejado claro por qué me impuse la tarea
de realizar el trabajo de archivo. Espero haber comprobado que un histo-
riador puede problematizar un tema y llegar a algunas conclusiones acerca
del mismo, incluso cuando las fuentes estén repletas de “silencios”. Al fin y
al cabo, las fuentes no pueden escribir historia; este trabajo corresponde al
historiador. Incluso una lista de sucesos y/o de registros documentales más
amplios que lo que encontré solamente puede cobrar relevancia e importan-
cia si el historiador se dedica a encontrar los posibles vínculos de causales
entre ellos. Para mí, el empeño de descubrir tales articulaciones –con base
en muchas o pocas fuentes– es la clave para hacer historia.
ANEXOS
Documento 1
aget, Patrimonio estatal, Bustamante, Elecciones, 1830-1895, caja 1, exp. 16.
144 ElEccionEs E n El México dEl sig lo xix
Para el día 19 del presente son las elecciones de los empleados municipales lo
que tendría V. que presentarse en este Juzgado como 4º elector nombrado.
Dios y libertad, Bustamante, diciembre 11 de 1830.
Atanasio Álvarez [rúbrica]
Ciudadano Juan José Guerra
4º Elector
146 ElEccionEs E n El México dEl sig lo xix
Documento 2
aget, Patrimonio estatal, Bustamante, Elecciones, 1830-1895, caja 1, exp. 25.
147
“Voce s y silenc ios en los archiVos
No. 123
“En el mineral de Bustamante a los veinte días del mes de enero de mil ocho-
cientos treinta y tres con arreglo al decreto de 7 de enero del mismo año artículo 1º
donde previene se hagan las elecciones de Electores de Partido, y se ha procedido
con arreglo al artículo 2º de nuestra Constitución en el pasaje acostumbrado proce-
dió el Alcalde Ciudadano Esteban Álvarez, y haciéndose convocado al Pueblo por
bandos citatorios como lo previene el artículo 53 de la misma ley, reunidos todos, y
presentes que fueron en este Juzgado se procedió hacer la Elección del Secretario
y Escrutadores los Ciudadanos siguientes siendo el 1º el Ciudadano Francisco
Naba, y para 2º Albino García, y luego se procedió hacer la Elección de Electores
de partido así como lo previene el art. 56 de la Constitución donde resultaron los
Ciudadanos siguientes Agustín Álvarez, con veintiséis votos, y el Ciudadano Vi-
cente Cores veinte y cuatro, Francisco Nava con cinco = Víctor Mendoza, cinco;
Albino García con tres Pedro Méndez = dos, Martín Torres = uno. Don Juan María
Rodante = uno por lo que habiendo sacado la mayoría de [ilegible] quedando para
ser Elector el Ciudadano Agustín Álvarez [ilegible] se procedió para 2º Elector y
hasta que fue la votación resultaron los Ciudadanos siguientes: Vicente Pores con
treinta y nueve votos = Francisco Nava con seis = Víctor Mendoza con tres =
Albino García con dos = Pedro Méndez con uno = por lo que haciendo recaudado
la mayoría de sufragios resulta para 2º Elector el Ciudadano Vicente [ilegible], y
no habiendo habido oposición alguna se han tenido por legítimos Electores para
que pasen a la Junta de Palmillas cabecera de Partido a desempeñar las funciones
que les correspondan; [ilegible] por concluida esta Acta que firmamos el Presidente,
Escrutadores y Secretario, hoy día de la fecha.
[Ilegible]
Albino Morales, Secretario [rúbrica]
Escrutador, Francisco Nava [rúbrica]
Escrutador, Albino García [rúbrica]
Documento 3
uat-iih, Ayuntamientos, Bustamante, caja 3, exp. 4.
“Informe que la comisión permanente del primer Congreso constitucional
del Estado libre de las Tamaulipas hizo a la junta de diputados para el siguiente
Congreso el día 14 de agosto de 1827, según lo prevenido en los artículos 75 y 76
de la Constitución Política del mismo estado.
