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Integridad en las elecciones de América 2012-2014

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Abstract

The region has been holding competitive elections in the last years. But, have all those elections been held with the same electoral integrity? If there have been problems, which are those? Are there common problems to the region or are they similar to those of the rest of the world? Is there any pattern in the elections? How do we know it? Under which methodological approach we can answer those questions? In this article, we present the results of the first expert’s survey on perceptions of election integrity to the global scale but with a specific attention to America.
ISSN: 1130-2887
DOI: http://dx.doi.org/10.14201/alh2015703754
© Ediciones Universidad de Salamanca América Latina Hoy, 70, 2015, pp. 37-54
INTEGRIDAD EN LAS ELECCIONES DE AMÉRICA 2012-2014
Integrity of the elections in America 2012-2014
Ferran martínez i coma
Universidad de Sydney, Australia
* ferran.martinezcoma@sydney.edu.au
Pippa norris
Universidad de Sydney, Australia
* Pippa_Norris@hks.harvard.edu
Richard W. Frank
Australian National University, Australia
* richard.frank@anu.edu.au
BIBLID [1130-2887 (2015) 70, 37-54]
Fecha de recepción: 15 de septiembre del 2014
Fecha de aceptación y version final: 16 de marzo del 2015
RESUMEN: La región lleva celebrando elecciones competitivas en los últimos años. Pero, ¿se
han celebrado todas las contiendas con la misma integridad electoral? Si ha habido problemas,
¿cuáles son? ¿Hay problemas comunes a la región o son parecidos a los del resto del mundo? ¿Se
observa algún patrón en las elecciones? ¿Cómo lo sabemos? ¿Bajo qué enfoque metodológico
podemos responder estas preguntas? En este artículo, presentamos los resultados de la primera
encuesta de expertos sobre percepciones de integridad electoral a escala global, pero con atención
especial a América.
Palabras clave: integridad electoral; democracia; democratización; fraude.
ABSTRACT: The region has been holding competitive elections in the last years. But, have all
those elections been held with the same electoral integrity? If there have been problems, which
are those? Are there common problems to the region or are they similar to those of the rest of the
world? Is there any pattern in the elections? How do we know it? Under which methodological
approach we can answer those questions? In this article, we present the results of the first expert’s
survey on perceptions of election integrity to the global scale but with a specific attention to
America.
Key words: electoral integrity; democracy; democratization; fraud.
70, 37-54
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i. introducción1
Las elecciones de los dos últimos años en América han producido cambios signifi-
cativos en la región. Por mencionar algunos, y de Norte a Sur, después de doce años de
gobierno de Vicente Fox primero y Felipe Calderón después –del Partido de Acción
Nacional (pan)– en México, el Partido Revolucionario Institucional (pri), de la mano
de Enrique Peña Nieto, volvió al poder. Y Chile pasó del gobierno conservador de
Sebastián Piñera al de concertación liderado por Michel Bachelet.
Sin embargo, no todo han sido cambios. En Estados Unidos, el presidente Barack
Obama fue reelegido. En Honduras tampoco hubo cambio de poder: Juan Orlando
Hernández Alvarado del conservador Partido Nacional sucedió a Porfirio Lobo de la
misma formación. En Colombia hemos visto como el anterior vicepresidente, Santos,
obtuvo su reelección, no sin problemas con el anterior presidente, Uribe. En Venezuela,
el fallecido Hugo Chávez se impuso en la elección mientras sufría una terrible enfer-
medad y, después de su muerte, la línea «oficialista» volvió a ganar con la victoria de
Nicolás Maduro –si bien fue por un estrecho margen (1.49% de los votos). En Ecua-
dor, Rafael Correa ganó claramente un segundo mandato. Y se puede afirmar que en
Argentina el Frente para la Victoria de Cristina Fernández de Kirchner se impuso en
las parlamentarias.
En la región hay importantes diferencias no sólo en condiciones socioeconómi-
cas –como el nivel de desarrollo o de desigualdad y las tasas de alfabetización o de
urbanización–, sino también, y más importante para nuestro propósito, en la arena
política. Los propias familias ideológicas muestran divergencias importantes: mientras
que observaríamos dos tipos de izquierda en la región –Brasil y Chile, por un lado, y
Bolivia, Venezuela y posiblemente Ecuador, por otro– el lado conservador tampoco es
monolítico, y en dicha familia conviven con importantes diferencias el (conservador)
Partido Colorado del Paraguay con el liberal Partido de la U de Colombia.
A pesar de estas diferencias, todos estos países han celebrado elecciones competi-
tivas en los últimos años. Pero, ¿se han celebrado todas las contiendas con la misma
integridad electoral? Si ha habido problemas, ¿cuáles son? ¿Hay problemas comunes
a la región o son parecidos a los del resto del mundo? ¿Se observa algún patrón en las
elecciones? ¿Cómo lo sabemos? ¿Bajo qué enfoque metodológico podemos responder
estas preguntas?
En este artículo, se presentan los resultados de la primera encuesta de expertos
sobre percepciones de integridad electoral a escala global, pero con atención especial
a América. El interés de esta investigación es obvio para los países de la región. En pri-
mer lugar, desde la perspectiva histórica, América Latina ha tenido una relación difícil
con la democracia. De hecho, muchos países de América Latina (Chile, Argentina) se
consideran democracias de tercera ola como España, Portugal o Grecia. Siguiendo a
Huntington, la incorporación al «club» de las democracias ha sido muy desigual.
1. Los autores agradecen los comentarios y sugerencias de dos evaluadores anónimos de América
Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales a una primera version de este artículo.
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Mientras se considera que los Estados Unidos serían parte de la primera ola, otros
caerían en la segunda o tercera. Dicha clasificación puede ser problemática, cuando se
observa la historia de algunos países. Por ejemplo, mientras que Chile se considera de-
mocracia de tercera ola –aunque se suele obviar que antes de la dictadura de Pinochet
se celebraron elecciones libres entre 1932 y 1975 y a día de hoy la democracia está per-
fectamente consolidada utilizando cualquier criterio internacional–, la historia es más
complicada, cuando no tortuosa, para otros Estados de la región. Por ejemplo, México
se considera democracia a partir del 2000 (si bien es en 1997, con la derrota del pri en
las legislativas, cuando el sistema se empieza a resquebrajar). En segundo lugar, aunque
se reconoce el vínculo entre democracia e integridad electoral, lo analizamos por sepa-
rado porque puede haber democracias que celebran elecciones de baja calidad o en las
que la integridad electoral se ve comprometida (ej. México 2006).
El trabajo se estructura de la siguiente forma. En la próxima sección se discute el
concepto de integridad electoral, sus componentes y algunas de las implicaciones que
tiene. En la tercera parte se presentan los datos recogidos, mientras que en la cuarta
parte presentamos los resultados. La quinta sección concluye.
