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Del trabajo al paro y del paro al subsidio:
Cambios en las culturas del trabajo
de los jornaleros andaluces
PABLO PALENZUELA
Grupo de Investigación GEISA
Departamento de Antropología Social
Universidad de Sevilla
INTRODUCCIÓN
Este artículo, cuyo marco disciplinar es la antropología del trabajo, tie-
ne como hilo conductor el concepto de culturas del trabajo y como refe-
rente empírico la transformación de los procesos de trabajo en la agricul-
tura andaluza a partir de la mecanización intensiva de los cultivos en las
tres últimas décadas del siglo xx. Este factor de carácter estructural en el
proceso productivo agrícola, coadyuvado con la intervención del Estado
institucionalizando las medidas asistenciales en favor de los trabajadores
eventuales agrarios, ha dado lugar al alejamiento del jornalero del trabajo
en la tierra y a su incorporación al sector de la población asistida. La re-
ducción drástica de las oportunidades de ejercer el oficio de jornalero para
muchos jóvenes del medio rural que alcanzaron su edad adulta en 1984,
año de entrada en vigencia del Subsidio de Desempleo Agrario, hace des-
aparecer prácticamente las bases materiales sobre las que se construyó y
se reprodujo una cultura del trabajo jornalera impugnadora, dignificadora
y solidaria. La acción colectiva de resistencia a la mecanización y en de-
fensa del trabajo en la tierra durante los años setenta va a coincidir con
las movilizaciones por la continuidad y la extensión del Empleo Comuni-
tario y esa simultaneidad de reivindicaciones expresadas colectivamente
dejará paso progresivamente a la preocupación individual por «arreglar los
papeles del paro» y a la práctica desmovilización de los jornaleros.
Las ideas del «cumplir», el «reparto» y la «unión» (cf. Martínez Alier 1968),
que fueron los tres pilares que definieron ideacionalmente la cultura jor-
nalera del trabajo, así como las condiciones particulares de inserción de
los jornaleros en los procesos de trabajo agrícolas, que constituyeron la
base material de dichas culturas del trabajo, desaparecen paulatinamente
de la orientación cognitiva y de la experiencia cotidiana del jornalero
andaluz para llevarlo a lo que Ortí (1984) llamó «la agonía final de la
conciencia jornalera».
REVISTA DE DIALECTOLOGÍA Y TRADICIONES POPULARES,
vol. LV, nº 2, (2000)
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A partir de la presentación del concepto «culturas del trabajo»» y de su
potencialidad epistemológica para el análisis de las prácticas sociales va-
mos a recorrer el proceso irreversible que transforma un colectivo, cuya
identidad social es resultado, junto a otros factores, de su cultura del tra-
bajo,
en una masa amorfa de asistidos sociales para los cuales la etiqueta
de «jornalero»» tiene hoy día una significación más administrativa que so-
cio-profesional.
I. CLASE SOCIAL, CULTURAS DEL TRABAJO E IDENTIDADES SOCL^^ES
El resultado general al que llegué y que, una vez obtenido, me sirvió de guía
para mis estudios, puede formularse brevemente de este modo: en la producción
social de su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, necesa-
rias,
independientes de su voluntad; estas relaciones de producción correspon-
den a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales.
Ei conjunto de esas relaciones de producción constituye la estructura económica
de la sociedad, la base real, sobre la que se eleva una superestructura jurídica y
política y a la que corresponden formas sociales determinadas de conciencia. El
modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social,
política e intelectual, en general. No es la conciencia de los hombres la que de-
termina la realidad; por el contrario, la realidad social es la que determina su
conciencia (Marx 1970).
La anterior formulación sintética del materialismo histórico ha servido
de guía metodológica para una buena parte de la producción científico-
social desde su publicación en 1859, aunque por culpa de la exégesis
dogmática realizada por Stalin en 1938 e impuesta al pensamiento mar-
xista hasta las últimas décadas del siglo xx, su potencialidad epistemológica
se vio limitada, dando lugar a interpretaciones mecanicistas y escasamen-
te dialécticas de la realidad social. Como afirma Habermans (1992: 144>
«Durante mucho tiempo ha venido dominando una versión económica de
este teorema».
Sin embargo, el concepto de relaciones sociales de producción, defi-
nido como conjunto de relaciones que los individuos establecen entre sí
y con respecto a los medios de producción en los procesos productivos,
se ha mantenido como piedra angular en el análisis de la producción y
de la reproducción social, realizado desde el paradigma materialista. Esas
relaciones son sociales ya que la producción en sí misma está determina-
da por necesidades social e históricamente definidas y el trabajo humano
no puede ser otra cosa que trabajo social. Además de ser un mecanismo
de socialización del trabajo, las relaciones sociales de producción deter-
minan la posición objetiva de los individuos, tanto en la producción mis-
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ma como en la estructura de clases y constituyen la base desde la que
se generan las distintas formas (alienadas o impugnadoras) de conciencia
social.
Una formación económico-social supone la coexistencia de varios mo-
dos de producción y, en consecuencia, de otros tantos modelos de rela-
ciones sociales de producción, cuya expresión jurídica son las distintas
formas de propiedad de los medios de producción y de apropiación de
la fuerza de trabajo. De entre todos ellos, un concreto modelo de rela-
ciones sociales de producción termina subsumiendo a los demás para
otorgar carta de naturaleza al modo de producción dominante y definir
tanto los mecanismos de funcionamiento de la base material como las
construcciones ideacionales de la forma social. Ambas instancias (lo ma-
terial y lo ideal, como las denomina M. Godelier, 1990), cuyo nivel de
causalidad en la producción de lo social no puede determinarse apriorística-
mente, son perceptibles en su imbricación dialéctica en los procesos de
trabajo, es decir, allí donde toman cuerpo las relaciones sociales de pro-
ducción.