”Señores:
152 ElEccionEs E n El México dEl sig lo xix
”La Constitución del Estado hace en su artículo 94 a la Comisión Perma-
nente el tan difícil como peligroso encargo de examinar las credenciales de los in-
dividuos nombrados para la siguiente legislatura y calificarlas. La falta de decisión
terminante en unos casos y la obscuridad en que algunas actas de las elecciones,
se concibieron son otros tantos embarazos en que la comisión temiera tropezar.
Se detuvo a examinar las credenciales, a releer la Constitución y las leyes, a hacer
combinaciones e inculcar el espíritu de las decisiones del Congreso cuando su letra
no ministra suficiente luz y conducida por la ley, por la razón, y por los principios
sociales, ha desentrañado la cuestión y la propone resuelta según le dan fundamen-
te los principios en que se apoya.
”Cree preciso la comisión para claridad, sentar que en las elecciones de los
diputados demandan la Constitución y las leyes, los clases de requisitos: unos de
mera solemnidad, otros que son de la substancia del acto, y que omitirlos o con-
trariarlos, es atacar la ley en su cimiento: que los primeros si se omiten no vician
la elección; pero no obrando de conformidad con estos últimos, la elección es in-
subsistente y debe anularse. Para notar esta diferencia de requisitos se guiará la
comisión por los principios que ha manifestado por decisiones legítimas en casos
idénticos, por aclaraciones que se hayan hecho, por deducciones y analogías.
”Por la copia de la acta remitida a la comisión permanente de la Junta Elec-
toral de Cruillas, se ve que fue nombrado diputado propietario por aquel partido
el ciudadano Juan Guerra, y consta de su contesto que el mismo fue el elector que
concurrió a su nombramiento. El ciudadano Guerra es diputado de la legislatura
que va a salir, y este encargo le privaba de ser elector según la altura del artículo
primero de la ley de 25 de noviembre de 1825. Manifiestamente se contravino el
artículo citado, y esta contravención volvió el acto nulo. Los diputados propietarios
que ejerzan o estén en disposición de ejercer este encargo, no pueden desempeñar
otro popularmente y de esta clase es el de elector
”No es de mera ritualidad esta prohibición: es de substancia del acto, y ya
el Congreso decretó nula una elección por la concurrencia de un elector indebida-
mente nombrado, como lo manifiesta el decreto de 18 de noviembre de 1825. Pero
la comisión juzga importante exponer que esta calificación y resolución se ha de re-
servar para cuando sea oportuno, como que ella no ha tomado en consideración la
credencial exhibida por el ciudadano Guerra. Él ha desconocido la legitimidad de
la Comisión, según se haya, lo que consta sus oficios, que en copia unos original
otro existen en esta Secretaría. Desconociendo la autoridad de la Comisión no pue-
de decir que reconoce la de su Presidente ni al Secretario de ella. Tampoco reconoce
al Presidente como tal en esta junta, ni cree con poder al Secretario para autorizar
esta junta, la que ha de tener en consecuencia por ilegítima, y sus actas por nulas, y
153
“Voce s y silenc ios en los archiVos
por ello reservando al ciudadano Guerra sus ocurridos, no debe tenerse por indivi-
duo en esta junta, no concurrir a sus deliberaciones.
”El ciudadano licenciado Juan Martín de la Garza fue nombrado diputado
propietario por el partido e Hoyos y esta elección abunda de nulidades. El ciudada-
no licenciado de la Garza era magistrado de la Sala primera de la Corte Suprema
de Justicia del Estado, cuando se le nombró diputado, y como ejercía empleo de
nombramiento del Gobierno contravino al artículo 45 de la Constitución del Es-
tado. Sería ridículo intentar sostener la elección con el especioso pretexto que el
licenciado Garza fue nombrado Magistrado por la legislatura por cuando la Cons-
titución, no prohíbe ser diputados a los empleados nombrados por el gobierno,
sino a los empleados de nombramiento del Gobierno y hay mucha diferencia entre
ser nombrado por el Gobierno y obtener empleo de nombramiento del Gobierno.