Se quiere destacar que en este estudio se presentan los resultados y que es una
invitación a que investigadores, académicos, estudiantes y empleados de organismos
nacionales e internacionales empleen estos datos que, a diferencia de otros, están a
disposición del público de forma gratuita.
ii. el concepto de inteGridad electoral
El concepto de «integridad electoral» se refiere tanto a los convenios internaciona-
les como a las normas globales aplicadas de forma universal a todos los países durante
todo el ciclo electoral. El ciclo incluye el período preelectoral, la campaña, el día de las
elecciones y las repercusiones de los resultados (Norris 2014). La definición tiene varios
componentes: normas globales, universales y aplicadas durante todo el ciclo electoral
que desgranamos en los párrafos siguientes.
La primera parte de la definición concibe la integridad electoral como elecciones
en las que se reflejan «las normas globales». Las elecciones son legítimas si respetan las
convenciones, tratados y normas electorales internacionales. La base de dichas normas
globales está en el artículo 21.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948, constituyendo la base jurídica y los principios fundamentales que legitiman
el apoyo internacional a las elecciones y la asistencia electoral. Los acuerdos sobre las
normas globales que deben regir la conducta de las elecciones se detallan en el artículo
25 del Pacto Internacional de las Naciones Unidas para los Derechos Civiles y Políticos
(iccpr de 1966). En este sentido, la declaración más concisa de estas normas se recoge
en la resolución de la Asamblea General de la onu 64/155 de 8 de marzo de 2010 sobre
el «Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas para mejorar las elecciones perió-
dicas y genuinas y la promoción de la democratización». Si bien desde 1991 Naciones
Unidas se había pronunciado sobre este asunto, dicha resolución es uno de los puntos
de referencia. En los años siguientes, la comunidad internacional ha ido desarrollando
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normas globales a las que paulatinamente se han ido sumando instrumentos legales,
convenciones y estándares de trabajo a seguir.
El segundo componente del concepto enfatiza la noción de «universalidad», en
tanto que es aplicable no solo a las democracias largamente establecidas, sino también
al resto del mundo. Así, los problemas de integridad pueden surgir tanto en el momen-
to de formalizar el registro de los votantes –como en Estados Unidos–, como en la ges-
tión de las elecciones –Reino Unido– o con problemas de financiación de los partidos
–España– y la regulación de los medios –Italia–. Por tanto, los problemas de integridad
electoral no solo son un reto al que se enfrentan las nuevas democracias o autocracias
electorales sino que, cuando se vulneran, se quebranta la calidad de las elecciones. Por
lo tanto, se pretende emplear una medida aplicable a todos los tipos de regímenes.
El tercer elemento del concepto es su naturaleza cíclica. Gran parte de la investi-
gación académica, así como la mayoría de la cobertura de los medios de comunicación,
suelen presentar los problemas que hay el día de las elecciones mostrando, por ejemplo,
la intimidación que sufren algunos votantes o la manipulación en el recuento. Todas
estas prácticas se realizan al final del proceso electoral. Sin embargo, la comunidad
internacional concibe la asistencia y la observación electoral no sólo centrándose en el
día de la elección o en períodos más o menos circunscritos que cubren la campaña elec-
toral. De hecho, desde la perspectiva de estos organismos, las elecciones se entienden
o bien como un proceso continuo o como un ciclo electoral que cubre todas las etapas
del proceso electoral: desde el diseño y la aprobación de la legislación, a la selección y
formación del personal electoral; desde la planificación electoral o el registro de elec-
tores y de partidos políticos, a la nominación de partidos o el establecimiento de las
condiciones de la campaña electoral; desde la logística para el mismo día de la elección,
al conteo, la declaración y publicación de resultados, a la resolución de disputas.
La evaluación del ciclo electoral requiere del examen de todas las fases por dos
razones. En primer lugar, porque todas las partes son importantes y están íntimamente
entrelazadas, de forma que el éxito de una no garantiza el éxito de la otra (aunque sí
lo puede condicionar). En segundo lugar, por las posibilidades que ofrece el «menú de
la manipulación» de Schedler (2002) cada eslabón de la cadena se puede romper,
socavando la integridad electoral. Las distintas fases del ciclo se recogen en la Figura i.
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FiGura i
el ciclo electoral
Fuente: norris, 2014.
A esta somera explicación del concepto2, añadimos tres reflexiones que desarrolla-
mos en los siguientes párrafos.
En primer lugar, normalmente las violaciones de integridad electoral que llaman
la atención son las más flagrantes (y suelen llegar a los titulares de los medios). Sin
embargo, en esta concepción del fenómeno se entiende que si tan sólo se centra en los
peores casos, en las violaciones de «primer orden» –las que suelen conllevar la repre-
sión de votantes o candidatos–, daremos una visión demasiado restringida y parcial de
la globalidad del problema. Los problemas en autocracias son los que generan mayor
atención, pero los problemas de «segundo orden» también son una muestra de proble-
mas universales que pueden dañar la legitimidad de la contienda en cualquier país. Por
no hacer hincapié tan solo en los Estados Unidos, la Comisión Electoral Canadiense,
Elections Canada, durante la campaña federal de mayo de 2011 recibió miles de quejas
2. Para un mayor detalle del concepto, ver P. norris (2014a, 2014b) y P. norris, R. W. Frank
y F. martínez i coma (2014).
Procedimientos
electorales
Fronteras
Registro de
votantes
Registro de
partidos y
candidatos
Medios de
campaña
Financiación
de campaña
Proceso de
votación
Conteo de
votos
Resultados
EMBs
Leyes
electorales
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por una serie de llamadas telefónicas fraudulentas en las que se les indicaba a los votan-
tes dirigirse a votar a un lugar de votación incorrecto. Desde esta perspectiva, las malas
prácticas pueden ser intencionales o accidentales; legalmente válidas o directamente
ilícitas; derivadas de violaciones de los derechos democráticos o debidas a falta de ca-
pacidad técnica; o de todo lo anterior.
En segundo lugar, al hacer hincapié en el papel de los principios, valores y están-
dares internacionales, el concepto va más allá de nociones más restrictivas centradas
exclusivamente en disposiciones legales nacionales. Utilizar un enfoque de derecho in-
ternacional es muy útil en la conceptualización del concepto de integridad electoral.
Las irregularidades electorales a menudo quebrantan las leyes de un país. Sin embargo,
las leyes domésticas también pueden utilizarse para imponer restricciones indebidas
a los candidatos o partidos de la oposición; pueden negar el derecho a votar a ciertos
grupos; restringir las libertades fundamentales de asociación o expresión; o manipular
la competencia electoral. Aunque estas prácticas sean legales, violan las normas, valores
y principios internacionales.
Por último, debido a la propia naturaleza del concepto y al no encuadrarlo en la
etiqueta común de elecciones «libres y justas», nuestra definición permite incorporar
una serie de valores normativos sobre la calidad de las elecciones que se pueden juzgar.
