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Reformas estructurales en Argentina y su impacto sobre la pequeña agricultura. ¿Nuevas ruralidades, nuevas políticas?.

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Reformas estructurales en Argentina y su impacto sobre la pequeña agricultura. ¿Nuevas ruralidades, nuevas políticas?.

Abstract

Este artículo analiza el impacto de la globalización sobre la agricultura y en particular sobre el sector de pequeños productores pobres en América Latina y Argentina a partir de la liberalización económica y el surgimiento de un nuevo sistema agroalimentario en los ochenta. Asimismo, explora el efecto de las políticas del Estado y sostiene que estas reformas transformaron sus sistemas productivos en nuevas formas laborales asalariadas, caracterizadas por una mayor precariedad y flexibilidad. Aun cuando en Argentina hubo un incremento de la producción exportable y se modernizó el sector, los sistemas de producción y reproducción social se deterioraron sistemáticamente. Se insiste en la necesidad de nuevos estudios que profundicen el análisis respecto al nuevo escenario rural, a fin de formular nuevas políticas públicas capaces de revertir esta tendencia de la pequeña agricultura.
Estudios Sociológicos
El Colegio de México
public@colmex.mx
ISSN (Versión impresa): 0185-4186
MÉXICO
2004
Esteban Tapella
REFORMAS ESTRUCTURALES EN ARGENTINA Y SU IMPACTO SOBRE LA
PEQUEÑA AGRICULTURA. ¿NUEVAS RURALIDADES, NUEVAS POLÍTICAS?
Estudios Sociológicos, septiembre-diciembre, vol. XXII, número 003
El Colegio de México
Distrito Federal, México
pp. 669-700
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Universidad Autónoma del Estado de México
http://redalyc.uaemex.mx
TAPELLA: REFORMAS ESTRUCTURALES EN A RGENTINA… 669
669
Reformas estructurales en Argentina
y su impacto sobre la pequeña agricultura.
¿Nuevas ruralidades, nuevas políticas?
Esteban Tapella
Introducción
DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS, LA EXPANSIÓN del capitalismo, la globa-
lización y las políticas de liberalización de la economía han transformado la
sociedad rural en América Latina. Para muchos países de la región, la adop-
ción de las políticas de estabilización y ajuste estructural (PEAE), la expan-
sión de las grandes corporaciones transnacionales agroindustriales (CTA) y la
integración de la agricultura en el nuevo sistema agroalimentario mundial,
han modificado drásticamente la estructura y las condiciones de producción
del sector agrícola. Estos procesos han contribuido a la configuración de lo
que se ha dado en llamar una “nueva ruralidad” en América Latina.
Sobre la base de fuentes secundarias de información y evidencias empíri-
cas, este ensayo analiza cómo estas reformas han impactado en la estructura
agraria en América Latina y en Argentina. Se explora con especial dedica-
ción el caso Argentino, analizando el impacto que las políticas del Estado,
tanto económicas como sociales, han tenido sobre el sector de pequeños pro-
ductores agropecuarios pobres.1 Si bien se reconoce que durante los noventa
1En este trabajo se usa el término “pequeño productor agropecuario pobre”, “pequeño
productor” o “pequeña agricultura” para hacer referencia a aquellos productores minifundistas,
colonos, cañeros o chacareros que tienen en común —entre otras— las siguientes característi-
cas: 1) producen principalmente con mano de obra familiar, combinando una estrategia de
producción para el autoconsumo con ventas en el mercado local (casi siempre en condiciones
informales), 2) tienen escaso capital y una tenencia precaria de la tierra, y 3) suelen realizar
trabajos extraprediales temporarios tales como siembra, cosecha, zafra, poda, etc., para comple-
mentar ingresos. No se utiliza el término “campesino”, ya que sólo en algunas provincias del
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el sector agropecuario presentó un incremento excepcional de la producción y
las exportaciones, así como un cambio tecnológico muy significativo, se brinda
especial atención a la manera por la cual la integración a la economía global
ha producido un proceso dual y sumamente injusto. Esto es, un incremento
de la producción, crecimiento y concentración del poder económico, por un
lado, y peor distribución de la riqueza, intensificación de las desigualdades
internas, y deterioro de las ya precarias condiciones de vida y producción de
los pequeños productores de escasos recursos, por el otro.
Este análisis adquiere relevancia en cuanto que el sector de pequeños
productores (unas 180 000 familias aproximadamente) representa la mitad
de las explotaciones agropecuarias argentinas y ha tenido —al menos hasta
principios de los noventa— una participación significativa en el producto
bruto agropecuario nacional.2 Este sector, ubicado mayoritariamente en el
Noroeste y Noreste del país, ha visto negada su importancia históricamente,
ya que, en la definición de la política económica nacional se le asignó un
papel central al sector agroindustrial capitalizado, el cual produce la mayo-
ría de los alimentos básicos de la canasta familiar (Manzanal, 2000a y b).
Frente al evidente deterioro del sector de pequeños productores, el tra-
bajo intenta demostrar la falta de consenso en el aparato del Estado respecto
al papel que los pequeños productores juegan en la economía. En función de
ello, se señala cómo algunas políticas han favorecido los cambios estructura-
les, perjudicando al sector de pequeños productores, mientras que otras ac-
ciones de gobierno han intentado fortalecer sus sistemas de producción con
limitada efectividad y alta discontinuidad en los servicios. Argentina presen-
ta un escenario de transición desde los tradicionales sistemas productivos de
pequeños productores hacia nuevas estrategias de sobrevivencia, bajo con-
diciones de alta precariedad y flexibilidad (pluriempleo, multiactividad o
simplemente su transformación en asalariados rurales), en el marco de un
incremento sostenido de la pobreza rural.
El artículo está organizado en tres partes. Primero, se describen los pro-
cesos de cambio estructural en América Latina y la respuesta que —a través
de políticas compensatorias— se fueron generando para aliviar el impacto de
dichas reformas. Segundo, se analiza el caso argentino, y se presentan datos
Noroeste argentino los pequeños productores se autodenominan así, además de representar un
concepto sobre el cual pueden ser válidas diferentes interpretaciones.
2Según Carballo (1991:157) en 1989 los minifundistas aportaban 10% de la producción
de caña de azúcar, 15% de la vid para vinificar, entre 25 y 30% del algodón y 10% del tabaco.
También son productores de yerba mate, té, hortalizas y ganado ovino y caprino; representan-
do este último 80% del total nacional.
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que evidencian el impacto que las reformas implementadas desde los ochen-
ta tuvieron sobre el sector de pequeños productores de escasos recursos.
Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo. En ellas se argumenta
que, a principios del nuevo siglo, Argentina presenta una clara tendencia ha-
cia una agricultura “sin” agricultores. Al mismo tiempo, se resalta la necesi-
dad de nuevas estrategias de intervención orientadas a enfrentar la situación
actual y estimular procesos de desarrollo rural que incluyan a aquellos secto-
res que en los últimos años fueron marginados del proceso de desarrollo.
Dos décadas de cambios estructurales y la cuestión
agraria en América Latina
La expansión del capitalismo, la globalización y las políticas de liberaliza-
ción de la economía han transformado durante las últimas dos décadas a la
sociedad rural Latinoamericana.3 Para muchos países de la región, la adop-
ción de programas de estabilización y ajuste estructural (PEAE), la expansión
de las grandes corporaciones transnacionales agroindustriales (CTA) y la inte-
gración de la agricultura en el nuevo sistema agroalimentario mundial, han pro-
ducido profundas reformas en la estructura agraria y las condiciones de produc-
ción del sector (Kay, 1994:1-2; Gwynne, 1999). Según han planteado varios
autores,4 hacia fines del siglo pasado se ha configurado una nueva ruralidad
en América Latina.
Sin duda, estos cambios estructurales han producido una nueva división
del trabajo. Por un lado, los grandes productores, los empresarios agrícolas y
las CTA han logrado involucrarse e integrarse en diferentes etapas del proceso
de producción agroindustrial: financiando, produciendo y elaborando, comer-
cializando y consumiendo productos agrícolas y agroindustriales. Este sec-
tor, favorecido por las políticas antes mencionadas, incrementó su produc-
ción y productividad, sobre la base de tecnología de avanzada (semillas
modificadas genéticamente) y el uso intensivo de químicos, reduciendo ade-
más los costos de producción a través de la introducción de esquemas pro-
ductivos tales como la agricultura por contrato5 (Kearney, 1996:127).
3Estos procesos han sido ampliamente evidenciados. Véase Kay (1994, 1997 y 2000),
Magdoff et al. (2000), Goodman y Redclift (1981, 1987, 1991); Bonanno et al. (1994), Llambí
(2000a), Teubal (1992, 1993, 1995, 2002), O’Neill (1997) y Lattuada (2000).
4Véase Teubal (2002), Llambí (2000b) y un importante grupo de ponencias presentadas
en el Seminario “La Nueva Ruralidad en América Latina”, Colombia, agosto 22 al 24 de 2000.
5El modelo de agricultura por contrato es una expresión del nuevo régimen agroalimentario
(ver más adelante) y se refiere al reemplazo del mercado abierto de intercambio por la vincula-
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Por otro lado, el sector de pequeños productores ha sido marginado del
proceso de producción o incluido en éste en forma asimétrica. Este sector,
desfavorecido por las políticas de las dos últimas décadas, no ha podido par-
ticipar dentro de los nuevos esquemas productivos (agricultura por contrato
e integración vertical) y su papel se ha visto reducido al aporte de alimentos
baratos para el mercado interno o como fuerza de trabajo asalariada (Teubal,
1993; 2002).
Hay claras evidencias en América Latina de que los procesos de moder-
nización de la agricultura, impulsados por el nuevo ímpetu de la economía
de mercado, han incrementado la concentración y centralización del capital,6
a la vez que han acentuado la ya inequitativa distribución del ingreso y pobre-
za en el campo (Magdoff et al., 2000:8). La sociedad civil, el sector público
y el privado, y las organizaciones internacionales han manifestado su pre-
ocupación por el impacto de las políticas de liberalización de la economía y
el proceso de globalización. Muchos autores evidencian un proceso de en-
sanchamiento de la brecha entre pobres y ricos en términos absolutos y rela-
tivos, lo que ha resultado en una estructura social agraria más heterogénea y
compleja (Emmerij, 2001:5; Kay, 1995).7
Frente a semejante cambio, es necesario preguntarse: ¿cuáles fueron las
políticas y procesos que lo motivaron, qué impacto tuvieron en el contexto
Latinoamericano y cuáles fueron los resultados en la estructura agraria?
Sin duda, los procesos de globalización, el surgimiento de un nuevo
modelo agroalimentario y la liberalización de la economía han sido los fac-
tores centrales que motivaron en las décadas recientes los cambios estructu-
rales y la configuración de una nueva ruralidad en América Latina.
El llamado proceso de globalización, representa un concepto complejo
al que se le han dado innumerables significados. En este estudio se lo utiliza
desde una acepción acotada, como el conjunto de movimientos orientados a
integrar las economías latinoamericanas dentro de la economía de mercado
global (mundial). Estos movimientos se vieron acelerados desde los ochenta
ción de productores independientes y su producción con una empresa orientada a procesar,
comercializar y exportar estos productos; la empresa regula el precio, las prácticas productivas
y la asignación de créditos y cupos sobre la base de un contrato bipartito. Véase Watts (1990:149) y
Glover y Kusterer (1990).
