El indigenismo político en América latina

Full text

EL INDIGENISMO POLÍTICO EN
AMÉRICA LATINA *
Por RAMÓN MAÍZ
«El indio huyó de su piel al fondo
de la antigua inmensidad de donde un día
subió como las islas: derrotadas
se transformó en atmósfera invisible,
se fue abriendo en la tierra, derramando
su secreta señal sobre la arena»
Pablo Neruda
Canto General
SUMARIO
1. ¿CAMPF.SINOS O INDÍGENAS? COMPETENCIA Y CONFLICTO DF. IDENTIDADES EN AMÉRICA
LATINA.—2.
ESTRUCTURA DF. OPORTUNIDAD Y ETNIFICACIÓN DF. LAS IDENTIDADES: ACTORES.
INSTITUCIONES Y POLÍTICAS. 3. DESARROLLOS ORGANIZATIVOS INDIGENISTAS Y
REPERTORIOS DE MOVILIZACIÓN. 4. DISCURSO INDIANISTA Y ESTRATEGIAS ENMARCADORAS
IDENTITAR1AS. BIBLIOGRAFÍA.
Los recientes acontecimientos de Bolivia, donde un potente movimiento
social de base indígena, guiado por líderes como Felipe Quispe o Evo Mora-
les,
acabó con el Gobierno de Sánchez Lozada en
2003,
revive lo acaecido
en 2000 en Ecuador, cuando el movimiento indígena tuvo un participación
* Una primera versión de los argumentos aquí expuestos fueron defendidos con el título
«Peasants into Indians» en la Reunión del Research Committee on Politics and Ethnicity de la
IPSA, en París en mayo de 2002. El autor desea agradecer las sugerencias y críticas realizadas
por los asistentes al encuentro, así como posteriormente por Manuel Alcántara, Ludolfo Para-
mio,
Natividad Gutiérrez, Donna Lee Van Cott y Shanan Mattiace. Asimismo el texto se ha
beneficiado en diversa medida de las aportaciones orales y escritas de Rodolfo Skvenhagen,
José Bengoa, Deborah Yashar y Guillermo Trejo.
129
Revista
de Estudios Políticos (Nueva Época)
Núm.
123. Kncro-Marzo 2004

RAMÓN MÁIZ
decisiva en el derrocamiento del presidente Mahuad y llevaría a la presiden-
cia en el 2002 a Lucio Gutiérrez. No hace mucho que en Perú Alejandro To-
ledo se convirtió en el primer presidente de origen Quechua... La emergencia
de las movilizaciones indigenistas en América Latina durante los años
ochenta y noventa del siglo xx, conjuntamente con un fenómeno político de
primera magnitud para la democratización de los Estados latinoamericanos,
constituye un notable desafío a la capacidad explicativa de la ciencia políti-
ca. Por un lado los datos demográficos, con todas las cautelas que las estima-
ciones disponibles requieren, son elocuentes: en Bolivia alrededor de un 70
por 100 de la población es indígena, en Guatemala un 60 por 100, en Perú un
40 por 100, prácticamente lo mismo que en Ecuador. El porcentaje descien-
de en México hasta un 12 por 100 y El Salvador a un 10 por 100, en Hondu-
ras a un 4 por 100, en Colombia a un 3 por 100, en Nicaragua a un 2 por 100,
y en Venezuela y Argentina 2 por 100. En total unos cuarenta millones de
personas en América latina, un 8 por 100 de la población total.
Sin embargo, este sustrato étnico cultural no había alumbrado histórica-
mente más que alguna ocasional y breve movilización política o rebelión de
estos sectores de la población en torno a demandas de su identidad indígena
(Mallon, 1989, 1995). De hecho, los más importantes estudios comparados
sobre minorías étnicas en el mundo han coincidido en resaltar el bajo nivel
de conflicto étnico en América Latina comparado con otros continentes (Ho-
rowitz, 1985; Young, 1993; Gurr 1993). En investigaciones más recientes,
además, no sólo se constata estadísticamente, a partir de la base de datos del
Minority at Risk Project, que América latina no solamente es la única zona
del mundo que desconoce los movimientos secesionistas entre 1950 y 1995,
sino la región donde los niveles más altos de opresión y discriminación de la
población indígena se dan la mano con los mas bajos índices de rebelión y
movilización (Fearon & Laitin, 2003).
Ahora bien, pese a estos antecedentes, que aunan peso demográfico indí-
gena, riquísima diferencia étnico cultural y desmovilización política en tér-
minos étnicos, el último cuarto del siglo xx ha sido testigo de la irrupción de
importantes movilizaciones indígenas en muchos de los países latinoameri-
canos,
que en los casos de Ecuador, Guatemala y México ha alcanzado en la
década de los noventa, y Bolivia en los dos mil, niveles de gran intensidad y
repercusión nacional e internacional.
La radical novedad y relieve político actual del fenómeno requiere que la
pregunta que se impone contestar sea ¿cuáles son las razones que explican la
multiplicación de las movilizaciones y demandas indigenistas que proliferan
en México, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Colombia,
Perú o Chile? O bien, formulada de otra manera: ¿qué factores intervienen en
la etnificación contemporánea de las identidades colectivas en Ibero-américa?
130

TI.
INDIGENISMO POI.fTICO F.N AMÉKICA LATINA
Muchas de las explicaciones disponibles parten, en clave de «el retorno
del indio», de asunciones en mayor o menor medida primordialistas: desde
esta perspectiva la politización de las identidades étnicas indígenas no cons-
tituye sino una última fase de un largo proceso de expresión y exterioriza-
ción de una previa realidad étnica objetiva (maya, mapuche, tzotzil...), cris-
talizada desde tiempo inmemorial y que ha sobrevivido tanto a la coloniza-
ción española, cuanto a la construcción de los Estados nación liberales de
América latina durante los siglos xix y xx. En este artículo, sin embargo, ar-
gumentaremos de modo diferente: las identidades colectivas indígenas con-
temporáneas son el resultado de un complejo proceso de construcción me-
diante movilización, organización y discurso en el seno de importantes cam-
bios en los contextos sociales, económicos y políticos que las favorecen. De
este modo no podemos asumir un inicial fundamento étnico indio dotado de
poderes causales, la existencia de comunidades indígenas prepolíticas fra-
guadas desde tiempo inmemorial en torno a un conjunto objetivo de lengua,
cultura, tradiciones, mitos, símbolos e instituciones. Por el contrario, la iden-
tidad indígena actual se postulará como el resultado contingente, interna y
externamente contestable (y de hecho contestado), uno entre los varios posi-
bles,
de la movilización política y sus estrategias organizativas y discursivas.
Producto de un trabajo de filtrado, selección e innovación a partir de la hete-
rogénea materia prima étnica disponible en cada caso (cultura, lengua, tradi-
ciones, mitos, símbolos, memorias...), por parte de los intelectuales, líderes y
organizaciones indigenistas. En el seno de este itinerario se procede además
a vincular la dimensión étnico-cultural con los intereses sociales, económi-
cos y políticos de los diversos grupos en presencia. Por ello la movilización
indigenista no se limita a exteriorizar, a hacer visible, sino que propiamente
produce la identidad indígena en sus términos contemporáneos. El conflicto
étnico no «expresa» sino que genera dimensiones claves de la identidad in-
dia: los criterios de pertenencia a la comunidad, los componentes específicos
de su cultura, mitos, símbolos y narrativa comunitaria, la memoria histórica,
la delimitación del «nosotros» y el «otro», lo propio y lo ajeno, los objetivos
y demandas políticas del movimiento. De hecho, de los avatares de la gesta-
ción del movimiento indianista dependerá: 1) el éxito o el fracaso en la con-
figuración de una identidad colectiva articulada en clave étnica indígena,
frente a otras alternativas en competencia (campesino, trabajador, protestan-
te,
paisano etc.; 2) la orientación y naturaleza políticas específicas que adop-
te la identificación indigenista (fundamentalista o negociable, progresista o
conservadora, excluyente o solapada con otras, violenta o pacífica, autorita-
ria o democrática etc.).
131