De este modo, principios de eficacia, eficiencia, inclusión, transparencia, igualdad, ho-
nestidad y precisión pueden ser reconocidos como valores potencialmente importantes
que subyacen a la noción general de la integridad electoral (así como las demandas
habituales en cuanto a que las elecciones deben ser libres de restricciones indebidas y
justas con todas las partes). Desde esta perspectiva, registros de votantes mal adminis-
trados, acceso desigual a los medios y fondos o leyes que limitan el acceso al voto, entre
otros, pueden socavar la integridad electoral tanto como restricciones en la libertad de
expresión o en el conteo de los votos.
En definitiva, se puede afirmar que la comunidad internacional ha llegado a un
acuerdo que se refleja, por ejemplo, en la «Declaración de principios para la obser-
vación internacional de elecciones» aprobada por Naciones Unidas en 2005, y en los
correspondientes códigos de conducta, directrices, tratados y convenciones publicado
por asociaciones multilaterales, involucrados en misiones de observación electoral so-
bre una serie de principios a observar en las elecciones. No obstante, a pesar de la exis-
tencia de normas globales, no todos los aspectos importantes de integridad electoral se
recogen en los acuerdos internacionales. Por ejemplo, aún no hay normas comunes en
cuanto a financiación de campaña y cobertura de los medios de comunicación, asuntos
que como se verá más tarde son especialmente conflictivos en la región.
iii. midiendo la inteGridad electoral. datos y expertos
Una vez definido el marco de estudio, cabe preguntarse qué enfoque seguir para
su análisis. Una posibilidad es emplear los reportes de los observadores electora-
les de distintas organizaciones internacionales, regionales o domésticas. El problema
de estos trabajos está tanto en la cobertura –ninguna organización observa todas las
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elecciones– como en los distintos criterios empleados por cada una de las organizacio-
nes. Además, como demuestran Daxecker y Schneider (2014), el valor de los reportes
puede ser discutible cuando distintas organizaciones llegan a conclusiones opuestas.
Por ejemplo, la Organization for Security and Cooperation in Europe (osce), en la mi-
sión electoral para las elecciones presidenciales de Azerbayán de 9 de octubre de 2013,
muestra que la elección tuvo muchos problemas, incluyendo intimidación a los votan-
tes. Sin embargo, pace (Parliamentary Assembly of the Council of Europe) concluyó que
el proceso fue «libre, justo y transparente». De hecho, una de sus conclusiones es que
invitar a varias organizaciones garantiza la disparidad de veredictos, lo que beneficia a
los autócratas.
Otros enfoques se han acercado a este problema. Por ejemplo, desde el sector públi-
co, se ha comparado la calidad de las elecciones en distintos distritos de un determina-
do país (Álvarez, Atkeson y Hall 2012), si bien dicho alcance es limitado pues se suelen
circunscribir a un Estado concreto. Las «autopsias forenses» diseccionan los resultados
en los distritos electorales en busca de anomalías en los resultados. Sin embargo, aún
no hay un consenso definitivo sobre cuál es el método más apropiado (Mebane 2012).
Por su parte, los experimentos permiten examinar los efectos de determinadas in-
tervenciones aplicadas a un grupo de tratamiento y otro de control (Hyde 2011), aun-
que también tienen limitaciones puesto que se pueden aplicar «tratamientos» a todas
las situaciones. Además se pueden utilizar encuestas a ciudadanos, cuando las pregun-
tas son las mismas en distintos países. Sin embargo, la profundidad a la que podemos
llegar mediante las encuestas al público son limitadas porque hay asuntos demasiado
técnicos, como la financiación de campaña o la manipulación de las fronteras de los
distritos electorales, que son muy difíciles de tratar. El análisis de los casos legales tam-
bién proporciona muy buena información. Pero dichos estudios se realizan sobre vul-
neraciones de la ley, mientras que, como se apuntaba antes, puede haber regulaciones
que quebrantan la integridad de las elecciones y son legales. Otra opción es utilizar
los reportes de los medios de comunicación y las historias que realizan sobre fraude o
violencia. Ahora bien, los medios no están exentos de sesgos ni de intereses partidistas y
pueden cubrir algunas historias con más interés que otras, deformando la presentación
de la realidad. En definitiva, como se desprende, todos los métodos comentados tienen
ventajas e inconvenientes pudiendo dificultar el establecimiento de evidencia confiable
que sirva para distintos contextos, regímenes y culturas. Obviamente, el mejor enfoque
es el que opta por una combinación de métodos.
Como complemento a las distintas fuentes de creación de datos, desde el Electoral
Integrity Project llevamos a cabo la encuesta de expertos en Percepción de Integridad
Electoral (pie). La encuesta proporciona información exhaustiva, sistemática y con-
sistente para comparar y controlar la calidad de las elecciones en todo el mundo. La
encuesta sigue una metodología similar a la de otros proyectos como el Chapel Hill
Expert Survey (Hooghe et al. 2010) –sobre ideologías de partidos políticos y posiciones
políticas–, la percepción de corrupción de expertos para Transparencia Internacional
(2013) o el proyecto Varieties of Democracy (Coppedge et al. 2012). Las encuestas a
expertos son una técnica cada vez más habitual para evaluar diversas dimensiones de
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la gobernanza democrática que no pueden ser observadas de otra forma –incluyendo,
además de las arriba mencionadas, el respeto por el imperio de la ley, la calidad de las
burocracias o la libertad de medios–.
Hay varias razones por las que una encuesta a expertos es preferible (si bien com-
plementaria) a otras técnicas como los reportes de los observadores electorales. Elklit
y Reynolds (2005) ofrecen dos. En primer lugar, los observadores electorales juzgan la
calidad de una elección «en base a una evidencia impresionista e incompleta muy cen-
trada en la conducta electoral durante el día de la elección», si bien muchas misiones
de observación electoral ahora despliegan tanto observadores de corto plazo como de
largo plazo. En segundo lugar, las misiones de observación electoral «deciden el resulta-
do de la elección de forma politizada, dividiendo la realidad del propio proceso» (2005:
149). En consecuencia, las evaluaciones de los observadores consideran la calidad de
una elección generalmente en términos bimodales, en los que la elección ha sido «bue-
na» o «mala». Nuestra perspectiva es más comprehensiva y consideramos que la calidad
de la elección es multidimensional y que mediante la creación de una variable dicotó-
mica (buena o mala) perdemos una parte muy sustantiva de la varianza entre los casos.
Martínez i Coma y Van Ham (2015) proporcionan tres argumentos adicionales para
la utilización de encuestas de expertos. En primer lugar, los observadores internaciona-
les suelen llegar unos diez días antes del día de la elección. Por tanto, la probabilidad de
que obvien asuntos importantes es muy alta. Por ejemplo, es muy difícil captar los reco-
vecos de las leyes electorales, el acceso a los medios de comunicación o la regulación de
la financiación, asuntos que se dirimen mucho antes de la semana de la elección, y esto
puede afectar a la calidad de la elección. En segundo lugar, como se desprende del co-
mentario anterior, para muchos asuntos de integridad electoral, hay pocas alternativas
metodológicas a la medición de percepciones (por ejemplo: la presencia de corrupción
u otras actividades ilegales).
