Participación política y violencia de género en México

Abstract

This work studies the relationship of women and politics within the framework of the Mexican law on quotas, stressing gender political violence as an explanatory variable of women political underrepresentation. Besides basic information resulting from in-depth interviews and discussion groups, data from the last federal election (2012) are analyzed, and studies on women and political parties in Mexico are reviewed from a critical angle. Research outcomes reveal that the existing dynamics within the political parties -understood as organizations that reproduce traditional gender patterns—represent a crucial variable to explaining the peculiarities of the process through which women can have access to candidatures, and explain their experiences of discrimination, harassment, and violence related to campaigns and parliamentary performance. Also, it is claimed that the implementation of regulatory frameworks aimed at promoting women participation in parliaments depends on the prevailing political party culture in Mexico.

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Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
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Cerva Cerna, Daniela
Participación política y violencia de género en México
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. LIX, núm. 222, septiembre-diciembre, 2014, pp. 1-20
Universidad Nacional Autónoma de México
México, Distrito Federal, México
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Sociales,
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Nueva Época, Año LIX | núm. 222, septiembre-diciembre de 2014 | pp.: 105-124 | versión preprint | ISSN-0185-1918
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Participación política y violencia de género en México
Political Participation and Gender Violence in Mexico
Daniela Cerva Cerna
1
Recibido el 05 de febrero de 2014
Aceptado el 04 de julio de 2014
Resumen
Este artículo analiza la relación de las mujeres con la política en el marco de los efectos de la aplicación de la
ley de cuotas en México, poniendo especial énfasis en la violencia política de género como una variable
explicativa de la subrepresentación política de las mujeres. Además de información primaria derivada de
entrevistas en profundidad y grupos de discusión, se analizan los datos obtenidos en la última elección federal
(2012), y se lleva a cabo la revisión crítica de estudios sobre mujeres y partidos políticos en México. Los
resultados de la investigación indican que las dinámicas existentes en los partidos políticos, entendidos como
organizaciones que reproducen patrones de género tradicionales, constituyen una variable central para
explicar las particularidades del proceso mediante el cual las mujeres logran acceder a las candidaturas y dar
cuenta de las experiencias sobre discriminación, acoso y violencia asociado a las campañas y al desempeño
parlamentario. A su vez, se sostiene que la eficacia de la implementación de los marcos normativos tendientes
a favorecer el incremento de la participación de las mujeres en los parlamentos está supeditada a la cultura
política partidaria dominante en México.
Palabras clave: violencia política; cuotas de género; participación política; partidos políticos; México.
Abstract
This work studies the relationship of women and politics within the framework of the Mexican law on quotas,
stressing gender political violence as an explanatory variable of women political underrepresentation. Besides
basic information resulting from in-depth interviews and discussion groups, data from the last federal election
(2012) are analyzed, and studies on women and political parties in Mexico are reviewed from a critical angle.
Research outcomes reveal that the existing dynamics within the political parties –understood as organizations
that reproduce traditional gender patterns—represent a crucial variable to explaining the peculiarities of the
process through which women can have access to candidatures, and explain their experiences of
discrimination, harassment, and violence related to campaigns and parliamentary performance. Also, it is
claimed that the implementation of regulatory frameworks aimed at promoting women participation in
parliaments depends on the prevailing political party culture in Mexico.
Keywords: political violence; gender quotas; political participation; political parties; Mexico.
 Socióloga por la Universidad de Chile. Maestra en Ciencias Sociales por Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, México y Doctora en Ciencias Políticas con orientación en Sociología, por la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. Egresada de la estancia
Posdoctoral en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la unam. Actualmente es
Profesora Investigadora Tiempo Completo del Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma
Metropolitana sede Cuajimalpa, (México). Sus líneas de investigación son: teoría feminista, estudios de
género, políticas públicas, análisis institucional. Entre sus últimas publicaciones destacan: “Procesos de
institucionalización de la perspectiva de género en el Estado: Análisis desde la cultura organizacional”
(2013); “Entre la ausencia y lo insulso: la agenda de género en las Campañas Presidenciales de 2012” y “La
importancia de las instituciones y la organización de las mujeres. El cumplimiento de la cuota de género en
las elecciones federales mexicanas de 2012” (2014). Correo electrónico:dani.cerva@gmail.com
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Investigación auspiciada por PROMEP. Área de especialidad: Estudios feministas y de género, políticas
públicas, análisis organizacional, democracia y Estado.

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Introducción
La aplicación de la legislación sobre derechos político electorales de las mujeres y
cumplimiento de la cuota en México sentó un precedente fundamental que explica el
incremento de mujeres electas en las pasadas elecciones de 2012. Los alcances que este
proceso ha tenido en la posición y condición de las mujeres se reflejan en un importante
incremento de mujeres diputadas; el número de curules pasó de 142 (28%) en 2009 a 184
(37%) en la actual legislatura. Para el caso de las senadoras, de 30 senadoras (24%) se
incrementó a 42 (33%).
Pese a este aumento cuantitativo, el análisis de la participación política femenina
debe reconocer que las acciones orientadas a incorporar a más mujeres en espacios de
decisión poseen límites en su desarrollo, como en sus resultados. Varias investigaciones se
han concentrado en explicar cómo el entramado institucional que condiciona el proceso
representación y participación política, como son el tipo de sistema electoral, los tipos de
cuotas y sus efectos y el papel de los partidos políticos en la conformación de listas, tienen
un efecto en el incremento de la incorporación de las mujeres a los parlamentos nacionales
(Baldez, 2006; Dahlerup 2003 y 2006; Krook, 2006; Norris y Lovenduski, 1993; Paxton,
Kunovich y Hughes, 2007). Este análisis también se ha extendido a América Latina,
enfatizando el seguimiento de la afectividad de las leyes de cuotas y el cumplimiento de las
normas en la materia (Archenti y Tula, 2008 y 2013; Jones, 2012; Ríos, 2008).
Recientemente se ha extendió el esfuerzo por comprender cómo los partidos están
respondiendo a la cuota de género (Mier, 2012) y cuáles son sus efectos en el proceso de
asignación de candidaturas para el cumplimiento de la cuota. Sostengo que es preciso
investigar más allá de la representación descriptiva y conocer cuáles son los problemas que
enfrentan las mujeres derivados de los prejuicios de los líderes, militantes y simpatizantes
de los partidos políticos en relación a la aplicación de las cuotas. El análisis de la
participación política femenina debe incluir el ambiente y cultura que imperan dentro de los
partidos políticos, al ser los actores claves en la regulación del acceso de las mujeres a las
candidaturas y el cumplimiento a las disposiciones de ley.
Dichas representaciones trascienden el ámbito exclusivo de la política e influyen la
forma en que medios de comunicación y la sociedad evalúan la presencia y
comportamiento de las mujeres en este ámbito.
2
El resultado de las cuotas debe analizarse
en interacción con las características del contexto político más amplio y de las relaciones
que guardan en la estructura social, en donde las prescripciones de género son una variable
explicativa de la forma en que se establecen mandatos y expectativas diferenciales para
hombres y mujeres.
Los límites culturales e institucionales (Moreira, 2001) a la participación política de
las mujeres encuentran en los partidos políticos una de las principales fuentes de
discriminación, con efectos multiplicadores a nivel del sistema político en su conjunto, y
del Estado como entidad responsable de garantizar los derechos político electorales de toda
la ciudadanía. La masculinización de la vida política hace que las reglas institucionales de
competencia y participación política no tengan un efecto igualitario entre hombres y
2
Como parte de este proyecto de investigación se incluye una base de datos que contiene el seguimiento de la
prensa escrita y de redes sociales en relación a cómo se han propagado los estereotipos de género hacia las
mujeres en la política luego de las elecciones de 2012.

