(PDF) Desmovilización - desarme - grupos paramilitares

desarme, desmovilización y reinserción

de los grupos de autodefensa en Colombia:

Una mirada cruzada sobre Centroamérica”

“Los procesos de

Los procesos de

desarme, desmovilización y reinserción

de los grupos de autodefensa en Colombia:

Una mirada cruzada sobre Centroamérica

Francisco Santos Calderón

Vicepresidente de la República

Carlos Franco

Director del Programa Presidencial de

Derechos Humanos y DIH

Vicepresidencia de la República

Tomás Concha Sánz

Coordinador Área de Políticas

Programa Presidencial de

Derechos Humanos y DIH

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Anne-Sylvie Linder

Viviana Bolívar Bautista

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Observatorio de Derechos Humanos y DIH

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Contenido

Introducción 7

La difícil caracterización de los

movimientos de autodefensa 15

A. Reflexión itinerante sobre la noción

de autodefensas 16

B. La gestación de los grupos de autodefensa

en Colombia 26

C. La expansión de las organizaciones

de autodefensa en Colombia 30

El caleidoscopio de la democracia,

la seguridad y la paz 39

A- Los desafíos de la democracia en tiempos

de negociaciones de paz 39

B- Las dimensiones de la “seguridad

democrática” 47

C- Las secuencias de los diálogos de

paz en Colombia 51

1

2

Contenido

El desarme, la desmovilización y la

reinserción (DD&R): entre complementariedad

y desencuentros 59

A- Consideraciones generales sobre los

procesos de DD&R 60

B – Los riesgos de los procesos de DD&R

sobre la seguridad 63

C- Institucionalización y reglamentación

de las actividades de DD&R en Colombia 69

D- Nuevas manifestaciones de violencia 79

Conclusión 85

3

Introducción

Pese a distintas iniciativas que han facilitado el retorno a la vida civil de com-

batientes al margen de la ley, no se ha encontrado en Colombia una solución

política integral a la confrontación armada, como sucedió en países del África

subsahariana y Centroamérica, al salir del antagonismo “este-oeste”1. Por el

contrario, las dinámicas de la misma se han propagado a una escala sin prece-

dentes, con implicaciones internacionales, durante la mayor parte de las tres

últimas décadas2.

Se recordará que, en los años 1960, cuando se constituyeron los primeros fren-

tes de la insurgencia, comúnmente denominados “guerrillas”, las hostilidades

se concentraban en zonas rurales poco desarrolladas. Las guerrillas conocieron

entonces divergencias internas sobre los modelos de lucha a adoptar, en reso-

nancia con otras protestas y rebeliones armadas en América Latina3. Aislados,

los guerrilleros sufrieron varias derrotas militares, lo cual conllevó a pensar que

no estaban en condiciones para amenazar la institucionalidad del país.

Ahora bien, a finales de los años 1970, la configuración y el “horizonte de

expectativas”4 de la insurgencia empezaron a transformarse. Las guerrillas

1 La firma de la paz no significa siempre el cese de la violencia. El período post-acuerdos puede

ser propicio a la conformación o la recomposición de bandas armadas como se demostrará en la

investigación. Para una introducción al tema, ver por ejemplo Paul Richards (editor), No peace, no

war: an anthropology of contemporary armed conflicts, Athens (Ohio), Oxford University Press,

2005. Para América Latina, ver Dennis Rodgers, “Slum wars of the 21st Century: the new geo-

graphy of conflict in Central America”, Crisis States Programme Working Papers, n°10, London

School of Economics, febrero de 2007.

2 Sobre las evoluciones de la confrontación, ver Camilo Echandía Castilla, Dos décadas de es-

calamiento del conflicto armado en Colombia, 1986-2006, Bogotá, Universidad Externado

de Colombia, 2006 y los informes periódicos realizados por el equipo de investigación del

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional

Humanitario de la Vicepresidencia de la República. Documentos disponibles en: www.derechos-

humanos.gov.co.

3 Ver el trabajo clásico de Timothy P. Wickham-Crowley, Guerrillas and revolution in Latin

America: a comparative study of insurgents and regimes since 1956, Princeton, Princeton

University Press, 1992.

4 Noción desarrollada por Reinhart Koselleck, Futuro pasado: para una semántica de los tiempos

históricos, Barcelona, Editorial Paidós, 1993.

8

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

instituidas en aquel período entraron en

competencia con los grupos creados ante-

riormente, que alcanzaron a reestructurar-

se5, mientras la bonanza marimbera y el

comienzo del narcotráfico ofrecían nuevas

posibilidades de financiación. Las faccio-

nes más antiguas renunciaron a algunos

preceptos, manteniéndose dentro de una

línea de izquierda armada, por imprecisa

que pueda ser la expresión6. Según los ca-

sos, se afianzaron o ratificaron estrategias

ofensivas con ideales como la toma del po-

der, la movilización popular y el anhelo de

reformas7.

A lo largo de los años 1980 y 1990, se afir-

maron intereses y preocupaciones más con-

tingentes. Es así como los insurgentes se

desplegaron de manera discontinua sobre

el territorio nacional y áreas fronterizas,

con el propósito de incrementar sus capaci-

dades de maniobra y desestabilización. Los

cabecillas de la guerrilla procuraron tam-

bién fortalecer la disciplina y la cohesión

ante los riesgos de una fragmentación de

las columnas8. Sobre todo, la búsqueda de

apoyos y recursos económicos se convirtió

en un imperativo en la perspectiva de una

lucha armada prolongada.

5 Sólo se hace referencia a los tres principales grupos

creados en los años 1960 - el Ejército de Liberación

Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL)

y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

(Farc), los cuales fueron posteriormente desafiados

por el Movimiento 19 de Abril (M.19), entre otros.

6 Además de presentar diferencias de una guerri-

lla a otra, convendría preguntarse en qué medida

las dimensiones ideológicas siguen permeando lo

cotidiano de las facciones después de décadas de

confrontación.

7 Para mayores desarrollos, ver Eduardo Pizarro

Leongómez, Insurgencia sin revolución: la guerrilla

colombiana en una perspectiva comparada, Bogotá,

Tercer Mundo Editores/IEPRI, 1996.

8 Daniel Pécaut, “Las Farc: fuentes de su longevidad y

de la conservación de su cohesión”, Análisis Político,

No.68, mayo-agosto de 2008, pp. 22 a 50, proporcio-

na elementos que explican la unidad de la guerrilla

más poderosa - las Farc - aunque varios de sus frentes

han sido recientemente diezmados por las operacio-

nes de las Fuerzas Armadas, generando problemas

de abastecimiento, comunicación e insubordinación,

junto con fenómenos de deserción.

Por consiguiente, se asistió a una sucesión

de cambios en el panorama de la violencia.

Se recrudecieron, en especial, las fricciones

entre la insurgencia y las tropas regulares,

que fueron objeto de contundentes ataques

y perdieron credibilidad ante la opinión en

la segunda mitad de los años 19909.

No obstante, las guerrillas no lograron con-

formar un bloque homogéneo y superar las

rivalidades que se acompañaron, incluso,

de enfrentamientos. Adicionalmente, no se

construyeron discursos e imaginarios sus-

ceptibles de provocar un levantamiento ma-

sivo y la influencia ejercida en los munici-

pios tampoco fue capitalizada en términos

de legitimidad política. De tal manera que

la insurgencia se encerró de facto en una si-

tuación de “no revolución”10, propicia a múl-

tiples exacciones (asesinatos, secuestros y

hurtos, entre otros), las cuales hacen difícil

interpretar la violencia en una sola trama

socio-histórica11.

Hasta principios de los años 2000, la so-

ciedad se deslizó con matices regionales

hacia un clima de inseguridad y terror, que

9 Sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el país,

ver Francisco Leal Buitrago, La seguridad nacional

a la deriva: del Frente Nacional a la posguerra fría,

Bogotá, Alfaomega-Universidad de los Andes-FLACSO,

2002.

10 Si bien es cierto que la literatura ha hecho hincapié

en los proyectos de las guerrillas, pocos analistas han

reflexionado con detenimiento sobre las causas de

la “no revolución” en el país. Entre otros elementos,

sería interesante tener en consideración la intensi-

ficación de las violencias contra los civiles, quienes

se han distanciado de los alzados en armas; la falta

de carisma, y a veces el mutismo, de los jefes de las

facciones que no han conseguido avivar o recuperar

el descontento de la sociedad; el desfase entre los

planes de los insurgentes y las aspiraciones de la po-

blación; la acumulación de recursos que ha tenido un

efecto de evicción sobre las dimensiones políticas de

la contienda; y las debilidades militares de los fren-

tes, que durante años, dieron la impresión de tener

la capacidad para sostener una confrontación directa

con el Estado y pasar a una ofensiva general con una

voluntad de toma del poder. Para una aproximación

al tema, ver Eduardo Pizarro Leongómez, Insurgencia

sin revolución: la guerrilla colombiana en una pers-

pectiva comparada, op. cit.

11 Para una visión amplia de los estudios sobre la vio-

lencia, ver Gonzalo Sánchez & Ricardo Peñaranda

(compiladores), Pasado y presente de la violencia en

Colombia, Bogotá, La Carreta Editores, 2007.

9

fomentó el surgimiento de movimientos de

“autodefensa” hoy catalogados como “para-

militares”. Asimismo, éstos impusieron ló-

gicas de control de tipo “amigo-enemigo” a

la población que se volvió paulatinamente

blanco de los actores armados.

Aunque se evidenciaron vínculos esporádi-

cos con miembros del Estado, las autodefen-

sas no deben ser simplemente vistas como

agentes supeditados a los imperativos de la

lucha contrainsurgente. El conjunto de los

servicios del Estado, que constituye un apa-

rato de una gran disparidad12, tampoco ha

sido implicado en una estrategia de apoyo

sistemático a los grupos de autodefensa.

En efecto, las alianzas, que se pactaron a

menudo en secreto, dieron lugar a resis-

tencias, discrepancias y rupturas. Sobre

todo, las autodefensas experimentaron

una expansión que, si bien en cierta medi-

da pudo ser tolerada o instrumentalizada,

se tornó desafiante para las autoridades en

la década de 1990.

Además de oponerse a la insurgencia, las

organizaciones al margen de la ley siguie-

ron trayectorias fluctuantes, beneficiándose

de diversas fuentes de ingreso y respaldo.

Es así como se apropiaron de bienes y nego-

cios de diferente naturaleza e intervinieron

en la regulación de los asuntos públicos y

privados en numerosas localidades.

En estas circunstancias, resultó sorprenden-

te la decisión, concertada por los diferentes

grupos de autodefensa, de entablar con-

versaciones de paz. Los diálogos llevados

a cabo a raíz de la elección de Álvaro Uribe

Vélez a la Presidencia de la República en

12 Joel S. Migdal, State in society. Studying how states

and societies transform and constitute one another,

Cambridge, Cambridge University Press, 2001, re-

cuerda que es una ilusión pensar que los Estados son

entes homogéneos.

200213 e impulsada por el Gobierno, conlle-

varon oficialmente a la desarticulación de la

casi totalidad de los movimientos - a saber

31.671 alzados en armas - entre los años

2003 y 200614.

La conclusión de las discusiones de paz y el

inicio consecutivo de los programas de des-

arme, desmovilización y reinserción (DD&R)

han marcado indudablemente un punto de

inflexión en el desarrollo de la confrontación

armada. Sin embargo, se registran todavía

combates entre las fuerzas del Estado y los

reductos de guerrilla más radicales y parti-

darios de la vía armada15. Paralelamente, al-

gunos integrantes de las autodefensas han

contribuido a una violencia post-acuerdos,

con la formación de algunas “bandas emer-

gentes”, cuyas actividades colindan con el

narcotráfico y la delincuencia común.

En el plano político, se han agudizado los

debates sobre los alcances de las negocia-

ciones, en un momento en que algunos con-

gresistas y gobernadores, están siendo in-

vestigados por haber tenido presuntamente

nexos con los movimientos de autodefen-

sa16. Además, los observadores han especu-

lado sobre las razones que favorecieron los

diálogos con las autodefensas, en contraste

con la intensificación de las operaciones mi-

litares dirigidas contra la insurgencia, como

13 El candidato Álvaro Uribe fue elegido por sufragio

universal directo en 2002 para cuatro años. Mediante

una reforma de la Constitución de 1991, declarada

exequible por la Corte Constitucional, el presidente

se postuló a un segundo mandato consecutivo en

los comicios organizados en mayo del año 2006, sa-

liendo en la primera vuelta con 62,2% de la votación

(con un nivel de participación electoral estimado en

45,34%).

14 No se incluyen aquí las cifras relativas a las desmo-

vilizaciones individuales entre las autodefensas: unos

15.000 combatientes y auxiliares, según los datos

comunicados por el Estado.

15 Según testimonios concordantes, la cúpula de la

organización habría ordenado la muerte de los gue-

rrilleros desmovilizados por traición a la causa re-

volucionaria, mientras que el gobierno nacional los

considera como “desertores”.

16 Sobre este polémico tema, ver la investigación publi-

cada por la Corporación Nuevo Arco Iris, Parapolítica:

La ruta de la expansión paramilitar y de los acuerdos

políticos, Bogotá, Corporación Nuevo Arco Iris, 2008.

10

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

consecuencia de la política de seguridad

impulsada por la administración de Álvaro

Uribe Vélez.

Más específicamente, las garantías mate-

riales y penales otorgadas a los miembros

de las autodefensas, al amparo de la ley de

“Justicia y Paz”, han despertado una serie

de críticas e interrogantes. En un sentido

similar, el desmantelamiento y la reincor-

poración de éstos han sido motivo de pre-

ocupación, puesto que una proporción sig-

nificativa de sus integrantes (alrededor de

5.000)17 han retomado - o quizás nunca ha-

yan abandonado - las armas.

La coyuntura ha sido también la oportuni-

dad de una reflexión acerca de los temas

sensibles de la memoria y la reconciliación,

al abrirse espacios de interlocución con las

víctimas de la contienda18, que han carecido

históricamente de visibilidad.

En muchas oportunidades, la paz ha servido

de armazón teórico o telón de fondo a las

discusiones. Ahora bien, parece apresurado

pretender que Colombia está ineluctable-

mente encaminada hacia un escenario post-

bélico. Los avances realizados para hallar

una salida negociada a la lucha armada no

pueden ocultar los factores de inestabilidad

e incertidumbre, ocasionados por la persis-

tencia de núcleos de guerrilla y las mutacio-

nes de algunos grupos de autodefensa en

“bandas emergentes”.

Se mencionará igualmente que los lazos de

solidaridad y los fundamentos de la comu-

nidad nacional, tradicionalmente descritos

como precarios19, quedan fragilizados por

las manifestaciones pasadas y actuales de

la confrontación.

17 Según la Alta Consejería para la Reintegración. Se ha-

bla exactamente de una cifra de 4.731. Ver El Tiempo,

13 de febrero de 2007.

18 Gonzalo Sánchez, “Tiempos de memoria, tiempos

de verdad”, Análisis Político, No.68, mayo-agosto de

2008, pp. 03 a 21.

19 Ver los planteamientos del historiador David Bushnell,

Colombia: una nación a pesar de sí misma, Bogotá,

Editorial Planeta, 1996.

En efecto, los mecanismos de participación

y protección de los ciudadanos, así como

las libertades básicas, han sido vulnerados

con frecuencia. La inseguridad y el terror

han instaurado un clima de desconfianza y

ley del silencio que prevalecen a veces años

después de los acontecimientos violentos.

Consecuentemente, se han generado trau-

mas y peticiones entre la población, que

comienzan apenas a ser escuchados y aten-

didos más allá del ámbito privado.

Por lo anterior, el proyecto de DD&R ade-

lantado con las autodefensas constituyen

un inmenso desafío, no sólo para el Estado,

sino también para amplios sectores de la so-

ciedad, los cuáles han sido afectados por la

violencia con una intensidad variable, con-

servando siempre medios y márgenes de

acción para desenvolverse en el entorno.

De hecho, Colombia no es equiparable a

una extensa “zona gris”20, es decir un vacío

de poder institucional donde predomina-

rían las organizaciones criminales. El país

tampoco ha cedido a la tentación de las dic-

taduras que fueron recurrentes en el siglo

XX en América Latina, a excepción de la pre-

sidencia del General Gustavo Rojas Pinilla

(1953-1957), quien gobernó en la época de

“la Violencia”21 con el consentimiento de una

fracción importante de las élites civiles.

Lejos de ser inerte o cerrada, la arena políti-

ca se ha renovado dentro de una línea plura-

lista desde los años 1980 y la promulgación

de la Constitución de 1991. Esta tendencia

ha tenido como corolario una erosión del

bipartidismo tradicional entre conserva-

dores y liberales22. De allí se desprenden

20 Sobre los usos de la noción según el sentido mencio-

nado, ver Pierre Pascallon (editor), Les zones grises

dans le monde d’aujourd'hui: le non-droit gangrène-t-

il la planète?, París, L’Harmattan, 2006.

21 Más adelante en el texto, el lector encontrará ele-

mentos de bibliografía sobre esta tumultuosa época.

22 Para un balance histórico de los partidos políticos

en Colombia desde los años 1950, ver Francisco

Gutiérrez Sanín, ¿Lo que el viento se llevó? Los parti-

dos y la democracia en Colombia, 1958-2002, Bogotá,

Grupo Editorial Norma, 2007.

11

las interpretaciones discordantes sobre el

régimen que ha sido analizado como una

democracia “restringida”23 y/o “asediada”24,

por ejemplo.

En el marco socio-económico, la moderniza-

ción de Colombia ha progresado a grandes

pasos, no sin retrocesos y tensiones, apar-

tándose de la imagen de un país preindus-

trial, arraigado en cuestiones agrarias25.

Así, los fenómenos de urbanización han

conducido a un reordenamiento del mundo

rural. La liberalización abrupta de los mer-

cados ha agravado las desigualdades y los

sentimientos de frustración, a medida que

se han modificado los hábitos de consumo.

De otro lado, la apertura internacional ha

coincidido con el crecimiento de comercios

ilícitos que han estimulado la circulación de

dinero y las interacciones entre protagonis-

tas heterogéneos.

Estos parámetros son imprescindibles para

comprender las dimensiones de la contien-

da armada26 y, en particular, las etapas de

gestación y consolidación de las autodefen-

sas, que fueron debilitadas por divisiones

crónicas antes de desmembrarse.

A continuación, el análisis se centrará ex-

clusivamente en la fase de dislocación de

las organizaciones de autodefensa, que

siguió los acuerdos suscritos con el go-

bierno de Álvaro Uribe Vélez, para pro-

poner una evaluación provisional de los

23 Pedro Medellín Torres (compilador), La Reforma del

Estado en América Latina, Bogotá, Fescol, 1989.

24 Eduardo Pizarro Leongómez, Una democracia asedia-

da: balance y perspectivas del conflicto armado en

Colombia, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2004.

25 Tesis defendida por Alvin Toffler, “Colombia está en

el pasado”, Semana, 25 de enero, 1999. En comple-

mento, se puede consultar Alvin & Heidi Toffler, Las

guerras del futuro: la supervivencia en el alba del si-

glo XXI, Barcelona, Plaza y Janes Editores, 1994.

26 En el caso de Centroamérica, Gilles Bataillon, Genèse

des guerres internes en Amérique Centrale, 1960-

1983, París, Les Belles Lettres, 2003, pp. 143 a 156,

demuestra que la violencia se desarrolló también en

un ambiente de modernización.

mecanismos colectivos de DD&R27 entre

los años 2003 y 2007.

La intención aquí no es hacer un balance

detallado de los procesos de DD&R, apre-

hendidos en todas sus dimensiones cultu-

rales, socio-económicas y psicológicas, sino

identificar unos factores de riesgo para la

estabilidad del país en los post-acuerdos en

relación con la seguridad y la paz, que han

sido dos de las principales prioridades de la

Presidencia actual.

Se privilegiará un enfoque comparativo con

América Central, cuya historia reciente ha

sido marcada por los sobresaltos de la gue-

rra, y una subsiguiente búsqueda de la paz,

en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

En los tres países mencionados, se manifes-

taron distintos movimientos armados, bien

sean legales o extra-oficiales, en respuesta

al crecimiento de las guerrillas entre las dé-

cadas de 1960 y 1990. Aunque la natura-

leza de estas facciones fue disímil y varios

de sus miembros no fueron incluidos en los

procesos de negociación que se presentaron

en estos países, los escenarios centroameri-

canos son la oportunidad de aprehender las

iniciativas de paz con las autodefensas en

Colombia28 en una perspectiva hemisférica.

En discrepancia con la situación colombia-

na, los conflictos en Centroamérica, que se

vieron influenciados por el juego geopolítico

“este-oeste”, fueron consecutivos o concomi-

tantes a regímenes militares autoritarios, de

tal manera que los acuerdos firmados entre

los beligerantes se enmarcaron en una do-

ble transición hacia la paz y la democracia,

27 Para un análisis de las desmovilizaciones individua-

les, ver Juan Carlos Garzón, Julián Arévalo & Paola

González, “Desmovilizaciones individuales: las incer-

tidumbres de la guerra y las limitaciones de la paz”,

Coyuntura de Seguridad, Fundación Seguridad y

Democracia, No. 9, abril-junio de 2005.

28 Ver el libro de Carlo Nasi, Cuando callan los fusi-

les. Impacto de la paz negociada en Colombia y

Centroamérica, Bogotá, CESO-Universidad de los

Andes, Grupo Editorial Norma, 2007.

12

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

mediante una fuerte participación de la co-

munidad internacional.

Estas transiciones en América Central se

acompañaron también de ambiciosos pro-

yectos de DD&R de las tropas regulares, de

los guerrilleros y/o facciones anti-insurgen-

tes calificadas como “Contra”, “escuadrones

de la muerte” y “Patrullas de Autodefensa

Civil” (Pac), entre otras apelaciones.

Ante la complejidad de estas organizacio-

nes armadas, se hace necesario partir de

algunas consideraciones generales sobre la

noción de autodefensas que será leída en

interfaz con el paramilitarismo. En segun-

da instancia, se propondrá una reflexión

acerca de la paz en un ambiente de de-

mocratización que presenta divergencias

notorias entre Colombia y Centroamérica.

Por último, la investigación versará sobre

las experiencias de DD&R, inauguradas en

los años 1990 en el istmo centroamerica-

no, las cuales se han vuelto unas de las

piedras angulares de la política de Álvaro

Uribe Vélez.

Desde un punto de vista metodológico, el

estudio se inspirará de los aportes de la

“historia cruzada”29, que tiene la ventaja

de contemplar problemáticas transversales

y aproximar contextos (sub-)nacionales a

priori lejanos, sin necesariamente ahondar

en comparaciones detalladas.

29 Metodología derivada de los estudios adelantados en

diferentes disciplinas (historia, sociología, ciencia po-

lítica, etc.) a partir de los años 1990. Michael Werner &

Bénédicte Zimmermann (editores), De la comparaison

à l’histoire croisée, París, Éditions du Seuil, 2004.

El escalamiento de la lucha armada en Colombia,

perceptible desde los años 1980, ha suscitado una

creciente atención que se ha traducido en innumerables

análisis, comentarios y discursos.

1La difícil

caracterización de

los movimientos de

autodefensa

El escalamiento de la lucha armada en Colombia, perceptible desde los años

1980, ha suscitado una creciente atención que se ha traducido en innumerables

análisis, comentarios y discursos.

Sólo se subrayará que la situación de violencia ha dado pie a controversias para

determinar si existe o no un conflicto, entendido como sinónimo de guerra30. De

manera más puntual, se ha evocado, con cierta confusión, una “balcanización”

y una “vietnamización” del país por la atomización de los enfrentamientos y el

protagonismo de los Estados Unidos en los asuntos militares y la erradicación

de los cultivos ilícitos. Por otra parte, el léxico asociado a los actores ilegales no

ha dejado de diversificarse. Por ejemplo, la identidad de los jefes de las faccio-

nes ha sido constantemente velada o distorsionada por la adopción de alias y

apodos31. También se ha acudido a expresiones como “señores de la guerra”32,

ante todo para designar a los grupos de autodefensa33.

30 Ver los argumentos avanzados por José Obdulio Gaviria, Sofismas del terrorismo en

Colombia, Bogotá, Editorial Planeta, 2005, y la posición de diferentes autores en el libro del

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Nuestra guerra sin nombre.

Transformaciones del conflicto en Colombia, Bogotá, IEPRI-Grupo Editorial Norma, 2006.

31 Orlando Villanueva Martínez, Guerrilleros y bandidos. Alias y apodos de la violencia en Colombia,

Bogotá, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2007.

32 Roland Marchal, “Conclusion”, en Pierre Hassner & Roland Marchal (editores), Guerres et socié-

tés: État et violence après la guerre froide, París, Éditions Khartala, 2004, pp. 571 a 608 critica

el uso reiterado de la expresión en los escenarios de violencia actuales.

33 Gustavo Duncan, en Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en

Colombia, Bogotá, Editorial Planeta, 2006, propone un análisis interesante de los grupos arma-

dos enfrentados a las guerrillas en Colombia.

16

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

Esta inflación lingüística, y por ende semán-

tica, ilustra tanto las posibilidades como

las dificultades para aprehender a los mo-

vimientos de autodefensa, que tienden, por

comodidad, a ser llamados “paramilitares”

en lo cotidiano.

Aunque sean usuales, ambas palabras re-

velan ser polisémicas, más aún cuando se

tienen en cuenta otras situaciones conflicti-

vas, donde se enlazan en múltiples “juegos

de lenguaje”34 con ocurrencias cercanas,

como “milicias”, “brigadas”, “escuadrones”,

“patrullas” y “rondas”.

La falta de definiciones consensuales y las

imprecisiones del vocabulario no impiden

caracterizar a las autodefensas y los para-

militares. No se trata aquí de hacer largos

relatos, ni una taxonomía de las organiza-

ciones con “tipos ideales”35. Por lo tanto, el

estudio partirá de un caso paradigmático, la

Alemania de las primeras décadas del siglo

XX, para proponer una reflexión itinerante,

y finalmente exploratoria, sobre las dos no-

ciones que han sido empleadas, no siempre

de manera concomitante en diferentes cír-

culos (académicos, periodísticos e institu-

cionales, entre otros) en América Latina36.

Aparentemente, fueron periodistas britá-

nicos, quienes acuñaron el calificativo de

34 Para acoger la fórmula consagrada en los estudios so-

bre el lenguaje. Ludwig Wittgenstein, Investigaciones

Filosóficas, México/Barcelona, Universidad Nacional

Autónoma de México/Editorial Crítica, 1988 [trad.].

35 Sobre el concepto, ver la obra de Max Weber, Essais

sur la théorie de la science, París, Presses Pocket,

1992, [trad.], pp. 172-173.

36 No se hará referencia a las unidades legales (con

rasgos de fuerzas militares y policías), consideradas

como paramilitares, directamente integradas a las

estructuras oficiales, como ocurre en algunos países

fuera del sub-continente latinoamericano (Canadá,

Estados Unidos, Gran Bretaña, entre otros).

paramilitar37 entre las dos guerras mundiales38

para referirse a los grupos armados que se

diseminaron en Alemania, bajo diferentes

denominaciones39, como auxiliares, sustitu-

tos o adversarios de los contingentes arma-

dos del Estado.

Las explicaciones sobre la eclosión del para-

militarismo suelen destacar la importancia

del Tratado de Versalles (1919), que obli-

gó a la joven República de Weimar a redu-

cir drásticamente su aparato coercitivo, en

tiempos de crisis política, socio-económica

y moral, para intentar evitar el estallido de

un conflicto en el futuro.

En este caso, muchas facciones paramilita-

res crecieron originalmente con la complici-

dad de los servicios estatales y adquirieron

rasgos análogos a las fuerzas regulares en

declive (armamento, disciplina y entrena-

miento). Contaron igualmente con la llega-

da masiva de soldados desmovilizados40,

que asumieron varias funciones ante los fe-

nómenos de desorden e inseguridad41, tales

como guardias civiles, comités de vigilancia y

justicia42 y brazos armados de los partidos43.

37 Antes, los observadores hablaban en particular de

organizaciones “casi-militares” o “proto-militares”.

38 Rod Paschall, “Paramilitary forces”, International

Military and Defense Encyclopedia, Londres, Brassey’s

Press, 1993, pp. 2104 a 2107.

39 Conviene anotar que la noción de autodefensas ha

sido menos usual en la literatura sobre la época.

40 Richard Bessell, Germany after the first world war,

Nueva York, Oxford University Press, 1993.

41 Estas funciones explican, en parte, por qué una plu-

ralidad de palabras - milicias, guardias y brigadas,

por ejemplo - pueden ser utilizadas como sinónimos

de paramilitares.

42 Arthur D. Brenner, “Feme murder: Paramilitary ‘self-

justice’ in Weimar Germany”, en Bruce B. Campbell

& Arthur D. Brenner (editores), Death squads in glo-

bal perspective: murder with deniability, Nueva York,

Palgrave Macmillan, 2002, pp. 57 a 83.

43 Pamela E. Swett, Neighbors and enemies: the cultu-

re of radicalism in Berlin, 1929-1933, Cambridge,

Cambridge University Press, 2004.

A. Reflexión itinerante sobre la noción de

autodefensas

17

En ese entonces, no era extraño ver a los in-

tegrantes de los grupos exaltar sentimien-

tos de patriotismo, honor y masculinidad,

con una predilección por las acciones y las

demostraciones de fuerza en las calles44

(desfiles, protestas y combates).

No obstante, los paramilitares nunca se con-

gregaron en un movimiento unitario como

tampoco quedaron subordinados a las au-

toridades, que fueron rápidamente desbor-

dadas por el activismo de estas organiza-

ciones. En la década de 1920, las estructu-

ras, el modus operandi y las reivindicacio-

nes de los paramilitares se ramificaron. Es

así como las agrupaciones participaron en

una radicalización de la sociedad contra las

minorías, en particular de confesión judía.

Por otra parte, las mismas se opusieron

cada vez más a las fuerzas comunistas y

social-demócratas y atacaron al Estado para

precipitar el derrumbe de la República de

Weimar, acusada de ser un factor de deca-

dencia de la nación, tras la humillación de la

Primera Guerra Mundial.

Sobresalieron al respecto las “Secciones

de Asalto” (Sturmabteilung: SA), que tu-

vieron un papel preponderante en la caída

del régimen (1933)45 y el fortalecimiento

posterior del “Partido Nacional-Socialista

de los Trabajadores Alemanes” (NSDAP),

articulado alrededor de la personalidad de

Adolfo Hitler.

Una vez instalado en el poder y obsesiona-

do por las amenazas que ponían en peligro

los equilibrios precarios del país, Adolfo

Hitler se empeñó en desmantelar o cooptar

a las unidades heredadas de los años prece-

dentes, sean o no clasificadas como parami-

litares. Entre otras, las SA que habían sido

decisivas en el advenimiento del nazismo,

44 Sobre la importancia de los paramilitares durante el

período, ver James M. Diehl, Paramilitary politics in

Weimar Germany, Bloomington & Londres, Indiana

University Press, 1977.

45 Sobre el desplome de la “República de Weimar” y sus

consecuencias, ver Richard J. Evans, The coming of

the third Reich, Nueva York, Penguin Books, 2004.

fueron reemplazadas por nuevas formacio-

nes (1934-1935).

Durante el segundo conflicto mundial,

diversas organizaciones prosperaron y

acumularon prestigio dentro de la ma-

quinaria burocrática del “Tercer Reich”, a

la imagen de las “Brigadas de Protección”

(Schutzstaffel: SS), con sus componentes

armados (Waffen SS)46.

Se estableció entonces un paramilitarismo

de guerra, cómplice de una estrategia geno-

cida, que entró en competencia con las pre-

rrogativas del ejército alemán (Wehrmacht),

al cumplir labores de propaganda e inteli-

gencia, eliminación de focos de resistencia

y control de poblaciones en los territorios

ocupados47.

La coyuntura alemana encontró eco en el

resto de Europa, donde proliferaron las fac-

ciones de estilo paramilitar48, que se dieron

a conocer bajo figuras metafóricas como

las “camisas negras”49. Más allá de España e

Italia, que han sido abundantemente docu-

mentadas50, la mayoría de éstas fueron invo-

lucradas en las convulsiones y los métodos

46 Jean-Luc Leleu, La Waffen-SS : soldats politiques en

guerre, París, Perrin, 2007.

47 Las violencias cometidas por el conjunto de las es-

tructuras militares del Reich fueron de una gran hete-

rogeneidad. En el caso de Europa occidental, con una

atención particular a Francia, ver Peter Davies, France

and the second world war: resistance, occupation

and liberation, Nueva York, Routledge, 2000, y para

el frente oriental de la guerra en el continente, Rolf-

Dieter Müller & Gerd R. Ueberschar, Hitler's war in

the East, 1941-1945: a critical assessment, Oxford/

Nueva York, Berghahn Books, 2008 and Geoffrey J.

Geoffrey Megargee, War of annihilation: combat

and genocide on the Eastern front, 1941, Boulder,

Rowman & Littlefield Publishers, 2007.

48 Muchas de ellas aparecen descritas como milicias en

los análisis.

49 Con variantes - como las camisas “azules”, “moradas”

y “verdes” - según los países y las traducciones de un

idioma a otro.

50 Ver por ejemplo José Luis Gómez Navarro, El régi-

men de Primo de Rivera, Madrid, Cátedra D. L, 1991;

Edward Malefakis (editor), La guerra civil española,

Madrid, Taurus, 2006, y Patricia Dogliani, L' Italia fas-

cista, 1922-1940, Milano, Sansoni Editore, 1999.

