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Textos & Contextos (Porto Alegre), v. 13, n. 2, p. 274 - 290, jul./dez. 2014 |
El desarrollo del capitalismo y la nueva configuración de la
protección social. La Asignación Universal por Hijo en Argentina
The development of capitalism and the new configuration of social protection. The Universal
allocation per child in Argentina
SILVIA GABRIELA FERNÁNDEZ SOTO
*
JORGE DANIEL TRIPIANA
RESUMEN – En este trabajo señalamos el contexto político, económico y social en que surge y se implementa
la Asignación Universal por Hijo en Argentina como un programa de “Transferencias Monetarias
Condicionadas” aprobado a fines del año 2009. Caracterizamos este programa a partir de un conjunto de
dimensiones de análisis, desde una perspectiva amplia y compleja sobre la política social, e identificamos
problemas en relación a la orientación y sentido ético político que persigue. En relación a estos interrogantes
colocamos algunas tensiones centrales que hacen al desarrollo del capitalismo y a la implementación de
políticas: la relación de las condiciones y formas de organización del trabajo y las desigualdades
contemporáneas con las formas de protección social; el papel de las condicionalidades y las tensiones con
perspectivas universalistas. De este modo damos cuenta de la configuración de un nuevo sistema de
protección social acorde con las transformaciones del capitalismo contemporáneo.
Palabras clave – Protección social. Cuestión social. Trabajo. Programa transferencia monetaria condicionada.
ABSTRACT – In this paper we pointed out the economic, political and social context that arises and
implements the Universal allocation per child in Argentina as a program of "Conditional Cash Transfers"
adopted at the end of the year 2009. We characterize this program from a set of dimensions of analysis, from
a broad perspective and complex on social policy, and identify problems in relation to the orientation and
sense of ethics that aim. In relation to these questions we put some tensions that make central to the
development of capitalism and to the implementation of policies: the relationship of the conditions and
forms of work organization and inequalities with contemporary forms of social protection; the role of the
conditionalities and tensions with universalist perspective. In this way do we account for the configuration of
a new system of social protection in line with the contemporary transformations of capitalism.
Keywords – Social Protection. Social issue. Work. Conditional cash transfer program.
*
Doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Investigadora CONICET, Profesora
Titular FCH-UNCPBA. Tandil, Buenos Aires, Argentina. E-mail: silviafernandezsoto@gmail.com
Magister en Ciencias Sociales FCS-UBA. Investigador PROIEPS FCH UNCPBA. Profesor FCH-UNCPBA. Vicedecano Facultad de
Arte UNCPBA Tandil, Buenos Aires, Argentina. E-mail: jorge.tripiana@gmail.com
Submetido em: julho/2014. Aprovado em: outubro/2014.
El desarrollo del capitalismo y la nueva configuración de la protección social. La Asignación Universal por
Hijo en Argentina
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a protección social en Argentina se configuró articulando seguridad laboral con seguridad social.
Esto implicó una fuerte filiación entre empleo y protección social. El acceso a un trabajo formal
garantizó durante un largo período el acceso a un conjunto de seguridades tales como cobertura
médico-asistencial, previsional, y ante los riesgos del trabajo. Sobre este esquema de seguro social se
imbricó la forma histórica de ciudadanía social que se construye en el país, que quedó enlazada
principalmente al empleo.
En ese esquema social anclado en el empleo, la población económicamente activa se situaba en
un alto porcentaje dentro del sector formal, con una alta participación de los trabajadores en el total de
la renta nacional. El modelo de “industrialización con sustitución de importaciones”, siguiendo un patrón
de funcionamiento “fordista”, permitió la combinación de bajas tasas de desempleo y elevado porcentaje
de empleo formal, lo cual implicaba la cobertura social de casi la totalidad de la población.
De esta manera, el Sistema de Protección Social en Argentina ha estado históricamente
ensamblado al mundo del trabajo, centralmente al empleo formal a través de esquemas contributivos,
con altas tasas de coberturas, aunque manteniendo la segmentación propia de los distintos sectores de
trabajo. Al mismo tiempo, coexistía con una red educativa extendida de carácter universal y servicios
sanitarios públicos. La asistencia, en esta configuración, resultó residual durante gran parte del siglo XX.
En las últimas tres décadas del siglo XX Argentina ingresa en un acelerado proceso de
centralización de la propiedad y la riqueza en menos manos, que se corresponde con un proceso de
repulsión de los sectores trabajadores, la alteración de las condiciones de realización del trabajo y el
despojo de conquistas y beneficios sociales institucionalizados en el sistema de Protección Social desde la
segunda posguerra, desestructurando de esta manera la característica combinación del esquema del
seguro y la seguridad social que señalamos.
La crisis capitalista que se inicia hacia fines de la década del sesenta e inicios de la década del 70
del siglo pasado, se caracteriza por una ofensiva general del capital y del Estado contra la clase
trabajadora y contra las condiciones vigentes durante la fase de apogeo del “fordismo”, y dio origen a un
período en la historia del capital en donde se da en forma exacerbada la destrucción de las fuerzas
productivas, de la naturaleza y del medio ambiente y también de la fuerza humana del trabajo. En
Argentina, en un proceso histórico que se manifiesta claramente hacia 1975/1976, con la irrupción de la
última dictadura militar, se verifica la imposición por parte del capital de que las fuerzas armadas tomen
el control del Estado con el objetivo de garantizar un cambio en la correlación de fuerza sociales que
permita la imposición de un nuevo proyecto de sociedad. Lo cual se concreta mediante el inicio de la
desarticulación del patrón de acumulación/legitimación de la segunda posguerra, basado en la
denominada “Industrialización Sustitutiva de Importaciones”.
Este proceso de desarticulación tiene su inicio con la última dictadura militar en 1976 y tendrá un
momento significativo en la década del 90 con la adopción de las políticas “neoliberales”, lo cual lleva a la
culminación de la forma de organización social centrada en el capital industrial, y su reemplazo por la
forma de organización social que despliega el capital financiero. Por lo cual se impone por la fuerza un
cambio fundamental en las condiciones generales de la producción, lo cual supone que la sociedad
argentina actual sea cualitativamente distinta de la que llega hasta la década del 70.
1
El conjunto de políticas encaradas dirigieron la economía hacia la especulación financiera no
productiva produciendo grandes transformaciones en las relaciones entre el capital y el trabajo. En esta
reconfiguración de las relaciones sociales fundamentales y de las mediaciones institucionales se expresa
la degradación de las garantías de seguridad del trabajador/a, y la expansión de los niveles de
precarización y desempleo, haciéndose claramente visible en la década del noventa la expansión de la
cantidad de población caracterizada como “pobre” por ingresos
2
.
Según datos del INDEC, entre 1980 y 1990 el porcentaje de población pobre se cuadruplica,
elevándose del 8,3% al 38,1%, trepando el porcentaje al 53 % en el 2002. Al mismo tiempo los datos
L
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indican que no sólo aumenta aceleradamente la cantidad de pobres sino también la intensidad, es decir
se registra al interior de la pobreza un incremento de población que no alcanza a satisfacer la canasta
alimentaria, ubicándose en la denominada “indigencia”. Para el 2002, en la Argentina la pobreza supera
en 8 puntos los datos promedio de los países de América Latina, una región históricamente empobrecida.
