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El proceso de las relaciones en el ordenamiento internacional entre Colombia y España como dos estados soberanos: una mirada desde España

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Abstract

El presente trabajo pretende mostrar, desde la perspectiva de España y con un enfoque basado en el Derecho Internacional, la evolución de las relaciones entre España y Colombia desde la proclamación de la independencia de la Gran Colombia, con el inicial rechazo absoluto a la sublevación de los territorios coloniales por parte de España, pero que fue evolucionando, desde la aceptación tácita hasta el reconocimiento pleno de Colombia en cuanto Estado soberano. Se analiza también la fructífera e intensa relación, jurídica -y política- de ambos Estados desde entonces.
116
EL PROCESO DE LAS RELACIONES EN EL ORDENAMIENTO
INTERNACIONAL ENTRE COLOMBIA Y ESPAÑA COMO DOS ESTADOS
SOBERANOS: UNA MIRADA DESDE ESPAÑA
THE HISTORY OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN COLOMBIA AND SPAIN
AS TWO SOVEREIGN STATES IN THE INTERNATIONAL ORDER: THE
SPANISH PERSPECTIVE
154
Dra. Pilar Trinidad Núñez
155
Palabras Clave
Bicentenario de la Independencia de Colombia; Relaciones bilaterales Hispano-
colombianas; Reconocimiento de Estados en Derecho Internacional.
Key Words:
Colombian Bicentennial of Independence; Bilateral Relations between Spain and
Colombia; Recognition of States in Public International Law.
RESUMEN
El presente trabajo pretende mostrar, desde la perspectiva de España y con un enfoque
basado en el Derecho Internacional, la evolución de las relaciones entre España y
Colombia desde la proclamación de la independencia de la Gran Colombia, con el
inicial rechazo absoluto a la sublevación de los territorios coloniales por parte de
España, pero que fue evolucionando, desde la aceptación tácita hasta el reconocimiento
pleno de Colombia en cuanto Estado soberano. Se analiza también la fructífera e intensa
relación, jurídica -y política- de ambos Estados desde entonces.
154
Artículo recibido el 31 de mayo de 2010 y aceptado por el Comité Evaluador el 15 de junio de 2010.
155
Profesora Titular de Escuela Universitaria de Derecho Internacional Público. Subdirectora del Centro
de Estudios de Iberoamérica. Universidad Rey Juan Carlos.
117
Abstract:
This paper aims to show, from the perspective of Spain and with an approach based on
Public International Law, the evolution of relations between Spain and Colombia from
the proclamation of the independence of the Great Colombia. Initially Spain showed
and absolute opposition to the uprising of the colonial territories, but her position
evolved, from the tacit acceptance to the full recognition of Colombia as sovereign
State. The fruitful and intense relation is analyzed also, juridical - and politics - of both
States since then on.
SUMARIO
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
II. LOS ANTECEDENTES EN LA RELACIÓN DE LOS DOS ESTADOS: BREVE
REFERENCIA A LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA Y LA SITUACIÓN DE
ESPAÑA DURANTE EL PROCESO.
1. Los inicios: la Guerra de la Independencia en España y el movimiento
independentista en América.
2. El reinado de Fernando VII y el levantamiento de Riego. La firma del
armisticio y la negación de la independencia.
3. El cambio de actitud desde España: La Regencia y la Monarquía de Isabel II
III. EL INICIO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS RELACIONES JURÍDICAS ENTRE
ESPAÑA Y COLOMBIA EN EL MARCO DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL
TRADICIONAL Y EL DERECHO INTERNACIONAL QUE LA REGULABA
1. El inicio en el reconocimiento jurídico de las antiguas colonias por parte de
España: los tratados de Paz y Amistad
2. El punto de inflexión en las relaciones jurídicas entre ambos Estados: el
Tratado de Paz y amistad de 1881.
3. La consolidación de las relaciones jurídicas entre ambos Estados.
118
IV. LA REACTIVACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE LAS RELACIONES
JURÍDICAS ENTRE AMBOS ESTADOS.
1. Consolidación de la Democracia en España: el Tratado General De
Cooperación y Amistad de 1992.
2. Los últimos Tratados: la “multiplicación” e intensificación de las relaciones
bilaterales.
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
En la actualidad las relaciones entre Colombia y España, en cuanto dos Estados
Soberanos que pertenecen a la Comunidad Internacional, no pueden ser mejores. Es lo
que dicen todos nuestros representantes políticos y diplomáticos en ambos Estados y es
realmente lo que percibimos los miembros de la llamada sociedad civil. En este sentido,
desde el punto de vista de la política exterior de España, con independencia del
Gobierno que ocupe el poder, Colombia ocupa un ámbito prioritario (como no puede ser
de otra manera en el marco del espacio iberoamericano al que ambos pertenecen).
También para Colombia, finalmente, España se ha convertido en un interlocutor
prioritario.
Pero, para comprender cómo hemos llegado hasta este punto, es necesario realizar un
breve repaso histórico por las relaciones, en el marco del Ordenamiento jurídico
internacional, de ambos Estados. Relación esta, como no puede ser de otra manera, cuya
expresión más significativa es la celebración de tratados bilaterales. En efecto, la
prestación por parte de dos Estados de su consentimiento en obligarse recíprocamente
mediante un tratado bilateral, implica no sólo que ambos se comprometen jurídicamente
uno frente al otro, sino que se reconocen plenamente.
Dejando al margen las relaciones políticas, cabe señalar, desde un punto de vista
estrictamente jurídico, que además de las relaciones que ambos Estados mantienen en el
ámbito multilateral (donde hay destacar, entre otros foros, las relaciones en el Espacio
119
iberoamericano, principalmente en el seno de la Secretaría General Iberoamericana
156
y
las mantenidas por parte de la Unión Europea con la Comunidad Andina
157
), la
República de Colombia y el Reino de España han celebrado numerosos tratados
internacionales, de los que en la actualidad están en vigor aproximadamente cuarenta
tratados bilaterales. De ellos, la inmensa mayoría, casi treinta, han sido celebrados en
las tres últimas décadas, esto es, desde que España es un Estado democrático.
Pero, como es sabido de todos, estas relaciones no siempre han sido como son ahora.
Aunque, al perderlos, España se resistió a tratar como Estados jurídicamente iguales a
los territorios que habían sido sus colonias, tuvo que haber inevitablemente un inicio, un
punto de partida a partir del cual España reconociese, con claridad, la subjetividad
internacional de Colombia, es decir, la existencia de un Estado soberano con plenitud de
derechos y obligaciones en el ordenamiento jurídico internacional. Un Ordenamiento
internacional, además, el del siglo XIX que, si bien era el precursor y tenía elementos
que se han reflejado en el Derecho internacional actual, era muy distinto, como distinta
era la Sociedad internacional que regulaba.
El presente trabajo pretende mostrar, situándonos principalmente en la perspectiva de
España, la trayectoria que finalizó con el reconocimiento pleno por parte de España de
Colombia en cuanto Estado soberano y que acabó derivando en la fructífera e intensa
relación, jurídica y política de ambos países que hoy existe. Esta trayectoria, como no
156
Sobre esta cuestión, puede verse: C. M. DIAZ BARRADO.: “La posición de España en el espacio
latinoamericano: el diseño de un nuevo componente de la política exterior española”. Quórum: Revista
de pensamiento iberoamericano, Nº 19, 2008, pags. 56-63 y C.M. DIAZ BARRADO.: “La política exterior
de España en el espacio iberoamericano 2004-2007: elementos de permanencia y cambio”. Cuadernos
de estrategia, Nº. 136, 2007 (Ejemplar dedicado a: Iberoamérica: nuevas coordenadas, nuevas
oportunidades, grandes desafíos), pags. 123-151.
157
Relaciones concretadas en el Acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Comunidad Europea
y sus miembros, por una parte, y la Comunidad Andina, adoptado en Roma el 15 de diciembre de 2003.
Véase: A. Galinsoga: “La credibilidad de la ficción: los Acuerdos de Cooperación de la CE con los países
del Grupo Andino y de América Central”, Afers Internacionals nº 23, 1992, pp. 61-88; y P. TRINIDAD
NÚÑEZ: “Perspectivas de los Acuerdos de Asociación entre la Unión Europea y América Latina”, en Díaz
Barrado, C. M, Fernández Liesa C. R. y ZAPATERO MIGUEL, P. (Eds): Perspectivas sobre las relaciones
entre la Unión Europea y América Latina. Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado,
2008, pp.263-279.
120
puede ser de otra manera, arrancó con el rechazo absoluto a la sublevación de los
territorios coloniales, pero que fue evolucionando, pasando por la aceptación tácita,
hasta el reconocimiento pleno del otro Estado.
Así pues, merece la pena revisar, de forma somera, la situación histórica en la que se
encontraba España durante el proceso de independencia en el que se proclamó la
República de Colombia –entonces la Gran Colombia- con soberanía sobre los
territorios de los que hasta entonces habían sido el Virreinato de Nueva Granada y la
Capitanía de Venezuela, para examinar el cambio que paulatinamente se fue
produciendo en la actitud de España frente al Nuevo Estado, para, a continuación,
realizar una visión retrospectiva del proceso de las relaciones de ambos Estados, a la luz
del Derecho internacional.
II. LOS ANTECEDENTES EN LA RELACIÓN DE LOS DOS ESTADOS:
BREVE REFERENCIA A LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA Y LA
SITUACIÓN DE ESPAÑA DURANTE EL PROCESO.
