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Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad Vol. V. No. 16 ❏ Septiembre / Diciembre de 1999
Este artículo rastrea los orígenes de la
producción industrial de semillas mejoradas
y enfatiza su rol en la privatización de la
agricultura mexicana. El argumento
establece que la modernización de la
agricultura no se puede concebir como una
acción homogénea y siempre progresista,
como si se hubiera podido decretar de un
solo golpe y para siempre, sino que ha
sufrido diversos cambios, adecuaciones y
retrocesos. En las conclusiones se resalta
el alto grado de concentración que se tiene
en la Asociación empresarial de
productores de semillas mejoradas y sus
efectos para la autosuficencia alimentaria y
la exclusión de muchas zonas productoras
de maíz donde la mayoría de los
productores son campesinos pobres.
El negocio de la
producción de
semillas mejoradas
y su rol en el
proceso de
privatización de la
agricultura
mexicana
Gilberto Aboites, Francisco Martínez
✦
y Gabriel Torres
✦✦
Introducción
Este artículo analiza la
transformación de la agri-
cultura mexicana hacia una
producción orientada al mer-
cado. El argumento explica
que es a partir de la intensi-
ficación del negocio de semi-
llas mejoradas (en los años
setenta) cuando dicha trans-
formación se torna significa-
tiva. El estudio se centra en
el caso particular del maíz y
sigue una perspectiva teórico-meto-
dológica que combina el análisis de
discurso junto con la interpretación
de tendencias históricas e informa-
ción estadística, así como la entrevis-
ta etnográfica y de historia oral. Su
objetivo es identificar los rasgos
principales del sistema de produc-
ción agroindustrial en el que se forjó
la industria semillera nacional y
transnacional.
El rastreo sobre el origen de la
producción de semillas mejoradas
permite identificar diversas prácti-
cas de selección e intercambio espon-
táneo que desarrollaban los agricul-
tores entre sí y que respondían a di-
versos repertorios culturales y ni-
✦ Son maestros investigadores de la Univer-
sidad Autónoma Agraria Antonio Navarro.
gaboites@uaaan.mx
✦✦ Es Investigador del CIESAS, Occidente.
torres@udgserv.cencar.udg.mx
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Gilberto Aboites, Francisco Martínez y Gabriel Torres
chos ecológicos. También sirve para caracterizar el contexto
de esas prácticas fundantes, como un ensayo de distintas
estrategias empleadas por los agricultores frente a las nece-
sidades del medio. En ese sentido, sus preferencias los lleva-
ron a optar por determinados colores, sabores y formas de
resistencia al estrés, los virus y las posibilidades de conser-
vación de los granos.
Aun en nuestros días, cuando ya se ha propagado mayor-
mente el uso de las semillas procesadas industrialmente, se
puede observar en muchas comunidades rurales que los bue-
nos agricultores (a los que podemos caracterizar por lograr
buenas cosechas) son aquéllos que saben guardar las mejo-
res mazorcas como semilla. Eso ha llevado a sustentar una
creencia de sentido común que afirma que el material vege-
tativo se transmite de generación en generación, gracias a la
existencia de agricultores dispuestos a ensayar con nuevas
y mejores tecnologías e interesados por investigar y conocer
más (López L.,1994; Orejón E.,1994).
Esta práctica ha sido fundamental para resguardar las
potencialidades de la diversidad genética de países como el
nuestro. De hecho, si no existiera una inclinación o ambiente
favorable de parte de un grupo numeroso de agricultores, no
se explicaría cómo se han logrado mantener y reproducir
varios reservorios de genes que, en realidad, representan un
capital social invaluable. Sin embargo, la preeminencia de
los agricultores que guardaban ellos mismos sus semillas
menguó a partir de que la producción semillera se radicó en
unidades de producción distintas a la propia finca.
En las siguientes secciones haremos una reconstruc-
ción de los contextos en los que surge y se desarrolla como
ciencia y como praxis cotidiana el fitomejoramiento –que
será muy importante para el desarrollo posterior de la
industria semillera–, a partir de varios testimonios. Los tes-
timonios hacen referencia a eventos de los años cuarenta que
sucedieron en la operación cotidiana de la Estación Experi-
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El negocio de la producción de semillas mejoradas
Sociedad No. 16
mental de León, Guanajuato, de la Secretaría de Agricultura
y Fomento.