A partir del 2003, los indicadores oficiales comienzan a tener una tendencia contraria. La pobreza
pasa de abarcar a más del 50% en el 2002 al 5,4% en el segundo semestre del 2012
3
. Para CIFRA, el centro
de investigación de la CTA, la pobreza evoluciona desde el 49,4 % en el 2003 (tercer trimestre) al 19,9 %
en el 2012 (segundo trimestre).
La desocupación abierta, según datos oficiales (EPH-INDEC), alcanza en el 2012 al 7,2 % de la
población económicamente activa, cuando llegó a tener un pico de 21,5% de la PEA en el 2002.
Evolución de la tasa de pobreza, indigencia, empleo y desempleo del total de aglomerados urbanos. Argentina, 2003-2012
(porcentajes)
2
003
2
004
2
005
2
006
2
007
2
008
2
009
2
010
2
011
2
012
Pobreza*
4
9,4
4
8,3
4
1,7
3
4,5
2
7,4
2
7,7
2
5,0
2
4,4
2
1,4
1
9,9
Indigencia*
2
2,5
2
0,5
1
5,1
1
2,1
8
,7
8
,3
8
,1
6
,5
5
,9
4
,3
Empleo**
3
7,8
3
9.7
4
0,5
4
1,6
4
2,2
4
2,2
4
2,1
4
2,4
4
3,0
4
2,9
Desocupación**
1
7,3
1
3,6
1
1,6
1
0,2
8
,5
7
,9
8
,7
7
,8
7
,2
7
,2
Asalariados no
registrados
4
9,2
4
8,4
4
6,6
4
3,7
4
0,3
3
7,0
3
6,2
3
5,2
3
4,3
3
4,4
*2003: tercer trimestre
2004-2012: segundo trimestre
** El dato de 2012 corresponde a los primeros tres trimestres del año.
Fuente: elaboración propia en base a datos de EPH-INDEC y CIFRA – CTA, (para pobreza e indigencia se basa en la EPH-INDEC e
IPC-9).
Lo que puede observarse en el cuadro es que en la primera década del siglo XXI, y considerando
el período que se abre a partir del 2003, Argentina exhibe un comportamiento positivo en los indicadores
0
10
20
30
40
50
60
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pobreza*
Indigencia*
Empleo**
Desocupación**
Asalariados no registrados
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sociales, con una importante disminución tanto de la pobreza como de la indigencia, tasas que se ubican
por debajo de las existentes en los años 1990. De igual modo, disminuye significativamente la
desocupación, y aumenta la tasa de empleo, aunque los registros de este último indicador se muestran
sin variaciones significativas desde el año 2007. De todos modos, en términos generales el panorama es
más que positivo para los años considerados.
Ahora bien, consideramos necesario indicar que el aumento de la tasa de empleo y la
significativa disminución de la desocupación se da en un contexto de creciente generación de riqueza, y
poca variación en la distribución de la misma.
Resulta claro que la crisis del 2001 es un hito en la evolución social argentina, y las medidas para
superarla han tenido consecuencias muy importantes, lo cual puede verificarse observando la
distribución funcional del ingreso en el país. “Con la crisis final del régimen de convertibilidad y la
devaluación de la moneda, los asalariados perdieron varios puntos en la distribución del ingreso nacional.
De acuerdo con estimaciones propias, en el año 2001 la masa salarial representaba el 38,5% del valor
agregado bruto y al año siguiente se había reducido al 31,4%. La contrapartida fue un incremento en las
ganancias empresarias, que en muchos sectores alcanzaron niveles extraordinarios que se mantendrían
en los años sucesivos.” (CIFRA, 2011)
Por otro lado, a partir del 2003, la generación de empleo resultó muy intensa, proceso que
implicó que el total de puestos creciera casi 40% entre 2002 y 2009. Esta fuerte creación de empleo junto
con una recuperación relativa de los salarios permitió que la participación de los asalariados sobre el
valor agregado volviera a incrementarse. Según la Cuenta de Generación del Ingreso, Dirección Nacional
de Cuentas Nacionales-INDEC, recién en el año 2006 la proporción volvió a ser casi la misma que en el
año 2000; es decir, que fueron necesarios cuatro años para recuperar lo que se perdió sólo en uno (entre
2001 y 2002). (CIFRA, 2011:p.11).
A su vez, la desigualdad en la distribución del ingreso disminuye, aunque, considerando un
período mayor, el cambio no resulta mayormente significativo, como se puede observar en el siguiente
gráfico:
Fuente: elaboración propia en base a datos de CIFRA – CTA, en base a la EPH-INDEC.
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
1974
1980
1982
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
II-2003
IV-2003
IV-2004
IV-2005
IV-2006
IV-2007
IV-2008
IV-2009
II-2010
Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de los
hogares del Gran Buenos Aires, 1974-2010
Silvia Gabriela Fernández Soto; Jorge Daniel Tripiana
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Excepto en los primeros años de la década del setenta, previo a la última dictadura, el Coeficiente
de Gini del ingreso per cápita familiar
4
siempre ha sido superior a 0,4, con picos fuertes en la hiper-
inflación de 1989 y los años de crisis de 2001-2003. En el gráfico observamos una tendencia ascendente
que llega a su techo en los años 2001-2003, para comenzar a descender a partir de esa fecha. De todos
modos, esta última tendencia no revierte totalmente la desigualdad creciente del período anterior a la
crisis del 2001: para el 2010 el índice fue de 0,457, valor similar al de 1987, no alcanzando los valores
registrados en los primeros años de la década del setenta.
Al mismo tiempo, si consideramos la composición de la población ocupada podemos observar el
peso predominante de la categoría asalariados, que según datos del INDEC correspondiente al último
trimestre del 2012 representan el 76,9% de los ocupados, contra 23,1% no asalariados. En esta población
asalariada, el 34, 5 % no tiene descuento jubilatorio, lo cual indica que una importante porción de la
fuerza de trabajo asalariada se encuentra sin protección, que sumado al alto porcentaje de trabajadores
no asalariados que no cuentan con ningún tipo de protección social, es posible afirmar que pese a las
mejoras registradas de la tasa de empleo, se consolida un porcentaje amplio de trabajadores en relación
de dependencia que se encuentran desprotegidos, estén ocupados en el sector privado o en el servicio
doméstico (en este último caso, al menos tres de cada cuatro trabajadoras en el sector lo hacen de
manera precaria). A lo cual se le debe agregar el alto porcentaje de trabajadores por cuenta propia y
familiares sin cobertura social.