1. Los inicios: la Guerra de la Independencia en España y el movimiento
independentista en América.
Como es sabido, por lo que no es preciso detenerse demasiado en ello aquí, el
movimiento independentista en América Latina es consecuencia de un amplio proceso
previo, que se inicia, entre otras, de dos premisas básicas, de una parte, el ciclo
revolucionario general, iniciado en Inglaterra en el siglo XVII y del que constituyen
hitos decisivos las revoluciones de la América Anglosajona y de Francia. Y, de otra
parte, la formación de lo que se ha venido a llamar una “conciencia criolla
emancipadora”
158
. Junto a lo anterior no puede olvidarse que a ello debe añadirse el
inmovilismo de la monarquía metropolitana, que origina la hostilidad de importantes
minorías de intelectuales y comerciantes americanos cuyas teorías ponen abiertamente
en tela de juicio los presupuestos autoritarios del poder en vigor
159
. En efecto, el
158
Véase: G. M Delgado Cantú: El mundo moderno y contemporáneo I. De la era moderna al siglo
imperialista. Pearson, México, 2005 5ª Ed, p. 312.
159
Véase: H. KINDER Y W. HILGEMANN: Atlas Histórico Mundial (II). De la revolución francesa a
nuestros días, 19ª ed. Akal, 2006, p. 26.
121
sentimiento de marginación de la intelectualidad criolla fue acentuado, entre otros
factores, por la política fiscal del Rey Carlos III y por la pérdida de libertades
160
. Como
se ha señalado “[a] través del reformismo borbónico las esferas gubernamentales
españolas buscan revitalizar la estructura colonial en virtud de cuatro supuestos que a
finales del siglo XVIII constituyen, objetivamente, un anacronismo: proteccionismo
económico, paternalismo político, asimilación racial, difusión del catolicismo y la
cultura. Por su parte, los criollos perciben claramente que la facultad para llevar a cabo
las necesarias y reales reformas y lograr un desarrollo económico autónomo está
apoyada fundamentalmente en la consecución de poder político”. En definitiva, como
afirma J. Lynch “los Borbones habían pasado del consenso a la confrontación, se habían
ganado la antipatía de la élite criolla y, finalmente, la habían empujado a la
independencia”
161
.
Pero, sobre todo, no puede olvidarse el efecto determinante en la independencia de los
territorios coloniales que tuvo la guerra de la independencia española, el levantamiento
del pueblo español, sólo, sin gobernantes, contra el ejército francés. En efecto, como
consecuencia de la guerra de la Guerra de la Independencia española las actividades
independentistas van a aumentar, lo que dará lugar a que entre 1808 y 1814 se produzca
la primera fase emancipadora. Las repercusiones que la guerra de la Independencia
española tiene respecto a América, en general, son fundamentales. Tras la crisis
dinástica y los tremendos problemas internos, a los que se unen el interés económico de
Inglaterra y la actitud de los Estados Unidos de América, que desea controlar política e
ideológicamente a los territorios americanos, todo hace, sin duda, pensar que es el
momento adecuado para llevar a cabo la independencia de todos los territorios
160
Véase: ESCOBEDO MANSILLA, R.: “Las reformas de Carlos III y la reestructuración de la Hacienda
americana” Quinto centenario, Nº 8, 1985 , Págs. 61-82.
161
En palabras del citado autor “[d]urante los Austrias, el Imperio había sido gobernado por los acuerdos
y el consenso, algo que pudo advertirse inicialmente en la participación cada vez mayor de los criollos en
la burocracia colonial y los tribunales, y en el reconocimiento por parte de de la corona de que las
sociedades de las colonias tenían identidades e intereses que era sabio respetar e incluso representar. Sin
embargo, los años que siguieron a 1750 fueron testigos de un proceso de desamericanización del gobierno
colonial, del avance del estado borbónico y del fin de los acuerdos políticos y la participación criolla. La
política borbónica se personificó en la figura del intendente español, un burócrata profesional, dedicado a
generar recursos y recaudar rentas. Los criollos, a quienes se había dejado de tener en cuenta para la
administración pública, empezaron a ser coaccionados, y el cambio no pasó desapercibido”. J. LYNCH:
Simón Bolívar, Crítica, Barcelona, 2010, p.7.
122
americanos. En efecto, tal y como se ha señalado, “[l]a conquista de España por parte de
los franceses, el colapso de la España de los Borbones, el implacable imperialismo de
los liberales españoles, todo ello supuso un golpe tremendo que dañó de forma
irreparable las relaciones entre España y América”
162
. Por ello tras los acontecimientos
ocurridos a partir de 1808, la independencia de Hispanoamérica sería inevitable.
España, tras la larga y dura guerra y tras la pérdida de los territorios, queda devastada.
No podemos olvidar que son los españoles Carlos IV y Godoy, los que invitan a
Napoleón a España, para invadir y repartirse Portugal. Pero que cuando ya estaban aquí,
se dieron cuenta de que Napoleón pretendía quedarse también con España. Sin embargo,
a pesar de que es un período desastroso en la historia española (no menos desastroso
que las épocas que habrían de venir después), a pesar de la pérdida, del inicio de la
crisis en que se sumiría el país durante mucho tiempo, se trata de un período histórico
contemplado con orgullo por los españoles actualmente. No en vano se ha señalado
reiteradamente que el período de la guerra de Independencia contra Francia es, junto
con el reciente período de la transición a la democracia, el único del que prácticamente
todos los españoles de a pie se sienten orgullosos.
Los españoles, con el levantamiento en Madrid de 2 de mayo, iniciaron una rebelión que
sería ejemplo en toda Europa. Incluso el propio Napoleón, tiempo después, diría que el
pueblo español se había comportado, todo junto, como un hombre de honor. A pesar de
ello, lo que se consiguió trayendo de nuevo al “Rey deseado”, a Fernando VII, fue
sumir a España de nuevo en el absolutismo (acabar con la Constitución de Cádiz) y en
períodos sucesivos de convulsiones y crisis políticas (incluidas varias guerras) y una
tremenda crisis económica.
162
En palabras de J. LYNCH “[e]l espectáculo era increíble: un rey depuesto, autonomías locales que se
hacían más fuertes, el territorio ocupado por un ejército extranjero. La crisis de legitimidad política
confrontó a los americanos con su destino. ¿Podían ellos también conseguir lo inimaginable? No tenían a
los Borbones, no querían a Napoleón, no confiaban en los liberales. ¿A quién debían obedecer? ¿Y cómo
había de distribuirse el poder entre los funcionarios imperiales y las élites locales? Una vez se tomaran
decisiones autónomas sobre estos asuntos, la independencia sería prácticamente inevitable”. Ibíd., p. 60.
123
2. El reinado de Fernando VII y el levantamiento de Riego. La firma del
armisticio y la negación de la independencia.
Tras la firma de la adhesión a la Santa Alianza, España en 1817 acepta ya una política
de hechos consumados, pierde su papel de potencia principal y adquiere la categoría,
que se extenderá a lo largo de todo el período contemporáneo, de “pequeña potencia con
carácter secundario”. Con el regreso de Fernando VII comienza la que será la segunda y
definitiva fase del movimiento independentista, una fase en donde observaremos la
incapacidad de España para controlar la situación y la actitud pasiva de las potencias
extranjeras, unida a los intereses de Inglaterra y Estados Unidos sobre todos los
territorios españoles.
Mientras tanto Colombia, como acertadamente se ha señalado “[e]n un primer
momento, aproximadamente desde 1819 a 1821, buscó la paz desesperadamente, por
causas económicas, pero una vez los diversos proyectos de paz con la Metrópoli
hubieron fracasado, se lanzó a una ofensiva aliada con el resto de las repúblicas
bolivarianas para obligar a España a firmar la paz y el reconocimiento de la
independencia de sus antiguas provincias americanas”
163
. Y es en este contexto en el
que se celebra el Tratado de armisticio y paz
164
, firmado en la ciudad americana de
Trujillo. En el armisticio se pactó una suspensión de las hostilidades, tanto en tierra
como en mar, durante seis meses (hostilidades que podrían ser reanudadas previo aviso
de una de las partes). Asimismo, entre otras disposiciones de este instrumento, hay que
destacar la intención de ambos contendientes de someter, cuanto antes, la regulación de
futuras guerras al derecho internacional vigente en la época, haciendo alusión al
respeto, por parte de ambos a una suerte de Derecho internacional humanitario (no
existente aún en la época), ya que el artículo 14 dispone que “[p]ara dar al mando un
testimonio de los principios liberales y filantrópicos que animan a ambos gobiernos, no
163
G. I. OSPINA SÁNCHEZ: “La política internacional de la Gran Colombia: sus negociaciones con España”;
Quinto centenario, Nº 14, 1988, pp. 119. Esta autora recuerda como “después de la victoria de Boyacá,
el paso más importante que se presentó a la consideración del gobierno de Colombia fue el de obtener
la paz con España y el reconocimiento de la independencia por parte de ella”.
164
Gaceta de Caracas, Nº 19, Caracas, 6 de diciembre de 1820, fol. 95. El texto completo del Documento
puede consultarse en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes:
(http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/79149452767681052754491/p0000001.htm#I_1_ )
124
menos que para hacer desaparecer los horrores y el furor que han caracterizado la
funesta guerra en que están envueltos, se compromete uno y otro gobierno a celebrar
inmediatamente un tratado que regularice la guerra conforme al derecho de gentes, y a
las prácticas más liberales, sabias y humanas, de las naciones civilizadas”
165
.