Los pininos del
fitomejoramiento comercial
Eduardo Limón es un personaje clave para la historia del
fitomejoramiento en México, puesto que se trata de uno de
los profesionales pioneros de la actividad. Su trayectoria se
liga en forma crucial al desarrollo del centro experimental de
León.1 Limón llegó hasta ahí con la encomienda guberna-
mental de avanzar en la colecta, selección y mejoramiento de
materiales que había comenzado desde 1938 en La Huerta,
Michoacán. Ahí, Limón logró identificar, hacia 1941, la va-
riedad “Celaya” que ha resultado ser muy exitosa (Aboites G.
y Martínez F.,1997. Entrevista al Dr. Lorenzo Martínez). Esa
variedad se distribuyó de manera simultánea entre agricul-
tores del Bajío que probaron sus cualidades en sus parcelas
de León, Silao, Celaya, Irapuato, Pénjamo y Cortázar, lo-
grando rendimientos superiores en un 20% respecto de los
maíces criollos (Colegio de Posgraduados, 1983; 132).
Para que se entienda el estilo y las penurias con que pro-
cedían esa primeras experiencias en el mejoramiento de se-
millas, haremos referencia a varios pasajes de los testimo-
nios recabados por el colegio de posgraduados entre la comu-
nidad de fitomejoradores. En el caso de los experimentos
derivados del maíz “Celaya”, el testimonio del Ingeniero
Edmundo Taboada –jefe de los campos experimentales de la
Secretaría de Agricultura y quien era a la sazón jefe de Li-
món– nos explica cómo tuvo que venir desde México a pedirle
apoyo al gobernador de Guanajuato:
1 Consideramos al fitomejorador como al investigador o profesional dedica-
do a producir nuevas variedades vegetales.
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Gilberto Aboites, Francisco Martínez y Gabriel Torres
“En aquella época …el señor Hidalgo, …[recibió] la siguiente pro-
puesta para impulsar la siembra del maíz Celaya,… le expliqué las
características de la nueva semilla y la importancia que para Gua-
najuato tenía que ese maíz fuera sembrado por los agricultores de su
estado. Él se interesó. Le dije: Nosotros no tenemos un centavo para
multiplicar la semilla en cantidades grandes. Lo que podemos hacer
es multiplicar la semilla que tenemos en el campo experimental; de
momento no se necesita dinero, pero a la cosecha habrá que adqui-
rir envases, tratar la semilla para su protección y pagar el transporte.
Todos esos gastos son reembolsables si entregamos la semilla a cam-
bio del maíz criollo de los agricultores. Le propuse: Consiga usted un
crédito y compre usted la semilla que se produzca por parte del go-
bierno del estado. Esta semilla la almacena y entonces a los presiden-
tes municipales de las zonas productoras importantes de maíz en el
estado, les invita para que hagan propaganda a la nueva semilla para la
próxima siembra. A la semilla se le pone un precio por tonelada.
Como los presidentes municipales no van a tener dinero, lo que us-
ted les propone es que paguen con maíz criollo el precio de la semilla,
más un 10% adicional, también en maíz. En esta forma se recupera el
costo de la semilla y su manejo. El maíz que recolecte el gobierno se
vende a precio comercial y se recupera el dinero para pagar el crédi-
to. Con lo recuperado con el costo de la semilla, envases y manejo se
podrá continuar la producción de semilla para hacerla llegar a un
número mayor de agricultores. Le simpatizó la idea, organizó las cosas
bien y estimo que se logró un éxito. El gobierno no tuvo que gastar
dinero, se pudieron controlar alrededor de unas cincuenta o sesen-
ta toneladas del Celaya y con esa semilla se sembraron muchas hec-
táreas en Guanajuato…” (Colegio de Posgraduados.,1983; 132).