La configuración y perpetuación de contingentes de trabajadores precarios, es un factor
determinante de los procesos de empobrecimiento relativo de la clase trabajadora y de conservación de
las desigualdades sociales. En términos absolutos, se computan en Argentina para el 2012 unos
11.800.000 asalariados, de los cuales 7.8 millones registra en el sector formal y 4.0 millones en el
informal. El salario promedio sobre el que se realizan los aportes jubilatorios llega a los 5.500 pesos, pero
el 55% de esos trabajadores percibe hasta 4.000, muy alejado de la canasta familiar estimada entre 5.000
y 6.000 pesos. En el otro extremo 1.4 millones gana entre $7.000 y 30.000 o más pesos al mes. Los
trabajadores no registrados ganan como mínimo un 30% menos que los registrados. Esta fragmentación
se percibe también al interior de los trabajadores del sector público, entre los del Estado nacional y los
que laboran en los Estados provinciales y municipales. (EDI, 2012, en base a datos del INDEC y Dirección
Nacional de Programación Económica).
Así emerge la categoría de “trabajador pobre” (el obrero que aún trabajando no cubre la canasta
familiar –alimentaria o total-), frente a la figura del “desocupado pobre” que prevalecía en la crisis del
2001. Tener trabajo no garantiza cubrir las condiciones materiales de existencia (según CIFRA para el
2012, tres cuartas partes de los jefes de hogares pobres tienen trabajo no registrado). No es suficiente
tener empleo, sino el nivel de remuneración y protección asociado al mismo. Este sujeto empieza a ser
objeto de las políticas sociales, acompañando estas transformaciones estructurales del “mundo del
trabajo”, incluyendo como criterio de acceso a los beneficios sociales, ahora no sólo la condición de
pobreza y desocupación, sino también condiciones de informalidad en lo que es la venta de la fuerza de
trabajo.
La década del noventa deja una herencia con altos niveles de precariedad y flexibilización,
superando el 40% desde 1997 de trabajadores asalariados no registrados en el sistema previsional sobre
el total de asalariados, llegando al 2001 con el 42,6 % de asalariados sin registro. Ello se agudizó tras la
mega-devaluación de la moneda argentina en 2002, registrándose en 2003 el 49,2% de asalariados no
registrados. Si bien se registra una reducción significativa de la informalidad en el período que se abre a
partir del 2003 hasta el 2012 (cayó del 49,2% al 34,4%), la misma se relativiza cuando se la pone en
relación con la tasa de crecimiento de la economía en el mismo período. Al mismo tiempo se observa a
partir del 2008 una desaceleración de la reducción estancándose en el 2012. Quedando como saldo pese
a le disminución del período altos niveles de informalidad.
El desarrollo del capitalismo y la nueva configuración de la protección social. La Asignación Universal por
Hijo en Argentina
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Los datos indican la permanencia estructural de situaciones de precariedad e informalidad laboral
extendidas: puestos de trabajo de baja productividad, bajas remuneraciones y signados por la
inestabilidad laboral, la desprotección social y la falta de acceso a los sistemas de seguridad social.
Esto nos muestra que el crecimiento sostenido registrado del PIB no significó la creación de
suficientes empleos formales para reducir significativamente el porcentaje del empleo precario. Como se
puede ver en el gráfico siguiente, el fenómeno de crecimiento del PBI corresponde a toda la región, y
Argentina, a partir del 2002 ha estado por encima del promedio de crecimiento.
Fuente: Lindemboin (2013), en base a datos de CEPAL.
Para la última década, Argentina siempre creció, excepto en el año 2009.
Fuente: CEPAL
El proceso económico muestra su incapacidad de incorporar satisfactoriamente la fuerza de
trabajo potencial de la que dispone. Configurándose una masa de población trabajadora que permanece
5,8
8,1
8,2
7,5
7,7
5,8
0
8,2
7,9
1,9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Variación interanual del PBI, 2003-2012-
Silvia Gabriela Fernández Soto; Jorge Daniel Tripiana
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desocupada o vende su fuerza de trabajo en condiciones precarias y desprotegidas. La persistencia
estructural de estas condiciones impacta desfavorablemente en el sistema de protección social
contributivo (jubilaciones, obras sociales, etc.) y en la apropiación en la distribución de la renta a través
del salario. Ambos mecanismos participan en la producción de la desigualdad y la pobreza relativa.
Como se desprende de lo anterior, en Argentina el alto crecimiento económico sostenido en
estos años (principalmente entre 2003-2008) no se ha traducido en la superación de la alta informalidad
de su mercado laboral
5
. A pesar de que la “recuperación económica” influyó positivamente en el
funcionamiento del mercado de trabajo, con un incremento del índice de ocupación y una caída del
desempleo, el mundo laboral continúa siendo uno de los principales eslabones en la reproducción de la
desigualdad. La heterogeneidad de la estructura productiva, en Argentina como en la región, se expresa
en una dispar polarización, por una parte, un sector minoritario, con empleos de alta productividad,
salarios y protección social, y por otra, un sector donde predominan las condiciones laborales precarias,
las remuneraciones más bajas y un limitado acceso a la protección social. Además, tanto el desempleo
como la ocupación en el sector de baja productividad siguen afectando sobre todo a los jóvenes y a las
mujeres más pobres (Cepal: 2011).
La continuidad del carácter extractivista de nuestras riquezas naturales (hidrocarburos, minería,
pesca). Junto con esto la “reprimarización” de la economía con la participación del poderoso complejo
transnacional del “agro-negocios sojero”, en desmedro de los pequeños y medianos productores locales;
implicando desmontes, destrucción de la naturaleza, desplazamiento y repulsión de población,
desertificación, extranjerización y concentración de la tierra. El proceso de transnacionalización del
capital local otorga bases firmes para el fortalecimiento de un patrón de producción que como anuncia
Harvey (2004) está centrado en el saqueo de los recursos estratégicos. En su conjunto las ramas
vinculadas a la agricultura, la ganadería, la pesca, la caza y la explotación de canteras y minas duplicaron
en una década su participación porcentual en el PBI.
Acompaña este proceso el acrecentamiento del ya por sí elevado grado de concentración y
extranjerización de la economía. Los resultados de distintas variables de una encuesta periódica realizada
por el INDEC señalan que a lo largo del período 2007-2009 persiste un alto grado de concentración al
interior del lote de las 500 grandes empresas. El 20 por ciento de mayor tamaño (100 compañías)
explican el 69 por ciento del total del valor agregado en 2009, mientras que las 50 mayores empresas lo
hacen con el 54,8 por ciento. En 2009, el 79,3 por ciento del valor bruto de producción del total del panel
fue generado por empresas con participación de capital extranjero. Estas compañías explican también el
75,3 por ciento de la utilidad de las 500 grandes. Sin embargo, pese a que las de capital de origen
nacional participan sólo en el 18,6 por ciento del valor agregado del total, generan el 36,7 por ciento de
los puestos de trabajo asalariados. Extranjerización que, como lo señalan recientes estudios, se extiende
también a la tierra, inclusive en zonas de frontera. Al mismo tiempo la permanencia en el período de la
Ley de Entidades Financieras de la última dictadura militar, implica una herramienta legal que habilita el
predominio de la banca extranjera y del capital financiero en general. Junto con la permanencia de la
extranjerización y concentración de la economía no se ha revertido la regresividad del sistema
impositivo
6
.
En síntesis, el crecimiento sostenido de la economía argentina mantiene los rasgos estructurales
dominantes de la concentración de los ingresos y riquezas, bajo un esquema extranjerizado de la
economía y sin lograr revertir la lógica de un patrón distributivo regresivo.