En fin, como acertadamente se ha manifestado, estos pactos concluidos en Trujillo,
entre Colombia y España “constituyen el primer acto internacional de la Nueva
República, porque en ellos se reconoció, por parte de España, la existencia de un
gobierno de Colombia con todos los atributos de la soberanía. Si bien no puede tomarse
ese acto como un reconocimiento de la independencia, si consagró a los revolucionarios
en su calidad de beligerantes”
166
. En efecto, no puede decirse que estemos ante un
tratado internacional que reconoce la plena independencia y soberanía del nuevo Estado,
pero supone, sin duda, el primer precedente en la capacidad para establecer relaciones
exteriores, conditio sine qua non para la constitución de un Estado, en este caso para
Colombia.
En 1822, con el fin del trienio constitucional, tras el levantamiento de Riego, finaliza
también el dominio español sobre la América continental. Así pues la llamada cuestión
americana terminó con una derrota política, militar, económica y moral de la que
España tardará tiempo en recuperarse. De hecho, no sería del todo desmesurado pensar
que España no comenzó a recuperarse hasta los años inmediatamente anteriores a la
muerte del dictador Franco, ya en el decenio de los noventa del siglo XX.
En la última etapa del reinado de Fernando VII (1826-1832), etapa de recogimiento
interior y de expansión francesa, se hace patente el endeudamiento de la Hacienda
Pública española, gravemente afectada por la pérdida de los territorios coloniales en
165
Este artículo que refleja el ordenamiento jurídico regulador de la Sociedad internacional tradicional (la
que parte de la Paz de Westphalia y llega hasta la primera guerra mundial) en el que el recurso a la guerra
no se considera ilícito, pues constituía “uno de los procedimientos que los Estados podían utilizar, llegado
el caso, en defensa de sus derechos. Sólo se requería, y esto ya a fines del siglo XIX, que la guerra se
desarrollase respetando determinadas formas de llevarla a cabo, esto es, acatando el ius in bello” C.
GUTIÉRREZ ESPADA, M. J. CERVELL HORTAL: Curso General de Derecho Internacional Público,
Trotta, 2010, p, pp. 22-23.
166
G. I. OSPINA SÁNCHEZ, loc. cit. p. 137.
125
América y comienza una característica que va a ser constante a partir de entonces: la
necesidad de recurrir a empréstitos extranjeros.
Se produce, en conclusión, el descenso de España al papel de potencia secundaria, no
sólo por la pérdida de los territorios coloniales sino también por el desplazamiento que
sufre por parte del resto de los países europeos. Y, de otra parte, la pérdida de los
territorios de América continental mermará los fundamentos de la política exterior e
incidirá de una manera primordial en las actitudes y mentalidades de los gobernantes y
de la sociedad.
Resulta bastante obvio que, en las condiciones descritas, España no estaba preparada
para reconocer la existencia de las antiguas provincias americanas como Estados
soberanos. A pesar, como se ha señalado, de que la recién creada república tratara de
obtener, primero la paz y luego un diálogo con España que llevara al reconocimiento,
los acontecimientos políticos en España no favorecían ese diálogo. Así, si bien, como
consecuencia de la breve implantación de un gobierno constitucional en España, se
pudo firmar el arriba citado Armisticio en 1820 “una vez restaurado en el trono
Femando VII, la actitud hacia América se hace demasiado intransigente”. Siendo a
que “los esfuerzos llevados a cabo por la Gran Colombia para obtener la paz con España
desde 1820, quedarán en ‘papel mojado’ porque se inicia ‘un diálogo de sordos’, donde
el amor propio, por parte de ambos países, el sentido de la dignidad nacional, así como
la falta de visión de amplios horizontes, respecto a América, en el caso de la Corte de
Madrid, imposibilitó sellar una paz que fue pedida por primera vez por una república
hispanoamericana a España”
167
.
En efecto, durante todos esos años, las referencias oficiales (en la Gaceta de Madrid, el
Boletín de la Imprenta Real) que pueden encontrarse en España respecto a Colombia
(siempre en el apartado de “España”) son de negación de la independencia, de no
reconocimiento del Estado. Se sigue hablando de “provincias rebeladas” o de “vacilante
República de Colombia”, siempre con cierto desprecio, con alusiones al desastre y con
no pocas mofas y referencias irónicas a Simón Bolívar. Así, tan sólo a modo de
167
Ibid. p. 132.
126
ejemplo, pueden citarse extractos de un discurso de Bolívar en 1927 en Lima,
intencionadamente glosados:
“Las noticias que hemos insertado sobre las disensiones de varias provincias
rebeladas de América, en especial de la vacilante república de Colombia, y su
invocación a Bolívar, como el paraninfo de la ventura y de la paz: las
indicaciones sobre el código boliviano, y sobre las fecho rías y vaivenes de este
aventurero en el Perú, nos recuerdan su hipocresía constitucional y sus manejos
pantomímicos, para extender por la América del Sur su mal disfrazada
soberanía. (…)
¿Y la república? ¿Y la soberanía popular?- Mucho las recomienda Bolívar en su
discurso; pero mas pomposamente encomia la supremacía del presidente. Este,
dice es en nuestra constitución, como el sol en el sistema planetario. Si poder
inmudable todo lo anima y vivifica. Esta suprema autoridad será vitalicia;
porque en los gobiernos que no admiten jerarquías, es más que en los otros
necesario que haya un punto fijo, á cuyo rededor puedan los hombres y las cosas
girar. (…)
Así se alucina a los pueblos, que siempre son inexpertos y niños. Bolívar
instituye una monarquía, variándole el nombre, y probándola de la paz y
seguridad de la sucesión, que es una de sus principales ventajas. ¿Pero qué
importan los nombres, cuando las cosas son las mismas; ni qué daño encierran
las palabras? Los romanos dieron a sus generales el título de Emperador; Bolívar
da el nombre de presidente al que ejerce un poder verdaderamente real. ¿Y cuál
es la ventaja de transmitir el mando supremo, como una heredad electiva? ¿No
ha mostrado bien la experiencia de los siglos, que elecciones tan codiciables solo
sirven (de cualquier modo que se dispongan), para abrir la puerta a la ambición
de los próceres, y á las convulsiones y desastres del pueblo? ¿Es este mas libre,
recibiendo la dominación de la persona que le señale su jefe, que respetándola en
una familia, a quien él mismo ha reconocido? ¿Es más limitado el poder de
quien no solo manda mientras vive, si no determina el que ha de mandar después
de su muerte?
127
(…)
168
.
También puede citarse, por significativo en este sentido, un texto de la Gaceta de
Madrid, publicado en 1828, donde se reproduce parcialmente un discurso de Simón
Bolívar ante la Convención Nacional, cuyos párrafos, repletos de glosas, comentarios y
críticas merecen la pena ser reproducidos parcialmente, pues en ellos se pone de
manifiesto la profunda estrechez de miras de la antigua metrópoli. Así por ejemplo se
insiste, desde la maltrecha España, en que la única forma de gobierno posible y
aceptable para los pueblos que habitan los “territorios rebelados” es la Monarquía. Todo
lo demás (especialmente el constitucionalismo democrático) conduce al desastre, porque
los pueblos no están acostumbrados a otra cosa:
“El mensaje del presidente de Colombia D. Simón de Bolívar a la convención
nacional, instalada para poner remedio á los males de la república, es la
confesión auténtica de los errores, y el bosquejo de los desastres que ha
producido la rebelión. “constituido, dice, por mis deberes a manifestaros la
situación de la república, tendré el dolor de ofreceros el cuadro de sus
aflicciones”. (…) Bolívar se lisonjea de que algo se han disminuido los
obstáculos para remediar estos males, por la unión y docilidad de la república a
la decisión de los nuevos diputados; pero “he deciros, añade, que no debemos
168
Gazeta de Madrid, núm. 18, 13 de febrero de 1829, pp. 74 y 75. La trascripción es literal, pero se ha
actualizado la ortografía para su mejor lectura. Críticas feroces, merece, asimismo la intención del
Libertador de establecer un estado no confesional: No queremos levantar la pluma de este artículo sin
manifestar á nuestros lectores la política religiosa de Bolívar, ya que hemos notado su política
constitucional. “Voy a hablar (dice el nuevo Numa para concluir su discurso) sobre un punto que debiera
omitir en conciencia. En una constitución política no se debería prescribir profesión de fe religiosa. La
religión pertenece enteramente á lo moral: (¿y las leyes pertenecen á lo físico?) ella dirige al hombre en
su interior, en su casa: tiene el trono de su imperio en el corazón: ella sola puede con derecho pedir
cuentas á la conciencia… No pertenece al legislador establecer preceptos relativos al culto religioso….”
Dejémoslo aquí, porque lo restante aun es más embrollado. –Jamás la legislación política ni civil ha
aspirado a regular los actos puramente interiores del hombre; porque no puede conocerlos ni juzgarlos.