Este trozo testimonial nos permite reconstruir las circuns-
tancias en las que se trabajaba en el campo experimental al
dar cuenta de las dificultades para llegar hasta los producto-
res y la falta de recursos con que se trabajaba. Asimismo,
enfatiza las posibilidades que se abrían mediante el trueque
y prácticas comerciales primitivas que se desarrollaron
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El negocio de la producción de semillas mejoradas
Sociedad No. 16
aprovechando las condiciones de liderazgo derivadas de la
presencia gubernamental y sus diversos canales de comuni-
cación con los productores. De esa manera, la innovación de
multiplicar y beneficiar la semilla mejorada se transformó
en alternativa de distribución comercial entre los producto-
res interesados. De esa manera, la vía comercial favoreció
que se ampliara la demanda en diversas localidades (Taboa-
da E.,1961;33). Esto, a su vez, creó las condiciones para que
surgieran los primeros agricultores dedicados exprofeso a la
multiplicación de semilla para su venta. En dicho proceso se
dieron las condiciones propicias para que un ingeniero, Ri-
cardo Acosta, junto con el licenciado Ramos Millán, quienes
eran amigos del presidente Miguel Alemán, plantearan la
idea de crear la Comisión del Maíz (Aboites G. y Martínez
F.,1997. Entrevista al Dr. Lorenzo Martínez), que pretendía
hacer en grande el negocio de la multiplicación, beneficio y
venta de semillas.
Tres caras y un solo dios verdadero:
el negocio a la sombra del Estado
El 14 de enero de 1947 aparece publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el decreto por el cual se crea la Comi-
sión del Maíz (CM). Tres razones esgrimió la Secretaría de
Agricultura y Fomento (SAF) para aprobar ese organismo: 1)
La necesidad de multiplicar rápidamente la semilla genera-
da en los campos experimentales; 2) la intención de la Secre-
taría de desligarse de todo tipo de actividad comercial con la
semilla; y 3) el hecho de contar con material mejorado dispo-
nible para su multiplicación (Diario Oficial, 1947).
El decreto definía las funciones de la Secretaría ubicándo-
las más allá del negocio de la multiplicación de semillas, el
cual se consideraba como entidad autónoma y a la que no le
debían dedicar dinero y personal. Sin embargo, dado que la
autonomía del instituto sería una realidad a posteriori, el
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Gilberto Aboites, Francisco Martínez y Gabriel Torres
Estado se ocupó de tales funciones para dar tiempo a que la
iniciativa privada pudiera percibir esa conveniencia y se
capacitara para dedicarse de lleno a la multiplicación de se-
millas, puesto que se estaba en la fase experimental de sacar
materiales de otras especies. De esa manera, la función esta-
tal que se concebía como una actividad por mientras se ex-
tendería por varias décadas.
Sobre otras características de la CM, el decreto establecía
que se encargaría de multiplicar aquellas semillas de maíz
“que se obtengan en los Campos Agrícolas Experimentales
de la Secretaría…, en su Oficina de Estudios Especiales
(OEE) o en su Instituto de Investigación Agrícola” (IIA), dan-
do por hecho el monopolio estatal en la investigación. Lo in-
teresante de esta medida es que evita el distanciamiento
entre investigación y multiplicación de semillas. De esa for-
ma, aunque el monopolio de la investigación se asume, la
multiplicación de semillas aparenta quedarse abierta al li-
bre concurso de varios agricultores interesados. Sin embar-
go, el Estado mantiene el control del proceso productivo, es
decir, define el qué, cómo y para qué de la multiplicación de
semillas, actividades todas adjudicadas a los agentes del Es-
tado. En contrapartida, al productor privado que comercia-
lizaría las semillas se le cubrían todos los riesgos, y eso le
aseguraba un negocio redondo.
Pero veamos en forma precisa cómo se concibió la CM. Se
trataba de un “organismo semioficial” (Art. 1), cuyo objetivo
era reproducir en gran escala los materiales de maíz genera-
dos por el Estado. Para ello contaba con el apoyo de “los pro-
ductores agrícolas que [aceptaban sus condiciones y recono-
cían] la vigilancia técnica de la propia CM” (Art. 2). Era una
relación amarrada a un contrato entre las partes. Los pro-
ductores obtendrían, a cambio de multiplicar la semilla,
“subsidios, ya sea en fertilizante o en maquinaria agrícola o en algu-
na otra forma benéfica para las explotaciones contratadas y les pagara
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El negocio de la producción de semillas mejoradas
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por los productos obtenidos precios especiales, estimulantes para los
productores, precios que en cada ciclo y junto con los subsidios ten-
drán que ser previa y directamente sometidos a la consideración y
aprobación del Ejecutivo Federal” (Art. 2).
