Indígenas y campesinos mexicanos: la soberanía alimentaria como forma de resistencia al biopoder

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Capítulo 10
Indígenas y campesinos mexicanos:
la soberanía alimentaria como
forma de resistencia al biopoder
Ignacio Bachmann-Fuentes *
* Investigador en la Universidad del País Vasco.
“Nosotros, los pueblos de Morelos, siempre hemos considerado a la naturaleza algo tan
importante como nosotros mismos. Somos pueblos que respetamos y sentimos nuestras
necesidades, muy especialmente la necesidad del agua. Hasta la fecha, nuestros pueblos
conservamos este respeto profundo, aunque la religión, la economía y la cultura dominantes
no nos permitan manifestar abiertamente, como gente del campo, nuestros sentimientos de
respeto por la lluvia, por los cerros, por nuestras tierras y semillas”.
Manifiesto de los Pueblos de Morelos.
1. INTRODUCCIÖN.
ara entender bien el contexto en el que se desarrolla la resistencia de los
indígenas y campesinos mexicanos, es necesario partir hablando sobre la
denominada “reforma estructural” iniciada en México durante la década
de los 80, que determinó el fin de la intervención estatal en los mercados
agrícolas y asimismo, significó el reemplazo de la agricultura tradicional por el
modelo agroindustrial, lo que derivó en lo que hoy en día se conoce como la
tragedia del campo mexicano.
Esta reforma se ciñe en la reestructuración de la economía global en
función de las necesidades de acumulación de capital financiero y de las
empresas transnacionales, encuadrada en la llamada tercera revolución
industrial o revolución científico-tecnológica (Acuña Rodarte y Meza Castillo,
2010: 189-209). A fin de asegurar el reembolso de las deudas contraídas por
países del tercer mundo -entre los cuales se encontraba México- los bancos y las
instituciones financieras transnacionales exigieron la aplicación de rígidas
P

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políticas económicas (Angulo Sánchez, 2010: 241-259). Fue así como, por la
necesidad de financiamiento externo, terminó imponiéndose el modelo
neoliberal en países que gozaban de “normalidad institucionalidad”, a diferencia
de otros países latinoamericanos en que dichas políticas fueron impuestas
durante regímenes dictatoriales. A partir del Gobierno de Miguel de la Madrid
(1982-1988) se inició un proceso de apertura de los mercados, liberalización de
la banca, se fomentó la competitividad y se estimuló el consumo. Este proceso
de liberalización e internacionalización se realizó aceleradamente para cumplir
con la tarea encomendada por organismos hegemónicos como el Banco
Mundial y el FMI y conforme a las directrices del Consenso de Washington
(Tarrio, Concheiro y Courturier, 2010: 227-280).
El primer gran paso a esta internacionalización fue la adhesión al
Acuerdo general de aranceles y comercio (GATT) y para poder cumplir con
este acuerdo, México liberalizó su economía de forma unilateral (Olivié, 2005:
122-174).
Paralelamente, se comenzó un proceso de desmantelamiento y
privatización de las empresas paraestatales que terminó con empresas
estratégicas como CONASUPO, FERTIMEX, MICONSA y de una amplia red
de empresas que permitía el sistema agrícola creado en la década de los 30. Los
promotores de este cambio sostenían la hipótesis de que la excesiva regulación
e intervención estatal era la causa de la distorsión de los precios, lo que a su vez
propiciaba una inadecuada asignación de los recursos y además, inhibía la
inversión privada (Bartra, 2003).
Fue a partir del sexenio de Salinas de Gortari (1988-1994), que
CONASUPO comenzó a retirarse de las compras de maíz y otros granos
(Mestries, 2009: 87-93). Hasta ese momento, esta empresa compraba a precios
de garantía, lo que evitaba que el productor se viera expuesto a riesgos o a la
necesidad de vender su grano en un precio excesivamente bajo (Maximiliano-
Hernández, Rivera-Herrejón, Franco-Malvaiz y Soria Ruiz: 2011). También se
encargaba de la distribución de los alimentos a nivel nacional con un subsidio
generalizado, canalizando así a la industria de la tortilla para cubrir la diferencia
entre el precio de garantía y el precio final. Asimismo, distribuía algunos
productos por medio de tiendas en los sectores más pobres de la población rural
y urbana; desarrollaba programas de capacitación para campesinos,
comercializaba piensos, fertilizantes y semillas mejoradas; y para evitar el
desabastecimiento, almacenaba alimentos y otorgaba licencias de importación
(Yunez Naude y Barceinas, 2000: 189-227). El modelo de intervención estatal,
con todos sus defectos, demostró ser eficaz frente ante las vicisitudes del
mercado agroalimentario; aseguraba el abastecimiento de granos y demás