Por ello, los procesos de trabajo, especialmente aquellos que se apli-
can a la producción directa de mercancías (trabajo directamente produc-
tivo,
según Marx), constituyen el primer escalón de un proceso metodoló-
gico como el que propone Emmanuel Terray (1969: 100) para identificar
la naturaleza de una formación social:
1.
Hacer el inventario de los procesos de trabajo, sin olvidar que se
ejecutan dentro de unas determinadas relaciones sociales de producción.
2.
Localizar los diversos tipos de procesos de producción en cada
formación económico-social, teniendo en cuenta que el conjunto de los
procesos de trabajo, y las relaciones sociales de producción en las cuales
el trabajo se realiza, constituyen un proceso de producción.
3.
Analizar las unidades de producción como marco concreto donde
ésta se efectúa, teniendo presente que sus dimensiones y estructura vie-
nen determinadas a la vez por las fuerzas productivas y las relaciones de
producción.
4.
Finalmente, estudiar la representación de las relaciones de produc-
ción en el nivel de la superestructura jurídico-político-ideológica, sin olvi-
dar que en determinadas condiciones, instancias tanto políticas como re-
ligiosas, incluso los sistemas de parentesco en las sociedades segmentarias,
por ejemplo, pueden intervenir en la constitución de verdaderas relacio-
nes de producción.
Junto al concepto de relaciones sociales de producción, y como di-
recta derivación de él, aparece el de clase social que se convertirá en la
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herramienta epistemológica clave de la perspectiva marxista en el análisis
de las sociedades. Según la clásica definición leninista:
Las clases son vastos grupos de hombres que se distinguen por el lugar que ocu-
pan dentro de un sistema históricamente determinado de producción social, por
su relación —^la mayoría de las veces fijada y formulada por leyes— con los medios
de producción, por su papel en la organización del trabajo y, por lo tanto, por
las dimensiones de su participación en la riqueza social de que disponen y el
modo de adquirirla (Lenin 1919).
Esta definición, que rezuma un fuerte contenido economicista, será
completada más tarde por autores como Poulantzas (1972, tomo 1: 62 y
65) al entender que la clase no es sólo la consecuencia de una determi-
nada estructura económica, sino el producto de la acción combinada de
diferentes estructuras —económicas, políticas, jurídicas, ideológicas— cuya
combinación constituye un modo de producción y una formación social
determinados. En otro de sus textos N. Poulantzas (1974: 16) reelabora y
completa la definición leninista de clase social al afirmar:
Las clases sociales son conjuntos de agentes sociales determinados principalmen-
te,
pero no exclusivamente, por su lugar en el proceso de producción, es decir,
en la esfera económica. Sin embargo, no se debe concluir que, debido al lugar
principal de la esfera económica, ésta sola bastaría para la determinación de las
clases sociales.
A dicha dimensión económica, que está vinculada directamente con
las relaciones de producción, se incorporan las dimensiones políticas, ju-
rídicas e ideológicas, presentes en las relaciones y en las prácticas socia-
les,
para dotar al concepto de clase social de una naturaleza ontológica.
Finalmente, el concepto adquiere un contenido dinámico al entender
que la clase social está estructuralmente determinada por las prácticas de
clase, es decir, por la lucha de clases que confronta intereses antagóni-
cos en el seno de las relaciones sociales de producción. Esa determina-
ción estructural es distinta de la posición coyuntural que una clase social
o una fracción de ella puede adoptar en un momento determinado. Por
ejemplo, la llamada aristocracia obrera en determinadas ocasiones puede
adoptar posiciones burguesas sin que ello suponga que forma parte de la
burguesía o que sectores de la pequeña burguesía, como el campesina-
do,
puedan compartir las posiciones del proletariado sin que ello les in-
tegre en dicha clase social.
Esta cuestión nos lleva directamente a la diferenciación entre clase en
sí (determinación objetiva de clase únicamente por el proceso de pro-
ducción) y clase para sí (dotada de una consciencia de clase propia y de
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una organización política autónoma), requisitos que G. Lukacs (1985)
entiende necesarios para que una clase se convierta en una fuerza social.
La consciencia de clase es, según Lukacs
iibid.
115):
la reacción racionalmente adecuada que se atribuye de este modo a una determi-
nada situación típica en el proceso de la producción. Esta consciencia no es, pues,
ni la suma ni la media de lo que los individuos singulares que componen la clase
piensan, sienten, etc..
Relaciones sociales de producción, clase social y consciencia de clase
han funcionado pues como conceptos clave en el análisis de las estructu-
ras sociales y también en la comprensión de las prácticas sociales (espe-
cialmente de las económicas y políticas), así como de las orientaciones
cognitivas de los individuos y de los grupos sociales. Sin embargo, su
eficacia epistemológica, demostrada en las fases históricas de un capitalis-
mo emergente de base nacional cuya estructura social pivotaba sobre la
polarización burguesía/proletariado, se ha ido reduciendo a medida que
avanzaba el proceso de complejización social y de fraccionamiento de la
estructura social del capitalismo.
En un anterior trabajo (Palenzuela 1995: 12) avanzamos la idea de la
necesidad de un análisis de mayor finezza para la validación de la teoría
marxista sobre las clases sociales en el capitalismo contemporáneo.-
La teoría marxista sobre las clases sociales y el propio concepto de clase social
siguen siendo, en nuestra opinión, referencias teóricas y conceptuales válidas, pero
insuficientemente explicativas en el marco del capital monopolista.
Porque, hoy día un concepto tan cerrado y ontológico como el de
clase social, incluso en su acepción más omnicomprensiva como locus de
las dimensiones económicas, políticas e ideológicas, nos servirá, como
mucho, para desbrozar el terreno de la determinación de las estructuras
sociales, pero difícilmente nos ilustrará sobre el sentido de las prácticas
sociales. Tampoco el concepto de consciencia de clase, tal como lo defi-
ne Lukacs, parece tener mucha utilidad hoy para entender la diversidad
de cosmovisiones de los individuos que objetivamente comparten una
misma posición en las relaciones sociales de producción.
