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Problemas del Derecho antidiscriminatorio: Subordinación versus discriminación y acción positiva versus igualdad de oportunidades

Authors:
PROBLEMAS DEL DERECHO ANTIDISCRIMINATORIO: SUBORDINACIÓN
VERSUS DISCRIMINACIÓN Y ACCIÓN POSITIVA VERSUS IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
M. Barrère Unzueta
Universidad del País Vasco
Sumario: I. Introducción.- II. Subordinación versus discriminación: 1. Sobre el
concepto jurídico de discriminación. 2. El contenido del derecho antidiscriminatorio. 3.
La discriminación como epifenómeno de la subordinación.- III. Acción positiva versus
igualdad de oportunidades: 1. Sobre el origen del concepto de acción positiva. 2. El
concepto dominante de acción positiva. 3. La “discriminación inversa” o
“discriminación positiva”. 4. La igualdad de oportunidades como parámetro de
legitimidad. 5. Redefiniendo la acción positiva.- IV. Conclusiones.
I. INTRODUCCIÓN
Prescindiendo de antecedentes decimonónicos, lo que hoy se conoce como
Derecho antidiscriminatorio tiene su origen en los Estados Unidos de Norteamérica
tras la finalización de la segunda guerra mundial1. Se puede hablar del mismo como
de la respuesta, en términos jurídicos, a las revueltas protagonizadas
fundamentalmente por la minoría negra de este país; revueltas que fueron
contextualizadas y, en cierta medida, canalizadas en la conocida lucha desarrollada
1 Sobre algunas de las cuestiones relativas al Derecho antidiscriminatorio que se
abordarán aquí tuve ocasión de detenerme en Discriminación, Derecho antidiscriminatorio y
acción positiva en favor de las mujeres, Civitas/IVAP, Madrid, 1997. También apunté algunas
ideas que tendrán aquí reflejo en una Comunicación presentada en las Jornadas sobre las
formas sociales del Derecho contemporáneo (Universidad Autónoma de Barcelona, 22 y 23 de
noviembre de 1996) titulada “Formas sociales y jurídicas de discriminación: discriminación
indirecta y subordinación social”, así como en otra Comunicación, ésta presentada en las XVIII
Jornadas de la Sociedad Española de Filosofía jurídica y política, bajo el título “Derecho
antidiscriminatorio y feminismo: Entre el puzzle y la aporía”, y que me ha servido de base, en
buena parte, para la redacción de este artículo. Una completa referencia del contenido de
estas novedosas e interesantes Jornadas puede encontrarse en GALÁN ISLA, P., Crónica de
las XVIII Jornadas de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política sobre el
“Feminismo en la Filosofía Jurídica y Política contemporánea (Granada , 5 y 6 de abril de
2001)”, publicada infra, en este mismo número de esta REVISTA. Una panorámica general
sobre el Derecho antidiscriminatorio se encuentra en el volumen colectivo, dirigido por
Christopher McCRUDDEN, Anti-Discrimination Law, Dartmouth, Aldershot, 1991. Como
publicación periódica de esta especialidad jurídica se puede consultar la revista, editada en
Gran Bretaña, International Journal of Discrimination and the Law.
2
por los derechos civiles2. Un aspecto determinante del Derecho antidiscriminatorio que
ha de destacarse desde el principio es, pues, su carácter grupal. Es decir, que a
través del mismo no se trata de hacer justicia a situaciones de individuos que
pertenecen a un mismo grupo sino que, precisamente, lo que el Derecho
antidiscriminatorio intenta paliar es la situación de injusticia que sufren quienes
pertenecen a un determinado grupo (generalmente designado por el color de la piel,
su origen étnico, el sexo, etc.) frente a quienes pertenecen a otro. Pero esta
característica —que, como se acaba de señalar, constituye el rasgo fundamental y sin
el cual carece de sentido hablar de un Derecho antidiscriminatorio— hace
tambalearse las estructuras jurídicas edificadas sobre una concepción de la igualdad
de corte liberal y basada en el individuo. A resultas de este embate y, sobre todo, por
no afrontar el desafío que supone la inserción de la problemática de la desigualdad
intergrupal en un modelo jurídico individualista, la virtualidad emancipadora que el
Derecho antidiscriminatorio posee en su origen pierde efectividad, a la vez que se
alimentan una serie de debates espúreos que terminan por consolidar las estructuras
sociales y de poder establecidas.
Potenciar las posibilidades del Derecho antidiscriminatorio exige, pues,
efectuar una crítica en profundidad de sus presupuestos, así como abrir unos cauces
de revisión de los mismos. Con esta finalidad, en las páginas que siguen se abordará
el análisis de dos conceptos clave del Derecho antidiscriminatorio, como son el
concepto mismo de discriminación, por un lado, y el concepto de acción positiva, por
otro.
II. SUBORDINACIÓN VERSUS DISCRIMINACIÓN
1. Sobre el concepto jurídico de discriminación
El exponente más claro del desajuste que produce la respuesta jurídica del
Derecho liberal a la situación de injusticia sufrida por determinados grupos sociales lo
2 La primera Ley de Derechos Civiles en los Estados Unidos data de 1964. Se trata de
una ley destinada, primordialmente, a generalizar el derecho al voto y a combatir la
discriminación centrada en la segregación racial, teniendo entrada el sexo únicamente en el
ámbito del empleo. Con posterioridad a este texto, sin embargo, la cobertura antidiscriminatoria
se ciñe más a este último ámbito y, así, en 1972 se publicará la Ley de Igualdad de
Oportunidades en el Empleo, cuyo texto vendrá a sustituir el anterior Título VII de la Ley de
Derechos Civiles y se centrará específicamente en las minorías y las mujeres.
3
tenemos en la teorización doctrinal o dogmática de la discriminación. Así, es usual
distinguir en la doctrina jurídica “un sentido amplio de discriminación, como
equivalente a toda infracción del principio general de igualdad, y un significado
estricto, relativo a la violación de la igualdad cuando concurren algunos de los criterios
de diferenciación prohibidos (raza, sexo, etc.)”3.
A tenor de este planteamiento, el “significado estricto” en combinación con el
“sentido amplio” conformaría la estructura del ilícito jurídico contra la igualdad. No
habría, por tanto, dos ilícitos, sino uno (y, por tanto, sin jerarquías posibles). Ahora
bien, avanzamos ya que la opinión aquí mantenida es que esto no es así y que en
realidad se produce una jerarquización encubierta4.
Pero dejemos por el momento la operación jerarquizadora (que, como suele
ocurrir en el discurso jurídico, no se produce de manera abierta sino que hay que
extraerla del análisis doctrinal) y centrémonos en la cuestión previa de si se trata de
un solo concepto con distinta extensión (que es, en definitiva, lo que parece sostener
la doctrina al hablar de sentido amplio y significado estricto) o son dos conceptos
distintos.
Para justificar que se trata de dos significados distintos propongo el siguiente
ejemplo relativo a la relación intergrupal de sexo-género. Imaginemos, en primer lugar,
que dos estudiantes de Derecho, ambos varones, terminan sus estudios y deciden
3 Este botón de muestra de la doctrina española está recogido de Fernando REY
MARTÍNEZ “La discriminación positiva de mujeres (comentario a propósito de la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Comunidad de 17 de octubre de 1995, asunto Kalanke)”, Revista
Española de Derecho Constitucional, nº 47, 1996, p. 319, en nota.
4 Efectivamente, aunque la distinción parece neutral, no lo es; o, más exactamente, en
la utilización que se efectúa de la misma se opera una jerarquización implícita del primero de
los significados sobre el segundo. En esta línea, el denominado “sentido amplio” será, además,
el primario, el más importante, el que constituya la norma, mientras el significado “estricto” será
el secundario o, más exactamente, la excepción. Si a esto unimos que, cuando se habla del
primero de los significados atribuidos a la palabra discriminación —esto es, cuando se habla
de la infracción del “principio general de igualdad”—, se está haciendo referencia a la
concepción liberal de la igualdad —esto es, a la concepción individualista (además de
indiferenciadora, formal o abstracta)—, mientras que, cuando se habla de discriminación en el
segundo de los sentidos, la igualdad que se viola es la igualdad grupal, esto es, la que pone en
relación a grupos específicamente determinados, las consecuencias están claras: ante un
aparente tratamiento neutral de la discriminación como ruptura de la igualdad lo que se hace
es jerarquizar dos conceptos diversos de la discriminación: uno de carácter individual (igualdad
o discriminación de individuos que pertenecen a un mismo grupo) y otro de carácter grupal
(igualdad o discriminación de individuos que pertenecen a grupos diversos).
4
buscar empleo en la empresa privada. Supongamos que ambos presentan los mismos
méritos y capacidad (hipótesis que nos permite tomar un ejemplo “de laboratorio”) y
que la empresa decide coger, utilizando un criterio peregrino o caprichoso (por
ejemplo, rechazando a quien lleva pelo largo o exhibe un pendiente en la oreja), a uno
de ellos. Quien no ha sido contratado puede considerarse injustamente tratado
respecto del otro, pero esta diferencia injusta de trato será, en principio, individual o, lo
que es lo mismo, no tendrá base grupal ya que ambos son varones y pertenecen, por
tanto, al mismo grupo. Imaginemos ahora que quienes buscan trabajo en esas
mismas condiciones de igualdad de mérito y capacidad son dos personas de sexo
diverso. Supongamos que la empresa opta por el hombre y no por la mujer. Pues
bien, en este caso, la discriminación será, en principio, grupal. Dicho con otras
palabras, si a la mujer no se le contrata por lo que significa e implica social y
laboralmente pertenecer al “grupo mujeres”5 estaríamos ante una discriminación
grupal6. Es cierto que se percibe o se manifiesta individualmente, pero la base de la
misma sería presumiblemente grupal.