RAMÓN MÁIZ
1.
¿CAMPESINOS O INDÍGENAS? COMPETENCIA Y CONFLICTO DE IDENTIDADES
EN AMÉRICA LATINA
Las identidades políticas constituyen etiquetas o marcos adscriptivos
que los grupos se autoasignan, o les son asignados por otros grupos, cum-
pliendo dos funciones fundamentales: 1) fijando la pertenencia a un colecti-
vo o comunidad (étnica, religiosa, nacional, local); y 2) vinculando el pasa-
do del grupo con su presente de tal modo que permita una continuidad de re-
conocimiento intersubjetivo en el tiempo. Recogiendo aportaciones de las
varias perspectivas constructivistas sobre las identidades políticas (Laclau,
1994;
Hardin, 1995; Laitin, 1998; Fearon, 1999; Fearon y Laitin, 2000; Lus-
tick, 2000; Chai, 2001) podemos sintetizar las siguientes asunciones teóricas
que orientarán este estudio:
1.
La identidades más que hechos objetivos dados, son procesos de
identificación, esto es, fenómenos dinámicos y contingentes que, dotados de
un anclaje social, que limita por así decirlo el muestrario de las identificacio-
nes disponibles, devienen empero productos políticos de la interacción entre
actores y estructuras. Las identidades no se descubren o reconocen, se pro-
ducen (Laclau, 1994).
2.
Las identidades colectivas, una vez fijadas, tienden a durar en el
tiempo: del hecho de que sean construcciones políticas no de deduce que re-
sulten enteramente maleables (Gurr, 2000). Las identidades colectivas po-
seen su inercia propia, sus cambios son lentos, dependientes de su trayecto-
ria {path dependenf), y se producen mediante deslizamiento en respuesta a
incentivos y cambios exógenos.
3.
Las identidades son en principio múltiples (Posner, 1998), si bien
cada identidad colectiva específica establece una articulación y una jerar-
quía, situando una de ellas como determinante y hegemónica del complejo
identitario (Máiz, 1995). Esto implica que en general los individuos tienden
a superponer y traslapar identidades, de ahí que tanto una identificación do-
minante cuanto la presencia de una identidad excluyente de otras, no consti-
tuyen fenómenos dados y «naturales», sino el producto de un complejo tra-
bajo político de líderes, organizaciones y discursos (Fearon & Laitin, 2000).
4.
Las identidades políticas poseen un componente fundamental de es-
trategia y elección por parte de los individuos singulares, que evoluciona
con el cambio de la estructura de incentivos que enfrentan en cada coyuntu-
ra, así como con la percepción de la identificación que adopten los demás
miembros del grupo. De ahí que la dinámica de contestación y conflicto exó-
gena: nosotros/ellos, lo propio/lo ajeno, el amigo y el enemigo, etc., resulte
tan decisiva como el conflicto y tensión endógena al grupo entre las élites y
la base, los radicales y los moderados, etc. (Laitin, 1998b).
132

EL INDIGENISMO POLÍTICO EN AMERICA LATINA
A partir de estas asunciones, el proceso de la construcción de las identi-
dades colectivas en America Latina, se nos muestra en su naturaleza abierta-
mente política, vinculando en su dinámica dimensiones económicas, socia-
les,
culturales e históricas. En efecto, la edificación de los Estados latinoa-
mericanos a partir de su independencia como Estados nación ha conllevado
un doble proceso simultáneo y mutuamente imbricado de state-buiding y de
nation-building. Pues bien, en lo que a este segundo respecta, el proyecto de
nación, los procesos de nacionalización de America Latina manifiestan una
gran originalidad, polémicamente dirigida contra los Estados coloniales de
Europa y América; a saber: el mito del «crisol de la razas», esto es, del mes-
tizaje como fundamento étnico-cultural de la nación. Frente a las teorías de
la raza y sus postulados —ideal de pureza étnica, de rechazo del mestizaje
como degeneración, de la idea de superioridad de unas razas sobre otras—
propias de los siglos xix y xx en Occidente, en muchos de los países de
América latina, con diversas variantes, encontramos el mito fundador de la
nación mestiza (Mallon, 1989; Hale, 2002; Gould, 1998; Gutiérrez, 2001).
Así, por ejemplo, Vasconcelos, a diferencia de las tesis de la «degeneración»
de Gobineau, entiende que la fusión de las razas conduce al progreso y la
plenitud, a la «esperanza del mundo» que representa América Latina, de la
mano de la «raza cósmica, fruto de todas las anteriores y superación de todo
el pasado» (Vasconcelos, 1925).
Este mito fundador latinoamericano preside el entero complejo míti-
co-simbólico de la construcción nacional sobre varios ejes:
1.
la tesis del «crisol de las razas» (Gamio, 1916) como eje del proyec-
to nacional mediante hibridación de culturas de las tradiciones europea e in-
dígena, que en los términos clásicos bolivarianos de la «América en Crisáli-
da»,
postulará que «al fin habrá una nueva casta de todas las razas, que pro-
ducirá la homogeneidad del pueblo» (Bolívar, 1976: II);
2.
la tesis de la desaparición de las culturas indígenas, una vez realiza-
do su aporte al mito fundador del mestizaje (Edad de Oro precolombina, pa-
sado glorioso, etc.), de ahí la diferente actitud: de admiración al indio muer-
to (aporte decisivo a la diferencia frente a la metrópoli), de desprecio y odio
al indio vivo: visto como obstáculo para el progreso, la ciudadanía o, en su
caso,
la revolución de clase, y objeto de las políticas de asimilación y acultu-
ración (Paz, 1974);
3.
el mestizaje de la población, el mito de la homogeneidad cultural
que las élites imponen desde arriba como parte de su repertorio de na-
tion-building (Díaz Polanco, 1996; Dietz, 1999; Marimán, 2003), no es sino
el correlato de la ciudadanía igual en el plano del state-building ora liberal
ora autoritario, y el cierre de la ecuación que vincula indisolublemente
133

RAMÓN MÁIZ
ambos procesos: un Estado = una nación = un pueblo = una cultura = una
lengua.
En la construcción de los Estados nacionales de América Latina hay, sin
embargo:, grandes diferencias en sus trayectorias históricas en lo que respec-
ta a la centralidad del mito del mestizaje. Así, desde la versión étnica de la
ya mencionada «raza cósmica» de Vasconcelos, hasta la más culturalista y
espiritualizada síntesis entre indigenismo precolombino y catolicismo de
Octavio Paz en El laberinto de la soledad (Paz, 1959), ha sido central en la
edificación del Estado nación mexicano como fusión de legados prehispáni-
co e hispánico. Los Náhuatl, el grupo más numeroso, se considera como la
aportación indígena que en contacto con el elemento conquistador, origina-
ría la raza mestiza propia del pueblo-nación mexicano. Se produciría así un
doble proceso: por una parte los indios de México central resultan identifica-
dos como campesinos, más en concreto como campesinos pobres en vías de
proletarización; por otra parte se diseñarían políticas del «indigenismo»,
desde Cárdenas en adelante, como procedimiento de mexicanización: incor-
poración al mercado, políticas sociales corporativas para campesinos, pro-
gramas de asimilación lingüística y cultural, etc. La creación del Instituto
Indigenista Interamericano en 1940 tras el congreso de Pátzcuaro y en 1948
del Instituto Nacional Indigenista, que implementaría su primer programa de
desarrollo regional en San Cristóbal de las Casas en 1951, ejemplifican este
proceso (Sieder, 2002; Stavenhagen, 2002; Dietz, 1999).
El caso de Guatemala presenta, por el contrario, un mínimo y elitista re-
curso al mestizaje. Configurada la nación sobre la herencia de la «patria del
criollo» (Martínez Peláez, 1998) se establecería una separación abiertamente
racista entre una minoría mestiza Ladina, constitutiva de la ciudadanía na-
cional, diferenciada y opuesta a una masa indígena marginada, considerada
inferior, y excluida de la ciudadanía. Incluso en la «década democrática»
(1944-1954), los gobiernos de Arévalo y Arbenz si bien removieron del dis-
curso y prácticas de un reformulado mestizaje algunas de las instituciones
más segregacionistas hacia los indios (trabajo forzado), e implementaron
medidas correctoras de la marginación como la reforma agraria, la educa-
ción general básica etc., por otra parte reforzaron el poder de las élites ladi-
nas en los niveles estatal y local, y confirmaron a la postre la concepción la-
dina de la nación (Hale, 2002).
Los casos peruano y boliviano muestran, a su vez, cómo se entrelazan
los procesos de nation building y state building, en este caso, mediante su
fracaso. En Perú, la construcción nacional se presenta como bipolar: indíge-
nas en las montañas y blancos y mestizos de la costa, indios en el campo y
blancos y mestizos en las ciudades. El mestizaje, como en Guatemala, sirvió
para separar más que para soldar el pueblo en nación: el mestizaje urbano y
134