6Los procesos de concentración se evidencian en diferentes niveles: 1) concentración de
propiedades en el sector productivo, 2) concentración en la provisión de insumos (semillas,
fertilizantes, pesticidas y maquinarias), y 3) concentración en el procesamiento de alimentos, y
en el sector de administración de stocks y distribución (Heffernan, 2000; Heffernan y Cons-
tance, 1994).
7Véase también O’Neill (1997:30-31), Llambí (2000b) y UK White Paper Report (2000).
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por medio de medidas y factores tales como la liberalización del intercambio
y la desregulación, los programas de ajuste estructural, la entrada en vigen-
cia del Tratado General sobre Tarifas y Libre Comercio (GATT) y el papel des-
empeñado por las instituciones internacionales como el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional, a la vez que facilitados por los cambios tec-
nológicos a finales del siglo pasado.8
El surgimiento de nuevos modelos o regímenes agroalimentarios a ni-
vel mundial, se refiere a los cambios producidos en la manera, el lugar, la
cantidad y los métodos por los cuales los alimentos son producidos y distri-
buidos (Gwynne, 1999). Estos modelos han ido cambiando históricamente,
modificando las formas de producción, intercambio y consumo, tanto en los
países avanzados como en vías de desarrollo. Para este estudio adquiere re-
levancia el traspaso desde el régimen agroalimentario conocido como fordista,
hacia el “nuevo” sistema agroalimentario internacional o posfordista.
El régimen fordista (producción masiva para un mercado masivo), orien-
tado básicamente a incrementar la producción agrícola exportable como in-
sumos para el creciente sector industrial en el mundo desarrollado, se forta-
leció con el Estado keynesiano, caracterizado por una importante presencia
del Estado en el estímulo a la producción. La llamada revolución verde, orien-
tada a ampliar la superficie cultivable y aumentar la producción agrícola in-
corporando nuevas tecnologías, es un reflejo de este régimen (McMichael y
Raynolds, 1994; Goodman y Redclift, 1991).
La crisis del petróleo en los setenta, la crisis de los acuerdos de Bretton
Woods, la adopción de políticas proteccionistas en los países desarrollados,
y los problemas de la deuda y políticas de ajuste estructural en los países
menos desarrollados, constituyen algunos de los factores que favorecieron el
cambio hacia el nuevo régimen o sistema agroalimentario posfordista (Neder-
veen-Pieterse, 1997a). Los cambios en los patrones de consumo (demanda
de alimentos frescos durante todo el año), los cambios tecnológicos que per-
miten producir frutas y verduras en cualquier estación del año y las reformas
en cuanto al comercio internacional, contribuyeron a la expansión del nuevo
régimen (Amin, 1994).
En este esquema, las CTA adquirieron un papel protagónico, incremen-
tando su poderío económico, adoptando tecnologías caras y sofisticadas para
nutrir nichos de mercados altamente rentables. El resultado ha sido una ma-
yor concentración de la producción y una reducción de la participación en
8Véase Woodward (1998), Sideri (1997), Beck (2000), Kay (1998), McMichael y
Raynolds (1994), Adams et al. (1999), Teubal (1995), Klak (1999) y Nederveen-Pieterse (1997a
y b).
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la economía del sector de pequeños productores agropecuarios, a la vez que
una expansión de los sistemas de agricultura por contrato y un aumento del
trabajo asalariado bajo condiciones precarias, flexibles y transitorias.9
Para muchos autores, la globalización y la expansión del nuevo modelo
agroalimentairo han sido acelerados a partir de las llamadas políticas neoli-
berales o de liberalización de la economía. Aún cuando el neoliberalismo
tuvo diferentes interpretaciones y su implementación cambió acorde al con-
texto y los gobiernos que lo aplicaron, estas políticas adoptadas desde los
ochenta en América Latina, tienen un conjunto de características básicas re-
producidas de forma similar en prácticamente todos los países de la región.
Los programas de estabilización y ajuste estructural (PEAE), constituyen el
“paquete” mediante el cual se introdujo esta política, llamada a reemplazar
el paradigma previo (vigente desde 1930 hasta mediados de los ochenta y
caracterizado por una importante intervención del Estado en el manejo de la
economía y la promoción industrial) (Kay, 1998).
Los PEAE fueron impulsados por el Fondo Monetario Internacional, el
Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. En muchas ocasio-
nes fueron adoptados como una condición para recibir nuevos préstamos o
renegociar las obligaciones de la deuda externa (Ahmed y Lipton, 1997;
Edwards, 1995:57). Estas políticas respondían directamente al llamado Con-
senso de Washington, según el cual, los países menos desarrollados debe-
rían: 1) lograr estabilidad macro-económica, controlando la inflación y redu-
ciendo el déficit fiscal, 2) abrir sus economías hacia el resto del mundo a
través de la liberalización del intercambio de productos y capitales, y 3) li-
beralizar el mercado interno de productos y el de los factores de producción,
a través de medidas tales como la privatización, la desregulación y la libera-
lización de la economía (Gore, 2000; Gwynne, 1999 y Gamarra, 1994).
Muy interesante sería profundizar sobre la asunción básica respecto al
sector agrícola latinoamericano para la adopción de estas políticas. No obs-
tante, dado el alcance de este trabajo, sólo se mencionan —mediante una
apretada síntesis— los resultados que estos procesos y políticas de transfor-
mación tuvieron en la estructura agraria latinoamericana, así como el tipo de
intervención estatal que surgió frente a estos cambios, para luego concen-
trarse en el caso argentino.
A partir de las políticas descritas, se observa una intensificación del domi-
nio del capital sobre el agro, un claro fortalecimiento de las grandes CTA, y
9Véase Kearney (1996), Heffernan y Constance (1994), Teubal (1995 y 2002) y Watts
(1990).
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un proceso de modernización de subsectores dentro de la agricultura,
con un crecimiento sostenido en la producción y las exportaciones10
(Spoor, 2000; Teubal, 1995 y 2002). Los grandes empresarios agrícolas
productores de bienes exportables, y sólo en algunos casos los media-
nos productores, son quienes aprovecharon y se beneficiaron con las
políticas de liberalización agroexportadoras. Vinculando su propio capital
con las grandes CTA (altamente tecnologizadas) y participando en esque-
mas de agricultura por contrato, estos sectores pudieron concentrar recur-
sos (tierra, por ejemplo) y producción, además de manejar las etapas de
procesamiento y comercialización de los productos (Spoor, 2000:24-25).
Al mismo tiempo, se produjo una transformación de los diferentes acto-
res sociales y su relación dentro de la estructura agraria. Para algunas re-
giones o subsectores, el resultado ha sido hostil, produciéndose un
estancamiento económico y un incremento de las desigualdades. Sólo
algunos productores familiares capitalizados11 pudieron adoptar nuevas
tecnologías y reunir los requisitos del nuevo régimen agroalimentario.
Los sistemas de producción y reproducción social de los pequeños pro-
ductores se han transformado, originándose una nueva estructura agraria
y una nueva ruralidad. Aun cuando en América Latina el sector de la pe-
queña agricultura sigue siendo un importante proveedor de alimentos
para el consumo interno, su participación en la producción agrícola total
ha decrecido significativamente desde 1980. Para algunos autores, hubo
una tendencia fuerte hacia el multiempleo y la pluriactividad como una
estrategia tendiente a captar ingresos extraprediales no agrícolas (off-
farm activities) canalizables hacia inversiones en la explotación de modo
tal de continuar en el campo (proceso de resistencia).12 Para otros, la
10 El record de crecimiento económico entre 1990-1997 varió desde un extremo alto de
7.3% anual de crecimiento en Chile a un extremo bajo de 1.9% en México. Para Argentina, el
comportamiento fue de 5.9% anual, manteniendo una tasa de inflación muy baja (Gwynne,
1999:84).
11 El término se refiere a aquellos pequeños agricultores (“colonos” o “chacareros”) que
—compartiendo condiciones como el uso de mano de obra familiar y la escasa dotación de
tierra— fueron capaces de acumular o “capitalizarse”. Este tipo social agrario, también cono-
cido como farmers, ha desarrollado una racionalidad más “empresarial” (maximización de los
beneficios) y una habilidad especial para responder a los incentivos del mercado y adoptar
nuevas tecnologías. Para profundizar este concepto ver Lehmann (1986:606-612) y Llambí
(1989:748-753).
12 Según Echeverría (2000), el sector de la pequeña agricultura está en franco deterioro,
lo cual se observa a partir de un incremento de actividades no agrícolas y estrategias de multi
y pluriempleo. Estas estrategias representan 50% de los ingresos de las familias rurales en
América Latina y 51% en Argentina.
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mayoría de los pequeños productores se está convirtiendo en asalaria-
dos permanentes, transitorios u obreros del sector urbano o, peor aun,
en desocupados rurales y nuevos pobres. En todos los casos, es claro
que las condiciones de empleo son absolutamente precarias, flexibles y
temporarias.13
Respecto a la intervención del Estado, se observan fuertes contradiccio-
nes. Por un lado, acompañando los cambios estructurales, se eliminaron
los subsidios, las líneas especiales de crédito para el agro y los servicios
de extensión agropecuaria y desarrollo tecnológicos (Spoor, 2000). La
intervención pública en el sector rural se redujo, y se impulsó la privati-
zación de los servicios de extensión (en muchos casos terciarizando los
servicios mediante Organizaciones No Gubernamentales [ONG]), así co-
mo, en cuanto a políticas de crédito rural (salvo escasas excepciones), se
pasó desde un enfoque “productivo” (crédito subsidiado) hacia el enfo-
que de los “mercados financieros”, basados en los principios del libre
mercado (Tapella, 2002).
Por otro lado, y recomendado por el Banco Mundial en 1990, quien re-
conoció los resultados adversos de las políticas de ajuste, se implementaron
desde los noventa los llamados fondos de inversión social (FIS), orienta-
dos a disminuir el impacto negativo de las reformas sobre los sectores
más vulnerables (Cornia, 1999:11). La mayoría compartió característi-
cas tales como: 1) mecanismos de focalización (para obtener un impac-
to per cápita mayor), 2) autonomía administrativa, 3) provisión de servi-
cios descentralizada y privatizada, 4) programas orientados a la demanda
sobre la lógica de recursos “concursables” (cobrando importancia el
“pequeño proyecto”), y 5) financiamiento externo o mixto (organismos
internacionales cofinancian programas de alivio a la pobreza) (Carvalho,
1994). Si bien estos programas surgieron como iniciativas de carácter
anticíclico y temporario, al persistir las condiciones de pobreza, se convir-
tieron en políticas de más largo plazo, pasando desde fondos “compen-
satorios” hacia programas de “promoción” orientados a incorporar a los
pobres en el proceso de producción (Tendler y Serrano, 1999).14
Al cierre del milenio, la pobreza rural en América Latina creció en térmi-
nos relativos y absolutos (Kay, 1995; Spoor, 2000 y Gwynne, 1999). En
13 Para profundizar sobre los procesos de transformación de la estructura agraria en el
marco de la liberalización económica, véase Echeverría (2000), Gwynne y Kay (1999), Kay
(1995, 1997 y 2000), Teubal (2002), Spoor (2000) y Weeks (1995).