Aquello comprendía a los que inmediatamente fueron nombrados por el gobierno, y
esto abraza a cualquier que tenga empleó de nombramiento del Gobierno, aunque
accidentalmente fueron nombrados por otra autoridad, y es claro que el espíritu
del artículo sabiamente previo este caso, no expresándole de los nombrados por
el Gobierno, sino de los que tenga encargo de nombramiento del Gobierno. El
ciudadano Garza no tiene encargo de nombramiento del Gobierno: es decir, ejerce
empleo, cuyo nombramiento toca al Gobierno, y si las leyes se han de entender
según el sentido en que se usan: si las voces en que se conciben, se han de estimar según
se entienden generalmente, es muy obvia la explicación.
”Mas cree la comisión que esta calificación se reserva para después, y que por
ahora de contraiga únicamente la cuestión, así el ciudadano licenciado Garza debe
ocupar asiento en esta Junta. Su credencial presentada a la Comisión está extendida
en papel del sello 4o contra lo expresado en el artículo 1o capítulo 2o de la ley de
30 de enero de 1826 y sí han de observarse el artículo 1o capítulo 3o de la ley mis-
ma, el ciudadano licenciado Garza no tiene derecho ni acción a percibir dietas, ni
a ocupar asiento; pues su credencial no se lo da, ni ésta debe admitiese ni hace de.
Así que el ciudadano licenciado Garza no debe tenerse por individuo de esta Junta
ni puede concurrir a ella. Sería remarca le que en un Juzgado fuese inadmisible el
poder conferido por un particular, sino estaba el testimonio en el papel correspon-
diente y que se admitiera un apoderado de los pueblos con igual vicio. A más, el
ciudadano licenciado Garza no tiene 25 años cumplidos que exige el artículo 41 de
la constitución y esto hace nula la elección.
”Por el partido de esta Ciudad, se nombró diputado al ciudadano Manuel
de la Garza y la acta misma presenta de luego los vicios en que abunda la elección.
Ésta se hizo nominal contra el tenor del artículo 69 de la Constitución del Estado,
que previene que sea secreta, y por medio de cédulas, y podrá decirse que este re-
154 ElEccionEs E n El México dEl sig lo xix
quisito es de ceremonia pues es claro que si la Constitución previniese que fuera la
elección pública y se hubiera hecho secreta, se podría haber reclamado nula, como
que no llenaba el objeto de la ley y la contrariaba. Por el contrario, pues se hace el
propio argumento, y resulta que el que la elección fuese secreta, es esencial del acto
y su falta lo hace nulo.
”Concurrió a la elección como elector el ciudadano Indalecio Fernández con-
tra lo expresado en el artículo 1o de la ley de 25 de noviembre de 1825. La ley se
atacó manifiestamente. El ciudadano Fernández no debió concurrir como elector, y
su concurrencia que quiere decía tanto como la falta de otro elector legítimamente
nombrado vició el acto. No es objeción que el ciudadano Fernández nombrado-
se elector, antes de saberse el fallecimiento del diputado propietario, es constante
que cuando concurrió a la Junta Electoral de partido, ya se sabía que el diputado
propietario faltaba, y aun concediendo de valde que su nombramiento de elector
fuese valedero, debió cesar en este encargo según el artículo y ley citados. Ni puede
alegarse que subsistirá la elección dando por demás el voto el ciudadano Fernán-
dez, por que sentado que no puede ser elector debió concurrir otro legítimamente
nombrado, o por lo menos citarse conforme el artículo tercero de la ley referida.
Con que se ve claro, que la concurrencia del señor Fernández a la Junta de partido
hizo el acto nulo, y debe reponerse si así el Congreso lo dispusiere.
”Se nombró al ciudadano Rafael Fernández por el partido de Altamira, y a
la elección concurrió como elector por aquella Villa, el ciudadano Antonio Perea,
diputado de la actual legislatura, en lo que se atacó manifiestamente la ley del
Estado de 25 de noviembre de 1825, en su artículo primero que prohíbe a los dipu-
tados propietarios obtener y desempeñar encargo popular alguno, sino lo que por
la Constitución prefieren, que este vicio fuera substancial está probado ya cuando
se trató del nombramiento por este partido, y por las razones mismas, es nulo el
nombramiento hecho en el ciudadano Rafael Fernández.