18

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

autoritarios que azotaron las democracias

liberales en los años 1920 y 193051.

Los grupos paramilitares y similares en

esta época simbolizaron la expansión de

diferentes tendencias - anti-comunistas,

conservadoras, nacionalistas, xenófobas y

(pro-) fascistas - en Austria, Eslovaquia y

Francia52, entre otros, contribuyendo a una

recomposición de la extrema derecha.

Ahora, conviene señalar que la extrema de-

recha remite a un universo político pluridi-

mensional y polémico53, sobre todo cuando

se relaciona con el fascismo, que algunos

académicos se rehúsan a definir dentro de

la familia de las derechas54.

Por otra parte, la extrema derecha no refle-

ja plenamente la complejidad y las trans-

formaciones del paramilitarismo55, aunque

suele ser un elemento de identificación de-

terminante, o una etiqueta cómoda, para

el análisis.

Efectivamente, la decisión de enlistarse

en los movimientos armados no respon-

dió siempre a aspiraciones predetermina-

das y unívocas. Las motivaciones fueron

51 Marco Tarchi, “The role of fascist movements” en

Dirk Berg-Schlosser & Jeremy Mitchell (editores),

Authoritarianism and democracy in Europe, 1919-

39: comparative analyses, Houndmill, Palgrave-

Macmillan, 2002, pp. 101 a 128.

52 La influencia del fascismo en Francia ha dado pie a

controversias entre los académicos. Para una síntesis,

ver Michel Dobry (editor), Le mythe de l’allergie fran-

çaise au fascisme, París, Albin Michel, 2003.

53 Cas Mudde, “The war of words: defining the extre-

me right party family”, Western European Politics,

volumen 19, n°2, abril de 1996, pp. 225 a 248, ha

evidenciado la existencia de más de diez corrientes

perteneciendo a la extrema derecha en Europa.

54 Sobre el fascismo, y sus posibles articulaciones con la

derecha y la extrema derecha, ver por ejemplo Robert

Paxton, The anatomy of fascism, Nueva York, Alfred

A. Knopf, 2004, y Marco Tarchi, Fascismo. Teorie, in-

terpretazioni e modelli, Roma/Bari, Editori Laterza,

2003.

55 Los usos de la noción han sido más escasos para

la época cuando se trata de los grupos de filiación

distinta a la extrema derecha. Ver al respecto las mi-

licias vinculadas con el “Partido Social-Demócrata”

(Reichsbanner). Pamela E. Swett, Neighbors and ene-

mies, op. cit.

influenciadas por sincretismos ideológicos

y consideraciones prosaicas, como los lazos

de amistad, el oportunismo y las presiones

del entorno.

América Latina no quedó aislada de los

sucesos políticos en Europa, mientras se

recrudecían los intercambios de toda ín-

dole entre las dos regiones. Por ejemplo,

personajes emblemáticos del fascismo

ejercieron una innegable atracción en el

Cono Sur56, sin desconocer el impacto que

pudieron tener en otros territorios como

El Salvador, Guatemala y México57. No obs-

tante, la penetración de las ideas europeas

en Suramérica no estuvo exenta de con-

tradicciones y resistencias. De hecho, las

relaciones inter-continentales no fueron

uniformes ni armónicas. Se crispaban cró-

nicamente, en particular por la cuestión de

la inmigración, que resultó ser a la vez un

aporte multicultural y un punto de discor-

dia, no sólo entre los países, sino también

al interior de los mismos.

En este contexto, antes de la primera gue-

rra mundial, los inmigrantes en Argentina y

Chile fueron el blanco de un nacionalismo

excluyente, con una tonalidad racista y re-

ligiosa, a medida que el liberalismo sacu-

día la economía. En ambos casos, los años

1910 y 1920 vieron surgir “Ligas Cívicas” y

“Ligas Patrióticas”, que se volvieron las van-

guardias de la lucha contra las oleadas de

extranjeros58, el comunismo y/o las clases

obreras, que fueron acusados de alterar el

orden establecido. Después de la crisis in-

ternacional de 1929, la polarización de la

población se exacerbó durante una década

56 Eugenia Scarzanella (compiladora), Fascistas en

América del Sur, Buenos Aires, Fondo de Cultura

Económica, 2007.

57 Sobre este caso, ver Alicia Gojman de Backal,

Camisas, escudos y desfiles militares. Los Dorados y

el antisemitismo en México, 1934-1940, México D.F,

Fondo de Cultura Económica, 2000.

58 Los ataques apuntaron prioritariamente a los traba-

jadores recién llegados, y en menor proporción a los

propietarios y los comerciantes de largo arraigo en

los dos países.

19

en que se fortalecieron las corrientes anti-

semitas y (pro-) fascistas59.

Junto con las ligas60, las formaciones pa-

ramilitares, que aparecieron bajo diversas

apelaciones (brigadas, guardias y patrullas,

entre otros), se encargaron de defender los

barrios y las fábricas, suplir a las tropas re-

gulares, hacer proselitismo y asegurar la pe-

rennidad de los partidos políticos. Las fac-

ciones se libraron constantemente a actos

de teatralización de la violencia y marchas

callejeras que recordaron las tácticas de las

agrupaciones armadas en Europa.

Desde un punto de vista ideológico, si

bien los paramilitares compartieron un fer-

vor nacionalista, al igual que valores cle-

ricales y conservadores, no todos fueron

fascistas.

En Chile, la sociedad fue más propensa a

contener a los sectores más virulentos fren-

te a la inestabilidad interna y los litigios

persistentes con Perú y Bolivia (problemas

de frontera, inmigración y comercio). Así,

se instituyeron milicias paramilitarizadas,

con el propósito de defender las libertades

y el pluralismo democrático según un espí-

ritu republicano61. En la década de 1930, las

organizaciones se esforzaron por neutrali-

zar la progresión del fascismo, los excesos

nacionalistas y las veleidades de poder de

los militares.

En la Argentina de los años 1920 y 1930, la

debilidad de los partidos moderados y el apo-

yo de las élites atemorizadas por la agitación

social llevaron a que se observara una estre-

cha correlación entre el paramilitarismo, el

59 Sobre estas diferentes secuencias históricas, ver

Sandra McGee Deutsch, Las derechas: la extrema de-

recha en la Argentina, el Brasil y Chile, 1890-1939,

Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes

Editorial, 2005.

60 Algunas de ellas pueden ser parcial o totalmente con-

sideradas como organizaciones militarizadas.

61 De allí las disputas entre varias formaciones parami-

litares que no fueron necesariamente asociadas a la

extrema derecha.

fascismo y/o las franjas nacionalistas de la

extrema derecha62.

Posteriormente, la rivalidad “este-oeste”

dejó una profunda huella, que no marcó

una discontinuidad absoluta con el pasa-

do, en el panorama de los paramilitares

en Latinoamérica y la cuenca limítrofe del

Caribe. El fascismo y el nacionalismo, que

habían sido centrales en el ascenso de los

movimientos armados en la primera mitad

del siglo, fueron relegados a un segundo

plano por la lucha contra la izquierda, en-

tendida en una acepción amplia.

Entre los años 1950 y 1980, las dictaduras

del hemisferio63 se convirtieron en el terreno

predilecto - pero no exclusivo - de las cam-

pañas represivas llevadas a cabo contra los

sectores de la población animados por am-

biciones contestatarias y/o revolucionarias.

Los regímenes se dotaron de dispositivos

legales, gracias a reformas constitucionales

y judiciales64 (Argentina, Brasil y Chile, entre

otros), que abrieron el camino a prácticas

coercitivas con privaciones de libertad. Las

fuerzas castrenses fueron modernizadas y

facultadas para infiltrar y administrar los es-

pacios de vida. En complemento, las autori-

dades participaron directa o indirectamente

en la creación de unidades paramilitares,

62 Para una discusión sobre las relaciones entre el fas-

cismo y el nacionalismo en Argentina, ver Federico

Finchelstein, Fascismo, liturgia e imaginario: el mito

del general Uriburu y la Argentina nacionalista,

Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002, pp.

09 a 29.

63 Las dictaduras del sub-continente no constituyeron

un bloque monolítico. Muchas fueron destituidas en

la década de 1980, de manera no violenta, propician-

do un proceso de transición hacia la democracia y un

desmantelamiento de diversas estructuras militares y

paramilitares. Ver los trabajos de Guillermo O’donnell,

Philippe C. Schmitter & Laurence Whitehead (editores),

Transitions from authoritarian rule: Latin America,

Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1986,

y Juan J. Linz & Alfred Stepan, Problems of democratic

transition and consolidation: Southern Europe, South

America and post-communist Europe, Baltimore, The

Johns Hopkins University Press, 1996.

64 Para el Cono Sur, ver Anthony W. Pereira, Political

(in)justice: authoritarianism and the rule of law in

Brazil, Chile, and Argentina, Pittsburgh University of

Pittsburgh Press, 2005.

20

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

conocidas bajo distintos calificativos, que

se singularizaron por innumerables viola-

ciones a los derechos humanos: asesinatos,

detenciones arbitrarias y desapariciones

forzadas, entre las más importantes.

Sin embargo, los paramilitares no mostra-

ron una lealtad incondicional al Estado ni

una coherencia ideológica firme, oscilando

entre la derecha y la extrema derecha. Por

ejemplo, bajo la presidencia de Anastasio

Somoza Debayle (1967-1972 y 1974-1979)

en Nicaragua, la “Guardia Nacional” - verda-

dero garante de la dictadura - expresó sig-

nos de inconformidad e inquietud frente a

la propagación de unidades armadas extra-

oficiales y anti-izquierdistas65. A la inversa,

en Haití, durante la era de François y Jean-

Claude Duvalier (1967-1971 y 1971-1986),

el poder ejecutivo se rodeó de las tumultuo-

sas bandas de “Voluntarios de la Seguridad

Nacional” (conocidos en el lenguaje popular

como “Tontons Macoutes”), presuntamen-

te inspirados por las “camisas negras” de

la Italia fascista, para prevenir un golpe de

Estado de los opositores, apoyados por una

fracción de los militares66.

Independientemente de su heterogeneidad,

los grupos paramilitares operaron a menudo

en nombre de la “seguridad nacional” y del

“mantenimiento del orden”. Se beneficiaron

de alianzas de oportunidad y mecanismos

de protección que diluyeron las responsa-

bilidades entre múltiples comanditarios,

intermediarios y ejecutantes, incluso a ni-

vel internacional, como lo reveló la famosa

“Operación Cóndor”, implicando a distintos

países del hemisferio americano67.

65 Richard Millett, Guardians of the dynasty. A History

of the U.S. created Guardia Nacional de Nicaragua

and the Somoza family, Nueva York, Orbis Books,

1977.

66 Henry F. Carey, “Militarization without civil war: the

security dilemma and regime consolidation in Haiti”,

Civil Wars, volumen 7, n°4, invierno de 2005, pp. 330

a 356.

67 J. Patrice McSherry, “Operation condor: clandestine

inter-American system”, Social Justice, volumen 26,

n°4, invierno de 1999, pp. 144 a 173.

La impresión de clandestinidad fue patente

en el caso de las cuadrillas móviles insti-

tuidas, en especial, para cometer crímenes

(homicidios, secuestros y torturas), como

“la Triple A” en Argentina68, “la Falange” en

El Salvador y “Ojo por Ojo” en Guatemala,

justificando la expresión de “escuadrones

de la muerte”69.

Se resaltará que la “Triple A” surgió en los

meses precediendo la toma del poder por

parte de la junta militar, es decir entre el

final del mandato de Juan Domingo Perón

(1973-1974)70 y el interludio presidencial

de su esposa María Estela Martínez de Perón

(1974-1976)71. La “Triple A” fue impulsada

desde las altas esferas del Estado, antes de

ser disuelta por los militares que quisieron

deshacerse de un aliado versátil y deses-

tabilizador. Según varias fuentes, la orga-

nización mantuvo vínculos con la extrema

derecha y la urbe fascista en el exterior, en

especial en Italia. Se dedicó fundamental-

mente a reprimir a las agrupaciones arma-

das de izquierda, las protestas sociales y las

68 La “Alianza Anticomunista Argentina” (“Triple A”) fue

uno de los “escuadrones de la muerte” más activos en

América Latina. Al igual que otras organizaciones pa-

ramilitares, pudo contar con el apoyo de las fuerzas

militares que adoptaron en particular, una vez en el

poder, el modelo de guerra contra-insurgente desa-

rrollado por Francia en los países en vía de desco-

lonización. Marie-Monique Robin, Escuadrones de la

muerte. La escuela francesa, Buenos Aires, Editorial

Sudamericana, 2005.

69 Para una visión comparativa, más allá de América

Latina, ver Bruce B. Campbell & Arthur D. Brenner

(editores), Death squads in global perspective. op.

cit., y Jeffrey A. Sluka (editor), Death squad: the an-

thropology of state terror, Philadelphia, University of

Pennsylvania Press, 1999.

70 Figura emblemática de la vida política argentina en

el siglo XX, Juan Domingo Perón asumió tres man-

datos, no consecutivos, antes de fallecer en julio de

1974. Para un análisis de su itinerario y legado políti-

co, ver Robert D. Crassweller, Perón and the enigmas

of Argentina, Nueva York, W. W. Norton & Company,

1996, y James W. McGuire, Peronism without Perón:

unions, parties and democracy in Argentina, Stanford,

Stanford University Press, 1997.

71 Fue depuesta en marzo de 1976 por un golpe mi-

litar que dio origen al “Proceso de Reorganización

Nacional”. En 2007, la ex-presidenta en exilio fue lla-

mada a juicio y objeto de una solicitud de extradición

enviada a las autoridades de España, por participa-

ción en crímenes perpetrados por las fuerzas regula-

res y los paramilitares.

21

reivindicaciones sindicales. También sirvió

para arreglar cuentas entre las corrientes ri-

vales dentro de la mayor fuerza política del

país, el peronismo.

En una perspectiva latinoamericana, los

paramilitares actuaron en repertorios am-

bivalentes entre lo público y lo privado.

Desde luego, éstos no tuvieron globalmen-

te la audiencia de las facciones análogas

del período de los dos conflictos mundiales

en Europa y Suramérica, pero no quedaron

confinados a un papel marginal. En lo coti-

diano, suscitaron inextricables sentimientos

de simpatía, (in)seguridad y/o temor entre

las poblaciones72.

Ahora bien, desde los años setenta, pero

con más nitidez en los ochenta y noven-

ta del siglo pasado, emergieron fuera del

Cono Sur diferentes movimientos armados,

en respuesta a la delincuencia, las guerri-

llas y sus simpatizantes, lo que explica las

similitudes y confusiones posibles entre au-

todefensas y paramilitares.

En este sentido, estos movimientos no co-

rresponden nítidamente a la visión clásica

del paramilitarismo heredada de la primera

mitad del siglo XX en Europa. Tampoco pue-

den ser asimilados a los “escuadrones de la

muerte” instrumentalizados en tiempos de

dictadura en América Latina. En efecto, la

mayoría de éstos desarrolló un ethos rural,

con fuertes características comunitarias,

globalmente poco permeables a las ideas

de extrema derecha y ajenos a la dicotomía

entre la izquierda y la derecha. Se definie-

ron o fueron presentados como “comités”,

“rondas” o “patrullas” con bases territoria-

lizadas y funciones a priori no expansivas.

Sobre todo, el armamento y el adiestra-

miento militar fueron a menudo deficientes,

alejándose de la imagen de micro-ejércitos

disciplinados y preparados para sostener

largos combates.

72 Mediante actos de propaganda, amenazas e intimida-

ciones y prácticas de teatralización de la violencia.

Conviene recordar que la noción de autode-

fensas constituye una categoría de análisis

maleable y difícil de rastrear. Si bien los pri-

meros empleos del término se remontan al

siglo XVIII en distintos idiomas, este último

se ha vuelto particularmente usual, y obje-

to de diversas conceptualizaciones, en los

contextos de violencia interna, después de

la Segunda Guerra Mundial en África, Asia y

Latinoamérica73.

Pese a ciertas similitudes entre las dos pa-

labras, los significados otorgados a las au-

todefensas y los paramilitares distan en el

lenguaje común y la literatura académica74.

Así, las autodefensas no suelen ser tan afe-

rradas a las ideologías de extrema derecha

y la lucha contra la izquierda, a excepción

de América Latina, donde el término hace

parte del léxico (repertorio semántico) de

los grupos contrainsurgentes. En segundo

lugar, los miembros de las autodefensas se

reclutan por lo general entre un amplio sec-

tor de la población, a menudo sin mayores

criterios de selección ni contactos con las

tropas regulares. Adicionalmente, tienden a

tener sólidos rasgos comunitarios (juntas de

vecinos, organizaciones étnicas y redes con

lazos de solidaridad religiosa, por ejemplo),

con un radio de acción local o regional, asu-

miendo tareas de vigilancia y protección de

aldeas y sitios de alto valor económico y/o

simbólico75.

Para tratar de acercarse más a la diversidad

de las autodefensas en América Latina, se

hará alusión a dos escenarios conflictivos

73 Stathis N. Kalyvas, The logic of violence in civil war,

Cambridge, Cambridge University Press, 2006.

74 Ambos términos pueden ser usados como sinónimos

junto con la idea de milicias. Ver Laurent Gayer &

Christophe Jaffrelot (editores), Milices armées d’Asie

du sud, París, Les Presses de SciencesPo, 2008.

75 La noción de autodefensas se confunde frecuente-

mente con el “vigilantismo”. Para América Latina,

ver Martha K. Huggins (editora), Vigilantism and the

state in modern Latin America: essays on extra-legal

violence, Nueva York, Praeger Publishers, 1991, y

para otras regiones, ver David Pratten & Atryee Sen

(editores), Global vigilants, Nueva York, Columbia

University Press, 2007.

22

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

que finalizaron en los años 199076: Guatemala,

durante la transición entre las dictaduras mi-

litares y la democracia, cuando culminó la

oposición contra las guerrillas; y Perú, don-

de el Estado se enfrentó a una poderosa in-

surgencia, que basculó en una lógica ofen-

siva en los años de liberalización económica

y democratización política del país.

En Guatemala, los disturbios sociales y

los avances de la insurgencia en los años

1970 y 1980 conllevaron a los militares a

aplicar técnicas de contra-insurgencia que

retomaron doctrinas y modelos foráneos

(Indochina, Argelia y Vietnam con el dispo-

sitivo de las “aldeas estratégicas”). En varios

departamentos, se conformaron “Patrullas

de Autodefensa Civiles” (Pac) que consiguie-

ron aislar a la población de las guerrillas77,

entre las cuales se encontraban las “Fuerzas

Armadas Rebeldes” (Far), la “Organización

del Pueblo en Armas” (Orpa) y el “Ejército

Guerrillero de los Pobres” (EGP)78.

A pesar de su influencia en el desarrollo de

la contienda armada e impacto sobre el te-

jido social de los pueblos indígenas, las Pac

no han sido consideradas como agrupacio-

nes paramilitares en el lenguaje cotidiano

en Guatemala, ni entre los académicos79, en

desfase con la imagen que se pueda tener

desde el exterior.

Los patrulleros fueron principalmente campe-

sinos indígenas, mal equipados e instruidos

76 En la segunda parte del documento, se analizarán los

alcances de los acuerdos de paz en Centroamérica. La

situación peruana, que se mencionará a continuación,

fue distinta en el sentido en que la confrontación no

se concluyó por la vía negociada, sino a raíz de la

derrota político-militar de las guerrillas.

77 Sobre las dimensiones del conflicto, se puede consul-

tar el informe de la Comisión para el Esclarecimiento

Histórico, Guatemala: memoria del silencio, Ciudad

de Guatemala, CEH, 1999.

78 Yvon Lebot, La guerra en tierras mayas: comunidad,

violencia y modernidad en Guatemala (1970-1992),

México D.F, Fondo de Cultura Económica, 1997.

79 Entrevista personal a Simone Remijnse, en agosto de

2007, autora de Memories of violence: civil patrols

and the legacy of conflict in Joyabaj, Guatemala, West

Lafayette, Purdue University Press, 2003.

en tácticas de lucha irregular, quienes se in-

volucraron, o fueron obligados a enlistarse,

en columnas de contra-guerrilla a lo largo

de la década de 1980 y, en menores pro-

porciones, en los años 1990, cuando avan-

zaban las negociaciones de paz.

Muchos integraron las filas de las Pac en

1982 como resultado de la política contra-

insurgente del Ejército, que contemplaba

el control o la eliminación de la población

indígena80, acusada de apoyar a las guerri-

llas, provocando importantes flujos de des-

plazados. El objetivo consistió igualmente

en enfrentar entre sí a los miembros de las

comunidades para contrarrestar el apoyo

social a los alzados en armas.

En 1983, el general Efraín Ríos Montt, quien

había encabezado un golpe de Estado en

1982, decidió legalizar a las Pac, en com-

plemento de la estrategia de militarización

de las áreas rurales del centro-norte del

territorio.

En el tiempo más álgido de la confrontación

armada, los efectivos de las Pac alcanza-

ron un millón de personas, según algunas

estimaciones, antes de ser renombradas

“Comités Voluntarios de Defensa Civil”

(CVDC) y desmovilizadas por el gobierno

nacional en 1995, para intentar evitar los

motivos de tensiones y la reactivación del

conflicto en la fase terminal de las discusio-

nes de paz con las guerrillas.

La proximidad con las fuerzas castrenses

no significó necesariamente que las Pac tu-

vieran estructuras, valores e intereses en

común con la institución militar. Tampoco

se parecieron a las formaciones móviles,

denominadas “escuadrones de la muerte”

(unidades mixtas de militares, mercenarios

y sicarios), como el grupo “Ojo por Ojo”, vin-

culadas con corrientes de extrema derecha,

80 Algunos estudiosos han hablado al respecto de

genocidio. Victoria Sanford, Violencia y genocidio

en Guatemala, Ciudad de Guatemala, F&G Editores-

Editora Cultural de Guatemala, 2003.

23

que encarnaron por excelencia la figura del

paramilitarismo en el país.

A partir de la experiencia en Guatemala, que

se concluyó con el cierre de acuerdos de paz

en 1996, las autoridades civiles y militares en

Perú81 multiplicaron las iniciativas destinadas

a derrotar a las dos grandes guerrillas que

se crearon en los años 1970 y 1980, a saber

“Sendero Luminoso” (SL)82 y el “Movimiento

Revolucionario Túpac Amaru” (Mrta).

Entre las medidas adoptadas, las tropas

regulares decidieron concentrar a las po-

blaciones rurales en zonas específicas para

aislar a la insurgencia. En los territorios

centrales y sureños del país, se constituye-

ron “Comités de Defensa Civil” (CDC), que

recibieron un material bélico precario y una

formación militar somera, aunque revela-

ron ser decisivas para contener la progre-

sión de los insurgentes en los años 1980.

La promoción de los CDC se hizo en un

mundo indígena disperso y estratificado.

Sin embargo, se crearon sinergias entre

las aldeas de campesinos, siguiendo el ca-

mino de las “Rondas” y los “Montoneros”,

los cuáles fueron fundados años atrás en

el norte de Perú, sin la cooperación del

Estado, en respuesta a la inseguridad des-

atada por bandas de delincuentes y faccio-

nes políticas locales (abigeato, extorsiones

y homicidios).

Las estructuras campesinas del norte - es

decir, las rondas que sirvieron de antece-

dentes históricos y dieron su nombre a otras

organizaciones en el país83 - se unieron a la

81 Para un balance del conflicto armado, ver Steve J.

Stern (editor), Shining and other paths: war and so-

ciety in Peru, 1980-1995, Durham & Londres Duke

University Press, 2005.

82 La guerra se agudizó en la época, aunque el mili-

tantismo de algunas facciones se haya hecho evi-

dente en el transcurso de los años 1970. Carlos

Iván Degregori, Ayacucho 1969-1979: el surgimien-

to de Sendero Luminoso, Lima, Instituto de Estudios

Peruanos, 1990.

83 Incluyendo a los Cdc, lo cual ha sido un elemento de

complejidad adicional para el análisis.

lucha contra la guerrilla, no sin sentimientos

de animosidad y sospecha hacia las fuerzas

estatales, culpadas de brutalidades contra

las comunidades y/o ser crónicamente au-

sentes de los municipios.

En numerosas provincias rurales, los cam-

pesinos en armas no se limitaron a tareas

de vigilancia y represión, sino que empren-

dieron operaciones ofensivas de búsqueda

y persecución de los guerrilleros. También

fueron los voceros de las peticiones del

mundo rural ante el Estado y resolvieron li-

tigios personales y regularon la economía

en las localidades, convirtiéndose en movi-

mientos populares con dimensiones políti-

cas y sociales84.

So pretexto de haber contribuido a la derro-

ta de las guerrillas a comienzos de los años

1990, las agrupaciones campesinas, mu-

chas de las cuáles fueron legalizadas bajo la

etiqueta de “Comités de Autodefensa”85, no

pueden ser descritas como unidades para-

militarizadas por sus deficiencias en mate-

ria de armamento y formación militar, como

tampoco pueden ser consideradas como

facciones violentas de filiación de extrema

derecha. Las mentalidades y las motivacio-

nes de los integrantes, en un entorno hostil

donde la neutralidad era difícil de mante-

ner, mezclaron elementos pragmáticos ante

la violencia cometida por la guerrilla (como

la supervivencia física, la protección de bie-

nes y los ciclos de venganza) con creencias

procedentes de la cosmología indígena86.

84 Orin Starn, Nightwatch: the politics of protest in

the Andes, Durham/Londres, Duke University Press,

1999.

85 Varias de ellas no alcanzaron o se rehusaron a ser re-

conocidas por el Estado que pretendió recuperarlas,

asociándolas al éxito de la lucha campesina contra las

guerrillas, con el propósito de dar más resonancia a la

política contra-insurgente.

86 Carlos Iván Degregori, José Coronel, Ponciano del

Pino & Orin Starn, Las rondas campesinas y la derro-

ta de Sendero Luminoso, Lima, Instituto de Estudios

Peruanos/Universidad Nacional San Cristóbal de

Huamanga, 1996.

24

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

Por consiguiente, resulta poco acertado,

desde un punto de vista heurístico, hablar

de formaciones paramilitares en referencia

a las rondas campesinas y las formaciones

armadas similares, al igual que en el caso de

las Pac guatemaltecas en la misma época.

No obstante lo anterior, varios movimientos

de autodefensa fueron puntualmente inte-

grados a los operativos de las tropas oficia-

les, que procuraron ejercer un control sobre

estos actores considerados como auxiliares.

De allí, la tentación de catalogarlos como

organizaciones pro-estatales y confundirlos

con agrupaciones paramilitares87, esencial-

mente conformadas por (ex)agentes de las

fuerzas armadas, miembros de los servi-

cios de inteligencia y células políticas, entre

las cuales figura por ejemplo el “Comando

Rodrigo Franco” en Perú, que se singularizó

por sus ataques a personalidades y defen-

sores de las corrientes de izquierda88.

Para concluir este breve recorrido de las au-

todefensas y los paramilitares en América

Latina, se añadirá que las décadas de 1970

y 1980 fueron tiempos de convulsiones en

Nicaragua. En 1979, la toma del poder por

el “Frente Sandinista de Liberación Nacional”

(FSLN) ocasionó la creación de un movimien-

to contrarrevolucionario - comúnmente co-

nocido como “la Contra”89 - que cambió de

denominación - “Resistencia Nacional” (RN)-

a la hora de negociar la paz después de una

década de lucha bélica.

La resistencia, que se estableció contra el

sandinismo, acogió a una multitud de gru-

pos armados anti-gubernamentales que

presentaban una fisonomía híbrida entre

las facciones paramilitares y los grupos de

autodefensa comunitarios en otros países

latinoamericanos, oscureciendo las catego-

rías de análisis.

87 En su mayoría, tuvieron una existencia efímera.

88 Ver el informe final de la Comisión de la Verdad y

Reconciliación, Tomo III, Lima, 2003. Disponible en:

www.cverdad.org.pe.

89 Nombre a veces ortografiado en plural.

Es así como en los primeros meses de los

años 1980, la oposición armada fue embrio-

naria y descoordinada. Recayó, ante todo, en

las unidades de la difunta “Guardia Nacional”

de la dictadura de la familia Somoza90 y sec-

tores del campesinado del norte del país

fronterizo con Honduras (“Milicias Populares

de Liberación Anti-Somozistas” - Milpas)91,

donde las autoridades se aliaron a los anti-

sandinistas durante la guerra.

Se anotará que los soldados de la antigua

“Guardia Nacional” constituyeron, stricto

sensu, unidades paramilitares (por sus orí-

genes, adiestramiento y disciplina) en gue-

rra contra el Estado cooptado por el FSLN, a

veces con un modus operandi cercano a los

“escuadrones de la muerte”, lo que infirma

la tesis comúnmente aceptada, si se tiene

en cuenta la situación de otros países fue-

ra del hemisferio latinoamericano (Costa de

Marfil, India, Sierra Leona, entre otros), que

hace de los paramilitares unos auxiliares in-

condicionales de las fuerzas estatales92.

Los reductos de la “Guardia Nacional” forma-

ron el núcleo de las “Fuerzas Democráticas

Nicaragüenses” (FDN) que se beneficiaron

de una internacionalización de la guerra.

Recibieron asesoría militar, armamento y fi-

nanciación por parte de una coalición de ac-

tores heterogéneos (Estados, mercenarios

y empresarios, entre otros)93, liderados por

los Estados Unidos, que se involucraron, a

partir de los años 1940, en una cruzada an-

ti-comunista en el istmo centroamericano.

90 Ver el relato periodístico de Timothy C. Brown, The

real contra war: highlander peasant resistance in

Nicaragua, Norman, University of Oklahoma Press,

2001.

91 Lynn Horton, Peasants in arms: war and peace in the

mountains of Nicaragua, 1979-1994, Athens (Ohio),

Ohio University Press, 1999.

92 Para otros ejemplos, ver Andrew Scobell & Brad

Hammitt, “Goons, gunmen and gendarmerie: toward

a reconceptualization of paramilitary formations”,

Journal of Political and Military Sociology, volumen

26, n°2, invierno de 1998, pp. 213 a 227.

93 Ariel Armony, Argentina, The United States and the

anti-communist crusade in Central America, 1977-

1984, Athens (Ohio), Ohio University Press, 1997.

25

Las FDN, cuyos efectivos fueron estimados

a 20.000 combatientes, intentaron lograr

una simbiosis entre los representantes de

la extrema derecha, los decepcionados de

la causa revolucionaria sandinista y los

campesinos reacios a la colectivización de

las tierras.

Dentro de este proceso, gran parte del

campesinado del norte del país, que había

tomado las armas al estilo de autodefensas

como consecuencia de las incursiones y las

exacciones sandinistas, fue sometido a una

paramilitarización con un adoctrinamiento

político por parte de la “Guardia Nacional”

y militares extranjeros (argentinos, estado-

unidenses y guatemaltecos, principalmen-

te) desde varias retaguardias establecidas

en Honduras.

Paralelamente, en el transcurso de la dé-

cada de 1980, se consolidaron frentes de

resistencia en el sur de Nicaragua (“Alianza

Revolucionaria Democrática” - ARD) y ha-

cia la costa noreste (“Miskitu Sumu Rama”

- Misurata), donde indígenas del área se

organizaron en autodefensas parcialmente

paramilitarizadas para proteger sus tierras

y costumbres, tratando de no dejarse ab-

sorber por los intereses de las potencias

extranjeras y los demás grupos implicados

en la confrontación contra el FSLN.

En el país vecino - El Salvador - que cono-

ció concomitantemente una guerra inter-

na, con ramificaciones internacionales94, la

población fue involucrada en una malla de

alianzas con representantes del Estado en

la lucha contra las diferentes vertientes de

la guerrilla del “Frente Farabundo Martí de

Liberación Nacional” (FMLN), que dejó las

armas a principios de la década de 1990 a

raíz del desarrollo de diálogos de paz.

Entre otros aspectos, se formó en 1961 la

“Organización Democrática Nacionalista”

94 Sobre el tema ver, por ejemplo, Elisabeth Jean Wood,

Insurgent collective action and civil war in El Salvador,

Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

(Orden), que movilizó política y militarmen-

te a sectores del campesinado y asalariados

agrícolas, antes de ser disuelta y reempla-

zada por la “Agencia Nacional de Seguridad

de El Salvador” (Ansesal), a finales de los

años 1970, cuando se inició la intensifica-

ción de la contienda armada. Mediante esta

estructura estatal especializada en materia

de inteligencia, una parte de la población

rural fue controlada y organizada en patru-

llas móviles, mal armadas e instruidas en

las técnicas de guerra irregular, con el apo-

yo de los terratenientes. Adicionalmente,

se instituyeron unidades mixtas confor-

madas por militares y civiles. Éstas fueron

más acordes a la imagen de organizaciones

paramilitares flexibles (llamadas “escua-

drones de la muerte” en el presente caso),

destinadas a eliminar a los simpatizantes y

las bases sociales de la guerrilla95, que ac-

tuaron a menudo en la sombra del Estado y

quedaron excluidas de los acuerdos de paz

celebrados posteriormente.