14 Para un análisis detallado de este tipo de políticas sociales, véase Bascones (1998),
Glaessner et al. (1994:43-61), Stewart y Van der Geest (1995), Abbott y Covey (1996), Narayan-
Parker y Ebbe (1997:23), Moore y Putzel (1999), Carvalho (1994) y Cohen y Franco (1994).
TAPELLA: REFORMAS ESTRUCTURALES EN A RGENTINA… 677
1990, el mismo Banco Mundial15 como ya se dijo, reconoció los efectos
adversos y severos de la globalización y las políticas de ajuste sobre la
pobreza rural, al tiempo que señaló que el efecto redistributivo (trickle
down effect) esperado a partir de la estabilidad y el crecimiento macro-
económico estaba demorando mucho más de lo previsto (Cornia, 1999:
11). Si bien los FIS se expandieron rápidamente, los mismos tuvieron se-
rias limitaciones, 1) en muchos casos no fueron eficaces y eficientes en
alcanzar a la población objetivo, y 2) sus presupuestos fueron demasiado
bajos como para mitigar la pobreza rural (Tapella, 2003 y Stewart y Van der
Geest, 1995). Tal como señala Manzanal (2000b), en la mayoría de los
casos, los beneficios sociales que los pequeños productores recibieron de
los FIS, es mucho menos que los derechos adquiridos y universales que
han perdido a causa de las reformas estructurales de la última década.
El caso argentino
Las reformas estructurales y las políticas de ajuste han influenciado a Argen-
tina como lo hicieron con el resto de los países de la región. No obstante, es
necesario resaltar las particularidades de la estructura agraria en Argentina
en el marco de las tendencias generales.
El sector de pequeños productores minifundistas en Argentina nunca tu-
vo la misma relevancia que en países como Bolivia, México o Perú (Giarraca,
1990:55). La principal diferencia recae sobre la heterogeneidad geográfica en-
tre diferentes regiones. Mientras la Región Pampeana, con las tierras más
fértiles y con mejor dotación de agua, se convirtió desde 1870 en la región
más rica y moderna, las otras regiones (NOA [Noroeste Argentino], NEA [Nor-
este Argentino], Cuyo y Patagonia), con peores condiciones en cuanto a ca-
lidad de suelos, régimen de precipitaciones o disponibilidad de agua para
riego, se convirtieron desde ese entonces en otra gran región (el Interior), la
más pobre y menos desarrollada del país (Sawers, 1996:17-25).
En los años de posguerra, el surgimiento del sistema agroalimentario
“fondista” y la expansión de la llamada revolución verde, favorecieron el
incremento productivo y el poder económico de la Región Pampeana, ensan-
chando la brecha con el resto de las regiones del país. El papel dominante
asignado a la Región Pampeana para que Argentina se integre social y econó-
micamente en el orden mundial, ha negado históricamente al sector de la pe-
queña agricultura y las realidades y problemas de las otras regiones del inte-
15 Véase World Bank (1990), Jorgensen et al. (1992), Carvalho (1994) y Glassner et al. (1994).
678 ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS XXII: 66, 2004
rior del país (Manzanal, 1990:137-138 y Sawers, 1996:26-27). Si bien estos
temas debieran analizarse con mayor profundidad, no es exagerado aseverar
que con el tiempo Argentina se fue transformando en un país con altos nive-
les de acumulación (en comparación con el resto de los países de la región),
pero con un creciente nivel de desigualdades y pobreza rural. Si a esto se le
suma la inexistencia de reformas agrarias importantes (Kay, 2000:128), enton-
ces se puede concluir que las reformas estructurales y los planes de ajuste, tal
como se describe más adelante, contribuyeron a exacerbar las heterogenei-
dades entre e intra-regiones.16
Liberalización: crecimiento económico y deterioro
de la pequeña agricultura
Las políticas de liberalización y ajuste estructural en Argentina (al igual que
en Chile) tuvieron un comienzo temprano, a partir de 1976 con la instau-
ración del régimen militar, principalmente a través de las medidas tendien-
tes hacia la “apertura” o libre mercado. Durante 1983-1989, con gobiernos
democráticos, estas políticas se mantuvieron, pero es recién entre 1989-1991
cuando se adoptan las políticas de estabilización y ajuste estructural, apli-
cando en forma estricta los principios del Consenso de Washington (Manzanal,
2000a).
Por muchas décadas, Argentina había adoptado y mantenido la estrate-
gia de producir alimentos baratos para el mercado interno, protegiendo el
sector industrial y captando ingresos mediante la aplicación de impuestos
sobre las exportaciones, a la vez que sosteniendo altos impuestos a las im-
portaciones de bienes manufacturados. Estas políticas resultaron en una tasa
de cambio sobrevaluada para las exportaciones y una tasa sub-valuada para
las importaciones, construyendo de esta forma una base industrial fuerte, pe-
ro con el costo de deteriorar el progreso tecnológico y la inversión externa en
el sector manufacturero e industrial. Como consecuencia, factores como fre-
cuentes problemas en la balanza de pago y crisis monetarias, tendencia in-
flacionaria persistente, severos ajustes fiscales, baja tasa de crecimiento eco-
nómico y graves problemas para el pago de obligaciones externas dominaron
el escenario hasta 1989, cuando después de al menos tres programas fallidos
de estabilización, el modelo se colapsó (Maletta, 1995).
16 El índice de pobreza es sustancialmente mayor en el Interior, siendo —en 1998— de
46% en el NOA, 49% en el NEA y de 36% en Cuyo, mientras que la Región Pampeana, tuvo un
índice menor a 23% (INDEC/EPH, 1998).
TAPELLA: REFORMAS ESTRUCTURALES EN A RGENTINA… 679
Los PEAE en Argentina fueron aplicados básicamente mediante medidas
como la privatización y la desregulación,17 la reducción de tarifas arancela-
rias, la liberalización del mercado externo (uniéndose al Mercosur desde sus
inicios en 1991), y la adopción del “Plan de Convertibilidad” (orientado bá-
sicamente a estabilizar la emisión de moneda, anular la inflación y estimular
las inversiones externas). Además, con la intención de reducir el déficit fis-
cal, se disminuyó el gasto público y —salvo las retenciones a las exportacio-
nes— todos los impuestos se incrementaron (impuestos a las ganancias, sobre
todo el IVA e impuestos al consumo totalmente regresivos),18 manteniendo al
mismo tiempo sólo programas básicos de alivio a la pobreza.
Como resultado de la aplicación del ajuste estructural en Argentina, el
país logró estabilizar la economía y experimentó un fuerte crecimiento eco-
nómico. La inflación cayó desde un pico de 1 300% en 1990 a menos de 1%
entre 1996 y 1998, mientras que el crecimiento económico cambió desde un
–1.1% durante los ochenta a un 5.8% entre 1991 y 1998 (Hicks, 2000:52 y
Schvarzer, 1998:88). No obstante, el costo de este éxito macroeconómico ha
sido muy alto: los trabajadores vieron reducidos sus ingresos en —al me-
nos— 30%, el desempleo creció desde 8.1% en 1989 a 13.1% en 1998, y
alcanzó aún un nivel más alto en 1995, 18.4%) (Manzanal, 2000a:78). Aun
cuando la población por debajo de la línea de pobreza decreció desde 40%
en 1990 (después del periodo hiperinflacionario) hasta 22% en 1994; entre
1995 y 1998 la pobreza experimentó un crecimiento permanente, llegando a
29%, con 45% de niños viviendo en condiciones de extrema pobreza, aumen-
tando la ya inequitativa distribución del ingreso19 (Hicks, 2000:3-6).
Desde 1999, siguiendo la devaluación en Brasil y la turbulencia de los
mercados financieros a nivel internacional, la economía se estancó. Mientras
la recesión golpeaba la economía en su conjunto, la deuda externa creció y se
contrajeron nuevos créditos, con la condición de más ajuste y una mayor
17 Las medidas de desregulación aplicadas al sector rural (Decreto 2284) dieron fin a
prácticamente todas las políticas reguladoras, como la Junta Nacional de Granos y la de Car-
nes, y la Comisión Reguladora de la Yerba Mate. Además limitaron las intervenciones en el
complejo agroindustrial cañero y se redujeron las funciones el Instituto Nacional de Vitivini-
cultura sólo a controlar la genuinidad de los productos vitícolas (Soverna, 2001).
18 En Argentina, la mayor recaudación de impuestos por parte del Estado proviene del IVA
y los impuestos al consumo, lo que representa un sistema impositivo totalmente regresivo. Los
impuestos pagados por los pobres (7%) representan una proporción mucho mayor de sus ingre-
sos (4% del ingreso bruto nacional) que el 47% que pagan los sectores más pudientes (con
53% del total del ingreso) (Hicks, 2000:27).
19 En 1998, el quintil más bajo respecto a los ingresos, percibió menos de 4% del PBI,
mientras que el quintil más alto, incrementó su proporción desde 51 a 54% del PBI (Hicks,
2000). Véase también Schvarzer (1998).
680 ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS XXII: 66, 2004
reducción del gasto y el déficit fiscal. A finales de 2000, el desempleo creció
nuevamente a 15.4%, empeorándose las condiciones un año más tarde. Al
empezar el año 2002, el programa de convertibilidad terminó su ciclo, mien-
tras que la devaluación de la moneda produjo un incremento sostenido en los
precios que “siguieron” al dólar. En ese entonces, la crisis financiera que en-
frenta el país ha exacerbado la recesión y los niveles de desocupación supe-
ran 20%, mientras que más de la mitad de la población se encuentra por de-
bajo de la línea de pobreza (World Bank, 2002). A inicios de 2003 una nueva
gestión de gobierno intenta implementar un modelo económico basado en
principios neokeynesianos. Hay una mayor intervención del Estado en la econo-
mía, se renegocia la deuda externa con el FMI y se observa una leve reactiva-
ción de la actividad económica a partir de un nuevo tipo de cambio favorable
a las exportaciones y una tasa de interés internacional muy baja. No obstan-
te, y a pesar de un importante plan de subsidio al desempleo (Plan Jefas y Je-
fes de Hogar),20 los niveles de pobreza y desocupación de finales de 2002 prác-
ticamente no se han modificado. Todavía, nada indica que Argentina haya
encontrado la senda que “lleve” hacia un desarrollo sustentable.
Para muchos autores, el sector rural argentino ha seguido las tendencias
latinoamericanas en cuanto al impacto de las reformas estructurales y la glo-
balización, en lo que algunos denominan la creación de una nueva ruralidad
o una agricultura sin agricultores.