En definitiva, la identidad social, que orienta las prácticas de los gru-
pos sociales y condiciona su particular interpretación de la realidad, no
puede ser subsumida por la identidad de clase ni por la consciencia de
clase, porque:
Contrariamente a lo que muchos, explícita o implícitamente, entienden, en el
mundo actual —en nuestra «aldea global»— no es el sistema de clases el único
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estructurante a partir del cual se generan todas las demás divisiones, contradic-
ciones y conflictos sociales. Y tampoco, desde nuestro análisis, la lista de princi-
pios generadores de identidades básicas es ilimitada, ni son equivalentes en su
importancia. Por mi parte considero que existen tres principios fundamentales que
actúan sobre cada individuo tendiendo a generar en él, cada uno de ellos
autónomamente, una identidad globalizadora. Mi identidad como persona posee
estos tres componentes básicos, estructurales: mi identidad étnica, mi identidad
de género y mi identidad de clase y profesional (Moreno 1991: 603).
Esta cita del antropólogo andaluz I. Moreno, en la que se sintetiza el
marco teórico elaborado en el seno del Grupo para el Estudio de las
Identidades Socioculturales en Andalucía (GEISA), nos propone, desde la
constatación de la multiplicidad de factores que intervienen en la confor-
mación de la identidad social, un recorrido metodológico que empiece
por una ordenación de la causalidad de dichos factores, diferenciando los
estructurantes (etnicidad, género y clase social, de cuya imbricación re-
sulta la matriz identitaria) de los demás (grupos de edad, adscripción po-
lítica, creencias religiosas, etc.) que también intervienen, aunque de for-
ma no estructural, en la identidad social.
De los tres principios estructurantes se derivan tres identidades bási-
cas,
no irreductibles entre sí, que constituyen tres universos culturales: la
cultura étnica, la cultura de género y las culturas del trabajo.
A los efectos de este trabajo, y sin olvidar la imbricación y la
irreductibilidad de los tres principios estructurantes de la identidad social,
vamos a centrarnos en el concepto de culturas del trabajo que ya defini-
mos en otro artículo como:
Conjunto de conocimientos teórico-prácticos, comportamientos, percepciones,
actitudes y valores que los individuos adquieren y construyen a partir de su in-
serción en los procesos de trabajo y/o de la interiorización de la ideología sobre
el trabajo, todo lo cual modela su interacción social más allá de su práctica labo-
ral concreta y orienta su específica cosmovisión como miembros de un colectivo
determinado (Palenzuela 1995: 13).
Las culturas del trabajo, que están irremediablemente generizadas y
etnicizadas, se generan en los procesos de trabajo, desde una determina-
da posición en las relaciones de producción, y constituyen un constructo
social dinámico resultante de la articulación dialéctica entre su base ma-
terial (los procesos de trabajo) y su configuración ideacional (la ideología
del trabajo socialmente establecida y su reinterpretación a partir de las
experiencias laborales). La transformación de alguna de estas instancias y
de su imbricación dará lugar a unas nuevas culturas del trabajo y, en con-
secuencia, a un proceso de resignificación de las identidades sociales del
colectivo.
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Ese es el trayecto que en las últimas décadas han recorrido los jorna-
leros andaluces y sus culturas del trabajo con el resultado de una pérdi-
da de identidad social, al desaparecer las bases materiales sobre las que
se generaron sus culturas del trabajo.
II.
Los CONTENIDOS IDEACIONALES Y MATERIALES DE LAS CULTURAS DEL
TRABAJO JORNALERAS
Retomando la propuesta metodológica de E. Terray citada más arriba
y adaptándola a nuestros objetivos, debemos empezar por acercarnos a
los procesos de trabajo en los que se inserta la mano de obra jornalera
como primer peldaño para identificar las culturas del trabajo construidas
y reproducidas en el pasado por este colectivo.
La fuerza de trabajo jornalera, como mano de obra simple, no cuali-
ficada, eventual y excedentaria se incorpora a los procesos de trabajo agrí-
colas de forma intermitente según el ritmo y las necesidades de los cul-
tivos.
Su marco laboral preeminente, aunque no el único, es la gran
propiedad latifundista en la que realiza tareas sencillas y repetitivas como
las de plantación, selección de brotes, escarda de malas hierbas y reco-
lección de frutos. Aunque la vinculación contractual, siempre bajo forma
verbal y temporal, relaciona a cada jornalero con el propietario, la orga-
nización del trabajo agrícola induce a la realización de tareas de forma
colectiva (en cuadrilla o como grupo familiar). La cuadrilla es la unidad
básica de agrupación de la mano de obra jornalera. Todos sus compo-
nentes, cuyo número puede variar desde tres o cuatro hasta treinta o
cuarenta, realizan una misma tarea agrícola bajo la supervisión directa del
capataz o encargado. Su composición se adapta a las exigencias del cul-
tivo y a las conveniencias del empleador, pero suele mantener un núcleo
fijo de componentes, entre los cuales está el manijero que realiza funcio-
nes de representación del grupo y de intermediación con el patrón o sus
representantes. Normalmente cada cuadrilla es identificada por el nombre
o el alias de su manijero y se aplican a todos sus miembros por exten-
sión las cualidades de honradez, fiabilidad o rendimiento de su represen-
tante. Por su parte, el grupo familiar (familia nuclear o extensa) se incor-
pora al trabajo agrícola en momentos en que la demanda de trabajo es
alta y concentrada en pocas fechas. En esta modalidad es el cabeza de
familia quien ejerce las funciones de intermediación con la propiedad, cuyo
resultado vincula a todos los miembros del grupo familiar.
