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La acción positiva: Análisis del concepto y propuestas de revisión

Authors:
LA ACCIÓN POSITIVA: ANÁLISIS DEL CONCEPTO Y
PROPUESTAS DE REVISIÓN*
Mª Angeles Barrère Unzueta
Facultad de Derecho
UPV/EHU
SUMARIO: I. Introducción. II. Origen del concepto de acción positiva en la cultura
jurídica. III. Desarrollo en los principales textos legislativos y jurisprudenciales. IV.
Crítica concerniente al uso de la expresión “discriminación positiva”. V. Propuesta
redefinitoria.
I. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el orden anunciado, en esta ponencia me propongo lo
siguiente: 1º) llevar a cabo una aproximación al origen del concepto de acción
positiva en la cultura jurídica ya que, muchas veces (y también en este caso), el
origen de los conceptos nos ofrece la posibilidad de tomar conciencia tanto de sus
limitaciones como de su potencialidad; 2º) analizar el desarrollo de este concepto
en distintos ámbitos de la normatividad jurídica (fundamentalmente en textos
legislativos y jurisprudenciales) para poner de relieve sus carencias y los
* Jornadas sobre “Políticas locales para la igualdad entre mujeres y hombres”; Palacios de
Congresos Europa; Vitoria-Gasteiz, 11, 12 y 13 de diciembre de 2002
2
problemas interpretativos que repercuten en su legitimidad; 3) efectuar una crítica
a la denominación del mismo en su versión más polémica y conocida (la de la
llamada “discriminación positiva”); crítica que no se basa en una mera cuestión de
palabras, sino que abarca el concepto mismo de discriminación; y 4º) por último, y
a la luz de todo lo anterior, presentar una propuesta redefinitoria de la acción
positiva que vigorice su potencialidad en el uso que se haga de la misma en las
políticas públicas contra la discriminación de las mujeres1.
II. ORIGEN DEL CONCEPTO DE ACCIÓN POSITIVA EN LA CULTURA
JURÍDICA
“Acción positiva” es una expresión con la que se traduce en Europa lo que
en Estados Unidos y en otros países anglófonos distintos de Gran Bretaña se
conoce como “acción afirmativa” (affirmative action). La expresión tiene su origen
en una ley estadounidense de 1935 enmarcada en el ámbito del derecho laboral,
pero adquiere el significado específico de policy (esto es, de política pública) en el
contexto de la reacción jurídica a las protestas protagonizadas por la población
afroamericana y otras minorías y movimientos de contestación social en los que
tiene su origen el llamado Derecho antidiscriminatorio del que, quede claro desde
1 Para la elaboración de esta ponencia me he servido de ideas ya expresadas en algunas
publicaciones mías, así como de referentes bibliográficos citados en ellas. Unas y otros serán
recogidos como bibliografía al final de este texto sin ser puntualmente mencionados. Como
excepción, se incluirá expresamente la referencia en el caso de algún texto que sea de nueva
incorporación.
3
ahora, la acción positiva representa (o, al menos, debiera representar) un papel
medular.
Como actuación de la Administración estadounidense la acción afirmativa
tiene su inicio en una serie de medidas de carácter intervencionista2 posibilitadas
por las especiales prerrogativas que en los Estados Unidos tiene quien ocupa la
Presidencia. Se suele citar, en primer lugar, la Orden Ejecutiva del 16 de marzo de
1961 del Presidente John F. Kennedy, donde se requiere de las empresas que
contraten con el Gobierno Federal la adopción de medidas de integración de
minorías para cuyo incumplimiento están previstas sanciones que incluyen la
finalización de los contratos. A esta actuación normativa le seguiría la Orden
Ejecutiva 11246, de 1965, del Presidente Lyndon B. Johnson que, además de
considerar ilegal la discriminación de las minorías (atendiendo a su raza, color,
religión u origen nacional), obliga a las empresas que quieran formalizar contratos
con la Administración por un montante superior a los 50.000 dólares a llevar
adelante planes tendentes a su integración. En 1967 se enmienda esta Orden
Ejecutiva para incluir la discriminación sexual y, a partir de este año, y en los
comienzos de los setenta (coincidiendo con la presidencia de Richard Nixon), la
política de acción positiva, que afecta también a las universidades en la medida en
que deseen obtener financiación pública, adquiere, además de un fuerte impulso,
una mayor concreción de sus fines. En este sentido es de destacar la introducción
del mecanismo de “goals and timetables”, a través del cual la Administración
2 De ahí el término “afirmativa” o “positiva”, que denotaría una política activa y no de mera
abstención o “negativa”.
4
requiere a las empresas la instauración de un sistema de objetivos y plazos con el
fin de que el porcentaje de la población trabajadora de las mismas incluida bajo la
etiqueta de minoría se aproxime al porcentaje de tales minorías en la población
donde están ubicadas las empresas.
Al margen de este origen vinculado al poder presidencialista, la base legal
de la acción positiva estadounidense se encuentra en el Título VII de la Ley de
Derechos Civiles de 1964, luego enmendado por la Ley de Igualdad de
Oportunidades en el Empleo de 1972. No existe, sin embargo, un texto legislativo
en el que se defina el concepto3 ni la demarcación entre la acción positiva
constitucionalmente legítima y la que no se considera tal4.
Así, y volviendo al origen del concepto en la práctica, tenemos que ésta nos
confirma un concepto de la acción positiva con una serie de características
delimitadoras, entre las que cabe destacar: 1) su vinculación en origen al poder
político; 2) su vinculación en destino tanto al sector público como al privado; 3) su
concreción en técnicas de motivación indirecta (o, si se quiere, de sanciones
3 En este sentido, se debe a la Comisión Norteamericana de Derechos Civiles (pero ya en 1977) la
definición según la cual por acción afirmativa había de entenderse “cualquier medida, más allá de
la simple terminación de una práctica discriminatoria, adoptada para corregir o compensar por una
discriminación presente o pasada o para impedir que la discriminación se reproduzca en el futuro”.
No podemos entrar aquí en una crítica detallada de una definición que, en términos bastante
parecidos, es reproducida en el Derecho antidiscriminatorio europeo. Nos contentaremos, por
tanto, únicamente con poner en cuestión la concepción de la acción positiva como compensación,
por un doble motivo: a) dar a entender que la discriminación pertenece al pasado; y, unido a ello b)
provocar reacciones de culpabilidad (o, mejor, de no culpabilidad) en individuos que no pertenecen
al grupo discriminado (en nuestro caso, los hombres).