En definitiva, las nociones de autodefen-

sas y paramilitares resultan ser polisémi-

cas y “nómadas”, por no decir porosas. Las

aproximaciones del lenguaje tienden a con-

fundirlas en algunas circunstancias, como

si fuesen simples sinónimos, aunque exis-

ten divergencias sustanciales entre los “es-

cuadrones de la muerte” adscritos a la ex-

trema derecha y los grupos de autodefensa

en medio rural, por ejemplo.

Para sintetizar, se pueden destacar varias

ideas útiles para la reflexión en una pers-

pectiva latinoamericana. Se dice de grupos

armados que son paramilitares cuando re-

únen las siguientes características: estrate-

gia estatal contrainsurgente que contempla

la intervención de fuerzas extraoficiales;

armamento, formación militar y cohesión

similares a las tropas regulares; principios

ideológicos de extrema derecha y/o una

95 Cynthia J. Arnson, “Window on the past: a declassi-

fied history of death squads in El Salvador”, en Bruce

B. Campbell & Arthur D. Brenner (editores), Death

squads in global perspective: murder with deniability,

pp. 85 a 124.

26

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

voluntad de lucha contra las corrientes de

izquierda, asumiendo un comportamiento

ofensivo.

Por otro lado, los paramilitares pueden

cumplir funciones defensivas, imitando las

prácticas usuales de las organizaciones de

autodefensa. A la inversa, las autodefensas,

que suelen tener fundamentos comunita-

rios y territoriales, pueden entrar en diná-

micas más ambiciosas y ser paramilitariza-

das por el Estado, provocando un desvane-

cimiento de la frontera entre lo defensivo y

lo ofensivo.

Por lo tanto, se observa que son múltiples

las posibilidades de evoluciones de las es-

tructuras armadas y, finalmente, los vai-

venes entre las dos categorías analíticas.

Esta inestabilidad es a la vez el fruto de las

interacciones entre los diferentes actores

armados, el desarrollo de la confrontación

armada (poder armado adquirido dentro

de la confrontación) y el producto de facto-

res coyunturales externos (influencia o in-

tervención de actores internacionales, por

ejemplo).

B. La gestación de los grupos de

autodefensa en Colombia

El estudio procura ahora versar más espe-

cíficamente sobre el análisis de los gru-

pos de autodefensa contrainsurgentes en

Colombia. Diferentes parámetros explican

el relativo déficit de investigaciones sobre

el tema. Se citarán, sin ser exhaustivos,

la indolencia de la sociedad que, durante

años, subestimó el crecimiento de estas

facciones armadas; el acceso restringido a

las zonas de enfrentamientos; la naturale-

za oculta de estas estructuras armadas; y

la ramificación de sus lógicas de acción.

Aunque no se busca hacer una narración

detallada de la confrontación, es interesan-

te detenerse en sus condiciones iniciales,

con una mención explícita a las guerrillas.

Se recordará que no existe consenso sobre

los orígenes de la contienda; sin embargo,

un sinnúmero de analistas ven en la fina-

lización de “la Violencia” (1946-1958)96 un

preludio a la actividad insurgente.

96 Periodización aproximativa, que incluye los meses

precediendo la muerte de Jorge Eliécer Gaitán en

1948, que corresponden a la fase temprana de “la

Violencia”. Por su parte, el año 1958 marcó la oficia-

lización de un pacto entre las elites políticas liberales

y conservadoras - el “Frente Nacional”.

En discrepancia con una idea común97, “la

Violencia” no surgió exclusivamente a raíz

del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9

de abril de 1948 en Bogotá98. La muerte del

jefe liberal, candidato a la Presidencia de la

República, sirvió de detonante a la exacer-

bación de los enfrentamientos perceptibles

en los meses anteriores entre los miem-

bros de los partidos conservador y liberal y

conllevó a un levantamiento popular y bro-

tes armados que no tuvieron equivalente en

el país durante el siglo XX99.

“La Violencia” se propagó con matices en

diferentes ciudades y zonas rurales, per-

turbando el orden público, la configuración

política y las relaciones sociales en el eje

andino del país y las regiones contiguas,

incluyendo municipios a lo largo de la fron-

tera noreste con Venezuela.

97 Ver en este sentido el documento publicado por

International Crisis Group, “La esquiva búsqueda de

la paz en Colombia”, Informe sobre Latinoamérica,

No. 1, 26 de marzo de 2002, p.3.

98 Sobre la muerte de Jorge Eliécer Gaitán restituida a la

luz del contexto internacional, ver Gonzalo Sánchez

(editor), Grandes potencias, El 9 de abril y la violen-

cia, Bogotá, Editorial Planeta, 2001.

99 A excepción de la “Guerra de los Mil Días” entre los

años 1899 y 1902.

27

La participación de la población fue, en mu-

chos casos, el resultado de la preeminencia de

un bipartidismo, no monolítico, que agudizó

las lógicas de tipo amigo-enemigo. A las moti-

vaciones políticas, se agregaron consideracio-

nes más difusas y prosaicas: la contienda fue

el escenario de represalias, prácticas de depre-

dación, pillajes y al mismo tiempo la expresión

de diversas formas de bandolerismo100. Por

otro lado, los vacíos de autoridad y la inseguri-

dad provocaron sentimientos de impunidad y

necesidades de protección que permiten com-

prender el uso masivo de las armas101.

Conviene precisar que las disputas agrava-

ron la descomposición de la comunidad na-

cional, sin generar un colapso del Estado102

o una situación caótica en la totalidad del

territorio103; tampoco se produjo una revol-

ución que es un tema frecuentemente deba-

tido y/o glorificado en diferentes países de

América Latina desde la época104.

100 Ver Gonzalo Sánchez & Donny Meertens, Bandoleros,

gamonales y campesinos. El caso de la Violencia en

Colombia, Bogotá, El Ancora Editores, 1983, quienes

parten de una lectura crítica de los postulados clásicos

de Eric Hobsbawm sobre el tema. En un artículo pos-

terior, Claudia Steiner, “Un bandolero para el recuer-

do: Efraín González también conocido como el siete

colores”, Antípoda, No. 2, enero-junio de 2006, pp.

230 a 253, propone una interpretación renovada del

bandolerismo de los años 1950 y 1960 en Colombia

con reflexiones sugestivas sobre la confrontación de

hoy.

101 Son escasos los trabajos que dan una visión sintética

de las dinámicas y las motivaciones de la confron-

tación. Para un balance historiográfico, ver Gonzalo

Sánchez & Meter Bakewell, “La Violencia en Colombia:

new research, new questions”, The Hispanic American

Historical Review, vol. 65, No. 4, noviembre de 1985,

pp. 789 a 807, e Ingrid Johanna Bolívar Ramírez,

Violencia política y formación del Estado: ensayo his-

toriográfico sobre la dinámica regional de la Violencia

de los cincuenta en Colombia, Bogotá, CINEP-CESO-

UNIANDES, 2003.

102 Paul Oquist, Violencia, Conflicto y Política en

Colombia, Bogotá, Instituto de Estudios Colombianos-

Biblioteca Banco Popular, 1978, enuncia la tesis de un

“derrumbe parcial del Estado”, p. 184.

103 Daniel Pécaut, Orden y violencia: evolución socio-po-

lítica de Colombia entre 1930-1954, Bogotá, CEREC-

Siglo XXI, 1987, identifica numerosas interferencias

entre el orden y desorden que caracterizaron la

época.

104 Ver por ejemplo Merilee Serrill Grindle & Pilar

Domingo (editores), Proclaiming revolution: Bolivia

in comparative perspective, Harvard University Press,

2003.

En efecto, la maquinaria bipartidista y las

redes clientelistas no se desmantelaron. Por

el contrario, las élites supieron acomodarse

a las circunstancias y regenerarse. Fueron

incluso decisivas en el cese de las hostilida-

des y en las décadas posteriores para impe-

dir el estallido de un conflicto de semejante

magnitud.

El declive de las violencias fue palpable en

la segunda mitad de los años 1950, que

coincidieron con tres tendencias: el retiro

del poder del General Rojas Pinilla, quien

gestó un golpe de Estado en 1953 con la

aceptación de una fracción de la clase polí-

tica; la instalación de un gobierno provisio-

nal bajo la supervisión de una junta militar;

y los acercamientos entre los directorios de

los partidos conservador y liberal.

En 1957 y 1958, los representantes de los

partidos trabajaron en la elaboración de un

pacto singular, que ratificó la voluntad de

alejar del poder a las Fuerzas Militares. El

mismo selló también un deseo de recon-

ciliación y coexistencia pacífica; concreta-

mente, se aprobó la institución del “Frente

Nacional” (FN), que preveía una alternancia

entre los dos partidos en la presidencia con

la celebración de elecciones y una reparti-

ción equilibrada de los cargos políticos.

A la inestabilidad de “la Violencia” sucedió

un régimen “consociacional”105 de transac-

ciones y acuerdos mutuos, que tuvo una

duración legal de dieciséis años (1958-

1974), con ramificaciones directas hasta

el año 1986106. Se procuró cerrar así un

episodio de enfrentamientos que dejaron

numerosas secuelas y víctimas (alrededor

de 200.000 muertos) y no tuvieron ningún

equivalente en el resto de América Latina

en ese entonces.

105 Jonathan Hartlyn, La política del régimen de coali-

ción: la experiencia del Frente Nacional en Colombia,

Bogotá, Ediciones Uniandes-Tercer Mundo Editores,

1993.

106 Daniel Pécaut, Guerra contra la sociedad, Bogotá,

Editorial Planeta, 2001, pp. 28-29.

28

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

Si bien es cierto que el FN logró evitar

una reactivación de la contienda entre los

conservadores y los liberales y la instaura-

ción de una dictadura militar, éste ha tenido

hasta la actualidad repercusiones ambiva-

lentes sobre el país.

En este sentido, el FN materializó el anhelo

de olvidar eventos violentos, eludir res-

ponsabilidades y fue acompañado de am-

nistías para deshacerse de “un pasado que

no pasa”107. Desde entonces, “la Violencia”

no ha dado lugar a una política oficial de la

memoria y los círculos de poder han pre-

ferido no cuestionar ni avivar una historia

convulsionada. En estas condiciones, los

traumas y las peticiones de la población

han tenido dificultades para exteriorizarse

y encontrar interlocutores (memoria inhi-

bida). Adicionalmente, el FN fragmentó a

los dos partidos tradicionales, cuyos re-

presentantes compitieron internamente

por los puestos políticos. Para concluir,

el mismo ha sido interpretado como un

mecanismo de precariedad y deslegitima-

ción del Estado y de la democracia en los

años 1960 y 1970, cuando emergieron va-

rios grupos armados.

Efectivamente, después de “la Violencia”,

aparecieron efímeras bandas armadas, a

menudo conectadas con el bandolerismo

y/o cuadrillas bipartidistas. Sobre todo, se

conformaron tres guerrillas - el “Ejército

de Liberación Nacional” (ELN), el “Ejército

Popular de Liberación” (EPL) y las “Fuerzas

Armadas Revolucionarios de Colombia”

(Farc) - que se transformaron en los años

subsiguientes en los principales protago-

nistas de la actual confrontación armada.

El ELN nació en 1962, adoptando el modelo

político-militar del “foco”, heredado de la

revolución cubana. Las primeras columnas

del EPL se manifestaron entre 1964 y 1965,

siguiendo una línea maoísta, mientras que

107 Para retomar la expresión de Éric Conan & Henry

Rousso, Vichy, un passé qui ne passe pas, París,

Gallimard, 1994.

las Farc y elementos del ELN actuaron, en

un principio, en concordancia con el Partido

Comunista Colombiano (PCC).

La creación de las Farc en 1964 se inscribió

en la continuidad de las autodefensas cam-

pesinas liberales que proliferaron durante

“la Violencia” para responder a las exaccio-

nes de los conservadores. Se crearon en-

claves que fueron proclamados “repúblicas

independientes”108 en un momento caracte-

rizado a la vez por la exclusión socio-políti-

ca y un optimismo en el porvenir de la lucha

armada contra el régimen establecido. La

orientación revolucionaria de las Farc era,

en la época, menos contundente en relación

con el EPL y el ELN. En sus aspiraciones, las

Farc apuntaban a la reforma del sistema

político y la redistribución de la tierra. En

los hechos, los combatientes se dedicaron

prioritariamente a controlar y asentar a las

poblaciones flotantes en algunas zonas de

colonización (“colonización armada”).

Excluyendo la dimensión ideológica, los

tres movimientos insurgentes se singula-

rizaron por tímidas conexiones interna-

cionales en la década de 1970 y quedaron

replegados en áreas rurales periféricas en

una sociedad cada vez más urbanizada.

Paralelamente, se mostraron débiles para

lanzar ofensivas y responder a los ataques

puntuales de las fuerzas oficiales109. La vul-

nerabilidad de las facciones y la falta de

adhesión del campesinado obligaron a los

cabecillas a contemplar un cambio de es-

trategias, en emulación con una nueva or-

ganización armada, el “Movimiento 19 de

Abril” (M.19), fundada en 1974110.

108 José Jairo González Arias, Espacios de exclusión: el

estigma de las repúblicas independientes, 1955-1965,

Bogotá, Cinep, 1992.

109 Las Farc y el ELN fueron en particular golpeados en

1967 y 1973.

110 Sobre la historia del M.19, “guerrilla” colombiana que

privilegió las acciones en las áreas urbanas, ver Darío

Villamizar, Aquel 19 será, Bogotá, Editorial Planeta,

1995.

29

Desde un punto de vista institucional, el

activismo de los guerrilleros se insertó en

un contexto de disolución progresiva del

Frente Nacional, en contraste con la hipóte-

sis según la cual las insurgencias tienden a

manifestarse bajo los regímenes cerrados y

autoritarios111.

Por supuesto, la naturaleza excluyente del

sistema bipartidista, culpado de ser un si-

mulacro de democracia, incitó protestas de

distinta índole (campesinas, estudiantiles y

sindicales, entre otras), en respuesta a las

cuales fueron decretadas medidas de ex-

cepción por el presidente Julio César Turbay

Ayala (1978-1982), que dieron pie a viola-

ciones a los derechos y a las libertades fun-

damentales, estimulando la radicalización

de las guerrillas.

Sin embargo, en esos años, Colombia no se

hundió en un ambiente de violencia genera-

lizada, como tampoco ofreció el panorama

de los países donde predominaba la inter-

vención de los militares en los asuntos inter-

nos. Mientras tanto, los frentes de guerrilla

empezaron a consolidarse, no sólo en medio

de una represión mal coordinada entre el po-

der ejecutivo y las fuerzas castrenses, sino

también durante las discusiones de paz que

marcaron el mandato del presidente Belisario

Betancur Cuartas (1982-1986).

En 1982 y 1983, las Farc y el ELN avala-

ron estrategias que han tenido profundas

consecuencias sobre la fisonomía de lucha

armada. En este sentido, se decidió disper-

sar los combatientes y diversificar las fuen-

tes de financiación (tráfico de droga, explo-

tación de minas de oro, extorsiones, entre

otros aspectos). Del mismo modo, se pla-

neó un escalamiento de los ataques contra

el Estado y una politización de la población

en la perspectiva de una toma del poder. En

111 Gilles Bataillon, Genèse des guerres internes en

Amérique centrale, 1960-1983, op. cit. Para mayores

desarrollos sobre las teorías de la acción colectiva vio-

lenta, ver Jeff Goodwin, No other way out. States and

revolutionary movements, 1945-1991, Cambridge,

Cambridge University Press, 2001, pp. 3-64.

resumen, como nunca antes, la insurgencia

supo aprovechar las oportunidades de ac-

ción y movilizar recursos según una matriz

que pretendía ser revolucionaria.

La postura de las guerrillas y el auge con-

secutivo de las estructuras armadas, hoy

catalogadas como autodefensas o parami-

litares, han densificado el horizonte de la

contienda.

Innumerables estudios han subrayado que

las autodefensas son ilustrativas de las

alianzas, vigentes desde hace varias déca-

das, entre el Estado, las élites y distintos

grupos armados extra-oficiales. Lo anterior

explica las correspondencias establecidas

con las “contrachusmas” y los “pájaros” 112,

por ejemplo113, es decir las cuadrillas afilia-

das a los conservadores, que fueron temi-

das en “la Violencia” por actuar con brutali-

dad y rapidez.

Sin ahondar en estos debates, se puede

afirmar que las bandas y los micro-ejércitos

privados, asociados principalmente a los

terratenientes, ganaderos y esmeralderos

en los años 1970, encarnaron figuras inter-

medias entre “la Violencia” y la contienda

armada de finales de siglo, es decir entre lo

que definimos con anterioridad como auto-

defensas y paramilitares.

Por otro lado, a principios de la década si-

guiente, se adoptó una legislación que sentó

las bases para el reclutamiento de civiles, con

el propósito de brindar apoyo a las fuerzas

regulares en la lucha contrainsurgente en

112 Se ha evocado, en un juego de lenguaje peyorativo,

una improbable similitud entre los “pájaros” y los así

llamados “paracos”.

113 Ver las reflexiones de Claudia Steiner, “Un bandolero

para el recuerdo: Efraín González también conocido

como el siete colores”, art, cit., Marco Palacios, Entre

la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994,

Bogotá, Grupo Editorial Norma, 1995, p. 226 y Mary

Roldán, Blood and fire: la Violencia in Antioquia,

Colombia, 1946-1953, Duke University Press, 2002,

pp. 345-366. En una tonalidad menos histórica, ver

Guido Piccoli, El sistema del pájaro: Colombia, labora-

torio de barbarie, Bogotá, Instituto Latinoamericano

de Servicios Legales Alternativos, 2005.

30

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

nombre de la seguridad nacional, al amparo

de algunas disposiciones de la Ley 48 de

1968, que fueron abrogadas en 1989, con

el objetivo de impedir una “paramilitariza-

ción”, entendida en un sentido operativo

estricto, de la población civil.

De hecho, el enlistamiento de los civiles

en las filas de los grupos enfrentados a las

guerrillas fue, entre los años 1980 y 1990,

más esporádico que en las experiencias

comunitarias en Guatemala y el Perú.

Además, las organizaciones no se inserta-

ron en un contexto de rivalidad “este-oeste”

favorable a las intervenciones de potencias

extranjeras, pese a múltiples contactos y

redes de financiamiento fuera de Colombia.

Tampoco fueron supeditadas al Estado in-

capaz de ejercer un control estricto sobre

un desarrollo que se tornó rápidamente

tentacular.

C. La expansión de las organizaciones de

autodefensa en Colombia

Teniendo en cuenta su heterogeneidad, se-

ría erróneo analizar a las organizaciones an-

ti-guerrilleras en Colombia como si fuesen

una simple réplica de los movimientos que

lucharon contra las tendencias izquierdis-

tas en Argentina, Perú y Centroamérica114.

En el presente caso, los movimientos opues-

tos a la insurgencia se han propagado, des-

de hace aproximadamente treinta años, en

una sociedad en vía de modernización que

ha experimentado mutaciones políticas,

socio-económicas y culturales a una esca-

la sin precedentes. Paralelamente, estos

grupos han crecido al ritmo de una política

de seguridad nacional errática115 contra el

“enemigo comunista”, en sinergia con tra-

ficantes de droga y mediante el respaldo

oculto de miembros del Estado y amplios

sectores de la población civil.

La estructuración y el despliegue de estas es-

tructuras fueron perceptibles en 1981-1982

con la formación de destacamentos arma-

dos flexibles, autodenominados “Muerte a

114 Para una visión sinóptica de los paramilitares en la re-

gión, ver Armony Ariel, Argentina, The United States

and anti-communist crusade in Central America, op.

cit.

115 Tesis central del libro de Francisco Leal Buitrago, La

seguridad nacional a la deriva: del Frente Nacional a

la posguerra fría, op. cit.

Secuestradores” (Mas), a raíz del cautiverio

de un familiar de influyentes narcotrafican-

tes del Cartel de Medellín, los hermanos

Ochoa Vásquez116, a manos del M.19.

En el transcurso de los años 1980, el Mas

adelantó acciones violentas en localidades

de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y la

zona inter-regional del Magdalena Medio.

Las violencias perpetradas se extendieron,

más allá de los círculos de la guerrilla, lo

que hizo decir cínicamente que la organiza-

ción había convertido en “muerte a todos”:

autoridades oficiales; sindicalistas; simpati-

zantes de la izquierda; defensores de de-

rechos humanos; y sobre todo miembros

de la Unión Patriótica (UP), órgano político

impulsado por el PCC y las Farc, que fue

el blanco de una campaña de asesinatos

sistemáticos117.

El Mas, cuyas acciones fueron comparadas

con los “escuadrones de la muerte” en el

Cono Sur de América Latina, como la “Triple

A”, se infiltró en la sociedad en una atmósfe-

ra de desconfianza y delaciones y contó con

116 Rafael Pardo, La historia de las guerras, Bogotá,

Ediciones B Colombia, 2004, p. 611.

117 Tema de la investigación de Steven Dudley, Armas

y urnas. Historia de un genocidio político, Bogotá,

Editorial Planeta, 2008.

31

la colaboración de algunos miembros de

destacamentos militares, como la Brigada

XIV con jurisdicción en el Magdalena Medio

(Puerto Berrío), región que resultó ser en

ese entonces uno de los epicentros de la

confrontación armada.

Sin embargo, otras organizaciones prolife-

raron, con una fuerte territorialización, a

la sombra de los panfletos y las actuacio-

nes del Mas. La trayectoria de los grupos

de Ramón Isaza Arango, un campesino del

sureste de Antioquia118, es interesante al

respecto. Creados al final de la década de

1970, en respuesta a las amenazas ejerci-

das por las Farc contra las actividades agrí-

colas y ganaderas, las cuadrillas de Ramón

Isaza involucraron a distintos miembros de

su familia. Desde un punto de vista espa-

cial, crecieron principalmente en un trián-

gulo conformado por el noreste de Caldas,

el noroeste de Cundinamarca y el sureste de

Antioquia. Junto con terratenientes de dife-

rentes áreas del Magdalena Medio, quienes

se aliaron en la época, las mismas pasaron

a una lógica ofensiva en los años 1980 y

1990, incluso contra la población civil acu-

sada de cooperar con la guerrilla. También

fueron objeto de un proceso de paramilita-

rización (armamento, disciplina, técnicas de

combate, entre otros), a veces con el respal-

do de la Fuerza Pública.

Los alzados en armas al mando de Ramón

Isaza tuvieron protagonismo en el área

central del río Magdalena y entraron en

interacción con elementos del Ejército,

bandas sicariales de tamaño variable y los

núcleos anti-guerrillas de Fidel, Carlos y

José Vicente Castaño Gil, oriundos del mis-

mo departamento, quienes encabezaron

luego la confrontación en el noroeste del

país. Simultáneamente, Ramón Isaza hizo

presencia en las fértiles tierras de Puerto

118 Analistas presentan a Ramón Isaza, de una edad cer-

cana a los setenta años, como el jefe anti-insurgente

más antiguo en actividad.

Triunfo (sureste antioqueño), donde conflu-

yeron los hombres armados de notorios trafi-

cantes de droga, como Pablo Escobar Gaviria,

desatando una pugna por el poder local119.

El ascenso de Ramón Isaza se enlazó en

los años 1980 con la historia personal de

José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el

“Mexicano”, quien participó en la aparición

del Mas y diseminó sus fuerzas en la zo-

na120. Todos los grupos fueron creciendo

según una triple lógica de seguridad - vi-

gilancia, protección y (contra-) ofensiva - la

cuál contribuyó a disipar la noción de au-

todefensas, que no tuvo globalmente los

rasgos comunitarios ni la longevidad de los

modelos prevaleciendo en América Latina

durante el período.

Exuberante y animado por ambiciones in-

ter-regionales, el “Mexicano” pasó en pocos

años de una racionalidad defensiva, ligada

a la explotación de minas de esmeraldas,

a proyectos de conquista territorial, sinóni-

mos de poder político y económico.

Inicialmente, las bandas del “Mexicano” se

expandieron de Cundinamarca y Boyacá

hacia municipios de los Llanos orientales

con la complicidad, o la rivalidad según las

circunstancias, de las tropas regulares, los

esmeralderos y los narcotraficantes121. En

la segunda mitad de los años 1980, éstas

se desplazaron en dirección del Magdalena

Medio, siguiendo un eje conformado por La

Dorada (Caldas) y Puerto Triunfo (Antioquia),

donde se encontraban los grupos de Ramón

Isaza y las redes del Cartel de Medellín, al

igual que focos de resistencia creados por

119 “La estela roja de Ramón Isaza”, Revista Semana, No.

1304, 28 de abril de 2007. Edición electrónica sin nu-

meración: www.semana.com.

120 “Balas, droga y miedo”, Revista Semana, n°1240, 02

de mayo de 2006. Edición electrónica sin numeración:

www.semana.com.

121 Juan Carlos Garzón, “La complejidad paramilitar: una

aproximación estratégica” en Alfredo Rangel (editor),

El poder paramilitar, Bogotá, Editorial Planeta, 2005,

pp. 47 a 135.

32

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

los terratenientes y los ganaderos ante los

atropellos de las guerrillas. De hecho, las

agrupaciones de terratenientes y ganade-

ros empezaron a hacerse más vivaces en

Puerto Berrío (Antioquia) y Puerto Boyacá

(Boyacá), es decir más hacia el norte de

Puerto Triunfo.

Desde 1982, los mismos no habían sido

inactivos frente a los avances de las gue-

rrillas, pero la contención de la insurgencia

se recrudeció en la época. Así, trastocan-

do el espíritu de la Ley 48, que permitía a

los ciudadanos organizarse para defender

sus bienes en cola boración con las Fuerzas

Armadas, había sido fundada la Asociación

Campesina de Ganaderos y Agricultores del

Magdalena Medio (Acdegam).

A la postre, el caso de la Acdegam revela

cómo muchos grupos anti-insurgentes pu-

dieron transitar de dinámicas defensivas a

un paramilitarismo ofensivo sub- o inter-

regional. La asociación dio un salto nu-

mérico y cualitativo en la lucha contra las

guerrillas, al beneficiarse de la ayuda de or-

ganizaciones adiestradas al manejo de las

armas, como las cuadrillas de Ramón Isaza.

Entre los años 1987 y 1989, contó con la

asesoría de mercenarios, como el ex-oficial

israelí Yair Klein122. También sacó partida

de la connivencia con algunas unidades mi-

litares radicadas en el área del Magdalena

Medio (Puerto Boyacá) para atacar a las gue-

rrillas que fueron derrotadas en repetidas

ocasiones.

La Acdegam alcanzó a consolidarse en una

coyuntura marcada por varios factores: una

progresión territorial, disímil según los

frentes, de la insurgencia, cuyos efectivos

sumaban 8.000 en 1990 solamente para las

Farc; una agudización de la violencia y la in-

seguridad en distintos departamentos; los

diálogos de paz, cíclicos a lo largo de las

décadas de 1980 y 1990, que causaron un

122 Jairo Tarazona, El profeta de la muerte, Bogotá,

Editorial Planeta, 2008.

doble temor, a saber la intromisión de las

guerrillas en la arena política y una redistri-

bución de las tierras123; y una incesante pu-

gna por el control del comercio de droga.

A finales de la década de 1980, se observó

en el país una militarización acelerada de las

organizaciones anti-subversivas, que busca-

ron reproducir el modelo anti-insurgente de

Puerto Boyacá124. Desde un punto de vista

geopolítico, la lucha contra los guerrilleros

se expandió hacia territorios de Córdoba,

Urabá, Sucre, el Bajo Cauca antioqueño, el

Meta y el noreste limítrofe con Venezuela,

entre otros.

Las modalidades de la contienda armada

evolucionaron en forma sustancial median-

te un incremento de los combates y una

sucesión de masacres, con una instrumen-

talización del terror125, destinadas a aislar y

debilitar a los insurgentes.

En el umbral de los años 1990, Colombia

descubrió la magnitud de la cooperación

entre algunos militares y una serie de orga-

nizaciones anti-insurgentes aún mal iden-

tificados. En alusión a la experiencia de

Puerto Boyacá, y por comodidad, la mayoría

de éstos fueron designados por el conjunto

de la sociedad bajo la etiqueta de parami-

litares126, reemplazando calificativos como

escuadrones de la muerte y grupos de jus-

ticia privada.

En el cruce de los mandatos de Virgilio Barco

Vargas (1986-1990) y César Trujillo Gaviria

(1990-1994), Colombia vivió acontecimientos

123 Tesis acuñada por Mauricio Romero, Paramilitares

y autodefensas, 1982-2003, Bogotá, IEPRI-Editorial

Planeta, 2003.

124 Carlos Medina Gallego, Autodefensas, paramilitares

y narcotráfico en Colombia: origen, desarrollo y con-

solidación. El caso de Puerto Boyacá, Bogotá, Editorial

Documentos Periodísticos, 1990.

125 Éric Lair, “Reflexiones acerca del terror en los escena-

rios de guerra interna”, Revista de Estudios Sociales,

no.15, junio de 2003, pp. 88 a 108.

126 La palabra fue acogida, por mimetismo, de otras si-

tuaciones de violencia. En la época, los medios de co-

municación hicieron una referencia explícita a grupos

los paramilitares en Argentina y Nicaragua.

33

que modificaron la configuración de la

contienda. En un plano político, el país dio

un paso hacia el anclaje de un Estado Social

de Derecho, la garantía de las libertades y

el pluralismo, con una erosión relativa del

bipartidismo, tras la adopción de una nue-

va Constitución en 1991. La promulgación

de la Carta Magna fue concomitante a la

culminación de años de acercamientos con

la guerrilla. Diferentes movimientos, entre

los cuáles se distinguieron frentes del EPL

y el M.19, entregaron las armas en un pro-

ceso de paz, que no significó el fin de las

hostilidades127.

Para intentar limitar las alianzas entre los

miembros del Estado y los grupos anti-

insurgentes, el presidente Virgilio Barco

Vargas hizo aprobar resoluciones que san-

cionaban la entrega de armamento y el en-

trenamiento militar de civiles.

Adicionalmente, la “guerra integral”, decre-

tada por el gobierno de César Gaviria Trujillo

contra las mafias y los insurgentes que no

se habían desmovilizado, concurrió con una

oleada de violencia en el país. De manera

puntual, el asalto a Casa Verde (Meta), sede

del Secretariado de las Farc, se tradujo no

sólo en una derrota táctica sino estratégica

a corto plazo para las autoridades.

En efecto, los frentes de la guerrilla se des-

centralizaron en los meses posteriores con

veleidades de represalias que fueron efectivas

entre los años 1995 y 1998 con una sucesión

de asaltos contra el Estado y las poblaciones.

Estos hechos son importantes a la hora de

entender la propagación de la lucha armada

y la consolidación consecutiva de las orga-

nizaciones anti-insurgentes en un contexto

de apertura de la democracia “asediada”128

por la violencia.

127 Ver la segunda y tercera partes del documento.

128 Eduardo Pizarro Leongómez, Una democracia asedia-

da, op. cit.

En cuanto a la correlación de fuerzas, des-

pués de la confrontación en el Magdalena

Medio, los anti-insurgentes se esparcieron

en las regiones, incluso en dirección de las

ciudades, ocupando los vacíos dejados por

las guerrillas desmovilizadas. Asimismo, el

número de combatientes estimados aumen-

tó en más de 12.000 a principios de los años

2000, o sea se triplicaron sus integrantes

en menos de diez años.

La ayuda recíproca entre los bloques en-

frentados con las guerrillas les permitió in-

vadir y ocupar territorios dominados por el

ELN y las Farc, que alcanzaron alrededor de

17.000 integrantes en el año 2000, y/o per-

turbar la movilidad de la insurgencia.

Sobresalieron en ese entonces las “Auto-

defensas del Magdalena Medio”, con fi-

guras como Ramón Isaza, al igual que las

“Autodefensas Campesinas de Córdoba y

Urabá” (Accu), al mando de la familia Castaño

Gil. El auge de las Accu entre los años 1992-

1997129 tuvo como trasfondo una expansión

y atomización de la lucha anti-insurgente ex-

tra-oficial en el país.

Es así como se manifestaron divisiones,

no sólo entre las facciones, sino también

con poderosas mafias de la droga. Basta

recordar los episodios de la contienda que

enfrentó a Pablo Escobar, dado de baja en

1993130, con Ramón Isaza y los hermanos

Castaño, promotores de la banda de los

“Perseguidos Por Pablo Escobar” (Pepes).

Igualmente, se recordará que el “Mexicano”

terminó enemistándose con los esmeralde-

ros, los narcotraficantes y los guerrilleros,

antes de ser dado de baja por las fuerzas

estatales en 1989.

129 Las AUC se instituyeron oficialmente en 1994, aun-

que muchos de sus integrantes fueron activos en los

años anteriores.

130 Sobre la historia de Pablo Escobar, ver Alonso Salazar,

La parábola de Pablo, Editorial Planeta, 2001.

34

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

Frente al riesgo de una disgregación de

las autodefensas cada vez más ofensivas

en sus objetivos, Carlos Castaño asumió

el liderazgo de las Accu, tras la muerte de

su hermano Fidel. Planificó la creación de

las “Autodefensas Unidas de Colombia”

(AUC) en 1997, a las cuáles se articularon

la mayoría de las organizaciones. Las AUC

ilustraron la voluntad de forjar un proyecto

federativo y una identidad, bajo los auspi-

cios de las Accu, alrededor de un discurso

maniqueísta contra la guerrilla y principios

elementales como el orden y la defensa de

la patria.

En su proceso de asentamiento, estas es-

tructuras se beneficiaron del desmembra-

miento de los dos grandes carteles de la

época, subsiguiente a la entrega o la muerte

de jefes emblemáticos como Pablo Escobar,

para controlar los circuitos de producción y

comercialización de la droga131, uno de los

componentes más rentables de la economía

de la violencia.