Si bien la rebelión del 2001-2002 significó la impugnación “desde abajo” (en términos
gramscianos desde el “interés del pueblo”) del proyecto hegemónico neoliberal, resquebrajando sus
fundamentos legitimantes y sus intervenciones prácticas, el período que se despliega a partir de esos
años críticos se caracteriza también por la permanencia de una herencia activa en la configuración de la
sociedad argentina: la predominancia del gran capital transnacional, asociada a la continuidad histórica
del saqueo de las riquezas naturales, junto con la configuración estructural de la precarización e
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informalidad de la fuerza de trabajo. Esta herencia “acompaña” estructuralmente los visibles procesos de
mejora de los indicadores sociales que hemos ya señalado.
Estos elementos dan cuenta de la complejidad de la evolución de la configuración económico-
social, en donde se entrelazan procesos complejos de rupturas y continuidades con el período anterior
con políticas de clara impronta liberal. Aprehender esta complejidad de continuidades, inflexiones y
cambios en el proceso de determinaciones históricas, nos permite observar los fenómenos sociales como
componentes del movimiento de la sociedad capitalista como totalidad concreta. En tal sentido, la
reconfiguración hegemónica que se despliega post-2001, sintetiza una determinada correlación de
fuerzas sociales, restablece desde la acción estatal nuevos “equilibrios de compromisos”, entendida la
acción estatal como proceso conflictivo entre intereses contrapuestos que se imbrican y materializan en
los cursos de acción que se desarrollan. De esta manera la intervención social del Estado a través de sus
intervenciones políticas concretas, expresa las luchas sociales entre clases y fracciones de clase en cada
momento histórico.
En este contexto de cambio y continuidad, la AUH es una política diseñada tanto en relación a las
necesidades de respuesta estatal que emanan de la lógica de acumulación, como el resultado de la
recomposición material del consenso, es decir la materialización institucional de respuestas al desafío
social materializado en la rebelión del 2001.
La clase obrera: homogeneidad y fragmentación
Los indicadores de la realidad social argentina señalados, dan cuenta de las transformaciones
ocurridas en los últimos años, consolidándose la presencia de fracciones de población que, expropiadas
de sus condiciones materiales de existencia, no consiguen vender su fuerza de trabajo en el mercado, o lo
realizan de manera deficitaria, de esta manera no consiguen obtener sus medios de vida. La persistencia
en las últimas décadas de elevados niveles de desocupación, subocupación, informalidad y pobreza, nos
muestran el carácter estructural de su constitución y nos exige observar las raíces de su aparición.
De esta manera el problema de la calidad y cantidad de trabajo mercantilizado en la sociedad,
más específicamente la cuestión del desempleo y la precarización estructural, no sólo indica
transformaciones referidas al “mercado de trabajo”, sino también la producción de una población
excedente a los fines del capital o superpoblación relativa, y en relación a las particularidades que
adquiere en esta fase de desarrollo del capitalismo, observamos una reconfiguración estructural de las
formas y sentidos de la protección social, produciéndose un desplazamiento del seguro contributivo a
formas parciales y diversificadas de asistencia no contributiva.
La década del noventa confirma en Argentina una nueva vinculación entre trabajo y políticas
sociales
7
, donde adquiere mayor preponderancia la mediación asistencial. El pobre y la pobreza, se
constituye en “objeto de intervención” de las políticas sociales focalizadas, cubriendo “mínimamente”
necesidades básicas de los trabajadores que perdían su base material de vida o sus ingresos eran
insuficientes para garantizar sus condiciones materiales de existencia. Para quienes no tienen empleo o
sus ingresos son insuficientes, se va configurando una multiplicidad de intervenciones de carácter
asistencial y transitorio, que opera en el proceso de fragmentación de la cuestión social.
Los planes sociales de transferencia de renta para el contingente creciente de desocupados,
pobres e informales, configuran una estrategia política institucional que se hace masiva después de las
manifestaciones de la crisis de los sucesos de diciembre de 2001
8
. Un rasgo distintivo de los programas
de transferencias recientes en el país y la región es la introducción de condicionalidades y
contraprestaciones. Las condicionalidades son exigencias de cumplimiento de ciertos requisitos (por
ejemplo la asistencia escolar de los niños, controles sanitarios periódicos, controles nutricionales) para
recibir la transferencia monetaria. La contraprestación es un tipo de condicionalidad pero se vincula a la
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problemática del empleo (realizar un trabajo, buscar trabajo o capacitarse para conseguirlo). Estos
requisitos son definidos como incentivos para la formación de “capital humano”, entiendiendo que
promueven una mayor inversión en educación, salud, nutrición, y participan en la superación de la
reproducción intergeneracional de la pobreza.
Para comprender cabalmente el significado de esta nueva configuración social que incluye una
nueva forma de protección con un lugar singular del componente no-contributivo es necesario remitirse a
los aportes de la teoría crítica. Antonio Gramsci en su intento de dar cuenta de las particularidades de las
clases subalternas y de las tareas necesarias para su emancipación afirma:
La unidad histórica de las clases dirigentes se da en el Estado y su historia es
esencialmente la historia de los Estados y de los grupos de Estados. Pero no se
debe creer que esa unidad sea puramente jurídica y política, aún cuando esa
forma de unidad también tiene su importancia y no solamente formal: la unidad
histórica fundamental, por su concreción, es el resultado de las relaciones
orgánicas ente Estado o sociedad política y “sociedad civil” (…)
La historia de las clases subalternas es necesariamente disgregada y episódica:
hay en la actividad de estas clases una tendencia a la unificación aunque sea al
menos en planos provisionales, pero esa es la parte menos visible y que sólo se
demuestra después de consumada. Las clases subalternas sufren la iniciativa de
la clase dominante, incluso cuando se rebelan; están en estado de defensa
alarmada. Por ello, cualquier brote de iniciativa autónoma es de inestimable
valor (GRAMSCI, 1975; p. 27).
En estas notas surgen al menos dos cuestiones que resultan de gran importancia para el
conocimiento de la sociedad, de las políticas, y de los grupos o clases sociales. En primer término, la
noción de relaciones orgánicas entre Estado o sociedad política y “sociedad civil”, en donde el
entrecomillado que utiliza Gramsci da cuenta de sus reservas, de su cuestionamiento a la separación
tajante de lo social que sugieren esa clasificación. Precisamente su argumentación conduce a pensar en
términos relacionales, en términos de totalidad, de Estado ampliado.
Y, en segundo lugar, entendemos que la noción de clases subalternas es utilizada para dar cuenta
de la existencia de diversos grupos sociales que comparten la “subalternidad”, su dependencia de otro(s)
para garantizar su existencia. Es un concepto más amplio que el de clase obrera en sentido estricto, al
cual Gramsci recurre para dar cuenta que tempranamente en el desarrollo del capitalismo industrial, bajo
la órbita del capital, la diversidad de grupos y/o clases subordinados es mayor que el proletariado
estrictamente industrial. La clase obrera comprende, en un sentido amplio, a todos aquellos que no son
propietarios de sus condiciones materiales de existencia. La noción de subalternidad le agrega, además,
un componente que nos permite focalizar la atención sobre el desarrollo de la hegemonía, categoría que
también introduce Gramsci con un sentido distinto al utilizado hasta el momento, pasando de la simple
dominación en una alianza de clases al sostenimiento del poder en una sociedad dada, por lo cual el
problema es cómo romper esa subalternidad en la generación de una nueva hegemonía, la de la clase
que vive del trabajo.