4 Por el contrario, ésta será una tarea a la que ha tenido que hacer frente el Tribunal Supremo
estadounidense y en la que se puede apreciar una serie de fluctuaciones que, en buena parte, van
a depender de la composición ideológica del Tribunal (cuestión ésta que ha llevado a la doctrina
constitucionalista a tener que reconocer que las decisiones judiciales en el tema de la igualdad son
fundamentalmente políticas).
5
positivas) aunque obligando al logro de determinados resultados; 4) la percepción
de la igualdad (o de la eliminación de la discriminación) como integración, sea en
el mercado de trabajo o en instituciones; y 5) su nexo con la igualdad de
oportunidades.
Ahora bien, que haya sido éste su origen no quiere decir que no haya
evolucionado. En efecto, una evolución importante fue la operada, por ejemplo, en
ciertas instituciones universitarias en las que, con el fin de incorporar a las
minorías a ellas (no se puede olvidar que a mediados del siglo XX todavía existían
en los Estados Unidos universidades sólo de gente de raza blanca), se establecen
programas de acción positiva consistentes en la reserva de plazas para
estudiantes de las mismas (plazas a las que se accede con una puntuación inferior
a la exigida a estudiantes no pertenecientes a las mismas). Gracias a este tipo de
acciones, se incorporan a la universidad las minorías en una proporción
impensable en ausencia de las mismas, sin embargo, en ellas está el origen de la
llamada “discriminación inversa” (reverse discrimination) expresión que se usa –y
esto es importante tenerlo en cuenta para cuando se aborde la cuestión de la
llamada “discriminación positiva”- para condenar como inconstitucionales
determinadas prácticas surgidas al amparo del concepto de acción positiva5.
Por lo demás, otras cuestiones interesantes a resaltar de este origen de la
acción positiva tienen que ver con su planteamiento como integración, así como su
5 El caso de la llamada “discriminación inversa” o “discriminación positiva” constituye un buen
banco de prueba para comprobar la fricción que produce en las estructuras jurídicas tradicionales
la inserción del Derecho antidiscriminatorio debido, fundamentalmente, a que mientras el primero
pivota sobre un concepto de igualdad individualista, el Derecho antidiscriminatorio conlleva una
concepción de la igualdad referida a los grupos. En cualquier caso, la crítica subyacente a este
concepto la efectuaremos en el apartado correspondiente.
6
vínculo al principio de igualdad de oportunidades. En cuanto a lo primero conviene
destacar el efecto asimilador al modelo dominante que conlleva la política de
acción positiva meramente integracionista. Lo segundo resulta problemático
porque el principio de igualdad de oportunidades, que se ha convertido en una
especie de fetiche en las sociedades occidentales, a la cabeza de las cuales está
la estadounidense, resulta tan opaco que, como ha sido señalado (y podrá ser
corroborado también en el examen de la jurisprudencia del Tribunal de
Luxemburgo) puede ser usado tanto para justificar la acción afirmativa como para
rechazarla. Por otro lado, no se puede olvidar que este principio se basa en una
imagen de la sociedad en competición, y que si este esquema puede resultar
válido cuando se trata de obtener un bien escaso (como puede ser un puesto de
trabajo), mal se adapta a ciertas realidades de la discriminación estructural como
pueden ser la prostitución, la violencia doméstica, el acoso, el tiempo dedicado a
las tareas del hogar y de cuidado, el porcentaje de mujeres que trabajan a tiempo
parcial, etc.
III. DESARROLLO EN LOS PRINCIPALES TEXTOS LEGISLATIVOS Y
JURISPRUDENCIALES CON ESPECIAL REFERENCIA AL ÁMBITO
COMUNITARIO
El origen de la acción positiva en los Estados Unidos está vinculado a la
discriminación racial debido a las particularidades sociopolíticas de aquél país,
7
pero cuando el concepto se importa a Europa no será la minoría negra sino las
mujeres el objeto fundamental de la misma6.
1. Normativa
El Derecho Comunitario es, a este respecto, pionero. Así, con anterioridad
incluso a un texto internacional de alcance significativo como es la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer7, no en
el Derecho Comunitario originario, pero sí en el Derecho derivado (también
vinculante), tiene lugar el reconocimiento normativo de la acción positiva. Se trata
de la Directiva del Consejo 76/207/CEE relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al empleo, a la
formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo8. Es éste
un texto que, aunque como veremos, ha sido recientemente modificado, ha
constituido un referente básico en la jurisprudencia comunitaria relativa a las
cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos judiciales de los Estados
miembros de la Unión Europea
Concretamente, la inserción conceptual de la acción positiva se produce del
modo siguiente. En el artículo 2.1 de la citada Directiva se establece que: “El
6 Huelga decir que la problemática discriminatoria de las mujeres presenta caracteres específicos
que representan un especial handicap del Derecho antidiscriminatorio. Así, además de suponer un
plus en relación al resto de las discriminaciones (de ser transversal a todo el resto), y de que las
mujeres no constituyan ninguna minoría, el haberse revestido históricamente de protección y de
una pretendida libertad de opción de las mismas tanto para ser excluidas de determinados ámbitos
(p. ej. del trabajo asalariado) como para incluirse en otros (desde el trabajo doméstico hasta la
prostitución).
7 Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979, que entra en vigor en 1981 y
que España ratifica en 1984.
8 Seamos en cualquier caso conscientes, pues, del alcance material de la Directiva, limitado al
ámbito laboral.
8
principio de igualdad de trato en el sentido de las disposiciones siguientes, supone
la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, bien sea directa o
indirectamente…”, mientras que en el apartado 4 del mismo artículo se indica: “La
presente Directiva no obstará las medidas encaminadas a promover la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, en particular para corregir las
desigualdades de hecho que afecten a las oportunidades de las mujeres en las
materias contempladas en el apartado 1 del artículo 1 [las que dan nombre a la
Directiva]”9.
Esta manera de introducir el concepto de acción positiva (pues la expresión
“acción positiva” no figura en su texto) merece algunos comentarios. En primer
lugar porque propicia que las medidas de acción positiva sean vistas como una
excepción al principio de igualdad de trato (que implicará una interpretación
restrictiva y supondrá colocar a la acción positiva en una situación “bajo
sospecha”). En segundo lugar porque se incluye en un artículo donde la
discriminación se trata de manera binómica (es decir, se da a entender que la
discriminación sólo puede ser directa o indirecta, pero no se menciona la
discriminación estructural). En tercer lugar, porque el concepto se formula de
modo rocambolesco, en el que las medidas se vinculan confusamente (ambigua y
9 Con un ámbito material que excede a esta regulación, pero en términos bastantes similares, el
artículo 4.1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer antes citada señala: “La adopción por los Estados partes de medidas temporales especiales
con el fin de acelerar la instauración de una igualdad de hecho entre hombre y mujer, no estando
considerada como un acto de discriminación tal como se la define en la presente Convención, no
debe, en modo alguno, tener como consecuencia el mantenimiento de normas de desigualdad o
segregación; estas medidas deben ser suprimidas a partir del momento en que los objetivos de
igualdad de oportunidades y de trato se alcancen.”