EL INDIGENISMO POLÍTICO EN AMÉRICA LATINA
costero devino en la base de la nación y la ciudadanía frente al indígena
campesino destinado a la modernización, la aculturación o al mestizaje com-
pleto o incompleto (cholos). El proyecto de una hegemonía nacional mestiza
desde 1968 mediante una dictadura militar y el corporatismo autoritario ter-
minó en fracaso y represión, evidenciados en la matanza de Andahuaylas en
1974.
En Bolivia, el dualismo se establece de modo diferente: mestizaje
blanco —quechua y trabajadores mineros en Cochabamba, indígenas ayma-
ra en el altiplano, con sus representantes intelectuales en La Paz. A partir de
1952 los intentos de establecer un proyecto nacional hegemónico mediante
un Estado corporatista fracasaría tanto respecto a los aymara como a los
quechuas, generando la movilización indígena katarista en los setenta. En
ambos casos, sin embargo, la contestación histórica dirigida contra el Estado
en la Guerra civil andina (1780-1782) fue dirigida por líderes indígenas y la
represión contra los movimientos de Tupac Amaru y Tupac Katari fue reali-
zada sobre criterios étnicos, contribuyendo a cristalizar y profundizar las di-
ferencias entre mestizos e indígenas (Mallon, 1989).
En todos los casos examinados existe, empero, un rasgo común: los indí-
genas mayas, aymarás, quechuas, nahuas, totztiles, etc., resultan incorporados
de modo marginal y precario al proyecto nacional, mediante una instituciona-
lización corporativista del Estado, autoritaria o liberal, a través de sindicatos,
ejidos o ayllus, organizaciones campesinas, confederaciones nacionales, refor-
mas agrarias, gamonalismo, caciquismo o caudillismo, e identificados primero
como ciudadanos (de segunda) y posteriormente como campesinos (pobres).
Como ciudadanos inicialmente, pues tal es el objetivo de las políticas «indige-
nistas» a partir de los años cuarenta: la integración del indio, su nacionaliza-
ción, mediante la educación (programas de bilingüismo con el objetivo de la
enseñanza del castellano), desarrollo de arte y artesanía indígena, mejoras
agrícolas, desarrollo comunitario recurriendo a instituciones tradicionales reo-
rientadas y refuncionalizadas (cabildo abierto o asamblea pública, mita o tra-
bajo colectivo), todo ello mediante el recurso a la ingeniería social y la activa
incorporación de las ciencias sociales (antropología, economía, historia...).
Como campesinos más tarde, pues las reformas agrarias de los setenta organi-
zan a los indios en sindicatos, cooperativas y otras organizaciones estructura-
das de acuerdo con el Estado corporativista y sin respetar ahora las institucio-
nes comunitarias tradicionales, consideradas obstáculos al desarrollo. Esta
identificación de los indios como campesinos, como «paisanos», como «pue-
blo» o «naturales», etc., diluye las dimensiones érnico-culturales de las comu-
nidades y las rearticula en una potente síntesis identitaria. De ahí «el silencio
del indio» (Bengoa, 2000; Favre, 1998), su invisibilidad contemporánea pro-
ducto de la institucionalización corporatista de los Estados latinoamerianos y
sus políticas de reforma agraria, de subsidios, de créditos, de promoción de or-
135

RAMÓN MÁIZ
ganizaciones sindicales o producción, etcétera, dirigidas todas ellas a los indí-
genas en cuanto campesinos (Sánchez, 1999).
Esta construcción identitaria desde el Estado, mediante el mito del mesti-
zaje,
de los indios como campesinos impreganra incluso los discursos de la
izquierda latinoamericana para la que, excepción hecha de Mariátegui (Ma-
riátegui,
1969),
verán en el indio a un campesino, si bien en su dimensión de
clase como explotado y potencial protagonista de la revolución. Así, el Che
Guevara tratará en todo momento a los quechuas y aymarás de Bolivia,
como campesinos a los que hay que convertir en revolucionarios, y no al
pueblo guaraní que aún no demandaba los derechos de autogobierno que
posteriormente conseguirá (Bengoa, 2000: 251). A su vez, los sandinistas
cometerían diversos errores aplicando un modelo jacobino de políticas so-
ciales a los «campesinos» de la costa atlántica antes de reconocer autonomía
política al pueblo Miskito (Gould, 1988).
No debe deducirse de lo anteriormente expuesto, sin embargo, que la
configuración identitaria, por parte de los Estados, de los indios como cam-
pesinos sea algo «artificial», contrapuesto a una supuesta dimensión «natu-
ral» de las comunidades indígenas. Para las ciencias sociales, a diferencia de
lo que ocurre con el horizonte interpretativo de la novela indigenista en la
que las comunidades constituyen mundos aparte, coherentes y estáticos,
opuestos al mundo del Estado y sus ciudades (véase como ejemplos Rumi la
comunidad de El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría o Abancay la ca-
pital provinciana de Los Ríos profundos de Arguedas) las identidades comu-
nales,
tanto como las nacionales, son constructos históricos y políticos, y se
gestan, mantienen o cambian con el paso del tiempo, en respuesta a las trans-
formaciones que se producen en el contexto estatal e internacional en el que
se insertan. Pues las comunidades indígenas son creaciones políticas cuya
unidad se articula precariamente en torno a un proceso de hegemonía, de
conflicto y poder que decanta una «versión» oficial identitaria que sirve de
foco de negociación y antagonismo con otras hegemonías alternativas loca-
les,
regionales o nacionales en un complejo campo de relaciones (Mallon,
1995;
Nugent, 1997; Parnell, 2002).
Por todo ello, como ya hemos señalado, resulta necesario abordar el
complejo conflicto de identidades políticas latinoamericanas en las tensiones
que se producen a partir de sus tres polos diferenciados: elitista criollo/mes-
tiza, campesina e indígena. El conflicto identitario se presenta así en un do-
ble frente: 1) por un lado la confrontación externa entre la identidad domi-
nante en los Estados latinoamericanos, la versión elitista de una ciudadanía
de primera clase, la criolla o mestiza/ladina elitista, y la identidad indígena
emergente; 2) por otro lado la competición interna entre dos alternativos
procesos de identificación de las clases populares en zonas de presencia in-
136

EL [NDKiRNISMO POLÍTICO EN AMÉRICA LATINA
dia: «campesino» e «indígena», que es el que nos ocupará en estas páginas.
Estas dos identidades en competencia proveen de un diferente principio de
articulación y hegemonía a un conjunto de elementos, algunos diferenciados
y otros comunes, como puede verse en la Figura 1, que enmarcan dos sínte-
sis,
impugnadoras ambas de la identidad elitista dominante, que a modo de
círculos secantes engloban dos posibilidades igualmente plausibles de auto-
comprensión de los intereses económicos, políticos, culturales, etc., de las
mismas poblaciones y comunidades.
FIGURA 1. Conflicto y competencia en el campo de las identidades en América latina
MESTIZO/CRIOLLO
CIUDADANO (Estado nacional)
ÉLITE NACIONAL
ÉLITE LOCAL
RICO
LENGUA ESPAÑOLA
I'A'I'R
!)N (cacique, gamonal)
NACIONALISMO
MILITARISMO
RACISMO
NKOL1BERALISMO
\ 1OLENCIA
COMHRCIO
MESTIZO
CLASfc
LENGUA ESPAÑOLA
DERECHO
TIERRA
HISTORIA
EXPLOTACIÓN NATURAL
ESTADO NACIONAL
CENTRALISMO
CLIENTELISMO
DERECHOS INDIVIDUALES
POBRE
MARGINADO
EXPLOTACIÓN
VIOLENCIA
OPRESIÓN
TRABAJO
COMUNIDAD
INDIO
KTNIA
LENGUA NATIVA
COSTUMBRE
TERRITORIO
MITO
ARMONÍA NATURAL
ESTADO PI.UR1NACIONAL
AU
TOGOBIKRNO
MOVILIZACIÓN
DERECHOS COLECTIVOS
137