Por otro lado, este ejemplo sirve también para ilustrar otra de las
características con las que se presenta el concepto jurídico de discriminación. En
efecto, en el tratamiento jurídico del tema, discriminar supone romper con la “igualdad
de trato”7. Más exactamente, si se observa la doctrina del Tribunal Supremo
estadounidense —que ha servido de modelo al resto de los países (Derecho
5 Sea por prejuicios relativos a su presunta especial naturaleza (como deja constancia
la historiografía jurídica, las mujeres han sido consideradas fragilitas, imbecilitas e infirmitas
sexus), sea por el rol social que se les atribuye (orden doméstico, maternidad y cuidado de
ascendientes y descendientes).
6 Que no quepa hablar de un mismo fenómeno de desigualdad, sino de dos fenómenos
de desigualdad distintos, no sólo no resulta baladí, sino que lleva aparejadas consecuencias
de distinto tenor. Entre ellas la relativa al abuso que supone, en este caso, el uso de una
misma palabra (discriminación) para designar fenómenos distintos.
7 Como es sabido, la igualdad de trato como idea de justicia se remonta a
ARISTÓTELES, quien, efectivamente, en su Política (lib. II, 1280a) habla de la justicia en
términos de igualdad para los iguales y desigualdad para los desiguales. Sin embargo, junto a
otros aspectos críticos que irán aflorando posterioriormente, el problema de esta idea de la
justicia es que se trata sólo de una regla formal sin concreción alguna; con lo que, ciertamente,
como demuestra Peter WESTEN, la igualdad de trato participa de la fuerza retórica y
persuasiva que en nuestra cultura acompaña al lenguaje de la igualdad pero, al final, el
significado de la igualdad de trato depende de la concepción de la justicia que tenga cada cual
(vid. su Speaking of Equality. An Analysis of the Rhetorical Force of ‘Equality’ in Moral and
Legal Discourse, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1990, esp. Cap. 5, primera parte).
5
comunitario incluido)—, el punto de partida para conceptualizar la discriminación
radica en concebir la igualdad como un “trato estrictamente igualitario”, de tal manera
que, ante un trato formalmente igual, existe una presunción de constitucionalidad8,
mientras que, ante un trato formalmente desigual (y, en particular, cuando la
desigualdad proviene de la raza, sexo, etc.), la presunción será de
inconstitucionalidad9.
Como se apreciará con mayor detalle en el siguiente apartado, esta
concepción de la discriminación vinculada a la ruptura de la igualdad de trato formal
conllevará enormes dificultades de ajuste de lo que es considerado, precisamente,
como el meollo del Derecho antidiscriminatorio, la “acción positiva”, pero, incluso
aunque no se hable de la igualdad de trato formal, la mera vinculación de la
discriminación con (la ruptura de) la igualdad de trato, presenta una serie de
consecuencias teóricas importantes. Para ponerlas de relieve conviene entrar en el
significado mismo de la expresión Derecho antidiscriminatorio.
2. El contenido del Derecho antidiscriminatorio
A la hora de identificar el uso que se le suele dar a la expresión Derecho
antidiscriminatorio, y sin que se pueda hablar de una división tajante, es posible
diferenciar dos tipos de actuaciones normativas. Por un lado, estarían las
8 Vid. David GIMÉNEZ GLUCK Una manifestación polémica del principio de igualdad:
Acciones positivas moderadas y medidas de discriminación inversa, Tirant lo Blanch, Valencia,
1999, p. 33. Ahora bien, como también señala este autor, teniendo en cuenta que es imposible
no hacer diferenciaciones, no todo trato diferente puede considerarse inconstitucional. De ahí
que para distinguir la diferencia de trato admisible de la inadmisible, el Tribunal Supremo
elabore una serie de parámetros, pero que resultan tan genéricos, que su análisis le lleva a
este autor a afirmar, acertadamente, que “en materia de constitucionalidad de la diferencia en
el trato, las decisiones son principalmente políticas, aunque se revistan de un entramado
jurídico justificativo de la opción política que se adopta” (ibidem, p. 34).
9 Aunque resulte algo conocido conviene hacer notar que, en nuestra cultura jurídico-
política, las constituciones y, más concretamente, lo que se declara constitucional, va cubierto
de un velo de legitimidad (jurídica) que muchas veces se identifica con la justicia. Esta forma
de legalismo ético (de identificación de la ley con la justicia, en definitiva), llamado
constitucionalismo ético, resultará, como veremos, particularmente perversa a la hora de
propagarse el significado predominantemente connotativo (peyorativo) de la expresión
“discriminación positiva” o “discriminación inversa”. Así, que lo que se designe en cada caso
por esta expresión sea considerado por el Tribunal Supremo estadounidense “inconstitucional”,
contribuirá a su descalificación (no sólo jurídica, sino también socialmente) en términos de
justicia.
6
encaminadas a identificar o detectar la discriminación y, por otro, las dirigidas a
eliminarla10. A título orientativo, las primeras serían labor fundamental del poder
judicial (más concretamente del Tribunal Supremo, a través de la elaboración de
mecanismos de constitucionalidad de las leyes y de los conceptos de disparate
treatment y disparate impact), mientras que las segundas, integradoras propiamente
del concepto de acción afirmativa, serían obra de los poderes normativos en sentido
estricto (originaria y fundamentalmente de la Administración).
En efecto, es el Tribunal Supremo estadounidense quien efectúa una
diferenciación entre las figuras del disparate treatment y del disparate impact,
conocidas en Europa como discriminación directa y discriminación indirecta,
respectivamente. Sin entrar en disquisiciones críticas sobre el carácter complejo y
problemático de esta distinción en el ámbito jurídico11 —y con una pretensión
clarificadora, pero exclusivamente aproximativa—, digamos que se entiende por
discriminación directa la disposición que rompe con la igualdad de trato efectuando
diferenciaciones basadas en características definitorias de las personas
pertenecientes a un grupo (así, por ejemplo, la disposición que prohibiese la entrada a
un espectáculo a personas que pesasen más de 100 kgrs), mientras que se habla de
discriminación indirecta en el caso de que la igualdad de trato ser rompa, no a través
de la disposición —que, lingüísticamente, se presenta como indiferenciadora o
“neutra”— sino a resultas de los efectos o consecuencias de la misma (así, y
siguiendo con el ejemplo anterior, en el caso de que la disposición señalase
únicamente que quien entre en un determinado espectáculo ha de permanecer
sentado, y el tamaño de los asientos no permitiese que quepan en ellos personas que
superen los 100 kgrs). En ambos casos, sin embargo, el juicio de discriminación
requiere un tertium comparationis, es decir, necesita de un referente comparativo que,
de este modo, se erige como modelo12.
10 Como se pone de manifiesto a lo largo de este epígrafe, aquí se sostiene que ambos
tipos de actuaciones normativas no tienen que ver con el mismo fenómeno de desigualdad o,
si se quiere, de discriminación.
11 Sobre estas críticas a una distinción sólo aparentemente clara y cuyo panorama se
complica aún más dada la vinculación de la discriminación directa con la intencionalidad vid. mi
monografía ya citada Discriminación, Derecho antidiscriminatorio..., especialmente p. 58 y ss.
12 Esta cuestión, sobre la que no podemos a detenernos ahora, ha llevado a que, por
ejemplo, los tribunales hayan considerado que el trato dispensado a mujeres en el mercado de
7
La introducción de la discriminación indirecta ha sido, y con razón,
especialmente celebrada13. Por un lado, supone abordar el tema de la desigualdad no
sólo desde un punto de vista formal (cubierto por la figura de la discriminación directa),
sino también real (basada en datos estadísticos) y, por otro, facilita un mecanismo
trabajo por su condición de embarazadas no fuera considerado como discriminatorio (la idea
es que como los hombres no se pueden embarazar no cabe comparación ni, por tanto
discriminación) y, al mismo tiempo, ha generado toda un problemática englobada bajo la crítica
al “asimilacionismo” (absorción y convalidación implícita del modelo con el que se compara), a
la que ha sido especialmente sensible el llamado feminismo de la diferencia. Sobre estas y
otras cuestiones relativas al análisis feminista del Derecho me remito a la excelente
panorámica que ha realizado Encarna BODELÓN en su tesis doctoral Igualdad y diferencia en
los análisis feministas del Derecho (defendida en la Universidad Autónoma de Barcelona en
diciembre de 1999 y pendiente de publicación).
13 El origen se sitúa en la resolución por el Tribunal Supremo estadounidense del caso
Griggs v. Duke Power Company (401 U.S. 424) en 1971. Muy sucintamente, este caso puede
resumirse como sigue. Con anterioridad a la Ley de Derechos Civiles de 1964 (en la que, como
se ha indicado ya, se prohibe la segregación racial por discriminatoria), la empresa Duke
Power Company había empleado trabajadores negros únicamente en un departamento en el
que, además, los salarios eran considerablemente más bajos que en los otros cuatro
departamentos que la conformaban. En 1965, cuando esta política empresarial se convierte en
ilegal por discriminatoria, la empresa introduce un ulterior requisito a quien quisiera ser
contratado en alguno de los cuatro departamentos de los ahora sólo restantes (concretamente
un título de estudios de escuela superior y pasar dos tests). Siguiendo el tenor del dictado
empresarial, a todo el mundo se le trata de la misma manera (no se hacen distinciones por el
color de la piel), sin embargo, como consecuencia de haber recibido una educación inferior, la
aplicación de las nuevas disposiciones empresariales deja fuera a los trabajadores negros.