En tercer lugar, en tanto que los gobiernos cursan las invitaciones a los observa-
dores, aquellos países que deciden no solicitar la llegada de observadores quedarían
excluidos de los análisis que se fundamentan en reportes de observadores. Esto tiene
implicaciones tanto académicas como políticas. Respecto a las primeras, por ejemplo,
los trabajos de Birch (2011) –que incluye 161 elecciones en 61 países desde 1995 a
2007– y Kelley (2012) –1324 elecciones (de las que 442 tuvieron observadores) en 182
países desde 1975 a 2004– dependen de las invitaciones de las organizaciones para
la observación. Por tanto, la calidad de las elecciones sin observadores es incierta –y
precisamente esas elecciones son más proclives a ser manipuladas–. Políticamente, ba-
sarse en reportes de observadores puede llevar a conclusiones sesgadas, cuando no
equivocadas, debido a la ausencia de información al no poder comparar las elecciones
de aquellos países que no han solicitado observadores.
La siguiente pregunta a abordar es quién es experto. Como bien dicen Steenbergen
y Marks (2007), hay muchas definiciones sobre a quién se puede considerar experto.
pie define «experto» como un politólogo (o científico social en una disciplina relacio-
nada) que ha publicado o ha demostrado conocimiento en el proceso electoral en un
país concreto. Por «conocimiento demostrado» pie entiende que se cumple uno de los
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siguientes criterios: 1) membresía de un grupo relevante de investigación, red profesio-
nal o sección organizada de dicho grupo; 2) publicaciones –libros, artículos en revistas
científicas o ponencias en conferencias– en el campo electoral o relacionadas con dicho
país; o 3) empleo en una universidad como investigador o profesor. Para cada elección
pie identifica alrededor de cuarenta expertos, buscando un equilibrio entre expertos
domésticos e internacionales (Martínez i Coma y Frank 2014).
pie solicita a los expertos evaluar 49 indicadores concretos sobre la integridad
electoral. La base de datos incluye 49 variables midiendo las 11 dimensiones del ci-
clo electoral, que ilustra la Figura i. La encuesta cubre todo el ciclo electoral, desde
el período preelectoral, a la campaña, pasando por el día de la votación y el proceso
postelectoral, tal y como mencionan Naciones Unidas (2006), Elklit y Reynolds (2005)
y Norris (2014). Las tres primeras secciones se centran en las percepciones sobre las
leyes y los procedimientos electorales y los límites de los distritos. Las dos siguientes
cubren el registro de los votantes y el de los candidatos y partidos. Las secciones seis
y siete se fijan en la campaña electoral, en concreto, en la cobertura mediática y la fi-
nanciación. Las secciones octava y novena preguntan sobre el proceso de votación y lo
sucedido después del cierre de la votación. Las dos últimas partes preguntan sobre la
adjudicación de los resultados oficiales y el desempeño de las autoridades electorales.
Por último, se hacen varias preguntas sobre la situación general de la elección, sobre la
familiaridad de los expertos con la elección y detalles demográficos sobre los expertos.
Con un cuestionario tan detallado cubriendo todas las fases de la elección, pie utiliza la
idea del «menú de manipulación» de Schedler (2002).
La encuesta pie que se analiza incluye casi todas las elecciones nacionales celebra-
das en el mundo desde julio de 2012 hasta finales de mayo de 2014, cubriendo casi dos
años de elecciones. Una elección nacional se define como aquella efectuada bien para
el Ejecutivo o el Legislativo en la que los ciudadanos pudieron votar por un candidato
(o partido) de la boleta de votación, y donde hay voto directo (excluimos, por tanto,
las elecciones indirectas o las que eligen a un comité). En total para estos dos años pie
dispone de 94 elecciones (35 presidenciales) en 85 países, 15 en América cubriendo 16
elecciones (11 presidenciales).
Cuando elecciones presidenciales coinciden con legislativas, los expertos respondían
las preguntas teniendo en cuenta las primeras. De la misma forma, cuando las elecciones
se celebran a dos vueltas sólo se pregunta por la segunda. Aproximadamente un mes des-
pués de la elección, pie envía una invitación electrónica a los expertos para que tomen una
encuesta electrónica. Si no se ha obtenido respuesta, y en plazos de una semana después
de la invitación, pie envía hasta dos recordatorios. En aquellos casos en los que la tasa de
respuesta es demasiado baja, se envía un correo adicional. La tasa de respuesta –definida
como el número de encuestas completadas dividido por el número de invitaciones envia-
das exitosas– es del 28%. Para América es del 27%. El estudio se ha desarrollado en dos
fases. La primera, la fase piloto, se realizó entre abril y mayo de 2013 y recogió los datos
de las elecciones parlamentarias o presidenciales en 20 países. De esta fase, se incluyen las
elecciones presidenciales mexicanas y las presidenciales venezolanas de julio. Después de
los ajustes al cuestionario, pie se desarrolla bajo las condiciones apuntadas arriba.
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Por último, tal y como se comentaba, el mejor enfoque para el estudio de la inte-
gridad electoral es el multidisciplinar, combinando estudios de caso y evaluaciones de
programas. En esta línea, pie ha incluido una serie de preguntas en la Encuesta Mundial
de Valores que son idénticas a las que se hace a los expertos. Esto permite comparar y
averiguar si hay diferencias entre las evaluaciones de los expertos y del público.
iv. resultados
Las posibilidades de análisis de estos datos son múltiples: por regiones, por países,
entre países de una determinada región, por fase del ciclo electoral, por tipo de pregun-
tas, por una pregunta concreta de las 49… Por ello, presentamos algunos de los resul-
tados más relevantes comparando la región con el resto del mundo para luego fijarse en
la comparación entre los países de la región.
IV.1. Análisis global
En la Figura ii se presenta el desempeño de los 49 indicadores de integridad electo-
ral en América comparado con el resto del mundo: aquellos con coeficientes negativos
indican que la región se desempeña peor, mientras que aquellos que están por encima
del cero apuntan a un comportamiento mejor.
La Figura iii presenta la misma información pero condensando las 49 variables en las
once dimensiones de la Figura i. Como se observa, en general, en el continente funciona
bien lo relacionado con el conteo de los votos, los procedimientos electorales, el registro de
los partidos y las autoridades electorales. Ahora bien, los asuntos referidos a las finanzas así
como el papel de los medios en campaña tienen problemas importantes en los que debemos
profundizar.
Efectivamente, el acceso de partidos y candidatos a donaciones políticas equitati-
vas, la publicación de cuentas transparente, la utilización indebida de recursos estatales
durante la campaña y el acceso justo de partidos y candidatos a emisiones políticas y de
publicidad son los que más problemas despiertan entre los expertos consultados en to-
dos los países. Si bien no se reporta aquí –los interesados son invitados a descargarse los
datos–, los problemas de financiación no son exclusivos de América y son una constante
en todo el mundo.