En complemento, la expansión de las AUC

encontraron elementos favorables en la

crisis de las instituciones, desacreditadas

bajo el mandato de Ernesto Samper Pizano

(1994-1998), como consecuencia de dos

tendencias: la imputación al entonces presi-

dente de recibir dineros del narcotráfico132

para financiar su campaña electoral; y la

recrudescencia de los ataques de las Farc

que colocaron a las tropas regulares en una

posición de inferioridad133.

A su vez, las AUC no se conformaron con

contener y responder a la guerrilla, sino

que acentuaron los esfuerzos para anticipar

131 Juan Carlos Garzón, “La complejidad paramilitar: una

aproximación estratégica”, op. cit., pp. 64-65.

132 Sobre la problemática y las dimensiones políti-

cas del tráfico de droga, ver Juan Gabriel Tokatlian,

Globalización, narcotráfico y violencia. Siete ensa-

yos sobre Colombia, Bogotá, Grupo Editorial Norma,

2000.

133 Camilo Echandía Castilla, Dos décadas de escala-

miento del conflicto armado en Colombia, 1986-

2006, op. cit.

y disuadir las acciones de los insurgen-

tes y regular numerosos municipios - en

Cundinamarca, el sur de Bolívar, Urabá,

Córdoba, los Llanos orientales, el Eje cafe-

tero y la costa Pacífica -, antes de experi-

mentar una crisis de crecimiento y entrar

en negociaciones con la administración de

Álvaro Uribe Vélez.

La incursión de las organizaciones armadas

en las localidades se sustentó, con diver-

gencias según las zonas, en masacres134,

homicidios individuales y prácticas de desa-

parición forzada.

Las facciones no actuaron siempre en ausen-

cia del Estado, que ha tenido tradicionalmen-

te una soberanía “porosa” sobre el territorio

nacional, sino más bien en espacios intersti-

ciales entre los funcionarios, la clase política,

los caciques locales y el campesinado.

De esta forma, durante años, se instituye-

ron un “clientelismo” y “proselitismo” en

tiempos de confrontación, donde las fron-

teras entre la oferta y demanda de seguri-

dad y protección no fueron necesariamente

claras. Las lealtades se dieron por simpatía,

conformismo, oportunismo, miedo y/u obli-

gación en muchos casos.

Para concluir, se resaltará que, por útil que

sea, la noción de paramilitares presenta in-

convenientes a la luz del contexto colom-

biano, en la medida en que no reflejan ple-

namente la disparidad de las agrupaciones

que se pretende identificar, puesto que las

estructuras anti-insurgentes han sido hasta

la actualidad permeadas y promovidas por

narcotraficantes, esmeralderos y bandas

criminales de diferente índole135. Por otro

134 Con una intensidad particular en los territorios en

disputa en Urabá (noreste del país). Tema del estudio

de Andrés Fernando Suárez, Identidades políticas y

exterminio recíproco. Masacres y guerra en Urabá,

1991-2001, Bogotá, La Carreta Editores E.U-IEPRI,

2007.

135 Human Rights Watch, The ties that bind: Colombia

and military-paramilitary links, Nueva York, Human

Rights Watch, 2000.

35

lado, la aceptación masiva del término ha

relegado a un segundo plano la idea de

autodefensas que ha perdido algo de su va-

lor nominal y heurístico, a excepción de las

esferas oficiales136.

Recurrir a la noción de paramilitares lleva a

pensar que los grupos armados fueron ho-

mogéneos y, en gran medida, el producto de

una subordinación a las fuerzas del Estado

en las décadas de 1980 y 1990. Ahora bien,

la mayoría de ellos emergieron con un alto

grado de independencia y en circunstancias

diferentes según las zonas. Además, los

contactos con los representantes del orden

no fueron sistemáticos ni exentos de ten-

siones y rupturas. Sobre todo, su modus

operandi obedeció a múltiples experiencias

e intereses, que fueron constitutivos de lo

que se podría llamar una “milicianización”

parcial de la sociedad.

En efecto, más allá de vínculos con las tro-

pas regulares, las autodefensas establecie-

ron lazos con diversos estratos de la socie-

dad. Sin los apoyos conseguidos entre la

población mediante el uso de la coerción y

el terror, y a veces a partir de la formación

de una base social más o menos estable, és-

tas no habrían podido experimentar un cre-

cimiento tan sustancial. Los grupos ilegales

actuaron a la imagen de milicias armadas

no estatales, desafiando las autoridades

centrales y lograron provocar o acentuar

136 Aquí, se privilegiará el término para retomar la no-

menclatura oficial, precisando que no es tampoco el

más apropiado desde un punto de vista científico.

tendencias propicias a la fragmentación y/o

la recomposición de los espacios de vida.

Entre otros aspectos, las autodefensas crea-

ron lógicas binarias de tipo “amigo-enemigo”

e instauraron comunidades de seguridad en

las localidades donde alcanzaron a arraigar-

se. Como mediadores violentos, resolvieron

litigios inter-personales y contribuyeron a

una concentración de las parcelas en el ám-

bito rural, en detrimento del pluralismo en

el acceso y la tenencia de la tierra. También

se involucraron en la administración de los

municipios. Paralelamente, se tejieron rela-

ciones puntuales con miembros de la clase

política, que apenas se están revelando hoy,

aunque no pueden ser considerados como

los brazos armados incondicionales de los

partidos. Es decir que estas estructuras se

abrieron caminos en los asuntos públicos

en un panorama institucional caracterizado

por difíciles esfuerzos de democratización.

Sin embargo, también se podría decir que

las autodefensas en Colombia se fueron pa-

ramilitarizando entre los años 1970 y 2000,

principalmente por dos factores estructura-

les, el primero una presencia incipiente del

Estado en la mayoría del territorio nacional

y el segundo la pérdida del monopolio de

las armas por parte del Estado, que se tra-

dujo en su incapacidad durante estos años

para brindar seguridad a los ciudadanos.

Contrariamente a muchas expectativas, los movimientos

de autodefensa en Colombia negociaron las condiciones de

un retorno a la vía no armada entre los años 2003 y 2006,

después de una rápida fase de expansión, sin haber sido

derrotados militarmente.

2El caleidoscopio de

la democracia, la

seguridad y la paz

Contrariamente a muchas expectativas, los movimientos de autodefensa en

Colombia negociaron las condiciones de un retorno a la vía no armada entre los

años 2003 y 2006, después de una rápida fase de expansión, sin haber sido

derrotados militarmente.

Las discusiones llevadas a cabo con las autodefensas invitan a reflexionar sobre

el significado de la paz en relación con la seguridad democrática que ha sido un

principio director de la gestión del Presidente Álvaro Uribe Vélez.

En términos generales, los analistas han prestado una creciente atención no sólo

a la seguridad, sino también a las cuestiones de paz en un ambiente de democra-

tización, bien sea en África, América Latina, Asia o Europa Central y Oriental.

A- Los desafíos de la democracia en

tiempos de negociaciones de paz

En efecto, al finalizar el antagonismo “este-oeste”, los gobiernos y los grupos al

margen de la ley suscribieron acuerdos de paz en distintos países, encaminados

hacia la democracia (Centroamérica, Mozambique, Camboya, entre otros).

Las características y los ritmos de la democracia han sido disímiles según las

regiones. A partir de los años 1980, América Latina fue pionera en la ola de

democratización, que marcó la evolución de diversas zonas en el mundo137. En

137 Samuel Huntington, La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX, Barcelona,

Ediciones Paidós, 2007 y Renske Doorenspleet, Democratic transitions, 1989–2001: exploring

the structural sources, Boulder/Londres, Lynne Rienner Publishers, 2004.

40

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

esa época de optimismo sobre el futuro

del sistema internacional, se habló de un

triunfo del liberalismo político y econó-

mico, que anunciaba el presunto “fin de la

historia”138.

En la mayor parte del subcontinente lati-

noamericano, si se hace caso omiso de

Colombia por ejemplo139, los regímenes

no democráticos140 empezaron a disolver-

se, después de décadas de represión. En

América Central, a diferencia del Cono Sur

latinoamericano y Perú, la marcha hacia la

democracia se entrelazó con negociaciones

de paz, haciendo compleja la interpretación

de ambos procesos.

Desde entonces, la democratización, y en

sustancia la democracia, han dado lugar

a debates apasionados y apreciaciones de

índole prescriptiva, que señalan cómo de-

berían comportarse los sistemas políticos,

siguiendo los modelos predominantes en

Europa y Norteamérica.

Aunque la democracia se ha vuelto un

tema ineludible, queda difícil de discer-

nir y evaluar consensualmente141. Una de-

finición minimalista o “procedimental” de

138 Aquí, la expresión es sinónimo de rumbo (senti-

do) de la historia. Ver al respecto la tesis de Francis

Fukuyama, The end of history and the last man,

Nueva York, Harper Perennial Publishers, 1993, quien

acierta que la humanidad se dirige irremediablemen-

te hacia la democracia liberal. Para una lectura crítica,

ver Susan Marks, “The end of history: reflections on

some international legal theses”, European Journal of

International Law, volumen 8, n°3, 1997, pp. 449 a

477.

139 A continuación, el documento se dedicará a la situa-

ción colombiana en los últimos años.

140 Sobre los regímenes no democráticos que no son

homogéneos, ver Paul Brooker, Non-democratic re-

gimes: theory, government and politics, Nueva York,

Saint Martin’s Press, 2000.

141 Entre los trabajos más destacados acerca de la demo-

cracia, se pueden consultar: Juan J. Linz, La quiebra

de las democracias, Madrid, Alianza Editorial, 1987;

Larry Diamond, Juan J. Linz & Seymour Martín (edi-

tores), Democracy in developping countries: Latin

America, Boulder/Londres, Lynne Rienner Publishers,

1995; Guillermo O’Donnell, Contrapuntos. Ensayos

escogidos sobre autoritarismo y democratización,

Buenos Aires, Ediciones Paidós, 1997; y Robert Dahl,

On democracy, Nueva Haven, Yale University, 1999.

la misma142 supone el reconocimiento de

partidos políticos según una línea plura-

lista, la celebración de elecciones igualita-

rias, imparciales y no coercitivas, al igual

que principios de sufragio “inclusivo” (ideal-

mente de tipo universal).

La literatura subraya que la perennidad de

las democracias modernas pasa por un fuer-

te grado de institucionalización, más allá de

las dimensiones electorales - es decir, dis-

posiciones legales, estructuras y prácticas

(“cultura política”143), que permitan fomen-

tar espacios de mediación y representación,

entre otros elementos.

Por ende, el ejercicio democrático induce

una voluntad de coexistencia y una densa

trama de decisiones, derechos y obligacio-

nes vinculantes entre los ciudadanos y el

Estado144.

En los hechos, los esfuerzos consentidos a

favor de la democracia no han sido homo-

géneos ni irreversibles. Los obstáculos a las

libertades de asociación, expresión e infor-

mación se han acumulado. Adicionalmente,

la violencia no ha desaparecido del paisaje

político y social en numerosas regiones.

En efecto, las autocracias más antiguas del

mundo han sobrevivido a distintas crisis

y presiones, mostrando tímidos signos de

apertura política (Corea del Norte, Myanmar

y monarquías del Golfo árabe, por ejem-

plo). Por otro lado, la funcionalidad de los

142 Se habla también de una visión “procesalista” de la

democracia cuando los análisis se centran principal-

mente en los comicios. Philippe C. Schmitter & Terry

Lynn Karl, “What democracy is… and is not”, Journal

of Democracy, volumen 2, n°3, verano de 1991, pp.

75 a 88 y David Collier & Steven Levitsky, “Democracy

with adjectives: conceptual innovation in comparative

research”, World Politics, volumen 49, n°3, abril de

1997, pp. 430 a 451.

143 Entre los primeros trabajos teóricos y empíricos so-

bre la “cultura política”, ver Gabriel Almond & Sydney

Verba, The civic culture: political attitudes and demo-

cracy in five nations, Princeton, Princeton University

Press, 1963.

144 Guillermo O’Donnell, Disonancias. Críticas democrá-

ticas a la democracia, Buenos Aires, Prometeo Libros,

2007, pp. 19 a 83.

41

Estados en vía de democratización ha sido

incompletas en varios aspectos: despliegue

territorial desigual de las fuerzas regulares;

escasez e ineficiencia de las instituciones;

carencias de la infraestructura y los servi-

cios públicos, entre otros. Igualmente, la

falta de medios de acción y la connivencia

del poder central con las élites locales rea-

cias a la implantación de la democracia ex-

plican la formación o la subsistencia de en-

claves autoritarios subnacionales145, que se

singularizan por altos niveles de opresión,

privación y fraude electoral (Argentina,

México y Nigeria, entre otros).

Sobre este punto, es interesante obser-

var que el tránsito hacia la democracia ha

propiciado formas de autoritarismo en

el proceso electoral. En este sentido, las

garantías de libertad y equidad suelen ser

precarias, transformando la votación en un

instrumento de dominio y legitimación para

una fracción de la clase política y/o los mi-

litares determinados a conservar o conse-

guir el poder. A veces, este fenómeno ha

tomado tantas proporciones que el acto de

votar se ha asemejado a un disfraz de la

democracia (“democracia iliberal”)146; lo que

se ha denominado también “autoritarismo

electoral”147.

Hasta la actualidad, la democratización en

América Latina ha sido aleatoria e inaca-

bada, a pesar de las expectativas consecu-

tivas a la caída de las dictaduras. Algunas

naciones del hemisferio no han podido

superar, con criterios y resultados equiva-

lentes, la etapa de “transición democrática”

para entrar en la categoría de los regímenes

145 Edward L. Gibson, “Autoritarismo subnacional: estra-

tegias territoriales de control político en regímenes

democráticos”, Desafíos, n°14, primer semestre de

2006, pp. 204 a 237.

146 Fareed Zakaria, The future of freedom. Iliberal demo-

cracy at home and abroad, W.W. Norton & Company,

Nueva York- Londres, 2003.

147 Tema novedoso abordado por Andreas Schedler

(editor), Electoral authoritarianism: the dynamics of

unfree competition, Boulder/Londres, Lynne Rienner

Publishers, 2006.

“consolidados”148, de tal manera que se han

esbozado escenarios ambiguos entre la de-

mocracia (“semi-democracia”)149 y el autori-

tarismo (“semi-autoritarismo”)150.

También se anotará que el panorama lati-

noamericano requiere ser analizado con

ciertas especificidades, por ser sociedades

afectadas por duraderas manifestaciones

de violencia e inseguridad.

Una mirada internacional enseña que los

pasos hacia la democracia conocen irre-

gularidades e incertidumbres a corto pla-

zo en los contextos post-conflicto. La or-

ganización de elecciones no es un índice

suficiente para evaluar los progresos de la

democratización151. Por el contrario, una

contienda electoral poco preparada y lejana

de las exigencias mencionadas anterior-

mente (enfoque minimalista de la democra-

cia), es susceptible de provocar tensiones y

enfrentamientos152.

Sobre todo, durante una doble transición

hacia la democracia y la paz, están presen-

tes factores de inestabilidad que no se ex-

teriorizan con semejante acuidad en otras

circunstancias.

Así, el poder civil se ve asignado el reto de con-

tener las intervenciones de las fuerzas milita-

res en los asuntos domésticos. Paralelamente,

los planes de desarme, desmovilización y

148 Sobre las transiciones y las consolidaciones demo-

cráticas, ver Cecilia Lesgart, Usos de la transición a

la democracia. Ensayo, ciencia y política en la déca-

da del 80, Santa Fe, Homo Sapiens Ediciones, 2003,

precisando que no es siempre fácil distinguir las dos

nociones.

149 Peter Smith, Democracy in Latin America: political

change in comparative perspective, Oxford, Oxford

University Press, 2005.

150 Marina Ottaway, Democracy challenged: the rise of

semi-authoritarianism, Washington D.C, Carnegie

Endowment for International Peace, 2003.

151 Sobre las elecciones en tiempos de post-conflicto,

ver Krishna Kumar (editor), Postconflict elections.

Democratization and international assistance,

Boulder/Londres, Lynne Rienner Publishers, 1998.

152 Ronald Paris, At war’s end: building peace after ci-

vil conflict, Cambridge, Cambridge University Press,

2004.

42

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

reinserción de los combatientes (DD&R) son

imprescindibles para tratar de impedir la

reanudación de la confrontación y/o el sur-

gimiento de nuevos fenómenos armados.

En complemento, el reordenamiento po-

lítico y jurídico, así como la reactivación

económica revelan ser fundamentales en la

perspectiva de una reconstrucción viable.

Por último, la asistencia a las poblaciones

vulneradas por los hechos violentos pone

a prueba las capacidades del Estado para

responder a una multitud de peticiones que

influyen sobre las posibilidades de reconci-

liación nacional153.

En El Salvador, Guatemala y Nicaragua, don-

de el protagonismo de los grupos contrain-

surgentes fue significativo entre las déca-

das de 1960 y 1990, la transición hacia la

democracia encontró una resonancia en las

discusiones de paz, y vice versa.

Es importante precisar que, a excepción del

interludio democrático en Guatemala en los

años 1940 y 1950, que terminó con el golpe

de Estado de 1954, apoyado por los servi-

cios de inteligencia estadounidenses154, las

tres sociedades vivieron esencialmente bajo

el autoritarismo en el transcurso de la rivali-

dad “este-oeste”.

Por la longevidad de los regímenes autori-

tarios y la magnitud de los conflictos, las

fuerzas militares tuvieron un papel central

en las esferas políticas en Centroamérica,

153 Sobre éstos puntos, ver Cynthia Arnson (edito-

ra), Comparative peace processes in Latin America,

Washington D.C/Stanford, Woodrow Wilson Center

Press-Stanford University Press, 1999.

154 Época que se denomina a veces “el tiempo de la

libertad”, Cindy Forster, The time of freedom: cam-

pesino workers in Guatemala’s october revolution,

Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2001.

Sobre la intervención de los Estados Unidos que

participaron en 1954 en el derrocamiento del go-

bierno democrático del presidente Jacobo Árbenz

Guzmán, acusado de ser pro-comunista, ver Stephen

Schlesinger, Bitter fruit: the story of the American

coup in Guatemala, Cambridge, Harvard University

Press - David Rockefeller Center for Latin American

Studies, 2005.

incluso cuando éstas no asumieron funciones

presidenciales - a partir de 1979 en Nicaragua,

1982 para El Salvador y 1986 en Guatemala -,

lo cuál fue una preocupación planteada en las

negociaciones de paz y los inicios de la fase

democrática en los años 1990.

La democratización tuvo antecedentes en

la década de 1980 en un período de recru-

decimiento de la lucha armada. Bajo la pre-

sión de los Estados Unidos, los regímenes

militares en El Salvador y Guatemala convo-

caron, respectivamente en 1982 y 1984,

asambleas constituyentes encargadas de

modificar las leyes y los hábitos electorales

para recomponer las bases del sistema po-

lítico, según una lógica más representativa.

El gobierno sandinista en Nicaragua, hostil

a los intereses estadounidenses, hizo tam-

bién de las elecciones un mecanismo de

propaganda y legitimación.

Sin embargo, en cada país, las elecciones

se tornaron “demostrativas”155, sin plura-

lismo democrático (“democracia iliberal”).

En estas condiciones, la guerra constituyó

uno de los frenos a la democracia liberal.

De allí, el anhelo de atar la democratización

a la resolución de los conflictos156.

En este sentido, se fundó en 1983 el “Grupo

de Contadora”, integrado por México,

Panamá, Venezuela y Colombia, que tuvo

el mérito de abogar por la paz, mientras el

antagonismo “este-oeste” congelaba los in-

tentos de acercamiento. Si bien no se consi-

guió proponer una fórmula aceptable para

las partes involucradas en los conflictos, se

sentaron los fundamentos para la adopción

de una estrategia ambiciosa en los años

siguientes en un clima de apaciguamiento

entre las grandes potencias.

155 Edward S. Harman & Frank Brodhead (editores),

Demonstration elections: U.S-staged elections in the

Dominican Republic, Vietnam and El Salvador, Boston,

South End Press, 1984.

156 Olivier Dabène, “Invention et rémanence d’une cri-

se: leçons d’Amérique Centrale”, Revue Française de

Science Politique, volumen 42, n°4, agosto de 1992,

pp. 555 a 581.

43

En sustituto a los esfuerzos emprendidos por

el “Grupo de Contadora”, el “Acuerdo de Paz

de Esquipulas”157, concertado en 1987 por

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras

y Nicaragua, dio un marco que impulsó la de-

mocratización en el istmo158, sin abandonar

la búsqueda de una salida negociada a las

guerras, pese a innumerables dificultades.

Efectivamente, tras la apertura de los diálo-

gos en 1984, la paz estuvo en un impasse en

El Salvador hasta finales de la década. En ese

entonces, la guerrilla del “Frente Farabundo

Martí para la Liberación Nacional” (FMLN)

demandaba una participación en el poder

y la instalación de un gobierno provisional

pluralista. Por su parte, tanto las instancias

civiles oficiales como los militares pedían

que los insurgentes depusieran las armas,

acataran el ordenamiento jurídico vigente y

se incorporaran al proceso democrático.

Ante los bloqueos de las negociaciones, los

guerrilleros lanzaron en 1989 una ofensiva

militar que acarreó una contra-ofensiva es-

tatal. Los combates, que no vieron la derro-

ta de ninguno de los bandos, demostraron

la urgencia de hallar una solución no vio-

lenta a la confrontación159.

157 El acuerdo fue complementado por una segun-

da declaración el mismo año y un plan emitido por

la administración del presidente Ronald Reagan.

Adicionalmente, se recordará que el presidente de

Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, recibió el “Premio

Nobel de la Paz” en 1987 por su labor de conciliación

en la zona. Johanna Oliver, “The Esquipulas process:

a Central American paradigm for resolving regional

conflict”, Ethnic Studies Report, volumen 17, n°2, julio

de 1999, pp. 150 a 179.

158 También se procuró fomentar la reconciliación y la

estabilidad, según los términos de dicho acuerdo.

159 A semejanza de Guatemala, se ha evocado la exis-

tencia de un empate militar, contribuyendo a la con-

clusión de los acuerdos de paz. No hay claridad entre

los especialistas sobre las circunstancias en las qué un

conflicto puede ser considerado como “maduro” para

una resolución negociada (noción de “madurez para

la paz”), ver I. William Zartman, “Ripeness: the hur-

ting stalemate and beyond” en Paul C. Stern & Daniel

Druckman (editores), International conflict resolution

after the cold war, Washington D.C, National Academy

Press, 2000, pp. 225 a 250 y Stephen J. Stedman,

Donald Rothchild & Elizabeth M. Cousens, Ending ci-

vil wars. The implementation of peace agreements,

Boulder/Londres, Lynne Rienner Publishers, 2002.

Gracias a la mediación de países extranje-

ros y la Organización de la Naciones Unidas

(Onu), las iniciativas de paz se aceleraron

con un trasfondo de democratización. La

reunión de Ginebra en abril de 1990 sirvió de

base para “la Agenda General y el Calendario

del Proceso Completo de Negociación” sus-

crito posteriormente en Caracas. Entre las

cuestiones más sensibles, fueron aborda-

dos la re-estructuración de las fuerzas ar-

madas; el respeto a los derechos humanos;

las reformas constitucionales, electorales y

judiciales; los problemas socio-económicos;

y el monitoreo de la etapa post-conflicto

bajo los auspicios de la Onu.

Después de una serie de interrupciones, se

lograron compromisos sobre la mayoría de

estos puntos, en especial en el “Acuerdo de

San José sobre Derechos Humanos”, que es-

tipuló adicionalmente el despliegue de una

misión verificadora de la Onu (“Misión de

Observadores de las Naciones Unidas en El

Salvador”), efectiva entre 1991 y 1995, es

decir antes del fin de las hostilidades, que

sobrepasó las operaciones tradicionales de

mantenimiento de paz de la entidad160.

En diciembre de 1991, el “Acta de Nueva

York” permitió concluir un cese al fuego de-

finitivo, que fue seguido de un segundo en-

cuentro en la ciudad para convenir en parti-

cular la reducción de las fuerzas castrenses

y las modalidades de la reincorporación de

los integrantes del FMLN.

Los acuerdos culminaron en enero de 1992

en México (Chapultepec). Se planearon la

depuración de las estructuras militares y el

acantonamiento del FMLN en campos de de-

sarme y desmovilización, bajo la inspección

de la Onu, los cuáles fueron el preludio a

una transformación de la guerrilla en par-

tido político.

160 Johanna Oliver (et. al.), Después de Esquipulas: apun-

tes sobre los procesos nacionales de paz, San José de

Costa Rica, Fundación Arias para la Paz y el Progreso

Humano, 2000, p. 72.

44

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

En Nicaragua, el arranque de las negocia-

ciones fue más tardío que en la situación

salvadoreña, en especial por la fuerte

intromisión de los actores externos en

el conflicto (principalmente Argentina,

Estados Unidos y Honduras para el bloque

occidental). No obstante, la conducción

de las mismas se reveló ágil con alcances

tangibles en pocos meses161.

En 1988, la interlocución todavía incipiente

entre el poder sandinista y los movimien-

tos de oposición desembocó en un cese al

fuego parcial sometido a verificación por

la Organización de los Estados Americanos

(OEA). En consonancia, los presidentes cen-

troamericanos, inquietos frente a la propaga-

ción de la violencia armada, hicieron un lla-

mado al régimen para facilitar la celebración

de elecciones libres y, por lo tanto, obrar por

la estabilidad de la región. La solicitud fue

aprobada y reforzada por la política estadou-

nidense, que se flexibilizó en la medida en

que la amenaza comunista se disipaba.

El jefe de Estado nicaragüense admitió la

idea de elecciones para obtener el desmem-

bramiento de los grupos armados en su

contra y renunció al sostenimiento de las ac-

tividades de guerra por parte de Honduras y

los Estados Unidos.

A mediados del año 1989, con la asesoría

y el control de la OEA y la Onu (“Grupo de

Observadores de las Naciones Unidas en

Centroamérica”), se decidieron el desman-

telamiento y el agrupamiento en Nicaragua

de los alzados en armas perteneciendo a

la “Contra” - muchos de los cuáles perma-

necían en el sur de Honduras.

La Onu puso de pie equipos móviles, y no

estáticos como era la costumbre para otras

fuerzas de interposición en el mundo, con el

propósito principal de vigilar la zona norte

161 Para un balance de las negociaciones de paz en los

dos países, ver Jack Child, The Central American

peace process, 1983-1991, Boulder/Londres, Lynne

Rienner Publishers, 1992.

y fronteriza con Honduras. Paralelamente,

los países involucrados en la confrontación

se comprometieron a suspender la ayuda a

los movimientos ilegales y no utilizar terri-

torios foráneos para orquestar operaciones

militares dentro de Nicaragua.

En cambio, el gobierno sandinista dejó que

se organizaran elecciones (para la presiden-

cia, el parlamento y las municipalidades),

bajo el patrocinio de la Onu (“Misión de

Observación de las Naciones Unidas para la

Verificación de las Elecciones en Nicaragua”),

de las cuales salió vencido por las urnas,

propiciando el tránsito a la democracia.

Para concluir, en Guatemala162, a raíz de

la declaración de “Esquipulas”, delegados

del Gobierno y portavoces de la guerrilla,

confederada en la “Unidad Revolucionaria

Nacional Guatemalteca” (URNG), se encon-

traron en octubre de 1987 en Madrid. Estos

contactos exploratorios fueron frustrados

por el rechazo expresado por la guerrilla de

entregar las armas para no aparecer debili-

tada ante las tropas regulares que hicieron

de la problemática una clave para cualquier

negociación de paz.

Sin embargo, distintos sucesos y medidas

permitieron superar las resistencias. En

primera instancia, la “Comisión Nacional de

Reconciliación” (CNR) instituida en septiem-

bre de 1987, de conformidad con las reco-

mendaciones del “Acuerdo de Esquipulas”,

contó con un mandato para desarrollar un

“diálogo nacional”, que inicialmente exclu-

yó a los guerrilleros acusados de intransi-

gencia por los círculos oficiales.

Consecutivamente al retiro relativo de los

militares de la vida política y en un ambien-

te internacional de distensión de las rela-

ciones diplomáticas “este-oeste”, la CNR,

en representación del Gobierno, discutió

con la URNG en Oslo en marzo de 1990.

Se concluyeron acuerdos que designaron a

162 Sobre el proceso de paz en el país, se remite a

Susanne Jonas, Of centaurs and doves: Guatemala’s

peace process, Westview Press, 2000.

45

la Onu como garante de las conversaciones

de paz. También se extendieron las consul-

tas a los sectores de la sociedad civil, que

tuvieron la oportunidad de interactuar con

la insurgencia mediante la aprobación y el

control de las autoridades.

A principios de 1991, se instauró la

“Comisión de Paz del Gobierno de

Guatemala” (Copaz) que tomó la resolución

de negociar directamente con la guerrilla.

Desde ese momento, se debatieron con

detenimiento las causas del conflicto, por

contraste con las experiencias salvadoreña

y nicaragüense. Igualmente, se evocaron las

condiciones de un cese al fuego firme, los

derechos humanos y los proyectos de DD&R

de los combatientes.

El conjunto de estos puntos fueron in-

sertados en el temario del “Acuerdo de

Procedimiento para la Búsqueda de la Paz

por Medios Políticos” en abril de 1991, que

precedió el “Acuerdo de Querétaro”, cono-

cido por haber definido un marco para la

democracia.

Las perspectivas de paz y democratización

se oscurecieron coyunturalmente en 1993,

cuando el país fue sacudido por una ines-

tabilidad político-institucional163. Una vez

solucionada la crisis por la vía constitucio-

nal, se reanudaron los diálogos en enero de

1994, con un mayor mandato de la Onu,

un papel renovado para la sociedad civil

y la conformación de un “Grupo de Países

Amigos”, que constaba de los Estados

Unidos, México, Colombia, Venezuela,

España y Noruega.

Ulteriormente, se alcanzaron acuerdos sobre

espinosas cuestiones, como los derechos

163 Como consecuencia del autogolpe del presidente

Jorge Serrano Elías, que recordó el antecedente de

Alberto Fujimori en el Perú en los meses anteriores.

Las medidas autoritarias decretadas contemplaban la

disolución de la rama legislativa y la Corte Suprema

de Justicia, entre otras instancias. Por falta de respal-

do de las fuerzas militares, el mandatario estuvo en

la obligación de abandonar la magistratura suprema

y exiliarse del país.

humanos, el reasentamiento de las pobla-

ciones desarraigadas por la confrontación

y la defensa de los derechos e identidad de

los pueblos indígenas. Se estableció una

“Comisión para el Esclarecimiento Histórico”

(CEH)164, que desempeñó una tarea de re-

construcción del pasado, planteando cues-

tiones de memoria, verdad y justicia165, an-

tes de llegar a un acuerdo final entre los

beligerantes en diciembre de 1996.

En los tres países centroamericanos, sobre-

salió la internacionalización de los conflic-

tos y de las iniciativas de paz. La agenda

de las negociaciones resultó amplia por las

conexiones con la democratización que no

fue únicamente concebida, en las intencio-

nes, según un enfoque “procedimental”.

Más de una década después de haber

concluido los acuerdos de paz, los expertos

se interrogan todavía sobre las orientacio-

nes de la democracia en Centroamérica166.

La transición en El Salvador suele ser consi-

derada como moderadamente exitosa, aun-

que limitaciones en torno a la eficiencia de

las instituciones han arrojado dudas acerca

de la solidez del proceso167.

Sin embargo, éste ha permitido excluir a los

militares de la política, que han sido colo-

cados bajo directivas de mando civil y se

164 Ver el informe de la Comisión para el Esclarecimiento

Histórico, Guatemala: memoria del silencio, Guatemala

Ciudad, CEH, 1999.

165 Para una reflexión acerca de Guatemala, ver Victoria

Sanford, Buried secrets: truth and human rights in

Guatemala, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2004.

Sobre el papel de las comisiones de la verdad, ver

Priscilla B. Hayner, Unspeakable truths: facing

the challenges of truth commissions, Nueva York,

Routledge, 2002 y Greg Grandin, Truth commissions:

state, terror and memory, Durham, Duke University

Press, 2007, quien es el autor de varios trabajos so-

bre América Latina y Guatemala en particular.

166 Para una aproximación en términos políticos e ins-

titucionales con un paralelo con Colombia, ver Carlo

Nasi, Cuando callan los fusiles. Impacto de la paz ne-

gociada en Colombia y Centroamérica, op. cit.

167 Charles T. Call, “War transition and the new civilian

security in Latin America”, Comparative Politics, volu-

men 35, n°1, 2002, pp. 01 a 20.

46

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

han implementado reglas y disposiciones,

con la ambición de celebrar elecciones cada

vez más justas y competitivas, favoreciendo

la reconversión de la antigua guerrilla en

partido político legal168, que ha ganado di-

versos escrutinios en los recientes comicios

legislativos y municipales.

En Nicaragua, la escena política se ha bipolari-

zado entre las tendencias liberales y sandinis-

tas169, sin subestimar la participación de fac-

ciones de menor audiencia. Se ha logrado de-

sarticular el aparato de seguridad del Estado,

en desmedro de la atención prestada a los gru-

pos al margen de la ley. Al salir de la guerra,

no se reincorporaron satisfactoriamente a la

vida civil los ex-combatientes que, en algunas

ocasiones, retomaron las armas en las gran-

des ciudades y los departamentos agrícolas

del norte del país para conformar bandas cri-

minales170, a veces en colusión con pandillas

operacionales desde hace varios años171.