En las últimas décadas, en relación con las transformaciones generales que se pueden observar
en el sistema capitalista desde fines de la década del sesenta del siglo pasado, la proliferación de políticas
de corte “neoliberal” ha dado por tierra con gran parte del armazón social generado por los Estados de
bienestar o Estados de compromiso, en las “décadas de oro” del capitalismo que se abre tras el fin de la
segunda guerra mundial de 1945. Si bien la glorificación del Welfare state por las ciencias sociales tiene
bastante de mito, es en este período histórico que se registran importantes conquistas laborales, que
establecieron sistemas y niveles de protección social para el trabajador. El proceso de acumulación
fordista se desarrolló junto con la disminución del desempleo y el incremento de la participación de los
asalariados en la apropiación del total de la renta nacional. En el último cuarto del siglo XX se registra la
inversión de este movimiento y el desarrollo de tendencias regresivas para los intereses de la clase que
vive del trabajo, aumento y consolidación de niveles de desempleo estructural, la extensión de la
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Hijo en Argentina
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precarización y la deconstrucción de la seguridad y protección del trabajo. Este proceso de restauración
del poder de la burguesía se extiende, con altibajos, claramente desde mediados de los años setenta
hasta fines de los años noventa, generando profundas transformaciones económicas, sociales y
culturales. Si bien, como señalamos, la primera década del siglo XXI muestra algunas inflexiones positivas
en el comportamiento socioeconómico de algunos indicadores, la evidencia empírica también nos señala
continuidades estructurales que perpetuán las relaciones de desigualdad, y los procesos de precarización.
En una primera mirada se puede indicar que la clase trabajadora actual se encuentra en situación
de una mayor fragmentación, y tiene una mayor fragilidad respecto de la defensa de los puestos de
trabajo y de las condiciones en que se vende y realiza el mismo que lo que estaba en los años cincuenta o
sesenta del siglo anterior. Se trata de la conformación de diferentes capas que se suman y entrelazan con
las diferentes fracciones existentes. Paralelamente, esta situación da cuenta de una nueva
“homogeneidad”, en donde las condiciones de precariedad aparecen como dominantes en el conjunto de
capas sociales que conforman la clase. Tanto en relación a un pasado inmediato de mejores condiciones
de venta de la fuerza de trabajo, como en relación a la intensificación del mismo. Las modificaciones
estructurales identificadas tienen un correlato específico en el proceso de toma de conciencia de los
trabajadores, afectando tanto el comportamiento individual del obrero como del colectivo de la clase,
que se manifiesta a través de sus órganos más representativos: los sindicatos.
El proceso de repulsión de la fuerza de trabajo, a partir de mediados de la década del setenta del
siglo pasado, generó la producción de un volumen de trabajadores/as excedentes en términos relativos
para los fines de acumulación capitalista
9
; que se expresa en el proceso de empobrecimiento,
desocupación y precarización de la clase trabajadora. El trabajador que lo único que tiene para vender es
su fuerza de trabajo, sólo encuentra salida en el mercado cuando sirve para hacer que los medios de
producción funcionen como capitales; es decir, cuando reproduce su propio valor como nuevo capital y
suministra, con el trabajo no retribuido, una fuente de capital adicional. Es inmanente a estas condiciones
la necesidad de volver a vender constantemente la fuerza de trabajo y la reproducción constantemente
ampliada de la riqueza como capital, reproduciéndose de esta manera las relaciones fundamentales de la
sociedad. La transformación de trabajadores en fuerza de trabajo excedente, y de esa manera la
ampliación de la desocupación, precarización y empobrecimiento, tiene sus raíces en la dinámica general
de la acumulación capitalista; la cual remite a los cambios en la composición orgánica del capital
10
. Con el
desarrollo científico-tecnológico y nuevas formas de organización se produce un fortalecimiento de su
parte constante, y una desvalorización absoluta y relativa de su parte variable, constituida por la fuerza
de trabajo. En ese proceso se va produciendo en términos constitutivos una población excedente a las
necesidades de reproducción del capital. Esta tendencia general adquiere particularidades históricas, su
crecimiento o retracción se vincula a las condiciones políticas generadas a partir de las luchas de clases
11
.
La lógica de valorización del “mundo de las cosas” en la dinámica capitalista, contiene el proceso
de desvalorización del “mundo de los seres humanos”. El empobrecimiento y pobreza del trabajador se
constituye en consecuencia y condición necesaria de la existencia del régimen, y es justamente esa
condición de necesariedad la que la funda en base esencial de la riqueza. Es necesario comprender este
hecho en el marco del carácter antagónico de la producción capitalista. Todos los procedimientos de
producción de plusvalía son, al mismo tiempo, formas de acumulación, los avances implican avances en
estos procedimientos. De este mecanismo se desprende que a medida que se acumula el capital, tiene
“necesariamente” que “deteriorarse”, la situación del trabajador (independientemente de su retribución,
ya sea ésta alta o baja). Este “deterioro” es relativo e histórico y adquiere diferentes expresiones en el
desarrollo de la sociedad. El mecanismo de la producción y la acumulación capitalista se encarga de
realizar constantemente la adaptación del número de obreros a las necesidades de explotación del
capital, esto se expresa en la creación de una superpoblación relativa
12
, y en la miseria de capas cada vez
más extensas del ejército obrero en actividad y parado
13
.
Esta tendencia general puede ser modificada por las distintas circunstancias que se den en el
contexto en el cual se desenvuelve; es decir, para alejar cualquier posibilidad de interpretación
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determinista, las políticas que se manifiesten en este proceso pueden estar en relación directa o inversa
con la tendencia general, de acuerdo con las específicas determinaciones que surgen de la correlación de
fuerzas sociales existentes, pero esta precisión no invalida la existencia de la ley tendencial general que
es propia del régimen capitalista de producción
14
.
El aumento de la población sobrante para el capital permite observar no sólo una desocupación
abierta estructural, sino la existencia de diferentes capas de la clase subalterna que se diferencian por las
condiciones en las cuales desarrollan su existencia. Junto con la población de trabajadores desocupados
duraderos, se observa una masa de trabajadores parcialmente empleados, quienes venden de forma
deficitaria e intermitente su fuerza de trabajo, fuerza de trabajo barata y super-explotada.
La asignación universal por hijo (AUH) para protección social
Hemos indicado ya las condiciones particulares que adquiere el capitalismo hacia la década del
setenta del siglo XX, condiciones que si bien responden a la lógica general que tiene el sistema, como
sistema-mundo, se despliega en forma concreta en los diferentes territorios sociales, los Estados-nación.