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mujeres, siendo la desigual representación de mujeres en cargos de elección popular su
mejor ejemplo.
Desde un enfoque que promueve la igualdad política entre los géneros, se ha hecho
énfasis en la necesidad de potenciar las capacidades y el liderazgo de las mujeres, como si
fuera éste un problema de carácter personal, que deja en sus manos la obligación de
desarrollar estrategias y acciones para conseguir cambios que se traduzcan en un aumento
de su participación en los cargos de representación popular.
En este sentido sostengo que los avances en materia legislativa para promover un
mayor número de mujeres en puestos de elección popular han significado en algunos casos
una intensificación de las dinámicas de discriminación y violencia hacia aquellas mujeres
que intentan incursionar en la política como un efecto a la reacción de los partidos políticos
y algunos de sus miembros a las acciones afirmativas en esta materia.
La adopción y la aplicación de la cuota de género no implican necesariamente un
amplio consenso sobre la existencia de la desigualdad de género. Las resistencias a estas
medidas no sólo se traducen en la dificultad de promover candidaturas femeninas. La
experiencia en esta materia da cuenta de una serie de prácticas de discriminación y
violencia que responden a un contexto en donde la competencia política debe ser analizada
desde un enfoque de género, es decir, explicar cómo las relaciones desiguales de poder
tienen un efecto diferencial en la experiencia política de hombres y mujeres.
Si bien la sentencia de 2011 a nivel federal
3
ha sido un factor que ha influido en las
elecciones a nivel estatal a través de las demandas de las mujeres políticas, existe una
distancia muy grande entre la sensibilización y el reconocimiento de la importancia las
cuotas de género en los institutos estatales electorales y los tribunales electorales. Ello tiene
un impacto significativo no sólo en la elaboración de una legislación que supervise y haga
cumplir las cuotas a favor de las mujeres, sino también en la percepción de esta acción
afirmativa como antidemocrática y contraria al mérito que cualquier candidato debe
presentar para ser electo.
Junto con los avances en materia de participación de política las mujeres y de la
respuesta institucional al respecto, es posible encontrar enormes barreras que tiene un peso
significativo en la forma en se difunden y se legitiman estos temas. La experiencia de
nuestras entrevistadas en capacitación, asesoría y lobby sobre mujeres y política da cuenta
de la negación de parte de las autoridades, ya sea Presidente municipal, gobernador o
dirigentes partidarios, de aceptar la formación en género, pese a existe la reglamentación de
que el 2% del presupuesto otorgado a los partidos se destine a capacitación en materia de
género.
En el contexto actual que ha difundido, sobre todo en el ámbito federal, los derechos
políticos electorales de las mujeres. Su apropiación ha significado no sólo que tengan
información para hacer valer estos derechos, también hay significado una reacción negativa
de los partidos y sus militantes de rechazo a la norma. Las mujeres cargan un gran peso
cuando deciden enfrentar a su partido e interponer un juicio ciudadano ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La ley señala que deben resolver
3
La sentencia emitida en noviembre de 2011 por el TEPJF en el juicio SUP-JDC-12624, que determinó que la
cuota debe cumplirse para candidaturas tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, sin
excepción, y que en las fórmulas de candidatos que corresponden a dicha cuota, propietario y suplente deben
ser mujeres.

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primero ante las instancias internas del partido y ello significa ir contra la disciplina
parlamentaria.
El objetivo que anima este escrito es introducir la discusión sobre violencia política
en razón de género como una dimensión de análisis que recientemente encuentra un cause
en la investigación sobre participación política de las mujeres. Esta reflexión se entrelaza y
fundamenta con los hallazgos de investigación que sistematizan las principales experiencias
de discriminación y violencia asociadas a la participación femenina en México, poniendo
de relieve la mirada hacia los partidos políticos como organizaciones generizadas.
Para tal efecto se presentará el encuadre conceptual sobre violencia política en razón
de género, las experiencias de investigación y el análisis de los partidos políticos como
organizaciones generizadas. Posteriormente se presentarán los principales hallazgos que
sistematizan información primaria sobre la experiencia mexicana.
La violencia contra las mujeres y la violencia política en razón de género
La definición de violencia contra las mujeres ampliamente legitimada es la que se deriva de
la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra las
mujeres (1993) y se entiende como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. La
violencia de género, es una expresión de la discriminación de las mujeres, viola sus
derechos y tiene como resultado impedir la participación de las mujeres en las mismas
condiciones que los hombres, en la vida política, social, económica y cultural.
La violencia basada en el género implica analizar la violencia contra las mujeres en
el contexto social en el que se presenta: como una forma de poder que se expresa en
distintas modalidades (física, sicológica, patrimonial, institucional) y ámbitos sociales
(doméstico, público, familiar).
Ahora bien, la noción de acoso o violencia política en razón de género es
relativamente reciente, aparece décadas después de que las mujeres comienzan a
incursionar en la política, no obstante que ya existía como experiencia individual y
colectiva hacia mujeres que irrumpían en el espacio público. Basta con recordar las
reacciones de represión pública asistida a mujeres que osaban desafiar al orden político por
medio de sus demandas de sufragismo desde del siglo XIX y principios del XX.
Cuando a la noción de violencia se le introduce el término “basado en el género” se
hace hincapié en que sus raíces se encuentran en la desigualdad entre mujeres y hombres
(Krants y García Moreno, 2005). Es decir, la violencia contra las mujeres es consecuencia
de la desigualdad entre los género que se expresa en discriminación, diferentes
oportunidades y responsabilidades en el acceso y control de los recursos sustentada en la
noción sociocultural de lo masculino como superior a lo femenino.
Los orígenes de la violencia política de género se encuentran en la desigual relación
de poder que existe entre hombres y mujeres. En el entendido que históricamente el espacio
público-político ha sido escenario privilegiado del género masculino. Las instituciones y
organizaciones creadas para dar vida al orden de lo político no sólo se fundan en la
presencia exclusiva de los varones, sus dinámicas de funcionamiento, códigos, lenguaje y