Pero esa religión y ese culto de que habla Bolívar, ¿se han de esconder enteramente en el interior, ó han
de mostrarse por acciones externas, y tener preces y sacrificios? Si lo primero, no hay religión en el
Estado; y el Estado sin religión no puede subsistir. No hay en política un principio de tan eminente
evidencia. Sin religión no puede existir la moral: sin moral no puede existir la sociedad absolutamente. Si
lo segundo; es decir, si ha de haber un culto manifestado por acciones exteriores: si la religión ha de ser
una cosa pública, ¿cómo puede desentenderse de ella y abandonarla el legislador? Siendo la religión el
apoyo principal del Estado; siendo su propiedad más sagrada, ¿será la sola que no encuentre protección en
las leyes? ¿Verá tranquilo el legislador insultar sus misterios, profanar impunemente sus altares, puesto
que no le pertenece establecer preceptos relativos al culto religioso? No se hicieran semejantes preguntas,
si no hubiese tales legisladores”
128
esta inapreciable ventaja sino a las esperanzas que os muestran la confianza
nacional, y el peso que os abruma.” (…)¡Ignorantes no menos que los infieles a
su deber! Ved el fruto de querer renovar los pueblos con instituciones
desconocidas para ellos; lisonjeras en la apariencia, pero contrarias á su
educación a sus habitudes, a sus luces, a las costumbres e intereses formados
por muchos siglos ¿Era esa la situación de las colonias inglesas, donde, cortado
el vínculo que las unía a su metrópoli, se hallaba todo hecho?
Es un error, el más pernicioso en política, pensar que puede un Estado refundirse
de pronto bajo distinta forma de la que tuvo siempre, como desde la revolución
francesa han creído con igual éxito tantos ensalmadores de constituciones. (…)
No es otra cosa la constitución de un pueblo, que la forma de gobernarse
sancionada por la costumbre; así en muchas naciones, aún de las que se creen
más libres, no se ha redactado todavía el código constitucional, ni reducido su
régimen a los artículos de una ordenanza. La mejor constitución para un pueblo,
es a la que está acostumbrado, ha dicho muy acertadamente Bentham; cuyo
testimonio no desecharán por servil ni absolutista los independientes.
Nuestro gobierno está esencialmente mal constituido, dice Bolívar: verdad
amarga, que no era necesario haber comprado con 18 años de desastres: verdad
fecunda, si se supiera o se quisiera entender que no necesita de una nueva serie
de infortunios, para anunciar desde ahora todas sus futuras aplicaciones. El
gobierno actual de todos los países revolucionados desde la nueva Georgia hasta
los patagones está mal constituido, y lo estará siembre bajo cuantas formas se
adopten, mientras no se restituya a su antigua y legítima dominación(…)”
169
169
Continúa diciendo la crónica que “El pueblo, impaciente de todo yugo, no pone la mano en el gobierno
sino para enervarlo y trastornarlo: si arrebata el poder, no lo delega sino débilmente y forja siempre una
magistratura que él pueda dominar. “Nuestros diversos poderes (continúa Bolívar) no están distribuidos
cual lo requiere la forma social y el bien de los ciudadanos. Hemos hecho del legislativo solo el cuerpo
soberano: le hemos sometido el ejecutivo y dado mucha mas parte en la administración general, que la
que el interés legítimo permite. Por colmo de desacierto, se ha puesto toda la fuerza en la voluntad, y toda
la flaqueza en el movimiento y la acción del cuerpo social”. Tal es, tal será eternamente el escollo de toda
organización política formada por el pueblo. Facultades ilimitadas en los congresos populares para
determinar: restricciones y opresión para ejecutar en el gobierno. Y como todo es acción en el régimen de
la sociedad: como no se protegen las personas y los derechos, ni se reprimen la insubordinación y los
129
En resumen, durante este periodo, lejos de haber un reconocimiento y un inicio de
relaciones políticas y, por extensión, jurídicas, se establece el ya referido diálogo de
sordos entre ambas partes (siendo la sordera más aguda en España) y, en palabras de
Gloria Isabel Ospina “tendrán que pasar doce años para que se pueda conocer un intento
de aproximación entre ambas naciones”, pues la “obstinación del Gobierno español
perdurará lo que viva Fernando VII”
170
. Y es que, salvo el breve período del trienio
Constitucional, habido entre 1820 y 1823, ni el primer, ni el segundo período
absolutista, conocido este como la “década ominosa” bajo mandato del Rey Fernando
VII, podían ofrecer las condiciones en España para reconocer a los nuevos Estados
surgidos del proceso de independencia.
3. El cambio de actitud desde España: la Regencia y la Monarquía de Isabel
A la muerte de Fernando VII, en 1833, tienen lugar en España una serie de convulsiones
internas protagonizadas por todos los grupos políticos del país. Durante la minoría de
edad de Isabel II se hizo cargo de la regencia su madre María Cristina, quien tuvo que
crímenes, ni se mantienen el orden y reposo público con debates ni acuerdos, sino con la acción y la
fuerza; faltando esta por un efecto necesario a esos gobiernos degradados y comprimidos que el pueblo
constituye, ni la obediencia a sus mandatos se presta, ni se afianza la sumisión, ni los delitos se corrigen,
ni se mantiene la tranquilidad, ni pueden vencerse las resistencias para obrar el bien. Pues ahora: creer
que el pueblo, una vez dueño del poder y lisonjeado con las ideas de libertad y soberanía, ha de ser tan
sabio o tan generoso que abdique voluntariamente esa fuerza, y la entregue con franqueza y confianza en
las manos mismas que deben sujetarle a la ley, es no conocer la historia ni la naturaleza de los hombres.
El pueblo en materia de gobierno no sabe instituir, sino trastornar”. Gaceta de Madrid, núm. 113, de 18 de
septiembre de 1828, pp. 451 y 452.
170
Señala no obstante la citada autora que “ Colombia en esos doce años no deja de buscar la oportunidad
de acercamiento, y así se recoge en varias ocasiones; como por ejemplo en el Mensaje del Vicepresidente
encargado del Gobierno, Francisco de Paula Santander, al Congreso de 1826, cuando dice, entre otras
cosas, «... El Gobierno español, ciego a los desengaños que frecuentemente está recibiendo en su
contienda con la América y sordo a las insinuaciones de Gobiernos imparciales y experimentados, no da
señal de abandonar sus proyectos hostiles contra la República», para más adelante terminar diciendo «...
El Gobierno de Colombia, por una conducta digna de la causa que defiende, ha redoblado sus esfuerzos
para atraer al de España a una reconciliación honrosa, a medida que los sucesos de nuestras armas, y la
marcha de la República, ratificaban irrevocablemente nuestra independencia,... Vosotros veréis en los
documentos que os haré presentar, los oficios ejecutados en nuestro favor por algunas de las potencias de
Europa y América, en el Gabinete de Madrid, los pasos que en el mismo sentido ha dado el Ejecutivo, y la
firmeza y dignidad con que ha sostenido la causa y los principios del pueblo de Colombia». G.I. OSPINA
SÁNCHEZ: Loc. Cit. p. 166.
130
buscar el apoyo de los liberales moderados, con el fin de defender los derechos
sucesorios de su hija contra las pretensiones de Don Carlos, hermano de Fernando VII,
(con el inicio de las llamadas Guerras Carlistas, que tendrán lugar hasta 1875) lo que
trajo consigo la implantación del régimen liberal en España a partir de 1833. Estos
grupos de liberales, que pronto se dividirán en dos, moderados y progresistas, van a ver
condicionada su política exterior por dos realidades: por un lado, una realidad europea
en la que ni Austria, ni Rusia, ni Prusia, potencias fieles al absolutismo, reconocerán al
Gobierno liberal ni a la sucesión de Isabel II; por ello, la conexión con la Santa Alianza
quedará rota y España sólo podrá moverse en el marco de las dos potencias liberales,
Francia e Inglaterra. Por otro lado, la realidad peninsular que tendrá casi el mismo
esquema, una fuerte resistencia absolutista frente al Gobierno liberal que en España
iniciará las citadas guerras carlistas.
Tampoco podemos encontrar, durante este período, todavía relaciones oficiales, como
Estados, entre España y Colombia, ya convertida en República de Nueva Granada. Sin
embargo, sí que hay que destacar un importantísimo cambio en España frente al la joven
República. Y es que, tanto por la vía de los hechos, como por referencias y alusiones, en
España se acepta ya la existencia de un Estado independiente, también de forma oficial.
Prueba de ello son las noticias frecuentes que aparecen en la Gaceta de Madrid sobre
Nueva Granada- ahora ya en la sección de “noticias extrajeras” y no en “España”,
aunque, eso sí, en la llamada “Parte no oficial” -pero, no puede olvidarse que nada podía
calificarse de “no oficial” en el Reino, y menos lo publicado en la Gaceta de Madrid-.
En este sentido, resulta muy destacable el hecho de que se recojan, en el citado Boletín
oficial, extractos de discursos del Presidente Santander en el Congreso de Nueva
Granada. Estas referencias y reproducciones literales de discursos, son ahora glosadas
con simpatía e incluso, con notable admiración. En suma, es absolutamente significativo
el cambio de actitud producido por parte de los cronistas españoles hacia las autoridades
del nuevo Estado, ya aceptado, en menos de una década.