RAMÓN MÁIZ
Estas tres dimensiones no agotan en modo alguno el complejo escenario
de identificación latinoamericano, la emergencia de las organizaciones y
movimientos de mujeres, por ejemplo, ha planteado en el seno tanto de la
élites cuanto de las comunidades indígenas-campesinas una rearticulación
transversal que afecta al entero campo de las identidades políticas, como el
ejemplo zapatista entre otros, ha puesto en evidencia.
Ambas identificaciones que aquí nos ocupan, campesina e indígena, re-
sultan políticamente construidas, procesuales y contingentes, esto es, en
modo alguno garantizadas por una determinación social originaria o esen-
cial, étnica o de clase, sino al albur una u otra de una dinámica de conflicto,
estrategia, elección y eventual desplazamiento. Desplazamiento identitario
que resulta producido por dos grupos de factores: 1) estructurales: institucio-
nes,
estado, economía, 2) estratégicos: organización, movilización y discur-
so.
Esto es, una identidad maya o aymará no es producto del redescubri-
miento o del retorno de una esencia étnica reprimida por la colonización es-
pañola y posteriormente por los Estados independientes criollos o mestizos,
sino que constituye el resultado de un proceso de producción y generaliza-
ción por parte de élites, intelectuales, partidos, organizaciones y moviliza-
ciones colectivas contemporáneas en determinados contextos nacionales e
internacionales, a partir del inicial repertorio de etnicidad disponible en cada
caso específico.
La teoría de las identidades de la elección racional considera que el dile-
ma identitario puede ser útilmente modelizado mediante un juego de coordi-
nación de dos jugadores (Hardin, 1995: 49; Laitin, 1998: 22). Ahora bien, si-
guiendo a Hardin en un juego de coordinación los intereses de los dos juga-
dores (A y B), a diferencia de lo que sucede en el «dilema del prisionero»,
no están en conflicto y pueden ser maximizados coordinándose mediante
dos estrategias. En efecto, como puede observarse en la Figura 2, tanto para
el actor A como para el actor B, resultan dos equilibrios, dos estrategias
igualmente preferibles: la coordinación en identidades compartidas, esto es,
campesino-campesino o bien indio-indio, frente a la descoordinación que
implicaría identidades heterogéneas y por lo tanto disturbadoras de la solida-
ridad del grupo: campesino-indio, indio-campesino.
Ahora bien, aplicando a nuestro problema el modelo de Laitin para iden-
tidades lingüísticas, este juego de coordinación aporta dos hipótesis de relie-
ve para el análisis de los procesos de identificación que aquí interesan; a
saber:
1) Una vez fijada una identidad común mediante coordinación, esta
tiende a ser estable y a durar en el tiempo (Hardin, 1995), por lo que los gru-
pos o comunidades que se encuentran en un determinado equilibrio (campe-
sino-campesino) o (indio-indio) tienden a considerar su identidad dada como
138

RI.
INLMGL-NISMO POLÍTICO F.N AMÉRICA LATINA
FIGURA
2. El
juego
de las
identidades
B
CAMPESINOINDIO
CAMPESINO
INDIO
2,2
1,1
1,1
\
2,2
inevitable, incluso «natural», existiendo pocos incentivos para la inestabili-
dad y la procura de nuevas identidades. Las identidades así interpretadas
como equilibrios de Nash de un juego de coordinación revisten característi-
cas de auténticos «puntos focales» en el sentido de Schelling, esto es, aque-
llas situaciones en que todos cooperan, generando coordinación en torno a
una identificación concreta (Schelling, 1960; Shepsle & Bonchek, 1997). De
este modo: a) ante la existencia de información imperfecta, esto es, incerti-
dumbre sobre el desarrollo del juego, la comunicación desempeña un papel
decisivo pues, en el caso que nos ocupa, genera un consentimiento tácito en
torno a unos elementos diacríticos (etnia o clase, por ejemplo) conferidores
de la identidad colectiva, la cual se gesta estratégicamente viendo o intuyen-
do el comportamiento identitario de los otros miembros del grupo; y b) a su
vez, las élites políticas y culturales, dotando a esta identidad de sentido,
creencias y valores, refuerzan su autoridad y ganan legitimidad para hablar
en nombre de su grupo (Laitin, 1998: 22).
2) Dado el refuerzo identitario obtenido mediante coordinación, el
paso de un equilibrio a otro (de «campesino-campesino» a «indio-indio»,
por ejemplo) requiere circunstancias exógenas que alteren los incentivos
tanto estructurales (cambios económicos o políticos, disponibilidad de apo-
yos,
crisis de las élites dominantes, etc.), como estratégicas (empresarios po-
líticos, recursos organizativos, disponibilidad heurística en los discursos, et-
cétera).
Todo cambio, además implica conflicto entre líderes y seguidores en
el interior del grupo: unos tratan de mantener la identidad anterior y otros
trabajan en pro de la nueva, residiendo en este conflicto no poca tensión e in-
cluso eventualmente violencia (Laitin, 1998b: 234).
En nuestro caso, a partir de un inicial equilibrio campesino-campesino,
determinadas circunstancias externas e internas hacen que determinados li-
139

RAMÓN MÁIZ
deres
e
intelectuales exploren nuevas identidades indígenas
y,
mediante
mo-
vilización
y
organización, consigan
que en
entornos favorables
se
alcance
una masa crítica
y se
produzca
un
«deslizamiento
en
cascada» («cascade
and
tipping effect») (Schelling,
1978) de los
grupos
y
comunidades campesinas
hacia
una
nueva identidad indígena. Pero como podemos comprobar, este
nuevo equilibrio identitario constituye algo
tan
artificial, esto es, político,
re-
sultado
de
estrategia, elección
y
contexto, como
la
previa identidad campesi-
na,
por más que el
propio esencialismo estratégico
de los
protagonistas
del
cambio
les
lleve
a
considerarlo mediante enunciados performativos —esto
es,
que
producen aquello
que
predican como
ya
dado—del estilo
de «el re-
torno
del
indio»,
o «la
recuperación
de las
señas
de
identidad»,
o aun
«cultu-
ra maya auténtica»,
etc.
La figura
3
muestra, siguiendo
el
modelo
de
deslizamiento
de
Laitin
aplicado
a
nuestro problema,
la
relación entre
las dos
funciones identitarias
campesina
e
indígena.
Así, en el eje de
abscisas situamos
—de 0 a 100 por
100—
el
número
de los
miembros
del
grupo
que se
identifican como campe-
sinos
o
como indígenas (mayas, mapuches, aymarás...);
y en el eje de las or-
denadas ubicamos
la
sumatoria
de
incentivos etnogenéticos,
eso es los in-
centivos selectivos
e
identitarios, positivos
y
negativos
que
cada individuo
recibe,
con
diversa procedencia,
en
función
de su
elección identitaria.
FIGURA 3. Competición de identidades indígena campesina
INCENTIVOS
ETNOGENÉTICOS
ETNIFICACIÓN
Identificación campesina
Identificación indígena
La situación contemporánea
en la
América latina
de los
ochenta
y
noven-
ta puede verse
así
representada
en la
evolución correlativa
de las
curvas
II
(identidad indígena)
y CC
(identidad campesina):
la
presencia creciente
de
140