Dentro de este panorama, el caso menos

promisorio ha sido Guatemala, donde la iz-

quierda se ha quedado marginada del pano-

rama político, mientras la influencia de los

militares en los asuntos públicos no ha sido

plenamente erradicada.

168 Joaquín Villalobos, “Ni vainqueurs ni vaincus : la paix

au Salvador”, Critique Internationale, n°5, otoño de

1999, pp. 139 a 153.

169 Con una figura preeminente, Daniel Ortega, quien

fue elegido presidente en 2007 para un mandato de

cinco años.

170 Gilles Bataillon, “Contras et recontras nicaraguayens

(1982-1993): réflexions sur l’action armée et la

constitution d’acteurs politico-militaires”, Cultures &

Conflits, n°12, invierno de 1993-1995, pp. 63 a 103.

171 En la actualidad, El Salvador y Guatemala conocen

también problemas sociales asociados al desarrollo

de los programas de DD&R, como se analizará en la

tercera parte del documento.

Por otro lado, el Estado no ha tenido la vo-

luntad ni la capacidad para determinar y

juzgar las responsabilidades de los acon-

tecimientos ocurridos en la época de la

confrontación y lidiar con los problemas

crónicos de segregación y racismo en una

sociedad eminentemente indígena172.

Por lo tanto, pese a la frecuencia de las elec-

ciones, que no ha sido interrumpida desde

la década de 1980173, los analistas se rehú-

san a hablar de democracia liberal con un

anclaje del pluralismo político. De allí, la

idea polémica de regímenes mixtos o “hí-

bridos”, que comparten rasgos autoritarios

y democráticos174, o el concepto más neutro

de “democracia electoral”175.

Ahora bien, es indispensable profundizar

la reflexión acerca de la democracia, consi-

derando el tema de la seguridad, para po-

ner en una perspectiva teórica la política

del presidente Álvaro Uribe Vélez hacia los

grupos armados ilegales y, en especial, las

discusiones de paz adelantadas con los mo-

vimientos de autodefensa.

172 Marta Elena Casaús Arzú, Guatemala: linaje y racis-

mo, Guatemala Ciudad, F&G Editores, 2007.

173 Los países del área han apelado a los oficios de or-

ganismos multilaterales para enmarcar los procesos

electorales. Además de la Onu, la OEA ha tenido un

rol central en la celebración de los comicios: munici-

pales y legislativos de 1997 y presidenciales de 2004

en El Salvador; parlamentarios y presidenciales de

2003 en Guatemala; y presidenciales de 1996 y 2001

y regionales de 1998 y 2002 en Nicaragua.

174 Terry Lynn Karl, “The hybrid regimes of Central

America”, The Journal of Democracy, volumen 6, n°3,

julio de 1995, pp. 72 a 86.

175 Larry Diamond, “Thinking about hybrid regimes”,

The Journal of Democracy, volumen 13, n°2, abril de

2002, pp. 21 a 35, estima que los países centroame-

ricanos pueden ser calificados como “democracias

electorales” y no “regímenes híbridos”.

47

A raíz de la finalización de la rivalidad “es-

te-oeste”, se percibió una atmósfera de op-

timismo entre los académicos, las clases

políticas y los miembros de diversos orga-

nismos, los cuáles pronosticaron un declive

de las confrontaciones bélicas y un “nuevo

orden internacional”176, sustentado en la de-

mocracia liberal.

Empero, las esperanzas de ver emerger

prontamente un mundo menos bélico se

desvanecieron ante las vicisitudes de algu-

nos diálogos de paz como los que tuvieron

lugar en Colombia, Sri Lanka y Sudán, entre

otros, el fracaso de diferentes intervencio-

nes humanitarias y militares de las Naciones

Unidas (Somalia, antigua Yugoslavia y

Rwanda) y el surgimiento de nuevas contien-

das armadas (Liberia, Argelia, Sierra Leona,

entre otros).

Los cambios y las incertidumbres inherentes

al contexto internacional han tenido profun-

das consecuencias sobre la seguridad hasta

el presente. Si bien es cierto que América

Latina había perdido relevancia estraté-

gica en la política exterior de los Estados

Unidos después de la Guerra Fría177, la po-

sición de Colombia ha sido re-evaluada, por

la prioridad conferida a la lucha contra el

176 Tendencia perceptible durante la operación militar de

la coalición contra el régimen de Saddam Hussein en

Irak (1990-1991). Autores anunciaron inclusive una

desaparición de los conflictos armados “mayores”,

es decir entre las naciones más potentes. Michael

Mandelbaum, “Is major war obsolete”?, Survival, vo-

lumen 40, n°4, invierno de 1998-1999, pp. 20 a 38.

177 Russell Crandall, The United States and Latin America

after the cold war, Cambridge, Cambridge University

Press, 2008, examina las relaciones inter-americanas

desde el final de la “guerra fría” a la luz de los proce-

sos de democratización, la liberalización de las eco-

nomías y la seguridad con énfasis en la lucha contra

la criminalidad y las drogas.

narcotráfico y el terrorismo, a raíz de los

ataques del 11 de septiembre de 2001178.

Adicionalmente, la pacificación de los

conflictos en Centroamérica179 no ha conlle-

vado a la eliminación de todas las tensio-

nes y las fuentes potenciales de violencia

colectiva. Por el contrario, la criminalidad

y la delincuencia urbana, así como la pro-

liferación de armas, se han vuelto unas de

las grandes amenazas en el subcontinente

latinoamericano180.

Tan es así que los Estados han ido forta-

leciendo los mecanismos de resolución no

violenta de los conflictos, sin perder de

vista el imperativo de la seguridad, tanto

dentro de sus fronteras como en el ámbito

exterior.

En este marco, la seguridad ha suscitado un

sinnúmero de definiciones, discursos y re-

presentaciones. Para simplificar los debates

acerca de la noción, pueden ubicarse tres

escuelas de pensamiento en teoría de las

relaciones internacionales.

La más clásica - el “realismo” político - postula

que los Estados181 están en la obligación

178 La mediatización de la situación de violencia en

Colombia se ha cristalizado en temas como los des-

plazamientos forzados, los secuestros y las sevicias

corporales cuyas víctimas son, ante todo, las pobla-

ciones civiles.

179 Carlo Nasi, Cuando callan los fusiles. Impacto de la

paz negociada en Colombia y Centroamérica, op.

cit., hace un balance de las negociaciones paz en

Centroamérica y Colombia, principalmente para el

caso de las guerrillas.

180 Klaus Bodemer (editor) El nuevo escenario de (in)

seguridad en América Latina: ¿amenaza para la

democracia?, Caracas, Recal-IIK-Flacso-Chile-Nueva

Sociedad, 2003

181 Según los axiomas de esta escuela, que demues-

tra cierto pesimismo ontológico, los Estados son

egoístas, desconfiados y agresivos por esencia, lo

cual permite entender las turbulencias del sistema

internacional.

B- Las dimensiones de la “seguridad

democrática”

48

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

permanente de armarse y defenderse para

sobrevivir a la “anarquía”, donde predomi-

nan las guerras, en particular bilaterales o

internacionales, por la ausencia de un ente

capaz de regular el entorno182. La segunda,

asociada a una visión liberal e interdepen-

dentista del mundo, identifica amenazas que

no son necesariamente estatales ni milita-

res. Aboga por la cooperación, los intercam-

bios y la búsqueda de soluciones no coerci-

tivas a los conflictos183. Por último, se men-

cionarán los enfoques “constructivistas”184,

que refutan el postulado de una supremacía

de los Estados en un mundo irremediable-

mente proclive al desorden. Al igual que

muchos tópicos, la seguridad aparece como

el producto de cálculos, percepciones e in-

teracciones entre una pluralidad de agen-

tes - es decir, una construcción social en un

momento específico.

De los preceptos liberales e interdependen-

tistas, se deriva la importancia dedicada a

la “seguridad humana”185 desde los años

1990186. Maleable e imprecisa según sus

detractores, ésta hace hincapié en una serie

de factores susceptibles de comprometer

182 Hans Morgenthau, Política entre las naciones. La

lucha por el poder y la paz, Buenos Aires, G.E.L,

1986; Kenneth Waltz, Teoría de la política interna-

cional, Buenos Aires, G.E.L, 1988; George Kennan,

American diplomacy, 1900-1950, Chicago, University

of Chicago Press, 1951. Dentro de esta visión, exis-

ten corrientes reformistas que matizan la importancia

de los Estados con sus dimensiones militares en el

sistema internacional. Por ejemplo, Barry Buzan, Ole

Waever & Jaap de Wilde (editores), Security: a new fra-

mework for analysis, Boulder/Londres, Lynne Rienner

Publishers, 1998, consideran los factores de violencia

e inestabilidad sub-estatales, como las organizacio-

nes armadas y las redes criminales.

183 Robert O. Keohane & Joseph S. Nye, Power and inter-

dependence, Boston, Little Brown, 1977.

184 Para una aproximación al tema, ver Alexander Wendt,

“Anarchy is what states make of it: the social construc-

tion of power politics”, International Organization,

volumen 46, nº2, primavera de 1992, pp. 391 a 425.

185 Jean-François Rioux (editor), La sécurité humaine :

une nouvelle conception des relations internationales,

París, L’Harmattan, 2001.

186 Las tres grandes escuelas anotadas anteriormente

han dado lugar a otras conceptualizaciones, como la

“seguridad ciudadana” y la “seguridad hemisférica”.

la integridad de los individuos y las comu-

nidades. Entre otros aspectos, se destacan

las exacciones armadas, la reincorporación

a la vida civil de combatientes, los flujos de

poblaciones, las fluctuaciones económicas

con un deterioro de los niveles de pobreza

y las catástrofes naturales.

Además, la (re)conceptualización de la se-

guridad ha encontrado un terreno fructífero

en la ola de democratización de las décadas

de 1980 y 1990, bien sea en Centroamérica

u otros sub-continentes. Poco a poco,

se ha forjado la noción de “seguridad

democrática”187, que abarca elementos de la

seguridad humana y pretende conciliar los

intereses primordiales del Estado (razón de

Estado) con los criterios y las exigencias de

una democracia moderna.

Pese a una creencia común, la noción no es

una creación sui generis del actual Gobierno

en Colombia y no está dirigida exclusiva-

mente contra las organizaciones armadas

ilegales. Tiene un trasfondo teórico y una

historia reciente en el hemisferio latinoa-

mericano, que se nutre de una concepción

renovada y extendida de la seguridad fuera

de las esferas militares.

En este sentido, la seguridad democrática

ha sustituido a la doctrina de “seguridad

nacional”, aferrada a un enfoque tradicional

de las relaciones internacionales, que fue el

paradigma privilegiado durante la confron-

tación global contra el comunismo188, en

detrimento de las libertades, los derechos y

finalmente la ciudadanía.

187 Para una presentación teórica e histórica de la se-

guridad democrática en Colombia, ver Federmán

Antonio Rodríguez Morales & Rubén Sánchez David,

Seguridad, democracia y seguridad democrática,

Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, 2007.

188 Esta doctrina fue implementada tanto entre los

Estados-nación como en los asuntos internos de los

mismos con diferencias de un escenario a otro. En

Colombia, el concepto fue aplicado de manera irregu-

lar, sin mayor planificación más allá del corto plazo.

Francisco Leal Buitrago, La seguridad nacional a la

deriva, op. cit.

49

A comienzos de la década de 1990, la se-

guridad democrática empezó a ser forma-

lizada en los círculos institucionales en

América Latina. Así, el “Tratado Marco de

Seguridad Democrática de Centroamérica”

esbozó en 1995 las bases de un enfoque

alternativo a la seguridad nacional, con el

propósito de contribuir a la paz y la estabi-

lidad, luego de los conflictos que habían sa-

cudido a la región. Los firmantes del trata-

do convinieron preservar o promover varios

puntos, con un aliento democrático, entre

los cuales se puede citar los derechos y las

libertades fundamentales; la eficiencia y la

transparencia burocrática de los Estados;

la subordinación del poder militar a los ci-

viles; la protección de las personas y los

bienes; el bienestar de las poblaciones; la

lucha contra la criminalidad y la violencia y

los mecanismos de arreglo y prevención de

los conflictos inter-estatales.

Ahora bien, desde la época, el objetivo de

la seguridad democrática estipulado en los

términos del tratado se ha desdibujado en

la práctica, por las inconsistencias de la in-

tegración regional, la persistencia de los

fenómenos armados y las dificultades para

deshacerse del legado de la doctrina de se-

guridad nacional189.

En Colombia, uno de los retos para la admi-

nistración de Álvaro Uribe Vélez ha consisti-

do precisamente en no encerrar la seguridad

democrática en una línea militarista. En este

sentido, el Gobierno ha buscado también in-

formar constantemente a la opinión sobre las

metas y los alcances de la misma.

El Presidente ha enfatizado en que la

seguridad democrática no reproduce los

esquemas represivos típicos del antagonismo

189 Francine Jácome, “La seguridad democrática en el

marco del proceso de integración”, en Klaus Bodemer

& Francisco Rojas Aravena (editores), La seguridad

en las Américas, Madrid, Iberoamericana-Vervuert,

2005, p. 112.

“este-oeste” en América Latina190. La estrate-

gia planteada ha buscado un equilibrio entre

el desmantelamiento de las estructuras arma-

das ilegales (por la fuerza o la negociación),

el establecimiento de un Estado de Derecho

y el respeto a los derechos humanos en una

sociedad cada vez más cohesionada191, corro-

borando el eslogan presidencial “mano firme,

corazón grande”192.

Según un documento emitido por la

Presidencia de la República y el Ministerio

de Defensa, “la seguridad no se entiende

en primera instancia como la seguridad del

Estado, ni tampoco como la seguridad del

ciudadano sin el concurso del Estado, sino

como la protección del ciudadano y de la

democracia por parte del Estado, con la

cooperación solidaria y el compromiso de

toda la sociedad.

La Seguridad Democrática se funda así en

tres pilares: la protección de los derechos

de todos los ciudadanos […], […] la protec-

ción de los valores, la pluralidad y las ins-

tituciones democráticas […] y […] la solidari-

dad y la cooperación de toda la ciudadanía

en defensa de los valores y mecanismos

democráticos”193.

La propuesta de Seguridad Democrática

del presidente Álvaro Uribe Vélez se inspira

en los llamados “Talleres del Milenio”, que

fueron auspiciados por el Programa de

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

con la inclusión de amplias franjas de la

sociedad colombiana, los cuáles culminaron

190 Álvaro Uribe Vélez, “Carta del Presidente de la República

de Colombia”, en Presidencia de la República - Ministerio

de Defensa Nacional Política de defensa y seguridad

democrática, Bogotá, Presidencia de la República-

Ministerio de Defensa Nacional, 2003, pp. 05 a 07.

191 Álvaro Uribe Vélez “Política de Defensa y Seguridad

Democrática”, Carta del Presidente de la República,

Álvaro Uribe, 2003.

192 Fue el leitmotiv de

la pri mer a campaña presidencial

de Álvaro

Uribe.

193 Presidencia de la República - Ministerio de Defensa

Nacional, Política de defensa y seguridad democráti-

ca, op, cit. p. 13.

50

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

a la postre con la ad o pc ió n del Plan

Nac ion al de Desarrollo 2002-2006 ti tu-

lado Hacia un Estado Comunitario194.

Los talleres fueron espacios de debate,

donde se avaló una concepción amplia de la

seguridad, entendida como un bien público,

y no únicamente una prerrogativa del Estado,

con la ambición de generar participación

ciudadana, bienestar y paz en el país.

En otras palabras, la Seguridad Democrática

implementada desde 2002 induce una capa-

cidad de regulación por parte de las esferas

dirigentes sobre la población. Igualmente,

presupone una implicación activa de ésta

en la (re)composición del tejido político,

jurídico y social.

Además de la reforma del aparato judicial,

la profesionalización de las fuerzas arma-

das y los incentivos para propiciar un acer-

camiento entre los ciudadanos y las institu-

ciones del Estado, la Seguridad Democrática

ha conllevado a medidas que tienen hoy

efectos tangibles sobre la fisonomía de la

confrontación armada, matizando la tesis

de un empate militar entre los grupos ar-

mados ilegales y la Fuerza Pública195.

Sin desconocer los avances de la seguri-

dad en materia no militar, se resaltará que

los contingentes del Estado han retomado,

como nunca antes, la iniciativa frente a las

guerrillas y los movimientos de autodefen-

sa, mediante un incremento del pie de fue-

rza, un despliegue territorial sin preceden-

tes y una mayor operatividad en combate.

Entre los años 2002 y 2003, se decretaron

“Zonas de Rehabilitación y Consolidación”

(ZRC), al amparo del estado de conmoción

194 Presidencia de la República - Departamento Nacional

de Planeación, Hacia un Estado comunitario, Bogotá,

Departamento Nacional de Planeación, 2002.

195 Alfredo Rangel Suárez, Colombia: guerra en el fin de

siglo, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1998.

interior196, para afianzar la gobernabilidad

democrática en varios municipios de los de-

partamentos de Arauca, Bolívar y Sucre, que

sufren todavía problemas de alteración del

orden público.

Adicionalmente, la Fuerza Pública ha em-

prendido ataques de gran envergadura en

distintas regiones del eje andino, para ha-

cer retroceder o eliminar la presión ejercida

por los actores armados; se ha recuperado

también el control de carreteras y cabece-

ras municipales.

Ante todo, a principios de 2004, se dio ini-

cio al “Plan Patriota” hacia el sureste del ter-

ritorio nacional (Caquetá, Meta y Guaviare),

donde las Farc han tenido una presencia

histórica. El objetivo ha sido debilitar la

cadena de mando, la retaguardia y las fi-

nanzas de la guerrilla, que se beneficia de

fuentes de financiación con los cultivos ilí-

citos en el área197.

La conjunción de estos factores explican el

repliegue de la insurgencia, que se puede

interpretar de dos maneras: una ilustra-

ción del debilitamiento de las facciones

guerrilleras que estarían al borde de una

implosión sin precedentes con la captura,

la deserción o la muerte de varios de sus

cuadros y dirigentes históricos o una

estrategia programada por los guerrilleros

para no desgastarse en largos combates

196 Es importante subrayar que las ZRC tuvieron una vi-

gencia limitada en el tiempo. En efecto, la Constitución

de 1991 limita las facultades del poder ejecutivo en la

adopción de disposiciones que restringen las liberta-

des y derechos fundamentales de los ciudadanos. Se

quiere evitar así la instauración de períodos similares

a los “estados de excepción” que marcaron la vida

política del país en un pasado reciente (medidas aso-

ciadas a la doctrina de seguridad nacional). En el pre-

sente caso, un fallo de la Corte Constitucional declaró

inexequible la prórroga del estado de conmoción in-

terior, que finalizó en abril de 2003.

197 Para un panorama de la lucha armada contra la

guerrilla bajo la administración de Álvaro Uribe, ver

Camilo Echandía Castilla & Eduardo Bechara Gómez,

“Conducta de la guerrilla durante el gobierno Uribe

Vélez: de las lógicas de control territorial a las lógi-

cas de control estratégico”, Análisis Político, no. 57,

mayo-agosto de 2006, pp. 31 a 54.

51

y economizar fuerzas, esperando una

inflexión en las operaciones de las tropas

regulares.

En las dos hipótesis, que no son incompa-

tibles si se tiene en cuenta la heterogenei-

dad de los frentes, que no disponen de los

mismos recursos y márgenes de acción, los

insurgentes guardan un potencial de de-

sestabilización para llevar a cabo ataques

contra las poblaciones y actos de terro-

rismo, con el propósito de romper la co-

hesión de la sociedad y los lazos entre las

autoridades y los civiles198.

El uso de la violencia por parte de la guer-

rilla, acorralada en una postura defen-

siva, es a menudo leído como el signo de

la predominancia de una línea militarista

encerrada en un imaginario bélico, cuya

198 Sobre los efectos ambivalentes del terror instrumen-

talizado, ver Éric Lair, “Reflexiones acerca del terror

en los escenarios de guerra interna”, art. cit.

finalidad sería la toma del poder por las

armas. También es factible pensar que la

violencia pueda ser capitalizada para tratar

de abrir un camino hacia la negociación,

que ha sido uno de los pilares de la política

de Seguridad Democrática del gobierno de

Álvaro Uribe.

De hecho, la insurgencia se ha definido, de

distintas formas, con respecto al tema de

las conversaciones de paz que han marca-

do la evolución de la confrontación desde

hace más de veinticinco años. De otro lado,

la presidencia actual ha creado un entorno

propicio al abandono de la vía armada, que

ha sido aprovechado por los movimientos

de autodefensa, sin que se haya descartado

la posibilidad de dialogar y firmar un acuer-

do de paz con las guerrillas.

A semejanza de los países de Centroamérica,

que fueron afectados por confrontaciones

armadas, Colombia ha conocido hasta hoy

procesos de paz en un ambiente de demo-

cratización, con una reconversión, no uni-

forme, de las guerrillas en partidos políti-

cos legales199.

No obstante, el escenario colombiano pre-

senta particularidades que merecen ser su-

brayadas. En efecto, el país no ha pasado de

una situación autoritaria, con una preemi-

nencia de las fuerzas militares, a una demo-

cracia liberal. Se podría afirmar al respecto

199 David Garibay, “De la lutte armée à la lutte électo-

rale : itinéraires divergents d’une trajectoire insolite.

Une comparaison à partir des cas centraméricains

et Colombien”, Revue Internationale de Politique

Comparée, volumen 12, n°3, 2005, pp. 283 a 297 y

Carlo Nasi, Cuando callan los fusiles. Impacto de la

paz negociada en Colombia y Centroamérica, op. cit.

C- Las secuencias de los diálogos de

paz en Colombia

que se ha transitado de un pacto entre las

élites - régimen “consociacional”200 - en la

época del “Frente Nacional” (1958-1974) a

una democratización con una importante

tradición electoral y rasgos de pluralismo,

la cual ha tenido como consecuencia la ero-

sión del bipartidismo entre los conserva-

dores y los liberales desde los años 1980.

En complemento, el impacto electoral de

los insurgentes desmovilizados ha sido mí-

nimo en comparación con Centroamérica;

es decir que las sinergias entre la democra-

tización y el regreso a la vida civil de los

grupos al margen de la ley no han sido tan

pronunciadas.

Sobre todo, las conversaciones de paz han

tenido modalidades y resultados diferencia-

dos y parciales en Colombia. Ni las guerrillas

200 Jonathan Hartlyn, La política del régimen de coali-

ción: la experiencia del Frente Nacional en Colombia,

op. cit.

52

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

más poderosas militarmente ni las fuerzas

del Estado han participado en procesos de

desarme, desmovilización y reinserción

(DD&R) similares a los que se presentaron

en el istmo centroamericano.

Concretamente, las primeras iniciativas de

paz formales se desarrollaron en un mo-

mento de recrudecimiento de la contienda

armada, no sólo en Colombia201 sino tam-

bién en América Central, donde florecieron

las organizaciones opuestas a las corrientes

de izquierda.

La propuesta del entonces presidente

Belisario Betancur Cuartas (1982-1986)

contrastó con la política represiva de la

administración de Julio Turbay Ayala, que

había generado una crisis de derechos hu-

manos y legitimidad del Gobierno en un

contexto de déficit democrático.

En la época, se instituyó una “Comisión de

Paz” con un “diálogo nacional” - parecido a

las discusiones en Guatemala varios años

después, pero sin los medios para escla-

recer y juzgar los acontecimientos violen-

tos en un espíritu de reconciliación - sobre

diversas problemáticas políticas y socio-

económicas, más allá de la cuestión de la

violencia -.

Paralelamente, se instituyó el “Plan Nacional

de Rehabilitación” (PNR) en los departamen-

tos menos integrados desde el punto de vis-

ta social y económico, como una estrategia

de lucha contra la pobreza y la violencia. Sin

embargo, los anhelos de paz fueron rápida-

mente obstaculizados por la falta de respal-

do de los círculos políticos y económicos,

no preparados para negociar en tiempos

de lucha armada y atemorizados ante la ex-

pansión de la insurgencia.

201 Para una síntesis de las negociaciones de paz, ver

Jesús Antonio Bejarano, Una agenda para la paz.

Aproximaciones desde la teoría de la resolución de

conflictos, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1995 y

los artículos compilados en el número temático de

la revista L’Ordinaire Latinoaméricain, n°179, enero-

marzo de 2000.

Además, la tregua acordada con el Movimiento

19 de abril (M.19), las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia (Farc) y el

Ejército Popular de Liberación (EPL) sirvió de

instrumento a la guerrilla para consolidarse y

adelantar ofensivas202, como lo demostró el

asalto contra el Palacio de Justicia en Bogotá

en noviembre de 1985.

El presidente Virgilio Barco Vargas (1986-

1990) heredó de una coyuntura compleja

marcada por el fin de la tregua, la expan-

sión de los frentes guerrilleros y la disemi-

nación progresiva de movimientos armados

contrainsurgentes, mal identificados, rela-

cionados con el narcotráfico.

Desde un punto de vista orgánico, Virgilio

Barco centralizó los esfuerzos en la “Consejería

para la Reconciliación, la Normalización y la

Rehabilitación” (CRNR) para intentar evitar las

inconsistencias en la puesta en práctica de la

política de paz. Se profundizaron los progra-

mas de resolución de los conflictos sociales

y políticos, además de la atención dedicada

a la confrontación armada, en especial con el

PNR. En términos políticos, el alto mandatario

apuntó a una transformación y apertura del

sistema democrático, con la convocación de

una Asamblea para reformar la Constitución.

En 1988, se formuló una “Iniciativa para la

Paz” que tendió puentes de negociación con

algunas facciones de la insurgencia exte-

nuadas por la confrontación y deseosas de

planear un retorno a la vida no armada.

Retomando la labor de su predecesor, el pre-

sidente César Trujillo Gaviria (1990-1994)

adoptó una “estrategia integral contra la

violencia” que pretendía lidiar simultánea-

mente con la insurgencia, las redes mafio-

sas y los grupos de autodefensa. Fue du-

rante el cuatrienio de César Gaviria que el

país empezó a tomar el pulso de la lucha

202 El Ejército de Liberación Nacional (ELN) no fue par-

tícipe de los diálogos. Ver Carlos Medina Gallego, El

ELN: una historia contada a dos voces, Quito Editores,

Bogotá 1996.

53

contra la insurgencia, con la proliferación

de estructuras de autodefensa.

Paralelamente, el Gobierno persiguió los

acercamientos con las guerrillas, los cuáles

fueron aprehendidos como el pendiente de

las reformas políticas, mediante la adopción

de una Constitución pluralista en 1991. En

estas circunstancias, varias guerrillas, entre

las cuáles el M.19203 y el EPL204, decidieron

abandonar las armas, tras haber firmado un

cese al fuego y una serie de protocolos que

les permitieron acogerse a planes de DD&R,

sin incurrir en sanciones penales.

Pese a la desmovilización de aproximada-

mente 4.500 combatientes entre 1990 y

1994, el país no conoció la paz social, por-

que las Farc y el ELN, al igual que los grupos

de autodefensa, perpetuaron las lógicas de

la confrontación. En estos aspectos, radica

una diferencia fundamental con las nacio-

nes centroamericanas, que entraron en una

fase post-bélica.

A lo largo de la segunda mitad de los años

1990, que correspondieron al mandato de

Ernesto Samper Pizano (1994-1998), se

observó incluso un escalamiento de los en-

frentamientos y de las exacciones contra la

población civil.

Además de la crisis político-institucional,

sinónimo de parálisis del poder ejecutivo,

desatada por la imputación al presidente

Ernesto Samper de recibir dineros del nar-

cotráfico durante su campaña electoral205,

las violencias post-acuerdos ensombrecie-

ron las posibilidades de paz a corto plazo.

203 Darío Villamizar Herrera, Aquel 19 será: una historia

del M. 19, de sus hombres y de sus gestas. Un rela-

to entre la guerra, la negociación y la paz, Bogotá,

Editorial Planeta, 1995.

204 María Victoria Uribe, Ni canto de gloria ni canto fúne-

bre. El regreso del EPL a la vida civil, Bogotá, CINEP,

1994.

205 Sobre las implicaciones hemisféricas de la crisis, ver

Bruce Michael Bagley, “Narcotráfico, violencia política

y política exterior de Estados Unidos hacia Colombia

en los noventa”, Revista Colombia Internacional, n°49-

50, mayo-diciembre de 2000, pp. 05 a 38.

Así, las acciones de las Farc llevadas a cabo

entre 1995 y 1998, perpetradas con una

gran concentración de combatientes contra

la Fuerza Pública, fueron el producto de

estrategias de demostración de fuerza y

presión, que tuvieron implicaciones para

la presidencia de Andrés Pastrana Arango

(1998-2002). Elegido sobre una propuesta

de negociaciones de paz con la guerrilla,

entabladas antes de su investidura, el alto

mandatario concedió la desmilitarización de

una zona de unos 42.000 km2 en el centro-

este de Colombia (“zona de distensión”)

para conducir discusiones con las Farc sin

un cese de hostilidades previo.

Las vicisitudes del proceso206, que fracasó

a comienzos del año 2002, fueron la opor-

tunidad para los guerrilleros de hacer valer,

con intransigencia y dogmatismo, un poder

adquirido a lo largo de cuatro décadas en la

confrontación armada. Al mismo tiempo, se

confirmó el desfase entre las capacidades

bélicas de los frentes que irradiaban una

impresión de cohesión interna y la escasa

propensión a producir discursos suscepti-

bles de movilizar a la población.

La interrupción definitiva del proceso de

paz con las Farc en 2002, en un ambiente

de denuncias y enfrentamientos, provocó

desilusiones entre la población sobre la

eventualidad de una próxima resolución de

la confrontación armada. A los pocos me-

ses, el electorado optó por nombrar en la

magistratura suprema al candidato Álvaro

Uribe Vélez, quien simbolizaba la autoridad

frente a los actores al margen de la ley.

Por otra parte, los movimientos de auto-

defensa - bien sean las AUC o las demás

facciones - denotaron una evidente desar-

ticulación, a finales de los años 1990. Se

expandieron a expensas del impasse de

las conversaciones con la guerrilla, en un

contexto de rivalidades y tensiones, que

206 Daniel Pécaut, “Colombie: une paix insaisissable”,

Problèmes d’Amérique Latine, n°34, julio-diciembre

de 1999, pp. 05 a 31.

54

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

hizo de las AUC una agrupación con bases

y lazos “primarios”207, a menudo artificiales,

entre sus miembros.

En estas condiciones, no debe sorprender

la conformación en la época de una nueva

estructura, el bloque Central Bolívar (BCB),

por desacuerdo con las AUC208. Tampoco

es de extrañar los combates inter-faccio-

nes que se presentaron en Medellín (blo-

que Cacique Nutibara y bloque Metro),

por ejemplo, o aún la renuncia parcial de

Carlos Castaño a la dirigencia de las AUC

en julio de 2002, antes de ser asesinado

en abril de 2004 por sus compañeros

de armas, en circunstancias todavía no

esclarecidas209.

Dicho de manera sintética, el desarrollo de

las autodefensas experimentó, en los al-

bores de los años 2000, una crisis de cre-

cimiento, con efectos de dislocación, sin

haber sufrido una derrota militar de enver-

gadura frente a la guerrilla o al Estado.

Varios parámetros, no exclusivos, dan

cuenta del fenómeno: la concentración de

poder y el proyecto unificador de Carlos

Castaño; la rivalidad personal entre los

jefes armados; las divergencias sobre los

planes de lucha contra la insurgencia; los

vínculos fluctuantes con las fuerzas del

Estado; la coexistencia en territorios exi-

guos o cercanos; los ciclos de venganza,

en los cuáles el honor y los mecanismos

de “compensación” desempeñan un papel

fundamental; la intensificación no siempre

consensual de los ataques contra las po-

blaciones; y la cuestión del control del trá-

fico de droga en sus diferentes fases.

207 Noción, retomada de la psicología de los grupos,

desarrollada entre otros por Omer Bartov, L’armée

d’Hitler. La Wehrmacht, les nazis et la guerre, París,

Éditions Hachette, 1999.

208 Juan Carlos Garzón, “La complejidad paramilitar: una

aproximación estratégica”, op. cit., pp. 86-87.

209 Las versiones sobre la muerte de Carlos Castaño han

sido contradictorias. La tesis más plausible es que su

hermano Vicente haya ordenado el homicidio.

Es así como las discusiones de paz con los

grupos de autodefensa se abrieron a finales

del año 2002, en un momento en que di-

versas facciones de las AUC declararon un

cese al fuego unilateral. La administración

de Álvaro Uribe instauró una comisión ex-

ploratoria encargada de emitir recomenda-

ciones para facilitar y formalizar los acerca-

mientos. Entre los temas abordados, figu-

raban el respeto del cese de hostilidades,

el fin de los secuestros, la lucha contra los

tráficos ilícitos, la preparación de una mesa

de negociación y la concentración de los

combatientes en áreas delimitadas.

Esta fase exploratoria precedió la ronda de

discusiones inauguradas oficialmente en

julio de 2003 en Santa Fe de Ralito, en el

departamento de Córdoba210, zona bajo in-

fluencia de las autodefensas.