Así, por ejemplo, encontramos reproducido el 4 de octubre de 1934, un mensaje de
Francisco de Paula Santander “al último congreso, sobre el establecimiento de una casa
de enseñaza y corrección en Bogotá”, que ya no recibe comentario alguno, sino la
131
trascripción literal
171
. Llama la atención, asimismo, una noticia de 10 de julio de 1836,
en la que se observa, con agrado, que no hay noticias que vengan de Nueva Granada y,
por tanto, que todo va bien, el tono en el que la Gaceta se refiere a este Estado, denota,
sin duda, cierta “simpatía” y manifiesta admiración por sus gobernantes:
“Ya hace algún tiempo que no hemos tenido ocasión de hacer mención de esta
república, a la verdad que el silencio en este caso no puede menos de ser
interpretado favorablemente, porque cuando no se dice nada de un país que en
otros tiempos ha dado con sus continuas revueltas y desórdenes tanto pábulo a
las prensas, debe razonablemente inferirse que a lo menos reinan en él la paz y
sosiego interior, a cuya sombra fuerza que progresen los principios de la
ciencia de gobernar, y en general todos los conocimientos humanos,
particularmente si se considera que existen las misas formas de libertad bajo los
auspicios e un Gobierno representativo popular. Nosotros nos sentimos
inclinados a creerlo así, porque si hubiera noticias adversas, no dudamos que
habrían llegado a nuestro conocimiento. Por el contrario, el único papel que
nos ha remitido, es un cuaderno con el título La Nueva Granada al empezar el
año de 1836, en el cual se patentizan las medidas benéficas adoptadas por la
actual administración del país y ventajas que este ha conseguido en estos
últimos años bajo la presidencia del general Santander.”
172
Por tanto, podemos decir que desde los años 30 existe, en el siglo XIX, una aceptación
de facto de la existencia de Colombia como Estado por parte de España. Lo que,
mutatis mutandi, en el Derecho internacional contemporáneo podríamos llamar un
reconocimiento del Estado por ciertos actos implícitos, aunque no existían relaciones
jurídicas formalizadas, ni había tenido lugar uno de los actos de reconocimiento
171
Gaceta de Madrid, número 232, de 4 de octubre de 1834.
172
Gaceta de Madrid, número 570, de 14 de julio de 1836. También en las noticias de septiembre de 1836
extraemos la misma conclusión, pues se manifiesta sobre Nueva Granada que “vemos con satisfacción
que aquella república sigue gozando una perfecta tranquilidad, y su gobierno ocupándose en las posibles
mejoras de los diferentes ramos que están a su cuidado, habiendo dedicado no poca atención al progreso
de la educación, estableciendo escuelas y colegios con reglamentos adecuados al siglo actual. Gaceta de
Madrid. Número 643, de 16 de septiembre de 1836, p. 1.
132
implícito de un Estado a otro, junto a la celebración de un tratado bilateral, más
significativo que puede haber: el establecimiento de relaciones diplomáticas.
No hay que olvidar que en esta época ya se había abierto paso en el Derecho
internacional la llamada teoría declarativa del reconocimiento de Estados, hoy
dominante, por la que se entiende que el reconocimiento de un Estado por los demás no
es un elemento constitutivo del mismo, sino que un Estado existe per se y el
reconocimiento no es otra cosa que la afirmación, la comprobación de la existencia
reconocida por los Estados de los que emana. Es decir, el Estado existe desde que reúne
los elementos constitutivos necesarios (población, territorio y un gobierno efectivo y
estable, con poderes plenos, independientes y exclusivos, capaz de ejercer su soberanía
tanto ad intra como ad extra). Desde ese momento, es sujeto del Derecho internacional
y, por tanto, tiene asegurados unos derechos y obligaciones mínimos, en definitiva, una
titularidad de derechos, inherentes a su subjetividad internacional sea o no
reconocido
173
.
III. EL INICIO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS RELACIONES JURÍDICAS
ENTRE ESPAÑA Y COLOMBIA EN EL MARCO DE LA SOCIEDAD
INTERNACIONAL TRADICIONAL Y EL DERECHO INTERNACIONAL QUE
LA REGULABA
1. El inicio en el reconocimiento jurídico de las antiguas colonias por parte
de España: los tratados de Paz y Amistad
173
Cfr. C. GUTIÉRREZ ESPADA, M. J. CERVELL HORTAL: Op. Cit, p. 59. Respecto al
reconocimiento de terceros Estados a las nuevas Repúblicas americanas, tal y como ha manifestado F.
MARIÑO MENÉNDEZ, si, inicialmente, no era lícito reconocer a un nuevo Estado si el “Estado madre”,
del cual el nuevo se había separado no había renunciado a la soberanía sobre él “Sin embargo, con
ocasión de la independencia de los EE.UU. de América, la doctrina comenzó a sostener que el
reconocimiento no violaba los derechos del Estado “madre” si éste ya no podía mantener su soberanía
real en el “Estado nuevo”. F.M. MARIÑO MENÉNDEZ: Derecho Internacional Público, (parte
general), Editorial Trotta, 1995, p.146.
133
Pero, como se ha señalado arriba, las verdaderas relaciones jurídicas de dos Estados se
manifiestan por la celebración de tratados bilaterales entre ellos (ni siquiera por la
participación en tratados multilaterales, puesto que hay Estados que participan en
tratados multilaterales sin reconocerse ni crear obligaciones entre ellos). Y estas
relaciones jurídicas llegaron al fin, en el último cuarto del siglo XIX. Pero debemos
detenernos, siquiera sea brevemente, a examinar el derecho internacional de la época
con el fin de contextualizar correctamente las relaciones establecidas entre ambos
Estados.
Nos encontramos, durante el s. XIX ante la llamada Sociedad internacional tradicional,
aquella que podría hacerse llegar hasta la primera guerra mundial y que se caracterizaba
por ser reducida: sólo la conforman unos pocos Estados y sólo Estados (a principios del
siglo XX se computaban 44 Estados) y por ser homogénea: la aplastante mayoría de sus
componentes eran Estados europeos o Estados de origen europeo, esto es, con un mismo
fondo cultural creyentes de la misma fe, y participando de unas mismas concepciones
económico-sociales y políticas, el capitalismo y absolutismo, prontamente sucedido por
sistemas de corte presidencialista o parlamentario
174
. Al ser la sociedad internacional un
grupo homogéneo, su ordenamiento jurídico, el derecho internacional, resultaba un
sistema sin contradicciones internas, firme y claro. Estamos, por tanto, ante un
ordenamiento jurídico internacional más claro, menos confuso que el actual, destinado a
regular las relaciones entre un “club” pequeño y selecto de sujetos: los Estados. Ello es
quizá lo que ha llevado a algunos a afirmar que el siglo XIX era la edad de oro para el
derecho internacional, apreciación que no comparto en absoluto. Se trataba, en
definitiva, de un ordenamiento jurídico exlusivamente interestatal, liberal,
descentralizado y oligocrático”
175
.
Y es sobre la base jurídica descrita sobre la que se iniciaron las nuevas relaciones con la
América Independiente. Así pues, después de un período de silencio, el Gobierno liberal
174
Asimismo, la Sociedad Internacional tradicional también puede ser calificad de eurócentrica y de
universal. Véase C. GUTIÉRREZ ESPADA y M.J. CERVELL HORTAL: Ibid, pp. 21-22
175
Véase J.A. PASTOR RIDRUEJO: Curso de Derecho Internacional Público y Organizacones
internacionales, 8ª ed, Madrid, 2001, pp. 84-85. Frente a este ordenamiento jurídico internacional clásico
o tradicional el Derecho internacional contemporáneo que está basado, aunque más en el plano teórico
que en el práctico, en el multilateralismo, en la prohibición del uso de la fuerza y en el respeto a otros
valores supremos de la comunidad internacional, como la protección de los derechos humanos.
134
español a partir de 1836 se plantea el problema de las relaciones con América y la
posibilidad de formalizarlas.
Tras una serie de discusiones, el nuevo régimen liberal va a llevar a cabo el
reconocimiento de iure de las nuevas repúblicas a través de la ley de 4 de diciembre de
1836, que autorizaba al Gobierno a concluir tratados de paz y amistad con aquellos
Estados que se considerasen necesarios, previa renuncia por parte de España a todo
derecho de soberanía y a toda reivindicación territorial. A partir de entonces se
comienzan a concertar los Tratados de Paz y Amistad entre España y cada una de las
repúblicas Independientes, siendo el primero de ellos el Tratado de Paz y Amistad
celebrado entre España y la República Mexicana y firmado en Madrid el 28 de
diciembre de 1836, al que siguieron casi una veintena más
176
.
2. El punto de inflexión en las relaciones jurídicas entre ambos Estados: el Tratado
de Paz y amistad de 1881
Y en el marco anteriormente descrito en el que se inscribe también el inicio de las
relaciones jurídico-internacionales entre España y Colombia. Así pues, las relaciones
jurídicas entre el Reino de España, durante el reinado de Alfonso XII y la República de
176
Se celebraron, con posterioridad, el Tratado de Paz y Amistad entre España y la República del
Ecuador, de 16 de febrero de 1840, el Tratado de Reconocimiento, Paz y Perpetúa Amistad entre Su
Majestad Católica y la República de Chile, firmado en Madrid el 25 de abril de 1844; el Tratado de
Reconocimiento, Paz y Amistad entre Su Majestad Católica y la República de Venezuela, firmado en
Madrid el 30 de marzo de 1845; el Tratado de paz y amistad celebrado entre la España y la República de
Nicaragua, firmado en Madrid el día 25 de Julio de 1850; el Tratado de reconocimiento, paz y amistad
entre su Majestad la Reina de España y la República de Costarica, firmado en Madrid con fecha 10 de
Mayo de 1850; el Tratado de paz y Amistad entre España y la República del Ecuador, firmado en Madrid
el 28 de Enero de 1883; el Tratado de reconocimiento, paz y amistad celebrado entre España y la
República Argentina, y firmado en Madrid el 9 de Julio de 1859; el Tratado de reconocimiento, paz y
amistad entre España y Bolivia de1861; el Tratado de reconocimiento, paz y amistad entre España y
Guatemala, de 1864; el Tratado preliminar de paz y amistad celebrado entre España y Perú, d
e
1865; el
Tratado de reconocimiento, paz y amistad celebrado entre España y la República del Salvador,
de 1
866;
el Tratado de reconocimiento, paz, amistad, navegación y extradición celebrado entre España y la
República Dominicana, firmado en la Habana en 14 de Octubre de 1874; el Tratado de paz y amistad
celebrado entre España y la República del Perú, firmado en París el 14 de Agosto de 1879; el Tratado de
paz y amistad entre España y la República de Paraguay, firmado en Buenos-Aires el 10 de Setiembre de
1880; el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre España y la República Oriental del Uruguay el día 19
de Julio de 1870; el Tratado de paz y amistad entre España y la República de Chile, firmado en Lima á 12
de Junio de 1883; y finalmente, el Tratado de paz y Amistad entre España y la República del Ecuador,
firmado en Madrid el 28 de Enero de 1883; el Tratado adicional al de Paz y Amistad celebrado entre
España y la República del Perú el 14 de Agosto de 1879; Tratado adicional al de paz y amistad celebrado
entre España y el Ecuador.