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alimentos básicos y evitaba las grandes fluctuaciones del mercado gracias a la
existencia de precios de garantía, frenando así la especulación y el
acaparamiento. Además, fue el principal soporte de la agricultura tradicional
(Bachmann, 2014: 89-108).
Por otra parte, en el año 1992 se procedió a la modificación del artículo
27º de la constitución mexicana, mediante la cual se incorporó el suelo ejidal y
comunal al desarrollo urbano legal. Según Armando Bartra (2003), “se le
restituyó a la tierra su condición de mercancía conculcada por la revolución de
1910 y se desmanteló todo el sistema burocrático de fomento, subsidio y
regulación que gravitaba sobre el sufrido campo mexicano”.
El punto de inflexión se alcanzó con la firma y promulgación del tratado
de libre comercio de América del Norte, NAFTA, el cual entró en vigencia el 1º
de enero de 1994. Este tratado, y en especial el capítulo agropecuario, fue
negociado en condiciones de evidente desigualdad, ya que tanto Canadá como
Estados Unidos intervienen fuertemente sus mercados agrícolas. En efecto,
Estados Unidos ha sido el más ardiente practicante de estrategias
proteccionistas; tanto así que el historiador económico Paul Bairoch lo calificó
como “el país madre y el bastión del proteccionismo moderno” (Chang, 2003).
Para México este tratado significó el fin de la intervención estatal en los
mercados agrícolas y la consolidación del modelo neoliberal. Así mismo, el país
pasó de ser una potencia alimentaria a un país con dependencia alimentaria
(Macías Macías, 2010: 31-48). En efecto, una revisión de los datos de comercio
agrícola de México a partir de los datos aportados por Faostat confirma las
conclusiones de otros estudios de la dependencia alimentaria y la
vulnerabilidad: su balanza comercial en la producción agrícola ha sido
deficitaria desde antes del inicio del TLCAN, sino que ha aumentado
considerablemente a partir de 1994 (Otero, 2011: 384-402).
2. ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN.
Marx denominaba “acumulación originaria” al proceso histórico de
escisión entre productor y medios de producción. Este proceso dio origen a las
condiciones del modo de acumulación capitalista, las que se refieren
fundamentalmente a la creación de un sector de la población carente de otros
medios de vida a parte de su propia fuerza de trabajo para vender en el mercado
laboral y a los fines de acumulación de capital de las industrias (Angelis, 2001).
En efecto, en el origen del capital descrito por Marx, se combinaron dos
presupuestos históricos: en primer lugar, la disolución violenta del vínculo