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FiGura ii
49 marcadores de inteGridad electoral en américa
-.2 0 .2 .4 .6 .8
D iferencia con el resto del mundo
Los votos se contaron justamente
Resultados conocer sin demora
Partidos/candidatos impugnaron los resultados
Cands opo impidió presentarse elec
Cualquier disputa se resolvió por la vía legal
Elecs bien gestionadas
Elecs acuerdo con ley
Auts permitieron escrutinio púb actuación
Mujeres igualdad opo presentarse elec
Las urnas estaban seguras
Algunos votos fraudulent os
Oficiales elects justos
Auts elec actuaron bien
Votantes amenazados viol urnas
Noticias TV fav pp en gob
Info proceds voto disponible
PP/cands restricciones actos campaña
Auts elects distrib info a ciuds
Auts elects fueron imparciales
Ricos compran elecciones
Censo electoral inexacto
Algunos ciuds no en censo
Votantes opcion real de eleccion
Elector no elegibles incluid en censo
Proceso de votación sencillo
Limitaron los observador internats
Minorías étn y nacs igualdad opo presentarse elec
Nats resids extranjero votaron
La elección dio lugar a protestas pacíficas
La elección desencadenó protestas violentas
Limitaron los observador nacs
deres pp seleccionaron a cands
Límites distr elect fav gob
Ley elect restringieron los dret ciuds
PP/cand acces equit subvs púbs
Límites distr elect imparcial
Periodistas propor cober justa elecs
Alguna forma voto internet disponible
Ley elect fav al pp en gob
Prensa cobertura equil elecs
Instal vot espec para discap
PP/cands acces justo a emisiones pol y publi
Ley elect injustas con pp pequeños
Límites distr elect discrim a pp
Voto por correo disponible
Recursos estat indebido campaña
PP/cand publican cuenta transparente
Medios socs util exponer fraude elect
PP/cand acces equit donacion pols
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos que se presentan.
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FiGura iii
desempeño inteGridad electoral en américa
8.3
7.8
7
6.9
6.1
5
4.6
4.1
1.1
.64
.24
.11
0 2 4 6 8
D iferencia con el resto del mundo
Procedimientos electorales
Conteo de votos
Registro de partidos
Autoridades electorales
Postelección
Proceso de votación
Indice PIE
Registro de votantes
Medios de campaña
Leyes electorales
Fronteras electorales
Finanzas de campaña
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos que se presentan.
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IV.2. Análisis regional
A modo de resumen, se crea el índice pie, que resume los 49 indicadores en una escala
estandarizada de 0 a 100 puntos3. Los países americanos (68) están por encima de la me-
dia (64.35) mundial. Al analizar las elecciones de la región, las valoraciones van desde un
51 para las presidenciales venezolanas de 2013 a un 84 para la segunda vuelta de las pre-
sidenciales de Costa Rica en abril como se ve en la Figura iv. También cabe destacar que
la valoración de las elecciones estadounidenses está a la par de las argentinas y mexicanas.
FiGura iv
índice pie elecciones en américa
0 20 40 60 80
VEN_14042013_P1
VEN_07102012_P1
ECU_17022013_P1
PRY_21042013_P1
HND_24112013_P1
BOL_12102014_P1
CUB_03022013_L1
COL_15062014_P2
SLV_09032014_P2
PAN_04052014_P1
COL_09032014_L1
USA_04112014_L1
BRB_21022013_L1
MEX_01072012_P1
USA_06112012_P1
ARG_27102013_L1
GRD_19022013_L1
CHL_15122013_P2
BRA_26102014_P2
URY_30112014_P2
CRI_06042014_P2
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos que se presentan4.
3. Aunque hay muchas formas posibles de agregación, se opta por sumar todas las variables en un
índice de integridad electoral. Para ello, primero se revierten los resultados de las preguntas que están
formuladas de forma negativa; después se agregan los valores y se normaliza esta variable en una escala
de 0 a 100 facilitando la interpretación de los datos. Esta escala incluye los 49 indicadores de la encuesta.
Si los investigadores prefieren centrarse en algunas partes del cuestionario o crear índices alternativos,
lo pueden hacer al disponer de los datos de forma gratuita en http://thedata.harvard.edu/dvn/dv/PEI.
4. Clave: Las tres primeras letras son el acrónimo del país: cri, Costa Rica (8); chl, Chile (19); grd,
Granada (6); arg, Argentina (16); usa, Estados Unidos (15); mex, México (14); brb, Barbados (3); pan,
Panamá (8); col, Colombia (7); slv, El Salvador (14); cub, Cuba (3); hnd, Honduras (5); pry, Paraguay
(12); ecu, Ecuador (13); ven, Venezuela (11 en 2012 y 15 en 2013). Después del acrónimo está la fecha
en la que se celebró la elección. P1 es presidencial primera vuelta; P2, presidencial segunda vuelta; L1
es legislativa. Entre paréntesis el número de respuestas por elección.
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De todas las elecciones celebradas en el continente, la peor valorada es la venezo-
lana de abril de 2013, en la que se impuso Nicolás Maduro. Dicha contienda no estuvo
exenta de polémica: Maduro se impuso a Henrique Capriles Radonski por un 1.49%
de los votos –cuando tan solo unos meses antes Chávez se impuso a Radonski por
más de 10– y rechazó aceptar los resultados de la elección arguyendo irregularidades.
El Consejo Nacional Electoral realizó una auditoría de una selección aleatoria del 54%
de los votos, comparando los registros electrónicos con las boletas depositadas. El aná-
lisis no mostró discrepancias con los resultados iniciales y la Corte Suprema denegó la
apelación. Ahora bien, el Carter Center reveló varias irregularidades. Para muestra, un
botón: «De los cinco componentes del Consejo Nacional Electoral, cuatro, incluyendo
al presidente, están vinculados al gobierno de Chávez en distintos grados de simpatía
y uno está vinculado a la oposición» (Carter Center 2012: 4). Esta elección es en la que
las respuestas de los expertos están más polarizadas, como se observa en el tamaño de
la desviación estándar5 de los expertos de la Figura v.
FiGura v
desviación estándar de los expertos
21
17
15
14
12
10
9.7
8.9
7.6
7.5
7.1
6.5
6.4
5.7
5.5
5.4
5.2
5.2
5.2
2.8
2.5
0 5 10 15 20
CUB_03022013_L1
VEN_14042013_P1
HND_24112013_P1
VEN_07102012_P1
BRB_21022013_L1
MEX_01072012_P1
ECU_17022013_P1
PRY_21042013_P1
USA_06112012_P1
BOL_12102014_P1
SLV_09032014_P2
CRI_06042014_P2
GRD_19022013_L1
PAN_04052014_P1
USA_04112014_L1
CHL_15122013_P2
COL_09032014_L1
ARG_27102013_L1
BRA_26102014_P2
URY_30112014_P2
COL_15062014_P2
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos que se presentan.
5. Aunque la desviación estándar es mayor en Cuba, es más relevante centrarse en el caso de
las elecciones venezolanas de 2013 tanto por el número de respuestas como por las características
de la elección. Mientras que en Cuba sólo se permite un partido (el Partido Comunista Cubano), en
Venezuela hay competición partidista.