El trabajo puede ser hecho a jornal, es decir, retribuido con un sala-
rio diario por un volumen de trabajo estimado a realizar en un horario
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preestablecido. La «peona» es un término habitual en el léxico jornalero
que designa tanto el montante de la retribución diaria («cobrar la peona»)
como el tiempo de trabajo a cumplir en cada jomada («echar la peona»).
La otra modalidad de organización y retribución del trabajo jornalero es
el destajo, es decir, la percepción de una cantidad de dinero por cada
unidad de trabajo realizada. La unidad de cómputo de la retribución a
destajo varía según el cultivo (puede ser el kilo de fruto recogido como
en la vendimia o en el algodón, o el camión cargado como en la saca
de la remolacha).
Las dos formas de organización del trabajo (cuadrilla y grupo fami-
liar) y las dos modalidades de retribución (jornal y destajo) pueden com-
binarse en el siguiente esquema que hemos tomado de F. Talego (1996:
20):
1) Cuadrilla a jornal. 2) Cuadrilla a destajo. 3) Grupo familiar a jor-
nal.
4) Grupo familiar a destajo. Sin embargo, es importante subrayar que
este marco de posibilidades no supone una opcionalidad a disposición
del jornalero. La aplicación de una u otra modalidad de trabajo y de re-
tribución es resultado de la decisión unilateral del patrón, según su pro-
pio interés y las exigencias de cada cultivo. El destajo se aplicará a aquellas
tareas cuya ejecución no necesite un alto grado de calidad o precisión y
deban realizarse en cortos periodos de tiempo. Pero, este esquema jerár-
quico y autoritario de relaciones laborales tiene su respuesta por parte
de los jornaleros. Su traducción en términos de rendimiento y de calidad
del trabajo realizado en una jomada no suele coincidir con las expectati-
vas del patrón o con las exigencias del capataz. Se trata de una doble
interpretación del «cumplir» en el trabajo que da lugar a conflictos más o
menos explícitos en los tajos y que, en última instancia, se resuelve de
forma totalitaria por la aplicación de los esquemas disciplinarios en ma-
nos de la patronal, incluido el poder discrecional de suspender la contra-
tación verbal, salvo si «la unión» de los trabajadores es suficientemente
fuerte para limitar el poder, en principio, cuasi omnímodo del patrón.
Al tratarse de procesos de trabajo simples, susceptibles de ser ejecuta-
dos por una mano de obra casi siempre excedentaria que no necesita un
prolongado periodo de aprendizaje, y estar integrados en un modelo de
relaciones laborales de naturaleza autoritaria y discrecional, su nivel de
retribución real ha estado casi siempre por debajo de las cuantías míni-
mas establecidas en las Ordenanzas Laborales y en los Convenios Colec-
tivos del Campo. De tal modo que la intermitencia en la contratación,
junto a la baja retribución del trabajo, ha condenado a las familias joma-
leras a unos niveles de renta cercanos a la estricta subsistencia. Los lar-
gos periodos de ausencia de ingresos salariales han forzado a los jorna-
leros a desarrollar estrategias de complementariedad de rentas, bien
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mediante la movilidad hacia otros mercados de trabajo agrícolas (el cir-
cuito de la eventualidad) o la salarización coyuntural en otros sectores
(hostelería, construcción, etc.) o bien mediante el recurso a actividades
de renta marginal (Palenzuela 1996) para «buscarse la vida» (caza furtiva,
recolección de espárragos, marisqueo, elaboración de carbón vegetal, etc.).
En nuestro trabajo de campo realizado en 1984 en Lebrija, al analizar
la composición de las rentas familiares de una serie de grupos domésti-
cos jornaleros con presencia de algún especialista en actividades de renta
marginal, pudimos constatar la diferente significación que para ellos tenía
el trabajo/trabajo del «buscarse la vida». El verdadero trabajo era aquel que
se realizaba bajo formas salariales, en condiciones de duración y retribu-
ción preestablecidas, ejecutado de forma colectiva y sometido a la jerar-
quía de mando. Lo otro, aunque tuviera en ciertas ocasiones favorables
un mayor rendimiento económico, era una actividad denigrante («bando-
lerismo»), sólo aceptada por razones de estricta necesidad y rechazada
socialmente cuando sus rendimientos económicos no se destinaban al
sustento del grupo familiar.
La precariedad de las rentas familiares, con largos periodos de cares-
tía de ingresos, y el modelo autoritario de relaciones laborales basado en
la decisión discrecional del empleador, apoyado en un enorme ejército
de reserva de mano de obra y en esquemas disciplinarios que, en tiem-
pos de la dictadura, se acercaban a los del campo de concentración
(Sumpsi y Naredo 1984), han dado lugar a diversas formas de solidaridad
intragrupal en los procesos de trabajo y en el medio social jornalero.
Algunas de esas formas de ayuda mutua, como el «tornapeón», que supo-
ne la realización de una peona en lugar de un compañero impedido con
la obligación diferida de devolución, o el «pañuelo», que representa la
colecta de dinero entre la cuadrilla para ayudar a la familia de un com-
pañero enfermo, fueron analizadas a la luz de la Teoría del Don de Marcel
Mauss en un anterior trabajo nuestro (Palenzuela y Cruces 1995), y otras,
como la compra «a fiao» o el préstamo familiar, han permitido a muchas
familias jornaleras subsistir en los periodos de desempleo.
En definitiva, la base material de las culturas del trabajo jornaleras está
sustentada en procesos de trabajo de contenido poco especializado, de
carácter estacional, con una enorme dispersión en el espacio y continuos
cambios en la relación patrón/trabajador y en la propia composición del
colectivo que aporta la fuerza de trabajo. Además, el modelo de relacio-
nes laborales que atraviesa esos procesos de trabajo está basado en la
discrecionalidad y el autoritarismo de la patronal que busca el mayor ni-
vel de consentimiento por parte de la fuerza de trabajo y mantiene las
retribuciones en niveles cercanos a la subsistencia.