Los diálogos se fundamentaron en la Ley

782 de diciembre de 2002, que no hace del

reconocimiento político un requisito para

dialogar con actores armados ilegales y

otorgarles, bajo ciertas condiciones, bene-

ficios económicos y jurídicos.

Los acuerdos suscritos en 2003 preveían,

entre otros aspectos, el desarme y la des-

movilización gradual de la totalidad de los

combatientes en sitios de acantonamiento.

El proceso pasó por etapas críticas hasta

mediados del año 2005. Los enfrentamien-

tos con la guerrilla, las arremetidas contra

la población, las divisiones entre las auto-

defensas, incluidas o no en la negociación,

al igual que las incertidumbres sobre el es-

tatuto jurídico de los antiguos combatien-

tes y el tema de la extradición hacia Estados

Unidos por narcotráfico amenazaron el

avance de las concertaciones.

El Gobierno dio entonces un nuevo aliento a

las conversaciones, al acelerar la desvincu-

lación de las estructuras armadas. En mayo

210 International Crisis Group, “Desmovilizar a los para-

militares en Colombia: ¿una meta viable?”, Informe so-

bre América Latina No. 8, 5 de agosto de 2004, p. 2.

55

de 2004, los mandos de las AUC y del BCB

aceptaron el principio de una zona de ubi-

cación (ZDU) en Tierralta, Córdoba.

Se suspendieron por algunos meses las ór-

denes de captura contra los dirigentes de

las autodefensas, en conformidad con las

disposiciones de la Ley 782. La instaura-

ción de dicha zona permitió materializar los

acuerdos de Santa Fe de Ralito II, que aban-

donó en particular el ideal de un desman-

telamiento completo para fijar una meta de

8.750 desmovilizados al terminar el año

2005, sin haber planeado un cronograma

preciso211.

En los hechos, el desarme y la desmoviliza-

ción colectiva212 de las facciones se inicia-

ron, al margen de los diálogos en Córdoba,

con el desmonte del bloque Cacique

Nutibara (BCN) en las afueras de Medellín,

Antioquia, en noviembre de 2003 y la re-

pentina entrega de armas por parte de unos

850 combatientes213.

La gestión de la desmovilización del BCN

sirvió de antecedente a una serie de des-

movilizaciones (ante todo de las AUC) entre

2003 y 2006, centralizadas y supervisadas

en varias regiones del país por la Oficina del

Alto Comisionado para la Paz en concerta-

ción con entidades estatales, sectores de

la sociedad civil y la Organización de los

Estados Americanos (OEA). Según los re-

portes oficiales, las negociaciones habrían

conducido a la desmovilización colectiva

de 31.671 alzados en armas hasta el año

2006214 - cifra que superó las aspiraciones

211 Ibid. pp.2-3.

212 No se incluyen aquí los procesos individuales, que

responden a dinámicas y procedimientos distintos.

213 Sobre la influencia y desmovilización del bloque

Cacique Nutibara en el área de Medellín, ver Mauricio

Romero, “La desmovilización de los paramilitares y

autodefensas: riesgosa, controvertida y necesaria”,

Documento de trabajo del Instituto de Estudios Políticos

y Relaciones Internacionales, 2005 (Mimeo), pp. 8-10.

214 Alto Comisionado para La Paz. www.altocomisiona-

doparalapaz.gov.co [consulta: marzo de 2007]. Se re-

gistraron posteriormente otras dejaciones de armas.

consignadas en el texto firmado en Santa Fe

de Ralito II.

Como sustrato legal del proceso, el Gobierno

propuso la Ley 975 de junio 2005, llamada

de “Justicia y Paz”, que ha suscitado po-

lémicas, incluso antes de ser aprobada, y

que fue declarada exequible por la Corte

Constitucional en mayo de 2006. Entre las

denuncias215, los expertos han señalado que

el texto se ha convertido en un instrumento

jurídico de reducción de penas (alternativi-

dad penal), destinado a facilitar la reinser-

ción de los ex-combatientes, en caso de con-

fesión o comprobación de delitos graves o

lesa humanidad.

De no ser así, los desmovilizados tienen

la posibilidad de acceder a las disposicio-

nes de la Ley 782 de 2002, que los analis-

tas asimilan a un dispositivo generoso de

reincorporación.

Sin embargo, las máximas figuras de los

grupos armados ilegales, la mayoría de las

cuáles están hoy recluidas en cárceles de

Estados Unidos por narcotráfico, hubieran de-

bido aportar sus testimonios y reconocer en

teoría delitos y crímenes para acatar la ley y

ser sometidos a sanciones inferiores a lo que

podrían esperar con una jurisdicción fuera de

una negociación de paz. No obstante, hasta

el momento, la falta de claridad sobre el esta-

tus jurídico aplicable a los jefes de las autode-

fensas es característica de las zonas borrosas

inherentes a un proceso masivo de DD&R de

combatientes, como lo demuestran otras ex-

periencias internacionales en la materia.

215 En la tercera parte del presente texto, se hará refe-

rencia más en detalle a la ley. Para un análisis de la

misma en relación con los delicados temas de la ver-

dad, la justicia y la reparación, ver Rodrigo Uprimny

(editor), ¿Justicia transicional sin transición? Verdad,

justicia y reparación para Colombia, Bogotá, Centro

de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 2006.

Pocas confrontaciones internas han finalizado con la derrota

militar y/o la rendición incondicional de uno o varios de

los bandos armados; de allí la importancia de entablar

negociaciones de paz, como lo enseñan los casos de

Centroamérica y Colombia, las cuáles suelen ser tortuosas,

incluso cuando los actores armados no disponen de grandes

recursos y capacidades de desestabilización.

El desarme, la

desmovilización

y la reinserción

(DD&R): entre

complementariedad

y desencuentros

Pocas confrontaciones internas han finalizado con la derrota militar y/o la ren-

dición incondicional de uno o varios de los bandos armados; de allí la importancia

de entablar negociaciones de paz, como lo enseñan los casos de Centroamérica y

Colombia, las cuáles suelen ser tortuosas, incluso cuando los actores armados no

disponen de grandes recursos y capacidades de desestabilización.

Para leer con más discernimiento los alcances de las conversaciones de paz con

los grupos de autodefensa en Colombia, es necesario detenerse en los proce-

sos de desarme, desmovilización y reinserción (DD&R)216. Experiencias interna-

cionales (Centroamérica, antigua Yugoslavia y Sierra Leona, entre otros países)

recuerdan que éstos no resultan fáciles de disociar, puesto que no se inscriben

en un continuum rígido.

A diferencia de lo que presupone el acrónimo DD&R217, el desarme no constituye

siempre el primer paso de los programas. La desmovilización puede anteceder-

lo, ser concomitante o no producirse - y recíprocamente. De otro lado, imprevis-

tos y desajustes pueden surgir entre las dos etapas y la fase de reinserción218.

216 A veces, los analistas privilegian la noción de reintegración, que comprende mecanismos de

reinserción, como se verá más adelante.

217 Para una introducción al tema, ver Béatrice Pouligny, “Les anciens combattants d’aujourd’hui:

désarmement, démobilisation et réinsertion/The politics and anti-politics of contemporary: di-

sarmament, demobilization and reintegration programs”, Documento del Centro de Estudios e

Investigaciones Internacionales (CERI), septiembre de 2004. Texto en versión bilingue disponible

en: www.ceri-sciencespo.com.

218 Reto Rufer, “Disarmament, demobilisation and reintegration (DDR): conceptual approaches, spe-

cific settings, practical experiences”, Working Paper, Geneva Centre for the Democratic Control

of Armed Forces, 2005.

3

60

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

A raíz del papel renovado de la Organización

de las Naciones Unidas (Onu) en el sistema

internacional, las operaciones de DD&R

empezaron a recrudecerse219. Así, entre

1992 y 2005, se identificaron 34 procesos

de DD&R en más de 30 países220, con una

alta concentración de las actividades en el

África sub-sahariana, además de los casos

centroamericanos, a los cuáles se hará refe-

rencia a continuación.

Desde ese entonces, la mayoría de los pro-

cesos de DD&R ha acompañado la firma de

acuerdos políticos, sin ser obligatoriamente

constitutivos de éstos, y han sido conclui-

dos bajo los auspicios de los Estados, me-

diante la participación notoria de organis-

mos multilaterales y sectores de la socie-

dad civil221, con el propósito de construir

las bases de una paz duradera222.

En algunas situaciones, como Somalia, la ex-

Yugoslavia y Haití, que no corresponden en

este aspecto a América Central y Colombia,

se han llevado a cabo misiones coercitivas

para tratar de restaurar el monopolio legí-

timo de la fuerza y las condiciones de una

seguridad mínima223.

219 Sobre las intervenciones de las Naciones Unidas

después de la rivalidad “este-oeste”, ver Mats Berdal

& Spyros Economides (editores), United Nations in-

terventionism 1991-2004, Cambridge, Cambridge

University Press, 2007.

220 Lena Sundh & Jens Samuelsson Schjørlien (editores),

Stockholm initiative on disarmament demobilisation

and reintegration - Final report, Skövde, Rolf Tryckeri

AB, 2006, p. 9.

221 Ibid. pp. 16 a 19.

222 Para mayores desarrollos, ver Michael W. Doyle &

Nicholas Sambanis, Making war and building peace:

United Nations peace operations, Princeton, Princeton

University Press, 2006.

223 Macartan Humphreys & Jeremy M. Weinstein,

“Disentangling the determinants of successful di-

sarmament, demobilization and reintegration”,

Documento de Trabajo, Stanford University - Freeman

Spogli Institute for International Studies - Center for

Global Development, septiembre de 2005, p. 1.

Pese a la importancia del tema, los expertos

no han logrado establecer con unanimidad

criterios para delimitar y conducir los me-

canismos de DD&R224. Además, su valora-

ción no suele ser neutra, sino el fruto de

las percepciones, intereses y expectativas

de los observadores, de los antiguos com-

batientes y de los agentes de cooperación

internacional225.

Ahora bien, en una visión sociológica, los

proyectos de DD&R226 marcan el tránsito in-

dividual o colectivo de los combatientes ha-

cia la vía no violenta, que debe representar

una alternativa atractiva y viable (los deno-

minados “dividendos de la paz”: reduccio-

nes de penas o amnistías, beneficios eco-

nómicos, inclusión en la vida política, entre

otros)227.

Por otro lado, los proyectos pueden ser

analizados en el marco de políticas públi-

cas, es decir como un paquete de medidas

adoptadas por los Estados en simbiosis con

actores (inter)nacionales de distinta índole

(servicios del Estado, organizaciones no gu-

bernamentales e instancias inter-guberna-

mentales, entre otros).

224 Béatrice Pouligny, “Les anciens combattants

d’aujourd’hui: désarmement, démobilisation et réin-

sertion/The politics and anti-politics of contempo-

rary: disarmament, demobilization and reintegration

programs”, op. cit. p. 34.

225 Macartan Humphreys & Jeremy M. Weinstein,

“Disentangling the determinants of successful disar-

mament, demobilization and reintegration”, op. cit.,

pp. 3 y 4.

226 Para un enfoque teórico sobre los procesos de DD&R,

ver Mats Berdal, “Disarmament and demobilization af-

ter civil wars: arms, soldiers and termination of con-

flict”, Adelphi Papers, No. 303, 1996.

227 Alpaslan Özerdem, “Disarmament, demobiliza-

tion and reintegration of former combatants in

Afghanistan: lessons learned from a cross-cultural

perspective”, Third World Quarterly, volumen 23, n°5,

octubre de 2002, pp. 961 a 975.

A- Consideraciones generales sobre los

procesos de DD&R

61

Como punto de referencia, el análisis pue-

de partir de las definiciones de las Naciones

Unidas en materia de DD&R, las cuáles han

sido frecuentemente citadas y comentadas en

la literatura sobre la búsqueda de la paz228.

Según la Onu, el desarme consiste en re-

coger las armas tanto pequeñas como

pesadas dentro de una zona de conflicto.

Generalmente, el desarme físico ocurre en

áreas de asamblea fijadas en el curso de

las negociaciones de paz, señalando un

lugar para reunir a los combatientes en

escenarios similares a los campamentos,

donde las armas serán confiscadas, alma-

cenadas en un sitio seguro y posteriormen-

te destruidas.

En consonancia con lo anterior, la des-

movilización contempla el desmantela-

miento formal de las estructuras armadas.

Idealmente, la desvinculación de los com-

batientes debe desarrollarse en un lapso

de tiempo relativamente reducido. Durante

esta fase, se organiza el regreso de los ac-

tores de la confrontación a sus hogares o

a sitios de salud y capacitación con vista a

la reinserción.

La reinserción suele articularse en dos eta-

pas: la primera se refiere al período breve

consecutivo a la llegada de los antiguos

combatientes a sus lugares de residencia

originales o a nuevas comunidades de re-

cepción; la segunda, que es más dilatada

en el tiempo, pretende asegurar el des-

arme permanente y una paz sostenible,

gracias a la implementación de costosos

planes de reintegración, en los cuáles los

desmovilizados reciben ayudas de diferen-

te naturaleza.

Siguiendo esta clasificación, las experiencias

internacionales demuestran que, desde un

228 Ver el documento del ex-Secretario General Kofi

Annan, Report of the Secretary-General on the Role

of the United Nations Peacekeeping in disarmament,

demobilisation and reintegration, Nueva York, United

Nations, 2002.

punto de vista técnico, el desarme remite

a las decisiones que tratan de centralizar,

registrar y almacenar el material bélico y

logístico para su eventual destrucción229. El

mismo supone la existencia de una abun-

dante información - recolectada a partir de

investigaciones, declaraciones de los gru-

pos antagónicos y testimonios de la pobla-

ción - sobre las armas en circulación y/o

depositadas en una zona determinada.

Cuando los actores en disputa no han

sido derrotados militarmente, los gesto-

res de paz multiplican los incentivos para

agilizar el desarme de manera voluntaria.

Éstos tienen a menudo efectos ambiguos,

como se ha evidenciado en países africa-

nos (Somalia, Mozambique y Liberia, entre

otros), donde los combatientes han reci-

bido una compensación financiera por la

entrega de las armas, sin que haya certe-

za sobre la eficiencia del procedimiento y

una disminución ostensible de los niveles

de violencia (devolución de armas deterio-

radas, rearme paralelo y/u ocultación de

material bélico)230.

El desarme puede también abarcar progra-

mas de desactivación de las minas antiper-

sonal que han sido utilizadas en un número

significativo de conflictos internos, a la vez

contra las fuerzas adversas y los civiles231,

violando unos de los principios cardinales

229 Tobias Pietz, “Gaps and trends in disarmament,

demobilization, and reintegration programs of the

United Nations”, en Peter Hazdra (editor), Small

arms - Big Problem. A Global threat to peace, se-

curity and development, Viena, Schriftenreihe der

Landesverteidigungsakademie, 2007, p. 56.

230 Jeffrey Isima, “Cash payments in disarmament, demo-

bilization and reintegration programmes in Africa”,

Journal Of Security Sector Management, volumen 3,

nº2, septiembre de 2004. Artículo sin paginar dispo-

nible en: www.ssronline.org.

231 La dispersión de las minas, en particular de tipo

“anti-personal”, responde a diferentes objetivos en

tiempos de confrontación. Por ejemplo, contribuye a

restringir el acceso a los cultivos ilícitos y los recursos

naturales que son centrales en la economía local de

la violencia. Adicionalmente, favorece la protección

de corredores de comunicación y la preservación de

áreas de refugio y/o abastecimiento.

62

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

del Derecho Internacional Humanitario232,

al igual que varias disposiciones recientes

del Derecho Internacional Público233.

En muchos casos, la desmovilización inclu-

ye proyectos de desarme, provocando cierta

confusión entre las dos nociones y se fun-

damenta en procedimientos susceptibles

de desmantelar a las estructuras armadas.

Los agudos problemas de desconfianza e

inseguridad conllevan, en muchas ocasio-

nes, a privilegiar un desmonte simultáneo

o, por defecto, poco disperso en el tiempo.

Las facciones pueden ser acantonadas en

sitios separados, con el propósito de evitar

las alianzas y/o los ciclos de venganza en-

tre los antiguos enemigos234. En esencia, la

desmovilización pretende romper con las

lógicas bélicas e instituir las condiciones de

un regreso a la vida civil.

232 Comité Internacional de la Cruz Roja, Protocolos

Adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de

agosto de 1949, Ginebra, CICR, 1977, pp. 37 y 38. De

esencia consuetudinaria, el artículo 51 del Protocolo I

de 1977 estipula que los actores armados deben ope-

rar una distinción entre los combatientes y los civiles,

absteniéndose de atentar indiscriminadamente con-

tra éstos.

233 La problemática de las minas antipersonal descansa

también en el derecho de los tratados aplicable a los

Estados partes. Durante años, prevaleció el Tratado

de las Naciones Unidas de 1980 sobre Ciertas Armas

Convencionales que, en el Protocolo II, menciona las

restricciones y las prohibiciones relativas al empleo

de las minas. Por sus deficiencias, el Protocolo sirvió

de antecedente a otras negociaciones celebradas en la

ciudad de Ottawa. Ambiciosa, la Convención de Ottawa

de 1997 plantea la perspectiva de una prohibición total

en materia de producción, almacenamiento, compra,

transferencia y utilización de las minas, así como su

destrucción. En Colombia, la ley 454 de enero de 2000

avaló la Convención que entró en vigencia en marzo

de 2001. De acuerdo con sus términos, el Estado debe

cumplir con los requisitos y los planes de erradicación

de las minas dentro de su jurisdicción, cuyos plazos

difieren según las circunstancias. Ver Daniel O’Donnell,

Inés Margarita Uprimny & Alejandro Valencia Villa (com-

piladores), Compilación de instrumentos internaciona-

les. Derecho internacional de los derechos humanos,

derecho internacional humanitario y derecho penal

internacional, Bogotá, Oficina en Colombia del Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos - Defensoría del Pueblo de la República de

Colombia, 2001, pp. 454 a 466.

234 Tobias Pietz, “Gaps and trends in disarmament,

demobilization, and reintegration programs of the

United Nations”, op. cit. p. 56.

Precisamente, la reinserción está destinada

a facilitar el regreso a la vida no armada de

los combatientes. Es interesante anotar que

la palabra aparece, con matices semánticos,

como sinónimo, complemento o sustituto

de reintegración, reincorporación y/o re-

conversión235. Los especialistas ven, en par-

ticular, en la reinserción236 un puente hacia

la reintegración237, que ha sido objeto de un

sinnúmero de conceptualizaciones en los

últimos años238. En distintos países, los gru-

pos violentos rechazan la idea de reinser-

ción, que tiende a estigmatizarlos como si

fuesen simples marginados de la sociedad,

aunque muchos mantuvieron contactos con

sus familiares y las poblaciones locales du-

rante la contienda armada.

Una vez más, una mirada internacional re-

vela que la reinserción requiere un balance

previo del perfil de los beneficiarios (origen

socio-económico, formación escolar y aspi-

raciones laborales) de los beneficiarios para

formular y poner en práctica programas

apropiados que constan de ayudas pecunia-

rias, profesionales y psico-médicas, entre

otras dimensiones.

Además, la reinserción le exige al conjunto

de la sociedad una gran capacidad para aco-

ger a los autores de la violencia como ciuda-

danos con derechos y obligaciones.En este

sentido, ésta contempla a menudo proyec-

tos de reconstrucción del tejido social, así

como modificaciones del estatuto jurídico y

235 Ver João Gomes Porto, Chris Alden & Imogen

Parsons, From soldiers to citizens. Demilitarization

of conflict and society, Aldershot/Burlington, Ashgate

Publishing, 2007.

236 Aquí, el término será entendido en un sentido am-

plio, incluyendo las nociones anteriores.

237 Leontine Specker, “Reintegration phase of DDR pro-

cesses”, Documento de Trabajo, Netherlands Institute

for International Relations ‘Clingendael’, Conflict

Research Unit, enero de 2008, p. 3.

238 La reintegración se relaciona con el desarrollo socio-

económico de los países, cuyos efectos se miden a

mediano y largo plazo. Ver por ejemplo Nicole Ball &

Luc Van der Goor, “Disarmament, demobilization and

reintegration: mapping issues, dilemmas and gui-

ding principles”, Documento de Trabajo, Netherlands

Institute for International Relations ‘Clingendael’,

Conflict Research Unit, agosto de 2006, p.3

63

posibilidades de reconversión de los actores

armados en partidos políticos legales, gra-

cias a consultas entre las principales faccio-

nes políticas y el poder central y la adopción

de reformas constitucionales (Etiopía-Eritrea,

Mozambique y Nicaragua, por ejemplo)239.

Por las transformaciones “societales” y las

necesidades de financiación que exige la

reinserción, los Estados apelan tradicio-

nalmente a la experticia y los servicios de

organismos multilaterales, entre las cuá-

les figuran la Unión Europea (UE), el Fondo

Monetario Internacional (FMI) y el Banco

Mundial (BM)240.

Ante todo, a partir de las operaciones en

América Central que sirvieron de labo-

ratorio en materia de DD&R en los años

1990, los miembros de la comunidad

239 Krishna Kumar (editor), Postconflict elections.

Democratization and international assistance, op.

cit.

240 Desde los años 1980, la institución ha adquirido re-

levancia como fuente de financiación en los procesos

de DD&R en el África de los grandes lagos, Asia del

sur, la ex-Yugoslavia, entre otros. Ver “Multi-Country

Demobilisation and Reintergation Program” (Mdrp):

www.mdrp.org.

internacional han acudido cada vez más al

sistema de las Naciones Unidas, mientras

se han ido redefiniendo las funciones de

las operaciones de mantenimiento de la

paz241, con la participación de entidades

como la Organización Mundial de la Salud

(OMS), el Programa Mundial de Alimentos

(PAM) y el Fondo de las Naciones Unidas

para la Infancia (Unicef).

La implicación de las Naciones Unidas en los

procesos de DD&R ha fluctuado de acuerdo

con el grado de institucionalidad, la estabi-

lidad y las facultades del país receptor para

administrar los programas. Por ejemplo, la

falta de capacitación y de personal, al igual

que la lentitud burocrática y el desvío de

fondos han obstruido constantemente sus

acciones242.

241 Sobre la redefinición del mantenimiento de la paz

que interfiere hoy con operaciones de reconstruc-

ción de las sociedades, ver Ho-Won Jeong (editor),

Approaches to peacebuilding, Nueva York, Palgrave

Macmillan, 2002 y Lise Morjé Howard, UN peacekee-

ping in civil wars, Cambridge, Cambridge University

Press, 2007.

242 Habría también que tener en cuenta los problemas

inherentes a la Organización. Ibid.

B – Los riesgos de los procesos de DD&R

sobre la seguridad

Volviendo a la situación centroamericana, en

El Salvador, a petición de la Onu, las partes

en conflicto aceptaron la propuesta de ins-

taurar una “Comisión de la Verdad” en abril

de 1991, para esclarecer los hechos violen-

tos, tomando el año 1980 como punto de

partida. Desde entonces, se han desatado

críticas para subrayar el carácter cerrado,

casi discrecional, de la comisión que fue im-

pulsada por agentes externos con una esca-

sa inclusión de la sociedad civil, a diferencia

de lo ocurrido en Guatemala algunos años

más tarde243.

También, se creó una “Comisión Ad Hoc”,

encargada de investigar específicamente

los crímenes imputables a la jerarquía mili-

tar. El informe recomendó la revocación de

oficiales, la cual se volvió poco a poco efec-

tiva bajo la presión internacional.

243 Thomas Buergenthal, “The United Nations Truth

Commission for El Salvador”, Vanderbilt Journal

of Transnational Law, volumen 27, n°3, octubre de

1994, pp. 497 a 544.

64

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

En un clima de discrepancias y sospechas,

el poder político salvadoreño promulgó

una controvertida “Ley de Reconciliación

Nacional” en enero de 1992 que abrió el ca-

mino a una amnistía para la mayoría de los

protagonistas de la contienda244.

Estas medidas contribuyeron a promover la

transición hacia la democracia y la paz, a

la cual se agregó una difícil reforma de la

justicia245 (“justicia transicional”246), y acom-

pañaron los proyectos de DD&R.

Los acuerdos de paz sellados en ene-

ro de 1992 conllevaron a un “Plan de

Reconstrucción Nacional” con la desmovili-

zación de alrededor de 10.000 integrantes

de la guerrilla en el transcurso del año. Al

mismo tiempo, fueron disueltas unidades de

las fuerzas regulares (la Policía y la Guardia

Nacional fueron las más concernidas) para

un total de más de 30.000 efectivos247. La

ambición fue luchar contra la privatización

de la violencia y, por otro lado, desmilitari-

zar la seguridad pública e inculcar a la poli-

cía un espíritu democrático.

Mediante la labor de supervisión de las

Naciones Unidas y el control de los fun-

cionaros estatales y los representantes de

la sociedad civil, tanto las tropas oficiales

como los guerrilleros fueron reunidos por

separado en zonas de acantonamiento a lo

244 Sobre las limitaciones y el control constitucional

de la ley, ver Margarita S. Studemeister (editora),

“El Salvador: implementation of the peace accords”,

Peaceworks, nº38, enero de 2001.

245 Margaret Popkin, Peace without justice: obstacles to

building the rule of law in El Salvador, University Park,

Pennsylvania State University Press, 2000.

246 La cual permite a priori sobrepasar una situación de

autoritarismo y/o violencia, donde prevalecieron las

violaciones a los Derechos Humanos con importantes

disfunciones y deficiencias en la administración de la

justicia. Sobre esta discutida noción, ver Jon Elster,

Closing the books: transitional justice in historical

perspective, Cambridge, Cambridge University Press,

2004.

247 Edward J. Laurance & William H. Godnick, “Weapons co-

llection in Central America: El Salvador and Guatemala”,

Documento de Trabajo, Program on Security and

Development (Sand), enero de 2000, pp. 5 y 6.

Disponible en la página electrónica: sand.miis.edu.

largo del territorio para que hicieran entre-

ga de sus armas y se desmovilizaran.

Entre las limitaciones del proceso de DD&R,

se destacará que las formaciones parami-

litares, que actuaron con cierta opacidad

al estilo de los escuadrones de la muerte

durante la confrontación, no fueron partíci-

pes de las negociaciones. Sin ser totalmen-

te desmembrados en los años 1990, éstas

ejercieron una amenaza contra la seguridad

de los ex-combatientes y sus familiares.

En los meses ulteriores al cierre de las ini-

ciativas de paz, se registraron amenazas

y exacciones contra las víctimas deseosas

de aclarar el pasado y hacer prevalecer la

justicia248.También se encontraron armas.

Adicionalmente, los artefactos decomisa-

dos no fueron sometidos a una destrucción

sistemática, alimentando la tesis de su po-

sible reutilización en contextos de violencia

más difusos.

En efecto, después de los acuerdos de paz y

hasta la actualidad, el país ha sido azotado

por agudas manifestaciones de criminalidad

(homicidios, asaltos, robos, entre otros) ori-

ginados por pandillas, como las “maras”249,

que han tenido un profundo impacto sobre

la percepción de inseguridad.

El fenómeno de las maras, que no se li-

mita a El Salvador, se ha convertido en un

problema de seguridad colectiva en un

escenario de post-conflicto. Así, se calcu-

la que el número total de mareros en el

triángulo norte de Centroamérica, es decir

entre El Salvador, Honduras y Guatemala,

248 Ibid.

249 El diminutivo “maras” hace alusión a las hormigas

marabuntas que se caracterizan por eliminar con

ferocidad lo que encuentran para sobrevivir y ade-

cuar su hábitat. Sobre la naturaleza y las conexio-

nes regionales de estas bandas armadas, ver José

Manuel Valenzuela Arce, Alfredo Nateras Domínguez

& Rossana Reguillo Cruz (coordinadores), Las ma-

ras. Identidades juveniles al límite, México D.F,

Universidad Autónoma Metropolitana - El Colegio de

la Frontera Norte - Casa Juan Pablos, 2007.

65

podría superar 60.000 integrantes250. En lo

cotidiano, estas bandas urbanas se han de-

dicado a imponer, por medio de la violen-

cia, un control socio-espacial en los barrios

y administrar negocios y tráficos, bien sean

legales o ilícitos.

Sería erróneo afirmar que las pandillas

(aproximadamente 10.000 integrantes) se

han constituido únicamente por la falta de

perspectivas de reinserción de los ex-com-

batientes, puesto que sus estructuras crimi-

nales, como la famosa “Mara Salvatrucha”

(MS) con ramificaciones en distintos países

(Estados Unidos, México y Guatemala, ade-

más de El Salvador), existían durante los úl-

timos años de la guerra.

Ahora, es innegable que el período post-

acuerdos de paz ha favorecido el retorno,

frecuentemente por motivos de deportación,

de centenares de jóvenes salvadoreños que

habían migrado a los Estados Unidos, prin-

cipalmente en la década de 1980. Muchos

de ellos se han incorporado a las filas de las

maras, reproduciendo y adaptando patro-

nes culturales de los gangs norteamerica-

nos. También han entrado en contacto con

múltiples pandillas, a veces conformadas

por desmovilizados, las cuales tienen un ca-

rácter eminentemente socio-económico251.

La degradación del orden público se ve

reflejada, por ejemplo, en los homicidios

que fueron, pocos meses después de los

acuerdos, entre las más altas del mundo

con una cifra aproximada superior a 145

por 100.000 habitantes entre 1994 y 1996,

250 Para una evaluación de todos los pandilleros ope-

rando en Centroamérica, ver las cifras del informe

Estudios y evaluación sobre las pandillas y/o ma-

ras en la región centroamericana, OIPC, INTERPOL,

Oficina Subregional de San Salvador para América

Central, junio de 2005: http://www.cicad.oas.org/

Crimen_Organizado/ESP/Reuniones/Tapachula2005/

Presentaciones. Habría que contabilizar también a las

pandillas en México - unos 5.000 miembros para las

solas maras.

251 Dennis Rodgers, “Slum wars of the 21st Century: the

new geography of conflict in Central America”, op. cit.

mientras que el promedio fue de 60 por

100.000 personas en los años 1980, que

correspondieron al período de intensifica-

ción de la confrontación armada252.

Por extensión, voces se han elevado en El

Salvador para denunciar las dificultades de

los desmovilizados para encontrar oportu-

nidades de trabajo en un contexto de des-

igualdades económicas perjudiciales a los

proyectos de reinserción253.

En Guatemala, los procesos de DD&R fueron

enmarcados en los acuerdos de paz (doce

puntos), que culminaron en diciembre de

1996, los cuáles procuraron establecer las

bases de un nuevo andamiaje socio-político

en un ambiente de democratización, ade-

más de la planificación de reformas econó-

micas. Aunque éstos han tenido el mérito

de esbozar un pacto para el futuro del país,

sus alcances han sido parciales y deficien-

tes, según diversos expertos254.

Así, los programas de redistribución de las

tierras se han estancado255 y el “Acuerdo

sobre Identidad y Derechos de los Pueblos

Indígenas” ha sufrido enormes rezagos256.

252 Ver José Miguel Cruz (coordinador), “La violencia en

El Salvador en los años noventa. Magnitud, costos

y factores posibilitadores”, Documento de Trabajo

R-338, Red de Centro de Investigaciones, Instituto

Universitario de Opinión Pública, Universidad

Centroamericana José Simeón Cañas, octubre de

1998, pp. 5 y 11, quien retoma fuentes de informa-

ción legales.

253 Kevin Murray, et. al., Rescuing reconstruction: the

debate on post-war economic recovery in El Salvador,

Cambridge, Hemisphere Initiative, 1994.

254 Para un balance, ver Rachel Sieder (editora), Guatemala

after the peace accords, Londres, University of

London/Institute of Latin American Studies, 1999,

y Luis Pásara, “The Guatemalan peace process: the

accords and their accomplishments”, Kroc Institute

Occasional Paper, nº21, diciembre de 2001.

255 Sobre la problemática del reparto de la tierra, ver

Guillermo Paz Cárcamo, Guatemala: reforma agra-

ria, Guatemala Ciudad, Flacso, 1997, y Gustavo

Palma Murga, Arturo Taracena Arriola & José Aylwin

Oyarzun, Procesos agrarios desde el siglo XVI a los

acuerdos de paz, Guatemala Ciudad, Flacso-Minugua-

Contierra, 2002.

256 Carlos Mendoza, Guatemala, “Más allá de los acuerdos

de paz. La democracia en un país multicultural”, Working

Paper Series, n°250, Latin American Program, Woodrow

Wilson International Center for Scholars, 2001.

66

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

Por otra parte, el resarcimiento a las vícti-

mas de la represión ha sido lento, por no

decir incipiente, en la mayoría de los casos.

Los defensores de derechos humanos y or-

ganizaciones sociales han sido atropellados

por las acciones de las fuerzas regulares,

cuyas atribuciones hoy sobrepasan las pre-

rrogativas que fueron delimitadas en la épo-

ca de los acuerdos257.

En su conjunto, los acuerdos estipulaban

las condiciones de DD&R para tres grandes

categorías de actores armados: las guerri-

llas, las fuerzas estatales y las “Patrullas

de Autodefensa Civil” (Pac), entre las cuá-

les varias columnas habían sido desmem-

bradas antes de la finalización de dichos

acuerdos.

Entre otros aspectos, se establecía que las

guerrillas debían ser desarmadas y desmo-

vilizadas antes de cumplirse los sesenta

días de la firma del pacto final de la paz.