9
vagamente) a la igualdad de oportunidades y/o a la corrección de las
desigualdades de hecho; vinculación que, además y por si acaso, desemboca
finalmente en las oportunidades (esto es, entre el principio de igualdad de hecho y
el de oportunidades, la balanza se inclina hacia el segundo en forma -atiéndase-
de promoción).
Pero el tratamiento de estas cuestiones críticas lo retomaremos en los dos
últimos apartados. Ahora, siguiendo con los textos más relevantes del Derecho
comunitario en el tema de acción positiva, en un orden cronológico goza de
especial relevancia, aunque tenga un carácter no vinculante, la Recomendación
84/635/CEE del 13 de diciembre de 1984. Así, concretamente, en el tercer
considerando de la misma se recoge lo siguiente:
“las normas jurídicas existentes sobre igualdad de trato, que tienen por objeto
conceder derechos a los individuos, son insuficientes para eliminar toda forma de
desigualdad de hecho si, paralelamente, no se emprenden acciones, por parte de
los Gobiernos, de los interlocutores sociales y de otros organismos competentes,
tendentes a compensar los efectos perjudiciales que resultan, para las mujeres en
activo, de actitudes, de comportamientos y de estructuras de la sociedad”.
Y en referencia específica al artículo 2, apartado 4 de la Directiva antes
mencionada, el Consejo recomienda a los Estados miembros:
“1) que adopten una política de acción positiva, destinada a eliminar las
desigualdades de hecho de las que son objeto las mujeres en la vida profesional,
así como a promover la participación de ambos sexos en el empleo, y que incluya
medidas generales y específicas apropiadas, en el marco de las políticas y
prácticas nacionales y que respeten plenamente las competencias de las partes
sociales, al objeto de:
a) eliminar o compensar los efectos perjudiciales que resultan, para las
mujeres que trabajan o que buscan un empleo, de actitudes, comportamientos y
estructuras basadas en la idea de una distribución tradicional de funciones entre
hombres y mujeres en la sociedad;
10
b) estimular la participación de la mujer en las distintas actividades de los
sectores de la vida profesional en los que actualmente se encuentran
infrarrepresentadas, en particular, los sectores de futuro y en los niveles superiores
de responsabilidad, con el fin de lograr una mejor utilización de todos los recursos
humanos;…”.
La importancia de este texto deriva, no sólo de una interpretación literal del
mismo (en la que se reconoce expresamente la insuficiencia de una igualdad de
trato individualista, se incluye expresamente ya la expresión acción positiva, no se
hace desembocar a ésta únicamente en la igualdad de oportunidades y se habla
de la desigualdad de las mujeres como una desigualdad procedente también de
las estructuras de la sociedad) sino de que, además, es incluido (se insiste, a
pesar de no ser vinculante o constituir lo que se denomina soft law) en los
considerandos de las sentencias del TJCE en materia de acción positiva que luego
reseñaremos. Frente a estos aspectos a valorar, tampoco se puede pasar por alto
que la acción positiva se plantea en términos de “eliminar o compensar los efectos
perjudiciales de… estructuras…”; términos que, además de confusos (no es lo
mismo, e incluso puede resultar incompatible “eliminar” y “compensar”) resultan,
desde una concepción –digamos- sustancial de la igualdad, insuficientes (puesto
que, más que eliminar los efectos que resultan de las estructuras, lo que la acción
positiva debería hacer –obviamente, desde el concepto de acción positiva que
aquí se sostiene y al que luego se hará referencia- sería cambiar las propias
estructuras).
Ya más recientemente, se considera que comienza una nueva etapa del
Derecho comunitario en relación a la acción positiva con el Tratado de
11
Ámsterdam10. En una referencia sucinta a las principales novedades operadas por
este Tratado en materia de acción positiva hay que citar el artículo 141, en el que
se introducen dos apartados del siguiente tenor:
“3. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y
previa consulta al Comité Económico y Social, adoptará medidas para garantizar la
aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para
hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, incluido el principio de
igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.
4. Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y
mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a ningún
Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas
destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades
profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales.”
A la vista de este articulado se ha sostenido que, a través del mismo: 1) se
ha superado el contenido estrictamente economicista del Tratado de Roma, que,
como es sabido, contemplaba únicamente la igualdad entre hombres y mujeres en
materia de retribución; 2) por primera vez, en el Derecho originario de la UE se
introduce, junto al principio de igualdad de trato, el principio de igualdad de
oportunidades; 3) parece instaurarse la obligación de que las instituciones
comunitarias lleven a cabo medidas de acción positiva a favor de las mujeres
(“adoptará medidas”); y 4) se viene a reconocer la legitimidad de tales medidas
configuradas por los Estados miembros.
Por lo demás, la importancia del último de los apartados es reseñable en
tanto su literalidad se ha convertido recientemente en el único referente de
Derecho comunitario vinculante en materia de acción positiva.
En efecto, como ha sido avanzado ya, la Directiva 76/207/CEE acaba de
ser modificada por otra Directiva con el mismo objeto. Se trata de la Directiva
10 Que entraría en vigor el 1 de mayo de 1999.
12
2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de
200211, en cuyo artículo 1 se contempla la sustitución del anterior artículo 2 por
otro nuevo con la misma numeración. Se trata de una sustitución de gran
contenido conceptual de carácter antidiscriminatorio12, pero en lo que respecta
estrictamente a la acción positiva es de reseñar la desaparición del antiguo
apartado 4 y la introducción de un apartado 8 en el que se dice textualmente que:
“Los Estados miembros podrán mantener o adoptar las medidas contempladas en
el apartado 4 del artículo 141 del Tratado con objeto de garantizar en la práctica la
plena igualdad entre hombres y mujeres”
En definitiva, la nueva Directiva no da ninguna formulación nueva de la
acción positiva, sino que efectúa una remisión al tenor del Tratado que ya ha sido
recogido.