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En cuanto a su contenido ideático, las culturas del trabajo de los jor-
naleros reflejan, de alguna forma, la escala de valores construida desde
la ideología de trabajo dominante que asigna una escasa valoración so-
cial a la labor manual realizada por los jornaleros. Esta infravaloración es
internalizada por el colectivo de trabajadores agrícolas que, a pesar de
las connotaciones románticas y combativas que encierra el vocablo «jor-
nalero», prefieren utilizar, tal como ha demostrado F. Talego (1997), la
expresión «obrero del campo» para autoidentificarse como grupo profesio-
nal o sindical más cercano, al menos en la etiqueta, a los trabajadores
urbanos. No es casualidad que actualmente no exista en Andalucía nin-
gún sindicato que utilice la apelación «jornalero», aunque la primera pla-
taforma sindical clandestina después de la Guerra Civil adoptó en 1966 el
nombre de Comisiones Jornaleras. Hoy tienen presencia real en el campo
andaluz la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT, las Comi-
siones del Campo en CC.OO y el SOC (Sindicato de Obreros del Campo).
En el esquema «cultura letrada» vs. «cultura iletrada» (ver Iturra 1993:
131-152) los jornaleros son integrados claramente en el segundo polo del
binomio y todo su saber hacer y el conocimiento del medio adquirido
por el trabajo apenas encuentran valoración fuera del propio sector jor-
nalero. Su cultura, basada en la experiencia y transmitida mediante la
oralidad y el aprendizaje no reglado, es considerada como una expresión
menor, como subcultura dentro del acervo cultural colectivo.
Frente a esa infravaloración social del trabajo jornalero y de su cultura
material, la historia de este sector social en los dos últimos siglos nos reve-
la la continuidad de un discurso de autoidentificación como sujeto social
inconformista, rebelde (a veces, «rebelde primitivo», según observa E.
Hobswam 1983) y orgulloso de su oficio. Ese rechazo sostenido, a veces
violento y siempre latente, del jornalero respecto al modelo de relaciones
sociales de producción, que concentra el principal factor de producción (la
tierra) en pocas manos y excluye de dicha apropiación a los jornaleros, está
sustentado en la falta de legitimación de la propiedad de la tierra que no
esté basada en el trabajo sobre ella. En la orientación cognitiva de los jor-
naleros la única apropiación legítima de la tierra es la que se alcanza por
el trabajo («la tierra para quien la trabaja») y la reversión de esa falta de
legitimidad se logrará mediante la Reforma Agraria y el «reparto».
En definitiva, el trabajo en la tierra constituye el marcador con mayor
capacidad de determinación de la identidad social del jornalero. Su cultu-
ra del trabajo, su identidad socio-profesional, obtiene sus raíces y alcanza
su reproducción en los procesos de trabajo que, bajo determinadas rela-
ciones sociales de producción, han venido realizando los jornaleros en el
sector agrario, y su cosmovisión está también orientada por la percep-
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ción del trabajo como fuente de todo valor obtenido de la tierra y, en
consecuencia, por la impugnación de toda forma de propiedad de la tie-
rra que exceda a la que el titular cultive directamente.
III.
DEL TRABAJO AL SUBSIDIO: DISOLUCIÓN DE LA IDENTIDAD JORNALERA
En el corto periodo de tiempo que representan tres décadas en la
historia social de los jornaleros son claramente perceptibles los efectos
combinados de dos medidas de naturaleza política que han afectado di-
rectamente a las condiciones de existencia del sector jornalero andaluz.
Por un lado, la consolidación del proceso de modernización de la agri-
cultura andaluza que ha transformado radicalmente los procesos de tra-
bajo al sustituir en numerosas tareas la fuerza de trabajo que aportaban
los jornaleros por máquinas y por insumos químicos. Por el otro, y direc-
tamente relacionado con el anterior proceso, la institucionalización de las
prestaciones asistenciales en el campo andaluz que han alejado a los jor-
naleros del trabajo directo en la tierra para orientar su cotidianeidad ha-
cia el objetivo de «vivir del paro«.
La modernización de la agricultura andaluza se convierte, en el con-
texto del desarrollismo de los años sesenta, en un objetivo estratégico del
gobierno franquista y de los sectores más avanzados de la oligarquía agraria
que,
una vez cerrada la etapa de la autarquía proteccionista que tantos
beneficios les aportó, ven en la reordenación de cultivos y en su meca-
nización una nueva posibilidad de incremento de sus rentas agrarias. Al
mismo tiempo, la nueva burguesía industrial y financiera está interesada
en esta capitalización de la agricultura andaluza que supondrá un cambio
de dirección de los excedentes financieros que la agricultura proporcionó
a los demás sectores y que, a partir de ahora, absorberá de ellos, tal como
demuestra Delgado Cabeza (1981).
Los efectos de dicho proceso sobre la reducción del empleo agrario,
en un primer momento, se verán amortiguados por el éxodo migratorio
desde el medio rural andaluz hacia los núcleos industriales del Estado
español y de los países del centro europeo. Pero cuando ese flujo migra-
torio empieza a descender a finales de los sesenta, para cerrarse casi
completamente a partir de 1973, las tensiones del desempleo creciente en
el sector agrario andaluz se dejan sentir en el medio rural. Aunque, tam-
bién es cierto que el contexto político del final del franquismo y el co-
mienzo de la transición política funcionará como catalizador de dichas
tensiones, incorporándolas a la corriente de reivindicaciones socio-políti-
cas que caracterizaron esos años.