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normas, también son un reflejo de la primacía de un solo género. Al querer ingresar a la
política las mujeres no sólo se encuentran en desventaja, su sola presencia transgrede un
orden que naturaliza su exclusión.
Desde una visión crítica feminista, esta problemática se explica por la forma en que
se vive la desigualdad de género en el ámbito político. Así, en el análisis de la participación
política de las mujeres, las situaciones de discriminación y violencia de género son
fenómenos inherentes a ella que surgen como manifestación de un orden patriarcal que
establece que los espacios públicos y las organizaciones partidarias son ámbitos de
actuación masculina por excelencia.
La forma en que se impregna y naturaliza en la sociedad esta exclusión es mediante
los discursos y representaciones que se hacen sobre las mujeres y lo inadecuado de su
incursión en la política. En el ámbito social, político y mediático se transmiten
representaciones que perjudican la imagen de las mujeres y que en algunos casos conllevan
a acciones que las dañan y afectan en su integridad física y psicológica.
En el ámbito de la participación política la violencia que es infringida a mujeres se
ubica tanto en las relaciones interpersonales, como en las dinámicas colectivas que
sostienen estereotipos y discriminación de género en la lógica de funcionamiento partidario.
Con ello nos referimos a los actos de menosprecio y menoscabo ejercidos hacia las mujeres
bajo el disfraz de relaciones naturales y cotidianas entre pares.
4
La definición de violencia política en razón de género que se utilice va a determinar
la valoración y medición del fenómeno. A ello hay que agregar la disposición que las
afectadas puedan tener en reconocer y denunciar este tipo de prácticas dentro de sus
partidos, nombrar las situaciones como hechos que discriminan y las violentan por el hecho
de ser mujeres.
Y es que la violencia política en razón de género que se ejerce contra las mujeres
que tienen un interés político en participar en una organización partidaria con miras a
ocupar un cargo de elección popular, afecta directamente las posibilidades que tienen de
desarrollar un liderazgo político y es un obstáculo que difícilmente se identifica y se
nombra como tal.
No muchas son las naciones que incluyen una definición conceptual, con efectos
normativos, sobre violencia de género en la política. La investigación se ha concentrado en
caracterizar las situaciones de discriminación y los estereotipos de género que se asocian a
la participación de las mujeres en la política.
Sólo en el último tiempo podemos encontrar algunos trabajos e investigaciones
tanto en México como en otros países que ponen de manifiesto cómo la serie de obstáculos
y limitaciones impuestas a las mujeres por su condición de género se traducen en eventos
explícitos e implícitos de agresión y violencia.
Rastreando la emergencia del concepto en el terreno político electoral destaca el
trabajo realizado por la Asociación de Concejalas Bolivianas (ACOBOL) que desde algunos
4
Es posible extender al ámbito de las relaciones interpersonales que se dan en la política el concepto de
micromachismos definido por Luis Bonino (2004) en el ámbito de la relaciones de pareja en la década de los
noventa. Estos son los comportamientos de control y dominio de "baja intensidad" naturalizados, legitimados
e invisibilizados que ejecutan impunemente, con o sin conciencia de ello principalmente varones y que se
asientan en la supuesta "autoridad" sobre las mujeres que, aunque no lo confiesen, la mayoría de los varones
se siguen autoadjudicando. Casi imperceptibles, están especialmente invisibles y ocultos para las mujeres que
los padecen y para la sociedad en general.

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años ha denunciado sistemáticamente el acoso y violencia que son objeto las mujeres en su
intento por participar o ejercer un cargo público. La Asociación ha definido el acoso
político, como el acto o conjunto de actos cometido por una persona, por sí o a través de
terceros, en contra de una mujer o de su familia, con el propósito de impedir y/o inducir a
una acción u omisión, en el cumplimiento de sus funciones, derechos o deberes, mediante
actos de presión a través de persecución, hostigamiento o amenazas efectuadas por
cualquier medio.
Así, la violencia política son todas aquellas acciones y/o conductas agresivas
cometidas por una persona, por sí o a través de terceros, que causen daño físico,
psicológico, o sexual en contra de una mujer y/o de su familia, en ejercicio de la
representación política, para impedir restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar
decisiones en contra de su voluntad, de sus principios y de la ley (Instraw, 2008).
Pionera en el tema ha sido la boliviana Ximena Machicao (2004 y 2011), para quien
el acoso político o violencia política es un tema que aún no registra un desarrollo teórico
conceptual sostenible en la región, al margen de algunos estudios e investigaciones
realizados en los últimos años.
Esta forma de discriminación es vivida constantemente por miles de mujeres, y si
bien no se cuenta con estadísticas sobre esta nueva violación a los derechos fundamentales
de las mujeres, sus consecuencias negativas en los ámbitos políticos del poder “formal” son
una manifestación de las condiciones de inequidad experimentadas por las mujeres en la
política.
Siguiendo una interpretación derivada de la teoría de género, Machiaco (2004)
sostiene que este tipo de violencia no es casual ni personal, es una manifestación política
que da cuenta de las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegios
establecidos entre hombres y mujeres en la sociedad. El acoso político y la violencia
política son una forma de violencia de género, un hecho político producido por las
relaciones de fuerza y poder que aluden a la construcción social entre hombres y mujeres en
la sociedad.
Así, define a al acoso o violencia política como las expresiones, acciones y las
prácticas de violencia física, psicológica, sexual económica y simbólica que enfrentan las
mujeres que ejercen representación política, sobre todo en ámbitos locales, para
atemorizarlas, presionarlas, desprestigiarlas y obligarlas actuar en contra de su voluntad. En
muchos casos para hacerlas renunciar a sus cargos electivos y/o para que asuman
decisiones políticas con las cuales no están de acuerdo, en otros para que avalen decisiones
discrecionales en el manejo del poder y los recursos que va en contra toda ética y norma del
manejo público y de las funciones que las y los servidores públicos deben cumplir
(Machicao, 2004)
Por su parte, Bonder y Rodríguez señalan que el uso de la violencia política, sea
verbal o física constituye una práctica común y es importante obstáculo para la
participación política de las mujeres; “no sólo se trata de desaliento, temor o
amedrentamiento sino concretamente es un impedimento que no pueden superar y se
transforma en una barrera para el desarrollo de sus carreras políticas” (Bonder y Rodríguez,
2009:16). La experiencia Latinoamérica al respecto da cuenta que este tipo de violencia se
erige como un mecanismo coercitivo que tiene como fin mantener la asimetría de poder
entre los géneros cuyo uso se encuentra naturalizado en la arena política.