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A la luz de las Figuras iv y v, surgen dos preguntas. La primera es averiguar cuáles
de los 49 indicadores son los que mejor y peor valoran los expertos. Esto puede dar
pistas de dónde se encuentran los problemas más importantes de dicha contienda. La
segunda consistiría en mostrar los factores en los que se observa mayor convergencia y
divergencia entre los expertos. Las Figuras vi y vii sirven a estos propósitos.
En tanto que mostrar 49 gráficos con el desempeño de cada variable está fuera del
alcance de este artículo, se presenta un ejemplo como representación de cada de una
de las preguntas. Respecto a las valoraciones positivas, la igualdad de oportunidades de
las mujeres para presentarse a las elecciones es la más importante. Como contrapunto
negativo se ve que la gran mayoría de los expertos piensan que la cobertura periodística
no es justa. Esta información se recoge en la Figura vi.
FiGura vi
lo mejor y lo peor de las elecciones presidenciales
venezolanas de 2013
0
2
4
6
8
10
0 1 2 3 4
Cobertura periodística justa
0
2
4
6
8
10
1 2 3 4 5
Mujeres igualdad oportunidades
Clave: En el eje de las abscisas se encuentran las categorías de respuesta: Muy en desacuerdo (1); En des-
acuerdo (2); Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3); De acuerdo (4); Muy de acuerdo (5). En el eje vertical,
la frecuencia de la respuesta.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos que se presentan.
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La Figura vii muestra el grado de acuerdo para otros dos indicadores. El primero es
sobre si a algunos candidatos de la oposición no se les permitió competir. Los expertos están
divididos, y mientras una parte piensa que efectivamente fue el caso, la otra mitad piensa lo
contrario. En cambio, en lo que hay un acuerdo general es en que recursos estatales se utili-
zaron indebidamente para realizar eventos de campaña. Es lo que el Carter Center bautiza
como «ventajismo», y que ya devino un asunto del que se discutió durante la contienda de
2012 (Carter Center 2012).
FiGura vii
Grado de acuerdo y desacuerdo entre expertos.
venezuela, elecciones presidenciales 2013
0
5
10
15
0 1 2 3 4 5
Algunos candidatos oposición no pudieron competir
0
5
10
15
1 2 3 4 5
Recursos estatales utilizados indebidamente
Venezuela Presidenciales 2013
Clave: En el eje de las abscisas se encuentran las categorías de respuesta: Muy en desacuerdo (1); En
desacuerdo (2); Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3); De acuerdo (4); Muy de acuerdo (5). En el eje vertical,
la frecuencia de la respuesta.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos que se presentan.
v. conclusiones
Las elecciones (así como los procesos institucionales que llevan aparejados) son
esenciales para nuestras democracias liberales. Sin embargo, aún no hay un consenso
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sobre la combinación exacta de los aspectos definitorios de una democracia. Hay pro-
blemas de definición, de elección de fuentes, de precisión y validez de medición, de
decisiones de agregación… pie busca superar algunas de estas limitaciones de los datos
existentes de dos formas. La primera, creando una serie de nuevos indicadores de as-
pectos detallados del proceso electoral y la segunda, cubriendo más dimensiones de lo
habitual del proceso electoral.
La encuesta que se ha presentado permite a los expertos con conocimientos en las
elecciones evaluar un número importante de aspectos relevantes de este fenómeno. Así,
se han presentado algunos de los resultados de la primera encuesta de expertos sobre
percepciones de integridad electoral a escala global. Como se ha visto, se está ante un
instrumento de indudable riqueza y que está a disposición del público para su uso.
En estos momentos, todas las conclusiones se deben circunscribir a un momento de-
terminado. La utilidad de esta información es evidente: sabiendo qué piensan los exper-
tos sobre cómo han ido las elecciones, podemos proceder a comparaciones tanto entre los
países de la región como en el resto del mundo. Además, en olas posteriores, se va a poder
observar cómo varían las percepciones de integridad electoral en distintas elecciones de
un mismo país, lo que también permitirá obtener insumos para implementar mejoras.
Sin embargo, los resultados aquí mostrados indican ciertos patrones en los que se
debe centrar la atención tanto a nivel regional como global. En primer lugar, hay pro-
blemas a analizar en lo que a finanzas y medios de comunicación se refiere. Por tanto,
toda investigación venidera orientada tanto a explicar como a encontrar nexos causales
entre medios de comunicación, dinero y calidad de las elecciones será bienvenida. En la
misma línea, tanto trabajos comparados tratando las distintas leyes electorales así como
estudios de caso, aportarán la más que necesaria luz.
Obviamente, la encuesta no debe ser el único mecanismo de información sobre cómo
han ido las elecciones. Evidentemente el estudio de estos fenómenos se ve enriquecido
por enfoques multidisciplinares a la par que complementarios. De este modo, la compa-
ración de nuestros resultados con los datos del Barómetro de las Américas es un buen
paso en esta dirección. Se quiere insistir en que este artículo sirve a modo de introducción
de los datos y esperamos que la comunidad científica los utilice de forma libre y gratuita.
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... La violencia se produce cuando existen incentivos para cometer las agresiones, teniendo en cuenta tanto la capacidad de respuesta de los opositores, como las acciones de las autoridades y las normas que rigen los procesos. A esto se suman la calidad de las elecciones y la integridad electoral (Derrick, 2009;Mochtak, 2018;Wilkinson, 2004;Nieburg, 1969;Martínez I Coma, Norris y Frank, 2015), que muestran las distintas formas y retos que tienen los ciudadanos para construir procesos electorales limpios, en los cuales el sufragio sea respetado y las autoridades resulten electas en un proceso legal 3 Según Amalia Pulido, las organizaciones criminales intentan controlar a los políticos y gobernantes para protegerse; su relación con los partidos políticos tendría el propósito de reducir la incertidumbre sobre sus actividades, asegurar su protección por parte del Estado (2017: 16) e influir en sus decisiones. Los medios más usuales de incidencia han sido corromper autoridades, amenazar o asesinar candidatos que rechacen las preferencias de los líderes de organizaciones criminales, o intimidar a los votantes para desincentivar la competencia o fortalecer alternativas electorales con preferencias más cercanas a las de dichas organizaciones (Ponce, 2014 y 2018). ...
... La violencia perturba el ciclo electoral y sus resultados y se distingue de otros actos criminales por su relación directa con eventos, personalidades y temas específicamente vinculados con los comicios, y tiene un impacto específico durante el ciclo de las campañas electorales (Wassermann y Jaggard, 2007 cit. en Mochtak, 2018: 28;Martínez I Coma, Norris y Frank, 2015). La violencia es un instrumento que pueden utilizar quienes ostentan el poder (ganadores), quienes los retan, los perdedores y otros actores externos al juego político formal y con capacidad y con recursos para influir. ...