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98 RDTP, LV, 2, 2000 PABLO PALENZUELA
Las primeras formas de resistencia jornalera en ese periodo estuvieron
dirigidas hacia la defensa del trabajo en la tierra y contra la mecaniza-
ción de los cultivos sin alternativas de empleo. Sin embargo, con las
primeras formas de organización sindical jornalera que emergen después
de un largo periodo de ostracismo (en 1966 se crean en Jerez las Comi-
siones Jornaleras), esa defensa del trabajo aparece articulada con la aspi-
ración al reparto. Tierra y trabajo son pues los dos ejes de ese resurgir
jornalero en la década de los sesenta.
La defensa del trabajo, aunque sea esporádico, mal retribuido y so-
metido al control discrecional de los patronos, se convierte en un objeti-
vo perentorio ante el empuje de la mecanización de algunas tareas que,
como la recogida del algodón o la siembra del arroz, proporcionaban una
serie de jornadas de trabajo a todos los miembros del grupo doméstico.
Además hay que tener en cuenta que la renta salarial era la única fuente
de ingresos monetarios y que su desaparición no estaba cubierta por nin-
gún tipo de prestaciones asistenciales de desempleo. El fantasma del ham-
bre,
aun no completamente desaparecido de la memoria de los jornaleros
que sufrieron el fascismo agrario del primer fanquismo, volvía a hacerse
presente en las casas de los obreros del campo. Pero, en esos momentos
las condiciones de sometimiento y de represión no eran tan fuertes como
al final de la Guerra Civil y la respuesta jornalera sale a la luz.
Alguna de las formas de esa protesta empiezan a recordar, peligrosa-
mente para los terratenientes, las movilizaciones campesinas de la 2.^ Re-
pública: huelgas generales de ámbito municipal, ocupaciones de fincas,
sabotajes de cosechas, quema de maquinaria, etc., con lo que la llamada
«modernización de las estructuras agrarias»» o la «vía prusiana de reforma
agraria»» que se estaba implantando en España podía ponerse en cuestión
ante ese clima de tensión generalizada en el medio rural andaluz que
desbordaba las medidas represivas de un régimen cada vez más acosado
por la movilización democrática.
Por eso la nueva forma de intervención asistencialista del Estado en
ese conflicto entre modernización agraria y reivindicaciones jornaleras va
a cobrar, con el tiempo, una importancia tan trascendental. La puesta en
marcha del Empleo Comunitario en 1971, como programa de asistencia
pública a los municipios de Andalucía y Extremadura que tuvieran altos
porcentajes de población jornalera y largos periodos de desempleo, se
presenta como una medida política discrecional y de carácter coyuntural
cuyos objetivos son paliar los efectos del desempleo agrario mediante la
promoción de obras públicas en las que se emplee esa mano de obra
agrícola que no encuentra trabajo en la tierra. En sus primeros años de
vigencia el Empleo Comunitario recordó las prácticas asistenciales y cari-
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tativas que las autoridades civiles y religiosas adoptaban a favor de los
jornaleros en épocas de sequía prolongada y grandes hambrunas.
El carácter discrecional de las ayudas y el hecho de que la decisión
sobre el destino de los fondos recayera en los Gobernadores Civiles, pre-
via aprobación de los proyectos de obras presentados por los Ayuntamien-
tos,
hizo del Empleo Comunitario una medida de orden público. Así,
aquellos municipios con mayor capacidad de movilización jornalera fue-
ron los principales beneficiarios de esas ayudas públicas en los primeros
años.
Pero el agravio comparativo hizo que los jornaleros de aquellos
pueblos que no se habían distinguido por sus luchas sindicales compren-
diesen que en este caso la movilización, aun con el riesgo de la repre-
sión, era rentable. De esta forma, la utilización del Empleo Comunitario
como apagafuegos parecía que estaba dando los resultados contrarios al
incentivar la movilización jornalera, incluso allí donde nunca tuvo exis-
tencia. Pero su eficacia real estaba en el hecho de haber desviado el punto
de mira de dichas movilizaciones. Ahora las protestas se canalizaban ha-
cia el Gobernador Civil y los Ayuntamientos y el objetivo central no era
impedir la mecanización o defender el trabajo en la tierra, sino conseguir
nuevos envíos de fondos para realizar obras que dieran trabajo durante
unas semanas a los jornaleros. Trabajo que se ejecutaba en los núcleos
urbanos, en el sector de la construcción, lejos de los ámbitos naturales
en los que el jornalero ejerció su oficio.
La actividad sindical, más o menos organizada y siempre en condicio-
nes de clandestinidad, se desvió hacia la conquista de la «limosna» del
Empleo Comunitario y paulatinamente se fueron abandonando las reivin-
dicaciones históricas. Ese auge sindical no dejó de ser un mero espejis-
mo mantenido artificialmente dentro de una dinámica que llevó a algu-
nos sindicatos a implicarse en la gestión directa de los fondos y en la
selección de los beneficiarios (uno por cada unidad familiar jornalera). La
colaboración sindical con una estrategia política que buscaba el alejamiento
de los jornaleros de la tierra y el abandono de sus aspiraciones históricas
se vio compensada con nuevas formas de clientelismo sindical y un ma-
yor poder de incidencia en la política local.
La respuesta inmediata del gobierno franquista, y de los que le suce-
dieron a partir de la transición democrática hasta 1984, fue el manteni-
miento del sistema y la ampliación constante de los presupuestos (de los
526 millones que se destinaron en 1971 al Empleo Comunitario se pasó a
más de 25.000 millones en 1983) hasta alcanzar un grado de regularidad
tal que el trabajo en el Empleo Comunitario se convirtió en uno de los
componentes regulares, junto al salario y a los ingresos por actividades
de economía sumergida, de la renta familiar jornalera.