135
Colombia (entonces ya denominada Estados Unidos de Colombia) arrancan con el
Tratado de Paz y amistad, firmado en París en 1881
177
. Este tratado, celebrado nada
más y nada menos que siete décadas después del grito de independencia, además de
establecer las relaciones diplomáticas entre los dos Estados, constituye el inicio del
proceso de celebración de otros tratados posteriores.
Se trata de un tratado corto, ya que consta tan sólo de cinco artículos, pero que
comienza reconociendo en el preámbulo el deseo del Reino de España y de la República
de los Estados Unidos de Colombia “de poner término a la incomunicación que
desgraciadamente ha existido entre ambos Estados”, para, ya en su parte dispositiva,
establecer que “habrá total olvido de lo pasado, y una paz sólida e inviolable” entre
ambos Estados. Posteriormente, se dispone, por fin, el establecimiento de relaciones
diplomáticas y se establece la protección de los súbditos de un Estado en el otro, con
sujeción a las leyes, y la exención de prestar servicio militar forzoso; y, asimismo, se
prevé la llamada “cláusula de la nación más favorecida” en materia de comercio y
navegación.
Este tratado fue completado por el Tratado adicional al de paz y amistad de 30 de enero
de 1881, firmado en Bogota por los representantes de Colombia y España el 28 de abril
de 1894
178
, que modifica y amplía las disposiciones del Tratado de Paz y Amistad, con
el deseo de estrechar las relaciones de amistad y de “alejar para lo futuro todo motivo de
discordia y desavenencia”. Así, entre otras cuestiones, este Tratado adicional trata las
siguientes materias: establece la obligación de recurrir al arbitraje para cuestiones que
puedan surgir respecto a la interpretación de los tratados; dispone que la nacionalidad se
determinará según las respectivas legislaciones de cada Estado; establece la sumisión de
los súbditos de un Estado a la jurisdicción del otro si se encuentran en su territorio;
reconoce la protección de los derechos de los Españoles en Colombia y de los
Colombianos en España, junto a la posibilidad de juzgarlos si para ello hubiera motivo
y de expulsarlos o no admitirlos, con arreglo a sus leyes, a aquellos individuos “que por
su mala vida o por su conducta fueren considerados perniciosos” y establece, asimismo,
177
El Tratado de paz y amistad celebrado entre España y los Estados-Unidos de Colombia fue firmado en
París el 30 de Enero de 1881.
Gaceta de Madrid
núm. 356, de 22 de diciembre 1881.
178
Gaceta de Madrid núm. 193, de 11 de julio de 1896.
136
el reconocimiento de títulos profesionales o universitarios expedidos en un Estado en el
territorio del otro.
Muy interesantes resultan el artículo, VI y el VIII. El primero de ellos establece la
igualdad de tanto de derechos civiles como de garantías penales para los colombianos
en España y para los españoles en Colombia. Asimismo, excluye la posibilidad de que
un Estado ejerza la protección diplomática respecto a sus nacionales en el otro
179
. Por su
parte, el artículo VIII contiene de nuevo la llamada cláusula de la Nación más
favorecida, una disposición común en los tratados de paz y amistad celebrados por
España con los Estados pertenecientes a las antiguas colonias, que no deja de suscitar
problemas de interpretación, especialmente tras la entrada de España en las
Comunidades Europeas
180
.
El Art. XI del Tratado de 1894 estipula que el mismo permanecerá en vigor hasta un
año después del día en que una de las Altas Partes lo denuncie en todo o en parte. No
hay constancia de que Colombia o España hayan ejercitado tal facultad de denuncia,
pero ello no significa necesariamente que el Tratado permanezca en vigor en su
totalidad.
3. La consolidación de las relaciones jurídicas entre ambos Estados.
Como se ha señalado antes, el Tratado de Paz inicia el proceso de celebración de
tratados posteriores para reforzar la naciente relación (y, porqué no decirlo, para
179
El artículo VI dispone lo siguiente: “ Los colombianos en España y los españoles en Colombia gozarán
de los mismos derechos civiles que los ciudadanos ó nacionales, y las leyes penales de policía ó seguridad
los obligarán por igual. En uno y otro caso, sus bienes, derechos, responsabilidades penales y acciones
civiles serán amparados, reconocidos ó calificados por las mismas Autoridades judiciales y
administrativas competentes que amparen, reconozcan ó califiquen los de los nacionales. Las sentencias,
decretos ó resoluciones legales dictadas sobre las solicitudes, quejas ó demandas de aquéllos, y que
adquieran carácter definitivo, con arreglo a los recursos, instancias y trámites que ofrezca la legislación
local, surtirán efecto y se ejecutarán del propio modo que respecto de los ciudadanos de cada País. Los
colombianos en España y los españoles en Colombia no tendrán derecho a la intervención diplomática,
sino en el caso de manifiesta denegación de justicia, ó sea repulsa ó negligencia en la Administración de
justicia”.
180
El artículo VIII señala: “Las Altas Partes contratantes se garantizan recíprocamente el trato de la
Nación más favorecida en cuanto se refiere al establecimiento de sus respectivos nacionales en uno de los
dos Países, así como en materia de navegación y tránsito”. Sobre esta cuestión véase F. VACAS
FERNÁNDEZ, F.: “La aplicación por España de tratados sucesivos y de la cláusula de nación más
favorecida en materia migratoria: el asunto Uruguay”. Revista española de derecho internacional, Vol.
59, Nº 2, 2007, pags. 665-679.
137
solucionar cuestiones prácticas necesarias entre los dos Estados). Así, cabe destacar,
entre otros, el Convenio celebrado entre España y la República de los Estados Unidos
de Colombia para la protección de la propiedad sobre las obras literarias, científicas y
artísticas, de 28 de noviembre de 1885; el Convenio de extradición, de 17 de julio de
1893; el Tratado de Arbitraje, de 24 de enero de 1903 (reemplazado por un nuevo
Tratado de arbitraje celebrado en 1929 y que está en vigor desde el 5 de febrero de
1931); el Convenio de reconocimiento mutuo de validez de títulos académicos y de
incorporación de estudios celebrado entre España y Colombia, el 23 de enero de
1904
181
; el Convenio relativo a la ejecución de sentencias dictadas por los tribunales
respectivos, de 30 de mayo de 1908 (en vigor).
Junto a lo anterior, se produce, como no puede ser de otra manera, la presencia de
ambos Estados en tratados multilaterales. Los primeros de ellos, como suele ser
habitual en el ámbito de las relaciones del día a día entre dos Estados, tienen como
contenido la regulación de los servicios postales y de transporte. Así, puede hacerse
referencia al Convenio referente al cambio de paquetes postales celebrado entre España,
Alemania, la República Argentina, Austria, Hungría, Bélgica, el Brasil, Bulgaria, Chile,
la República de Colombia , de 4 de julio de 1891; al Convenio postal universal
celebrado entre España y las Colonias españolas, Alemania y los Protectorados
alemanes, los Estados Unidos de América, la República Argentina, Austria, Hungría,
Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, República de Colombia, Estado independiente
del Congo, República de Costa Rica, Dinamarca y las Colonias danesas de 1892 y al
Convenio postal hispano-americano, firmado en Madrid el 13 de noviembre de 1920.
Sin embargo, desde el Tratado de arbitraje de 1931 hasta 1950, con la excepción de la
celebración del Convenio Aéreo de 11 de diciembre de 1951, prácticamente no vuelven
a celebrarse tratados entre España y Colombia (tan sólo durante la segunda república, se
denuncia el convenio de reconocimiento de títulos universitarios y se concierta otro). Se
trata de la época de aislamiento absoluto de España. A partir de 1950 las relaciones se
reactivan. Tras la adopción en 1946 en el seno de la ONU de una Resolución
recomendando la retirada de embajadores de España, Colombia estableció su
181
Actualmente no en vigor, ya que fue denunciado en 1934.
138
representante acreditado en Madrid el 6 de mayo de 1950, merced a un acuerdo entre
ambos Gobiernos, de 26 de febrero de 1950, para elevar a la categoría de embajadores a
los respectivos representantes diplomáticos
182
.
IV. LA REACTIVACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE LAS RELACIONES
JURÍDICAS ENTRE AMBOS ESTADOS.