Es difícil calibrar todavía lo que la interpretación judicial del Tratado va a dar
de sí. Previsiblemente, las cosas no variarán mucho respecto de la doctrina
emanada hasta ahora y a la que se hará referencia seguidamente. Realizaremos,
sin embargo, un par de apuntes a añadir a las consideraciones que ya se han
hecho con anterioridad. El primero tiene que ver con la supresión en la nueva
Directiva de la rocambolesca formulación del apartado 4 de la Directiva del 76, que
es algo que se agradece13. El segundo, sobre el que no efectuamos un juicio del
11 DO nº L 269 de 5 de octubre de 2002.
12 Por ejemplo, se incluyen los conceptos de discriminación directa e indirecta, se define el acoso y
se conceptualiza como discriminación.
13 Y aún a expensas de la interpretación de la expresión “igualdad plena”.
13
mismo tenor, es el relativo a la referencia a la acción positiva en términos de
“ventajas” que se recoge en el apartado 4 del artículo 141 del Tratado.
2. Jurisprudencia
En lo que atañe al ámbito jurisprudencial comunitario, en la historia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante TJCE), éste sólo
se ha pronunciado en cuatro ocasiones sobre la interpretación de esta normativa,
a pesar de que la Directiva lleve más de 25 años en vigor. Se trata, además, de
decisiones todas ellas recientes. Concretamente son las sentencias de 17 de
octubre de 1995, as. C-450/93, caso Kalanke; de 11 de noviembre de 1997, as. C-
409/95, caso Marschall; de 28 de marzo de 2000, as. C-158/97, caso Badeck; y de
6 de julio de 2000, as. C-407/98, caso Abrahamsson. Todas se dictan en
cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de la Directiva mencionada en
relación a casos de promoción laboral y han dado origen a gran cantidad de
comentarios doctrinales
La cuestión prejudicial de la sentencia Kalanke tiene su origen en una Ley
del Land de Bremen (Alemania) relativa a la igualdad de trato entre hombres y
mujeres en la Función Pública en la que, entre otras cosas, se determina que en la
selección, provisión de puestos de trabajo y promoción “se concederá preferencia
a las mujeres, frente a los candidatos masculinos con la misma capacitación en
aquellos sectores en los que estén infrarrepresentadas”. Optando dos candidatos
de distinto sexo igualmente capacitados (el Sr. Kalanke y la Sra. Glissmann) al
14
mismo puesto (jefe de sección del Servicio de Parques y Jardines de la ciudad de
Bremen) y advirtiéndose la infrarrepresentación del sexo femenino, la plaza le es
adjudicada a la Sra. Glissmann. Luego, al hilo de la demanda interpuesta por el Sr.
Kalanke, el órgano jurisdiccional alemán plantea una cuestión prejudicial
concatenada relativa a la compatibilidad de la interpretación de los apartados 1 y,
fundamentalmente, 4 del art. 2 de la Directiva 76/207 en relación a la acción
positiva contemplada en la ley del Land de Bremen ya citada. La respuesta del
TJCE es negativa. Dirá, en este sentido, que
“procede responder al órgano jurisdiccional nacional que los apartados 1 y
4 del artículo 2 de la Directiva se oponen a una normativa nacional que, como
sucede en el presente asunto, en caso de candidatos de distinto sexo que
concurren a una promoción con la misma capacitación, concede automáticamente
preferencia a las candidatas femeninas en los sectores en los que las mujeres
están infrarrepresentadas... “.
En la exigua argumentación del Tribunal resultan determinantes dos
aspectos. En primer lugar el argumento de que “el apartado 4 del art. 2 [de la
Directiva], en cuanto constituye una excepción a un derecho individual consagrado
por la Directiva, debe interpretarse restrictivamente” (doctrina recogida ya en la
sentencia de 15 de mayo de 1986, as. 222/84, caso Johnston). Luego, junto a este
argumento basado en la consideración de las medidas de acción positiva como
una excepción a un derecho individual y, por consiguiente, merecedoras de
interpretación restrictiva, el Tribunal emplea otro relativo a la violación del principio
de igualdad de oportunidades por parte de dichas medidas, del siguiente tenor:
“un sistema de dicha naturaleza [se refiere al establecido en la Ley de
Bremen], en la medida en que pretende establecer una igualdad de representación
de la mujer en relación con el hombre en todos los grados y niveles de un servicio
sustituye la promoción de la igualdad de oportunidades contemplada en el
15
apartado 4 del artículo 2 por su resultado, que sólo podría alcanzarse a través de
la aplicación de dicha igualdad de oportunidades” (aptdo. 23, cursiva añadida).
De este modo, a partir de una referencia de este tipo, se abre la polémica
sobre la manera de entender el principio de igualdad de oportunidades en el
ámbito del Derecho comunitario, una polémica que no sólo tendrá respuesta a
nivel doctrinal, sino también, como veremos, en la sentencia inmediatamente
posterior del propio TJCE en materia de acción positiva, la sentencia Marschall14
14 La polémica desatada tras la Sentencia Kalanke, que produjo una convulsión no sólo a nivel
jurídico sino social dado el amplio eco mediático obtenido, hizo que, tomando pié en la misma, se
originara una Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
interpretación de dicha Sentencia que resulta interesante porque, por un lado, define y clasifica la
acción positiva, y, por otro, recoge una relación de medidas que, a su parecer, resultan
compatibles con la doctrina establecida por el TJCE en la Sentencia Kalanke. De este modo, esta
Comunicación, que ha sido profusamente rescatada recientemente (Otero García-Castrillón: 2002),
tiene la virtualidad del intento aclaratorio en una temática que, especialmente en las instancias
jurídicas, resulta, como hemos visto, especialmente confusa. De ahí que, tanto por ello como por,
obviamente, su influencia a pesar de constituir también un caso de soft-law, merezca la pena ser
reproducida.
Así, por “acción positiva” entiende toda medida “destinada a contrarrestar los efectos de
discriminación en el pasado, a eliminar la discriminación existente y a promover la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, particularmente en relación con tipos o niveles de empleo
donde los miembros de un sexo están infrarrepresentados”.
En cuanto a la clasificación, se establecen tres grupos de medidas: 1) las encaminadas a
resolver situaciones desfavorables para las mujeres en el mercado de trabajo, centradas en la
orientación y en la formación profesional; 2) las dirigidas a conseguir un equilibrio entre las
responsabilidades familiares y profesionales y una mejor distribución de las tareas entre los dos
sexos; que consisten sobre todo en la organización del tiempo de trabajo, creación de guarderías
infantiles, etc.; y 3) las que pretenden compensar las discriminaciones del pasado, que implican
establecer preferencias para el grupo desfavorecido, generalmente, fijando objetivos o recurriendo
al sistema de cuotas. Las cuotas pueden ser rígidas, sentando la preferencia para un grupo con
independencia de los méritos o la capacitación de las personas, o flexibles, en las que estas
circunstancias son tomadas en consideración conectándolas con las peculiaridades del puesto de
trabajo. (ibidem: 491).