Desde el año 2003, en Argentina, con el inicio del gobierno de Néstor Kirchner como presidente, se
propusieron cambios respecto de los lineamientos políticos generales que habían regido al país –y
transformado su estructura económica y social- en los años 90, y que habían culminado con la rebelión
del año 2001. En materia de política social, en el nuevo período se propone generar una revisión de las
políticas y se cuestiona la lógica de focalización, la perspectiva asistencialista divorciada de la garantía de
derechos y la extensa fragmentación de los programas existentes. En este sentido, la nueva política social
se reorganiza ahora bajo tres ejes de acción: alimentario, transferencias monetarias y economía social.
El desarrollo de este cambio en la política social puede a su vez ser periodizado. Desde el año
2003, podemos reconocer como momentos específicos: 1-emergencia social y respuesta a la crisis del
2001 a través del plan jefes y jefas de hogar; 2- salida del plan jefes y jefas de hogar y reclasificación de la
pobreza a partir de los criterios de empleabilidad y vulnerabilidad; y 3- extensión del sistema no
contributivo de protección social.
Este tercer momento de reconfiguración de la política de asistencia social en el período
kirchnerista se relaciona con la coyuntura política caracterizada por la derrota oficialista en los comicios
de mediados del año 2009. En este contexto el gobierno pretende retomar la iniciativa política y lanza
dos programas sociales que participan en un lugar relevante en la construcción del consenso: el
“Argentina Trabaja”, que implica la transferencia de renta a través de la constitución de cooperativas; y el
Programa Asignación Universal por Hijo para Protección Social, que es sin duda el de mayor relevancia
por su masividad.
A través del Decreto Presidencial (DNU) Nº 1602 del 29 de octubre de 2009 se incorpora al
Sistema de Asignaciones familiares el Subsistema no Contributivo de Asignación Universal por hijo para
Protección Social
15
(AUH). La confirmación de la Asignación Universal por Hijo ha concretado la
incorporación de amplios contingentes de población a uno de los beneficios del régimen de asignaciones
familiares, definido históricamente bajo un esquema contributivo, sólo vigente precedentemente para los
trabajadores empleados en relación de dependencia
16
. En tal sentido la instauración de la AUH por parte
del Poder Ejecutivo determinó la ampliación hacia todos los menores de 18 años cuyos padres o tutores
se encuentren desocupados, sean monotributistas sociales o se desempeñen en la economía informal o
en el servicio doméstico, siempre que perciban remuneraciones inferiores al Salario Mínimo Vital y Móvil
(SMVM).
El decreto parte del reconocimiento de la permanencia de “situaciones de exclusión de diversos
sectores de la población que resulta necesario atender” (DNU 1602-2009). Persiste y se consolida en
Argentina a fines de la primera década del siglo XXI e inicio de la segunda, aún luego varios años de
crecimiento económico y creación sostenida de puestos de trabajo, una alta proporción de trabajadores
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Hijo en Argentina
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con formas de inserción laboral precarias e inestables, tornándose este movimiento de las condiciones de
trabajo en un rasgo estructural. Ello es resultado de un deterioro de varias décadas de la situación y
condiciones de los trabajadores. La AUH, al ampliar la cobertura del sistema de seguridad social, implica
el desarrollo de políticas para este sector de la clase trabajadora.
Es una política que, tal como lo explicita en sus considerandos el decreto presidencial, no
pretende “garantizar la salida de sus beneficiarios de la pobreza”, se coloca como una política paliativa
que supone “más dinero en los bolsillos de los sectores más postergados” (DNU 1602-2009). Si bien no
modifica las causas estructurales de la pobreza y empobrecimiento se ha constituido en una medida que
tiene un impacto significativo en la reducción de los índices de indigencia y de pobreza.
La asignación otorgada a través de la AUH consiste en una prestación monetaria no retributiva de
carácter mensual que se abona a uno de los padres o tutor por cada menor de 18 años que se encuentre
a su cargo, o por cada hijo sin límite de edad en el caso de tratarse de un hijo discapacitado. La prestación
que otorga la AUH se fijó en un monto equivalente al que corresponde a la mayor asignación por hijo del
régimen de asignaciones familiares contributivo nacional
17
. Esta prestación se abona por cada menor
acreditado por el grupo familiar hasta un máximo acumulable al importe equivalente a cinco menores.
Para acceder a estos beneficios deben ser cumplir un conjunto de requisitos: “hasta los 4 años
controles sanitarios y del plan de vacunación obligatorio. Desde los CINCO (5) años de edad y hasta los
DIECIOCHO (18) años, deberá acreditarse además la concurrencia de los menores obligatoriamente a
establecimientos educativos públicos” (DNU 1602-2009).
Estos requisitos son reforzados por el hecho de que se cobra mensualmente sólo el 80% del
monto previsto, mientras que el 20% restante se retiene para ser abonado una vez al año a principios del
período lectivo, contra la presentación de la libreta sanitaria y de asistencia escolar. El incumplimiento de
los requisitos no sólo determina la imposibilidad de cobrar el 20% acumulado sino que además implica la
pérdida del beneficio a partir de ese momento
18
. Estas condicionalidades sanitarias y educativas que
deben realizar los trabajadores incluidos en el régimen de asignaciones familiares no se encuentran
vigentes para los trabajadores formales cubiertos por el sistema contributivo.
Para recibir la asignación, el menor debe ser argentino, hijo de argentino nativo o por opción,
naturalizado o residente con al menos tres años de residencia legal en el país. A su vez, el decreto
establece que cobrarán la asignación los menores que asistan a escuelas públicas.
Además se establece en el decreto que la asignación prevista es incompatible con el cobro de
prestaciones contributivas o no contributivas de orden nacional, provincial, municipal, o de la ciudad
autónoma de Buenos Aires; es decir que acceden a la AUH aquellos menores cuyo padre o tutor no se
encuentre incluido en el régimen contributivo de asignaciones familiares o que no sea beneficiario de
alguna pensión no contributiva
19
.
A febrero del 2011, se liquidaron casi 3,5 millones de prestaciones de la AUH, que se suman a las
6,8 millones de asignaciones familiares del régimen contributivo del sistema de seguridad social nacional
y de los trabajadores públicos nacionales y provinciales. Esto significa que el 85% de los niños argentinos
ya está cubierto por el sistema de asignaciones familiares. El 51% de los niños cubiertos por la AUH no
habían recibido nunca antes ninguna ayuda social en forma de transferencia de dinero, según datos que
surgen de los registros de ANSES. La asignación alcanza a más de 1,9 millones de hogares.
Consideraciones finales
La política social constituye una mediación institucional político-económica, resultado al mismo
tiempo de las contradicciones y reivindicaciones emanadas de las luchas de clases y de la lógica de
acumulación capitalista. Es un proceso dinámico que se explica en el movimiento histórico de la sociedad,
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en el cual es posible reconocer diferentes perspectivas, visiones y sentidos de las políticas que disputan la
hegemonía. Es posible entonces indagar sobre el sentido ético-político que persigue la AUH, y su relación
con una perspectiva de derecho universal y su capacidad desmercantilizadora.
La implementación del programa AUH ha concretizado el proceso de conformación de un sistema
de protección social amplio, vinculado a las consecuencias del desarrollo capitalista en nuestro país.