Book
Full-text available
"El libro Nicaragua 2018. La Insurrección cívica de abril, reúne artículos de un grupo de investigadores del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales (IICS) de la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua, Nicaragua. Todos ellos tratan sobre la coyuntura crítica que se abrió en Nicaragua por la represión de abril de 2018 ante las protestas públicas estudiantiles, juveniles, campesinas y multiclasistas más numerosas que se hayan registrado en la historia del país y que se suscitaron a raíz de la negligencia gubernamental para atender los incendios en la Reserva Indio-Maíz, así como por las medidas inconsultas para reformar la Ley de Seguridad Social, reforma que afectaba las raquíticas pensiones de los jubilados..." (Manuel Ortega Hegg)
Chapter
dictaduras recurriendo para ello a distintos repertorios contenciosos: ante la primera, en 1979, derroca al dictador Anastasio Somoza Debayle mediante una insurrección armada, y ante la segunda, treinta años después, se enfrenta al régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo mediante una insurrección pacífica de la ciudadanía autoconvocada. Esta rebelión cívica tuvo su estallido a mediados de abril de 2018 y ha escalado hasta llegar a ser una de las crisis sociopolíticas más devastadoras que ha sufrido el país en su historia reciente. Aunque el talante prevaleciente de esta insurrección rechaza la violencia, el gobierno Ortega-Murillo ha respondido con una represión desmesurada, cuyos graves atropellos a los derechos humanos han sido documentados, denunciados y condenados por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales72 como es el caso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que ha documentado exhaustivamente y catalogado como crímenes de lesa humanidad los atropellos a los derechos humanos cometidos por el régimen, y ha exhortado a la comunidad internacional a que se inicien procesos de judicialización al respecto (GIEI, 2018). La intensidad de la violencia gubernamental, patente en los niveles de coordinación y organización con que ha respondido a esta crisis sociopolítica irresuelta, ha cobrado un alto costo humano: al menos 325 personas fallecidas (CIDH, 2018), miles de heridos, más de 5,000 detenciones y secuestros, más de 600 presos políticos recluidos en condiciones infrahumanas (Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, 2019), la expulsión forzada de unos 42,000 nicaragüenses (Amnistía Internacional, 2019); a ello hay que sumar la suspensión de facto de las garantías constitucionales, la destrucción de la frágil institucionalidad del Estado y la poca legitimidad del régimen, tanto en el plano nacional como en el internacional. De ahí la preocupación que da origen a este trabajo, y que formulamos en la siguiente pregunta: ¿Cómo explicar el proceso del régimen Ortega-Murillo de regresión al autoritarismo y a la violencia política? En este proceso de desdemocratización del régimen Ortega-Murillo se constata lo que Levitsky y Zibblat (2018) denominan la destrucción larvada de la democracia, en la que los autócratas electos instrumentalizan progresivamente las mismas instituciones y mecanismos legales de la democracia, para vaciarla de contenido y convertirla en un régimen autoritario. Frente a este escenario de represión, la ciudadanía nicaragüense organizada en la Alianza por la Justicia y la Democracia (AJD), y en otras expresiones sociales, como es la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), se han mantenido en resistencia exigiendo la reinstitucionalización del Estado y las condiciones necesarias para enrumbar el país hacia la reconstrucción de la democracia sobre la base de la justicia. La regresión al autoritarismo no sucedió de forma súbita y trágica, como suelen ser los golpes de Estado por la vía militar, sino que fue un proceso menos dramático, pero con un alto grado de desinstitucionalización y gran poder de destrucción multidimensional, como veremos más adelante. Para explicar la ruta hacia el autoritarismo desencadenada por la actual crisis sociopolítica en Nicaragua hay que analizar tres elementos: primero, la apuesta de la cúpula del FSLN por el rediseño y control de los poderes del Estado conforme a sus intereses, lo que Schedler (2016) denomina la estrategia de control del poder horizontal en la lógica de la política de la incertidumbre, a través de reformas constitucionales y negociaciones acordadas en pactos políticos y alianzas con las élites económicas y políticas; segundo, la dinámica de implantar una estructura sociopolítica partidista de control territorial, la estrategia de control del poder vertical, que requirió desmantelar previamente la gestión local descentralizada, la autonomía municipal y los espacios de participación multipartidarios y plurales para luego imponer las estructuras partidistas mencionadas; y tercero, la institucionalización de la violencia sistemática y su justificación ideológica, como repuesta gubernamental a los conflictos sociales y a las acciones contenciosas, mediante un discurso y una práctica política populista de corte autoritario que sólo ha conseguido agudizar la actual crisis.
Article
This exploratory work aims to show how political and electoral violence manifested themselves during Mexico’s 2018 elections and casts light on their consequences. With a data base designed to delve into the new forms of electoral and political violence that surged from political competition, polarization among conflicting groups, and criminal organizations’ interventions in Mexico’s electoral processes, this article takes on a systematic literature review. Among its hypotheses, this work proposes that electoral competition generates political violence, while probing into its causes. This work concludes, among other findings, that democratization has not served as a buffer to violence.
Technical Report
Full-text available
Research
The Electoral Integrity Project's "Year in Elections Report 2015" report covers 180 national parliamentary and presidential contests held from mid-2012 to end-2015 in 139 countries worldwide, including 54 national elections during 2015. Elections around the world are often manipulated through vote rigging and corruption, intimidation, and violence. Political finance is flawed by problems of imbalance, corruption and bribery. Malpractices have been found to undermine civic engagement, political accountability, and confidence in democracy. These problems arise despite the fact that each year the international community invests about half a billion US dollars to improve elections. But which contests are flawed or failed? Evidence is gathered by the Electoral Integrity Project from a global survey of more than 2,000 election experts. Immediately after each contest, the survey asks domestic and international experts to monitor the quality of an election based on 49 indicators. These responses are clustered into eleven stages occurring during the electoral cycle and summed to construct an overall 100-point expert Perception of Electoral Integrity (PEI) index and ranking. 'Failed' elections are defined as those which fall below 40 on any of the 100-point scales. Flawed contests are rated 40-50 on the PEI index. The EIP is an independent research project based at the University of Sydney and Harvard University, directed by Professor Pippa Norris.
Book
Full-text available
In recent decades, governments and NGOs--in an effort to promote democracy, freedom, fairness, and stability throughout the world--have organized teams of observers to monitor elections in a variety of countries. But when more organizations join the practice without uniform standards, are assessments reliable? When politicians nonetheless cheat and monitors must return to countries even after two decades of engagement, what is accomplished? Monitoring Democracy argues that the practice of international election monitoring is broken, but still worth fixing. By analyzing the evolving interaction between domestic and international politics, Judith Kelley refutes prevailing arguments that international efforts cannot curb government behavior and that democratization is entirely a domestic process. Yet, she also shows that democracy promotion efforts are deficient and that outside actors often have no power and sometimes even do harm. Analyzing original data on over 600 monitoring missions and 1,300 elections, Kelley grounds her investigation in solid historical context as well as studies of long-term developments over several elections in fifteen countries. She pinpoints the weaknesses of international election monitoring and looks at how practitioners and policymakers might help to improve them.