Los cambios estructurales y las PEAE en Argentina han generado un pro-
ceso totalmente dual. Por un lado, entre 1990 y 1998, la evolución del sector
rural en términos de nuevas tecnologías, incremento de la producción y la
productividad, y aumento de las exportaciones ha sido excepcional. Argenti-
na tuvo tasas de crecimiento agrícola positivas y sostenidas, manteniendo la
participación del sector de productos primarios y agroindustriales en 30%
del total del PBI. Por ejemplo, entre 1992 y 1997, la producción de cereales y
oleaginosas en la Región Pampeana se incrementó en 33.2% mientras que la
productividad subió 7% (Lattuada, 2000:2-6). Sin duda, en materia de polí-
tica económica, decisiones tales como la disolución de la Junta Nacional de
Granos y Carnes, la eliminación de las retenciones a las exportaciones, el es-
tablecimiento de un tipo de cambio único y la reducción de los aranceles a la
importación, jugaron a favor del sector agroexportador más concentrado de
20 Este Plan, iniciado en 2002 y continuado por la actual gestión de gobierno, es una espe-
cie de subsidio al desempleo de 150 pesos mensuales para familias que no perciben ingresos es-
tables y presentan algún indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), situación que
es compartida por la mayoría de los pequeños productores minifundistas y trabajadores rurales
temporarios.
TAPELLA: REFORMAS ESTRUCTURALES EN A RGENTINA… 681
la economía, dedicado a la exportación de granos, leguminosas y oleaginosas,
tanto de la Pampa Húmeda como mediante su expansión hacia áreas extra-
pampeanas (Manzanal, 2000a).
Por otro lado, la participación de los pequeños productores en la econo-
mía decreció, quienes se vieron afectados por la caída de los precios de sus
productos en los mercados locales con la consecuente baja de sus ingresos.
Medidas tales como la liberación de cupos de siembra, cosecha, elaboración y
comercialización de producciones tradicionales, la eliminación de subsidios
a algunos productos (como el algodón) o cajas compensatorias, la disminu-
ción de subsidios distribuidos como sobreprecio para los productores taba-
caleros, la privatización de las bancas de fomento, la mayor presión tributaria
a través de impuestos regresivos, y el intento por formalizar la economía de
los pequeños productores en un sistema previsional totalmente inviable dado
sus niveles de ingreso, han agudizado el deterioro y empobrecimiento del
sector de la pequeña producción (Manzanal, 2000b). Además, la competen-
cia abierta con grandes productores produjo un desarrollo desigual (ciertas
regiones se volvieron más viables que otras) y la pobreza rural se incrementó21
(Maletta, 1995: 144), aumentando también el desempleo rural que llegó a 31%
en 1999 (Hicks, 2000:17).
La globalización, la desregulación y la integración al Mercosur ha pre-
sionado al sector de pequeños productores más capitalizados hacia cultivos
exportables más rentables, en el marco de estrategias de reconversión produc-
tiva. En este proceso, los pequeños productores enfrentan muchas dificulta-
des para ajustarse a los nuevos patrones, ya que tienen serias limitaciones
respecto a la disponibilidad de tierra, tecnología, acceso al crédito y capital
(Manzanal, 1999). Casi exclusivamente el sector de productores-exportadores
de la Región Pampeana (cereales y oleaginosas), y hasta cierto punto media-
nos productores con producciones regionales (uva para vinificar y frutas) es-
tán siendo capaces de adoptar las condiciones impuestas por el nuevo régi-
men agroalimentario. El resto, se está convirtiendo en lo que algunos llaman
productores “no competitivos” o “no viables” (Paz, 1999).
Indudablemente, las políticas de liberalización económica (básicamente
el libre mercado y la reducción de medidas proteccionistas) debilitó el papel
de los pequeños productores, quienes enfrentan al mercado desde una posi-
21 En el sector rural argentino 47% de los agricultores sufren condiciones de pobreza y
exclusión social. Por ejemplo, la pobreza rural según el índice de Necesidades Básicas Insatis-
fechas (NBI) alcanzó 36.1% de las unidades familiares y 43.2% del total de la población rural
en San Juan (Cuyo). En Misiones (NEA), ésta alcanzó 40.3% de las unidades familiares y 47.3%
del total, y en Salta (NOA) la misma alcanzó 65.9 y 72.5% respectivamente (MEOSP, 1999:5-9).
682 ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS XXII: 66, 2004
ción completamente subordinada. En primer lugar, se incrementó la impor-
tación de productos agrícolas e insumos que eran tradicionalmente produci-
dos por pequeños productores, decreciendo así sus ventas y los precios de
sus productos en mercados locales, y reduciéndose —en consecuencia— sus
ingresos. Segundo, a los pequeños productores les resulta muy difícil alcan-
zar los volúmenes de producción, la calidad y la regularidad requerida para
“enfrentar” el mercado, perdiendo espacios que van siendo ganados por las
grandes CTA (incluso en el mercado interno). En el mercado de insumos, de-
bido a su economía “informal” y baja demanda, tienen que pagar precios
muchos mayores que el que pagan los grandes productores. Por último, no
tienen acceso al financiamiento formal y tienen que pagar tasas de interés
mayores en mercados financieros informales, muchas veces usurarios (Eche-
verría, 2000:154; Manzanal, 1999 y Tapella, 2002).
Para los productores que han podido producir sobre la base de contratos
agrícolas, el escenario no ha sido menos hostil. Lograron ingresos más esta-
bles, pudieron adoptar tecnologías y generalmente han tenido acceso a los
insumos necesarios.22 No obstante, tuvieron que enfrentar una desigual distri-
bución del riesgo y poder, ya que las compañías son las que generalmente
definen los términos del contrato, el que se torna en un medio de subordina-
ción. Por ejemplo, las compañías son habitualmente las propietarias de los
cultivos y retienen temporalmente los títulos de propiedad de la tierra y del
trabajo de los productores. Muchas familias trabajan muchas más horas que
la jornada normal, usando incluso mano de obra familiar no remunerada, pa-
ra cumplir con los estándares de cantidad y calidad del producto, definidos
unilateralmente por las compañías (Paz, 1999 y Watts, 1990:160).
Como se ha mencionado, las reformas estructurales han transformado
drásticamente la estructura agraria argentina, deteriorando los sistemas de
producción y reproducción social de las familias de pequeños productores.
Las unidades de producción minifundistas decrecieron considerablemente
desde 1988, donde —de acuerdo al Censo Agropecuario de 1988 del INDEC
este sector estaba representado por unas 200 000 familias. Según Manzanal
(2000a), quien estimó la población campesina sobre la base de datos secun-
darios obtenidos de diferentes estudios locales y regionales (Forni y Neiman,
1994; Murmis, 1995; Tsakoumagkos, 1997), en 1999 el número de pequeños
productores minifundistas difícilmente sobrepasaba las 150 000 unidades fami-
liares. Esta tendencia también se evidencia mediante otras fuentes. Por ejem-
plo, el sector lechero en La Pampa incrementó su producción entre 1991 y
22 Por ejemplo, en la producción de tabaco y caña de azúcar en el NEA y NOA, el tomate pa-
ra industria y uva de vinificar en Cuyo, la lana en Patagonia, el algodón en Chaco, etcétera.
TAPELLA: REFORMAS ESTRUCTURALES EN A RGENTINA… 683
1997; sin embargo, el número total de productores decreció 50%, y la mayoría
de los pequeños productores del rubro desaparecieron como tales (Lattuada,
2000:18). En Tucumán, entre 1988 y 1996, el número de productores cañe-
ros disminuyó en 31.5%, mientras que la proporción de trabajo temporario
extrapredial se incrementó significativamente (Giarraca et al., 1999:3-7).
El Censo Nacional Agropecuario realizado a finales de 2002 y publica-
do recientemente por el INDEC (2003), evidencia los argumentos presentados
anteriormente. Esto es, un fuerte incremento de la producción del sector agro-
pecuario concentrado en pocos actores, y —en paralelo— un gran deterioro de
la condición de los pequeños y medianos agricultores. El Censo corrobora la
extinción de una cuarta parte de los productores agropecuarios, evidencian-
do el impacto social negativo de las políticas agropecuarias aplicadas durante
los últimos quince años. Según la medición del INDEC, el número total de explo-
taciones agropecuarias en el país se redujo 24.5% en 15 años, de 421 221 en
1988 a 317 816 en la actualidad. Mientras los gobiernos hicieron alarde de
las cosechas récord, se ignoró el impacto que el modelo tuvo en el sector de pe-
queños productores y el fuerte deterioro de su tejido social, lo cual obligó a
103 405 pequeños y medianos productores a abandonar sus actividades pro-
ductivas.
El proceso de concentración de la producción agropecuaria en menos
unidades es otro aspecto central evidenciado por el Censo de 2002, lo cual
indica un aumento de la concentración del capital y el uso de la tierra. La su-
perficie promedio de los campos creció 28% sin haberse incrementado el área
bajo explotación, por lo cual queda claro que muchos empresarios agrícolas
usufructúan las tierras de productores que desaparecieron del sector.23 Este
proceso de concentración no necesariamente significa compra o acumulación
de tierra, sino un incremento del alquiler de tierras por parte de empresarios
con mayor capacidad tecnológica y/o disponibilidad de capital. Esta estrate-
gia obedece a una lógica elemental de maximización de los beneficios, ya
que, por un lado se arriendan varios campos en diferentes regiones para dismi-
nuir el riesgo climático y, por el otro, se decide invertir el capital en la produc-
ción, en lugar de inmovilizarlos en la compra de tierras (Barsky, 2003). No obs-
tante, el proceso de concentración de la producción, por un lado, y de exclusión
de un amplio sector de la estructura agraria, por el otro, es evidente.
23 La producción de soja transgénica (altamente mecanizada y tecnificada) en manos de
grandes grupos agroindustriales, expandió sus fronteras hacia zonas tradicionalmente dedica-
das a la ganadería (vacuna y caprina). En conjunto, la producción de granos aumentó de 35 a
70 millones de hectáreas entre 1988 y 2002, la fecha de los últimos Censos Agropecuarios
(INDEC, 2003).
684 ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS XXII: 66, 2004
La migración del campo a la ciudad es otro de los aspectos que explica
el deterioro del sector de la pequeña producción, pues sigue siendo una es-
trategia importante de los pequeños productores para “enfrentar” las condi-
ciones de pobreza. Tal como surge de los estudios migratorios realizados en el
marco del PROINDER24 en 1996 y 2000, la migración tomada en periodos cortos
(6 años previos a la realización de la encuesta) es muy significativa, ya que
—por ejemplo— al menos 22% de las unidades familiares minifundistas de
Mendoza y Río Negro y 27% en Santa Fe tienen algún miembro que ha mi-
grado definitivamente a la ciudad. Al mismo tiempo, la migración rural-rural,
propia de pequeños productores y trabajadores temporarios agropecuarios que
viajan a la cosecha de la uva, el algodón y la caña, se ha reducido significati-
vamente debido a la mecanización de estas actividades (Soverna, 2001:10).
Algunos sociólogos rurales han señalado la existencia de procesos de
“migración de retorno”, entendidos como una vuelta al campo a partir de las
frustraciones vividas en la ciudad (prolongado desempleo, problemas para el
acceso a la vivienda, alta inseguridad, etc.). Si bien el autor ha podido cons-
tatar empíricamente este tipo de procesos, hay que resaltar que esta estrate-
gia se ha dado sólo a partir de la confluencia de ciertos factores y condicio-
nes en común, y no representa una tendencia generalizada para todo el sector
de pequeños productores de Argentina. Por ejemplo, en algunas regiones co-
mo Casabindo en la Puna Jujeña, Colansulí en Salta o en parajes cercanos a
San Pedro en Misiones se ha evidenciado este tipo de procesos migratorios
ciudad-campo. No obstante, esto ha sido posible al haberse conjugado —al
menos— cuatro factores determinantes: 1) disponibilidad de tierra para las
familias que regresan, ya sea por tratarse de tierras fiscales, comuneras o ce-
didas por empresas forestales luego de haber usufructuado de ellas (Misio-
nes, por ejemplo), 2) posibilidades agroecológicas para desarrollar una estra-
tegia importante de producción para el autoconsumo, 3) alta marginalidad
(básicamente distancia) respecto al mercado o bien nuevas oportunidades de
ingreso en el mercado local (ferias francas en Misiones) y 4) alta desocupa-
ción en las zonas urbanas de las mismas provincias de donde provienen los
pobladores.