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existente con la tierra, que había permitido hasta ese momento la reproducción
autosuficiente de la vida; en este proceso la tierra fue enajenada, es decir, se
hizo ajena a sus poseedores originales. Y en segundo lugar, la acumulación
originaria implicó el proceso histórico de separar a los productores de los
medios de producción, hecho que significó arrojar a estos productores al
mercado de trabajo en calidad de proletarios (Perelmuter, 2011: 53-86).
De esta manera, puede comprenderse el proceso iniciado en México
durante la década de los 90, en el cual las tierras comunes (ejidos y
comunidades agrarias) comenzaron a ser enajenadas y resurgió el latifundio de
la mano con el monocultivo; grandes extensiones de terreno agrícola
comenzaron a ser explotadas con fines puramente comerciales. En este sentido,
Harvey (2004: 99-129) señala que en cuanto a la descripción hecha por Marx de
la acumulación originaria, ésta incluye un rango amplio de procesos tales como
la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las
poblaciones campesinas; la conversión de las diversas formas de propiedad en
propiedad exclusiva y excluyente.
Angelis (2001) afirma que este proceso de acumulación no puede
reducirse a un hecho histórico (al de acumulación originaria), sino que se trata
de un proceso de carácter continuo e inherente en los sistemas capitalistas
“maduros”. Así las cosas, una vez consumada la escisión originaria entre
productores y medios de producción, aquella se perpetúa y reproduce de manera
amplificada por medio de “la silenciosa compulsión de las leyes económicas”.
3. CERCAMIENTO DE LOS BIENES COMUNES.
Junto con el sometimiento de la tierra al poder del capital, los recursos
hídricos también fueron acaparados por las grandes empresas de la
agroindustria y por la expansiva urbanización. El vital elemento pasó a ser una
mercancía sujeta a las reglas de la oferta y la demanda; también sufrió el
impacto de las nuevas políticas agrarias: la agricultura industrial acarreó el uso
de grandes cantidades de fertilizantes, herbicidas y plaguicidas que fueron
contaminando los afluentes y por tanto afectando a personas y a ecosistemas;
los megaproyectos de construcción de embalses permitieron a las empresas –
principalmente transnacionales– desviar los cauces de los ríos y limitar el flujo
de éstos; el encarecimiento del agua potable por su embotellamiento y
distribución por empresas privadas, etc., llevó a que millones de personas en
México no tuvieran un acceso adecuado al agua ni al saneamiento (Gutiérrez
Rivas, 2008). Sin duda estamos frente al fenómeno que Karl Polanyi (2007)
denominaba “un nuevo proceso de cercamiento de los bienes comunes”.

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Pero este cercamiento de bienes comunes va mucho más allá: los
campesinos e indígenas han visto cómo las semillas que durante siglos han sido
cultivadas, mejoradas e intercambiadas libremente por ellos, ahora son
propiedad de empresas transnacionales dedicadas a la agroindustria y a la
biotecnología. Por medio de la biopiratería
1
, el patrimonio fitogenético común
de los pueblos, está siendo privatizado. Y estas son las reglas del juego
impuestas a través de Tratados Internacionales de Libre Comercio como lo son
el TLCAN/NAFTA y el TRIPS/ADPIC, que contienen un sistema de
propiedad intelectual propio del orden neoliberal global.
Según David Harvey (2004), en estos tiempos “la biopiratería es
galopante y el pillaje del stock mundial de recursos genéticos en beneficio de
unas pocas grandes empresas multinacionales está claramente en marcha. La
reciente depredación de los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua) y la
proliferación de la degradación ambiental, que impide cualquier cosa menos los
modos capital-intensivos de producción agrícola, han resultado de la total
transformación de la naturaleza en mercancía”. Asimismo, la mercantilización
de las formas culturales, las historias y la creatividad intelectual supone la total
desposesión. Ya decía Castoriadis (2006) que “el capitalismo vive agotando las
reservas antropológicas constituidas durante los milenios precedentes”.
4. BIOPODER Y CAPITALISMO.
Michael Hardt y Antonio Negri (2000) afirman que el objetivo del
biopoder es cercar la vida por los cuatro costados y su tarea final es
administrarla. El interés de las grandes empresas transnacionales por patentar
los organismos vivos configura –como lo expone Foucault– un biopoder
ejercido no sólo sobre la sociedad sino también sobre los seres vivos; representa
además un acoso constante para apropiarse de los recursos del otro, del
conocimiento y de la biodiversidad indígena-campesina creada y recreada
durante miles de años (Tarrio, Concheiro, Comboni, 2010) En consecuencia, en
el biopoder lo que está directamente en juego es la producción y la reproducción
de la vida misma (M. Hardt y A. Negri, 2000).
1
Según Vandana Shiva, se entiende por biopiratería al “uso injustificado de los sistemas de
propiedad intelectual, con el objeto de asegurar la legitimidad de la apropiación exclusiva y
en esta misma dirección, del control sobre múltiples recursos, productos y procesos
biológicos que se relacionan, fundamentalmente, con la diversidad genética” Cf. Shiva, V.
(1997) Biopiracy, The plunder of nature and knowledge, South End Press, Boston, pág. 22.