KL INDIGENISMO POLÍTICO EN AMÉRICA LATINA
incentivos etnificadores de diverso tipo favorece la caída de la identificación
como campesinos hasta alcanzar el punto k donde se alcanza una masa críti-
ca de individuos que se autocomprenden como indios, lo que dispara al alza
la masiva identificación como indígenas de muchos grupos y comunidades.
La dependencia de los incentivos, que ahora veremos en detalle, apunta a
que,
así como la etnicidad diferencial y la marginación los indígenas, «que
siempre estuvo ahí», no se tradujo durante siglos en identificación indígena,
tampoco ésta, en sentido inverso, tiene por qué cristalizarse ahora como un
hecho inmutable, habida cuenta que resulta precario producto de una com-
pleja concatenación de factores. De esta suerte la erosión o desaparición de
algunos de estos incentivos estructurales o estratégicos bien puede traducirse
en una eventual «desindigenización», del mismo modo que en los noventa se
produjo un proceso de etnogénesis acelerada de los grupos y las comuni-
dades.
Todo lo anterior coincide con investigaciones de referencia en torno a
los conflictos étnicos, como las de Horowitz, que hace tiempo pusieron de
manifiesto, frente al reiterado esencialismo, que las identidades son más
dúctiles de lo que se suele considerar y que las fronteras entre los grupos
étnicos resultan asimismo mucho más porosas (Horowitz, 1985). La movi-
lización en sistemas estratificados {ranked systems) como los de América
Latina, al superponer la dimensión étnica y de clase, campesino/maya,
campesino/aymara, etc., sitúa el deslizamiento estratégico y la tensión en-
tre las identidades campesina e indígena en el fulcro de los procesos de
construcción de las identidades colectivas (Selverston-Scher, 2001: 56;
Mattiace, 2002: 236).
Así, pues, resulta necesario abordar la compleja estructura de incentivos
de varia índole que sugieren cursos de acción a determinados actores socia-
les de América latina en la década de los años ochenta y noventa, promo-
viendo su deriva identitaria indigenista. En lo que sigue nos centraremos, sin
pretensión exhaustiva alguna, en tres tipos de factores que contribuyen a ex-
plicar el salto cualitativo de las movilizaciones en términos de neoindigenis-
mo o indianismo en esta región; a saber:
1.
Una favorable Estructura de Oportunidad Política, tanto nacional
como internacional
2.
Una exitosa organización política tejida a partir de redes organizati-
vas previas y un eficiente repertorio de protesta
3.
Un discurso político identitario eficazmente enmarcador de los pro-
blemas indígenas, delimitando sus protagonistas y sus antagonistas.
141

RAMÓN MÁIZ
2.
ESTRUCTURA DE OPORTUNIDAD Y ETNIFICACIÓN DE LAS IDENTIDADES:
ACTORES, INSTITUCIONES Y POLÍTICAS
La existencia de una diferencia étnico-cultural indígena, así como la pre-
sencia de marginación, explotación y violencia ejercidas sobre bases étnicas
y aun racistas no predice necesariamente el surgimiento de conflicto y movi-
lización política etnicista (Stavenhagen, 1996: 285; Fearon & Laitin,
2003;
Gurr, 2000: 70; Cleary, 2000: 1148). Para que este potencial de movilización
étnica se traslade a la acción política se requiere además la concurrencia de
acontecimientos exógenos que generen inestabilidad en el equilibrio identi-
tario (en este caso campesino) tradicional y, en primer término, la presencia
de una favorable estructura de oportunidad política. Esto es, se necesitan de-
terminadas circunstancias contextúales que actúen de facilitadores o catali-
zadores de la movilización en clave de etnogénesis. La estructura de oportu-
nidad política incluye factores que afectan tanto a las estructuras e institucio-
nes del Estado y el escenario internacional, cuanto a los actores en
copresencia con el movimiento social de que se trate (Tarrow, 1994; Kriesi,
1995;
McAdam, McCarthy & Zald, 1999). En el caso de las movilizaciones
indianistas de los años ochenta y noventa del s. xx de América Latina exis-
ten al menos tres factores de apertura de oportunidades que merecen ser des-
tacados por su capacidad de abrir espacios y actuar de facilitadores de la ac-
ción colectiva sobre bases étnicas:
a) la democratización de los sistemas políticos,
b) las políticas de regulación étnica,
c) el apoyo internacional.
En lo que se refiere al primer factor, es preciso prestar atención, en pri-
mer lugar, al hecho de que la apertura democrática de los sistemas políticos
favorece la movilización popular, pero no explica por sí sola por qué estas
movilizaciones se producen en términos étnicos e indianistas. Como ejem-
plifica el caso que podría parecer de los mas claros a estos efectos, Guatema-
la, si bien la democratización de los ochenta fue decisiva en cuanto supuso la
apertura de un ventana de oportunidades para la movilización maya, por sí
sola no da cuenta de por qué 1) estas movilizaciones surgieron previamente
a la apertura democrática y 2) con una perspectiva mayanista (Bastos y Ca-
mus,
1993, 1995, 2003). Y en, en segundo lugar, es necesario explorar las
causas de por qué la movilización asume diferentes repertorios de acción, en
unas ocasiones formas violentas de lucha armada y en otras ocasiones, ma-
yoritarias, se selecciona un repertorio de movilización no violento.
El peso de la oleada democratizadora de los últimos veinte años resulta
decisiva a los efectos de la etnificación de la política latinoamericana por
dos razones: 1) la liberalización de los regímenes y el descenso de la repre-
142

F.I. INDIGENISMO POLÍTICO EN AMÉRICA LATINA
sión, permitió una mayor capacidad de organización, propaganda y proseli-
tismo en las zonas rurales para los empresarios políticos y lideres indígenas;
2) el paralelo proceso de descentralización de alguno de los Estados, espe-
cialmente hacia el ámbito municipal, genera nuevos escenarios políticos de
competición local en lo que los lideres indigenistas se desenvuelven con
ventaja relativa. El caso de Bolivia resulta paradigmático en este sentido.
Ahora bien, tradicionalmente los empresarios políticos populistas y los
grupos de extrema izquierda habían movilizado la protesta popular en
América Latina, incorporando a los grupos y comunidades indígenas como
campesinos. De este modo, tal y como hemos explicado en el primer apar-
tado de este capítulo, un equilibrio identitario campesinista se ve reforzado
por al masiva asunción de una autocomprensión de clase («paisanos», «po-
bres», etcétera) así como por el refuerzo de los líderes impulsando deman-
das,
representaciones y políticas clasistas, bloqueando la dimensión étnica
en el discurso y la práctica de los movimientos sociales. Así en México,
Guatemala y Perú, por ejemplo, los grupos y comunidades indígenas se in-
corporan como campesinos, en diverso grado y con muy diferentes trayec-
torias y orientaciones políticas, a protestas, rebeliones y movilizaciones de
diverso tipo. Incluso en Bolivia los partidos populistas Conciencia de la
Patria (CONDEPA) y Unidad Cívica Solidaridad utilizaron motivos indí-
genas y retórica indigenista pero al servicio de la tradicional política clien-
telar de intercambio de votos por favores con los campesinos (Van Cott,
2000).
Habría que esperar al MAS de Evo Morales para que la moviliza-
ción de los cocaleros se articulara como demanda indigenista. En Nicara-
gua, los problemas de la revolución sandinista con los Misquitos de la cos-
ta atlántica, muestran cómo la movilización popular y las políticas de so-
ciales y desarrollo se pretendían asentar sobre bases de clase, destinadas a
«campesinos pobres», desde una perspectiva mestiza, desconsiderando la
problemática indígena y rechazando hasta fechas muy tardías el reconoci-
miento del pluralismo cultural y la concesión de autonomía política
(Gould, 1998).
Ahora bien, como veremos luego, la participación de los indígenas en
movimientos, guerrillas, etc., campesinistas permitiría la adquisición de una
valiosa experiencia organizativa, militar, la consecución de un capital social
de contactos y redes que serán utilizadas con posterioridad al servicio de
causas indigenistas, como sucede en México y en Guatemala. La herencia
del fracaso de las reformas agrarias y las subsiguientes movilizaciones cam-
pesinas de la década de los sesenta y setenta resultan claves para entender la
capacidad de etnifícación política posterior en términos indigenistas, apor-
tando a esta última un doble y valioso legado: insatisfacción generalizada y
redes organizativas relativamente sólidas (Albo, 1991; Le Bot, 1995).
143