En cuanto a la relación de medidas que serían compatibles con la doctrina establecida por
el Tribunal, la Comisión incluye: 1) las obligaciones “de principio” para que los empresarios
contraten y promocionen preferentemente a las personas del sexo infrarrepresentado; 2) los
programas de promoción de las mujeres “que no impongan una norma automática de preferencia
en el momento de tomar una decisión individual”, así como 3) las cuotas flexibles “siempre que
permitan que se tengan en cuenta las circunstancias particulares que, en un caso dado, podrían
justificar una excepción al principio de preferencia”. Además, se añaden a esta relación las
medidas que estimulen la contratación de mujeres a través de subvenciones y de reducciones de
las cotizaciones a la seguridad social concedidas a las empresas que contraten a mujeres en
sectores en los que están infrarrepresentadas. Salvo en el caso de estas últimas, en el que la
16
El asunto tratado en la sentencia Marschall tiene grandes similitudes con el
caso Kalanke. Entre éstas, el país de procedencia (aunque en este caso se trate
del Land de Nordhrein-Westfalen) y el ámbito de aplicación de la normativa, que
se refiere a la Función Pública (si bien al área de educación). En realidad, sólo un
pequeño inciso diferencia la normativa sobre la que se plantean las cuestiones
prejudiciales. En efecto, la normativa señala lo siguiente:
“Cuando, en el sector del organismo competente en el que deba
producirse la promoción, haya menos mujeres que hombres en el nivel del
correspondiente puesto de la carrera, se concederá preferencia en la promoción a
las mujeres, a igualdad de aptitud, competencia y prestaciones profesionales,
salvo que concurran en la persona de un candidato motivos que inclinen la balanza
a su favor “(aptdo. 3, cursiva añadida).
Del razonamiento del TJCE en este caso (bastante más rico que el
realizado en el caso Kalanke), resulta significativo el reconocimiento de que,
“incluso en caso de igual capacitación, existe la tendencia a promover
preferiblemente a los candidatos masculinos, en perjuicio de las candidatas
femeninas, debido, particularmente, a determinados prejuicios e ideas
estereotipadas sobre el papel y las capacidades de la mujer en la vida activa, y al
temor, por ejemplo, a que las mujeres interrumpan más frecuentemente su carrera,
a que, debido a las tareas del hogar y familiares, organicen su jornada laboral de
forma menos flexible o a que se ausenten más a menudo debido a embarazos,
partos y períodos de lactancia” (aptdo. 29), motivos por los que “el hecho de que
dos candidatos de distinto sexo presenten igual capacitación no implica por sí solo
que tengan iguales oportunidades” (aptdo. 30).
Sin embargo, esta visión distinta de la igualdad de oportunidades no
resultará determinante a la hora de fallar el TJCE a favor de la compatibilidad de la
preferencia operaría automáticamente tras contratar a la mujer, no deja de hacerse referencia
implícita a la cláusula de apertura (ibidem, 496).
17
normativa del Land con la Directiva. Por el contrario, el Tribunal recuerda (reitera)
su doctrina previa (en concreto de la sentencia Kalanke) al afirmar que
“puesto que el apartado 4 del artículo 2 constituye una excepción a un
derecho individual consagrado por la Directiva, esta norma nacional [se refiere a la
del Land], que favorece especialmente a las candidatas femeninas no puede
garantizar a las mujeres la preferencia absoluta e incondicional en una promoción
sin sobrepasar los límites de a excepción establecida en esta disposición” (aptdo.
32).
Será, por tanto, la existencia de la que denomina “cláusula de apertura”
(esto es, la posibilidad de apreciar en el candidato masculino motivos o criterios
que inclinen la balanza a su favor) la que resulte decisiva a la hora de apreciar la
compatibilidad; unos criterios de los que lo único que precisa el Tribunal es que
“no podrán ser discriminatorios en perjuicio de las candidatas femeninas” (aptdo.
33).
El tercer asunto que le llega al TJCE para que se pronuncie sobre la
interpretación del artículo 2, apartados 1 y 4 de la Directiva 76/207, el llamado
caso Badeck, proviene de otro Land alemán, concretamente el de Hessen. La
cuestión prejudicial se formula en el curso de un procedimiento de control de
constitucionalidad interpuesto por 46 diputados del Parlamento acerca de la
validez de una Ley de 1993 de dicho Land sobre la igualdad de derechos entre
mujeres y hombres y para la eliminación de la discriminación de las mujeres en la
Administración Pública. Se trata de una ley de gran exhaustividad en la previsión
de situaciones en orden a promover la equiparación y eliminar la
infrarrepresentación y discriminación de las mujeres en la función pública, pero de
18
la que, en varios de sus artículos, los demandantes encuentran motivos de
inconstitucionalidad en relación a la Constitución del Land de Hesse15.
A la hora de manifestarse sobre el particular, el TJCE realiza una serie de
observaciones preliminares en las que recoge y convalida argumentos y fallos
correspondientes a las sentencias Kalanke y Marshall a partir de los cuales
considera que
“se deduce que una acción encaminada a promover prioritariamente a las
candidatas femeninas en los sectores de la función pública en los que se
encuentran infrarrepresentadas debe considerase compatible con el Derecho
comunitario cuando no conceda de modo automático e incondicional preferencia a
las candidatas femeninas que tengan una cualificación igual a la de sus
competidores masculinos y las candidaturas sean objeto de una apreciación
objetiva que tenga en cuenta las situaciones particulares de naturaleza personal
de todos los candidatos” (aptdo. 23).
El TJCE considera que éste sería el caso de la normativa puesta en
cuestión por los demandantes en el pleito a quo y, por lo tanto, considera que la
Directiva 76/207 no se opone a la legislación del Land de Hessen.