”Por el partido de Revilla se nombró al ciudadano Guadalupe Sámano, y
concurrió como elector el ciudadano Felipe de Jesús Cepeda, diputado a la actual
legislatura, lo que a primera vista parece atacar la ley de 25 de noviembre de 1825,
y que por consiguiente hace el nombramiento nulo. Mas se hace la reflexión que el
ciudadano Cepeda, aunque es diputado propietario fue licenciado por el Congreso
sin limitación de tiempo: que su suplente fue llamado y entró en ejercicio, habiendo
quedado en la comisión permanente, y siendo que el artículo 84 de la Constitu-
ción expresa, que la comisión permanente durará todo el receso de la Legislatura
hasta las siguientes sesiones ordinarias, es claro que el suplente debía estar hasta
la instalación del nuevo Congreso, quedando por lo mismo, el ciudadano Cepeda
tácitamente dispensado de concurrir, y como declarado imposibilitado, es decir, que
155
“Voce s y silenc ios en los archiVos
quedó sin el ejercicio de diputado, y si los suplentes cuando no están en ejercicio,
pueden ser electos, según el tenor del artículo primero de la ley de 25 de noviem-
bre de 1825, los propietarios en iguales circunstancias podrán serlo, y será injusto
privar a los ciudadanos de obtener cargo popular, cuando no pueden desempeñar
otro que lo embarazara. Por esto, cree la comisión que en la elección del ciudadano
Sámano no se atacó la ley citada, y que la concurrencia del ciudadano Cepeda no
volvió el acto nulo.
”Los partidos de Tula y Santa Bárbara nombraron diputado propietario al
ciudadano José Antonio Fernández de Izaguirre, pero debiendo prevalecer el nom-
bramiento por el partido de la vecindad, y siendo el nombrado vecino de Tula por
este partido debe concurrir; y por Santa Bárbara, el suplente ciudadano Manuel
Tudon. En la elección de este individuo no se encuentra vicio substancia, y mien-
tras que el Congreso dispone que en Santa Bárbara se elija diputado propietario, el
elegido concurre, debe hacerlo el suplente.
”Los partidos de Santander y Matamoros nombraron para diputados pro-
pietarios a los ciudadanos Diego Hinojosa y Enrique Camilo Suárez. Estos nom-
bramientos no tienen defecto que los haga inválidos, y aunque no se expuso en las
actas con claridad que se dieron por los trámites de la ley, previos a la elección, pero
constando en general que se cumplió con los artículos constitucionales, y habién-
dose tenido en la Junta preparatoria para la actual legislatura por insubstanciales
semejantes defectos, sin reclamo de la legislatura hay el mismo caso, y se entiende
como declaración el silencio o aprobación tácita del Congreso.
”Considerando la comisión permanente que el ciudadano José Antonio Fer-
nández Izaguirre no puede concurrir por el partido de Santa Bárbara, hizo llamar
al suplente Manuel Tadon, en cuyo nombramiento no se ve defecto substancial, y
debe concurrir mientras el Congreso resuelve.
”Teniendo por fundamento lo expuesto, y prescindiendo de vicios que hu-
biera, o en los electores o en las juntas municipales, que no se manifestaron a la
comisión permanente opina ésta:
Primero: Reservando para después la calificación de los nombramientos he-
chos en los ciudadanos Juan Guerra y licenciado Juan Martín de la Garza, para
Diputados propietarios por los partidos de Cruillas y Hoyos, no son admisibles en
esta junta ni a ella deben concurrir.
Segundo: Es nulo el nombramiento que por el partido de esta ciudad se hizo
en el ciudadano Manuel de la Garza para diputado propietario a la siguiente legis-
latura, por ser contra el tenor literal del artículo primero de la ley del estado de 25
de noviembre de 1825.