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Así mismo lo informan Ana Cecilia Escalante Herrera y Nineth Méndez (2011)
quienes identificaron y sistematizaron una serie de experiencias de acoso político hacia las
mujeres que ocupan puestos de elección popular en Costa Rica. El trabajo exploró las
causas concretas de las situaciones de violencia de género hacia las mujeres en política, así
como, las prácticas de resistencia desarrolladas por las mujeres y el impacto en lo
individual y colectivo.
Retomando la definición de ACOBOL sobre violencia política, sostienen que aun
cuando se ha aplicado las cuotas, en los hechos las agresiones a mujeres políticas sigue
siendo una práctica que les impide participar en política en igualdad de condiciones que los
hombres. Las formas en la que se expresa la violencia contra las mujeres en el ejercicio de
sus funciones van desde actos de violencia física y psicológica hasta daños en su gestión.
Los resultados obtenidos señalan que dentro de los partidos siguen predominando
los roles tradicionales femeninos en la participación organizativa, siendo gestoras más que
líderes en la toma de decisiones. Las formas de acoso identificadas son: Discriminación y
subordinación por el hecho de ser mujeres, Descalificación de sus acciones, propuestas o
aportes, Acoso sexual, Acoso, manipulación o asedio para tomar decisiones a favor de
otros/as.
Violencia Política en razón de género en México
Es importante destacar que a principios de marzo de 2013 el Senado de la República aprobó
una reforma que tipifica por primera vez en México "la violencia política de género"
5
que
se expresa al interior de los partidos, durante las campañas electorales, en las dependencias
públicas e incluso en el ámbito legislativo. El objetivo es reformar la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (COFIPE) e incluir este tipo de violencia como una
manifestación asociada a la participación política de las mujeres.
En la propuesta de reforma se define la violencia política de género como las
acciones agresivas cometidas por una o varias personas que causen daño físico, psicológico
o sexual en contra de una mujer o varias, en ejercicio de la representación política.
Asimismo se establece que los actos de violencia política hacia las mujeres serán, entre
otros, los impuestos por estereotipos de género, la realización de actividades y tareas ajenas
a las funciones y atribuciones de su cargo, proporcionar a las mujeres candidatas
información falsa, entre otros.
A nivel del impacto que en los medios de comunicación tienen los estereotipos y
discriminación de género, también se propone establecer y sancionar como infracción en el
COFIPE toda propaganda política que signifique un acto de violencia política de género.
Igualmente se señala que la violencia política de género la realiza quien restrinja el uso de
la palabra en las sesiones de ambas Cámaras del Congreso y su participación en
comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo.
A reserva de la evaluación que pueda hacerse del cumplimiento tanto del Sistema
Nacional de Violencia, como del reglamento que pone en marcha la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la inclusión de la violencia política como una
5
La reforma fue presentada por la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña.

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modalidad específica de violencia de género, pone en escena la experiencia negativa y de
limitación de derechos asociada a la participación de las mujeres en la vida pública.
Existen muy pocos estudios que aborden las experiencias de violencia de las
mujeres en relación a la política. Ello debido a que muchas veces resulta difícil acceder a
aquellas reglas no escritas que forman parte de la lógica de selección de candidaturas y de
las dinámicas asociadas al funcionamiento interno de los partidos políticos. Así mismo, y a
raíz de la disciplina parlamentaria que se espera sigan los militantes, no es fácil conseguir
entrevistas a mujeres que puedan expresar sin temor las experiencias de violencia y acosos
sufridas.
Para el análisis de la situación de las mujeres en México al postularse a una
candidatura o en el ejercicio de sus funciones como electas a un cargo de representación
popular, destacamos dos estudios que intentan describir los aspectos económicos,
familiares, de trayectoria política en sus partidos, así como de los principales obstáculos
experimentados en este proceso.
El primero de ellos es un estudio de corte cuantitativo y cualitativo realizado el
2009 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, 2009). Los
resultados nos hablan de la presencia de factores asociados a la selección como candidatas
y aquellos relacionados con el proceso de campaña que reflejan dinámicas de
discriminación y violencia que en muchos casos se invisibilizan o naturalizan, incluso por
las propias mujeres.
En esta investigación se hacen constantes referencias a que la estructura y dinámica
organizacional de los partidos en México está impregnada de valores patriarcales, y que es
esta cultura masculina el principal obstáculo que las mujeres deben enfrentar para
desarrollar sus carreras políticas. Para ellas la consigna es ser visibles y evitar ser excluidas,
lo que significa estar en una situación constante de vulnerabilidad por acceder a un espacio
que es considerado de exclusiva pertenencia masculina.
Sin embargo, en la medida en que las mujeres ascienden en la pirámide jerárquica
dentro de sus partidos al obtener cargos de representación popular de importancia, la
discriminación
6
y la violencia se hace más sutil. Lo que aquí está en juego es lo que algunas
feministas denominan la masculinización de las mujeres en puestos de poder, es decir, se
instala el estigma de que las que llegan a cargos importantes actúan como hombres para
mantener sus posiciones de poder. Sin mediar en generalización poco rigurosas, existe un
sentido lógico a esta proposición dada la necesidad de pertenencia a las dinámicas del
funcionamiento político que es masculino; las mujeres no son ajenas a estas dinámicas y el
querer pertenecer significa una socialización y adaptación a dichos códigos y mandatos del
partido.
En síntesis, de los resultados de esta investigación se desprende que la falta de
reconocimiento al desempeño profesional, la indiferencia, menosprecio y descrédito así
como el este hostigamiento por ser mujeres se constituyen en las principales experiencias
de discriminación y violencia de género.
6
En relación a los momentos en que se experimenta la discriminación, el estudio señala que en el momento
de la campaña, la indiferencia (53%), la falta de reconocimiento (48%), y el menosprecio (38%) son las
dimensiones más destacadas. Estos mismos factores, sin embargo, son valorados de manera diferente cuando
a las mujeres se les pregunta por la etapa previa a la campaña. La indiferencia, por ejemplo, es la segunda
situación que más menciones negativas tiene con un 32%; la falta de reconocimiento al desempeño
profesional ocupa el primero pero sólo con 36%.