Como hemos indicado, el momento de su implementación da cuenta de la existencia de un volumen
importante de población sobrante, y la manifestación – impugnación de las condiciones de vida en la
crisis de 2001. Se conforma así un subsistema no-contributivo relacionado al contributivo.
La AUH contribuye en mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiarias, siendo un
alivio en las condiciones materiales de existencia de familias trabajadoras que no disponen de forma
regular de otras rentas. Dada la inestabilidad e insuficiencia de los ingresos laborales de este sector de la
clase trabajadora, las transferencias del programa constituyen la principal (y/o única) protección estable y
previsible para la familia. Si bien los ingresos son insuficientes, por lo cual no terminan de garantizar
derechos, son seguros en un contexto de inestabilidad, informalidad y precarización estructural. Ahora
bien, las condiciones en las cuales se mueve el capitalismo en nuestro país, manifiestan pocos cambios
estructurales en la última década, por lo cual se indica –como problema- la permanencia de la desigualdad
y la desprotección social. Desde una perspectiva universal la preocupación se centra en como hacer de estas
políticas el piso y no el techo máximo a alcanzar para que no se cristalicen como un sistema de protección
para pobres, coexistiendo así un sistema de protección “de primera”, para trabajadores formales, y otro
“de segunda”, para quienes no pueden acceder al primero. Es decir el problema sería cómo no consolidar
una estrategia político-económica que acompañe y reafirme la informalidad y precarización estructural.
Como vimos, hasta el momento la AUH no alcanza para modificar sustancialmente los índices de pobreza,
y sí aparece con mayor efectividad en disminuir la indigencia.
La otra dimensión que es necesario señalar es lo que significa la exigencia de las
condicionalidades para ingresar y permanecer en el programa, el sentido ético-político que implica, lo
cual manifiesta una tensión importante entre una perspectiva individualizante de control social y una
perspectiva basada en la garantía de derechos universales. El análisis de la política de transferencia
particular en el marco de la forma histórica de protección social definida, expresa centralmente un
problema político, el proyecto de sociedad que se quiere construir. El análisis desde esta perspectiva más
amplia, nos permite observar tanto las disputas en relación al reconocimiento de necesidades sociales,
como de las maneras de definir y organizar el trabajo. El resultado de estas disputas se materializa en las
mediaciones político-económicas que condensan esas tensiones. Si aspiramos a una sociedad que se
mueva en un sentido de igualdad social, es necesario una perspectiva amplia de la protección social,
basada en un enfoque de derecho universal, que tienda a la superación de la segregación y
fragmentación en las que históricamente han participado las políticas asistencialistas. Y que
necesariamente debería sustentarse en políticas que cambien estructuralmente el funcionamiento de la
economía argentina.
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http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/COMUNICADO_DE_PRENSA_AUH_Pobreza.pdf
1
Sobre este proceso, ver Antunes quien afirma: “En medio de tanta destrucción de fuerzas productivas, de la naturaleza y del
medio ambiente, existe también una acción destructiva contra la fuerza humana de trabajo que tiene enormes contingentes
precarizados o al margen del proceso productivo, elevando la intensidad de los niveles de desempleo estructural.” (2009:
19).
2
Es preciso entender que la insuficiencia de ingresos es sólo una de las expresiones de la pobreza; su comprensión plena nos
lleva a observar el proceso de acumulación en cada ciclo productivo, y las formas diferenciales de apropiación de la riqueza
producida por los trabajadores. Desarrollamos este punto más adelante.
3
Datos oficiales, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Otros trabajos, académicos y de estudios privados, dan
cuenta de una realidad distinta. Por ejemplo, para el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina la
pobreza hacia fines del 2012 alcanzaría al 16,9% de los hogares y al 26,9% de las personas. Observatorio de la Deuda Social.
Informe final. Mayo de 2013, en
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/COMUNICADO_DE_PRENSA_AUH_Pobreza.pdf
4
Como se puede ver, en la fuente utilizada está calculado sobre la región Gran Buenos Aires y no sobre el total de
aglomerados urbanos. De todos modos, el movimiento tendencial, así como los números índices para cada año, son muy
similares dada la magnitud poblacional de la región considerada.
5
En Argentina, durante la última década ha sido significativa la consolidación de la fractura del mercado laboral iniciada en
los ’90, no sólo entre los trabajadores formales e informales, sino también al interior de la estructura formal. “Siendo que la
precarización se extiende por el conjunto. Mientras que el 20% de los trabajadores mejor remunerados del sector privado
capta el 52% de la masa salarial, el 20% ubicado en la base percibe el 5,2% de ese total.” (EDI, 2012)
6
La renta financiera queda exenta de obligaciones tributarias al igual que la transferencia de activos de sociedades
anónimas, en cambio una parte creciente de los asalariados debe pagar el impuesto a las ganancias al tiempo que la vigencia
del IVA encarece la canasta básica de alimentos, afectando centralmente a los sectores de menores ingresos.
7
Para “fomentar” el empleo, el gobierno de Menem en la década del noventa, instrumenta una serie de medidas, bajo la
denominación de políticas activas de empleo. Con la sanción de la ley 24013 en 1991 (Ley de Empleo), aparecieron un
conjunto de medidas, a partir de las cuales se fueron sumando nuevas propuestas, conformando um conjunto de programas
orientados por la intención de “fomentar” el empleo joven; programas de mano de obra a cargo de gobiernos municipales,
ONGs y microemprendimientos privados, formación profesional. Estas medidas implicaron en algunos casos una reducción
de cargas salariales, en otros el subsidio directo para el pago de salarios a los beneficiarios.
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Los programas de empleo y capacitación pasaron a ser no contributivos cuando se extendieron mediante el financiamiento
externo provisto por organismos multilaterales de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco
Mundial (BM). Desde fines de 1993 las alícuotas de contribuciones patronales experimentaron reducciones como parte de la
política de devaluación fiscal que redujo visiblemente los ingresos de los programas financiados con recursos contributivos.
Esto expresa claramente una ruptura con el esquema del seguro social y su esquema contributivo.
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La diferencia especifica de la producción capitalista, es que, “ (…) nadie compra la fuerza de trabajo para satisfacer, con sus
servicios o su producto, las necesidades personales del comprador. No, la finalidad de este acto es explotar el capital,
producir mercancías, que encierran más trabajo del que paga el que se las apropia y que, por tanto, contienen una parte de
valor que al capitalista no le cuesta nada y que, sin embargo, puede realizarse mediante la venta de las mercancías. La
producción de plusvalía, la obtención de lucro; tal es la ley absoluta de este sistema de producción.” (MARX, K., 1973; p. 522).
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Este proceso refiere a “La ley general de la acumulación capitalista” analizada por Marx en El capital. Tomo I, Cap. XXIII.