En el Derecho comunitario la primera referencia tiene lugar en la Sentencia de 8 de
abril de 1976 (as. C-43/75, Defrenne II), pero se introduce de manera peregrina y confusa
efectuando la distinción entre las discriminaciones “directas y manifiestas” y las
discriminaciones “indirectas y ocultas”: las primeras “susceptibles de ser constatadas con la
sola ayuda de los criterios de identidad de trabajo e igualdad de retribución contenido en el
artículo 119” y las segundas “que sólo pueden ser identificadas por medio de disposiciones de
aplicación más explícitas, ya sean de carácter comunitario o nacional”. Las últimas referencias
incluidas en el Derecho vinculante se producen en las dos Directivas del 2000 que serán
mencionadas infra en notas 13 y 32.
En lo relativo al Derecho español la figura de la discriminación indirecta se introduce en
la Sentencia del Tribunal Constitucional 145/1991, de 1 de julio, con ocasión de un recurso de
amparo en relación a una discriminación salarial por razón de sexo. La introducción se efectúa
de manera binómica con la llamada discriminación directa. En este sentido, mientras por
discriminación directa el Tribunal Constitucional entiende el “tratamiento diferenciado
perjudicial en razón del sexo donde el sexo sea objeto de consideración directa”, se refiere a la
discriminación indirecta como “los tratamientos formalmente no discriminatorios de los que
derivan, por las consecuencias fácticas que tienen lugar entre trabajadores de diverso sexo,
consecuencias desiguales perjudiciales por el impacto diferenciado y desfavorable que
tratamientos formalmente iguales o tratamientos razonablemente desiguales tiene sobre los
trabajadores de uno u otro sexo a causa de la diferencia de sexo” (FJ 2).
8
procesal fundamental como es la inversión de la carga de la prueba14. Sin embargo, lo
que interesa destacar ahora es que, también en ambos casos, hablar de
discriminación implica identificar un trato, es decir, una conducta individualizada o
concreta a la que se le imputa el injusto (de ahí su prohibición jurídica), operación ésta
que deja fuera del concepto jurídico de discriminación toda una larga serie de
situaciones de desigualdad15.
Concretaremos esta cuestión utilizando de nuevo un ejemplo derivado de las
relaciones grupales de sexo-género16. Realidades como que la prostitución, la
violencia doméstica o el acoso afecten fundamentalmente a mujeres, que sean las
mujeres quienes se dediquen mayoritariamente a las tareas del hogar o al cuidado de
los hijos o familiares ancianos, que sean ellas quienes desempeñen los trabajos a
14 De la importancia que ha adquirido este nuevo mecanismo procesal en el ámbito
europeo da buena prueba la Directiva 97/80/CEE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997,
relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo.
Concretamente en su art. 4.1 establece lo siguiente: “Los Estados miembros adoptarán con
arreglo a sus sistemas judiciales nacionales las medidas necesarias para que, cuando una
persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del
principio de igualdad de trato presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente,
hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda
a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de
trato”.
15 El paradigma de esta operación se refleja perfectamente en el Derecho Comunitario,
donde, por un lado, se vincula la discriminación al “principio de igualdad de trato”
(identificándose este principio como la “ausencia de toda discriminación”) y, por otro, se reduce
la discriminación a la directa e indirecta (pues igualdad de trato supone ausencia de
discriminación “bien sea directa o indirectamente” o “tanto directa como indirecta”). Vid., así, el
art. 2.1 de la Directiva del Consejo 76/207/CEE de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo; el art.
2.1 de la Directiva 2000/43/CE del Consejo de 29 de junio de 2000 relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico;
y el art. 2.1 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.
16 Al igual que en ejemplos anteriores, la elección no es gratuita. Son varias las
razones que influyen a la hora de centrar la atención en la situación de desigualdad de las
mujeres. En primer lugar, la concurrencia de este factor de desigualdad con el resto (dicho de
otro modo, las mujeres concurren por su sexo-género con cualquier otro motivo de desigualdad
grupal que pueda afectar a un hombre; se trata de un factor que divide a la humanidad en dos).
A ello se ha de añadir que es este tipo de desigualdad grupal el que ha polarizado la atención
en el ámbito del Derecho europeo. Es menester precisar, sin embargo, que la discriminación
contra las mujeres reviste características específicas. Así, además de que las mujeres no
constituyen ninguna minoría (es más, superan la mitad de la población), es frecuente que la
discriminación contra las mujeres se oculte o revista de protección (el supuesto carácter
benigno de la misma).
9
tiempo parcial, etc. no caben en el concepto de discriminación previsto por el Derecho
(directa o indirecta) porque resultan realidades inimputables17. Es más, para el
Derecho buena parte de esas realidades no pueden entrar bajo el concepto de la
discriminación porque son catalogadas como opciones, porque se supone que
dependen de la elección, de la autonomía de las personas (mujeres) o, en definitiva,
porque se basan en decisiones que pertenecen al ámbito de lo privado. Nos
encontramos de este modo con que, ante una realidad de desigualdad grupal (o no
estrictamente de discriminación, según el concepto jurídico designado por este
término), que implica una clara diferencia y jerarquización del status social, el Derecho
se nos presenta como inocente y, además, respetuoso con la autonomía de la
voluntad. Tampoco debe arbitrar medios de prueba, porque no hay nada que probar,
ya que no hay responsables. Ni tan siquiera tiene que reconocer su impotencia porque
el problema, para el Derecho, simplemente no existe18.
De esta manera, el binomio discriminación directa/indirecta eclipsa y relega,
para el Derecho, un fenómeno que, con una expresión acuñada fuera del contexto
jurídico disciplinar, se suele denominar discriminación estructural, discriminación
sistémica, discriminación institucional, discriminación difusa, etc. Un fenómeno que, al
igual que la discriminación indirecta, utiliza las constataciones sociológicas pero que, a
diferencia de lo que se denomina discriminación indirecta, resulta inimputable a
comportamientos o prácticas individualizadas y concretas19.
17 Claro que el que un estado de cosas no sea imputable a una conducta no quiere
decir que carezca de causa. Esto es importante destacarlo porque el binomio discriminación
directa/indirecta se relaciona en la teoría del Derecho antidiscriminatorio con otro binomio,
como es el de discriminación deliberada o inconsciente (intencional o inintencional) de tal
manera que puede parecer que el que la producción de un determinado estado de cosas no
sea intencional o que —como se dice cuando se habla de la discriminación indirecta— esté al
margen de la intencionalidad, implica que sea “casual” o aleatoria. Yo misma he incurrido en
este error de planteamiento en mi trabajo Discriminación, Derecho antidiscriminatorio..., cit.,
Distíngase, pues, entre: a) conducta imputable, b) intencionalidad y c) causa. Con esto se
quiere decir que la discriminación, al margen de la intencionalidad o no, tiene una causa
(aunque es verdad que ya sabemos, gracias a Kelsen, que al Derecho y a su teoría no le
competen las causas, sino las conductas imputables).
18 Obsérvese que el carecer de conducta imputable tiene consecuencias jurídicas
relevantes, en la medida en que proscribe la vía judicial para ejercer o hacer valer los derechos
derivados de la prohibición de discriminación.
19 En sentido similar, que la desigualdad (sexual) sea institucional significa, para
Elizabeth FRAZER y Nicola LACEY, que resulta “inherente a estructuras y prácticas sociales
que no son susceptibles de análisis en términos de acumulaciones de actos discriminatorios
10
3. La discriminación como epifenómeno de la subordinación
A tenor de lo que se acaba de señalar lo que el Derecho considera como
discriminación sería solamente un epifenómeno de la subordinación, entendida como
desigualdad estructural de carácter grupal. A veces la subordinación se manifiesta
como discriminación (como conductas individuales e individualizadamente imputables
por romper con la igualdad de trato) y el Derecho se queda en esto. Con ello produce
una selección de la realidad, una especie de reducción que hace que permanezca
invisible para la conceptualización jurídica una realidad de subordinación grupal
producto de las relaciones sociales de poder. Dicho con otras palabras, lo que el
Derecho concibe como discriminación es una diferencia de trato, pero no una
diferencia de status.
Para explicar esta selección o reducción de la realidad propongo el siguiente
ejemplo de carácter secuencial:
Supongamos que el porcentaje de mujeres que estudian y terminan
anualmente la carrera de Derecho es superior al de varones.
Supongamos que hay un curso de postgrado “Abogado de empresa” en
el que el número de estudiantes de ambos sexos se iguala.
Supongamos que a la hora de encontrar trabajo en las empresas el
número de varones supera con creces el porcentaje de mujeres.
Pues bien, el Derecho antidiscriminatorio, tal y como se concebe por la
doctrina tradicional (más concretamente, el que gira en torno a la prohibición de
individuales" (The Politics of Community. A feminist critique of the liberal-communitarian
debate, Harvester Wheatsheaf, Londres, 1993, p. 82).
Por lo demás, aunque se han escogido supuestos de discriminación por sexo-género,
los ejemplos son también extensibles a otras características. Piénsese, por acudir al país
donde se origina el Derecho antidiscriminatorio, en el caso de la población reclusa
afroamericana. Según estudios realizados y recogidos en prensa, “un negro de EE. UU. tiene
siete veces más posibilidades de ser encarcelado que un blanco. Aunque la comunidad
afroamericana sólo representa el 13% del total de la población de EE UU, constituye el 50% de
la encarcelada en prisiones federales y estatales. Un negro tiene un 33% de posibilidades de
pasar parte de su vida entre rejas, frente al 4% que ronda a un blanco. En la lucha contra las
drogas, los negros son perseguidos de modo claramente discriminatorio. Los blancos, según el
departamento de Justicia, constituyen el 75% de los consumidores de estupefacientes en EE.