RAMÓN MÁIZ
Los análisis estadísticos disponibles sobre la relevancia de este factor ex-
plicativo, arrojan asimismo un balance muy matizado. Así, la democratiza-
ción abre una oportunidad para la movilización, habida cuenta que disminu-
ye el costo de la acción, y disminuye la probabilidad de rebelión violenta.
Cleary, por ejemplo, muestra que el tipo de régimen autoritario o democráti-
co constituye la variable independiente decisiva para dar cuenta de la pre-
sencia de rebelión violenta con perspectiva indigenista, siendo ésta más pro-
bable en regímenes autoritarios, mientras la movilización pacifica es mas
probable en regímenes democráticos (Cleary, 2000).
Este tipo de análisis apunta además inequívocamente a que en países con
una democracia muy frágil, defectiva o no consolidada, la movilización étnica
constituye el resultado de la frustración de expectativas causada por la incapa-
cidad de los Estados de hacer frente a las demandas de los grupos indígenas,
especialmente allí donde ha existido una tradición de movilización social so-
bre bases no étnicas. Gurr y Moore, en este sentido, señalan en un importante
estudio la necesidad de desglosar democratización y represión, de tal suerte
que el uso de la democracia como unproxy para la presencia de baja represión
resulta muy discutible (Gurr & Moore, 1997). De hecho la represión, como
hemos visto en la Figura 1, funciona como factor de autoidentificación; esto
es,
en contextos totalitarios los sectores populares indígenas se perciben ante
todo como víctimas de la violencia, la cual alcanza en no pocas ocasiones di-
mensiones brutales, ocasionando auténticas masacres genocidas (Gutiérrez,
2002,2003), dependiendo la articulación identitaria campesina o indígena, en-
tre otras cosas, del tipo de selectividad represiva y «targetting» que se produz-
ca. Así, incluso en procesos de democratización, la persistencia de «regímenes
híbridos» en América latina (Karl, 1995), permite el mantenimiento de altos
niveles de represión que juegan un papel decisivo en la etnificación de las de-
mandas por dos razones: 1) apertura formal o dispar de oportunidades de ex-
presión de demandas, por un lado, y represión por la otra, lo que exacerba la
frustración de expectativas; y 2) represión selectiva de los indígenas en cuanto
indígenas, lo que refuerza la etnógenesis de los actores objeto de la misma.
Así, en Guapas el carácter represivo del Estado y las élites locales se convier-
te en factor de atracción de empresarios políticos varios para la movilización
colectiva y, con el tiempo, se convierte en fuente de etnificación política (Har-
vey, 1998: 127). En Juchitán la represión del COCEI constituyó durante los
años setenta uno de los elementos fundamentales de rearticulación de las de-
mandas de campesinos pobres en indígenas zapotecas en demanda de su auto-
nomía (Rubin, 1997: 227). En Bolivia, el movimiento katarista resulta deudor
de la fractura del pacto campesino-militar tras la matanza de Cochabamba,
que radicalizó a muchos intelectuales aymarás los cuales pasarían a defender,
a partir de entonces, una línea política indigenista (Rivera, 1986).
144

F.L INDIGENISMO POLÍTICO FK AMÉRICA LATINA
Reviste especial interés la evolución de los Estados latinoamericanos en
relación con las políticas liberales y, sobre todo, neoliberales de los años
ochenta y noventa, pues éstas afectan tanto a la estructura institucional de las
fórmulas corporativas clásicas, cuanto al modelo de políticas campesinas y
reformas agrarias que los gobiernos de los años cincuenta y sesenta habían
seguido. En este orden de cosas algunos investigadores (López Rivas, 1995;
Polanco, 1997; Yashar, 1997; Sánchez, 1999) ha señalado que, por un lado,
la liberalización política de los años 80 en América latina ha significado en
el nivel macro la apertura de oportunidades de movilización, habida cuenta
que la desmilitarización y apertura de los regímenes han permitido abrir nue-
vos espacios de libertad de expresión y organización. Y en el nivel micro la
aparición de incentivos para que se produjera movilización en términos in-
dianistas, derivados tanto de la frustración de expectativas políticas demo-
cráticas de la participación de las comunidades campesinas, cuanto del des-
mantelamiento de las instituciones corporativas agrarias tradicionales. En
este sentido, se ha argumentado que las políticas neoliberales han erosionado
la frágil autonomía de las comunidades indígenas tanto en lo que se refiere a
las propiedad comunitaria, cuanto a las formas de autoridad locales que
mantenían un precario nivel de autonomía. Las movilizaciones de los años
noventa serian el resultado de la erosión de los derechos y libertades comu-
nitarios debido a la desaparición de las anteriores políticas corporatistas que,
si bien se traducían en prácticas de clientelismo y corrupción mediante inter-
cambio de apoyo político por favores y la utilización de fondos públicos
para fines privados, permitían un relativo flujo de recursos a estos grupos y
una cierta capacidad de autogobierno tradicional. Así, en varios países como
Bolivia, Ecuador o México, los años noventa estarían marcados, por una
parte, por la desaparición de las políticas corporatistas, por otra, por una ma-
siva penetración del mercado, pérdida de la propiedad colectiva de las tie-
rras,
expulsión de poblaciones indigerías de sus territorios y descenso de los
salarios en la agricultura (en algunos casos hasta un 30 por 100). A ello ha-
bría de añadirse la erosión de los derechos individuales de los campesinos
(O'Donnell, 1993, 1995), la extensiva colonización de tierras en la amazonia
y la presencia de multinacionales de la minería y el petróleo, madereras, etc.,
ocupando muchas veces mediante la violencia, tierras indígenas. Este desa-
fio múltiple a la propiedad, derechos y autogobierno canalizaría la moviliza-
ción de los campesinos en cuanto indios articulando la demanda de derechos
individuales (políticos y sociales) conjuntamente con la demanda de dere-
chos colectivos étnicos (Yashar, 1997: 14).
Sin embargo, este argumento debe ser matizado, pues presenta serios
problemas de encaje temporal. Por una parte parece claro que la liberaliza-
ción de las políticas corporatistas, el fin del populismo agrario y el giro neo-
145

RAMÓN MÁIZ
liberal se han traducido en reducción de la afluencia de recursos mediante
intercambio directo, la frustración de expectativas y una suerte de percep-
ción de «abandono» de los Gobiernos a las poblaciones indígenas. Las polí-
ticas liberales iniciadas en México partir de 1982 significaron para los cam-
pesinos chiapanecos, por ejemplo, el fin de los subsidios a la producción
agrícola y del apoyo a la comercialización, así como que, por ejemplo, los
pequeños productores de café se vieran inermes ante las multinacionales ca-
fetaleras. En 1992, con la reforma del articulo 27 de la Constitución se abrió
la posibilidad de privatización de los ejidos y la nueva Ley agraria permitiría
a los ejidatarios vender o arrendar sus tierras a las compañías privadas, desa-
pareciendo además el derecho de los campesinos sin tierras a solicitarlas al
Estado para su cultivo (Mattiace, 2002: 35; Sánchez, 199: 25).
Esto daría lugar a la activación del mecanismo del miedo comunitario al
futuro, subrayado por estudiosos del conflicto étnico («collective fears of fiitu-
re»).
El desentendimiento del Estado daría lugar al empeoramiento de las con-
diciones de vida y a la percepción generalizada de abandono y temor, lo cual
facilitaría su explotación política por parte de empresarios políticos como eje
de una articulación de los agravios y reivindicaciones en clave de grupo étni-
co,
mediante organización y discurso basado en mitos y narrativas de opresión
y explotación de los indios y la competición por recursos escasos. La interre-
lación estratégica entre grupos criollos, mestizos e indígenas y en el seno de
los grupos entre lideres y comunidades conduce a la generación de un contex-
to (fallos de información + comunicación) de eventual coordinación en térmi-
nos étnicos e indigenistas (Lake & Rothchild, 1998: 11).
Pero el neoliberalismo constituye un factor sobrevenido, que agudiza
procesos que se venían registrando desde mucho antes, al menos de los años
setenta, y que constituyen momentos claves de la movilización indigenista.
Algunos autores, por ejemplo, argumentan que las movilizaciones indígenas
se originaron a raíz del fracaso de las políticas agrarias desarrollistas y las
reformas agrarias de los años sesenta y setenta. Así sucede en el caso de
Guatemala con los procesos de modernización y el fracaso de las políticas
desarrollistas de modernización de la agricultura (Le Bot, 1994; Bastos y
Camus, 1993, 1995). En el caso de Ecuador, Rosero ha puesto de relieve
cómo la crisis agropecuaria de los setenta, profundizada en la década si-
guiente, generaría los primeros impulsos del indigenismo político que se
reafirmaría con las medidas neoliberales de los 90 (Rosero, 1990; Porras,
2001).
Respecto a México, otros autores afirman que será el incumplimiento
de las promesas de la revolución: créditos, reforma agraria, precios políticos
en la década de los ochenta, y sólo más tarde con Salinas y el neoliberalismo
de los noventa se producirá la crisis definitiva y el despegue de la etnogéne-
sis indígena (Collier, 1994). Otros ponen de relieve que el neozapatismo
146