Véase el capítulo citado para comprender la influencia que el incremento del capital ejerce sobre la situación de la clase
El desarrollo del capitalismo y la nueva configuración de la protección social. La Asignación Universal por
Hijo en Argentina
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obrera. El factor central que analiza es la composición del capital y los cambios experimentados por ella en el transcurso del
proceso de la acumulación. La composición del capital puede interpretarse en dos sentidos: “Atendiendo al valor, la
composición del capital depende de la proporción en que se divide en capital constante o valor de los medios de producción
y capital variable o valor de la fuerza de trabajo, suma global de los salarios. Atendiendo a la materia, a su funcionamiento en
el proceso de producción, los capitales se dividen siempre en medios de producción y fuerza viva de trabajo; esta
composición se determina por la proporción existente entre la masa de los medios de producción empleados, de una parte, y
de otra la cantidad de trabajo necesaria para su empleo.” Ibídem, pág. 518. Los cambios cuantitativos y cualitativos en la
composición del capital impactan sobre la situación de la clase trabajadora.
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Esto nos permite comprender las conquistas alcanzadas en materia de derechos por parte de los trabajadores en la
segunda posguerra y materializadas en el desarrollo de sistemas de protección social centralmente contributivos.
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Marx distingue diferentes formas que asumiría la superpoblación relativa. De acuerdo a las fases del ciclo industrial, ésta se
presentaría con un carácter agudo o crónico y en sus formas constantes; flotante, latente o intermitente. La superpoblación
relativa en forma flotante se vincularía a aquella que es repelida y atraída según el momento; aumentando el número de
obreros activos pero siempre en proporción decreciente a la escala de producción. La segunda forma de superpoblación
señalada sería la población rural repelida que se encuentra a la espera de ser absorbida por el proletariado en la ciudad y
que, al fluir constantemente hacia la ciudad, supone su existencia en el propio campo en forma latente. La tercera categoría,
hace referencia al sector de la superpoblación relativa que forma parte del ejército obrero activo, pero en forma muy
irregular, intermitente. Por último, debajo de estas capas, se encuentra el pauperismo.
El pauperismo integraría otras tres categorías: 1) personas capacitadas para el trabajo, 2) huérfanos e hijos de pobres, 3)
incapaces para el trabajo. En palabras de Marx, el pauperismo es “…el asilo de inválidos del ejército obrero en activo y el
peso muerto del ejército industrial de reserva. Su existencia va implícita en la existencia de la superpoblación relativa.” En
este universo de pobres, es posible distinguir pobres “capacitados” para el trabajo, de pobres “incapacitados” para el trabajo.
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“La acumulación del capital, que al principio sólo parecía representar una dilatación cuantitativa, se desarrolla, como
hemos visto, en un constante cambio cualitativo de su composición, haciendo aumentar incesantemente el capital constante
a costa del capital variable. Al producir la acumulación del capital, la población obrera produce también, en proporciones
cada vez mayores, los medios para su propio exceso relativo.
Es ésta una ley de población peculiar del régimen de producción
capitalista, pues en realidad todo régimen histórico concreto de producción tiene sus leyes de población propias, leyes que
rigen de un modo históricamente concreto. (…) Ahora bien, si la existencia de una superpoblación obrera es producto
necesario de la acumulación o del incremento de la riqueza dentro del régimen capitalista, esta superpoblación se convierte
a su vez en palanca de la acumulación del capital, más aún, en una de las condiciones de vida del régimen capitalista de
producción. Constituye un ejército industrial de reserva, un contingente disponible, que pertenece al capital de un modo tan
absoluto como si se criase y mantuviese a sus expensas. Le brinda el material humano, dispuesto siempre para ser explotado
a medida que lo reclamen sus necesidades variables de explotación e independiente, además, de los límites que pueda
oponer el aumento real de población.” (MARX, 1973, pág. 534-535).
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Marx, 1973, p. 546.
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Posteriormente su implementación se reglamenta mediante la Resolución N° 393/2009 de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), organismo responsable del pago de la prestación. En dicha reglamentación se establece quienes
podrán ser beneficiarios de la asignación, os requisitos a cumplir para acceder a la misma, las fuentes de datos que se
tomarán para determinar los beneficiarios y los medios y fechas de pago a los beneficiarios. Para facilitar la gestión
operativa, en dicha resolución se estableció la conformación de un Comité de Asesoramiento integrado por representantes
de los Ministerios de Desarrollo Social, Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Salud, Educación e Interior.
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El régimen de asignaciones familiares (Ley Nº 24.714/1996) alcanza a los trabajadores que prestan servicios remunerados
en relación de dependencia en la actividad privada cualquiera sea su modalidad de contratación laboral (exceptuando a los
trabajadores del servicio doméstico); a los beneficiarios de la Ley sobre Riesgos de Trabajo y del Seguro de Desempleo; a los
trabajadores del sector público nacional y beneficiarios del Sistema Integrado Previsional (SIPA) y del régimen de pensiones
no contributivas por invalidez. Los alcances y limitaciones vigentes de esta ley constituyen parte de los considerandos del
Decreto presidencial al definir: “Que, en el régimen establecido por la ley citada se encuentran previstas, entre otras, la
asignación por hijo consistente en el pago de una suma mensual por cada hijo menor de 18 años que estuviere a cargo del
beneficiario, así como la asignación por hijo con discapacidad.
Que en el mencionado Régimen de Asignaciones Familiares no se incluye a los grupos familiares que se encuentren
desocupados o que se desempeñen en la economía informal.” (Decreto 1602/2009)
Quedan excluidos de este sistema, por lo tanto, los trabajadores desocupados que no cobran seguro de desempleo, aquellos
que se desempañan en la economía informal y los empleados inscriptos en el régimen de servicio doméstico. Contingentes
que se aspiran incluir con la nueva normativa.
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En un principio dicho monto fue de $ 180 mensuales por cada menor de 18 años y de $ 720 por cada hijo con discapacidad.
En septiembre de 2010, aumentó a $ 220 mensuales por menor y $ 880 para cada hijo con discapacidad. En octubre de 2011
pasó a ser de $270 por hijo, y de $1.080 por discapacitado. En septiembre de 2012 alcanzó los $340, y $1200 por hijo con
discapacidad; y en mayo de 2013 el monto se actualizó, siendo ahora de $460 y $1500 respectivamente.
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En el artículo 6 inciso f) del decreto 1602 señala: “El titular del beneficio deberá presentar una declaración jurada relativa
al cumplimiento de los requisitos exigidos por la presente y a las calidades invocadas, de comprobarse la falsedad de algunos
de estos datos, se producirá la pérdida del beneficio, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.”
Silvia Gabriela Fernández Soto; Jorge Daniel Tripiana
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Hasta el momento de la implementación de la AUH, el Plan Familias (Ministerio de Desarrollo Social) y el Plan Jefas y Jefes
de Hogar eran los dos planes de mayor cobertura social. Dado que los mismos son incompatibles con el cobro de la AUH, se
realizó un traspaso de sus beneficiarios al régimen de AUH, de modo tal que los mismos dejaron de cobrar los planes para
pasar a percibir por los mismos medios de pago la asignación familiar. Este traspaso ha implicado una mejoría en el nivel de
recursos de estas familias. En efecto, si se toma por ejemplo un hogar con dos menores de 18 años, se observa que mientras
con el Plan Familias brindaba una prestación de $ 200 y el Plan Jefes de $ 150, con la AUH pasaron a cobrar $ 360 ($ 440 a
partir de septiembre de 2010).