UU.; los negros representan el 75% de los consumidores encarcelados” (El País, 16.2.2000).
11
discriminación por razón de sexo), sólo se fijaría, en hipótesis, en este tercer momento
secuencial, es decir, en las actuaciones y prácticas de las empresas en las que, a lo
sumo, y tras mecanismos de inversión de la carga de la prueba, sería posible hablar
de discriminación indirecta. Quedarían fuera del Derecho antidiscriminatorio el
movimiento entre las dos primeras secuencias. No habría conducta (individual)
imputable, por lo tanto no sería un caso de discriminación; tampoco cabría hablar de
prueba de la discriminación. Este fenómeno sólo resulta explicable desde el concepto
de subordinación social o, si se quiere, desde el carácter institucional de la
desigualdad grupal (sexual)20.
III. ACCIÓN POSITIVA VERSUS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
1. Sobre el origen del concepto de acción positiva
“Acción positiva” es una expresión con la que se traduce en Europa lo que en
Estados Unidos y en otros países anglófonos distintos de Gran Bretaña se conoce
como “acción afirmativa” (affirmative action). La expresión tiene su origen en una ley
estadounidense de 1935 enmarcada en el ámbito del derecho laboral21, pero adquiere
el significado específico de policy (esto es, de política pública) en el contexto de la
reacción jurídica a las protestas protagonizadas por la población afroamericana y otras
20 El ejemplo serviría también para otra posible crítica a las implicaciones del
planteamiento (o del punto de vista) liberal individualista: desde esta visión el progresivo
descenso del número de estudiantes (y luego, profesionales) mujeres se podría explicar en
términos de elecciones individuales autónomas del tipo “a las mujeres no les gusta, no les va,
el trabajo en las empresas”; si no estudian ese master o no trabajan en empresas es porque
“prefieren” otro tipo de abogacía. Efectivamente, puede que prefieran otro tipo de actividad
profesional, pero esa preferencia está o puede estar mediatizada por motivos que no tienen
nada que ver con una opción “igualitaria”. Con otra interpretación alimentamos una ficción del
mismo tipo de la que se da hoy en día cuando se habla de las “voluntades libres e iguales” que
presiden la firma de los contratos de trabajo.
21 Se trata de la Ley Wagner, 29 USC, cuya sección 160(c) hace referencia a la ley de
convenios colectivos y las relaciones de trabajo en el transporte. En esta ley la expresión
acción afirmativa denotaría la obligación que tiene la empresa de adoptar medidas positivas
con el fin de remediar los efectos de ciertas prácticas laborales pasadas injustas contra los
sindicatos así como para prevenir su aparición en el futuro. Vid. en este sentido Carol Lee
BACCHI The Politics of Affirmative Action. ’Women’, Equality and Category Politics, Sage
Publications, Londres, 1996, p. 32 (quien toma la información de Fania DAVIS, Affirmative
Action in the United States and its Application to Women in Employment. Equality for Women in
Employment: An interdepartamental project, International Labour Office, Ginebra, Working
Paper, 1993).
12
minorías y movimientos de contestación social en los que, como se ha indicado ya,
tiene su origen el llamado Derecho antidiscriminatorio.
Como actuación de la Administración estadounidense la acción afirmativa tiene
su inicio, más concretamente, en una serie de medidas de carácter intervencionista
posibilitadas por las especiales prerrogativas que en los Estados Unidos tiene quien
ocupa la Presidencia. Se suele citar, en primer lugar, la Orden Ejecutiva del 16 de
marzo de 1961 del Presidente John F. Kennedy, donde se requiere de las empresas
que contraten con el Gobierno Federal la adopción de medidas de integración para
cuyo incumplimiento están previstas sanciones que incluyen la finalización de los
contratos22. A esta actuación normativa le seguiría la Orden Ejecutiva 11246, de 1965,
del Presidente Lyndon B. Johnson23 que, además de considerar ilegal la
discriminación de las minorías (atendiendo a su raza, color, religión u origen nacional),
obliga a las empresas que quieran formalizar contratos con la Administración por un
montante superior a los 50.000 dólares a llevar adelante planes tendentes a su
integración. En 1967 se enmienda esta Orden Ejecutiva para incluir la discriminación
sexual y, a partir de este año, y en los comienzos de los setenta (coincidiendo con la
presidencia de Richard Nixon), la política de acción positiva, que afecta también a las
universidades en la medida en que deseen obtener financiación pública, adquiere,
además de un fuerte impulso, una mayor concreción de sus fines. En este sentido es
de destacar la introducción del mecanismo de “goals and timetables”, a través del cual
la Administración requiere a las empresas la instauración de un sistema de objetivos y
plazos con el fin de que el porcentaje de la población trabajadora de las mismas
incluida bajo la etiqueta de minoría24 se aproxime al porcentaje de tales minorías en la
población donde están ubicadas las empresas25.
22 Así lo recoge, por ejemplo, Roberta Ann JOHNSON, “Affirmative Action Policy in the
United States: its impact on women”, Policy and Politics, 1990, 18 (2), p. 78 (quien, no
obstante, también incluye opiniones documentadas que situarían su inicio en la Orden
Ejecutiva 8802 de 25 de junio de 1941 del Presidente Franklin D. Roosevelt). Vid. también para
lo que sigue, mi trabajo Discriminación, Derecho antidiscriminatorio..., cit., p. 44 y ss., y, con
posterioridad, la monografía de David GIMÉNEZ GLUCK, Una manifestación polémica..., cit.,
p. 92 y ss.
23 Para David GIMÉNEZ GLUCK ( ibidem, p. 92) sería esta Orden Ejecutiva la
iniciadora de las políticas de acción positiva.
24 Sobre la explicación de que las mujeres sean conceptualizadas como minoría, a
pesar de constituir el grupo numéricamente mayoritario en nuestras sociedades, vid. Raquel
13
Al margen de este origen vinculado al poder presidencialista, la base legal de
la acción positiva estadounidense se encuentra en el ya citado Titulo VII de la Ley de
Derechos Civiles de 1964, luego enmendado por la Ley de Igualdad de Oportunidades
en el Empleo de 197226, una base legal que confirma un concepto de la acción
positiva sin una definición clara, pero que, unido al tipo de medidas previstas en las
Ordenes Ejecutivas mencionadas, presenta una serie de características delimitadoras,
entre las que cabe destacar: 1) su vinculación fundamental a la acción de la
Administración a través de técnicas de motivación indirecta (o, si se quiere, de
sanciones positivas); 2) el papel interventor de esa Administración en relación a las
medidas que se han de poner en práctica, obligando, en este sentido, al logro de
determinados resultados; 3) una percepción de la igualdad como integración, sea en
el mercado de trabajo o en instituciones; y 4) su nexo con la igualdad de
oportunidades.
Ahora bien, en mayor o menor medida, la discusión en torno a estas
características ha hecho que el debate sobre la política de acción positiva en general
(esto es, no sólo estadounidense) haya sido, desde su inicio, un campo abonado para
batallas jurídicas y sociales. Es más, se diría que sólo hay un punto de acuerdo entre
todos los contendientes: denominar acción positiva a las medidas o planes vinculados
de un modo u otro al Derecho (particularmente al producido por los poderes ejecutivo
y legislativo) destinados a hacer desaparecer la desigualdad entre los grupos. El
OSBORNE “¿Son las mujeres una minoría?”, Isegoría, 1996, 14, p. 79 y ss. Sobre los efectos
negativos de esta “anómala analogía” en la línea de presuponer que las otras categorías están
compuestas de hombres y que conduce a hacer desaparecer del análisis a las mujeres que
sufren una opresión múltiple (esto es, no sólo como mujeres), vid. Carol Lee BACCHI The
Politics of Affirmative Action…, cit., p. 28.
25 Este último dato (esto es, la obligación de que la entidad beneficiaria de la
financiación pública obtenga determinados resultados en un espacio de tiempo concreto) es
relevante porque prueba que lo que posteriormente recibirá el nombre de “discriminación
inversa” o “cuotas” forma parte de la caracterización originaria de la acción positiva. Corrobora
también esta idea David GIMÉNEZ GLUCK cuando observa: “Según parte de la doctrina
estadounidense, la introducción de la discriminación inversa como parte de los planes de
affirmative action proviene de la presidencia Nixon. Consideran estos autores que la Orden
Ejecutiva 11246 no buscaba un sistema de cuotas, sino más bien una política de acciones
positivas menos incisiva. Es con la llegada de Nixon al poder, en 1969, cuando el
Departamento de Trabajo empieza a utilizar las cuotas como criterio para medir la efectividad
de los planes de acción positiva” (Una manifestación polémica..., cit., p. 94, nota 87).
26 Vid. supra nota 2.
14
precio del acuerdo es, obviamente, la vaguedad del concepto (desde el tipo de
medidas, pasando por el vínculo con el Derecho, hasta la percepción de la
desigualdad). Teniendo en cuenta esta vaguedad y que las disputas que se originan a
partir de la misma traslucen distintas concepciones de la justicia social, así como
ideas distintas de llevarla a cabo, se puede comprender que resulte un empeño inútil,
además de falaz, ofrecer un concepto integrador de la acción positiva. Podrán darse,
eso sí, estudios expositivos en orden a describir o informar de cuál es el concepto de
acción positiva que se utiliza según los momentos, países o contextos, y según
determinados autores u operadores jurídicos, extrayendo las conclusiones pertinentes
al respecto; pero la reconducción de la acepciones a una especie de concepto
integrador que actúe a modo de concepto “verdadero” de la acción positiva estará
destinado al fracaso.