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Desde los primeros años de vigencia del Empleo Comunitario se fue-
ron diseñando dos posiciones en el seno del movimiento jornalero. La
de aquellos que percibieron los efectos perversos que a medio y largo
plazo tendría el alejamiento del jornalero del trabajo en la tierra y la
pérdida de su identidad como trabajador agrícola y propusieron el recha-
zo de la «limosna del paro», aun reconociendo la importancia de ese in-
greso monetario regular para las economías domésticas, y la de quienes
intentaron justificar la recepción de esos fondos como pago de una su-
puesta deuda histórica de la sociedad para con los jornaleros, verdaderos
artífices de la riqueza extraída de la tierra y tan poco favorecidos por
ella. Esta posición oportunista sirvió de caución para generalizar, en los
últimos años de vigencia del Empleo Comunitario, la distribución de las
subvenciones sin que ello implicase la obligación de realizar trabajo algu-
no por parte de los jornaleros beneficiados.
La rentabilidad social, desde el punto de vista de los intereses de la
modernización agraria, y la utilidad para la consolidación artificial de al-
gunos sindicatos, además de la eficacia del Empleo Comunitario como
instrumento de captación de fidelidades electorales en las primeras elec-
ciones municipales democráticas de 1979, hicieron que ninguna fuerza
política democrática se plantease la posibilidad de suspender ese progra-
ma asistencial, en principio coyuntural y cada vez más estructural, como
veremos a continuación.
A finales de 1983, apenas un año después el triunfo electoral del PSOE
en las elecciones generales de 1982, se realizó un estudio en profundi-
dad de los objetivos alcanzados y también de las disfuncionalidades del
Empleo Comunitario y se llegó a la conclusión de la necesidad de una
reforma del sistema que avanzase en su institucionalización. A partir de
enero de 1984 el Empleo Comunitario es sustituido por un sistema de
prestaciones asistenciales que, sin llegar al modelo de prestaciones con-
tributivas del Régimen General de la Seguridad Social, deja de ser discre-
cional para convertirse en el derecho de cada afiliado al Régimen Espe-
cial Agrario (REA) a percibir durante nueve meses un Subsidio de
Desempleo Agrario, una vez cumplidas determinadas condiciones (estar
al corriente del pago de la cuota mensual del REA y demostrar haber
realizado al menos 60 jomadas de trabajo por cuenta ajena en el sector
agrario o en las obras del Plan de Empleo Rural durante los doce meses
anteriores a la percepción del Subsidio).
Respecto al Empleo Comunitario el nuevo Subsidio representa la ga-
rantía de la percepción una vez cumplidos los requisitos exigidos. Ade-
más se convierte en un derecho individual, con lo que es posible acu-
mular varios subsidios en el seno de cada gmpo familiar. Esta posibilidad
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dará lugar al incremento de la afiliación en el REA de las mujeres jorna-
leras y de los jóvenes, hasta entonces beneficiarios de la cartilla del ca-
beza de familia (en 1990 los beneficiarios del Subsidio eran 397.639, seis
veces más que los del Empleo Comunitario en 1983) y, sobre todo, al
incremento de los ingresos familiares por acumulación de varias presta-
ciones asistenciales. En nuestra investigación en Lebrija pudimos compro-
bar cómo ya en 1984 los ingresos del Subsidio y los salarios del PER
habían superado en cuantía a las rentas salariales en las economías do-
mésticas jornaleras.
Siendo muy considerable el incremento de ingresos por prestaciones
asistenciales que supone el Subsidio y sin menospreciar la importancia
de su garantía y regularidad, lo más significativo, en nuestra opinión, es
el hecho de que a partir de enero de 1984 ya no son necesarias las
movilizaciones colectivas para acceder a los beneficios del subsidio. La
motivación utilitarista que llevaba a los jornaleros a participar en las con-
vocatorias sindicales para percibir el Empleo Comunitario se transforma
en un esfuerzo personal para «arreglar los papeles del paro». Con este
nuevo sistema se consigue la «pacificación» casi total del campo andaluz
y se desplaza al jornalero de su medio natural (la tierra) hacia un nuevo
universo burocrático en el que debe aprender a moverse (Oficina del INEM,
Cámara Agraria, entidades bancadas. Delegación de Empleo de los Ayunta-
mientos, etc.).
El Subsidio de Desempleo Agrario no sólo trastoca la cotidianeidad
del jornalero sino que contribuye a distorsionar el mercado de trabajo agrí-
cola y la arena política, local y autonómica. En ambos casos, el requisito
de acumular al menos sesenta firmas demostrativas de haber realizado otras
tantas jornadas de trabajo por cuenta ajena, otorga a los titulares de ex-
plotaciones agrarias (incluidos los alcaldes, como titulares de las fincas
de propiedad municipal) la potestad de facilitar o dificultar el acceso a
las prestaciones. De ello se deducirán prácticas de sobreexplotación del
trabajo y de consentimiento de los trabajadores y también fórmulas de
clientelismo político-electoral, debido a la laxitud en el control de la au-
tenticidad de las firmas de jornadas agrícolas.
En anteriores trabajos sobre el tema (Palenzuela 1989 y 1991) hemos
analizado con detalle el impacto positivo de las prestaciones asistenciales
en las estrategias económicas domésticas de los jornaleros andaluces y los
efectos perversos de dicha política en los esquemas reivindicativos de dicho
sector social, pero en este momento, y enlazando con las reflexiones teó-
ricas que encabezan este trabajo, nos interesa profundizar en las conse-
cuencias que en el plano identitario ha tenido el efecto combinado de la
política de intensificación de las relaciones de producción capitalista en
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la agricultura andaluza y la institucionalización de las prestaciones
asistenciales para los trabajadores eventuales agrarios.