La cuarta y, por el momento, última sentencia del TJCE sobre la legitimidad
de la acción positiva de los Estados miembros (en este caso, de Suecia) en
15 Las disposiciones problemáticas serían del siguiente tenor: a) que cuando las mujeres
estén infrarrepresentadas, en un caso concreto de igualdad de cualificación entre una candidata y
un candidato, las decisiones de selección deben en todo caso favorecer a la candidata, siempre y
cuando sea necesario para la consecución de los objetivos definidos en el plan de promoción de la
mujer y “no se oponga [aunque este requisito sea versión del Tribunal Constitucional del Land y no
lo diga exactamente la ley alemana] a ello ningún motivo de rango jurídico superior”; b) que en
aquellas profesiones que requieren una formación especializada en las que las mujeres están
infrarrepresentadas, deben reservarse a mujeres al menos la mitad de las plazas de formación
profesional; c) que en los sectores en que las mujeres están infrarrepresentadas debe convocarse
a las entrevistas de presentación, como mínimo a un número igual de mujeres que de hombres, o
bien a todas las candidatas que cumplan los requisitos legales o de otro tipo establecidos para
ocupar el puesto o desempeñar el cargo que haya de nombrarse; o d) que en el nombramiento de
los miembros de comisiones, comités consultivos, comités de gestión o de control, así como de
otros órganos colegiados, al menos la mitad de los miembros deben ser mujeres.
19
relación al Derecho comunitario (de nuevo sobre la interpretación del artículo 2,
apartados 1 y 4, de la Directiva 76/207) es la relativa al caso Abrahamsson.
El litigio originario se plantea en relación a un concurso universitario para la
obtención de una plaza de profesor/a. Obviando una cuenta pormenorizada del
asunto, la cuestión de fondo tiene que ver con la compatibilidad del Derecho
comunitario en relación a una legislación nacional sobre la igualdad entre los
sexos que, como la sueca, autoriza, con cierta limitación, la que denomina
“discriminación positiva”. Un ejemplo ostensible de lo que se entiende por
“discriminación positiva” sería la disposición siguiente (aptdo. 14):
“Al candidato que pertenezca al sexo infrarrepresentado y que posea las
aptitudes suficientes... se le concederá la preferencia frente al candidato del sexo
opuesto que, en caso contrario, habría sido seleccionado (discriminación positiva),
si ello fuere necesario para nombrar al candidato del sexo infrarrepresentado”. La
limitación se configura, tras este párrafo, del modo siguiente: “No obstante, se
excluirá la discriminación positiva cuando la diferencia entre las capacitaciones de
los candidatos sean tan importante que de ella resultaría una vulneración de la
exigencia de objetividad en el momento de la contratación”.
Pues bien, en relación a este tipo de normativa se puede decir que el TJCE
es contundente:
“el artículo 2, apartados 1 y 4, de la Directiva y el articulo 141 CE, apartado
4, se oponen a una normativa nacional según la cual un candidato a un empleo en
la función pública perteneciente al sexo infrarrepresentado, con capacitación
suficiente para dicho empleo, debe ser seleccionado con preferencia a un
candidato del sexo opuesto que, en caso contrario, habría sido designado, cuando
esta medida fuere necesaria para seleccionar al candidato del sexo
infrarrepresentado y cuando la diferencia ente los respectivos méritos de los
candidatos no sea tan considerable como para vulnerar la exigencia de objetividad
en la provisión de los puestos” (aptdo. 56).
Decimos que la respuesta de incompatibilidad es contundente porque hay
que fijarse que no admite la preferencia en la selección ni cuando la diferencia de
20
méritos no es tan considerable, es decir —o parece poder interpretarse—, incluso
cuando la diferencia de méritos es pequeña16.
Este breve resumen jurisprudencial realizado ha servido para corroborar
algunas cuestiones ya avanzadas, así como para comprobar otras nuevas. Entre
las primeras: 1) la consideración de la acción positiva como una excepción a un
derecho individual consagrado por la Directiva a la que se vincula el deber de ser
interpretada restrictivamente; y 2) la falta de acuerdo del propio Tribunal a la hora
de la aplicación del principio de igualdad de oportunidades. Entre las segundas: 1)
la oposición del TJCE a compatibilizar la interpretación del Derecho comunitario
con normativas nacionales de desarrollo de la acción positiva comparativamente
avanzadas que, o bien prevén la selección de las mujeres con los únicos
requisitos de la igualdad de capacitación y la infrarrepresentación (caso de
Alemania), o bien prevén dicha selección incluso aún en el caso de que la
diferencia en el cómputo de méritos a las mujeres (por debajo de la de los
hombres) “no sea tan importante” (caso de Suecia); 2) la utilización, tanto por
parte del TJCE como en las legislaciones nacionales de desarrollo de la acción
positiva de un tipo de lenguaje ideologizado que consolida la prevalencia de una
visión individualista de la igualdad que se manifiesta, o bien en la descalificación
sutil de cierto tipo de acción positiva designándola además erróneamente (es el
caso, como se verá a continuación, de la expresión “discriminación positiva”) o
16 Aunque sea a modo de inciso es necesario precisar que “mérito” es una palabra vacía de
contenido o, dicho de otro modo, que es un simple criterio instrumental que sirve para indicar que
alguien es merecedor de algo, y que cuando en una sociedad o en un sector social determinado
existe una gran disparidad a favor de uno de los dos sexos en la obtención de los bienes es
razonable pensar que el contenido de lo que se entienda por mérito en realidad está ocultando una
discriminación estructural.
21
bien en las referencias a ese tipo de acción positiva en términos de “ventajas”,
“preferencias” (“tratos de favor”, etc.) hacia las mujeres; unos términos que, a la
postre, conllevan la reacción de que –en este caso- los hombres se sitúen a la
defensiva.
IV. CRITICA CONCERNIENTE AL USO DE LA EXPRESIÓN “DISCRIMINACIÓN
POSITIVA”
La expresión “discriminación inversa” (o también conocida, sobre todo en
Europa, como “discriminación positiva”) no forma parte del discurso originario
sobre la acción positiva. Como se ha visto, la exigencia de resultados en términos
numéricos o porcentuales (si se quiere, “cuotas”) resulta inherente, desde el
principio, a la política de acción positiva; sin embargo, esta exigencia pronto
encuentra adversarios y es entonces, precisamente, cuando la doctrina empieza a
hablar de “discriminación” (inversa o positiva)17. De esta manera, a través del uso
de estas expresiones, se enjuician negativamente determinadas prácticas que, en
principio, lo que pretenden es, precisamente, eliminar la desigualdad de
determinados grupos. Para ello se emplea la palabra “discriminación”. ¿Por qué
17 Un caso paradigmático en este sentido, perteneciente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo
estadounidense, es el de Bakke (1978). En el mismo se habla de discriminación inversa para hacer
referencia a una normativa universitaria de acción positiva que efectúa una reserva de plazas para
miembros de minorías a la que éstos tendrían acceso con una puntuación inferior a la obtenida por
individuos que no pertenecen a un grupo minoritario. Bakke es un estudiante blanco que es
rechazado teniendo una puntuación mayor y se siente víctima de discriminación (de ahí lo de
“inversa”).