Esto no es óbice para reconocer que, en efecto, existe un concepto de acción
positiva —por decirlo de alguna manera— dominante o hegemónico. Es más, tal
concepto existe, pero esto no quiere decir que sea el concepto verdadero (indiscutible)
ni que deba ser tratado como tal.
2. El concepto dominante de acción positiva
Con el fin de dar cuenta de este concepto hegemónico se tomará en
consideración, además de lo ya recogido sobre su origen, algunos de los textos más
significativos del Derecho antidiscriminatorio internacional y comunitario integrados de
un modo u otro, pero con efectos vinculantes, en el ordenamiento jurídico español27.
Según el art. 4.1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (aprobada en la Sesión Plenaria 107ª de la Asamblea
General de Naciones Unidas por Resolución 34/180, que entra en vigor en 1981, y
que es ratificada por España en 1984): “La adopción por los Estados partes de
medidas temporales especiales con el fin de acelerar la instauración de una igualdad
de hecho entre hombre y mujer, no estando considerada como un acto de
discriminación tal como se la define en la presente Convención, no debe, en modo
alguno, tener como consecuencia el mantenimiento de normas de desigualdad o
27 Como en casos anteriores, se tomarán en consideración los relativos a las mujeres o
a la “discriminación por razón de sexo” pero de idéntico o parecido tenor serán, como también
se tendrá ocasión de comprobar, los relativos a otros grupos.
15
segregación; estas medidas deben ser suprimidas a partir del momento en que los
objetivos de igualdad de oportunidades y de trato se alcancen”.
En lo que respecta al Derecho comunitario, la Directiva del Consejo
76/207/CEE establece en su art. 2.1 el principio general según el cual “El principio de
igualdad de trato en el sentido de las disposiciones siguientes, supone la ausencia de
toda discriminación por razón de sexo...”, mientras que en el apartado 4 del mismo
artículo se exceptúa lo siguiente: “La presente Directiva no obstará las medidas
encaminadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en
particular para corregir las desigualdades de hecho que afecten a las oportunidades
de las mujeres...”.
Con posterioridad a esta Directiva, en el Tratado de Amsterdam se introducen
los apartados 3 y 4 en el art. 141 del Tratado de la Comunidad Europea (antiguo art.
119), que son del siguiente tenor: “3. El Consejo... adoptará medidas para garantizar
la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para
hombres y mujeres... 4. Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre
hombres y mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a
ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas
destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades
profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales”28.
Ateniéndonos, pues, a esta caracterización se puede decir que la acción
positiva es contemplada como algo temporal, excepcional, como oferta de ventajas y
como algo confusamente vinculado a la igualdad de hecho y/o de oportunidades y/o
de trato.
Al margen de que la presentabilidad (que no inteligibilidad) de esta última
vinculación sólo pueda ser salvada por el uso retórico del discurso de la igualdad29 y
28 A esta relación de disposiciones comunitarias se puede añadir la Propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 76/207/CEE
del Consejo, mencionada poco más arriba en este mismo texto. Entre las novedades de esta
Propuesta (que fue presentada por la Comisión al Parlamento el 11 de julio de 2000) está el
hecho de que, por primera vez en un texto que se pretende vinculante, se habla expresamente
de “medidas de acción positiva” (en la parte referente a la exposición de motivos) y de
“medidas positivas” (en la parte dispositiva)
29 ¿Es la igualdad de hecho asimilable conceptualmente a la igualdad de
oportunidades? ¿Es (ya no sólo asimilable, sino compatible) la igualdad de hecho con la
igualdad de trato? ¿Y la igualdad de trato con la igualdad de oportunidades? ¿Y esta última
16
de que caracterizándola como “ventajas” se vaya conformando un discurso que atrapa
a los individuos integrantes del grupo destinatario y les exige situarse a la defensiva 30,
la excepcionalidad (o la necesidad de permiso) con la que es introducida la acción
positiva en los ordenamientos jurídicos la erige en un concepto “bajo sospecha”. Por lo
demás, esto es algo particularmente evidente desde el momento en que la doctrina
comienza a hablar de “discriminación inversa” o “discriminación positiva”; momento en
el que se empieza a apreciar también, con especial virulencia, la esquizofrenia a la
que conduce la admisión de un concepto con connotaciones jurídicas negativas (o,
cuanto menos, incómodas) y a través del cual, sin embargo, se quiere hacer valer un
ideal de justicia.
3. La “discriminación inversa” o “discriminación positiva”
La expresión “discriminación inversa” (o también conocida, sobre todo en
Europa, como “discriminación positiva”) no forma parte del discurso originario sobre la
acción positiva. Como se ha visto, la exigencia de resultados en términos numéricos o
porcentuales (si se quiere, “cuotas”) resulta inherente, desde el principio, a la política
de acción positiva; sin embargo, esta exigencia pronto encuentra adversarios y es
entonces, precisamente, cuando la doctrina empieza a hablar de “discriminación”
(inversa o positiva). De esta manera, a través del uso de estas expresiones, se
enjuician negativamente determinadas prácticas que, en principio, lo que pretenden
es, precisamente, eliminar la desigualdad de determinados grupos. Para ello se
emplea la palabra “discriminación”. ¿Por qué razón? No se acierta a ver otra que las
connotaciones negativas que esta palabra tiene en el contexto jurídico. Claro que
“discriminar” tiene también un significado neutro según el cual dicha palabra
significaría simplemente, “diferenciar”, pero no es ése el significado que tiene en la
cultura jurídica y menos en el ámbito de un Derecho antidiscriminatorio31. De ahí que
con la plena igualdad? ¿Cuál es la relación dialéctica entre estas acepciones de la igualdad en
relación a la acción positiva?
30 Vid. Carol Lee BACCHI, The Politics of Affirmative Action…, cit., pp. 33-34.
31 Como precisa Peter WESTEN ( Speaking of Equality... , cit., p. 132, en nota), en el
discurso jurídico del siglo XX, la palabra discriminación ha adquirido connotaciones
peyorativas, siendo considerada como sinónimo de parcialidad, prejuicio, favoritismo,
fanatismo e intolerancia.
17
la utilización de la palabra “discriminación” para hacer referencia a una política de
resultados resulte, además de un uso impropio en el contexto jurídico, un uso
tendencioso del lenguaje32. Insisto, podría hablarse de las cuotas como de medidas
simplemente diferenciadoras, pero no es ése el significado atribuido en el uso de la
expresión discriminación inversa. Por el contrario, cuando se habla de este modo se
hace hincapié en el pretendido carácter injusto de esas medidas, primero porque,
efectivamente, diferencian (y las diferencias se ven con recelo en un Derecho
pretendidamente igualitario) pero, sobre todo, porque, como veremos a continuación,
se considera que rompen con el principio de igualdad de oportunidades, basado, a su
vez, en los principios de mérito y capacidad33.
32 Un paso adelante en una línea que corrobora esta postura es la no utilización de las
expresiones “discriminación inversa” o “discriminación positiva” (sino, por el contrario, las de
“medidas de acción positiva” o “medidas positivas”) en la Propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo mencionada en la nota 28 de este trabajo.
Por lo demás, ha de quedar claro que al criticar el uso de las expresiones
“discriminación positiva” y “discriminación inversa” no se descarta, ni mucho menos, recuperar
el significado descriptivo que puedan tener para efectuar clasificaciones de las medidas de
acción positiva utilizando, por ejemplo, el criterio de la reacción producida ante su aplicación
(aceptación o reprobación). Lo que se considera improcedente, desde una perspectiva teórica,
es calificar negativamente a algunas de las medidas resultantes de la clasificación con las
expresiones mencionadas, habida cuenta, precisamente, de que en los Estados Unidos se
emplea la expresión discriminación inversa para hacer referencia a la acción afirmativa
contraria al ordenamiento jurídico. En este sentido resulta extraño que David GIMÉNEZ
GLUCK, aun reconociendo esto último expresamente (Una manifestación polémica..., cit., p.
79, en nota 73), siga utilizando la expresión discriminación inversa para designar una “especie”
del “género” acción positiva, así como para efectuar ulteriores clasificaciones (ibidem, p. 80 y
ss). Y no sirve la razón de que también en un ensayo “clásico” (en concreto el de Alan H.
GOLDMAN Justice and Reverse Discrimination, de 1979) se proponga seguir utilizando la
expresión discriminación inversa sin “la connotación peyorativa que se le suele dar” (ibidem, p.
79, nota 73). En efecto, independientemente de que no parezca procedente —insisto, desde
una perspectiva teórica— emplear con fines descriptivos una expresión de marcados tintes
peyorativos, lo que ocurre con esa expresión (o, más estrictamente, con la palabra
discriminación) no es que “se le suela dar” o no una connotación peyorativa, sino que “la tiene”
en el contexto jurídico en el que es usada y, en este sentido, resulta quimérico huir de ella. Por
lo demás, en contra de la tendencia (y tendenciosidad) en el uso de esta expresión
—basándome en razones conceptuales referidas no sólo a la connotación, sino también a la
denotación, de la expresión discriminación inversa— tuve ocasión de pronunciarme ya en
Discriminación, Derecho antidiscriminatorio.., cit., p. 85 y ss.
33 En esto consistiría, precisamente, lo que Margaret Jane RADIN denomina la retórica
no-ideal de la acción positiva, basada en la idea de tener que aceptar a individuos inferiores
por su raza o género (“Affirmative Action Rethoric”, Social Philosophy and Policy, 1991, vol. 8,
nº 2, p. 136). Junto a esta retórica no-ideal cabría hablar de otra ideal, basada en la idea de
actuar afirmativamente para terminar con la discriminación injusta y valorar a todo el mundo
apropiadamente (p. 134).