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Es por esto que no sólo se trata de biopiratería, sino también de establecer
un poder relacionado con el control y la difusión del conocimiento y la
expropiación del mismo. Así, la disputa actual por los bienes naturales y la
expropiación de los saberes se encuentra dentro de la lógica del sistema, desde
una perspectiva económica, ideológica y de poder (M. Hardt y A. Negri, 2000).
En efecto, el sistema neoliberal crea lo que Foucault denominaba “saberes
sometidos”, entendiéndose por tal a un conjunto de conocimientos
descalificados, catalogados como no conceptuales o como insuficientemente
elaborados, que fueron situados por debajo del conocimiento científico o de la
rigurosidad científica (Ávila-Fuenmator, 2007). Estos saberes acumulados por
los pueblos originarios de regiones ricas en biodiversidad relativos a las
propiedades o principios activos de las plantas, adquieren un gran interés para la
industria: constituyen una materia prima de la ingeniería genética que requiere
de amplios acervos de variedades vegetales o animales para investigar en sus
laboratorios; estos conocimientos representan la posibilidad de disminuir el
tiempo requerido para la búsqueda y experimentación, además de ser la vía más
expedita para formar bancos genéticos (A. E. Ceceña y J. Giménez, 2004).
Como ya se ha dicho, a consecuencia de estas reformas estructurales, el
grueso de campesinos e indígenas quedaron sumidos en la precariedad, en la
extrema pobreza y en el hambre, circunstancias que empujaron a millones de
ellos a emigrar, principalmente a Estados Unidos. El flujo migratorio hacia el
país del norte en el periodo 1994-2004, fue 10 veces superior al registrado en
las dos décadas anteriores (Delgado-Wise, 2004: 591-605). El consenso apunta
a que la causa de la expulsión de tantos migrantes sería la aplicación por parte
de los gobiernos mexicanos de las políticas neoliberales más agresivas de todo
el mundo (Otero, 2011; J. M. Cypher y R. D. Wise, 2010). En este sentido,
Foucault (1990) afirma que el surgimiento del biopoder está necesariamente
vinculado al capitalismo, el cual “no hubiera sido posible sin la inserción
programada de los cuerpos en la maquinaria de producción y la adaptación de
los fenómenos de población al proceso económico”.
La nuda vida de estos hombres y mujeres del campo, es la clave para
entender la manera en que la vida es puesta en entredicho por el capitalismo.
Millones de campesinos e indígenas se vieron de la noche a la mañana,
despojados de todo; desde la tierra hasta su conocimiento, desde su forma de
vida ancestral hasta su identidad. El campesino mexicano se ha transformado
en el homo sacer contemporáneo de AGAMBEN, abandonado a su suerte y
desprovisto de dignidad. Mujeres y hombres de la tierra se han visto obligados a
poner a disposición del capital, no sólo su fuerza de trabajo, sino también su
corporeidad (Osorio, 2006: 77-98).