22
razón? Esto es, ¿por qué no se habla, por ejemplo, de “diferenciación positiva”?
No se acierta a ver otra que las connotaciones negativas que esta palabra tiene en
el contexto jurídico. Claro que “discriminar” tiene también un significado neutro
según el cual dicha palabra significaría simplemente, “diferenciar”, pero no es ése
el significado que tiene en la cultura jurídica y menos en el ámbito de un Derecho
antidiscriminatorio (en el que la palabra discriminación ha adquirido connotaciones
peyorativas, siendo considerada como sinónimo de parcialidad, prejuicio,
favoritismo, fanatismo e intolerancia). De ahí que la utilización de la palabra
“discriminación” para hacer referencia a una política de acción positiva (que, no se
olvide, lo que pretende es, precisamente, paliar la discriminación) resulte, además
de un uso impropio en el contexto jurídico, un uso tendencioso del lenguaje.
Insisto, podría hablarse de las cuotas como de medidas simplemente
diferenciadoras, pero no es ése el significado atribuido en el uso de la expresión
discriminación inversa. Por el contrario, cuando se habla de este modo se hace
hincapié en el pretendido carácter injusto de esas medidas, primero porque,
efectivamente, diferencian (y las diferencias se ven con recelo en un Derecho
pretendidamente igualitario) pero, sobre todo, porque, como se ha visto también
en la jurisprudencia del TJCE, se considera que rompen con el principio de
igualdad de oportunidades, basado, a su vez, en los principios de mérito y
capacidad.
Pero, además, hay otro motivo por el que el uso de la expresión
“discriminación positiva” (o “discriminación inversa”) resulta –se puede decir-
erróneo. Este motivo deriva de un abuso –por lo demás, muy extendido- de la
23
palabra “discriminación”. Así, se suele usar la palabra discriminación, tanto para
designar la ruptura de la igualdad que se da en el trato de individuos
pertenecientes a un mismo grupo, en el que no se advierten diferencias de status
o poder, como para designar la ruptura de la igualdad que se da en el trato a
individuos que pertenecen a grupos entre los que se advierte tal diferencia18. De
ahí que si el fenómeno de la desigualdad de trato entre individuos pertenecientes
a un mismo grupo es diverso al fenómeno de la desigualdad de trato entre
individuos pertenecientes a grupos con diferente poder social, resultará abusivo
utilizar el mismo término (“discriminación”) para hacer referencia a ambos
fenómenos.
Resumiendo: el empleo de la expresión “discriminación positiva” para
denominar a cierto tipo de acción positiva sería deudor de ambos abusos. De ahí
que, para evitar despropósitos y malos entendidos y, sobre todo, para evitar
contaminar negativamente cierto tipo de acción positiva (expresado en otros
términos: para evitar una maniobra sutil de descalificación de la misma), lo más
18 Para ilustrar esta cuestión nos servirá el ejemplo siguiente. Imaginemos, en primer lugar, que
dos estudiantes de Derecho, ambos varones, terminan sus estudios y deciden buscar empleo en la
empresa privada. Supongamos que ambos presentan los mismos méritos y capacidad y que la
empresa decide coger a uno de ellos, utilizando un criterio peregrino o caprichoso (por ejemplo,
rechazando a quien, a la persona encargada de la selección, le recuerda a alguien que le resulta
antipático por su físico). Quien no ha sido contratado puede considerarse injustamente tratado
respecto del otro, pero esta diferencia injusta de trato será, en principio, intragrupal o, lo que es lo
mismo, no tendrá base intergrupal ya que ambos son varones y pertenecen, por tanto, al mismo
grupo. Imaginemos ahora que quienes buscan trabajo en esas mismas condiciones de igualdad de
mérito y capacidad son dos personas de sexo diverso. Supongamos que la empresa opta por el
hombre y no por la mujer. Pues bien, en este caso, la desigualdad de trato será, en principio,
intergrupal. Dicho con otras palabras, si a la mujer no se le contrata por lo que significa e implica
social y laboralmente pertenecer al “grupo mujeres” (sea por prejuicios relativos a su presunta
especial naturaleza de fragilitas, imbecilitas e infirmitas sexus, sea por el rol social que les es
atribuido de dedicación al orden doméstico, maternidad y cuidado de ascendientes y
descendientes) estaríamos ante una desigualdad intergrupal. Es cierto que se percibe o se
manifiesta individualmente, pero la base de la misma será grupal.
24
procedente sería prescindir de ella y sustituirla por denominaciones estrictamente
descriptivas. Ya sabemos que es difícil cambiar los usos lingüísticos (y más
cuando subvierten “el orden de las cosas”), pero seamos conscientes, al menos,
de que se trata de un uso ideologizado que en nada beneficia a las causas
defendidas por medio de un planteamiento de acción positiva.
V. PROPUESTA REDEFINITORIA
Recogiendo las ideas que se han ido manifestando hasta el momento, la
acción positiva ha de estar dirigida a combatir la subordinación o discriminación
estructural o de status que sufren ciertos grupos (en nuestro caso, las mujeres).
Esto implica, en primer lugar, concebirla como un instrumento encaminado a
erradicar un fenómeno más profundo que la mera desigualdad de trato (lo que en
la cultura jurídica se entiende por discriminación directa o indirecta); en segundo
lugar, la necesidad de sobrepasar en su desarrollo el recurso al principio de
igualdad de oportunidades (por implicar competitividad y asimilacionismo); en
tercer lugar, que en la medida en que se considere procedente su inclusión en
determinados ámbitos, se opere sobre el mismo una redefinición que evite los
inconvenientes de su opacidad y de una tradicional ambigüedad que conduce -por
un lado- a que no quede claro si la acción positiva es el contenido mismo de la
igualdad de oportunidades o, por el contrario, la igualdad de oportunidades es el
fin de la acción positiva y –por otro- a ocultar tanto las dificultades y
tendenciosidades inherentes a la concreción de lo que significa “igualdad en los
25
puntos de partida” como la pérdida de virtualidad del mismo si de la igualdad de
los puntos de partida se desvincula la relativa a los “puntos de llegada”.
El otro flanco de la propuesta redefinitoria tiene que ver con el modo en el
que se formula su planteamiento. En este sentido, se trataría de evitar
determinadas “trampas” lingüísticas en las que el discurso dominante circunscribe
el planteamiento de la acción positiva. Entre éstas cabría destacar la de concebir
la acción positiva como “compensación” o como oferta de “ventajas”
(“preferencias” o “tratos de favor”) a las mujeres, así como utilizar, para designar
cierto tipo de acción positiva, la expresión “discriminación positiva” (o
“discriminación inversa”). Vinculado con ambas cuestiones estaría la necesaria
revisión de los contenidos que la palabra “mérito” adquiere en ese mismo discurso
hegemónico.