18
La jurisprudencia del Tribunal Supremo estadounidense es elocuente en
relación a la dificultad de encontrar una barrera diferenciadora clara entre la acción
positiva legítima (o no contraria al ordenamiento jurídico) y la acción positiva ilegítima
(o contraria al ordenamiento jurídico) y, así, es posible advertir fluctuaciones en las
decisiones que, como bien se ha dicho, terminan dependiendo de la composición
ideológica del tribunal (esto es, de si hay mayoría nombrada por el Partido Demócrata
o por el Partido Republicano)34. En este sentido, no es aventurado decir que es el
triunfo de cierta ideología (en este caso, conservadora) lo que ha hecho que en
determinados Estados se hayan propuesto reformas constitucionales tendentes a la
prohibición de toda acción positiva (y no sólo de la que fija la obtención de
determinados resultados)35.
4. La igualdad de oportunidades como parámetro de legitimidad
En principio, esta música de difuntos que acompaña al análisis de la acción
positiva en el panorama estadounidense no es extensible al espacio europeo: ni en el
ámbito del Derecho comunitario36, ni en el estatal 37. Tampoco la fluctuación
34 Vid. David GIMÉNEZ GLUCK, Una manifestación polémica..., cit., p. 126 y ss.
35 En España se ha hecho eco de esta situación, por ejemplo, David GIMÉNEZ GLUCK
en su libro ya citado Una manifestación polémica..., p. 126 y ss. y 176, en nota. Vid. también
de Lluís SAMPER “Estratificación étnica y acción positiva. El caso de California”, Revista
Internacional de Sociología, 1999, nº 22, p. 203 y ss. Un interesante análisis del caso de
California, en clave de periodismo político, es el de Lydia CHÁVEZ The Color Bind. California’s
Battle to End Affirmative Action, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1998.
36 Además del amparo que le otorgan las Directivas y el Tratado de Amsterdam al que
se ha hecho referencia en el epígrafe anterior, la acción positiva vuelve a obtener respaldo
vinculante en el Derecho Comunitario en dos nuevas Directivas del Consejo: la Directiva
2000/43/CE de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de
las personas independientemente de su origen racial o étnico, cuyo art. 5 dispone que: “Con el
fin de garantizar la plena igualdad en la práctica, el principio de igualdad de trato no impedirá
que un Estado miembro mantenga o adopte medidas específicas para prevenir o compensar
las desventajas que afecten a personas de un origen racial o étnico concreto”; y la Directiva
2000/78/CE de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para
la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, cuyo art. 7 señala que “1. Con el fin de
garantizar la plena igualdad en la vida profesional, el principio de igualdad de trato no impedirá
que un Estado miembro mantenga o adopte medidas específicas destinadas a prevenir o
compensar las desventajas ocasionadas por cualquiera de los motivos mencionados en el
artículo 1”. Y si esto es así, todavía mayor importancia adquiere en el Derecho no vinculante o
también llamado soft law. De la larga lista de normativa de este tenor son de destacar la
Recomendación del Consejo 84/635/CEE, de 13 de diciembre de 1984, relativa a la promoción
19
jurisprudencial resulta comparable a la estadounidense38. Sin embargo, existe una
barrera común a cualquier legislación y postura doctrinal y jurisprudencial referente a
la separación entre la acción positiva legítima y la ilegítima, y esa barrera es la
compatibilidad con la igualdad de oportunidades. De esta manera, la acción positiva
resultará legítima si es compatible con la igualdad de oportunidades, mientras que
resultará ilegítima si no lo es. El problema, entonces, estará en determinar qué se
entiende por “igualdad de oportunidades”.
A estos efectos, mientras está claro que la igualdad de oportunidades se ha
convertido en un principio sagrado de las sociedades occidentales, a la bandera de las
cuales está la estadounidense, los análisis teóricos que sobre él se han hecho han
arrojado un importante saldo crítico39. Tampoco el examen sobre el origen de este
principio resulta más halagüeño. En efecto, hoy en día la igualdad de oportunidades
de acciones positivas a favor de la mujer, y los Programas de acción comunitarios para la
igualdad de oportunidades.
37 En muchos países existen leyes ad hoc . En España no existe ninguna ley al
respecto, recayendo en buena parte la labor de impulso de la acción positiva en la doctrina
constitucionalista y, sobre todo, laboralista más progresista, así como en la propia
jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
38 Digna de especial relieve por la atención e impacto suscitados es la doctrina del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas materializada hasta el momento en cuatro
resoluciones: la Sentencia de 17 de octubre de 1995 (as. C-450/93, Eckhard Kalanke v. Freie
Hansestadt Bremen), la Sentencia de 11 de noviembre de 1997 (as. C-409/95, Hellmut
Marschall v. Land Nordheim-Westfalen), la Sentencia de 28 de marzo de 2000 (as. C-158/97,
Georg Badeck y otros v. Landesanwalt beim Staatsgerichtshof des Landes Hessen) y la
Sentencia de 6 de julio de 2000 (as. C-407/98, Katarina Abrahamsson y Leif Anderson v.
Elisabet Fogelqvist). Un repaso a esta jurisprudencia, junto con interesantes consideraciones al
respecto, se encuentra en la Comunicación presentada por Celia PEREIRA PORTO a las
recientes XVIII Jornadas de Filosofía Jurídica y Política mencionadas ya (nota 1) y que bajo el
título “A discriminación positiva no Dereito comunitario europeo e na xurisprudencia do TXUE”,
que será objeto de próxima publicación en el Anuario da Facultade de Dereito da Universidade
da Coruña, 5, 2001.
39 Vid., así, Anne PETERS ( Women, Quotas and Constitutions. A Comparative Study of
Affirmative Action for Women under American, German, C and International Law, Kluwer Law
International, Londres, 1999) quien, además de hacerse eco de que el ideal de la igualdad de
oportunidades en los Estados Unidos ha sido criticado como “contradictorio, insuficiente e
incluso falto de sentido”, en lo relativo al concepto de igualdad de oportunidades deja
constancia de que “debido a su opacidad, puede ser usado tanto para justificar la acción
afirmativa como para recharzarla” (p. 82). Por lo demás, en el uso que se hace en el Derecho
comunitario también se presentan problemas parecidos, en el sentido de que, como bien
señala esta autora, “puede significar que las personas deberían tener formalmente las mismas
posiciones de partida pero también puede significar que la gente debería tener equitativamente
las mismas oportunidades en la práctica para lograr un objetivo” (ibidem, p. 245).
20
constituye un principio de justicia social, de corte liberal. En su origen, sin embargo, la
igualdad de oportunidades es un principio que rige en los juegos40: hay igualdad de
oportunidades entre los jugadores cuando tienen iguales condiciones de partida (se
les reparten las mismas cartas, las mismas fichas, etc.); también rige en las
competiciones deportivas: habrá igualdad de oportunidades si quien corre en la
carrera lo hace de los mismos puntos de partida, etc. Será después cuando este
principio se traslade a la sociedad, lo que supone una visión de la sociedad regida por
la competición entre individuos para la obtención de bienes escasos y la idea es que,
saliendo de los mismos puntos de partida, ganará el mejor y que esto es bueno,
además de justo, para la sociedad.
Según la idea de la desigualdad de los grupos como subordinación expuesta
más arriba (que excede del marco de la competición), no es difícil suponer que el
principio de igualdad de oportunidades no resulta la panacea. Pero, con todo,
analicemos esa traslación. El principio de igualdad de oportunidades que rige en los
juegos se basa en la idea de una competición voluntaria, basada en la capacidad
intelectual, habilidad o esfuerzo físico de individuos solos o agrupados que hacen
suyas (por diversión o entretenimiento) unas reglas. Además, no existe en el juego
una relación previa de subordinación entre quienes compiten. Admitamos (aunque no
se participe del convencimiento sobre ello) que existe un ámbito en la sociedad, el del
mercado laboral, en el que se considera necesario competir —y, alimentando más la
ficción, pensemos que “voluntariamente”— por la obtención de un bien escaso (el
puesto de trabajo) y se considera, asimismo, bueno o conveniente que esta
competición se rija por el principio de igualdad de oportunidades. Esta competición se
presenta como una relación entre individuos, de la que, aparentemente, sólo uno de
ellos pertenece a un grupo (“discriminado”). En este contexto, la política de acción
positiva se basa en las “correcciones” (excepciones) que permite el principio de
igualdad de oportunidades y, por tanto, siempre se hace en términos de “ventajas” o
tratos “de favor” hacia ciertos individuos, precisamente, por su pertenencia a
determinados grupos “discriminados”41. Se trata de una competición entre individuos
40 Vid. Norberto BOBBIO, voz “Eguaglianza”, Enciclopedia del Novecento, p. 360.
41 Así, entre los propios defensores del principio de igualdad de oportunidades se
reconoce que, en ocasiones, para que realmente se dé la igualdad en los puntos de partida, a
los individuos desaventajados se les da una ventaja (BOBBIO, ibidem).
21
en la que, como un criterio añadido cuenta (en teoría para bien, esto es, en pro de la
justicia) la pertenencia de uno de ellos a un grupo.
En este modo de presentar las cosas se oculta, sin embargo, que el otro
individuo también pertenece a un grupo y que esa pertenencia también le ha supuesto
unas “ventajas” (eso sí, éstas mucho más sutiles). Resumidamente, la manera de
presentar la competición “con ventaja” sólo hacia uno de los individuos olvida que
ambos individuos pertenecen a grupos y que las ventajas o privilegios que uno tiene a
posteriori las ha tenido el otro a priori. Se puede decir, claro está, que esas ventajas o
privilegios no se presentan del mismo modo o no tienen la misma naturaleza en un
caso y en el otro; y, efectivamente, así es. Las ventajas otorgadas al individuo que
pertenece al grupo subordinado se supone que ponen en tela de juicio el criterio del
“mérito” o criterios “objetivos” de cualificación o capacitación (criterios que, se supone,
resultan fácil de analizar individualizadamente)42. Por el contrario, las ventajas que
presenta el individuo que pertenece al grupo hegemónico sólo pueden ser relatadas
en términos estructurales (y, por lo tanto, no individualizadamente).