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En el mismo tenor, el estudio desarrollado en 2008 por María Luisa Gonzáles y
Patricia Rodríguez, a través de la aplicación de un cuestionario y entrevistas en profundidad
(González Marín y Rodríguez López, 2008) a 102 legisladoras tuvo la finalidad de obtener
evidencia sobre la composición del grupo de mujeres políticas y de sus motivos para actuar
en la vida pública. El objetivo estuvo puesto en analizar las circunstancias que llevan al
empoderamiento de las mujeres políticas, destacando algunas de sus limitaciones y
desventajas.
De algunas de las reflexiones que aquí se enuncian, destaco lo que a simple vista
podría ser una inconsistencia de los discursos de las parlamentarias en relación a la
discriminación y violencia de género. Si bien todas reconocen su existencia, muy pocas
señalan haber sido víctimas directas. A mi juicio, aceptar la discriminación en las demás
mujeres y negarlo en la propia persona refleja la necesidad de posicionarse como
individuos no vulnerables o susceptibles al control, como una forma de evitar ser juzgadas
negativamente en su calidad de parlamentaria capaz de tomar decisiones; es decir,
mostrarse vulnerable no correspondería con quien ejerce un cargo destinado a ejercer
poder. Dentro de las prácticas de violencia que pueden desprenderse de la información de
este estudio, la mayoría se remite al momento de la postulación como candidatas y en el
ejercicio parlamentario. Sin proponer una relación causal y explicativa más compleja, las
autoras destacan los siguientes resultados:
De los datos de la encuesta se desprende que la mayoría de las legisladoras
reconocen la existencia de prácticas inequitativas asociadas a la selección de candidaturas y
los diferentes puestos al interior del partido. Las que alcanzan puestos de representación en
la mayoría de los casos pertenecen a grupos o corrientes importantes en su partido. Las
postulan no tanto por sus cualidades, sino para cumplir la cuota o porque consideran que
serán leales al grupo que las propuso.
Dentro de los factores que vulneran el desempeño de las mujeres se encuentra la
edad, clase social y la educación, como factores que inducen a una mayor o menor
participación en los parlamentos. La edad de las mujeres es un símbolo ambivalente de
respeto o desprecio a los méritos de las mujeres en la política. En relación a la percepción
de la discriminación, ésta se acentúa en la medida en que aumenta la edad de las
entrevistadas. Respecto a las mujeres, por grupo partidario, que detectan mayor
discriminación, en primer lugar está el Partido de la Revolución Democrática (PRD),
seguido por el Partido Acción Nacional (PAN) y en último lugar el PRI.
La encuesta realizada reportó que 64% de las legisladoras entrevistadas considera
que existe acoso sexual hacia las mujeres que desempeñan cargos políticos. El análisis de
las opiniones de las entrevistadas según el partido al que pertenecen, revela algunas
tendencias. Las legisladoras del PRD y en mayor proporción las senadoras de este partido,
son sobre todo quienes refieren la existencia de acoso sexual. Un 23% de las mujeres
señalan haber sufrido acoso sexual, en su función como legisladoras.
La vida parlamentaria de las mujeres combina la necesidad de avanzar contra
discriminación de género junto con imponer su agenda al interior de su partido político y
lidiar con la burocracia parlamentaria. En todo este proceso de experimenta la
discriminación y el rechazo por motivos de género. Esto se traduce en que son objeto de
indiferencia e incluso burlas al momento de tomar la palabra en la tribuna parlamentaria, se

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las excluye cuando se trata de tomar decisiones y sobre todo mencionan que “no se toma
con seriedad su trabajo”.
Por encima de los intereses de género parece que se imponen los intereses
partidarios, incluso teniendo que las mujeres a veces defender o acallar ante delitos en los
que se ejerce violencia de género.
Dos cosas quiero destacar de esta investigación. En primer lugar, es un gran avance
contar con datos como una encuesta y entrevistas que dan cuenta de las percepciones que
tienen las mujeres políticas, tanto de la discriminación, como de su lugar en la esfera
legislativa; sin embargo, no logra dimensionar el papel central de los partidos como actores
centrales en las prácticas y dinámicas que reproducen los estereotipos y discriminación de
género en el mundo de la política. En segundo lugar, el tema del acoso sexual fue abordado
de manera insuficiente en términos conceptuales, sobre todo por las repercusiones que este
fenómeno tiene en el propio desempeño político de las mujeres y en la naturalización de un
ambiente de agresión material y simbólica contra las mujeres en los espacio de decisión
política.
De manera más específica al tema que nos remite, el primer informe que
encontramos en México sobre violencia política contra las mujeres fue elaborado por
Teresa Hevia (2013). En este dosier se retoma el marco jurídico nacional e internacional
como un soporte explicativo sobre las diversas situaciones y ámbitos donde se manifiesta la
violencia de género en política.
La principal idea que se deriva del informe es que pese a la aplicación de las cuotas,
la participación y representación política de las mujeres se ve constantemente obstaculizada
por el acoso político. La discriminación de género se expresa en situaciones de violencia
contra las mujeres cuando intentan ingresar al ámbito político, especialmente en el
municipal y se acentúa incluso en el ejercicio de sus funciones al ser electas.
A través de la lectura de la legislación nacional en materia de violencia de género, la
Ley General de Acceso de las Mujeres a unas Vida Libre de Violencia, se advierte que la
violencia que enfrentan las mujeres en la esfera política puede enmarcarse en todos los
tipos y modalidades definidos por esta Ley; desde la violencia institucional –al interior de
sus propios partidos–, pasando por la violencia económica al desviar y limitar los recursos
para su capacitación y campañas, hasta el hostigamiento y el acoso sexual, o la violencia
comunitaria, e incluso el feminicidio.
En base a esta información queda claro que evaluar la eficacia de las cuotas sólo en
función de su impacto cuantitativo, es decir, en el aumento de mujeres en los parlamentos,
es una visión sesgada. Los factores institucionales, políticos y culturales que afectan las
oportunidades y las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a instancias de
representación no son estáticos y su transformación hacen surgir nuevas dinámicas que
demuestran las fuertes resistencias políticas y sociales sobre el ingreso de las mujeres en
política.
Partidos políticos y la violencia política de género
Aun cuando no se cuentan con estudios sistemáticos en la materia que puedan informarnos
de la prevalencia del fenómeno en término cuantitativos, la experiencia en foros,