En el sector de pequeños productores minifundistas crecieron las llama-
das estrategias hacia la multiocupación y la pluriactividad, tanto en diversi-
24 El Programa de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER) es un
proyecto financiado por BIRF y SAGPyA, ejecutado en todo el país, el cual busca 1) mejorar las
condiciones de vida de los pequeños productores minifundistas y trabajadores rurales pobres,
a través del financiamiento de proyectos productivos y de infraestructura, y 2) fortalecer la ca-
pacidad institucional nacional y provincial para generar políticas de desarrollo rural.
TAPELLA: REFORMAS ESTRUCTURALES EN A RGENTINA… 685
dad de actividades como en la importancia que representan para el ingreso
monetario familiar. Estas actividades (prediales o no) que generalmente no
son agrícolas y buscan mejorar o complementar el ingreso monetario fami-
liar, no han sido suficientemente estudiadas ni consideradas en los programas
de apoyo al sector (Craviotti, 1999 y Gras, 2001). En consecuencia, resulta di-
fícil determinar el papel que juegan en relación con la situación de los siste-
mas productivos de los pequeños productores, ya sea que aceleren su deterioro
o bien que contribuyan a su consolidación. Esto debiera ser estudiado en
profundidad; no obstante, a partir de la experiencia propia en actividades de
extensión rural y evaluación de programas de desarrollo,25 se puede reflexio-
nar lo siguiente. En la mayoría de los casos el incremento de las actividades
extraprediales responde a un deterioro de la actividad predial, y sus ingresos
se orientan inicialmente a “subsidiar” la producción propia en el afán de “ha-
cerla viable” (por ejemplo, mediante la compra de insumos en periodos crí-
ticos). Pero, al persistir las condiciones que limitan la sostenibilidad econó-
mica de sus sistemas, estas estrategias tienden a convertirse en la actividad
principal, mientras que el trabajo agrícola predial se va desvaneciendo. En
tal sentido, estas actividades representan —de algún modo— una estrategia
de “resistencia” que, con mayor éxito en algunos casos que en otros, sólo
frena temporalmente un proceso continuo de deterioro de la pequeña agricul-
tura. Si bien en muchos casos esta estrategia ha permitido “contener” a las fa-
milias en el campo, sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad han crecido.
La política social del Estado en el sector rural
En Argentina, la intervención del Estado en el sector rural durante y después
de las políticas de ajuste muestra serias contradicciones. Por un lado, los
gobiernos han implementado políticas económicas orientadas a incrementar
la producción agrícola exportable y reactivar la actividad económica del sec-
tor. Una muestra de esto es la aplicación en varias provincias de la Ley de
Diferimientos Impositivos,26 orientada a incrementar la producción de culti-
25 El autor ha participado en el seguimiento y evaluación de resultados e impacto de las
principales estrategias de apoyo al desarrollo en Argentina, tales como el Programa Social
Agropecuario (PSA), Programa de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (Proinder),
Proyectos de Agroecología, Seguridad Alimentaria y Desarrollo Sustentable financiados por la
Fundación W. K. Kellogg, entre otros. Ver Tapella (2003), Tapella y Rodríguez-B (2002), y
Aparicio y Tapella (2003).
26 Ésta es una Ley Nacional por la cual grandes empresas agroindustriales son “incenti-
vadas” a invertir los montos que debieran pagar en concepto de IVA, impuesto a las Ganancias
686 ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS XXII: 66, 2004
vos no-tradicionales, en la región extra-pampeana o provincias más desfavo-
recidas. Esta política generó inversiones millonarias y una gran expansión de
productos exportables. No obstante, los pequeños productores, lejos de be-
neficiarse, se vieron perjudicados por estas medidas. No pudieron competir
con estas grandes compañías y muchos tuvieron que abandonar sus activida-
des productivas, vendiéndoles —en algunos casos— sus tierras y transformán-
dose en sus obreros o bien migrando en búsqueda de empleo a zonas urbanas
(Tapella, 2002).
Por otro lado, Argentina, al igual que muchos países de la región, imple-
mentó diferentes fondos de inversión social para mitigar el impacto de las
políticas de ajuste, reducir los niveles de pobreza y frenar las migraciones
rurales, focalizando en distintos tipos de productores y pobres rurales. Este
tipo de políticas sociales también tuvo serias contradicciones internas.
Primero, la mayor parte de los programas sociales focalizados en los
pobres ha sido promovida por los organismos internacionales (principalmente
el Banco Mundial), quienes tienen una participación decisiva en el diseño y es-
trategia de los mismos. Además, su financiamiento, otorgado sobre la base
de nuevos compromisos de deuda externa, abre sospechas respecto de la real
intencionalidad de los programas, y genera dudas en cuanto a la posible sos-
tenibilidad de los mismos, sobre todo si se reconoce que para revertir las ten-
dencias descritas anteriormente es necesario construir una mayor institucio-
nalidad del desarrollo rural (Manzanal, 2000a).
Segundo, existe un conjunto amplio de programas sociales orientados al
sector de la pequeña agricultura, los cuales —en muchos casos— persiguen
finalidades muy diversas. Por un lado, un grupo de programas sociales pro-
vee créditos subsidiados y servicios de extensión rural orientados a incremen-
tar la productividad de los pequeños productores y mejorar su inserción en el
mercado. De esta forma se intenta elevar sus ingresos y evitar la descompo-
sición de sus sistemas productivos. A modo de ejemplo se pueden mencionar
algunos programas: 1) el Programa de Crédito y Apoyo Técnico para Peque-
ños Productores Agropecuarios del Noreste Argentino (PPNEA), conocido ac-
tualmente como PRODERNEA, 2) el Programa PROHUERTA, 3) el Programa Social
Agropecuario, la principal política nacional para el sector de pequeños produc-
y las Riquezas, en el Interior del País (varias provincias) en “mega” proyectos de inversión
agroindustriales, pautados a largo plazo (10 a 15 años). Algunos estudios realizados sobre la
ejecución de estos proyectos, indican que hubo resultados positivos respecto del crecimiento
de la producción, siendo sin embargo muy pobres los resultados en cuanto a la generación de
empleo (principalmente por el uso intensivo de químicos, semillas híbridas y mecanización
del proceso productivo). Para mayores detalles, véase Allub (1996) y Toledo (2000).
TAPELLA: REFORMAS ESTRUCTURALES EN A RGENTINA… 687
tores minifundistas en cuanto a cobertura, presupuesto y número de pro-
yectos, 4) el Programa Cambio Rural, 5) el PROINDER (mencionado anterior-
mente), 6) el Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR) y 7) el Fondo
Especial del Tabaco, que permite el financiamiento de proyectos a través de
otros programas.
Mientras los programas antes mencionados intentan favorecer y fortale-
cer a la pequeña agricultura, por otro lado hay programas que, ejecutados en
forma simultánea, procuran transformar a los pequeños productores (hoy
empobrecidos) en mano de obra calificada para desempeñarse como asala-
riados en grandes compañías agroindustriales, ergo aumentando el deterioro
de la pequeña agricultura. Se puede mencionar, por ejemplo, al Programa de
Empleo Privado (PROEMPI), el Programa Pro-empleo o el Programa Empren-
der, ejecutados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que han ba-
sado su estrategia en la capacitación de los beneficiarios y un subsidio al sec-
tor empresarial para facilitar el contrato de personal y aumentar la inserción
laboral de desocupados rurales (en muchos casos pequeños productores).
No siempre las empresas cumplen con el compromiso de incorporar a su
planta a los jóvenes capacitados, mientras que ellas consiguieron disponer
durante varios meses de mano de obra subsidiada por el Estado. Otras accio-
nes como el Programa TRABAJAR o el Programa Jefes y Jefas de Hogares —de
reciente creación— también provocan el mismo efecto, toda vez que limitan
la continuidad del trabajo predial propio mediante ayudas económicas que
exigen una ocupación en actividades no productivas (muchas veces lejos del
predio). Sólo excepcionalmente se ha aplicado este tipo de programas sub-
sidiando a pequeños productores o desocupados rurales para que realicen
actividades en sus propios predios, ya sea que produzcan para el autoconsumo
o el mercado local.
Finalmente, al menos seis puntos centrales respecto de la intervención
del Estado en el sector rural deben ser destacados.
Primero, lejos de una deseada complementariedad, en Argentina existe
una contradicción persistente entre las reformas económicas y las políticas
sociales. Mientras las primeras generan concentración económica y exclu-
sión de los más débiles, las otras sólo alivian temporalmente los efectos de la
política económica y están lejos de consolidar a la pequeña agricultura como
sector activo dentro del proceso de desarrollo.
Segundo, hay que resaltar que la mayoría de los programas estatales
dirigidos a pequeños productores en Argentina ha estado centralizada en el
Estado nacional, y dentro de las reparticiones respectivas ha ocupado un lu-
gar marginal o secundario. La situación en los Estados provinciales es —ade-
más— mucho más crítica: 1) los gobiernos provinciales no tienen un diagnós-
688 ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS XXII: 66, 2004
tico global y comprehensivo sobre el volumen, características, tipos y subtipos
de pequeños productores, 2) se desconoce el ciclo ocupacional, composi-
ción de ingresos y movimientos migratorios de los trabajadores transitorios
agropecuarios, 3) la estructura institucional para atender a pequeños produc-
tores y trabajadores transitorios agropecuarios es deficitaria, 4) los recursos
humanos son muy pocos y requieren capacitación, 5) los escasos programas
provinciales, responden más a necesidades coyunturales que a políticas de
mediano o largo plazo, 6) los programas nacionales implementados en las
provincias suelen ser los de mayor cobertura geográfica y número de benefi-
ciarios, y no siempre logran coordinarse con las acciones provinciales; entre
otros aspectos (Soverna, 2001).
Tercero, es evidente que a nivel gubernamental (nación y provincias)
no hay un claro consenso respecto al papel que los pequeños productores
minifundistas pueden jugar dentro del nuevo orden macro-económico, im-
plementando —en consecuencia— una mezcla de políticas y programas di-
ferentes, muchas veces con fines contrapuestos. Como afirma Manzanal
(2000b), es necesario determinar —por ejemplo— si las prioridades para el
sector están en las mejoras de las condiciones de vida y en la retención de la
población en el campo, o en la ampliación del campo laboral en las zonas
urbanas o suburbanas de forma tal que aseguren condiciones ocupacionales.