EL INDKiF.N'ISMO POLÍTICO L:N AMF.RICA LATINA
nace sobre la base del amplísimo repertorio de capital social redes, lideres y
movimientos campesinos puestos en pie durante los años setenta y ochenta
(Harvey, 1998: 134), a los que se incorporarían universitarios proletarizados
post'68 de la universidad de México y sólo muy tardíamente, avanzados los
noventa se articularía, una vez frustrada la posibilidad de una revolución so-
cialista la nueva antítesis política de neoliberalismo e indigenismo.
Un segundo factor de la estructura de oportunidad política está constituido
por las políticas de regulación étnica y el relativo reconocimiento institucional
de las comunidades indígenas en América latina. En primer lugar, puede cons-
tatarse cómo las políticas indigenistas, diseñadas para conseguir la asimila-
ción mediante aculturación de los indígenas y su conversión en ciudadanos del
Estado nación correspondiente, tuvieron a largo plazo consecuencias no inten-
cionales debido a su efecto sustantivador de las identidades («target effect»)
de las comunidades. Y es que tratar poblaciones de modo diferenciado, singu-
larizándolas mediante políticas de regulación étnica produce a menudo el
efecto, como se ha sido puesto de manifiesto en investigaciones comparadas
(Satvenhagen, 1996: 294; McGarry & O'Leary, 1993; Gurr, 1993; Brubaker,
1996),
de reforzar la identidad colectiva de los pueblos o minorías objeto de
tales políticas, deviniendo factores de refuerzo identitario. Esto es, al tratar de
modo específico a las comunidades indígenas, al normalizar lingüísticamente
en castellano, por ejemplo, empleando las lenguas y profesores nativos para su
enseñanza, así como al implemcntarse estas y otras políticas como las agrarias
a través del sistema de autoridades y estructuras institucionales tradicionales,
etc.,
se contribuyó a sustantivar el sentido de pertenencia a la comunidad y
con ello a poner las bases susceptibles de ser activadas posteriormente por em-
presarios políticos indianistas (Stavenhagen, 1996: 294). Así, en America La-
tina las políticas indigenistas reforzarán involuntariamente la pertenencia co-
munitarsta sobre bases étnicas, actuando sobre la base ya mencionada más
arriba de frustración de expectativas (privación relativa) y redes organizativas
preexistentes (Stavenhagen, 1992; Le Bot, 1995). En México, por ejemplo,
desde la década de los treinta hasta los setenta la organización mas poderosa
par los indios fue la Confederación Nacional Campesina, a través de la que el
gobierno canalizaba los créditos agrícolas oficiales y mediante la que se con-
tribuía a generar identificaciones campesinas al dirigirse a los indios en cuanto
campesinos, poniendo en un segundo plano la dimensión étnica de sus identi-
dades colectivas. Pero en 1975 se crean los Consejos supremos Indígenas al
hilo del congreso de Pátzcuaro (Michoacán), articulados por el Consejo Na-
cional de los Pueblos indígenas, que constituirá un incentivo para la organiza-
ción de los campesinos en clave étnica, y para canalizar sus tradicionales rei-
vindicaciones campesinas reformuladas ahora desde el nuevo principio hege-
mónico indigenista (Fox, 1994; Mattiace, 1997: 231).
147

RAMÓN MÁIZ
En segundo lugar, ha de llamarse la atención sobre el parcial reconoci-
miento constitucional de las culturas y comunidades indígenas en diversos
países de América Latina. Por más que en muchos casos el reconocimiento
cultural formal no de lugar a desarrollos efectivos y no se implemente políti-
camente, constituyendo lo que se ha denominado «Reconocimiento retórico
del multiculturalismo» (Van Cott, 2000), su efecto de refuerzo de las deman-
das indianistas ha resultado muy importante para la etnificación de los actores
populares y sus movilizaciones, suponiendo de hecho el final de la larga «in-
visibilidad» de los indios. Habida cuenta que las instituciones no solamente
restringen el abanico de cursos de acción a disposición de los actores, sino que
generan preferencias e incluso, con el paso del tiempo, identidades, las regula-
ciones constitucionales del reconocimiento del multiculturalismo, abriendo
una brecha en los Estados nación monoétnicos de América Latina basados en
el mestizaje, constituyen un factor de etnogenético de primer orden. De esta
suerte las regulaciones constitucionales, constituyendo una inicial respuesta a
demandas y concepciones previas, devienen a su vez en incentivos institucio-
nales que potencian la creación de identidades colectivas indígenas en el seno
del Estado. Las reformas de las constituciones constitucionales de Guatemala
(1985,
1998), Nicaragua (1987), Brasil (1988), México (1992-1994, 1995),
Colombia (1991), Perú (1993), Ecuador (1998), Venezuela (2000), etc., indi-
can un camino creciente de reconocimiento del pluralismo cultural que inclu-
ye alguna de las siguientes áreas (Van Cott, 200: 265):
— el reconocimiento de la naturaleza multicultural de las sociedades y la
existencia de los pueblos indios como sujetos colectivos de derechos
— reconocimiento del derecho consuetudinario indígena y su vigencia
normativa
— reconocimiento del derecho de propiedad colectiva de la tierra y su
protección
— reconocimiento de la cooficialidad de las lenguas indígenas
— derecho a la educación bilingüe en las comunidades indígenas.
Pese a la existencia de una gran distancia entre las declaraciones jurídicas
y la implementación de políticas públicas que las actualicen y aun del hecho
de que en ningún país, con la excepción de Ecuador a partir de la reforma de
1998,
están presentes las cinco áreas mencionadas, la presencia de derechos
colectivos de base indígena comunitaria han permitido no solamente romper
con la lógica monocultural del Estado nación (un Estado = una nación = un
pueblo = una cultura = una lengua), sino dotar de una base jurídica y política a
las demandas de derechos culturales y lingüísticos, así como, lo que constitu-
ye un salto cualitativo, del derecho a la autonomía y autogobierno territorial.
A estos efectos, se ha distinguido entre una primera etapa de etnificación de
las demandas (1992-1995) centradas en el reconocimiento constitucional de
148

EL INDIGENISMO POLÍTICO EN AMÉRICA LATINA
los derechos culturales y educativos; y una segunda etapa (1996-1998) en la
que la autonomía y la autodeterminación se convierten en las demandas cen-
trales del movimiento indígena de la mano del EZLN (Trejo, 2002: 10). El re-
conocimiento de la autonomía del Estado de Oaxaca tras las modificaciones
constitucionales de 1998 constituyen buena muestra del nuevo ámbito de re-
forma institucional, aún muy limitado, al que aludimos.
La autonomía devendrá paulatinamente, siguiendo el ejemplo y las lec-
ciones de Nicaragua, en eje vertebrador del conjunto de demandas indígenas
en su madurez (González, 1997; Díaz Polanco, 1997: 185; Sánchez, 1999:
172).
Así, por ejemplo, la reivindicación de autonomía indígena en Chiapas
articula y cohonesta diversas demandas económicas, políticas y culturales:
derecho a desarrollar y autoadministrar los recursos naturales; el derecho al
autogobierno, al reconocimiento de las autoridades tradicionales y del dere-
cho consuetudinario, y al gobierno compartido en los niveles local, regional
y nacional; reconocimiento de la oficialidad de los idiomas indígenas, la
educación bilingüe, y el respeto a tradiciones y costumbres. Otro tanto suce-
de en las propuestas mapuches en Chile donde la auatodeterminación asi-
mismo se reformula como derecho a la autonomía de la «nación mapuche»
(Marimán, 2003).
El desarrollo reciente de la reivindicación de autonomía y con ello de la
reforma de los Estados nación centralistas de América Latina sintoniza con
algunas de las aportaciones recientes de la investigación en la materia. En
efecto, el debate clásico enfrentaba a quienes sustentaban que en la resolu-
ción de los coflictos étnicos las soluciones de acomodación y reconocimien-
to previenen la opresión y promueven la integración y la convivencia (Horo-
witz, 1985; MacGarry & O'Leary, 1993; Gurr, 1993), y quienes insistían,
por el contrario, en que la dotación de derechos colectivos provee de adicio-
nales recursos y dispara al alza las demandas de los movimientos étnicos o
nacionales, agudizando el conflicto (Zinder, 2000; Mozaffar & Scarrit,
2000).
Actualmente el análisis es más matizado: si bien se acepta que las po-
líticas de acomodación rebajan tensión, despotencian la violencia y promue-
ven la integración, se hace depender su éxito del diseño cuidadosamente de-
mocrático y participativo de las instituciones de autogobierno, de que no fi-
jen fronteras estancas ni permitan apoderamiento excesivo de las élites
tradicionales (Hetcher, 2000; Gurr, 2000; Horowitz, 2001; Fearon & Laitin,
2002;
Máiz & Safran, 2000; Trejo, 2002). Resulta de enorme interés en este
sentido el actual debate en México entre la autonomía de las comunidades y
la autonomía regional mediante la institucionalización de «Regiones Autó-
nomas Pluriétnicas». En este último caso, a diferencia de los mixes de Oaxa-
ca o los zapotecas de Juchitán, no se trata de la constitución de un naciona-
lismo primordialista monoetnico («un cuarto piso comunal»), sino añadir un
149