156 ElEccionEs E n El México dEl sig lo xix
Tercero. Es nulo el nombramiento que el partido de Altamira hizo en el ciuda-
dano Rafael Fernández por ser contra el tenor literal del artículo primero de la ley
del estado de 25 de noviembre de 1825.
Cuatro. Se aprueben los nombramientos hechos en los ciudadanos José Antonio
Izaguirre, Guadalupe Sámano, Diego Hinojosa y Enrique Camilo Suárez por los parti-
dos de Tula, Revilla, Santander, Matamoros, y que por el partido de Santa Bárbara se
hizo para suplente en el ciudadano Manuel Tudón.
”Ciudad Victoria, 14 de agosto de 1827. Cuatro de la instalación del Con-
greso de este Estado. =Juan Nepomuceno de la Barreda =Juan Francisco Gutiérrez =José
Indalecio Fernández.
Notas.
1ª Nada dijo la comisión de los diputados por los partidos de Palmillas y Es-
candón, por no haberse presentado y de consiguiente no haber tenido a la vista sus
credenciales; no obstante, a haber ya fijado su opinión en las actas de la comisión,
por lo que ministraron la copia de las actas de sus elecciones.
2ª El artículo primero del dictamen, lo aprobó la Junta de diputados por
unanimidad de votos.
3ª La misma Junta de Diputados resolvió con unanimidad que por hallarse
reducida al mínimum no podían discutirse los demás artículos del dictamen, y que
por lo mismo se esperase llegaran los diputados que faltan; y que para que fuesen
con la brevedad posible se llamasen por conducto del Gobierno a los Diputados
propietarios y suplentes, para que con los primeros que llegasen se reuniera de
nueva la Junta y examinadas sus credenciales se procediera a lo conveniente para la
más pronta instalación del Congreso.
Imprenta del Gobierno del Estado. Dirigida por José Manuel Bangs.
Documento 4
uat-iih, Ayuntamientos, Bustamante, caja 3, exp. 6.
157
“Voce s y silenc ios en los archiVos
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Circular
“Con fecha 15 del corriente, me dicen los señores secretarios del Congreso honora-
ble de este estado lo siguiente:
”Excmo. =El congreso honorable en sesión secreta de 9 de corriente se sirvió
aprobar el dictamen y proposición siguiente: =La comisión especial nombrada para
abrir dictamen sobre la acusación hecha al expresidente de la comisión permanente
D. Juan Martín Garza y Flores por haber abusado de su autoridad faltando a la fe
pública el día 14 de agosto y demás cosas que dicha acusación contiene: dice =Que
los descargos dados por el sr. Garza Flores y que la comisión ha visto con la mayor
detención lejos de legalizar los hechos de que es acusado, ponen de manifiesto la
culpabilidad en que por ellos está incurso. Ninguno de dichos descargos es conclu-
yente; no pasan de respuestas evasivas según el juicio de la comisión fundado en
el siguiente análisis que de ellos ha hecho. =Cuando se le hace cargo de hacerse
abrogado facultades para mandar que un diputado no compareciese en la junta
preparatoria por no juzgarlo con las calidades necesarias, atribución exclusiva de la
junta preparatoria, contesta: que el artículo 11 del reglamento faculta a la comisión
permanente para llamar a los suplentes en consonancia de la atribución 4ª que le
concede la constitución. Se esfuerza el Sr. Garza Flores en justificar este acto, fun-
dándose en que así lo han hecho comisiones permanentes interpretando el artículo
constitucional (94) que en su concepto no está bien explicado, y se desentiende del
busilis del cargo, que es como queda dicho haber mandado no compareciese a la
junta un diputado propietario, sobre lo cual nada dice, ni podrá decir en su favor
porque sobre este punto bien claro habla la constitución. =Aun las razones que
manifestó dicho Sr. Garza Flores para evadirse de este cargo no llenan el objeto con
que las vierte respecto a la llamada del suplente. Ningún artículo constitucional ni
ley alguna puede expresarse con voces terminantes de genuino significado, cuando
se quiere que digan lo que no expresan, o extenderse a casos que no comprenden.
Esto sucedió al sr. Garza Flores en la inteligencia de la atribución 4ª del artículo
ya citado de la constitución y el 11º del reglamento de la comisión permanente.