Cuarto, los recursos asignados por el Estado son insignificantes para re-
ducir las desigualdades, considerando que al menos 70% de la población po-
tencialmente beneficiaria no tiene acceso a algún tipo de política social, ya
sea pública o privada. Si bien Argentina es uno de los países latinoamerica-
nos con el mayor gasto social per cápita (18% del PBI en 1999), sólo 7% del
gasto social financia programas focalizados en los pobres. El resto va a la
seguridad social (57%) y las políticas universales (36%), las que —excep-
tuando educación— rara vez llegan a los pobres rurales. Peor aún, el gasto
social en Argentina es pro-cíclico (se incrementa o disminuye de igual mane-
ra que los cambios en el PBI); en consecuencia, cuando el PBI cae durante eta-
pas de recesión —tal como ha sucedido desde 1998—, la pobreza crece y el
gasto social paradójicamente se reduce (Hicks, 2000).
Quinto, si bien los servicios de los programas de ayuda al desarrollo han
permitido leves mejoras de tipo productivo a nivel de cada familia, lo cual de-
biera permitir un aumento en sus ingresos monetarios y no monetarios, tal
como señala Manzanal (2000b:145), el Estado no ha generado acciones que
permitan una transformación más profunda y duradera, con perspectiva de
autosostenerse, superando las restricciones que opone un mercado recesivo,
concentrado y altamente competitivo, sobre el que las familias de pequeños
productores no tienen ningún tipo de control.
TAPELLA: REFORMAS ESTRUCTURALES EN A RGENTINA… 689
Sexto, aun cuando los programas implementados han diseñado criterios
de elegibilidad claros y —en la mayoría de los casos— ha existido una probada
capacidad en alcanzar a la población objetivo, hay demasiados programas y
la articulación y coordinación existente entre ellos es muy limitada. Como
resultado se observa 1) superposición de programas, objetivos y población
beneficiaria, 2) costos administrativos altos y dispersión de esfuerzos, y 3) un
impacto social muy bajo (Hicks, 2000:30-1).
Conclusiones
En este trabajo se ha descrito cómo los procesos de globalización, la liberali-
zación de la economía y la expansión del nuevo régimen agroalimentario han
impactado negativamente sobre el sector de pequeños productores. Se ha se-
ñalado cómo, junto a una mayor concentración económica en manos de gran-
des compañías agroindustriales, se ha profundizado la inequitativa distribu-
ción de la riqueza, aumentando la pobreza rural y precarizándose las condiciones
de vida en el campo. No se puede ignorar el efecto que tuvieron sobre el sec-
tor de la pequeña producción las políticas de desregulación, privatización y
apertura económica implementadas desde los ochenta. El nuevo énfasis de la
economía de mercado de los noventa ha limitado las condiciones de sobrevi-
vencia de los pequeños productores. Junto a la creciente pobreza en el campo,
se incrementaron las estrategias hacia el pluriempleo o la multiactividad. Mien-
tras algunos pequeños productores más capitalizados han podido enfrentar
las exigencias del nuevo régimen agroalimentario, accediendo a tecnologías
e insumos que les permitieron mantener sus niveles de ingreso, al menos
30% de los pequeños productores se vio obligado a abandonar sus activida-
des en búsqueda de un trabajo temporario, rural o urbano.
También se ha señalado que, frente a estos cambios, el Estado ha tenido
una intervención contradictoria y débil. Mientras las medidas económicas
han exacerbado las condiciones de pobreza y vulnerabilidad del sector de la
pequeña agricultura, se han implementado diferentes políticas tendientes a
revertir los efectos no deseados del ajuste. Si bien se generó un importante
grupo de programas orientados al sector, su cobertura ha sido muy limitada,
los montos insuficientes y sus servicios no han permitido resolver factores
estructurales como el acceso a la tierra o la inclusión de los pequeños produc-
tores en la economía “formal”.
Prácticamente todos los programas han puesto el énfasis en el trabajo
con grupos pequeños, el fomento de la participación y la organización. Esto
ha permitido aumentar la “visibilidad” de un sector históricamente margina-
690 ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS XXII: 66, 2004
do de las políticas públicas y, al mismo tiempo —en virtud de las metodologías
adoptadas—, fomentó la formación de técnicos en el campo del desarrollo
rural, quienes han apoyado la creación y consolidación de organizaciones
solidarias y autogestionarias con una moderada participación de los organis-
mos de la sociedad civil y el sector público a nivel local y provincial. Hay al-
gunas experiencias exitosas que, sobre la base de un modelo de participación
y descentralización implementado a favor de las mayorías y no en función de
intereses de poder, han demostrado que cuando el Estado respaldó estas acti-
vidades con asistencia económica y técnica, y se manejó con criterios de ne-
cesidad social y no clientelísticos, se alcanzaron niveles de productividad e
ingreso sostenibles con algunos grupos de pequeños productores pobres.27
No obstante, la asistencia financiera y técnica provista por estos progra-
mas sólo ha garantizado la sobrevivencia de las unidades domésticas atendi-
das (aproximadamente 30% de los potenciales beneficiarios). Además, los
efectos de estos programas en términos de ingreso y calidad de vida respecto
del total de la población objetivo han sido por lo general muy bajos (Aparicio y
Tapella, 2003). Por otro lado, no ha existido la “institucionalidad” adecuada pa-
ra garantizar la continuidad y profundidad de estas acciones, condición nece-
saria para revertir las tendencias descriptas en este ensayo. Tampoco hubo una
estrategia de desarrollo consensuada y articulada entre diferentes actores para
con los pequeños productores en particular y el sector rural en su conjunto.
Frente al contexto descripto y a una nueva composición de la estructura
agraria (nuevas ruralidades), donde prevalecen condiciones de pobreza, exclu-
sión y vulnerabilidad, es imprescindible pensar en una nueva generación de
políticas de desarrollo. Sin el ánimo de ser exhaustivo, y aprovechando tam-
bién las reflexiones de otros autores al respecto,28 se señala una serie de
puntos a tener en cuenta a la hora de rediseñar la intervención del Estado en
el medio rural.
Es imprescindible rediseñar las actuales políticas de desarrollo rural, de
forma tal que sean capaces de articular diferentes organismos (públicos y
privados) y sub-sectores dentro del medio rural, permitiendo enfrentar las
condiciones actuales en forma eficaz y eficiente. Sin duda, es necesario una
mayor intervención del sector público en las políticas de desarrollo agrícola
y rural, como una forma de dinamizar y fortalecer los sub-sectores más per-
judicados. Esta mayor participación del Estado, no sólo debiera “gobernar”
27 Véase Benencia y Flood (2002) y Manzanal (2003), quienes analizan casos específi-
cos, donde a partir de la articulación de diferentes actores y entidades de apoyo, se han podido
lograr resultados satisfactorios.
28 Véase Soverna (2001), Manzanal (2000a y b, y 2003), Aparicio y Tapella (2003).
TAPELLA: REFORMAS ESTRUCTURALES EN A RGENTINA… 691
el mercado para garantizar que las medidas macro económicas no generen
mayor pobreza y exclusión, como sucedió en los noventa, sino que deben fa-
cilitar procesos de redistribución de los recursos. No se trata sólo de adoptar
—por ejemplo— sistemas impositivos progresivos, sino también de imple-
mentar programas que permitan asignar recursos naturales como tierra y agua,
o programas de promoción social e innovación tecnológica adecuados a las
condiciones de los diferentes tipos sociales agrarios. Por su parte, la política
social debiera dejar de ser sólo una ambulancia que recoge las víctimas de la
política económica (Vilas, 1997), y esta última debiera crear oportunidades
de inclusión de la pequeña producción en el escenario económico nacional.
Para ello, además de la decidida acción política de las máximas autori-
dades de gobierno, lo cual implica reconocer la importancia del sector de
pequeños productores, es necesario una mayor asignación de recursos finan-
cieros. Además de la transferencia tecnológica, es imprescindible que los pe-
queños productores (priorizando 70% no atendido aún) pueda alcanzar un
nivel de capitalización lo suficientemente alto como para producir y auto-
abastecerse. Para aquellos pequeños productores vinculados al mercado, la
transferencia de recursos debiera permitir una mejor inserción en el mismo,
no sólo a nivel local, sino regional o nacional. Esto debiera estar acompaña-
do con capacitación y programas de fomento al mercadeo, adecuados a sus
condiciones (por ejemplo, mediante un sistema impositivo preferencial para
pequeños productores minifundistas).
Es necesario también repensar el papel que juegan las políticas que sub-
sidian al desempleo, tales como el Plan Jefas y Jefes de Hogar. Si bien este
tipo de programas ha funcionado como un seguro de desempleo, tanto urba-
no como rural, y por medio de asignaciones monetarias a estas familias se
han reducido parcialmente los niveles alarmantes de indigencia, los mismos
no han sido efectivamente acompañados con programas de promoción. En
tal sentido, es necesario y posible redefinir su estrategia. En aquellos casos
donde los actuales beneficiarios cuenten con tierra, la contraprestación por
el beneficio recibido debiera canalizarse mediante proyectos productivos o
de comercialización, individuales o grupales, realizados en sus propios pre-
dios, y no con la prestación de un “trabajo” comunitario (muchas veces inne-
cesario) como sucede en la actualidad. Para quienes no cuenten con tierra,
debiera privilegiarse su participación en actividades comunitarias de tipo
productivo o eventuales pasos pos-cosecha que permitan un ingreso moneta-
rio o no monetario a estas familias.29 Esto debiera articularse con los Munici-
29 En algunos sectores rurales y suburbanos de Buenos Aires, en el marco de una estrate-
gia de Agroecología, Desarrollo Sustentable y Seguridad Alimentaria apoyada por la Funda-
692 ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS XXII: 66, 2004
pios y debiera sentar las bases para futuros proyectos productivos de tipo fa-
miliar. Está probado que la simple distribución de asignaciones no remunerati-
vas (subsidios) a pobladores que no tienen que asumir una verdadera contra-
prestación, no sólo no revierte las condiciones de pobreza, sino que —con el
tiempo— transforma a estos pobladores en un depositario pasivo del asisten-
cialismo y no en sujetos activos del desarrollo.
Es muy valioso lo realizado hasta ahora por los programas de desarrollo
rural del Estado nacional. No obstante, sus acciones deben potenciarse para
contribuir con mayor eficacia al desarrollo de los sistemas productivos loca-
les. Tal como señala Soverna (2001), es necesario fortalecer el crecimiento
productivo y competitivo de los pequeños productores, poniendo énfasis en
la innovación y el desarrollo de políticas de tipo territorial. Si bien no debe
descartarse trabajar hacia el interior de las unidades productivas, el papel del
Estado (local, provincial o nacional) debería concentrarse en generar exter-
nalidades para reducir los costos de transacción, alcanzar economías de esca-
la y facilitar el desempeño de las micro-unidades. El planteo es trabajar con
áreas geográficas con algún grado de homogeneidad agroecológica, especia-
lización productiva de base agropecuaria y presencia significativa de peque-
ños productores y trabajadores agropecuarios. Estas áreas debieran ser con-
sideradas como unidades de programación, para la formulación de proyectos
y para la coordinación organizativa, las cuales debieran vincularse con áreas
urbanas cercanas. Si bien hay algunas experiencias incipientes en este senti-
do, son iniciativas aisladas y no suficientemente sistematizadas o documenta-
das, sobre las cuales habría que reflexionar y, en caso de que arrojen buenos
resultados, fomentarlas.