Asimismo, el ejército tuvo que ser reduci-

do en un 33% en 1997 para llegar a tener

el tamaño adecuado para intervenir en una

sociedad más democrática y garantizar la

integridad y la soberanía del país, causan-

do una crisis de identidad de la institución.

En relación con las Pac, los términos de los

acuerdos eran evasivos. Se preveía que los

patrulleros, que no habían abandonado las

armas, tenían treinta días para desmovili-

zarse. En teoría, fue prohibida la reanuda-

ción de los vínculos con los contingentes

del Estado.

La documentación relativa a los mecanis-

mos de DD&R demuestran que la disolución

de las Pac fue una decisión apresurada y

llevada a cabo con celeridad como decisión

propia antes del cierre de las negociacio-

nes. Una vez éstas concluidas, los 90.000

257 Para un panorama del papel de las fuerzas milita-

res en el país a lo largo del siglo XX, ver Jennifer G.

Schirmer, The Guatemalan military project: a vio-

lence called democracy, Philadelphia, University of

Pennsylvania Press, 1998.

patrulleros258, a priori desactivados, queda-

ron excluidos de los beneficios de la paz.

De tal manera que, a principios de los años

2000, los mismos empezaron a reivindicar

compensaciones por los esfuerzos consen-

tidos en tiempos de conflicto. Tuvieron en-

tonces el respaldo de algunos sectores de

la sociedad civil, en especial en municipios

del centro-norte del país, donde la violencia

había sido aguda259, aunque se enfrentaron

a innumerables críticas y resistencias.

Las patrullas, todavía activas como redes

de poder local, son un foco de conflictivi-

dad latente. Sus integrantes pretenden hoy

brindar seguridad a las aldeas y adjudicarse

prerrogativas en el ámbito de la justicia co-

munitaria en un país donde los linchamien-

tos no son escasos en las áreas rurales. En

estas circunstancias, no es de extrañar que

lazos con las unidades castrenses se man-

tengan aún. Además, en algunas localida-

des, se ha comprobado que miembros de la

delincuencia común han ingresado a estas

organizaciones260.

Frente al Estado que tarda en reconocerles

un papel en el conflicto, a través de un pa-

quete de indemnizaciones, las ex-Pac han

formulado diversas protestas. Dentro de

sus repertorios de acción, figuran solici-

tudes escritas dirigidas a las autoridades,

citas y audiencias públicas, ocupaciones y

destrucciones de instalaciones oficiales,

manifestaciones callejeras, bloqueos de ca-

rreteras y retenciones de personas, entre

otros aspectos.

Por consiguiente, los distintos gobiernos y

la clase política han sido solicitados, sobre

todo en los comicios electorales de 2003,

258 Para retomar las estimaciones de varias fuentes de

información.

259 Ricardo Sáenz de Tejada, ¿Víctimas o vencedores?

Una aproximación al movimiento de los ex - Pac,

Guatemala Ciudad, FLACSO, 1994, pp. 73 a 77.

260 David Keen, “Demobilizing Guatemala”, Working

Paper, nº37, Series 1, Crisis States Research Centre,

London School of Economics, noviembre de 2003.

67

para dialogar y hacer efectivas las promesas

evocadas a lo largo y después de las conver-

saciones de paz de la década de 1990261.

En un entorno marcado por las tensiones,

tanto la población como los empleados

de las organizaciones no gubernamen-

tales y las entidades estatales, como la

Procuraduría de los Derechos Humanos,

han sido los blancos de campañas de inti-

midaciones y amenazas adelantadas por las

antiguas Pac.

Claramente, los patrulleros representan un

movimiento que sintetiza la compleja natu-

raleza de víctima y verdugo de la lucha arma-

da, cuya permanencia tiene una capacidad

de desestabilización en Guatemala. Sus peti-

ciones y hechos violentos han tenido eco en

la criminalidad que ha azotado a la sociedad

tras la firma de los acuerdos de paz262.

Al igual que El Salvador, la sociedad guate-

malteca ha sido crecientemente sometida a

la violencia de las pandillas urbanas (alrede-

dor de 14.000 integrantes) como las maras,

en especial las de la “Salvatrucha”263.

Teniendo en cuenta este contexto, de acuer-

do con las cifras oficiales, entre los años

2000 y 2006, se contabilizaron alrededor

de 23.000 muertes violentas con una tasa

de 45 homicidios por 100.000 habitantes.

En la mayoría de los casos, fueron el resul-

tado de las pugnas y los ajustes de cuentas

entre agentes del crimen organizado y las

pandillas juveniles, corroborando la idea de

una proliferación de estructuras armadas ar-

ticuladas entre lo local y lo internacional264.

261 Ibid.

262 Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la

Violencia del PNUD Guatemala, Informe estadístico de

la violencia en Guatemala, Guatemala Ciudad, 2007.

263 Manolo Vela, Alexander Sequén-Mónchez & Hugo

Antonio Solares, El lado oscuro de la eterna primave-

ra: violencia, criminalidad y delincuencia de la post-

guerra, Guatemala Ciudad, FLACSO, 2001.

264 Mauricio Rubio, De la pandilla a la mara. Pobreza,

educación y violencia juvenil, Bogotá, Universidad

Externado de Colombia, 2007.

Para concluir, en Nicaragua, sin descono-

cer la importancia de las fuerzas estatales,

los procesos de DD&R de la “Contra” o la

“Resistencia Nacional” (RN), han tenido nu-

merosas consecuencias sobre la seguridad

de los municipios rurales del centro y norte

del país265.

Los llamados “polos de desarrollo”, previa-

mente localizados por el gobierno nacional

en concertación con los combatientes en

zonas de una extensión de 8.000 km2 (si-

tuados, en su mayoría, en la parte central

del país), se concibieron como una solución

a las demandas de tierras, trabajo y reasen-

tamiento, indispensables para una reinser-

ción viable. Según los acuerdos, los polos

debían contar con las siguientes caracte-

rísticas básicas: servicios de agua potable;

luz eléctrica; infraestructura vial; escuelas;

áreas de vivienda para los pobladores; y par-

celas de propiedad privada destinadas a los

cultivos y a la ganadería de subsistencia.

A partir de la década de 1990, 22.000 des-

movilizados anti-sandinistas con 58.000

familiares se concentraron en las zonas

adecuadas, bajo la supervisión de represen-

tantes de la sociedad civil, delegados del

Estado y actores internacionales como la

Onu y la OEA, lo cual sobrepasó las expec-

tativas de los gestores de paz.

En 1990, fruto de las deficiencias de aten-

ción y las dificultades de los antiguos alza-

dos en armas para aclimatarse a una vida

no violenta, 200 ex-Contras atacaron y to-

maron posesión de un poblado norteño del

territorio, dando paso a la creación de lo

que se ha denominado la “Recontra” y una

oleada de violencias post-acuerdos266.

265 Elvira Cuadra Lira, “Bandas rurales en Nicaragua: ¿co-

lombianización o pacificación inconclusa?”, Ponencia

presentada en el Segundo Congreso de Investigadores,

Universidad Centroamericana (UCA), Managua, octu-

bre de 2000.

266 Gilles Bataillon, “Contras et recontras nicaraguayens

(1982-1993): réflexions sur l’action armée et la

constitution d’acteurs politico-militaires”, art. cit.

68

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

A mediados de 1991, las protestas y las ac-

ciones armadas se sucedieron. Los cuadros

intermedios de los ex-anti-sandinistas se

juntaron a los combatientes de rango con-

tra el poder central para exigir más garan-

tías de protección y reinserción.

Así, se conformaron el “Frente Democrático

de Salvación Nacional” (FDSN) y el “Frente

Norte 3-80” (FN3-80) que evolucionaron ha-

cia la criminalidad con confusas reivindica-

ciones políticas y sociales267.

El protagonismo de los antiguos miem-

bros de la “Contra”, a los cuáles se aso-

ciaron bandas de delincuentes, estimuló

la recomposición de algunos de sus ene-

migos en grupos de “Recompas” como

el “Movimiento de Autodefensa Nacional

(MADN)”, el “Frente Obrero y Campesino”

(Froc) y el “Frente Unido Andrés Castro”

(Fuac). Se estima que el conjunto de los al-

zados en armas pudo ser de 15.000, tras

los acuerdos de paz, excluyendo a las pan-

dillas en los centros urbanos.

A lo largo de los años 1990, se multiplica-

ron los enfrentamientos inter-faccionales y

las prácticas de depredación contra la po-

blación, que llevaron a una militarización de

varias localidades antes de que el Estado lo-

grará, con el respaldo de organismos como

la OEA, hacer aceptar nuevos procesos de

DD&R en 1997.

De manera paradójica, elementos de la

“Recontra” y los “Recompas” se unieron pun-

tualmente para expresar demandas y tener

visibilidad en la escena pública, en particu-

lar en las principales ciudades alejadas de

las preocupaciones del mundo rural, consti-

tuyendo efímeras agrupaciones designadas

“Revueltos”268.

267 Ibid.

268 Ibid.

Paralelamente, muchos jóvenes que habían

sido partícipes del conflicto armado (no

únicamente los anti-sandinistas) no regre-

saron a sus estructuras armadas originales.

Pasaron más bien a las pandillas urbanas

(entre 4.500 y 5.000 integrantes) y a las

redes de traficantes ilegales que afectan al

país en la actualidad, aunque en menor pro-

porción que en El Salvador y Guatemala.

Entre las motivaciones citadas, los recién

reclutados, que no persiguen grandes

ideologías, suelen destacarse no sólo por

la avidez de dinero, sino también por su

pretensión de re-evaluar su estatus social

(prestigio), particularmente elevado en los

años previos, puesto que fueron comba-

tientes que defendían la soberanía nacional

(fuerzas sandinistas) o “luchadores por la

libertad” (“Contra”). También han buscado

re-establecer lazos de camaradería y solida-

ridad que habían sido vivaces en tiempos

de conflicto269.

Las interacciones entre las bandas armadas

han suscitado comentarios, a veces sensa-

cionalistas, acerca de la violencia post-con-

flicto en los tres países mencionados. Se ha

evocado, por ejemplo, una “colombianiza-

ción” de Nicaragua270, sin considerar los es-

fuerzos consentidos a favor de la paz desde

los años 1980 en Colombia, como si el ist-

mo centroamericano conociese los mismos

problemas de narcotráfico y violencia.

269 Dennis Rodgers, “We live in a state of siege: violence,

crime and gangs in post-conflict urban Nicaragua”,

Destin Working Paper, Development Studies Institute,

London School of Economics, nº36, 2002.

270 Elvira Cuadra Lira, “Bandas rurales en Nicaragua: ¿co-

lombianización o pacificación inconclusa?”, op. cit.

69

De hecho, ni la violencia ni los procesos de

DD&R en Colombia han sido plenamente

concordantes con otras experiencias inter-

nacionales. Las diferentes negociaciones de

paz no se han llevado a cabo tras la derrota

militar de uno o varios de los grupos al mar-

gen de la ley y han sido consustanciales al

desarrollo de la confrontación armada has-

ta la fecha. Las negociaciones no han sido

acompañadas de un cese al fuego durade-

ro respetado por el conjunto de los grupos

violentos y el entorno tampoco se ha carac-

terizado por una transición de un régimen

autoritario hacia la democracia, como ocu-

rrió en otros contextos.

De otro lado, aunque la implementación

de la Política de Seguridad Democrática ha

tenido incidencias sobre la fisonomía de la

violencia y el cotidiano de la población271,

no se ha asistido a profundas transforma-

ciones de la sociedad en el área de la justi-

cia ni en el ámbito económico, como suce-

dió en América Central.

En Colombia, las discusiones de paz con los

grupos de autodefensa se realizaron en me-

dio de la lucha armada con efectos tangibles

hasta la actualidad. Es importante recordar

que la política de DD&R de la administra-

ción de Álvaro Uribe Vélez no se inscribe en

un vacío histórico e institucional, sino en la

prolongación - con fluctuaciones y noveda-

des - de las presidencias anteriores.

A excepción de las desmovilizaciones, cobi-

jadas por amnistías e indultos, al finalizar la

271 Ver Impacto de la Política de Seguridad Democrática

sobre la confrontación armada, el narcotráfico y

los derechos humanos, Observatorio del Programa

Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la

República, agosto de 2008.

Violencia de los años 1940 y 1950272, no fue

hasta la adopción de la Constitución en 1991

que Colombia conoció notorios procesos en

la materia, sin menospreciar los esfuerzos y

los logros de la década de 1980273.

En efecto, la Ley 35 de 1985274 permitió pre-

ver amnistías para los crímenes políticos y

conexos, en un contexto en el cual el pre-

sidente Belisario Betancur Cuartas, auspi-

ciador del “Plan Nacional de Rehabilitación”

(PNR), se empeñó en facilitar la reincorpora-

ción de los insurgentes, a través de la edu-

cación, el acceso al micro-crédito y la adju-

dicación de parcelas de tierra.

Los modelos de DD&R de las décadas de

1980 y 1990, es decir los que antecedieron

las discusiones con las organizaciones de

autodefensa, constituyeron instrumentos

útiles para abrir un camino hacia la paz.

A medida que han avanzado las discusiones

con las organizaciones ilegales, se han ido

ampliando las infraestructuras destinadas

a atender a los desmovilizados. Del mis-

mo modo, desde hace más de 20 años, se

han ido redefiniendo las atribuciones entre

las entidades estatales, que han aprendido

a gestionar los desafíos de la paz, poco a

poco centralizados por la rama ejecutiva

272 Ver los ensayos reunidos en Medófilo Medina &

Efraín Sánchez (editores), Tiempos de paz. Acuerdos

en Colombia, 1902-1994, Bogotá, Alcaldía Mayor de

Bogotá-Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2003.

273 Se evidenciaron desmovilizaciones, ante todo indivi-

duales y dispersas, entre los años 1970 y 1980. Ahora

bien, el presidente Belisario Betancur consiguió la apro-

bación de la ley 35 de amnistía a los rebeldes, mientras

se desarrollaban los diálogos de paz con las principales

guerrillas. Los acercamientos con la insurgencia conlle-

varon a la dejación de las armas de unos 700 comba-

tientes, entre los cuales muchos nunca se desmoviliza-

ron por el recrudecimiento de las hostilidades y la falta

de oportunidades de reinserción profesional.

274 Ley 35 de 1982 publicada en el Diario Oficial

nº36.133 bis del 20 de noviembre de 1982.

C- Institucionalización y reglamentación de

las actividades de DD&R en Colombia

70

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

(servicios y dependencias de la Presidencia

de la República).

Entre otros aspectos, se creó en 1990 el

Consejo Nacional de Normalización275 (CNN),

vinculado al Departamento Administrativo

de la Presidencia de la República (Dapr),

para coordinar y asegurar el seguimiento de

las etapas de DD&R. En las localidades, el

CNN se materializo a través de los Consejos

Regionales de Normalización que sirvieron,

a su vez, de elementos de coordinación para

poner en práctica la política de reinserción

en los departamentos del país276.

Adicionalmente, se abrió un “Fondo Nacional

para la Paz”, cuyo objeto fue fomentar la in-

versión social y económica en las zonas en

disputa, donde la presencia de los insurgen-

tes era significativa. Después de su recon-

versión legal en fuerzas políticas o actores

sociales, los guerrilleros fueron asociados a

los Consejos Municipales de Rehabilitación,

que contribuyeron a diversos micro-planes

de reinserción en los municipios.

En 1991, se estableció la “Oficina Nacional

de Reinserción” en el marco del PNR277, que

fue trasladada a la Dirección del Programa

Presidencial para la Reinserción (DPPR), por

motivos de eficiencia y las rivalidades inter-

administrativas, antes de ser nuevamente

integrada al PNR, suscitando cierta confu-

sión y discontinuidad en la elaboración,

permanencia y calidad de los proyectos.

Además, se conformó el Comité de Consulta

y Concertación, integrado por un delegado

de la Oficina Nacional para la Reinserción y

un representante de cada uno de los grupos

275 Ver el decreto 314 de 1990 publicado en el Diario

Oficial nº39.169 del 01 de febrero de 1990.

276 Gabriel P. Turriago Piñeros & José María M.

Bustamante Mora, Estudio de los procesos de reinser-

ción en Colombia, 1991-1998, Bogotá, Alfaomega-

Ideas para la Paz, 2003.

277 Con el Decreto 2884 de 1991 publicado en el Diario

Oficial nº40.245 del 26 de diciembre de 1991.

guerrilleros que dejaron las armas: el M-19,

el EPL, el PRT, el Movimiento Quintín Lame

y la CRS, organismo en el cual todas las de-

cisiones eran tomadas de manera concer-

tada. El Comité asumió la mayoría de las

competencias del CNN y tuvo representa-

ción a nivel departamental. Por otra parte,

tras innumerables vicisitudes, las funciones

del PNR se trasladaron posteriormente a la

Secretaría Especial para la Reinserción, ads-

crita a la Red de Solidaridad Social (RSS)278.

Desde un punto de vista orgánico, aparece

retrospectivamente que, entre las décadas

de 1980 y 1990, muchas instancias de rein-

serción no lograron sobrevivir a la exten-

sión de los períodos presidenciales. Ante la

diversidad de las formas institucionales, la

improvisación, los errores de previsión y la

pérdida de aprendizaje fueron recurrentes.

Así, en un hecho todavía mal conocido por

la opinión pública, se produjo la desmovili-

zación unilateral de alrededor de 200 miem-

bros de los grupos de autodefensa, proce-

dentes esencialmente del Magdalena Medio,

sin que el gobierno de César Gaviria Trujillo

les propusiera una interlocución directa y

un reconocimiento oficial, aunque los alza-

dos en armas se hubiesen entregado ante

un delegado de la Consejería Presidencial

para la Defensa y la Seguridad Nacional279.

Ahora, cabe precisar que, en la época, las

guerrillas eran las principales receptoras de

los programas colectivos de DD&R. Uno de

los objetivos de la desmovilización radicó,

por parte del Gobierno nacional, en el anhe-

lo de desarmar y desarticular a las estruc-

turas violentas para que pudieran pasar,

no sin resistencias y atropellos, de la clan-

destinidad a la arena política. En esencia,

278 Para un a presentación de la entidad que fue creada

por ley en 1997, ver la página institucional: www.red-

social.org.

279 Entre los escasos análisis sobre este episodio, ver

Corporación Observatorio para la Paz, Las Verdaderas

Intenciones de los Paramilitares, Intermedio Editores,

Bogotá, 2002.

71

la idea fue generar las condiciones para su

incorporación a un proceso democrático280.

Sobresalieron, en este sentido, los diálogos

de paz con el Movimiento 19 de Abril (M.19),

cuyo campamento en Santa Domingo, corre-

gimiento de Tacueyo, municipio de Toribio,

en el departamento de Cauca, sirvió de sitio

para adelantar reuniones políticas y propi-

ciar espacios previos a la desarticulación

de unos 900 combatientes, que avalada en

1989 por una votación dentro de la organi-

zación armada281.

En el marco del impulso a la desmovilización

de los grupos guerrilleros que el Gobierno

propició en esos años, se concretó la Ley

77 de 1989282, que facultó al poder ejecu-

tivo para conceder indultos por delitos po-

líticos. Además, se expidió un decreto en

1990283, con el propósito de regular la ley

anterior y conferir un sustento legal a las

negociaciones284.

Pese a problemas derivados del estatuto

jurídico de algunos guerrilleros, los acuer-

dos de paz y los ciclos de desarme y des-

movilización se dieron en forma escalonada

en 1991, con el respaldo del CNN, para un

total de casi 2.500 desarmados que se aña-

dieron a los frentes del M.19.

De manera simbólica, el Partido Revolu-

cionario de los Trabajadores (PRT) arro-

jó las armas al mar Caribe, el Ejército

280 Gabriel P. Turriago Piñeros & José María M.

Bustamante Mora, Estudio de los procesos de reinser-

ción en Colombia, 1991-1998, op. cit. pp. 10 y 11.

281 Darío Villamizar, Aquel 19 será: una historia del M.

19, de sus hombres y de sus gestas. Un relato entre la

guerra, la negociación y la paz, op. cit.

282 Ley 77 de 1989 publicada en el Diario Oficial nº39.152

del 22 de enero de 1990. Fue precedida por la ley 49 de

1985 publicada en el Diario Oficial nº37.000 del 05 de

junio de 1985.

283 Decreto 206 de 1990 publicado en el Diario Oficial

nº39.152 del 22 de enero de 1990.

284 Gabriel P. Turriago Piñeros & José María M.

Bustamante Mora, Estudio de los procesos de reinser-

ción en Colombia, 1991-1998, op. cit. p. 18.

Popular de Liberación (EPL) hizo dejación

de sus artefactos a la los delegados de la

Constituyente285 y el Movimiento Armado

Quintín Lame (MAQL) procedió a lo mismo

ante las comunidades indígenas que afir-

maba representar286. Por otra parte, algu-

nos integrantes de estructuras más atomi-

zadas, como la Corriente de Renovación

Socialista (CRS), procedieron también a la

dejación de sus armas.

A semejanza del M.19, tres agrupaciones

tuvieron la oportunidad de contribuir a los

debates sobre la Constituyente y la reconfi-

guración del escenario político del país en

vía de liberalización. En efecto, diversas fac-

ciones - pertenecientes al M.19, EPL y PRT,

junto con otras corrientes de izquierda - se

unieron para crear la Alianza Democrática

M.19 (AD-M.19). Simultáneamente, el MAQL

favoreció la creación de la Alianza Social

Indígena (ASI)287.

No obstante, la reconversión de las guerri-

llas en fuerzas políticas debe ser matizada

por su capacidad para captar al electorado,

teniendo en cuenta la efectividad del plu-

ralismo en la sociedad, que ha sido tradi-

cionalmente dominada por el bipartidismo,

hoy en retroceso, entre las élites conserva-

doras y liberales288.

285 Álvaro Villarraga & Nelson Plazas, Para reconstruir

los sueños: una historia del EPL, Fondo Editorial para

la Paz-Fundación Cultura Democrática, 1994 y Maria

Victoria Uribe, Ni canto de gloria ni canto fúnebre. El

regreso del EPL a la vida civil, op. cit.

286 Ver los artículos compilados en León Valencia, et.

al., El regreso de los rebeldes. De la furia de las ar-

mas a los pactos, la critica y la esperanza, Bogotá,

Fundación Nuevo Arco Iris, 2005.

287 Ricardo Peñaranda, “De rebeldes a ciudadanos:

el caso del Movimiento Armado Quintín Lame” en

Ricardo Peñaranda & Javier Guerrero (compiladores),

De las armas a la política, Bogotá, Tercer Mundo

Editores-IEPRI, 1999, pp. 75 a 131.

288 Francisco Gutiérrez Sanín, ¿Lo que el viento se lle-

vó? Los partidos y la democracia en Colombia, 1958-

2002, op. cit. Para los resultados electorales del M.

19 y el contexto político de la Constituyente, ver

Rafael Pardo Rueda, De primera mano: Colombia

1986- 1994, entre conflictos y esperanzas, Bogotá,

Editorial CEREC, 1996.

72

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

La situación colombiana contrasta al res-

pecto con Centroamérica en el período

post-conflicto, donde la democratización ha

sido más atada a la búsqueda de la paz con

una mayor implicación y representación de

las difuntas fuerzas guerrilleras en la vida

pública legal289.

La adopción de la Carta Magna en 1991,

que fue estrechamente relacionada con las

negociaciones de paz, recibió críticas por

no haber considerado la posibilidad de so-

meter a las fuerzas del Estado a reestructu-

raciones y sanciones penales por crímenes

contra los civiles, en discrepancia con lo

que ocurrió - aunque de manera modesta -

en El Salvador en la misma época, por ejem-

plo. También se elevaron voces discordan-

tes para comentar la posibilidad de hacer

aplicar amnistías e indultos290 para las per-

sonas acusadas de infracciones al Derecho

Internacional Humanitario y crímenes con-

tra la humanidad291.

Además, la desmovilización y la transforma-

ción de las guerrillas en partidos políticos

fueron, en las intenciones, privilegiadas en

desmedro de la reinserción. El Estado y la

sociedad se mostraron tímidos a la hora de

generar alternativas socio-económicas para

los desmovilizados (debilidad de los planes

de acompañamiento en materia de educa-

ción, formación inadecuada con el perfil de

los beneficiarios, falta de garantías para los

préstamos bancarios, entre otros), lo cual

cuestionó la sostenibilidad de los procesos

a mediano y largo plazo292.

289 Tema abordado por Carlo Nasi, Cuando callan los

fusiles. Impacto de la paz negociada en Colombia y

Centroamérica, op. cit.

290 Aplicables a los casos individuales según el artículo

201 de la misma.

291 Estas restricciones han tenido profundas consecuen-

cias sobre la legislación que cobija hoy los procesos

de DD&R, como se verá a continuación.

292 Para más detalles, ver Carlos Franco, “Apuntes a la rein-

serción económica” en De las armas a la democracia.

Evaluación de los programas de reinserción de los desmo-

vilizados desde la administración Betancur hasta el pre-

sente. Perspectivas del actual proceso de paz, República

de Colombia, Ministerio del Interior-Instituto Luis Carlos

Galán para el Desarrollo de la Democracia, Bogotá, 2002.

Para superar estas deficiencias, a semejan-

za de lo que se ha evidenciado en los pe-

ríodos post-acuerdos de paz a nivel inter-

nacional, se formaron entonces asambleas

y comités de desmovilizados. Éstos trataron

de actuar de concierto con organizaciones

no gubernamentales de larga trayectoria en

el ámbito social para favorecer la captación

de recursos y la defensa de los intereses de

los antiguos combatientes.

Si bien se entablaron negociaciones de

paz, a instancias de la Constituyente, con

las “Fuerzas Armadas Revolucionaras de

Colombia” (Farc) y el “Ejército de Liberación

Nacional” (ELN), no se alcanzó un acuerdo

de paz con las dos organizaciones insur-

gentes más poderosas militarmente.

Por el contrario, las hostilidades se in-

tensificaron en el transcurso de los años

1990293, como consecuencia de tres prin-

cipales factores: la intransigencia manifes-

tada, durante las negociaciones, por los

guerrilleros animados por ambiciones de

poder, impregnados por un imaginario de

lucha armada y decididos a preservar los

recursos acumulados en los municipios del

país; la declaratoria de “guerra integral” de-

clarada por el gobierno contra los grupos

armados ilegales, incluyendo a los carteles

de la droga de la época; y las operaciones

militares conducidas contra el Secretariado

de las Farc.

Para no interrumpir las lógicas de paz, el

Congreso de la República consagró instru-

mentos para la convivencia y la eficiencia de

la justicia. Se codificaron, en especial, las

causas de extinción de la acción penal y la

pena en caso de delitos políticos y conexos,

con beneficios jurídicos para los desmovili-

zados, por medio de la Ley 104 de 1993294.

293 Camilo Echandía Castilla, Dos décadas de escalamien-

to del conflicto armado en Colombia, 1986-2006, op.

cit.

294 Ley 104 de 1993 publicada en el Diario Oficial

n°41.158 del 30 de diciembre de 1993.

73

Por otra parte, en virtud del Decreto 1385

de 1994295, se incorporó un mecanismo le-

gal para estimular permanentemente la de-

serción de las filas de las autodefensas y las

guerrillas y posibilitar el otorgamiento de

indultos individuales, así como el disfrute

de los beneficios materiales contemplados

en los proyectos de reinserción. A raíz de la

expedición del decreto, se formalizó la red

del Comité Operativo para la Dejación de

las Armas (Coda), que surgió, luego de las

desmovilizaciones colectivas de la mayoría

de las guerrillas mencionadas.

Originalmente, el Coda otorgaba beneficios

a la solicitud expresa de los desmovilizados,

después de una investigación, según crite-

rios apreciados con base en las entrevis-

tas296, sin responder estricta y sistemática-

mente a las directivas del poder ejecutivo.

El Coda sufrió lentitudes burocráticas y pro-

blemas de coordinación con distintos enti-

dades del Estado, como las fiscalías regio-

nales y el Ministerio de Defensa Nacional.

Las unidades del Coda se regían por pau-

tas y procedimientos, cuya interpretación

dependía excesivamente de los funciona-

rios, de tal forma que los procedimientos

no eran uniformes e igualitarios para los

desmovilizados que competían en la conse-

cución de beneficios, propiciando falsas

declaraciones.

En este contexto, y pese a limitaciones ins-

titucionales, unos 2.000 miembros de las

guerrillas (esencialmente las Farc y el ELN)

se acogieron a programas individuales de

DD&R de retorno a la vida no armada entre

los años 1994 y 2002297.

295 Decreto 1385 de 1994 publicado en el Diario Oficial

n°41.420 del 05 de julio de 1994.

296 Ver los artículos I y V del decreto 1385.

297 En lo que atañe a las desmovilizaciones individua-

les, ver Juan Carlos Garzón, Julián Arévalo & Paola

González, “Desmovilizaciones individuales: las incer-

tidumbres de la guerra y las limitaciones de la paz”,

op. cit.

Adicionalmente, el presidente César Gaviria

Trujillo firmó en 1994 un Acuerdo para la

Convivencia con tres milicias en Medellín

(aproximadamente 800 milicianos)298, que

regulaban principalmente barrios periféri-

cos del norte de la ciudad en competencia o

cooperación, según las circunstancias, con

diversos grupos guerrilleros299.

De acuerdo con los textos suscritos, las

autoridades se comprometieron a fortalecer

la inversión social en las llamadas “comu-

nas” y propiciar la democracia participativa

desde “abajo”. Se pretendió así recuperar la

presencia del Estado en barrios afectados

por la violencia y la exclusión con medidas

como el ofrecimiento de servicios en mate-

ria de educación, justicia y salud.

Por su cuenta, los milicianos desmoviliza-

dos formaron una cooperativa de vigilancia

que fue concebida para seguir brindando

seguridad en los barrios dentro de la legali-

dad, aunque los esfuerzos desplegados fue-

ron obstaculizados por los abusos cometi-

dos contra los civiles y los asesinatos entre

las bandas armadas rivales300.

En 1998, bajo el mandato de Ernesto Samper

Pizano, se selló un acuerdo adicional con mi-

licianos en Medellín y sus alrededores. La

experiencia constituyó también un escenario

de convivencia urbana con un alto grado de

inmersión social y política para las comuni-

dades, mediante espacios de interlocución

298 Siempre mediante el decreto 1385 de 1994.

299 Entre ellas, las Milicias Populares de Medellín (MPM),

la Corriente de la Renovación Socialista (CRS), disi-

dencia del ELN y una disidencia del EPL, a saber el

frente Francisco Garnica Narváez Gabriel P. Turriago

Piñeros & José María M. Bustamante Mora, Estudio de

los procesos de reinserción en Colombia, 1991-1998,

op. cit., p. 25.

300 Sobre la situación de violencia y las iniciativas de paz

en Medellín, ver Ramiro Ceballos, “Violencia recien-

te en Medellín: una aproximación a los actores” en

Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines, volu-

men 29, nº3, 2000, pp. 381 a 401 y el relato histó-

rico de Gilberto Medina Franco, Una historia de las

milicias de Medellín, Medellín, Instituto Popular de

Capacitación, 2006.

74

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

entre las víctimas y los autores de la vio-

lencia, y reuniones con las autoridades para

redefinir las bases de la seguridad colectiva

y micro-proyectos de reinserción laboral301.

En otras palabras, los procesos de desarme

y desmovilización de las milicias urbanas

fueron el producto de discusiones de paz

con un carácter eminentemente local, las

cuáles revelaron las divisiones y una cor-

relación de fuerzas desfavorable para los

grupos ilegales que tomaron la iniciativa de

renunciar, a veces temporalmente, al uso

de las armas.

Globalmente, los combatientes desmovili-

zados individualmente (guerrilleros, milicia-

nos y miembros de las autodefensas) han

encontrado hasta hoy dificultades para rein-

sertarse, teniendo en cuenta el déficit de es-

tructuras de atención más allá del corto y

mediano plazo y la falta de oportunidades

profesionales en una sociedad que muestra

cierta desconfianza, por no decir repudio,

hacia los antiguos alzados en armas302.

En términos normativos, la Ley 241 de

1995303 reflejó la voluntad de hallar una sa-

lida no violenta a la contienda armada des-

pués de la Constitución de 1991. Gracias a

esta norma, el Congreso prorrogó y modi-

ficó, con disposiciones complementarias,

la Ley 104 de 1993. Se abrió entonces la

posibilidad de otorgar beneficios jurídicos

a los grupos de autodefensa, previo aban-

dono voluntario de las estructuras ilegales

y la presentación de sus miembros ante las

autoridades competentes.

301 Discusiones que se concretaron en julio de 1998,

gracias a la creación de comisiones ad hoc, con el

Movimiento Independiente Revolucionario-Comandos

Armados (Mir-Coar).

302 Para una valoración sociológica y psicológica de las

desmovilizaciones, realizada a partir de entrevistas

a ex-combatientes de las guerrillas y los grupos de

autodefensa, ver José Armando Cárdenas Sarrias, Los

parias de la guerra. Análisis del proceso de desmovi-

lización individual, Bogotá, Ediciones Aurora, 2005.

303 Ley 241 de 1995 publicada en el Diario Oficial Nº

42.719 del 14 de febrero de 1996.

En consonancia, la Ley 418 de 1997304 le

confirió al poder ejecutivo unas facultades

fundamentales para negociar: si este último

lo estimaba conveniente, podía conceder un

estatus político a los grupos armados, sin

impedir las discusiones y los procesos de

DD&R en caso de no aceptar este reconoci-

miento (recordando que, en el espíritu de la

época, esta disposición fue ante todo desti-

nada a los grupos guerrilleros y las milicias

urbanas)305.