Ambos están bien claros y terminantes hasta para los legos que no han estudiado
el derecho. ¿Cómo no lo habían de estar para un sr. licenciado? Pero es necesa-
rio forzarlos, y con gratuitas interpretaciones acomodarlos al caso que se quería,
aunque se chocase con otros artículos constitucionales. Esa misma obscuridad que
pretexta el sr. Garza Flores debió servirle de base o principio para el acierto, y más,
160 ElEccionEs E n El México dEl sig lo xix
sabiendo que no le era dado interpretar las leyes, en esto hacía un delito, y que no
podía justificarlo el que otros también lo hubieren hecho.
”Por último, se acoge el sr. Garza Flores a la inmunidad que la Constitución
presta a los diputados por sus opiniones. El sr. Garza Flores debe conocer que no se
le hacen cargos por sus pensamientos manifiestos, sino por sus operaciones como
autoridad. De ellas debe responder porque hay leyes que se las demarcan y toda
omisión o traspaso es un delito, tanto más perjudicial cuanto más escandaliza el
pueblo, como sucedió el 14 de agosto, con el empeño que el Sr. Garza Flores puso
para estorbar la instalación del Congreso y hacer que los demás diputados sucum-
biesen con sus mandatos, cuyo fin no consiguió levantando la sesión saliéndose
luego escandalosamente con su prosélitos y suplentes que había citado para que le
ayudasen: que el segundo y cuarto cargo que le resultan. A esto contesta: que como
presidente estaba en sus facultades dar trámites a las proposiciones que se le presen-
tó una relativa a la salida del diputado suplente de Santa Bárbara y que no quiso
admitirla por que sólo el Congreso debía reformar el llamado del suplente. Que le-
vantó la sesión porque el presidente puede hacerlo cuando advierta algún alboroto
en el pueblo. =El Sr. Garza Flores se equivoca si piensa que hubo tal proposición
en ese día. Se pidió por los diputados la salida del suplente, porque su presencia
manchaba el santuario de la ley que no lo había llamado a la silla que ocupaba ata-
cando la representación del propietario que se hallaba en el seno de la junta. Este
reclamo, no fue proposición: fue una enérgica decisión de los diputados en hacer
respetar la Constitución y las leyes con la que aterrorizado el sr. Garza Flores levan-
tó la sesión, haciendo este nuevo ultraje a la constitución. =En el pueblo no hubo
estos alborotos que dice el sr. Garza Flores, lo obligaron a levantar la sesión. Si la
tranquilidad pública se vio expuesta a perturbarse; lo motivaron los escandalosos
hechos del sr. presidente y la reunión de empleados que pasó luego a formar en la
casa del ex gobernador D. Juan Guerra. De ello, en vez de disculpa, se le sigue un
nuevo cargo, y que en concepto de la comisión debe también hacérsele. =Por lo
expuesto la comisión sujeta a la deliberación del congreso la proposición siguiente.
=Ha lugar a la formación de causa al ex presidente de la comisión permanente, D.
Juan Martín de la Garza y Flores.
”Todo lo que de orden del mismo honorable Congreso tenemos el honor de
insertar a V. E. para su conocimiento, asegurándole entretanto, nuestra distinguida
consideración y respeto.
”Y lo pongo en noticia de V. para su conocimiento.
”Dios y libertad. Ciudad Victoria, septiembre 19 de 1831, 8º de la instalación
del congreso de este estado.
161
“Voce s y silenc ios en los archiVos
Francisco Vital Fernández [rúbrica]
Por falta del secretario: Gerónimo Fernández Tijerina, oficial mayor.
Sr. Alcalde de Bustamante.
FUENTES CONSULTADAS
Archivos
aget Archivo General del Estado de Tamaulipas.
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amsc Archivo Municipal de San Carlos, Tamaulipas.
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Universidad Autónoma de Tamaulipas.
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Hemerografía
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BIBLIOGRAFÍA
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Génesis y construcción de un estado periférico en México, 1770-1825, Ciudad Victoria,
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