Es imprescindible, además, que el Estado asuma nuevas responsabili-
dades y garantice una mayor institucionalidad del desarrollo rural, para que
la problemática de los pequeños productores deje de ser un apéndice secun-
dario en la agenda de las políticas públicas. Existe un conjunto de propuestas
concretas, que esperan ser atendidas por las autoridades de gobierno, las cua-
les resaltan algunas de las funciones indelegables que el Estado debiera asu-
mir para acompañar un proceso de desarrollo rural con “mayúsculas”. Estas
funciones son: 1) planificar y coordinar las acciones, identificando un horizon-
te de objetivos realista y creíble con la participación de las provincias, munici-
ción W. K. Kellogg, se han apoyado emprendimientos comunitarios con población desempleada
(en muchos casos ex pequeños productores). Mediante la puesta en marcha de pequeñas fábri-
cas de pan, pastas, conservas y confituras, artesanías, etc., las familias se asociaron en torno a
un Municipio y/o Centros Vecinales y lograron distribuir y comercializar sus productos, con su
consecuente mejora en el nivel de ingreso.
TAPELLA: REFORMAS ESTRUCTURALES EN A RGENTINA… 693
pios y actores no estatales, 2) gestionar los fondos tanto de origen nacional
como de los organismos de cooperación internacional, garantizando la con-
tinuidad de las acciones iniciadas, 3) incrementar la investigación e innova-
ción sobre tecnologías apropiadas a la realidad de los pequeños productores
y sistemas productivos locales, 4) gestionar la creación de líneas de financia-
miento (bancarias o no), adecuadas a las condiciones de los pequeños produc-
tores, 5) realizar estudios para mantener información actualizada sobre el
universo de beneficiarios y los cambios que se operen en el mismo, 6) dise-
ñar y mantener un programa de capacitación para técnicos extensionistas,
sobre aspectos vinculados a la formulación, gestión y seguimiento de proyectos
y metodologías de intervención, y 7) realizar el seguimiento y la evaluación
de las acciones planificadas y financiadas, permitiendo contar con informa-
ción precisa que permita re-direccionar acciones y presupuestos (Soverna,
2001).
Es imprescindible superar el patrón de desarrollo excluyente y desigual
de la era neoliberal, en el marco de un mayor protagonismo del Estado y la
sociedad civil. Según Manzanal (2003), es posible gestar un proceso que
transforme la institucionalidad del desarrollo rural. Pero, para ello, es necesario
pensar en un nuevo modelo de Estado con una manera diferente de hacer
política pública. Esto implica, por un lado, la participación transversal de la
nación, las provincias y los municipios y, por el otro, la participación horizon-
tal del sector público y privado —empresas, organizaciones, cooperativas, ONG,
sociedad civil, y beneficiarios. Este nuevo modelo debe permitir la autogestión
de la sociedad civil, ejerciendo sus derechos de control y seguimiento respec-
to de la acción del Estado y demás actores.
Lamentablemente, y aún cuando el gobierno central actual ha tomado
algunas medidas de tipo neokeynesianas y ha manifestado la voluntad de
ejercer una mayor intervención en las cuestiones relacionadas con la peque-
ña producción, en la Argentina actual no hay indicios de que los principales
dirigentes del país hayan incluido las propuestas antes enunciadas en su “agen-
da” de prioridades.
Recibido: noviembre, 2003
Revisado: mayo, 2004
Correspondencia: Universidad de San Juan/Instituto de Investigaciones So-
cio Económicas de la Facultad de Ciencias Sociales/Universidad Nacional
de San Juan/CUIM-Cerecetto y Miglioli, Rivadavia/C. P. 5400 San Juan/Argen-
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... Esto se tradujo, en el agro argentino, en el desplazamiento de las actividades agropecuarias, la exclusión de los productores de la producción de alimentos, la segregación de comunidades campesinas y una reconfiguración del sistema agroalimentario (Feito, 2014;Teubal y Rodriguez, 2002). En este contexto, la transnacionalización del agro (el ingreso de capital financiero en la producción) y el proceso de revolución tecnológico-científica conllevó una creciente simplificación y homogeneización de los agroecosistemas liderado por el cultivo de soja, generando cosechas récord y favoreciendo a las economías de gran escala; ignorando el impacto que este modelo tuvo en el sector de pequeños productores y el fuerte deterioro de su tejido social, desplazando tanto a estos actores como a sus modelos tradicionales de producción (según datos del INDEC el número total de explotaciones agropecuarias se redujo 24,5% en 15 años) (Tapella, 2004;Feito, 2014). ...
... Como mencionamos en la introducción, el SAA sufrió grandes transformaciones desde la década de 1970, pero especialmente desde 1990; a partir de las privatizaciones, las desregulaciones y la apertura al exterior de la economía argentina, las políticas económicas se orientaron a incrementar la producción agrícola exportable y grandes empresas agroindustriales y supermercados transnacionales adquirieron preeminencia en el ámbito del SAA. La concentración, la "extranjerización" de diversos complejos productivos a partir de la fusión y de la compra por parte de empresas agroindustriales transnacionales, así como la integración vertical, transformaron las características y la naturaleza de las relaciones de poder dentro del SAA y su perfil tecnológico (Teubal, 2001;Teubal y Rodríguez, 2002;Tapella, 2004). Según estos autores estas transformaciones afectaron a pequeños y medianos productores agropecuarios y a trabajadores urbanos y rurales e influyeron en el acceso a la alimentación de vastos sectores sociales. ...
... Las políticas públicas han mostrado en Argentina una contradicción persistente entre las reformas económicas que generan concentración económica y exclusión de los más débiles, y las políticas sociales que, lejos de consolidar a la pequeña agricultura como sector activo dentro del proceso de desarrollo, han funcionado sólo como un alivio temporal frente a los efectos de la política económica (Tapella, 2004). ...
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En el presente trabajo nos proponemos realizar una comparación entre Francia y Argentina en relación a las políticas públicas destinadas a fomentar la agroecología desarrolladas en estos países, detectar potencialidades del proceso francés que sean plausibles de ser adaptados al proceso argentino y generar propuestas para aportar al desarrollo de una política pública integral en Argentina. Se tomaron como ejes de análisis los siguientes aspectos: las diferentes concepciones de agroecología; políticas públicas, organizaciones e instituciones estatales en relación a la agroecología; consumidores y acceso a los alimentos. En cuanto al proceso en nuestro país consideramos que se están generando bases sólidas y un entramado social propicio para una transformación del modelo productivo hegemónico hacia otro más sustentable, pese a las desfavorables condiciones estructurales de producción y a las escasas y desarticuladas políticas públicas de promoción de la agroecología. Es necesario avanzar en una política de estado integral que capitalice las experiencias actuales y se haga cargo de las demandas existentes. En este sentido, ponemos en valor la posibilidad de enriquecer los procesos locales a través de intercambios entre Francia y Argentina, que pese a haber atravesado procesos históricos diferentes, permiten reflexionar sobre nuestras prácticas y adaptar algunos aspectos exitosos de la experiencia francesa a nuestra realidad. Como resultado hemos podido plantear una serie de consideraciones que esperamos contribuyan a pensar las políticas públicas agroecológicas en Argentina.
... Desde mediados de los 90 se inició una nueva era en la historia vitivinícola argentina, quebrando un ciclo de abandono y cambio de uso de la tierra, por uno de expansión, reconversión y capitalización, observable con el advenimiento tanto de empresas vitivinícolas internacionales como sociedades de capital foráneo que absorbieron o capitalizaron empresas locales (Azpiazu y Basualdo, 2001), (Gudiño y Villegas de Lillo, 2001), (Reyes, 2001), (Tapella, 2004), (Linck, 2006), (Bendini, 2006), (Obstackho, 2007), (Hoekstra, 2009), dando lugar a la aparición de complejos agroindustriales de envergadura (Martín, 2009). Dentro de las transformaciones, se lleva a cabo la integración de las economías rurales en estos procesos y se diluyen las fronteras y las distinciones entre los mercados locales, regionales, nacionales y globales de alimentos (Amadeo, 2004). ...
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La estructura constituye uno de los atributos más estables de los agroecosistemas, por lo cual su caracterización resulta de utilidad para el análisis y diagnóstico de los mismos. Sin embargo, como cualquier sistema abierto, está sujeto a fuerzas que movilizan transformaciones, las cuales cuando son unidireccionales resultan en procesos. Así, el concepto de estructura aparece a prima facie como simple, compartido por la comunidad científica y de fácil comprensión. La realidad se presenta, no obstante, diferente. Autores provenientes de distintas disciplinas recurren al término y utilizan en el análisis atributos de diversa naturaleza, otros reducen el concepto a un conjunto reducido y acordado de variables. Esta situación indujo en la autora a sumergirse en este océano de publicaciones en busca de la diversidad de miradas, nociones y aportes que enriquecen tanto la concepción teórica como el abordaje metodológico de la estructura agraria y la dinámica de sus transformaciones. Esta revisión es el resultado de varios años donde se indagó en la miríada de trabajos referidos a los aspectos estructurales de los agroecosistemas, bajo la luz de diversas disciplinas pudiendo observarse las mutaciones del alcance del término a lo largo de la evolución de la ciencia. Se observó así la gran diversidad de enfoques, aspectos, variables e indicadores a los que los autores recurrieron para abordar el estudio de la estructura agraria. Algunos son recurrentes y compartidos en una importante parte de las publicaciones, mientras que otros son de mayor originalidad. Este trabajo intentó sistematizarlos bajo criterios dimensionales con la intención de describir el abanico de posibilidades de su abordaje. Estas dimensiones que contiene las variables aplicadas, responden a variados aspectos tales como de naturaleza físico geográfica, tecnológica, productiva, económica, de encuadramiento, sociales, de vínculos, culturales o intangibles. Una segunda parte indagó acerca de las transformaciones registradas en la estructura, las cuales al adquirir aspectos comunes toman la forma de procesos, tanto espaciales como temporales. Éstas fueron clasificadas y tipificadas de acuerdo a diversas variables, algunas externas como el cambio climático o la globalización, otras por factores más próximos como el avance urbano, modificaciones de la estructura social o al desarrollo, y algunas fueron vinculadas al uso diferencial de algunos recursos asociados a dinámicas intrínsecamente internas. Un análisis de fuerzas conductoras o promotores de los procesos analizados complementa la revisión anterior. Si bien se mencionan aspectos estructurales, procesos y promotores presentes en diversos territorios rurales, se hizo mayor énfasis en los observados en sistemas agrarios intensivos de oasis. Se está plenamente consciente de que la presente obra no es exhaustiva ni agota el tema, pero confía que se halle en la misma, material para un punto de partida de abordajes innovadores y útiles para el desarrollo de los territorios. Se espera con la presente obra que el lector encuentre en forma ágil conocimiento acerca la configuración de sus áreas de interés y de las transformaciones pasadas o presentes o potenciales, con la intención de promover nuevas miradas a la realidad.