En definitiva, y así las cosas, nada impide reformular el principio de igualdad
de oportunidades y presentar como una competición entre grupos lo que
tradicionalmente se presenta como una competición entre individuos; sólo que este
planteamiento carece de acomodo en el modelo y las estructuras jurídicas existentes,
donde lo individual se desvincula de —o, en todo caso, prima sobre— lo estructural43.
5. Redefiniendo la acción positiva
42 La idea de que los procesos para determinar la cualificación o capacitación, tal y
como se realizan normalmente, son objetivos y que el mérito es algo fácil de medir se
encuentra tan extendida, tan interiorizada, tan “normalizada” que su puesta en cuestión puede
resultar incluso extravagante. Y, sin embargo, que los procesos para calibrar la aptitud o
cualificación de una persona para realizar una determinada tarea sean “objetivos” (en el
sentido de que se puedan objetivar o medir) o que estén “normalizados” (que se lleven a cabo
generalmente), no quiere decir que sean imparciales (que no entrañen valoraciones).
43 Aunque en una línea argumentativa diversa y en unos términos que no parecen los
más idóneos, late la misma idea en la conclusión a la que llega Gisella DE SIMONE (“A
proposito di azioni positive: I. Regole di eguaglianza e giustificazione delle azioni positive”,
Ragion pratica, 1997, nº 8, p. 95): “Siendo plenamente sincera no creo que exista una ‘tercera
vía’: o se sacrifica la racionalidad individual y los derechos individuales del ciudadano ‘neutro’,
estableciendo una escala de prioridad rígida que permita superar el gap de los grupos
históricamente discriminados, o bien se declara sin hipocresías que se renuncia al logro de
objetivos de igual redistribución de las oportunidades entre los grupos”.
22
En coherencia con lo que se ha ido manifestando hasta el momento, a nuestro
juicio, la acción positiva ha de estar dirigida a combatir la subordinación44 estructural45
de ciertos grupos46, una de cuyas manifestaciones (si bien no la única) sería la
discriminación (entendida como actuaciones imputables por “diferencia de trato”). Sin
embargo, tanto el tratamiento legal como doctrinal de la acción positiva en el Derecho
antidiscriminatorio apuntan en sentido diferente, ya que, por un lado, todo el mundo
parece estar de acuerdo en que existen ciertos grupos que sufren (y han sufrido) una
situación injusta de desigualdad y que el Estado, a través del Derecho, ha de hacer
algo por superar esa situación, pero, por otro lado, lograr un acuerdo sobre cómo se
concibe esa desigualdad y qué medidas resultan aptas para corregirla se convierte en
una cuestión harto espinosa. Es más, el desinterés jurídico hacia la teoría de la
subordinación estructural que fundamente y permita concretar las actuaciones
normativas destinadas a eliminarla ha sido suplido, como se ha visto, por un concepto
vago de acción positiva, con carácter de excepción al principio de igualdad de trato,
vinculado a la retórica del principio de igualdad de oportunidades y deudor de una
terminología acuñada por un discurso que exige situarse a la defensiva a los
individuos integrantes de los grupos subordinados.
Volviendo a nuestra definición, como todas las relativas a la acción positiva,
ésta mplica una toma de postura47, pero es una toma de postura que no exige
apartarse demasiado de las definiciones al uso; basta con que en éstas se evite
44 O, si se quiere, la discriminación estructural. Lo importante es que quede claro que
cuando se emplea aquí la palabra discriminación se hace referencia a un fenómeno distinto de
lo que en la cultura jurídica se considera tal.
45 En este sentido, y en contra de lo que se afirma frecuentemente, no tendría como
objetivo la lucha contra la “discriminación indirecta”, sino que iría más allá, esto es, abarcaría
no sólo actuaciones que, en definitiva, permiten una imputación, sino también situaciones que
carecen de conducta imputable.
46 En la misma línea de lo que aquí se denomina subordinación estructural grupal
estaría el concepto de opresión atribuido por Iris Marion YOUNG a los movimientos de la
nueva izquierda estadounidense y desarrollado por esta autora en Justice and the Politics of
Difference (Princeton University Press, N.J., 1990, cap. 2, p. 39 y ss), donde, además de
desvincular este concepto de opresión de la intencionalidad, la autora distingue cinco aspectos
de lo que significa hoy en día estar oprimido (a los efectos aquí pretendidos, es irrelevante que
se refiera a América): explotación, marginación, pobreza, imperialismo cultural y violencia.
47 Utilizando otros términos hay quien dirá que la política está implícita en toda
definición de la acción positiva, como, por ejemplo, Carol Lee BACCHI, en The Politics of
affirmative action..., cit., p. X.
23
cualquier planteamiento de la acción positiva como “trato de favor” o “trato preferente”,
etc., y se incluya en el ámbito de actuación de la misma las diferencias de status o de
poder existentes entre los grupos48. Mayor problema representa, sin embargo, la
inexistencia de una teoría de esa subordinación institucional que fundamente y
desarrolle esa acción positiva. Dicho con más precisión, esa teoría existe,
particularmente en el caso de la subordinación social de las mujeres, y es el resultado
de más de dos décadas de análisis feministas sobre el Derecho49. Lo que no se da, al
menos con la intensidad que sería deseable, es la permeabilidad de las estructuras y
de la mentalidad jurídicas a las aportaciones de dicha teoría, un paso, si no suficiente,
al menos necesario, para que la repercusión tenga un calado en la acción política.
Resultaría excesivamente pretencioso intentar exponer aquí lo que ha
aportado la teoría feminista del Derecho al tema que nos ocupa50. La misma crítica al
concepto jurídico de discriminación como epifenómeno individual de la subordinación
grupal planteada en estas páginas constituye una versión de esta aportación51; una
crítica que no es aislada, sino que se encuentra estrechamente vinculada a la puesta
en cuestión de las premisas que conforman el modelo de Derecho y de justicia
48 Algo que ocurre, por ejemplo, en la siguiente definición de Roberta Ann JOHNSON
(“Affirmative Action Policy in the United States...”, cit., p. 77): “Acción afirmativa es un término
genérico que hace referencia a programas que llevan adelante algún tipo de iniciativa
voluntariamente o bajo la compulsión del derecho, para incrementar, mantener o reajustar el
número o status de los miembros de ciertos grupos definidos usualmente por la raza o el
género, dentro de un grupo mayor”. O en ésta, más breve, de Carol Lee BACCHI: “La
expresión acción afirmativa hace referencia a una clase de programas dirigidos a determinados
grupos con el fin de remediar su desigualdad” (The Politics of Affirmative Action..., cit., p. 15).
49 Análisis feministas del Derecho en sus más variadas disciplinas y contribuciones
feministas a la teoría del Derecho se vienen publicando no sólo en numerosas y cada vez más
frecuentes monografías, sino también en las revistas jurídicas tradicionales. En concreto en los
Estados Unidos, donde se incluye a la “jurisprudencia feminista” entre las corrientes de
pensamiento de la filosofía del Derecho, se publican más de una docena de revistas jurídicas
feministas (entre ellas la Yale Journal of Law and Feminism, editada desde 1988). Muestra de
un reconocimiento parecido es la aparición en 1995, en la serie Schools de la editorial
Dartmouth (Aldershot) de dos volúmenes (compilados por Frances OLSEN) bajo el título
Feminist Legal Theory, así como la revista británica editada desde 1993 Feminist Legal Studies
(publicada hasta 1998 por Deborah Charles y desde entonces por Kluwer).
50 Ofrece una buena síntesis Nicola LACEY en su libro Unspeakable Subjects. Feminist
Essays in Legal and Social Theory, Hart Publishing, Oxford, 1998, espec. capítulo 1.
51 Hay que advertir, no obstante, que en la teoría feminista es fácil encontrar el término
discriminación para hacer referencia a lo que aquí se conceptualiza como subordinación.
24
construido y defendido por el liberalismo52, y que en algunos aspectos concuerda con
la llevada a cabo por otras corrientes igualmente críticas con el modelo liberal53.
Por lo demás, hay otro aspecto de la contribución crítica (también feminista) al
Derecho antidiscriminatorio que va a tener un peso específico en la redefinición de la
acción positiva que proponemos en este trabajo. Se trata del “asimilacionismo” que ya
ha sido someramente mencionado54 y que, por ejemplo, en el ámbito de la acción
positiva se concretaría en la puesta en cuestión de medidas tipo “cuotas” dirigidas
exclusivamente a la integración de los grupos subordinados y, en este sentido, a la
consolidación del modelo de inserción y asimilación al mismo de las “diferencias”.
Ahora bien, sin dudar de la pertinencia de la crítica asimilacionista, pensamos que hay
motivos para matizarla.