Desde entonces, la ley ha permitido efecti-

vamente los indultos para ciertas categorías

de delitos perpetrados por los combatientes,

que se acogieran colectivamente a diálogos

de paz, tratando de respetar y preservar los

derechos de las víctimas de la violencia.

Igualmente, el Decreto 2546 de 1999306

instituyó la Dirección General para la

Reinserción en el Ministerio del Interior,

con el propósito de coordinar la acción del

Estado para la reinserción de las desmovi-

lizaciones individuales y tratar de eliminar

las carencias y inconsistencias relativas al

funcionamiento de las instancias del Coda.

Posteriormente, los procesos de DD&R ex-

perimentaron un impulso con la Ley 782 de

2002307, de una vigencia de 4 años desde

el momento de su promulgación, que re-

tomó disposiciones de la Ley 418 de 1997,

prorrogada y modificada por la Ley 548

de 1999. Adicionalmente, se promulgó el

Decreto 128 de 2003308, que procuró regla-

304 Ley 418 de 1997 publicada en el Diario Oficial Nº

43.201 del 26 de diciembre de 1997.

305 Se recordará que los acercamientos de paz con las

milicias urbanas en 1998 fueron conducidas al ampa-

ro de la misma ley.

306 Decreto 2546 de 1999 publicado en el Diario Oficial

Nº 43.828 del 23 de diciembre de 1999.

307 Ley 782 de 2002 publicada en el Diario Oficial No.

45.043 del 23 de diciembre de 2002. Estipula que la

desaparición, el desplazamiento forzado, el genoci-

dio y la tortura quedan excluidos para la aplicación

de medidas de indulto y/o amnistía.

308 Decreto 128 de 2003 publicado en el Diario Oficial

No. 45.073 del 24 de enero de 2003.

75

mentar la Ley 782 y, por ende, la legislación

anterior contemplada en ésta.

Conviene subrayar que la Ley 782 de 2002

no hizo del reconocimiento político de los

actores ilegales un requisito para iniciar

discusiones de paz, lo cual permitió progre-

sar notoriamente hacia la celebración de un

acuerdo con los grupos de autodefensa.

Por su parte, el Decreto 128 de 2003 enu-

mera los beneficios relativos a los meca-

nismos de DD&R; también atribuye las

competencias que, en conformidad con

la legislación en el país y la Constitución,

tienen algunas instancias estatales como

el Ministerio de Defensa Nacional o el

Ministerio del Interior, la Fiscalía General de

la Nación y el Departamento Administrativo

de Seguridad (Das).

De conformidad con el artículo 21 del de-

creto, los beneficios socio-económicos sólo

podrán adjudicarse por una sola vez a cada

individuo y están condicionados al cumpli-

miento de los requisitos y las obligaciones

que el mismo decreto y las autoridades

determinen.

En sustancia, el Decreto 128 de 2003 re-

glamenta tanto las desmovilizaciones indi-

viduales como colectivas, mediante la fir-

ma de arreglos de paz, pese a una nueva

normatividad al respecto contenida en la

Ley 975 de 2005, como se mencionará más

adelante. Dicho decreto modificó el Decreto

1385 de 1994 que hacía del Coda el órgano

central en la gestión de las desmovilizacio-

nes individuales.

En los hechos, el regreso a la vida ci-

vil consta hoy de pasos sucesivos que

se pueden resumir en dos fases. En pri-

mera instancia, el Programa de Atención

Humanitaria al Desmovilizado (PAHD), a

cargo del Ministerio de Defensa Nacional,

comienza con la presentación de la perso-

na ante las autoridades y finaliza cuando el

Coda decide, en principio después de una

verificación, si la persona es idónea para

acceder al Programa. Durante esta etapa,

los desmovilizados reciben atención médi-

ca, al igual que alojamiento, alimentación y

transporte, mientras tanto, se espera que

las autoridades judiciales hagan las inda-

gaciones necesarias para estatuar sobre la

situación jurídica del desmovilizado y co-

nocer los cargos penales en su contra.

En segundo lugar, el “Programa de Rein-

corporación a la Vida Civil de las Personas

Alzadas en Armas”, colocado bajo la super-

visón del Ministerio del Interior y de Justicia,

se inicia cuando la persona haya recibido la

certificación del Coda. El programa tiene una

duración aproximada de 2 años, con la ambi-

ción de promover la reinserción con énfasis

en la educación y la obtención de un empleo.

Como medida de acompañamiento, se ex-

pidió el Decreto 200 en 2003309 que definió,

bajo la tutela del Ministerio del Interior y

de Justicia, las prerrogativas del “Programa

para la Reincorporación a la Vida Civil”, en

materia de reinserción, sin que éste sea ha-

bilitado para interferir en los asuntos refe-

rentes a los acuerdos de paz.

Se anotará, en forma más puntual, que se

ha ido prestando una atención creciente al

reclutamiento de los menores de edad en los

grupos armados ilegales, el cual responde a

complejas motivaciones y/o prácticas forzo-

sas que hacen de esta categoría de la pobla-

ción no sólo víctimas sino protagonistas ac-

tivos de los grupos al margen de la ley 310.

De allí se vislumbra la importancia del

Decreto 128 de 2003 que responsabiliza al

309 Decreto 200 en 2003 publicado en el Diario Oficial

No. 45.086 del 03 de febrero de 2003.

310 Las cifras sobre el número de niños y adolescentes

en las filas de los grupos ilegales varían considera-

blemente de una estimación a otra y son, por ende,

poco confiables. Se ha evocado, por ejemplo, un total

superior a 11.000 vinculados. Para una reflexión más

allá del caso colombiano, ver P. W Singer, Children at

war, Berkeley, University of California Press, 2006 y

Michael Wessells, Child soldiers: from violence to pro-

tection, Cambridge, Harvard University Press, 2007.

76

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

(ICBF) para acoger y prestar una serie de cui-

dados y servicios (ayuda psicológica, asisten-

cia terapéutica, formación educativa, entre

otros) a los niños y los jóvenes desvinculados

de las organizaciones armadas, partiendo de

experiencias preliminares realizadas en parti-

cular en los departamentos de César, Boyacá

y Santander entre 1997 y 1999.

Asimismo, el decreto nombra al Ministerio

del Interior y de Justicia como agente de ve-

rificación de los beneficios otorgados y al

Ministerio de Defensa Nacional como fuente

de apoyo adicional, mediante el PAHD.

Es decir que en el cruce de las legislaturas

de Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe

Vélez, se institucionalizaron y reglamenta-

ron aún más las actividades de DD&R en el

país. Precisamente, tras el fracaso de las

discusiones de paz entre la administración

de Andrés Pastrana Arango y las Farc, se

celebraron rondas de negociaciones con la

mayoría de los grupos de autodefensa.

A raíz de la posesión de Álvaro Uribe Vélez,

se ha acentuado la demarcación entre los

procesos voluntarios colectivos e individua-

les de abandono de las armas. Por lo tanto,

se han diseñado un armazón jurídico y me-

canismos diferenciados que corresponden a

las dimensiones no coercitivas de la Política

de Seguridad Democrática adoptada por el

poder ejecutivo.

Sin entrar en detalle, en agosto de 2004,

el Decreto 2767311 fue aprobado para regla-

mentar la Ley 418 de 1997 y derogar artícu-

los del Decreto 128 de 2003, consolidando

los mecanismos de DD&R individuales.

Como fruto de la política de DD&R del

gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se estima

que alrededor de 7.000 combatientes

se desvincularon individualmente de las

311 Decreto 2767 de 2004 publicado en el Diario Oficial

n°45.657 del 31 de agosto de 2004.

agrupaciones armadas al margen de la ley

(guerrillas y autodefensas) entre 2002 y

2004312. Para el año 2007, la cifra cumulada

que no comprende los fenómenos colecti-

vos, ascendería a más de 15.000 alzados

en armas313.

Volviendo al tema de los procesos colec-

tivos de DD&R, se señalará que los acer-

camientos con las autodefensas se mate-

rializaron oficialmente con el Acuerdo de

Santa Fe de Ralito en diciembre de 2003314,

el cual fue seguido de un segundo encuen-

tro en mayo de 2004315.

El acuerdo fue decisivo para pactar, entre

otras cosas, el cese de hostilidades, que no

fue plenamente cumplido en los primeros

meses de los diálogos, el fin de las activida-

des asociadas al narcotráfico y el desmonte

de las estructuras armadas con plazo máxi-

mo al 31 de diciembre de 2005, lo cual con-

llevó a la desarticulación de la casi totalidad

de los movimientos de autodefensa - a saber

31.671 alzados en armas - entre los años

2003 y 2006, según las cifras oficiales.

A lo largo de las conversaciones de paz, so-

bresalió la ausencia de compromiso activo

de la comunidad internacional, y en particu-

lar de la Onu, en comparación con los esce-

narios centroamericanos. Empero, se inau-

guró la Misión de Apoyo al Proceso de Paz

de la Organización de Estados Americanos

(Mapp-OEA) para verificar, con el respaldo

de entidades como la Defensoría del Pueblo,

la evolución del proceso en cuanto a las ac-

tividades de desarme y desmovilización de

312 Según el Programa de Atención Humanitario al

Desmovilizado, PAHD, del Ministerio de Defensa.

313 Ibid.

314 Para una descripción de los acuerdos, ver Mauricio

Romero, “The demobilization of paramilitaries and

self-defences: risky, controversial and necessary”,

Ponencia, abril de 2005, Uppsala University.

315 Ver el documento de Internacional Crisis Group,

“Desmovilizar a los paramilitares en Colombia: ¿una

meta viable?”, Informe sobre América Latina, No. 8,

agosto de 2004.

77

los combatientes que se dieron en zonas de

ubicación temporales316.

Al principio, los diálogos se desarrollaron

bajo la Ley 782 de 2002, aunque los grupos

no tuvieran ningún estatus político, como

lo acordaba la misma. La ley amparó con

beneficios jurídicos y económicos a los des-

movilizados, sin que se exigiera necesaria-

mente la conclusión de una negociación o

un arreglo de paz.

Sin embargo, quedaron excluidos de los

beneficios quienes habían sido condenados

por infracciones y crímenes, en conformi-

dad con la Constitución Política, los tratados

internacionales ratificados por Colombia

y la Ley 782 adoptada en continuidad a la

Ley 418 de 1997. Así, representantes de

la cúpula de las autodefensas, llamados a

indagatoria por múltiples crímenes y/o ex-

tradición por tráfico de droga, no reunieron

los requisitos para ser acreedores de bene-

ficios jurídicos.

Por consiguiente, ante el riesgo de un im-

passe en las discusiones de paz que sufrie-

ron varios retrocesos e incertidumbres, la

administración de Álvaro Uribe Vélez tomó

la resolución de hallar una solución alter-

nativa, que se formalizó en la discutida Ley

975 de 2005317, comúnmente denominada

Ley de Justicia y Paz, que entró en vigor el

22 de julio de 2005, tras el examen de cons-

titucionalidad, la aprobación del Congreso

y la subsiguiente sanción presidencial.

En este sentido, uno de los retos del

Gobierno ha sido lograr un equilibrio

tenue entre la voluntad de llevar a cabo un

proceso de DD&R con las autodefensas y

los imperativos de la justicia, sin caer en

316 Para mayores detalles sobre los procesos en distintas

regiones, ver los informes especiales publicados por

la Fundación Seguridad & Democracia: www.seguri-

dadydemocracia.org.

317 Ley 975 de 2005 publicada en el Diario Oficial

n°45.980 del 25 de julio de 2005.

la impunidad y la tentación del olvido, en

una sociedad adolorida por décadas de

violaciones a los derechos humanos y al

Derecho Internacional Humanitario, acla-

rando que muchos crímenes no se podrán

castigar ni perdonar, como lo han su-

brayado analistas de otros escenarios de

violencia318.

Ahora bien, la Ley 975 no se restringe a

los autores de la violencia armada y hace

referencia a la condición de las víctimas319,

siguiendo de manera modesta una tenden-

cia internacional en la cuál la justicia penal,

que ha evolucionado de una visión estricta-

mente punitiva hacia la reparación320 y ele-

mentos restaurativos321, ha fomentado es-

pacios de interlocución entre las víctimas y

los victimarios para una reconstrucción del

tejido social.

En diciembre de 2005, se adoptó el Decreto

4760322, mediante el cuál se regulan algu-

nos puntos de la ley concernientes a los

plazos disponibles para investigar a quie-

nes busquen acceder a sus beneficios. Así,

los desmovilizados involucrados en críme-

nes perpetrados durante la contienda de-

ben responder a una serie de requisitos323,

cuya verificación incumbe a las autoridades

judiciales en colaboración con otros orga-

nismos del Estado.

318 Alusión al título del libro de Antoine Garapon, Des

crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner. Pour une

justice internationale, París, Odile Jacob, 2002, quien

retoma algunos planteamientos de Hannah Arendt

sobre el juicio, la memoria y el perdón en una pers-

pectiva de reconciliación para demostrar que es im-

posible juzgar a la totalidad de los autores de la vio-

lencia (falta de evidencias, aparato judicial deficiente,

ausencia de voluntad política, etc.).

319 Ver capítulo IX.

320 Jon Miller & Rahul Kumar (editores), Reparations: in-

terdisciplinary inquiries, Oxford, Oxford University

Press, 2007.

321 Ferry Johnstone, Restorative justice: ideas, practices,

debates, Cullompton, Willan Publishing, 2001.

322 Decreto 4760 de 2005 publicado en Diario Oficial n°

46.137 del 20 de diciembre de 2005.

323 Artículos X y XI de la Ley 975.

78

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

Sin embargo, organizaciones de protección

de la ciudadanía y defensa de los derechos

humanos presentaron una serie de demandas

de inconstitucionalidad de la Ley 975324 ante

la Corte Constitucional que se pronunció el

18 de mayo de 2006325, antes de hacer pú-

blica su decisión el 13 de julio de 2006.

Si bien declaró el texto constitucional, la ins-

tancia se mostró preocupada por asegurar

más la protección y la reparación de las vícti-

mas de la confrontación armada. La senten-

cia clarificó la obligación de imponer en for-

ma efectiva las penas reducidas de prisión e

introdujo restricciones como la pérdida de

beneficios en caso de que los desmoviliza-

dos buscaran acogerse a la Ley 975, ocul-

tando información a las autoridades judicia-

les. También hizo hincapié en el deber de

no repetición, para que los antiguos alzados

en armas pudieran gozar del marco jurídico

previsto por la misma. En respuesta a las ob-

servaciones y reservas emitidas por la Corte,

el Gobierno expidió los Decretos 2898326 y

3391327 que enmarcan la Ley 975.

La Ley 782 de 2002 y los esfuerzos nor-

mativos sobre la alternatividad penal que

permitieron la adopción de la Ley 975,

completada ulteriormente por la expedi-

ción de decretos, ofrecen un marco jurídico

primordial para entender el estatus de los

antiguos combatientes y la futura adminis-

tración de justicia en sinergia con la fase de

reinserción.

Per se, la Ley 975 es aplicable a los grupos

de autodefensa y de guerrilla clasificados

como organizaciones al margen de la

324 Entre otras, la “Comisión Colombiana de Juristas”,

la “Asociación de Afrocolombianos Desplazados”

y la “Consultoría para los Derechos Humanos y el

Desplazamiento”.

325 Sentencia C- 370 de 2006.

326 Decreto 2898 publicado en el Diario Oficial No.46.375

del 29 de agosto de 2006.

327 Decreto 3391 publicado en el Diario Oficial No.46.406

del 29 de septiembre de 2006.

legalidad, sin mención alguna a sus rasgos

políticos. Tiene como objeto contribuir a

“[…] los procesos de paz y la reincorpo-

ración individual o colectiva a la vida civil

[…]”328. El texto formula sentencias y penas,

con un régimen de castigos alternativos

para numerosos crímenes329.

Para simplificar, la Ley 975 establece la al-

ternatividad penal como un beneficio con-

sistente en la suspensión de la ejecución de

una pena determinada y su transformación

en una sentencia de pena alternativa, cuya

duración oscila entre 5 y 8 años, que se

concede mediante la contribución del bene-

ficiario a la paz, a la justicia, la verdad y la

reparación a las víctimas. El beneficio de la

pena alternativa depende directamente del

cumplimiento de ciertos requisitos de elegi-

bilidad establecidos en la ley, que la desmo-

vilización haya sido colectiva o individual.

Asimismo, el texto establece un régimen

penal especial, con el fin de procesar a los

desmovilizados que quieran acogerse a la

ley, cuyos nombres consten en un listado

que el Gobierno tiene que comunicar a la

Fiscalía General de la Nación. Las personas

deseosas de acudir a la ley están en la obli-

gación de rendir una versión libre ante un

fiscal delegado asignado para el proceso

de desmovilización, el cuál se encarga de

realizar las actividades de investigación ne-

cesarias para poder formular las imputacio-

nes que correspondan.

Con base en esta normatividad, los procesos

de DD&R de los grupos de autodefensa se han

caracterizado por una alta complejidad insti-

tucional. Las diferentes fases han sido aten-

didas por varias entidades, entre las cuales

figuran la Oficina del Alto Comisionado para

la Paz, el Ministerio de Defensa a través del

PAHD, el Ministerio del Interior y de Justicia

328 Ver artículo 1 del Capítulo I.

329 Ver artículo 29 del Capítulo V.

79

y la Alta Consejería para la Reintegración

Social y Económica de Personas y Grupos

Alzados en Armas (ACR).

Adicionalmente, los proyectos de DD&R

han experimentado cambios, sobre todo

en la fase de reinserción. La primera insti-

tución estatal responsable fue el Ministerio

del Interior y de Justicia, a través del

“Programa de Reinserción a la Vida Civil”

(PRVC). El PRVC otorgaba un proyecto pro-

ductivo equivalente a 8 millones de pesos

a los desmovilizados individuales y proyec-

tos productivos asociativos a los desmovili-

zados colectivos.

Ante los problemas de centralización de

los datos y los recursos, en septiembre de

2006 se creó la ACR, que ha asumido des-

de entonces la política estatal dirigida a la

reintegración social y económica de los an-

tiguos alzados en armas, incluyendo a los

guerrilleros desmovilizados individualmen-

te. Esta entidad concede beneficios sociales

y económicos a los desmovilizados, entre

los cuales el acceso al sistema de educa-

ción y salud, un apoyo psicosocial y una

ayuda humanitaria de un valor de 358.000

pesos, que obligaba a los ex-combatientes

a reportarse mensualmente en puntos de

registro. Además, la ACR ha estimulado la

reintegración en un sentido individual y

activo con un importante compromiso por

parte de los beneficiarios, que no son vis-

tos como reinsertados o reincorporados,

sino participantes.

Así mismo, la ayuda humanitaria ha sido

reemplazada por un paquete de apoyo eco-

nómico a favor de la reintegración, donde

intervienen psicólogos, educadores y for-

madores en áreas profesionales específicas

para tratar de responder a las expectativas

y las necesidades de los desmovilizados.

Mediante el modelo implementado por la

ACR, se han lanzado igualmente iniciativas

para propiciar los negocios, con créditos

financieros, que procuran dar un giro ha-

cia la autonomía económica de los ex-com-

batientes y evitar que se instalen ciclos de

dependencia frente a las ayudas proporcio-

nadas por el Estado.

D- Nuevas manifestaciones de violencia

Los esfuerzos de las autoridades a favor de

los procesos de DD&R se han realizado en

los últimos años en un ambiente de violen-

cia difusa, en el cuál han surgido diversas

estructuras armadas. En la actualidad, el

protagonismo de estos grupos, todavía mal

identificados, es susceptible de amenazar

y opacar algunos avances de la Política de

Seguridad Democrática330.

En efecto, desde el año 2005, es decir una

vez concluidos el desarme y la desmoviliza-

ción de la mayoría de los movimientos de

330 Impacto de la Política de Seguridad Democrática sobre

la confrontación armada, el narcotráfico y los derechos

humanos, Observatorio del Programa Presidencial de

DH y DIH, Vicepresidencia de la República, agosto de

2008, op. cit.

autodefensa, tanto la sociedad civil como

los organismos internacionales y las enti-

dades estatales han advertido la existencia

y la actividad de nuevas bandas armadas en

distintas regiones del país331.

Ante la diseminación del fenómeno, el

Gobierno nacional ha señalado que en caso

de confirmarse que algunos integrantes de

estas bandas son antiguos miembros de

331 Ver por ejemplo, los documentos de la Comisión

Nacional de Reparación y Reconciliación, Disidentes,

rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o ter-

cera generación paramilitar?, Bogotá, CNRR, mayo

de 2007, y la Fundación Seguridad & Democracia,

El rearme paramilitar, Bogotá, Fundación Seguridad

& Democracia, junio de 2007, al igual que los infor-

mes trimestrales del Secretario General al Consejo

Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de

Paz-Oea en Colombia: www.mapp-oea.org.

80

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

las autodefensas, éstos quedarán por fuera

de los beneficios de la Ley 975 de 2005.

Además, se han instituido unidades espe-

ciales por parte de la Fuerza Pública, con la

misión neutralizar o eliminar a estas estruc-

turas violentas.

En su modus operandi, las nuevas agrupacio-

nes armadas se dedican, entre otros factores,

a supervisar las diferentes etapas de los ciclos

de cultivo, producción y comercialización de

drogas ilícitas; cometer asesinatos y prácticas

de extorsión; y hacer presencia en corredores

de movilidad o áreas de retaguardia, cuando

no se trata del dominio más estable sobre co-

rregimientos, veredas y municipios.

Las bandas, que han sido calificadas de

emergentes en los círculos académicos,

periodísticos y oficiales, responden a múlti-

ples apelaciones que dan indicios del grado

de fragmentación, sin unidad de mando, de

las mismas. Por ejemplo, se han a dado a

conocer Las “Águilas Negras”, “los Machos”,

“los Rastrojos” y la “Organización Nueva

Generación” (ONG)332. En total, se estima

que delinquen en la actualidad más de 30

grupos con sus respectivas denominaciones

en 200 municipios333, sin que se registre

siempre una territorialización consolidada.

La eclosión de focos de violencia e inesta-

bilidad, que recuerda la proliferación de

grupos ilegales en Centroamérica en los

post-acuerdos de paz, plantea una serie de

cuestiones y temas de debate. Uno de los

interrogantes consiste en saber cuál es la

composición de las estructuras armadas

para tratar de determinar en qué medida

son una réplica o la prolongación de las ex-

autodefensas desmovilizadas.

332 Para una evaluación de estas estructuras armadas,

ver el informe Dinámicas de las bandas asociadas al

narcotráfico después de la desmovilización de las au-

todefensas, Observatorio del Programa Presidencial

de Derechos Humanos y Derecho Internacional

Humanitario, Bogotá (por publicarse).

333 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación,

Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas crimina-

les o tercera generación paramilitar?, op. cit., p. 37.

No se pretende aquí dar una respuesta ca-

tegórica a la pregunta anterior, puesto que

la información disponible en relación con

las organizaciones emergentes resulta par-

cial, confusa y contradictoria en muchos

casos y la cercanía temporal del fenómeno

dificulta su comprensión.

Ahora bien, se resaltarán varios hechos y

fenómenos que son útiles para comprender

los probables orígenes de las bandas, eva-

luadas a por lo menos 5.000 efectivos334,

que se han ido conformando y desarticulan-

do, tras el cierre de las negociaciones entre

la administración de Álvaro Uribe Vélez y

los movimientos de autodefensa.

Así, según los casos, algunos integrantes

de las autodefensas no se acogieron a la

propuesta de paz, desistieron en la fase fi-

nal de las discusiones o parecen haber re-

tomado las armas por razones que son por

el momento difíciles de esclarecer, más allá

de las motivaciones financieras.

Se citará al respecto la situación de disi-

dentes del bloque Elmer Cárdenas, quienes

se han encerrado, desde la primera mitad

de los años 2000, en una doble lógica de

lucha anti-insurgente y racionalidad eco-

nómica con las ganancias procedentes del

narcotráfico, desplazándose a orillas del

río Atrato entre el sur del Chocó hacia el

noreste de Urabá y el Nudo de Paramillo335.

También se puede hacer alusión al bloque

Cacique Pipintá, prácticamente desmante-

lado, cuyos antiguos miembros se dedican

hoy al sicariato en Caldas, los reductos de

las Autodefensas Campesinas del Casanare

(ACC), quienes han sido fuertemente gol-

peados por la acción de la Fuerza Pública

en los Llanos Orientales, por ser reacias a

334 Estimaciones formuladas a partir de los datos conte-

nidos en los documentos y los informes mencionados

en el pie de página no. 329.

335 Fundación Seguridad & Democracia, Los grupos ar-

mados emergentes en Colombia, Bogotá, mayo de

2008, p. 2.

81

las negociaciones y cometer exacciones y

algunos elementos del bloque Centauros –

frentes Héroes del Llano y Guaviare - que

han participado en la creación del Ejército

Revolucionario Popular Antiterrorista

Colombiano (Erpac) que hace presencia

en la actualidad en los departamentos de

Guaviare, Meta y Vichada336.

Dentro de este contexto, se subrayará que

destacadas figuras de las autodefensas se

han empeñado en recomponer o conformar

estructuras armadas, a menudo con la ayu-

da de delincuentes y/o prófugos de otros

movimientos desmovilizados. Esta catego-

ría corresponde a lo que algunos analistas

llaman estructuras “remanentes”337, pues-

to que están en capacidad para rearmarse

y/o fomentar la creación de redes de vio-

lencia, como lo revela la influencia de la

poderosa cúpula del extinto BCB sobre las

“Águilas Negras” que actúan en Antioquia,

Magdalena, Norte de Santander, Caquetá,

La Guajira, César y en la zona del sur de

Bolívar.

Las autodefensas rearmadas, principalmen-

te por motivos económicos y prestigio per-

sonal338, o para las cuáles no hay ningún

rastreo establecido desde 2005-2006 - a

saber entre 4.000 y 5.000 hombres y muje-

res según los datos comunicados por la Alta

Consejería para la Reintegración339 - ponen

claramente en tela de juicio la viabilidad y

la legitimidad de los procesos de DD&R.

También ha profundizado la circularidad y

336 Dinámicas de las bandas asociadas al narcotráfico

después de la desmovilización de las autodefensas,

op. cit.

337 Fundación Seguridad & Democracia, El rearme para-

militar, op. cit., p. 16.

338 Al igual que en Centroamérica, los combatientes va-

loran el hecho de pertenecer a una agrupación arma-

da y conseguir poder y reconocimiento mediante el

uso de la violencia.

339 Se habla exactamente de una cifra de 4.731. Ver El

Tiempo, 13 de febrero de 2007.

retroalimentación entre la delincuencia, la

criminalidad asociada al narcotráfico y la

confrontación contra la insurgencia.

Por último, han surgido bandas que no ha-

cían parte de las estructuras de autodefen-

sa y que se han aprovechado de los vacíos

dejados no sólo por los desmovilizados

sino por algunas estructuras de las guerri-

llas que han sido desmanteladas o desar-

madas por la vía de la desmovilización indi-

vidual. Muchas de estas bandas delinquen

hoy en las periferias de los centros urbanos

y las regiones de alto potencial lucrativo en

términos de narcotráfico; de allí las alian-

zas de oportunidad o los enfrentamientos

con las organizaciones que han retomado

las armas.

Teniendo en cuenta el carácter inestable y

la complejidad de los grupos clasificados

bajo la etiqueta de bandas emergentes, y

sobre todo el déficit de estudios socioló-

gicos sobre la composición de los grupos

alzados en armas, es difícil afirmar que és-

tos representen una nueva “generación”340

de autodefensas.

Ahora bien, representan una innegable

fuente de inseguridad para el país que si

bien ha visto decrecer los índices relativos

a la confrontación armada y la violencia, y

progresado consecuentemente en dirección

de la paz y la consolidación de la democra-

cia, bien podría encontrarse ad portas de

una nueva espiral de violencia, más atomi-

zada que en épo cas pasadas.

340 Aunque pueda ser localmente el caso para algunas

organizaciones armadas.

Para resumir, los procesos de DD&R de las autodefensas

en Colombia han marcado un innegable punto de inflexión

en la confrontación armada, después de dos décadas de

escalonamiento. En sinergia con la implementación de la

Política de Defensa y Seguridad Democrática, éstos han

contribuido a una reducción significativa de las acciones

armadas por parte de los grupos al margen de la ley y de la

violencia en el país.

Conclusión

Para resumir, los procesos de DD&R de las autodefensas en Colombia han

marcado un innegable punto de inflexión en la confrontación armada, después

de dos décadas de escalonamiento. En sinergia con la implementación de la

Política de Defensa y Seguridad Democrática, éstos han contribuido a una re-

ducción significativa de las acciones armadas por parte de los grupos al margen

de la ley y de la violencia en el país.

Aunque sería precoz proponer un balance exhaustivo de los mecanismos de

DD&R, se distinguen diversas tendencias en relación con la problemática de la

seguridad que ha sido el principal hilo conductor del análisis.

En primer lugar, en Colombia se observa una creciente institucionalización y

reglamentación de los proyectos de DD&R, las cuáles han tenido a veces conse-

cuencias ambivalentes, en particular una mejor eficiencia organizacional pero

una rivalidad recrudecida en el manejo de las competencias y los prepuestos

entre las entidades del Estado encargadas del tema.

En segundo lugar, en el país sobresale la ausencia de internacionalización de

los mismos proyectos, y en términos generales de la cuestión de la paz, por

contraste con lo que se evidenció en Centroamérica, donde diversos países

y organismos (inter)nacionales asumieron un papel de mediador, gestor y/o

verificador de los acuerdos suscritos. La mayor participación de entidades ex-

tranjeras podría permitir, ante todo, los acercamientos entre el Estado y el con-

junto de los alzados en armas en la perspectiva de una paz estable. Facilitaría

también la obtención de fondos que son indispensables para el desarrollo de

costosos procesos de reinserción de los antiguos combatientes, que no pueden

ser asumidos exclusivamente por la sociedad colombiana.

La inexistencia de un acuerdo de paz simultáneo con la totalidad de los gru-

pos al margen de la ley, aunque no se haya cerrado la posibilidad de diálogos

con las guerrillas, obstruye, por el momento, las posibilidades de pacificación

y reconstrucción del tejido social. Por ende, quedan lejanas las posibilidades

de una paz duradera y las oportunidades de perdón y reconciliación nacional

después de décadas de violencia. En un sentido similar, se dificulta la labor

86

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: Una mirada cruzada sobre Centroamérica

de justicia y reparación para las víctimas

de los actores armados en un ambiente de

violencias difusas.

En efecto, al igual que en los países centro-

americanos en el período post-conflicto, se

evidencian en la actualidad fenómenos de

retorno a la violencia por parte de algunos

antiguos alzados en armas, de tal manera

que se puede preguntar si Colombia no

vive localmente experiencias de desmovili-

zación sin desarme completo o situaciones

de desmovilización aparente sin desarme

efectivo.

Estos fenómenos cuestionan la política de

reinserción de los ex–combatientes, que se

ven expuestos a múltiples amenazas, ciclos

de venganza y sentimientos de sospecha o

rechazo por parte de la sociedad civil, en

un momento en que se elevan voces para

denunciar la participación tímida de la co-

munidad internacional en los proyectos de

regreso a la vía no armada.

Indudablemente, la proliferación de nue-

vas formas de violencia en el período post-

acuerdo recuerda que la paz política firma-

da con una porción de los grupos al mar-

gen de la ley no significa sistemáticamente

la paz social. Por el contrario, los acuerdos

pueden dar pie a la aparición y/o el “reci-

claje” de estructuras armadas ilegales más

atomizadas y poco identificadas, con las

cuáles resulta difícil de negociar.

De hecho, lejos de estar totalmente paci-

ficado, y sin desconocer los aportes de la

Política de Seguridad en la materia, el sur-

gimiento y la recomposición de bandas ar-

madas en los post-acuerdos de paz consti-

tuyen una fuente de inestabilidad y preocu-

pación para la seguridad colectiva, como

lo enseñan los escenarios post-conflicto en

el istmo centroamericano, con el ejemplo

de las bandas armadas, como las maras y

las pandillas de delincuentes que actúan en

municipios rurales.

Hoy, Colombia corre el riesgo de una frag-

mentación de las lógicas de violencia, con

una creciente urbanización de los homici-

dios entre agrupaciones armadas, con mo-

tivaciones articuladas a consideraciones

económicas y el control socio-espacial de

las localidades, sin presentar grandes ideo-

logías, que pretenden ocupar los vacíos de

poder dejados por los grupos de autode-

fensa y las guerrillas.

En un futuro cercano, entre los escenarios

posibles, no se puede descartar la confor-

mación de estructuras armadas híbridas

entre reductos de las autodefensas y las

guerrillas, los miembros de la delincuen-

cia común y las redes de criminalidad or-

ganizada, lo cuál representa un desafío no

sólo para el Estado y la Fuerza Pública, sino

también para la población civil que ha sido

históricamente la más afectada y vulnerada

por la violencia.

Se terminó de imprimir en enero de 2009 en los talleres de

www.impresolediciones.com

e-mail: contacto@impresolediciones.com

Bogotá - Colombia

“Los procesos de

desarme, desmovilización y reinserción

de los grupos de autodefensa en Colombia:

Una mirada cruzada sobre Centroamérica”

Desmovilización - desarme - grupos paramilitares - Colombia

Abstract

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