1. El Tratado General de Cooperación y Amistad de 1992.
El siguiente y último hito en las relaciones jurídicas entre ambos Estados lo constituye,
sin duda, la celebración del Tratado general de cooperación y amistad, el 29 de octubre
de 1992 (en vigor desde el 31 de julio de 1995). Con dos protocolos y un acuerdo
económico complementario, el Tratado general de cooperación y amistad establece un
marco general para las relaciones entre el Reino de España y la República de Colombia
elevando el nivel de la cooperación existente hasta la fecha, tan sólo canalizada a través
de Acuerdos específicos. Además, el Tratado general de cooperación se fundamenta ya
en la afirmación de valores y principios constitucionales de nítido carácter político,
como la democracia y la protección de los derechos humanos.
Este Tratado, al igual que ocurre con la generalidad de los de su especie, está
redactado con una especial solemnidad que se refleja en la existencia en su texto de
una parte que bien pudiera llamarse dogmática. En ella se enuncian los principios que
han de regir las relaciones entre ambos países, inspirados en buena medida en los
principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Además, la importancia
política del Tratado se deriva de los vínculos históricos que unen a las Partes y del
deseo de dar nuevo impulso a sus relaciones actuales, factores ambos que se
182
Tal y como se ha señalado “con motivo del llamado ‘caso español en la ONU’ Colombia fue uno de
los países que, junto con Brasil, Perú y Bolivia, presentó el 5 de mayo de 1949 una propuesta para que
quedase sin efecto la resolución de 1946 de retirada de embajadores de España. Monografía sobre la
República de Colombia, GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN 2009, p. 21.
139
mencionan en el preámbulo y sobre cuya base el nuevo Instrumento actuará a modo
de Tratado marco generador de un nuevo status de las relaciones globales:
“Reconociendo que la Conmemoración del V Centenario -Encuentro de dos
Mundos- constituye una oportunidad propicia para dar una nueva dimensión
a las relaciones bilaterales de acuerdo con la realidad que vive el mundo en
la última década del siglo XX que, sin duda, será considerada como uno de
los hitos más importantes en las relaciones internacionales; Convencidos de
la oportunidad histórica que supone la Comunidad Iberoamericana de
Naciones como proyección de futuro en el nuevo contexto internacional;
Constatando su plena coincidencia en puntos esenciales de los principios del
Derecho Internacional tales como la libre determinación de los pueblos, la no
intervención, la abstención del recurso a la amenaza o al uso de la fuerza en
las relaciones internacionales, la solución pacífica de controversias, la
igualdad soberana de los Estados y la cooperación para el desarrollo, así
como el cumplimiento, de buena fe, de los Tratados internacionales;
Reafirmando su convicción de que la plena vigencia del Estado de Derecho,
sólo es posible en condiciones socio-políticas y económicas afines con el
respeto de los Derechos Humanos, el fortalecimiento de la democracia
participativa, la observancia del principio de legalidad, enmarcado en el
respeto a la soberanía popular, y el desarrollo económico y social;
Conscientes de que las relaciones de amistad deben traducirse en el
fortalecimiento de la cooperación en todos los campos;
Considerando necesario aunar esfuerzos a nivel internacional para combatir
el terrorismo y el narcotráfico;
Reafirmando la necesidad de desarrollar esfuerzos comunes tendientes a
lograr una mayor protección y defensa del medio ambiente, sin perjuicio del
derecho a la explotación racional de los recursos naturales;
Considerando los valores que les son comunes y los orígenes históricos
compartidos; y,
Deseosos de promover el conocimiento mutuo de su cultura, la defensa del
Patrimonio Histórico de las dos naciones y el intercambio educativo a través
140
de programas de cooperación que permitan compartir experiencias, fuentes
bibliográficas y medios de formación y capacitación de recursos humanos”
El Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la
República de Colombia podrá ser objeto de concreción y desarrollo a través de
futuros Acuerdos bilaterales sectoriales o específicos. Asimismo, el Tratado
institucionaliza las relaciones bilaterales a través de una Comisión Mixta (una
Comisión de Alto Nivel) presidida por los Ministros de Asuntos Exteriores de cada
Parte, y puede ser calificado como el hito más importante, a la luz del Derecho
internacional contemporáneo, en las relaciones jurídicas entre ambos Estados.
2. Los últimos Tratados: la “multiplicación” e intensificación de las
relaciones bilaterales.
A partir de de la celebración del Tratado general de cooperación y amistad, los nexos
hispano-colombianos no han hecho sino fortalecerse a través, entre otros cauces, de la
celebración de cerca de veinte tratados internacionales. Ello sin contar los acuerdos
administrativos, celebrados al amparo de un tratado marco que le da cobertura o los
Acuerdos no normativos o memorandums de entendimiento, es decir, acuerdos de
carácter político, no generadores de obligaciones jurídicas pero que ponen de
manifiesto y concretan la voluntad política de cooperación a distintos niveles.
Cabría, por último, citar dos casos que podrían constituir la cara y la cruz de las
relaciones jurídicas entre los dos Estados. Así por una parte, la entrada en vigor del
Reglamento del Consejo de la Unión Europea
183
, por el que se establecen las listas de
terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar
las fronteras exteriores de los Estados miembros, entre cuyos nacionales se encuentra
Colombia, impuso la exigencia de visado en España a nacionales de ese país. Por ello
España para dar cumplimiento a dichas obligaciones, se vio obligada, el 8 de noviembre
183
(CE, número 539/2001, de fecha 15 de marzo de 2001).
141
de 2001 a proceder a la denuncia del Canje de Notas, de 26 de mayo de 1961, entre
España y Colombia sobre Supresión de Visados para los súbditos de ambos países.
Algunos autores, no exentos de razón, han mostrado su gran malestar respecto a la
exigencia de visado para venir a España a los ciudadanos colombianos. Exigencia que
no es requerida desde Colombia para los españoles y que conculca el principio de
reciprocidad que ha regido las relaciones entre los dos Estados
184
.
Por otra parte, el último Tratado celebrado hasta la fecha entre ambos Estados, tiene
como fin reconocer los derechos políticos de los ciudadanos de un Estado que se
encuentran residiendo en el territorio del otro. Se trata del Canje de Notas constitutivo
de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia, sobre participación
en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio
del otro, hecho en Madrid el 5 de febrero de 2009, que entró en vigor el 1 de enero de
2010
185
. Este Acuerdo (el primero firmado dentro de una suerte de “campaña” del
Gobierno de España para celebrar acuerdos de este tipo con numerosos Estados) este
viene a dar efectividad a lo previsto en el artículo 13 del Tratado General de
Cooperación y Amistad hispano colombiano, de 1992, que prevé, atendiendo al
principio de reciprocidad, que “conforme a las normas que se establezcan en un
Acuerdo complementario, los nacionales colombianos y españoles podrán votar en las
elecciones municipales del Estado en que residen y del que no son nacionales, teniendo
en cuenta lo dispuesto en la legislación de ese Estado”. Así pues este último (hasta la
fecha) celebrado entre ambos Estados vendrá a intensificar la integración social de los
ciudadanos de uno de ellos que residen en el otro. En especial, actualmente, la de los
colombianos que residen en España, ya que ha de destacarse que Colombia es uno de
los países con mayor número de nacionales residentes en España.
184
Puede verse: R. GONZÁLEZ ARANA: “La política exterior de Colombia a finales del siglo XX:
primera aproximación”. Investigación y desarrollo: revista del Centro de Investigaciones en Desarrollo
Humano, Vol. 12, Nº 2, 2004, pags. 258-285.
185
Sobre este tratado y el resto de acuerdos similares celebrados por España, véase VACAS
FERNÁNDEZ, F.: “El principio de reciprocidad como condición del reconocimiento del derecho al
sufragio de extranjeros en las elecciones municipales en España y sus implicaciones desde el Derecho
Internacional”. Revista de derecho migratorio y extranjería, Nº. 20, 2009, pags. 77-96.
142
V. CONSIDERACIONES FINALES
En resumen de todo lo examinado podemos concluir brevemente que, casi siglo y medio
desde el inicio de las relaciones jurídicas entre España y Colombia en el marco del
ordenamiento jurídico internacional como dos Estados soberanos, como dos sujetos de
Derecho internacional, ambos Estados han profundizado y consolidado sus relaciones
en todos los ámbitos. Aunque es cierto que los dos Estados se comprometieron, por
primera vez, como sujetos de derecho internacional iguales en derechos y obligaciones
mucho más tarde de lo que hubiera sido deseable, las relaciones políticas mantenidas
desde entonces, han dado como fruto una intensa cooperación en el marco del Derecho
internacional actual.
Para ambos Estados es de esencial interés la consolidación de las relaciones en el plano
político y de la cooperación desde una perspectiva multilateral. Esta última se lleva a
cabo, desde dos vertientes fundamentales, por un lado la condición de España de
Miembro de la Unión Europea y, por otro lado, desde el diálogo y la cooperación en el
espacio Iberoamericano, que España viene impulsando y promoviendo con fuerza. Pero,
sin perjuicio de lo anterior, no se puede olvidar la intensa relación bilateral en el plano
jurídico cuyos inicios conviene que tengamos presente para que esa incomunicación
inicial no vuelva a repetirse. En definitiva, no podemos mirar juntos hacia el futuro sin
recordar juntos el pasado que nos une.