Un colectivo socio-profesional como el jornalero andaluz que obtenía
su identidad como sujeto social a partir de su inserción en procesos de
trabajo específicos que dominó con su saber hacer y que, desde las prác-
ticas colectivas desarrolladas en un determinado modelo de relaciones
laborales, acumuló y trasmitió unas experiencias grupales de resistencia
y/o de consentimiento, ha visto cómo se han diluido las bases materiales
e ideacionales sobre las que se edificó esa identidad social, determinada
estructuralmente desde la imbricación de su cultura del trabajo con su
identidad étnica y su adscripción al sistema de sexo-género.
El trabajo era la piedra angular de esa construcción identitaria, pero
no sólo en cuanto trabajo social (actividad específicamente humana e in-
cluso factor de hominización) (Engels 1876), sino también como locus de
las relaciones de producción que determinan en qué medida se pueden
combinar las fuerzas de trabajo (la mano de obra jornalera) con los me-
dios de producción disponibles (la tierra y los procedimientos tecnológi-
cos) para expresar a través de ellas el reparto del poder y el antagonis-
mo de intereses, tanto en el plano social (polarización terrateniente/
jornalero), como, de forma cotidiana y directamente perceptible, en los
procesos de trabajo (jerarquización y sistemas de control). Asimismo, el
trabajo concreto (la peona), realizado en cooperación (la cuadrilla o el
grupo familiar), encierra una serie de operaciones y procedimientos (las
faenas) que expresan tanto un modelo de organización técnica del traba-
jo (a jornal o a destajo) como el resultado de la experiencia en el mane-
jo de los cultivos. Ese patrimonio de saberes y de experiencias colectiva-
mente acumulado y transmitido a través de los procesos de trabajo
conforma la base material de unas específicas culturas del trabajo que los
jornaleros adquirieron a través de un recorrido temporal que los llevó
desde el aprendizaje al dominio del «oficio de jornalero».
El mantenimiento de un conjunto de procedimientos técnicos y
organizacionales en los procesos de trabajo induce de forma interactiva
una serie de prácticas y de representaciones del trabajo relativamente
estables que son compartidas por el colectivo de individuos que se inser-
tan en dichos procesos de trabajo. P. Bouvier (1989: 21) propone el con-
cepto de «bloque socio-tecnológico» para definir este conjunto de prácti-
cas (formas de hacer) y de representaciones (formas de pensar) generadas
desde el trabajo y expresadas en la cotidianeidad laboral y social a través
de un catálogo de comportamientos, que adoptan formas ritualizadas de-
bido a su carga simbólica y a su periodización dentro de una entidad
relativamente estable y coherente, que son verbalizadas mediante un vo-
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cabulario específico y comunicadas por un código gestual y una estética
colectiva.
Hasta la década de los sesenta, y con una relativa estabilidad durante
más de un siglo de las relaciones de producción y de los modelos de
organización del trabajo, los jornaleros andaluces, como sector social
globalmente considerado, respondieron como un «bloque socio-tecnológi-
co»» compartiendo unas formas de hacer (los saberes del oficio), unas re-
presentaciones del trabajo («el cumplir»», la legitimidad de la propiedad de
la tierra por el trabajo) y unas formas ritualizadas de impugnación de su
rol social (huelgas, movilizaciones) o de consentimiento (servidumbre,
clientelismo). Todo ello expresado de forma explícita o latente en el día
a día de los procesos de trabajo y en la interacción social.
Esa cultura del trabajo de los jornaleros, categoría estructurante de su
identidad social, junto a su función social como fuerza de trabajo impres-
cindible en una actividad productiva tan trascendente para Andalucía y la
persistencia de sus aspiraciones históricas al «reparto»», que hicieron del
problema de la tierra un marcador de la identidad andaluza, como afirma
I. Moreno (1984), constituyó el marco esencial de referencia para que un
colectivo socio-profesional se reconociese y fuera reconocido como por-
tador de una identidad singularizada.
Hoy día, salvo algunos enclaves concretos en los que el SOC sigue
manteniendo viva la defensa de la identidad jornalera y la aspiración a
dejar de ser campesinos sin tierra, la mayor parte de esos jornaleros que
«tan gallardamente se batían con una extraordinaria contextura moral»» (Díaz
del Moral 1979) a principios de los años setenta, han engrosado las filas
de los excluidos del actual modelo de acumulación y mantienen sus es-
trategias económicas de subsistencia sobre la base de la percepción de
los subsidios.
Una identidad social, cimentada sobre una cultura del trabajo cristali-
zada desde una determinada posición en las relaciones sociales de pro-
ducción y expresada en prácticas sociales que adquieren sentido en el
seno de una cosmovisión específica, se diluye desde el momento en que
desaparecen las bases de su reproducción. Es decir, cuando se interrum-
pe la inserción en unos procesos de trabajo que permitieron a los jorna-
leros alcanzar el status de sujeto social («vivir del trabajo»», o sea, tener
una existencia social desde el trabajo) se pone en marcha un proceso de
desidentificación que los convierte en mera categoría administrativa («vivir
del paro»», o sea, subsistir con las prestaciones asistenciales).
Sin embargo, mientras parece confirmarse «la agonía final de la con-
ciencia jornalera»», pronosticada por Alfonso Ortí en 1984, emerge la situa-
ción, en primera instancia paradójica, de que la llamada «nueva agricultu-
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ra« (por cierto, una de las consecuencias de la modernización agraria) esté
absorbiendo un contingente creciente de mano de obra inmigrante, even-
tual y poco cualificada, que se inserta en procesos de trabajo y en rela-
ciones de producción, similares a los que realizaron y vivieron los jorna-
leros antes de la mecanización de los cultivos. La coexistencia en el seno
de esos procesos de trabajo de mano de obra andaluza e inmigrante podría
ser la génesis de una nueva cultura del trabajo jornalera en Andalucía.
En este caso, contribuirá a su conformación el carácter pluriétnico del co-
lectivo.
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