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5. BIOTECNOPODER.
El biopoder ha experimentado mutaciones a través del tiempo. Así, una
de estas mutaciones iniciada a fines del siglo XX y que ha continuado en el
siglo XXI es la del biotecnopoder, que según Jeremy Rifkin (1999), es el poder
que se ejerce sobre la vida y que responde a las nuevas formas de ejercicio
biotecnológico. Para Santiago Díaz (2011: 193-211), el biotecnopoder es una
forma sofisticada de biopoder, toda vez que existe una continuidad y
coexistencia de estrategias de control sobre la humanidad entera. El ejercicio de
este biotecnopoder se enrola dentro de lo conocido como neocolonialismo que
doblega a los países pobres, manteniéndolos alejados de los avances
biotecnológicos y a su vez, utilizándolos como material de experimentación
para sus ensayos.
6. LA SOBERANÍA ALIMENTARIA.
Como respuesta a esta espiral de saqueos, miseria y hambre que asoló a
los países del tercer mundo, surgió el concepto de soberanía alimentaria, como
una alternativa al sistema agrícola mundial impuesto por la Organización
Mundial de Comercio (OMC) de “talla única para todos” (Rosset, 2008: 460-
463). En 1996, se celebró en Roma la Cumbre Mundial de la Alimentación,
organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) y con el fin de abordar posibles estrategias para combatir
el hambre en el mundo. Allí fue planteado este concepto por la Vía Campesina
y fue propuesto como una solución a este flagelo. La base de este concepto es
que el hambre y la desnutrición deben entenderse como un incumplimiento del
derecho a la alimentación, consagrado principalmente en el Art. 25º de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Art. 11º del PIDESC,
ya que este derecho implica poder alimentarse uno mismo de forma digna y
autónoma más que el derecho a ser alimentado (Rivera Ferré, 2008: 105-120).
Es mi opinión que la propuesta hecha por Vía Campesina encontró
mucho de sus fundamentos en los discursos pronunciados por el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (declaraciones de la Selva Lacandona) y en
las reuniones que dirigentes zapatistas mantuvieron con representantes de otras
comunidades indígenas de México y de Latinoamérica e intelectuales de los
diversos campos del conocimiento
2
.
2
La Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, pronunciada el 1º de enero de 1996, señala
detalladamente los motivos de la lucha zapatista, dentro de los cuales se enuncian: la

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En el año 2002, se celebró en Roma el Foro sobre Soberanía Alimentaria,
en el cual se dio la siguiente definición: “el derecho de los pueblos,
comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, laborales,
pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológica, social,
económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto incluye
el verdadero derecho a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que
significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación inocua,
nutritiva y culturalmente apropiada, a los recursos para la producción de
alimentos y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades”
(Declaración de Roma, 2002). Puede concluirse entonces, que se reconoce en
los hábitos alimenticios y en los métodos agrícolas, las bases de la identidad de
los pueblos.
También, la soberanía alimentaria representa una solución eficaz para
proteger los mercados internos ante prácticas comerciales abusivas, como es el
ingreso desde otros países de productos a precios inferiores al costo de
producción debido a que se encuentran fuertemente subsidiados. Asimismo,
representa una solución para las graves crisis alimentarias producidas por los
altibajos de los precios de los alimentos (Rosset, 2008).
En febrero de 2007 se celebró en Nyeleni, Mali, el Foro para la Soberanía
Alimentaria con la presencia de representantes de más de 80 países, de
organizaciones de campesinos, pescadores tradicionales, pueblos indígenas,
pueblos sin tierra, movimientos ecologistas y movimientos civiles en general.
En esta ocasión, se hizo énfasis en las condiciones del trabajo rural, asumiendo
que el modelo de soberanía alimentaria asegura empleos dignos, salarios justos
y derechos laborales para todos los trabajadores y un futuro para los jóvenes del
campo (Declaración de Nyeleni, 2007).
Por esto, debemos entenderlo más bien como un concepto político
más que jurídico, que no se encuentra recogido en tratados internacionales y que
se enfoca principalmente en los derechos de los pueblos y las comunidades
(Vidar, 2008). En efecto, la soberanía alimentaria se construye sobre una base
política de autonomía, no solamente circunscrito a lo que a Estados se refiere,
sino también a la autonomía a nivel regional y de comunidades. Y la forma
propuesta para ejercitar esta autonomía en el sector agroalimentario sería el de
la gobernanza, es decir, la participación de todos los actores en la toma de
decisiones junto a sus autoridades locales.
alimentación, derecho a la tierra, derecho al trabajo justo y digno, a la “vida”, democracia,
justicia, independencia.