26
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... Este término se encuentra estrechamente vinculado con la lucha por la igualdad, o la eliminación de la discriminación, buscando la integración y la igualdad de oportunidades(Barrere, 2002). ...
... The ruling in question attempts to validate the two earlier cases of Kalanke and Marschall, declaring them to be compatible with Community Law as long as they do not automatically and unconditionally grant preference over male candidates to equally qualified female candidates and as long as applications are reviewed objectively bearing in mind the particular personal circumstances of all candidates". All in all, the ruling establishes that Directive 76/207 is not contrary to Hessen Law (Barrère, 2003). ...
... En la misma línea, la Orden Ejecutiva 11246 de 1964 del Presidente Jonson declaraba ilegal todo tipo de discriminación de las minorías, ya fuera por razón de religión, origen étnico, color o raza, así como obligaba a las empresas que formalizaran contratos con la Administración por valor de más de 50.000 dólares a adoptar planes de integración. Al margen de estas medidas de carácter gubernamental, en el plano legislativo, el embrión de este tipo de acciones data de 1964, a raíz de la aprobación del Título VII de la Ley de Derechos Civiles norteamericana, para evitar la discriminación racial al respecto y permitir, entre otros, el derecho de voto de la población negra (Barrère Unzueta, 2002). ...
Article
2002). Es Doctora en Ciencias Políticas por el CEU-UCH (2005). Ha sido becaria en la Comisión Europea (2000) y ha trabajado como investigadora predoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid (2000-2002) y en la Fundación Ortega y Gasset de Madrid (2002-2003). Ha recibido el Premio de Investigación (2006) de las Cortes Valencianas por su tesis doctoral y una mención del "Premio a la Calidad en Investigación sobre Cooperación para el Desarrollo Humano" (2008), concedido por el Consejo de Rectores de las Universidades de Madrid. Entre sus publicaciones destacan: Los partidos políticos nacionalistas ante el desarrollo institucional de la Unión Europea (2005), Sistemas Electorales. Un estudio comparado (2007) o la coordinación de la obra Mujer, Derecho y sociedad en el siglo XXI: Derecho y participación política como instrumentos de cambio (próxima publicación en 2009).
Article
Full-text available
El presente es un estudio jurídico del estado del arte de la doctrina de las acciones positivas, especialmente referido al ordenamiento constitucional español, donde tales medidas se pensaron para aupar a la mujer a lugares donde tradicionalmente se encontraba preterida y garantizar, así, la eliminación de las trabas discriminatorias que existen en la nuestra (y en buena parte de los sistemas demoliberales). El objetivo se desbrozará en diversos aspectos, partiendo del origen de estas medidas en el marco de un Estado del Bienestar, un modelo que confía más en la igualdad material que en la meramente formal, situando en su contexto el surgimiento de estas medidas en los Estados Unidos de América, para posteriormente analizar cómo se recepcionan en el Derecho Internacional, en el Derecho Europeo y, finalmente, en el Derecho Constitucional español.
Article
El presente artículo analiza la participación política de las mujeres en Santander durante el Frente Nacional, en dos cuerpos legislativos de carácter local y departamental: el Concejo Municipal de Bucaramanga y la Asamblea Departamental. Para comprender la importancia de esta participación es importante mencionar que el Frente Nacional fue el periodo de 16 años en los que los partidos políticos Liberal y Conservador establecieron un pacto de alternancia política, como fórmula expedita para terminar con más de dos décadas de violencia partidista y en el cual las mujeres iniciaron su vida política como ciudadanas con derecho a elegir y ser elegidas, después de un proceso de incidencia política iniciado en los años 30 y que culminó en 1954 con el otorgamiento del derecho al voto por parte de la Comisión de Estudios Constitucionales durante la presidencia del General Rojas Pinilla. Pero el alborozo con el que las mujeres Santandereanas participaron tanto en el plebiscito de 1957, que refrendó el Frente Nacional y su derecho a la ciudadanía, como en las primeras elecciones de 1958 en las que participaron por primera vez como candidatas, se fue esfumando durante los 16 años, dejándoles un sabor agridulce pues las expectativas de igualdad no se cumplieron aunque sí una inclusión minoritaria en los espacios de decisión política en representación de los intereses de los partidos políticos con los cuales tenían membresía por sus vínculos familiares o sindicales principalmente.
Article
In this classic work of feminist political thought, Iris Marion Young challenges the prevailing reduction of social justice to distributive justice. It critically analyzes basic concepts underlying most theories of justice, including impartiality, formal equality, and the unitary moral subjectivity. The starting point for her critique is the experience and concerns of the new social movements about decision making, cultural expression, and division of labor--that were created by marginal and excluded groups, including women, African Americans, and American Indians, as well as gays and lesbians. Iris Young defines concepts of domination and oppression to cover issues eluding the distributive model. Democratic theorists, according to Young do not adequately address the problem of an inclusive participatory framework. By assuming a homogeneous public, they fail to consider institutional arrangements for including people not culturally identified with white European male norms of reason and respectability. Young urges that normative theory and public policy should undermine group-based oppression by affirming rather than suppressing social group difference. Basing her vision of the good society on the differentiated, culturally plural network of contemporary urban life, she argues for a principle of group representation in democratic publics and for group-differentiated policies. This is a superb book which opens up many new vistas for theorists of justice. Young makes a number of insightful arguments both about the issues that need to be addressed by a theory of justice, and about the kind of theory capable of addressing them.
Book
This book brings a theoretical lens to the debates around affirmative action. It presents a comparative analysis of those countries reputed to be leading the way in policies for women - the United States, Canada, Australia, Sweden, the Netherlands and Norway. Taking account of the particular historical context of affirmative action policies, she considers why expressed commitment to affirmative action for women has failed to translate into meaningful reform.
Article
The phrase affirmative action (AA) has been in use in Australia for two decades, mainly in the context of improving the profile of women in the workplace. Federal legislation was enacted in 1986 but the formalistic focus on the preparation of plans, numerosity and the lodgment of reports has deflected attention away from the elusive substance of AA. The procedural veil will be lifted to focus more closely on the nature of the substance, with particular regard to managerial positions. It will be argued that the construction of femininity and masculinity, through what are termed ‘the fictive feminine’ and ‘the imagined masculine’, is resistant to structural change. However, the adoption of co-operative workplace practices, as advocated by a recent influential Australian Government report, does have the potential to challenge the gender polarity.