Article
Although democracy is a widely held value, concrete measurement of it is elusive. Gerardo L. Munck's constructive assessment of the methods used to measure democracies promises to bring order to the debate in academia and in practice. Drawing on his years of academic research on democracy and measurement and his practical experience evaluating democratic practices for the United Nations and the Organization of American States, Munck's discussion bridges the theories of academia with practical applications. In proposing a more open and collaborative relationship between theory and action, he makes the case for reassessing how democracy is measured and encourages fundamental changes in methodology. Munck's field-tested framework for quantifying and qualifying democracy is built around two instruments he developed: the UN Development Programme's Electoral Democracy Index and a case-by-case election monitoring tool used by the OAS. Measuring Democracy offers specific, real-world lessons that scholars and practitioners can use to improve the quality and utility of data about democracy.
Article
"Benford's Law and the Detection of Election Fraud" raises doubts about whether a test based on the mean of the second significant digit of vote counts equals 4.187 is useful as a test for the occurrence of election fraud. The paper mistakenly associates such a test with Benford's Law, considers a simulation exercise that has no apparent relevance for any actual election, applies the test to inappropriate levels of aggregation, and ignores existing analysis of recent elections in Russia. If tests based on the second significant digit of precinct-level vote counts are diagnostic of election fraud, the tests need to use expectations that take into account the features of ordinary elections, such as strategic actions. Whether the tests are useful for detecting fraud remains an open question, but approaching this question requires an approach more nuanced and tied to careful analysis of real election data than one sees in the discussed paper. © The Author 2011. Published by Oxford University Press on behalf of the Society for Political Methodology. All rights reserved.
Article
Expert surveys have been used to measure a wide variety of phenomena in political science, ranging from party positions, to corruption, to the quality of democracy and elections. However, expert judgments raise important validity concerns, both about the object being measured as well as the experts. It is argued in this article that the context of evaluation is also important to consider when assessing the validity of expert surveys. This is even more important for expert surveys with a comprehensive, world- wide scope, such as democracy or corruption indices. This article tests the validity of expert judgments about election integrity – a topic of increasing concern to both the international community and aca- demics. Evaluating expert judgments of election integrity provides an important contribution to the lit- erature evaluating the validity of expert surveys as instruments of measurement as: (1) the object under study is particularly complex to define and multifaceted; and (2) election integrity is measured in widely varying institutional contexts, ranging from electoral autocracies to liberal democracies. Three potential sources of bias are analysed (the object, the experts and the context), using a unique new dataset on election integrity entitled the ‘Perceptions of Electoral Integrity’ dataset. The data include over 800 experts in 66 parliamentary and presidential elections worldwide. It is found that validity of expert judg- ments about election integrity is increased if experts are asked to provide factual information (rather than evaluative judgments), and if they are asked to evaluate election day (rather than pre-election) integrity. It is also found that ideologically polarised elections and elections of lower integrity increase expert disagreement about election integrity. The article concludes with suggestions for researchers using the expert survey data on election integrity on how to check the validity of their data and adjust their analyses accordingly, and outlines some remaining challenges for future data collection using expert surveys.
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We analyze three sources of bias that may arise in expert evaluations of election integrity: First, the object of evaluation may be defined and perceived differently by different experts. Election integrity is a complex, multi-faceted concept, and different experts may emphasize different aspects. Moreover, many aspects of election integrity are either quite technical or overt, both of which may limit the degree to which experts may be able to evaluate those aspects. Secondly, experts may differ, both in their level of expertise as well as in their degree of neutrality. For example, domestic experts may come to different conclusions about election integrity than international experts, as may experts with different levels and/or types of knowledge about elections (i.e. experts having been involved in election assistance for example may know more about the technical aspects of election integrity). Thirdly, contexts may differ, i.e. expert evaluations of election integrity may be context-bound, limiting the capacity of both concepts and data to “travel” (Sartori 1978). In this paper we test these three potential sources of bias using a unique new dataset on election integrity: The Perceptions of Electoral Integrity Dataset.
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Drawing upon theories of the diffusion of global norms, this study addresses two issues: is there a shared consensus among experts about standards of electoral integrity? And do evaluations by elites reflect ‘Western/American’ values, or do they coincide with the judgments of ordinary people living in diverse cultures, suggesting the existence of internalized global norms? To consider these issues, Section 1 develops the theoretical framework concerning the diffusion of global norms. Section 2 reviews the cross-national measures of electoral integrity from both expert indices and mass surveys. Section 3 compares congruence among experts, and between mass and elite judgments. The results indicate, firstly, that many expert-based indices appear to be strongly inter-correlated, suggesting a broad consensus in evaluative rankings among elites. Moreover, secondly, public and elite evaluations are also correlated. The evidence therefore suggests the internalization of shared or universal norms, across mass and elite. The conclusion in Section 4 summarizes the broader lessons arising from the results and considers their implications for the future research.
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A rapidly-growing research agenda shared by scholars and applied policy analysts is beginning to explore three questions: when do elections meet standards of electoral integrity? When do they fail to do so? And what can be done to mitigate these problems? To address these issues, Part 1 in this paper outlines the concept of electoral integrity, proposing a comprehensive and broad definition founded upon global norms and international conventions. Part 2 argues that several sub-fields contribute towards the study of electoral integrity, although commonly fragmented at present, including (i) public sector management; (ii) political culture; (iii) comparative institutions; and (iv) security studies. The emerging research agenda focused on electoral integrity, cutting across these conventional disciplinary boundaries, is characterized by its problem-oriented focus and global comparative framework, as well as by its use of pluralistic methods and analytical techniques. Part 3 outlines the contribution of papers in this symposium. The conclusion summarizes the key features of this new research agenda studying electoral integrity.
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  Although expert surveys have gained a prominent place in comparative studies of party positions on issues, their validity has been called into question. In this article, some of the validity concerns are evaluated in the context of the authors' own expert survey on national party positions vis-à-vis European integration. One goal of the article is to demonstrate that this expert survey produces valid measures of party positions. An equally important goal, however, is to suggest some methods that can help in assessing the quality of expert survey data. These methods, which are rooted in psychometric theory, are applicable in a variety of contexts and are easily implemented.
Election Monitoring: The Implications of Multiple of Monitors for Electoral Integrity En norris, Pippa; Frank, Richard W. y martínez i coma, Ferrán Advancing Electoral Integrity
  • Ursula Daxecker
  • Gerald Schneider
daxecker, Ursula y schneider, Gerald. Election Monitoring: The Implications of Multiple of Monitors for Electoral Integrity. En norris, Pippa; Frank, Richard W. y martínez i coma, Ferrán (eds.). Advancing Electoral Integrity. Oxford University Press, 2014. elklit, Jørgen y reynolds, Andrew. A Framework for the Systematic Study of Election Quality. Democratization, 2005, vol. 12 (2): 147-162. http://dx.doi.org/10.1080/13510340500069204