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Sobre esta base, se han ido articulando en México grandes movimientos
que aglutinaron a las organizaciones campesinas e indígenas con diversos
movimientos de la sociedad civil. Gracias a campañas como “El campo no
aguanta más” o “Sin maíz no hay país”, se han ido logrando pequeños pero
significativos avances que conducen hacia la soberanía alimentaria. Algunos de
estos avances son los siguientes:
a). Ley de Desarrollo Rural Sustentable: En diciembre de 2001, se
publicó en el Boletín Oficial de la Federación el texto definitivo de esta
ley, que se considera reglamentaria de la fracción XX del artículo 27º de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El objetivo
seguido por medio de esta ley fue “promover el desarrollo rural
sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado, en los
términos del párrafo 4º del artículo 4º y garantizar la rectoría del Estado y
su papel en la promoción de la equidad, en los términos del artículo 25º
de la Constitución
3
.
b). Se adicionó un sexto párrafo al Artículo 4º de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que toda persona tiene
derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
c). En octubre de 2011, se adicionó un tercer párrafo al Art. 4º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el
derecho a la alimentación de la siguiente manera: “Toda persona tiene
derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo
garantizará”.
d).En la misma fecha, se adicionó un segundo párrafo a la fracción XX
del Art. 27º que versa de la siguiente manera: “El desarrollo rural integral
y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus
3
La promulgación de esta ley no estuvo exenta de polémicas. Es considerada por algunos una
“tapadera” al verdadero modelo impuesto desde el gobierno federal y su marco conceptual
obedece a la “moda ecologista neoliberal”. Mientras se realizaba toda una campaña
publicitaria con esta ley, el gobierno de Vicente Fox preparaba la Ley de Bioseguridad y
Organismos Genéticamente Modificados (más conocida como “Ley Monsanto”) y con ella la
intromisión al mercado agrario mexicano de diez de las principales transnacionales
obtentoras y productoras de OMG. Cf. Durand Alcántara, C. (2009) Desarrollo rural
sustentable enclave de la estrategia neoliberal. Alegatos, Nº. 72, mayo–agosto. Recuperado el
15 de junio de 2013, de: <http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/inicio.php>.

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fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los
alimentos básicos que la ley establezca”.
Además, colectivos ciudadanos han iniciado acciones judiciales a fin de
evitar el cultivo de variedades de maíz transgénico en territorio mexicano. Así
fue como el Duodécimo Juzgado Federal de competencia civil del Distrito
Federal dictó en octubre de 2013 una medida precautoria que ordenaba a
Sagarpa y a SERMANAT “abstenerse de realizar actividades tendientes a
otorgar permisos de liberación al ambiente de maíz modificado genéticamente”
(Animal político, 2013), o un Juzgado de Yucatán anuló un permiso otorgado
por Sagarpa a Monsanto para cultivar soja transgénica en esa región (Boffil,
2014).
7. CONCLUSIONES.
Los pueblos indígenas y comunidades de campesinos buscan tener mayor
autonomía política, sobre todo en lo que se refiere a la posibilidad de definir sus
propias políticas agroalimentarias. De esta manera, se busca que el trabajo rural
siga siendo una alternativa viable para las nuevas generaciones, lo que a su vez
garantiza la pervivencia de sus culturas y conocimientos ancestrales. La
hegemonía de los mercados globales ejercida sobre la población rural mediante
la biopolítica, puede ser detenida y neutralizada en la medida que estas
comunidades instituyan modelos alternativos al modelo agroindustrial.
También, mediante la autonomía política, la tierra, el agua y las semillas y
demás recursos naturales son excluidos del mercado global y quedan sujetos a
las decisiones tomadas a nivel local, de tal modo que la soberanía pueda ser
ejercida de manera eficaz.
Al restablecerse la relación hombre - tierra, o entre productor y medios, el
campesino y su corporeidad escapan de la maquinaria de producción, dejan de
ser mano de obra barata disponible. La mujer y el hombre del campo, retornan a
su oficio originario.
La soberanía alimentaria quiebra la lógica capitalista de desarrollar
continuamente el proceso de acumulación y asimismo, libera los bienes
comunes del “cercamiento” y se rescatan del dominio hegemónico los
denominados “saberes sometidos”.
Y en definitiva, la soberanía alimentaria rompe los cercos con las cuales
la vida ha sido recluida, mercantilizada y privatizada. Los bienes comunes

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quedan liberados, para ser disfrutados por indígenas y campesinos y los
beneficios de esta relación lleguen a toda la humanidad.
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