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entrevistas, capacitación e incluso los medios de comunicación, advierten que las mujeres
en política sufren múltiples agresiones como candidatas o siendo legisladoras o autoridades
en funciones, por el hecho de ser mujeres. Es en este sentido que señalo que existe un
vínculo insoslayable entre la participación política de las mujeres y la violencia asociada a
este ámbito, a raíz de su género.
Este hecho sólo puede ser comprendido si se teoriza acerca de cómo se comportan
los partidos políticos como organizaciones que reproducen patrones de género en su
dinámica interna y externa, y el impacto que ello tiene en la selección de candidaturas
femeninas en el marco de la competencia política, su participación en campañas, la
reacción a la aplicación de las cuotas de género y su desempeño parlamentario.
En primer lugar hay que señalar que los partidos políticos son organizaciones (De la
Rosa y Contreras, 2007) y como tales son susceptibles de analizarlos desde un enfoque que
integre las prescripciones de género que tienen un impacto significativo en la forma en que
se configurada el modelo de actuación política en su interior.
Las prácticas organizacionales y las dinámicas internas de ejercicio del poder en los
partidos se han desarrollado en función de reproducir y naturalizar ciertos patrones
discriminatorios que cobran relevancia tanto los procesos de reclutamiento, la asignación de
determinados puestos, las representaciones sobre lo femenino y masculino en la política y
más recientemente el impacto de los mandatos institucionales sobre legislación electoral en
su organización interna.
Como señala Joan Acker (1990 y 2000), la reproducción del género en las
organizaciones ocurre a través de una serie de procesos que están enraizados en la
organización en términos de la distinción entre lo masculino y lo femenino. Esos procesos
genéricos se ubican en actividades concretas, pensamientos y creencias de los individuos
dentro de la organización y que a través la interacción individual y del uso del lenguaje y
los símbolos va representando y reproduciendo comportamientos que refuerzan las
estructuras genéricas. Las organizaciones y la gestión no sólo están estructuradas por el
género, también están impregnadas y constituidas por y a través de género, al mismo
tiempo, construyen una realidad organizacional y de gestión que a veces pueden subvertir el
orden de género dominante (Broadbridge y Hern, 2008).
Ahora bien, la relación de las mujeres con la política no sólo se remite a su
militancia en los partidos político Las mujeres con una amplia experiencia en
organizaciones comunitarias con un gran influjo de la sociedad. Son especialistas en
gestionar e incidir dentro de su comunidad (Barrera, 2002). Es por lo anterior que su
tránsito a la política partidaria en mucho casos se da de manera natural, como extensión de
su trabajo comunitario, no obstante que su posición es subordinada y reproduce los patrones
de género en tanto gestión de actividades tradicionales dentro del partido.

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Las expertas hablan
7
Como ya se ha demostrado en otras investigaciones, preguntar directamente sobre
discriminación o violencia de género a mujeres vinculadas con el ejercicio político-
parlamentario (militantes, diputadas y senadoras) no conduce a la obtención de información
directa, aun cuando se reconozca la existencia de discriminación sufrida en la arena política
(González y Rodríguez, 2008).
Existe una diferencia en el reconocimiento de la violencia que son objeto las
mujeres en función de su posición en la esfera pública; senadoras y diputadas difícilmente
hacen referencia experiencias personales al respecto; lo contrario sucede con mujeres que
están el ámbito local quienes están más dispuestas a afrontar hacer público dichas
situaciones.
Por lo anterior, y dada la amplia experiencia de un grupo de mujeres en el ámbito de
la formación en liderazgo y capacitación política de mujeres, es que se realizaron una serie
de entrevistas en profundidad y grupos de discusión con expertas del ámbito académico, la
sociedad civil y organizamos internacionales, obteniendo importante información centrada
en el contexto político del cumplimiento de la cuota de género en las pasadas elecciones de
2012 en México.
8
De la información obtenida y analizada de las expertas participantes en esta
investigación, es posible sostener que la violencia política contra las mujeres se ha
exacerbado debido al aumento de la presencia de las mujeres en el último tiempo como
efecto de la aplicación de la ley de cuotas.
Más mujeres en la política se percibe como una amenaza debido a que la tradicional
competencia que se daba solo entre varones es suprimida, dando paso a que las militantes
exijan ser incluidas en los cargos dentro del partido, así como en las candidaturas a
alecciones populares. Antes de las cuotas las mujeres tenían una presencia aislada, sin
ningún tipo de poder y en algunos casos cuando figuraban, era fruto de la concesión que el
partido hacía por su relación familiar con la elite o los grupos de poder. Hoy en día las
mujeres comienzan a estorbar porque quieren incidir en la política, con programas de
trabajo y propuestas independientes.
7
Krook (2011) nos propone una serie de métodos y estrategias para investigar los efectos de las cuotas en la
representación política de las mujeres (descriptiva, sustantiva y simbólica). A sus contribuciones incluimos el
trabajo con expertas en participación política como una estrategia de recolección de información pertinente en
el contexto de democratización política en América Latina, donde el influjo de organizaciones de mujeres
cobra especial importancia como fuente de información y conocimiento sobre el tema.
8
Entre marzo a noviembre de 2013 se realizó un grupo de discusión, un seminario de investigación y ocho
entrevistas en profundidad. Las mujeres que forman parte de este estudio son destacadas investigadoras,
consultoras, integrantes de organismos internacionales, de la sociedad civil y del Estado. Su selección
responde a la trayectoria de trabajo sobre género y participación política, desde la conformación de talleres y
grupos de capacitación, formación en liderazgo, investigación y lobby político para la generación de
iniciativas legislativas y de política pública. Todas las participantes en esta investigación han desarrollado un
trabajo directo con los partidos políticos y con los órganos de las mujeres que los integran. Así mismo, se
destaca su trabajo a nivel local para la formación de candidatas y asesoría en el cumplimiento del presupuesto
destinado a la formación política de mujeres que los partidos deben cumplir. Su trayectoria, pero sobre todo,
su acercamiento a las mujeres en los procesos de formación política son centrales para reconstruir y analizar
la forma en que opera la violencia política en razón de género.

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Sin duda que este nuevo escenario a generado diversas reacciones en términos
individuales, como organizativos. La noción de violencia política en razón de género se
constituye en una dimensión que se integra al análisis del efecto sociopolítico de las cuotas
de género.
Como expuse más arriba, en México empieza hablarse de violencia política contra
las mujeres a partir de 2010 y por efecto de la experiencia reportada por la asociación de
concejalas de Bolivia antes descrita. Hace diez años no se nombraba como tal, incluso hoy
en día es difícil poder reconocerla e identificarla por parte de las mujeres, pese a que varias
de nuestras entrevistadas reconocen que éste se está convirtiendo en un problema público
que escapa a la simple descripción de anécdotas aisladas.
Según una de las expertas consultadas, a la fecha hay una división en cuanto a un
grupo que afirma que la violencia en el ámbito político tiene características muy
particulares y que debiera adoptarse como término específico; otro grupo de expertas
insisten en evitar la proliferación de modalidades de la violencia de género con el fin de que
no se diluyan las acciones para su prevención y erradicación. Para este último grupo, la
violencia que experimentan las mujeres que incursionan en política se inscribe dentro de
todas las modalidades y tipos descritas en la Ley.
Sin embrago, y en aras visibilizar el fenómeno como una estrategia política, para el
primer grupo es importante sostener que la violencia política contra las mujeres es una
experiencia continua, que tiende a naturalizarse y que en los hechos se traduce en el no
ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. La violencia que
experimentan las mujeres es, en buena medida, por ser mujeres, por la resistencia que existe
a nivel institucional y cultural para que accedan a cargos de poder
A su vez, junto con la naturalización de las prácticas vinculadas a la violencia de
género, la disciplina partidista internalizada por las militantes es un factor que explica la
reproducción y legitimidad de dichas prácticas.
Hay formas diferenciadas de violencia
9
que para el caso del ámbito local se
recrudecen por su proximidad a valores tradicionales y el fuerte arraigo de costumbres. La
comunidad tiene un peso muy fuerte en hacer presente la división de espacios sociales
como un referente simbólico que se impone a las representaciones sobre la pertinencia de
que las mujeres participen en política. Los partidos en el ámbito local son más autoritarios
incluso la distribución de recursos en más ambigua.
Pero además de ello hay que agregar que en el ámbito local cuando las mujeres
ingresan a ocupar espacios de decisión obstaculizan la manera tradicional de hacer política.
En algunos casos por su falta de experiencia de la manera en que las autoridades resuelven
informalmente aspectos ligados con el financiamiento, no acceden fácilmente a cuestiones
que tienen que ver con corrupción y exigen mayor rendición de cuentas y control del gasto.
Este aspecto representa un doble rechazo a la presencia de las mujeres, en el sentido de
cuestionar su negación a no acatar las formas tradicionales de operar la política.
9
Queda aún por investigar cómo la violencia de género en la política se ha sofisticado cuando incluimos los
efectos colaterales del crimen organizado en relación a los poderes públicos y a la presencia – ausencia del
Estado. El cumplimiento de la cuota de género en estados como Guerrero, donde existe la paridad, y donde
prevalece un contexto de inseguridad debido al influjo del crimen organizado, la cuota se cumple en lo
formal, pero en los hechos hay casos en donde existe el acuerdo de renuncia de las mujeres a sus cargos de
regidora o Presidenta municipal; es decir, no ejerce en el cargo por miedo a represalias.