... Desde la NR, la crisis del campo se explica a partir de pluriactividad y multifuncionalidad agrícola y no agrícola que los campesinos desarrollan dentro y fuera del campo como productores y jornaleros asalariados, lo cual ha diversificado las unidades familiares fuera de sus pequeñas extensiones de tierra donde se mantienen los estilos de vida de los pequeños productores agrícolas (Tapella, 2004). De acuerdo con Kay (2009), esta nueva visión de la problemática rural propicia una interpretación compleja del desarrollo rural que integra nuevos criterios de análisis como la reducción de la pobreza; la sustentabilidad ambiental; la equidad de género; la revaluación del campo, su cultura y su gente; facilitar la descentralización y la participación social; superar la división rural-urbana, y garantizar la viabilidad de la agricultura campesina (Kay, p. 6). ...
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Objetivo: Analizar el efecto de la transnacionalización de la agricultura en los pequeños productores agrícolas del municipio de Cojumatlán de Régules, Michoacán. Metodología: Se utilizó la metodología de redes, la cual consistió en identificar a actores clave en el municipio, quienes nos llevaron a la localización de los principales actores de esta investigación reconocidos como pequeños productores agrícolas. La metodología incluyó la aplicación de entrevistas cualitativas y reuniones con dichos productores. Resultados: Entre los resultados de la investigación se destaca el abandono paulatino de los pequeños productores agrícolas por parte del Estado mexicano, quienes se enfrentan a un entorno desfavorable, propenso al agronegocio trasnacionalizado, que requieren de inversiones inaccesibles para su realidad económica, lo que propicia la emergencia de nuevas ruralidades, así como el establecimiento de estrategias de subsistencia por parte de estos productores agrícolas en el municipio. Limitaciones: El presente artículo surge de una investigación regional que se enfoca en estudiar las problemáticas agroproductivas a las que se enfrentan los pequeños productores agrícolas, la cual no analiza las problemáticas correspondientes de los medianos y grandes productores agrícolas. Conclusiones: El análisis de los insumos obtenidos mediante investigación documental y trabajo de campo, nos permite concluir que la falta de organización ejidal y la desigualdad en las condiciones de producción por la globalización neoliberal, ocasiona que los pequeños productores agrícolas decidan incursionar en la siembra de nuevos cultivos lo que les permite subsistir y mantenerse vigentes en la actividad agrícola del municipio.
... In Argentina, the foundations for the implementation of a neoliberal model started to be laid in the 1970s 82 and it was then consolidated in the 1990s (Tapella, 2004). At the beginning of the 1970s social protests became radicalized 83 . ...
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Recent studies of ‘accumulation by dispossession’ have highlighted the link between agrarian changes and the expansion of social capitalist relationships that has occurred in the neoliberal era. However, the high degree of abstraction of these studies and the lack of analysis of the role of the actors involved in these processes, especially the subaltern groups, presents challenges for the analysis of empirical processes (Hart, 2002; 2004; Hall, 2013). To overcome these limitations this work proposes to analyze processes of agrarian change through an approach centred on the ‘local rationalities’ of the actors involved (Nilsen and Cox, 2013). From that perspective this thesis argues that the positions of the actors in ‘processes of accumulation by dispossession’ can be explained by examining their memories of past experiences, the actual forms of power and dispossession and the position of subalternity of each group in a determined time and place (Li, 2000; Hodgson, 2011). The focus on local rationalities is applied here to analyze the different perceptions and positions of two indigenous communities in the province of Chaco, Argentina with regard to the expansion of the agribusiness model since the 1990s. This work thus seeks to illuminate the multiple dynamics that exist between subaltern and dominant groups in the different contexts of dispossession. Through analyzing these processes by considering the complex network of power relationships that have been produced, which generate acts of resistance but also complicity, this approach aims to make a contribution that will help to revitalize political readings of new rural dynamics linked to capitalist development.
... Se entiende como proceso territorial, un cambio de configuración del sistema en un sentido determinado. La bibliografía menciona una profusión de los mismos, varios de los cuales pueden enmarcar la dinámica rural del territorio Oasis Norte:  Expansión de la globalización a actividades primarias (Gudiño y Villegas de Lillo, 2001); (Reyes, 2001); (Tapella, 2004); (Linck, 2006) y (Hoekstra, 2009).  La fragmentación de las explotaciones agropecuarias en unidades de producción de reducido tamaño, muchas de ellas con características minifundistas (Rembold, 2003). ...
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Oasis Norte Territory is a part of Mendoza River irrigated basin. Through three indicators the evolution of agrarian structure of the holdings is assessed: size, farming system and labour organization. Because of internal differences the area was segmented in sectors and the analysis has been done in this scale. As results some territorial processes have been put in evidence and quantified, as urban sprawl, land abandonment and losses of small holdings among others
... Para muchos países de la región -incluyendo Argentina-la adopción de este tipo de políticas, acompañada por la expansión de grandes corporaciones transnacionales y la integración de la agricultura en el nuevo sistema agroalimentario mundial, ha modificado drásticamente la estructura y las condiciones de producción del sector agropecuario (Teubal, 2001;Tapella, 2004). ...
... Aunque algunos autores definen este proceso como la desagrarización del campo Escalante et al., 2007), otros más recientemente hablan del surgimiento de las familias rurales postagrícolas 12 La mayoría de los estudios sobre la nueva ruralidad se refieren a un país o a una región o regiones en un país en particular. Para una muestra de la investigación sobre la pluractividad o multifuncionalidad de la nueva ruralidad, véase para Argentina: Cucullu y Muráis (2003), Gras (2004), Tapella (2004), Neiman y Craviotti (2005); para Brasil: Graciano da Silva (1997), Carneiro (1998) (Grammont y Arias, 2008). Estas actividades rurales fuera de la granja son mucho más dinámicas, más productivas y generan mayores ingresos que las actividades agrícolas, de ahí que su importancia continúe creciendo en empleos e ingresos en comparación con las actividades agrícolas. ...
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This article investigates the emergence of a new approach for rural development studies in Latin America in the mid-1990s. It explores the various interpretations and contradictions of this approach as well as the resulting debates. The analysis focuses on the four main changes in rural economy and society normally highlighted by the "new ruralists". It also makes a distinction between the reformist, community and territorial approaches of the new rurality.
Thesis
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Se utilizan las categorías provenientes de las corrientes de Pensamiento Ambiental Crítico, para analizar la vitivinicultura mendocina, en tanto actividad que es manifestación y canal de las lógicas modernas que llevan a la ruptura ambiental en la provincia, con su uso del recurso hídrico provincial
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Os estudos sobre desenvolvimento rural e agricultura familiar no Brasil estão vinculados a emancipação, participação e mudança social. Partindo da importância das políticas públicas para a agricultura familiar, este artigo objetiva analisar a implementação do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, a partir de um estudo de caso realizado nos municípios paranaenses de Rio Branco do Sul e Itaperuçu, no do Vale do Ribeira. Após uma fundamentação teórica sobre políticas públicas agrícolas pós-década de 1990 no Brasil, realizou-se uma pesquisa qualitativa na qual foram entrevistados agentes ligados ao PNAE. Constatou-se que a abrangência do programa nos municípios pesquisados vincula-se apenas ao cumprimento da legislação vigente. Por exemplo, apenas 30% dos alimentos entregues têm origem na agricultura familiar local e regional. Conclui-se que são necessárias mudanças na referida política pública para que esta promova de fato o desenvolvimento rural na região.
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p>El artículo explora los efectos de la realidad y la constitución de sujetos inscritos en la problematización contemporánea de la pobreza y su combate mediante la participación comunitaria (Banco Mundial-PRONASOL). Coerciones de distinto orden, en especial desde el ámbito del mercado libre como automatismo, se ejercen sobre los colectivos más vulnerables. Política social y disuasión represiva (Chiapas), unidas a un entorno de disciplina sistémica por la precariedad de las condiciones de vida y de trabajo, convergen para restringir opciones e instaurar sujetos mínimos, sometidos. Las resistencias múltiples de estos sujetos resignifica estas propuestas de participación, autonomía y responsabilidad.</p
Chapter
After over a decade of macroeconomic adjustment it is appropriate to assess the impact of policy changes on agriculture in Latin America. While there have been many reviews of the changes in macroeconomic policy in the region (eg., Bulmer-Thomas, 1992; Fanelli, Frenkel and Rozenwurcel, 1990) and of sectoral polices for agriculture (eg., FAO, 1992d), there have been relatively few overall reviews of agricultural performance such as one finds in such profusion for sub-Saharan Africa (perhaps because aggregate economic performance is so dominated by agriculture in that region). An up-to-date review is all the more timely at the moment when for Africa a consensus is developing that multilateral adjustment programmes have had quite a mixed impact on agriculture.1 A balanced assessment is also in order in light of a recent World Bank multi-volume study that includes several Latin American countries and reaches quite strong conclusions on the basis of a controversial methodology.2
Chapter
The case of Argentina has long been a puzzle for growth theorists — a country with a magnificent endowment of natural resources and a well-educated population after a century of (mostly European) immigration. A country that in the early 20th century was among the top dozen countries of the world in terms of per capita GDP, foreign investment, economic growth and other indicators, only to see her output and her international standing stall and eventually go down to Third World standards after World War II. The country’s long secular decline had its lowest point with repeated episodes of rocketing hyperinflation in 1989–1990, which induced people in poor neighbourhoods to loot supermarkets and grocery stores in search of (otherwise unaffordable) food. At that time, about 40 % of the people had incomes below a very meagre poverty line, a big increase on the estimated five per cent living in poverty in 1970.
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El objetivo de este artículo es contextuar y analizar la situación del desarrollo rural en la Argentina. De manera particular, interesa indagar las capacidades de los distintos programas existentes de desarrollo rural para promover una transformación del sector, en un contexto de carencia de recursos y debilidades institucionales, nacionales, provinciales y locales. En el primer apartado se adelanta nuestra perspectiva sobre las condiciones de viabilidad para el desarrollo rural en el presente. A continuación se elabora un diagnóstico sobre las actuales características del desarrollo rural en el ámbito nacional y su situación institucional. Finalmente, en el tercer apartado se analizan las acciones de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo rural, consideradas en este artículo como otro de los pilares de una propuesta de desarrollo rural alternativo.
Article
Social funds are becoming an increasingly important lending instrument in the World Bank's efforts to reach the poor. As part of a social fund portfolio review of 51 projects at the end of fiscal 1996, this paper examines the extent to which social fund subprojects are designed to support community participation, demand orientation, and investment in local organizational capacity to achieve sustainability at the community level. Social funds, which were first designed to cushion the effects of a country's fiscal and institutional crisis, have shown considerable ability to adapt and evolve in response to a new focus on service delivery and local capacity building. There have been many innovations in the design of social funds, particularly in the past two years, involving the devolution of authority and control over decisions and financial resources to community groups. However, the demand orientation of most projects could be further strengthened and only a handful of funds invest systematically in local organizational capacity. This raises concerns about the long-term sustainability of subprojects at the community level. If social funds are to meet their potential as lending instruments for alleviating poverty on a sustainable basis, more attention will have to be focused on community participation, demand orientation, and investment in local organizational capacity. This paper offers a number of specific design recommendations for improving these features in social fund projects.
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This chapter looks at contract farming in Third World countries and how it is engineered by agribusiness multinationals, typically in alliance with "host'-country governments (and often facilitated by foreign aid). It not only documents and illustrates this as a major contemporary trend, but also suggests how it reflects important shifts in the ways that capital seeks to organize production and markets and to restructure international divisions of labour, in particular by creating new forms of bondage of labour to the production process. -from Editor