RAMÓN MÁIZ
escalón mas, cualitativo, de autogobierno al sistema federal, reformulando
éste por entero en muchos de sus supuestos históricos (comenzando por el
mestizaje fundador), repensado desde el pluralismo y la participación («un
cuarto piso regional»). De este modo, más que desde el aislacionismo etni-
cista de un «México profundo» (Bonfil, 1987: 9) postulado en oposición al
«México imaginario», que tiende a volver políticamente innegociables las
demandas y a generar identidades excluyentes y no superpuestas, se trata de
rearticular un federalismo pluralista y descentralizado que conjugue cohe-
sión y diversidad, autogobierno y gobierno compartido. Solamente en una
perspectiva de democratización autonómica, además, podrá procederse a su-
perar los obstáculos internos, derivados de las formas de gobierno y autori-
dad tradicionales, tales como la superación de la subordinación política de
los jóvenes y las mujeres (Mattiace, 2002; Díaz Polanco, 1994, 1996; Sán-
chez, 1999; Van Cott, 2000).
Finalmente, en tercer lugar, entre los eventos exógenos que abren la es-
tructura de oportunidad política facilitando el deslizamiento desde una iden-
tidad campesina hacia la activación de identidades colectivas indígenas, ha
de incluirse la dimensión internacional. En efecto, decisivos cambios que tu-
vieron lugar en la arena internacional se tradujeron en el cambio de mentali-
dades e ideologías, así como en la reorientación de instituciones y actores in-
ternacionales, que supusieron una presión externa adicional hacia el interior
de los Estados nacionales monoétnicos de América Latina.
Ante todo, la crisis del comunismo, el derrumbe de la Unión Soviética y
las revoluciones democráticas de la Europa del Este, ejemplificados en la caí-
da del muro de Berlín en 1989, aceleraron la crisis de la política en términos
«clasistas» que se venía arrastrando desde los años anteriores. Ello supuso un
traslado parcial de la articulación ideológica, organización y movilización en
una perspectiva de clase, a otras en perspectiva de cultura. Con esto se abrió
paso la posibilidad de reformulación de nuevas identidades colectivas, y en
especial las identidades étnicas en América Latina (Stavenhagen, 2001). Asi-
mismo el final de la Guerra Fría despotenció la dependencia de la izquierda
latinoamericana del movimiento revolucionario internacional comunista, lo
que a efectos internos permitió una nueva política de identidad indígena, y
a efectos externos diluir las acusaciones de conexiones internacionales co-
munistas que se lanzaban sobre el movimiento campesino (Bengoa, 2000).
En segundo lugar, debe mencionarse el apoyo de la ONU a partir de la
aprobación de la Convención 169 en el año 1989 sobre pueblos indígenas y
tribales. Esta convención supuso un punto de inflexión en la generación de
un clima internacional de favorecimiento de los derechos de los pueblos in-
dígenas y la dotación a los líderes y organizaciones indianistas de un valiosí-
simo instrumento de refuerzo para sus demandas. En concreto, el derecho al
150

EL INDKillNlSMO POLÍTICO EN AMKRICA LATINA
mantenimiento y desarrollo de la propia lengua y cultura de los pueblos indí-
genas,
así como el reconocimiento del derecho de autodeterminación conce-
bido como derecho al autogobierno y a la autonomía, constituyeron un apo-
yo externo fundamental para las movilizaciones indigenistas en América La-
tina. La progresiva ratificación por parte de los Estados latinoamericanos de
la Convención 169 iría de la mano de las reformas constitucionales multicul-
turales, ya aludidas, en muchos de estos países; así: México en 1990, Bolivia
y Colombia en 1991, Costa Rica y Paraguay en 1993, Perú en 1994, Guate-
mala en 1996, Argentina y Ecuador en 1998 (Van Cott, 2000).
En tercer lugar la presión de las Organizaciones no Gubernamentales en
el ámbito internacional, a partir de la Conferencia auspiciada por la ONU en
1977 y su creciente y masiva presencia en tierras indígenas de America Lati-
na constituye un factor externo fundamental en la movilización indigenista,
la cual va a resultar en muchos lugares muy favorecida por este aporte exter-
no.
En efecto, las ONG aportarán a las comunidades indígenas recursos de
todo tipo: económicos (fondos y programas de ayuda al desarrollo, agrícola
y comunitario), organizativos y políticos (redes de capital social y conexio-
nes en el ámbito americano y europeo), intelectuales y morales (autorrespeto
y dignidad de la propia cultura, lengua y tradiciones).
A todo lo cual debe añadirse la importante aportación de programas de
cooperación de gobiernos europeos y norteamericanos (la Sociedad alemana
para la cooperación técnica, la DANIDA de Dinamarca, la CIDA de Canadá,
la AECI española, el programa noruego para los pueblos indígenas, etc.), así
como los programas del PNUD, el BID y, por último, el cambio de las políti-
cas anteriores de instituciones como el Banco Mundial a partir de la Directi-
va Operativa sobre pueblos indígenas de 1991, el programa de 1993 para los
pueblos indígenas de América latina, o el apoyo al Corredor biológico Me-
soamericano.
En cuarto y último lugar debe mencionarse un factor externo que sería de
no escaso relieve para la movilización indigenista y que muestra además la
naturaleza dinámica de la EOP, esto es, la posibilidad de ampliación política
por parte del movimiento de sus oportunidades iniciales; a saber: la celebra-
ción del Quinto Centenario del Descubrimiento de América en 1992, que
proporcionaría un contexto de gran visibilidad internacional para las deman-
das indigenistas en América Latina. La Campaña Quinientos Años de Resis-
tencia impulsó la creación en casi todos los países latinoamericanos de Co-
misiones en las que participaron desde diversas instancias intelectuales y di-
rigentes indígenas, así como las propias comunidades, lo que generó un
vasto movimiento político e intelectual en torno a la realidad de la coloniza-
ción y al silenciamiento del indio en América Latina. Así, ya en 1988 el Ma-
nifiesto de la CONAIE en Ecuador, de la Campaña 500 años de agresión,
151

RAMÓN MÁIZ
500 años de resistencia y por la emancipación de los pueblos, reclamaba «el
protagonismo de las naciones indígenas» de América Latina y el surgimien-
to de un «Estado plurinacional». Las marchas por la Dignidad y resistencia
India como la concentración en la Plaza Mayor, El Zócalo, de México, se
dieron la mano con la concesión del premio Nobel de la Paz a Rigoberta
Menchú, indígena guatemalteca, en ese mismo año de 1992, y sirvieron para
dotar al movimiento indigenista de una excepcional repercusión nacional e
internacional. Todo ello realimentó notablemente en las otras dimensiones
internacionales ya citadas suscitando nuevos apoyos económicos y políticos
de instituciones internacionales, programas de ayuda específicos para comu-
nidades indígenas, masiva llegada de ONGs, etc., lo cual no sólo contribuyó
a la creación de un entorno internacional favorable para las organizaciones,
sino además una presencia ante la opinión pública, un mayor control y vigi-
lancia sobre la represión ejercida sobre las movilizaciones, y un flujo cierta-
mente importante de recursos.
3.
DESARROLLOS ORGANIZATIVOS INDIGENISTAS Y REPERTORIOS
DE MO