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Por otro lado, las formas tradicionales también se están cuestionando, cuando
algunas mujeres que han iniciado procesos de capacitación en género toman conciencia y se
informan de sus derechos políticos electorales les permite entender cómo el partido las
discrimina y las estrategias que establece para no promover sus candidaturas. Como señala
una de las entrevistadas
El asunto es que, muchas de las mujeres que tienen liderazgo social o que jalan gente; o que
saben moverse en las colonias, entran en los partidos para ser comparsa nada más. O sea para
apoyar a los hombres, es decir, para llevarles esos votos.
El factor de la información aquí es central, ya que a través de la preparación y capacitación
muchas mujeres aprenden la importancia de conocer la normatividad interna de sus partidos
y con ello exigir el cumplimiento de lo rige en sus estatutos.
Manifestaciones de violencia: rasgos comunes
Como fue señalado en las dos investigaciones antes citadas sobre mujeres y participación
política en México, los obstáculos que enfrentan las mujeres suelen aminorarse frente a la
presencia de ciertos factores que favorecen su inclusión, como lo son su participación en las
estructuras de alianzas, en los grupos políticos relevantes, contar con relaciones familiares y
capacidad de financiamiento.
Siguiendo la argumentación jurídica presente en la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todos los tipos y modalidades tipificadas sobre la
violencia de género se manifiestan en las experiencias de las mujeres con la política
partidaria. Pero además de ello, sostengo que la expresión de estos tipos representa un
contínuum en las trayectorias y experiencias de vida de las mujeres, que en ciertos
momentos coyunturales tiende a intensificarse.
Estos momentos también encuentran espacios particulares de manifestación. El
primer momento lo constituye la definición de las listas al interior de los partidos políticos
previo a la contienda electoral. En esta etapa el no reconocimiento de sus trayectorias, de
sus aportes al partido, de la relación con la comunidad y de la base de apoyo que tienen se
traduce en que en muchos casos los cupos para el cumplimiento de la cuota de género se
lleva a cabo con mujeres vinculadas familiar o afectivamente con algún líder político. Así
mismo, las coaliciones políticas son muy desfavorables para las mujeres y su posibilidad de
integrar las listas como candidatas, ya que en este proceso no son ellas quienes deciden,
sino la cúpula partidaria. Y es que este tipo de acuerdos políticos se tejen por parte de los
líderes del partido, en su mayoría varones.
El segundo momento es cuando son electas como candidatas, aquí toma fuerza el
apoyo que el partido le brinda para sus campañas, no sólo en términos económicos, sino de
seguridad. Finalmente el tercer momento se relaciona con el ejercicio de sus funciones
parlamentarias una vez electas, donde destaca su escasa presencia en comisiones
destacadas, no incluir sus propuestas, negarle la palabra en reuniones parlamentarias o en
tribuna, descalificación abierta, cuestionamiento a su físico o forma de vestir.

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En cada uno de estos momentos la violencia real y simbólica se ejerce como una
presión constante que opera en el sentido de mantener la estructura androcéntrica del
partido y segregar a las mujeres.
En términos específicos esta investigación documenta que en las pasadas elecciones
federales el cumplimiento de la cuota generó los siguientes procesos de violencia política
en la conformación de las listas, durante la campaña y una vez electas.
1) Conformación de las listas: La jerarquía partidaria y la preeminencia masculina
se hizo sentir a partir de la forma de en que finalmente se integraron las listas. Es de común
acuerdo sostener, por parte de las expertas entrevistadas, que las mujeres que integraron las
listas en el cumplimiento del ultimátum del Instituto Federal Electoral (IFE) no tenían
trayectoria como militantes ni capital político asociado a una base ciudadana o comunitaria.
En este sentido, un hallazgo no menor refiere a lo que se podría denominar la
apropiación por parte de los varones de las candidaturas; es decir, emerge la práctica de
seleccionar a quien no tenga experiencia y que en caso de ser electa lo haga de manera
nominal, en tanto que las decisiones corresponderán a quien le “pertenece” dicho puesto,
pero que en virtud del cumplimiento de la cuota de género tuvo que ceder su lugar a una
mujer. Esto explica porque no son propuestas aquellas mujeres con una amplia trayectoria
dentro del partido y en sus comunidades; estas mujeres son más difíciles de manipular y
hacer que su desempeño dependa de las órdenes de un varón.
Simbólicamente lo que expresa este fenómeno es que las mujeres son valoradas
como gestoras, como los agentes que pueden movilizar las campañas, como cooperadores
políticas, sin embargo hay una negación a que participen en igualdad de condiciones
tomando decisiones sobre la forma en que se va a conformar la lista. Hay una distancia
enorme entre quién debería llegar por méritos a ser candidata, y a quien el partido decide
colocar.
Otra forma que agrede y minimiza el trabajo político de las mujeres es enviarlas a
distritos perdidos. Es decir, donde el partido ha obtenido resultados negativos en más de
una elección, se considera que presenta un electorado desfavorable a las opciones de triunfo
de la candidata. A través de la figura femenina, se llena un espacio en las listas donde sabe
que no existe posibilidad de triunfo.
Otro hallazgo interesante refiere a que la relación de las mujeres con el ámbito de lo
familiar las hace más vulnerables en su es ejercicio político. Las circunstancias actuales de
inestabilidad política y el aumento del crimen organizado han significado un aumento en
las amenazas hacia las mujeres en su intento por acceder a una candidatura o en el proceso
de campaña. Pese a no contar con fuentes de información sistemáticas al respecto, las
expertas identifican la recurrencia de varios testimonios de mujeres que señalan haber sido
amenazadas y amedrentadas con dañar a su familia e hijos. Los hombres también están
expuestos a estas amenazas para obligarlos actuar en el sentido que se les exige, sin
embargo en las mujeres cobra más sentido y preocupación una amenaza a su entorno
familiar. Su asociación con el ámbito familiar, la maternidad y lo doméstico las expone a
mayores riesgos.
2) En campaña: aquí el tema fundamental radica en el apoyo del partido. Por una
parte es el financiamiento y por la otra, la protección que brinda el partido a las mujeres en
aquellos lugares en donde existe un grave problema derivado del crimen organizado. Tener
la figura de un varón que las acompañen en los procesos de campaña es fundamental, esto
es parte de uno de los aspectos informales de cómo opera la lógica política en México. Es