BILIOGRAFÍA
BLANCO BLANCO, J.: “De la Gran Colombia a la Nueva Granada, contexto histórico
- político de la transición constitucional”. Revista Prolegómenos. Derechos y Valores de
la Facultad de Derecho, Vol. 10, Nº. 20, 2007, Págs. 71-87.
DELGADO CANTÚ, G. M: El mundo moderno y contemporáneo I. De la era moderna
al siglo imperialista. Pearson, México, 2005 5ª Ed.
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diseño de un nuevo componente de la política exterior española”. Quórum: Revista de
pensamiento iberoamericano, Nº 19, 2008, Págs. 56-63.
DIAZ BARRADO, C. M.: “La política exterior de España en el espacio iberoamericano
2004-2007: elementos de permanencia y cambio”. Cuadernos de estrategia, Nº. 136,
143
2007 (Ejemplar dedicado a: Iberoamérica: nuevas coordenadas, nuevas oportunidades,
grandes desafíos), Págs. 123-151
DÍAZ BARRADO, C. M, FERNÁNDEZ LIESA C. R. Y ZAPATERO MIGUEL, P.
(Eds): Perspectivas sobre las relaciones entre la Unión Europea y América Latina.
Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 2008.
ESCOBEDO MANSILLA, R.: “Las reformas de Carlos III y la reestructuraciónde la
Hacienda americana” Quinto centenario, Nº 8, 1985 , Págs. 61-82.
LYNCH, J.: Simón Bolívar, Crítica, Barcelona, 2010.
OSPINA SÁNCHEZ, G.I.: La política internacional de la Gran Colombia: sus
negociaciones con España”; Quinto centenario, Nº 14, 1988, Págs. 119-166.
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esperanzas a notables contradicciones y grandes frustraciones”. América latina hoy:
Revista de ciencias sociales, VOL. 31, 2002, Págs. 33-61.
VACAS FERNÁNDEZ, F.: “El principio de reciprocidad como condición del
reconocimiento del derecho al sufragio de extranjeros en las elecciones municipales en
España y sus implicaciones desde el Derecho Internacional”. Revista de derecho
migratorio y extranjería, Nº. 20, 2009, Págs. 77-96.
VACAS FERNÁNDEZ, F.: “La aplicación por España de tratados sucesivos y de la
cláusula de nación más favorecida en materia migratoria: el asunto Uruguay”. Revista
española de derecho internacional, Vol. 59, Nº 2, 2007, Págs. 665-679.
... A principios de 1886, España ofreció su mediación extraoficialmente. El país ibérico procuraba recuperar los vínculos con sus excolonias 14 y, en 1881, ya había firmado un Tratado de paz y amistad con Colombia, reconociendo su independencia (Núñez, 2010;Fazio, 2019: 279). EUA quería que la disputa se resolviera cuanto antes para evitar que Italia interfiriera en Colombia, perteneciente a su esfera de influencia en virtud de la Doctrina Monroe y del Tratado Bidlack-Mallarino (Tamburini, 2000: 713). ...
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El caso Cerruti (1885–1911) se origina en una guerra civil, cuando Colombia aún es una federación, pero la contienda confirma a los centralistas (liberales independientes y conservadores) en el poder, al sofocar una rebelión de los liberales radicales. El Estado Soberano del Cauca expropia los bienes del empresario italiano Ernesto Cerruti, acusado de financiar y abastecer a los rebeldes, y los de la sociedad E. Cerruti y Co. son embargados. El Gobierno central, en cambio, califica estas medidas como ilegales y - cediendo a la diplomacia de cañoneras, desplegada por Italia para proteger a Cerruti y lograr su indemnización - acepta dos arbitrajes internacionales. El laudo del presidente estadounidense Cleveland, emitido en 1897, perjudica a Colombia aún más que el dictamen del mediador español Moret, formulado un decenio antes. El sesgo de Cleveland se atribuye a la temprana oposición estadounidense a la Doctrina Calvo. Por largas décadas, el arbitraje internacional queda descartado en Colombia, debido al uso de este escudo jurídico-político de la soberanía económica.
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El “caso Cerruti” fue un conflicto diplomático que, a finales del siglo XIX, involucró a Colombia, Italia, Francia, España y EE.UU. Por medio de la biografía de Ernesto Cerruti y de la relación “micro”/“macro”, se ilustrarán problemas históricos de gran envergadura en los finales del siglo XIX, tales como la consolidación del Estado Nacional, del sistema internacional moderno, del comercio y del sistema financiero internacional, imperialismo y las migraciones. El objetivo final de este artículo consiste en mostrar cómo a través de una biografía pueden examinarse amplias cuestiones históricas, cómo lo “micro” se relaciona con lo “macro,” cómo opera la historia conectada, cómo la historiografía contemporánea permite una lectura diferente del pasado y qué se entiende por un estudio multinivel.
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En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Colombia y de las reflexiones actuales en torno al tema del posconflicto, el propósito de este artículo de investigación se enfoca en analizar, mediante una metodología cualitativa, los acercamientos realizados entre 1820 y 1822 por el Gobierno de la Gran Colombia con miras a firmar un tratado de paz con España luego de suscrito el armisticio de Trujillo, con el cual se pusiera fin a las guerras de Independencia. No hay duda de que el Gobierno republicano, a pesar de sus vacilaciones, fue mucho más insistente en su proyecto de paz, para lo cual desplegó no una sino varias propuestas, algunas de ellas ciertamente generosas. En contraste, España se empecinó en una actitud intransigente, mostrándose todavía reacia a aceptar una nueva realidad política, lo que en últimas le acarreó la pérdida de los dominios americanos. A pesar de las dificultades, estos intentos de reconciliación constituyeron un referente de reconciliación latinoamericana ante el mundo.
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El presente ensayo intenta hacer un apretado resumen del caso del galeón “San José” y de sus muchas veces aplazado rescate del fondo de mar. En ese orden de ideas, se revisa la posición conceptual que el gobierno colombiano ha adoptado a lo largo de los años en desarrollo de su legislación interna y su política exterior y de conformidad, con su derecho interno y con el derecho internacional.
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El contexto político de la transición constitucional entre la Gran Colombia y la Nueva Granada estuvo marcado por tendencias asociadas con Simón Bolívar, de una parte, y Francisco de Paula Santander, por otra. Las diferencias tuvieron que ver con la forma de administrar el Estado. El centralismo frente al federalismo, el militarismo frente al civilismo, el modelo inglés frente al originado por una estrecha unión americana, el gobierno representativo frente al gobierno central concentrado, el derecho a elegir y ser elegido frente al carácter vitalicio y hereditario del poder, son algunas de los temas que generaron discusiones políticas internas en los primeros años de república. Entre las consecuencias más duraderas derivadas de este período son un Estado afectado por múltiples inconvenientes en su conformación y un cuerpo de nación tardíamente pensado.
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RESUMEN: El autor generaliza, a partir del caso colombiano y cubano, las dificultades y contradicciones de la política exterior común europea, salvo cuando sus acciones políticas se dirigen hacia América Latina, y cuando el eje de una decisión está orientada hacia una postura errónea de Estados Unidos, especialmente si es perjudicial para los intereses colectivos de la Unión Europea y/o de alguno de los Estados miembros. A su vez, bajo el marco de las relaciones internacionales, describe los retos políticos a los que se enfrentan estos países: transición y consolidación de la democracia, respectivamente.ABSTRACT: The author generalizes, from the cases of Colombia and Cuba, the difficulties and contradictions of Europe’s common foreign policy, except when its political actions are directed toward Latin America and when the axis of a decision is oriented towards an erroneous posture of the United States, especially if it is prejudicial for the collective interests of the European Union and/or some of its member States. At the same time, within a framework of international relations, the paper describes the political challenges that these countries face: democratic transition and consolidation, respectively.
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Obra en dos volúmenes que cubre la historia de la humanidad desde el surgimiento de la modernidad, marcada por el Renacimiento (siglo XV) y la formación del Estado-nación, hasta los años de la posguerra fría, la globalización y la posmodernidad. El presente volumen se aborda la historia desde el Renacimiento en el mundo occidental, en el mundo asiático los imperios chino, japonés, el otomano y la India y el Imperio Mongol; la era del absolutismo monárquico en Europa, la Revolución industrial y la era napoleónica.
La posición de España en el espacio latinoamericano: el diseño de un nuevo componente de la política exterior española " . Quórum: Revista de pensamiento iberoamericano
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DIAZ BARRADO, C. M.: " La posición de España en el espacio latinoamericano: el diseño de un nuevo componente de la política exterior española ". Quórum: Revista de pensamiento iberoamericano, Nº 19, 2008, Págs. 56-63.
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VACAS FERNÁNDEZ, F.: " El principio de reciprocidad como condición del reconocimiento del derecho al sufragio de extranjeros en las elecciones municipales en España y sus implicaciones desde el Derecho Internacional ". Revista de derecho migratorio y extranjería, Nº. 20, 2009, Págs. 77-96.
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  • F Vacas Fernández
VACAS FERNÁNDEZ, F.: "La aplicación por España de tratados sucesivos y de la cláusula de nación más favorecida en materia migratoria: el asunto Uruguay". Revista española de derecho internacional, Vol. 59, Nº 2, 2007, Págs. 665-679.
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VACAS FERNÁNDEZ, F.: "El principio de reciprocidad como condición del reconocimiento del derecho al sufragio de extranjeros en las elecciones municipales en España y sus implicaciones desde el Derecho Internacional". Revista de derecho migratorio y extranjería, Nº. 20, 2009, Págs. 77-96.