Para no resultar excesivamente críptica en relación a esta última observación,
mencionaré lo siguiente. La acción positiva tradicional supone una incorporación por
goteo de las mujeres al mercado de trabajo, especialmente en los niveles superiores
de dirección o decisión, pero es que, además, cuando ocasionalmente se produce
esta incorporación, lo que se espera de la mujer es que adopte una postura masculina
y suprima la femenina, en la medida en que la exhibición de características
feminizadas —tanto de carácter positivo (así, la compasión o el cuidado), como de
carácter negativo (así, la manifestación de emociones o la indecisión)— implica falta
de autoridad55. La autoridad (el poder derivado del respeto o la estima; la influencia
debida al carácter o valía intelectual) se ha construido, efectivamente, en términos
masculinos. Estar dotado de autoridad incluye una fisonomía, voz y estatura física
masculinas pero, además, la masculinidad imaginada o construida está asociada a la
razón, racionalidad, objetividad, fuerza y decisión. Alternativamente, la construcción
52 Muy sucintamente, en esta acusación al liberalismo habría que incluir, por ejemplo,
la crítica a la separación entre la esfera pública y la privada (esta última excluida de lo político
en sentido amplio y donde se habría relegado a las mujeres), así como la crítica a la visión del
sujeto jurídico como un individuo abstracto, sin género, sin clase y sin raza, cuando, en
realidad, se trata de un individuo concreto, varón, blanco y de clase media.
53 Sin ir más lejos, con el movimiento de los Critical Legal Studies y con la corriente
comunitarista.
54 Vid. supra, nota 12.
55 Vid. a este respecto el estudio de Margaret THORNTON, “Deconstructing Affirmative
Action”, International Journal of Discrimination and the Law, 1997, vol. 2, pp. 188-9, también
para lo que sigue.
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de la feminidad reflejará subordinación a la hora de diseñar las estructuras conectadas
con la jerarquía y la gestión en las empresas. Todo lo reseñado hasta el momento
hace pensar, pues, que, efectivamente, la integración se saldaría con la pretensión
asimiladora de lo femenino a lo masculino o, dicho de otro modo, con la pretensión de
que las mujeres se comporten en dichos puestos como hombres. Sin embargo, como
los estudios realizados demuestran, cuando las mujeres ocupan puestos de dirección
en las empresas, se crean otros puestos de mayor poder y autoridad ocupados por
hombres56. Con ello se evidencia que, al menos en algunos casos, el problema no es
tanto la asimilación, como la “desviación del poder” que se produce con la
incorporación de la mujer a determinadas instancias. De ahí la importancia del análisis
de la subordinación estructural y de ahí la importancia, asimismo, de un diseño de la
acción positiva basado en el mismo57.
IV. CONCLUSIONES
El llamado Derecho antidiscriminatorio surge como respuesta jurídico-política a
un movimiento emancipador que convulsiona el principio jurídico tradicional (liberal) de
la igualdad individualista y abstracta. A resultas de esta convulsión los ordenamientos
jurídicos se hacen eco de la problemática de desigualdad grupal, pero a través de una
serie de fórmulas jurídicas que, a la postre, supeditan la importancia de la misma a la
que pueda afectar a los individuos del grupo socialmente hegemónico. Para realizar
esta operación, bajo la expresión Derecho antidiscriminatorio se incluyen una serie de
actuaciones normativas que sólo aparentemente tienen que ver con el mismo
fenómeno de desigualdad. A resultas de todo ello, si se quiere que el Derecho
56 Ibidem, p. 307 y ss.
57 Resultan interesantes, en esta línea, estudios como el de Mark A. POLLACK y
Emilie HAFNER-BURTON “Mainstreaming Gender in the European Union” (Academy of
European Law online, Harvard Jean Monnet Chair, Http://www.law.harvard.edu/programs/Jean
Monnet/papers/00/000201.html) donde se analiza la implantación del mainstreaming
(perspectiva de género) en las cuatro grandes áreas de la política comunitaria (Fondos
estructurales, Empleo, Desarrollo y Competencia). A resultas de este análisis se pone en
evidencia la absoluta impermeabilidad de la política de Competencia a dicha perspectiva de
género debido, por un lado, a la estructura y dinámica neoliberal que impera en dicha área y,
por otro, a los términos “integracionistas” en los que se ha llevado a cabo el mainstreaming,
esto es “integrando a las mujeres y las cuestiones de género en las políticas específicas más
que reelaborando los objetivos fundamentales de la Unión Europea desde una perspectiva de
género”.
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antidiscriminatorio sirva como instrumento de justicia grupal necesita una profunda
revisión que ha de partir de su propia base o definición.
A este respecto, dos líneas estratégicas de revisión merecen particular
atención. Una, que exigiría un desplazamiento del concepto jurídico de discriminación
(basado en la diferencia de trato) al de subordinación (basado en la diferencia de
status). Otra, que exigiría una ampliación del concepto hegemónico de acción positiva
que no se viera reducido a la igualdad de oportunidades.
... Las más características son las acciones positivas, situándose su origen en Estados Unidos tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Origen que está profundamente ligado a las reivindicaciones de la población de color y que, posteriormente, en los años sesenta, estas políticas de igualdad se extenderán hacia otros rasgos como el sexo, la religión y el origen nacional y terminarán dando cobertura a la edad, la orientación sexual, la discapacidad, al estatus marital y a la riqueza (Barrere, 2001) 41 . ...
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El presente trabajo ofrece un estudio de la doctrina del Tribunal Constitucional español relativa a la igualdad y a la prohibición de discriminación por razón de sexo. Comprende el análisis de la jurisprudencia del Tribunal desde sus primeras sentencias en 1981 —tras su puesta en funcionamiento— hasta finales de 2019, adentrándose en los numerosos pronunciamientos dictados, dada la severa realidad de la discriminación por razón de sexo a la que se ha debido enfrentar, tanto normativa como de facto. Ello nos permitirá constatar su loable aportación, tanto en la incorporación, como en la reafirmación de categorías conceptuales dirigidas a desarticular la discriminación por esta causa, en el marco de un texto constitucional que predica la igualdad de la mujer como una exigencia constitucional.
... Para ello es necesario, de entrada, partir de la «subordinación estructural» de las mujeres y de las consiguientes ventajas que en paralelo han disfrutado los hombres en el ejercicio del poder y la ciudadanía. Esto obliga a una necesaria redefinición del derecho antidiscriminatorio, en el sentido de que es necesario «un desplazamiento del concepto jurídico de discriminación (basado en la diferencia de trato) al de subordinación (basado en la diferencia de status» ( Barrère: 2001). ...
... Esta diferenciación se inspira en los conceptos de "disparate treatment" y "disparate impact" respectivamente, empleados en el derecho antidiscriminatorio estadounidense(Barrère, 2003). ...
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Disponible online en el siguiente enlace: https://reic.criminologia.net/index.php/journal/article/view/150 // Los datos oficiales muestran que en el contexto español se da una realidad hasta ahora poco conocida: las mujeres reciben proporcionalmente más penas de prisión que los hombres. El objetivo de este artículo es tratar de conocer si esto se debe a un fenómeno de discriminación directa, en tanto ciertos colectivos de mujeres son tratados más punitivamente; o a un fenómeno de discriminación indirecta, si el Código Penal castiga más duramente los delitos cometidos por las mujeres. Para comprobar esto se han analizado datos oficiales sobre imposición de penas y delincuencia conocida para el período 2007-15. Los resultados muestran que el alto porcentaje de penas de prisión impuestas a mujeres puede deberse a la poca libertad que otorga el Código Penal para imponer penas alternativas para delitos leves, especialmente en relación a la delincuencia patrimonial, más cometida por las mujeres, apoyando la existencia de un fenómeno de discriminación indirecta.
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Este trabajo tiene por finalidad analizar críticamente la existencia de nociones diversas de discriminación en el derecho a no ser discriminado/a en Chile, ejemplificando a través de dos acciones de justicia constitucional. Para ello describirá la conceptualización del derecho a no ser discriminado/a en Chile, especialmente desde la perspectiva de la ausencia/presencia del elemento grupal de la discriminación, contrastándolo con las nociones que priman actualmente en otros sistemas jurídicos, como el español. Continuará exponiendo, brevemente, los principales mecanismos directos de protección del derecho a no ser discriminado/a en Chile, haciendo especial referencia a los mecanismos jurisdiccionales de protección más extendidos y que protegen expresamente el derecho consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución: la acción de no discriminación arbitraria y la acción de protección. Concluirá con algunas reflexiones críticas sobre las consecuencias de la adopción de nociones diversas de discriminación por parte de los tribunales de justicia encargados de velar por el derecho a no ser discriminado/a.
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En el presente artículo se abordan algunas de las políticas para la contención del Covid-19 adoptadas en los centros penitenciarios de Chile, partiendo de un diagnóstico de vulnerabilidad que afecta al grupo de personas reclusas, previo a la pandemia, pero que se profundiza con ella. Se propone la incorporación de la categoría de discriminación estructural en el sistema de ejecución penal, como una herramienta de análisis de la cuestión carcelaria.
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Currently, the validity of the non discrimination right is not disputed. The disagreements seem to focus on the extension of protection, especially between individuals, and, even more specifically, on the limits of affirmative action. The scene in Chile is very different, because while it is possible to assert that exists especific rules and even institutions of antidiscrimination law, chilean Constitution does not mention discrimination, and constitutional non discrimination right has been principally protected through the right to equality. It is argues that the absense of constitutional non discrimination clauses as belonging to disadvantaged social groups recognition and the conceptualization of discrimination as arbitrariness generate different concepts about discrimination that coexist simultaneously and distance to Chile from other legal systems.
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The constitutional principle of justice and real equality in the Constitutional States of Rights, raises the controversy of its application in contexts where the conditions are of inequality and structural discrimination, for it is necessary that the legal system creates alternatives that guarantee substantive equality l and the right to diversity. For this, the Constitution of Ecuador 2008 integrates figures such as affirmative action, policy of restitution and compensation to gaps and social injustices, however it is necessary to analyze whether their results achieve the intended objectives or are reduced to differential treatment of social groups traditionally excluded. © 2018 Universidad Nacional Autonoma de Mexico. All rights reserved.
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