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decir, contar con la compañía de un líder supone un reconocimiento y apoyo explícito a la
candidatura por parte del partido. Aquí también se incluye la poca protección en zonas
donde existe una fuerte presencia del crimen organizado.
Otra forma de discriminación y violencia reconocida, es el abandono de la
estructura y acompañamiento partidario a la hora de contar los votos. Esta situación, que es
fundamental en la definición de quien resulte electo en una contienda electoral, deja a
muchas mujeres expuestas a situaciones desfavorables a su elección.
3) En el ejercicio de su función parlamentaria u ocupando un cargo de
representación popular. La información obtenida advierte que se las integra a comisiones
con temas que no son prioritarios; muy pocas mujeres son las que presiden comisiones, y
cuando lo hacen son destinadas a comisiones tradicionalmente femeninas. Cuando suben a
tribunal no las escuchan o las menosprecian, como una manifestación de violencia
simbólica que a su vez genera que ellas tiendas a generar un comportamiento masculino en
el ejercicio político. Así mismo, en el ejercicio parlamentario sigue siendo una desventaja
la doble jornada que significa ser las únicas responsables del ámbito doméstico. Pese a
contar con recursos para contratar a personas que se hagan cargo del cuidado de sus hijos,
siguen manifestando sentirse divididas con respecto a la dedicación a su cargo y el partido
ya su labor como madres. Aquí es el sistema de organización familiar social el que ejerce
una discriminación estructural hacia las mujeres.
En general para todas las entrevistadas, la violencia hacia las mujeres que participan
en política es algo que siempre ha estado presente y ha estado asociada al partido como una
institución. Como práctica se refleja en ciertos actos que no sólo aíslan a las mujeres en la
competencia política, también se dirigen a denostar su presencia física como una forma de
control de la imagen que se espera de una mujer política. Otra forma de estigmatización y
discriminación hacia las mujeres se refleja en la minimización que se hace sobre los temas
relacionados con las mujeres. Todos estos elementos constituyen lo que podría denominarse
como micro machismo, es decir, aquellas prácticas que por su sutileza pasan inadvertidas.
Varias son las situaciones que nuestras entrevistadas señalan y que coincide en como actos
que sistemáticamente forman parte de las prácticas habituales de los propios compañeros de
partido: no se la toma en cuenta en las decisiones del partido, así como en las bancadas
parlamentarias; apropiación de ideas e información por parte de los líderes, exclusión de
actividades, reuniones y mítines.
En relación a la legislación sobre violencia política en razón de género existe
acuerdo en señalar que problema no radica en lo complejo o no de su definición, sino en lo
que implica poner en marcha y aplicar la Ley debido a la fuerza que cobra la disciplina
parlamentaria como reguladora de los comportamientos, expectativas y sanciones hacia las
y los militantes.
En la medida en que no se integre dentro de los estatutos o reglamento partidario las
situaciones tipificadas como violencia política en razón de género, la problemática tiende a
perpetuarse y el problema se invisibiliza. La naturalización de dichas prácticas encuentra
justificación en la lógica en que opera la política mexicana, en el sentido que la violencia es
percibida como una forma legítima de obtener o quitar el poder, que para el caso de las
mujeres tiene a efectos mucho más adversos debido a su relación con la esfera de lo político
como un campus en donde no son bienvenidas.

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Conclusión
¿Por qué la reacción hacia las cuotas es una expresión de violencia de
género?
El análisis de los efectos de las cuotas de género, como sistemas de representación política
destinado a fortalecer y promover a las mujeres, nos lleva a reconocer que este tipo de
medidas transitan paralelamente con prácticas con prácticas de violencia y discriminación
que se reactualizan y reproducen un orden de género (masculino) imperante en los partidos
como organizaciones generizadas. La concepción misma de lo político se resiste a
transformación, desde una mirada más amplia que incluya transformaciones en la estructura
de los partidos políticos, así como en sus dinámicas organizacionales.
En términos teórico, incluir el tema de la violencia de género como un referente
conceptual para el análisis de la participación política de las mujeres pretende profundizar
en los efectos que los estereotipos y la discriminación de género tienen como prácticas
sociales institucionalizadas de violencia de género en la política, que se mantienen y
reacomodan, pese a los avances normativos al respecto.
Existe una paradoja interesante, se piensa y espera que más mujeres en el poder
signifiquen una mayor atención a las problemáticas o demandas feministas. Es decir,
mujeres trabajando temas de mujeres para otras mujeres, invisibilizando el hecho de que
ellas también víctimas de violencia en el ejercicio de su actividad política.
Los actos discriminatorios dentro del partido no sólo se reflejan en un ambiente
hostil hacia las mujeres, esta situación están generando inseguridad e incluso la decisión de
abandonar la carrera política. Aun cuando este estudio no mide los factores que posibilitaría
en un incremento en la violencia y discriminación hacia las mujeres, de las opiniones
derivadas de las expertas se desprende que pese a la implementación del sistema de cuotas,
no hay una cultura de equidad dentro de los partidos, la cuota funciona como un requisito
político y no es parte de la convicción de la necesidad de transformar a las organizaciones
partidarias con fundamentos democráticos. Las violaciones de derechos políticos en contra
de las mujeres candidatas han ido en aumento precisamente en la medida en que exista una
normatividad que está obligando a los partidos políticos a cumplir la real integración de las
mujeres en la vida política
En el devenir de las cuotas asistimos al hecho de que pese al profundo sentido
democratizador que tienen como acción afirmativa, para lograr la mayor participación de
las mujeres en la política, su puesta en marcha no ha sido bien recibida por el sistema
político y sus diversos actores, especialmente por los partidos políticos.
Lo que esta reflexión pretende mostrar es que pese a los avance en materia
legislativa la reacción negativa de parte los partidos políticos a la implementación de las
cuotas ha generado un ambiente político que demuestra la poca aceptación de la inclusión
de las mujeres en su derecho para participar en política en igualdad de condiciones que sus
pares.

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