Por su parte, la Comisión se encargaría de la inspección y
certificación de semillas (Art. 4). Ahora bien, para el ejerci-
cio de sus funciones contaría hasta con 4 millones de pesos
aportados por el Banco Nacional de Crédito Agrícola “duran-
te tres años consecutivos”, es decir, el Estado asumía los cos-
tos de su funcionamiento, dado que de esa forma garantiza-
ba su autonomía para aplicar los procedimientos. Por otra
parte, la comisión estaba dotada de personalidad jurídica
para contratar las operaciones inherentes a sus funciones.
Eso estaba implícito en el estatus de organismo semioficial.
En resumen, con la creación de la CM, el Estado mexica-
no reestructuraba cuatro roles estratégicos para el apoyo al
campo: 1) La coordinación de investigación a través de un
grupo ex profeso de la Secretaría de Agricultura; 2) la
entidad financiadora vía Banca oficial; 3) la entidad de ges-
tión vía comité administrativo de la propia CM; y 4) la enti-
dad comercializadora representativa de los productores
agrícolas.
El esquema operativo era el siguiente: el Estado, por con-
ducto de la CM, contrataba con productores agrícolas para
que éstos a su vez hicieran la multiplicación de la semilla
generada en los organismos de investigación. A los producto-
res, aparte de la semilla, se les daban subsidios como un so-
breprecio por el maíz cosechado si éste cumplía los requeri-
mientos técnicos para obtener una semilla apta como mate-
rial vegetativo. El maíz cosechado se entregaba a otras agen-
cias estatales vía Banco y éste lo distribuía bajo la vigilancia
de la Secretaría de Agricultura, de acuerdo con el “programa
de fomento de la producción de maíz en las zonas que corres-
pondan” (Art. 7). Dicha semilla era entregada a los agricul-
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tores al precio que fijaba el Estado a través del Ejecutivo
Federal. Para ello, el precio de la semilla debería permitir,
“en condiciones de una cosecha normal” (Art.6), cubrir el cos-
to total, cubrir los subsidios otorgados por la CM, otros gas-
tos y la previsión del incremento de éste (Art. 6). “Si por efec-
to de factores imprevistos, el ingreso logrado por la CM en la
entrega de sus productos no alcanzare a cubrir los gastos
erogados, la diferencia sería cubierta por el Gobierno Fede-
ral…” (Art.8).
En ese funcionamiento, el Estado contribuía con los resul-
tados de la investigación (la semilla), estímulos y precios
adecuados, mientras que los agricultores progresistas apor-
taban sus materiales y trabajo. Lo que se consolida es una
doble imagen que se debía suponer como substrato en las
ideas de capitalismo mixto de Estado y desarrollo comparti-
do. En ese contexto se hablaba de un Estado benefactor, ha-
cedor de las condiciones materiales para el desarrollo econó-
mico del país; por otra parte, de una iniciativa o productores
privados que, por ser progresistas, se consideraban como be-
neficiarios de la acción gubernamental. En el contexto del
decreto y de la realidad económica a la que alude, es claro
que se trataba de empresarios en ciernes dedicados a la agri-
cultura. Se establecían así los cimientos de nuestra agricul-
tura de corte empresarial.
Además, hay que destacar que el modelo suponía una
visión sistémica, que tendería a integrar varias funciones
que se consideraban separadas: investigación, multiplica-
ción y distribución. Todas y cada una de ellas se concebían
como regidas por el Estado. Más importante aún es el hecho
de que, en la integración de esas partes, el área correspon-
diente a la investigación quedó subordinada a los desig-
nios de una burocracia asentada en el aparato financiero que
en realidad era la que finalmente posibilitaba el acceso a la
semilla mejorada y que hacía las veces de los designios del
mercado.
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El negocio de la producción de semillas mejoradas
Sociedad No. 16
La Comisión cambió su nombre muy pronto y se denomi-
nó Comisión Nacional del Maíz, significando con ello el éxi-
to y la capacidad material para enfrentar metas de mayor
envergadura. Por eso, hay que entender que el surgimiento
de la Comisión del Maíz se fundamenta en los resultados
concretos de la investigación genética, particularmente de la
generada en los Institutos de Investigación Agrícola. Ade-
más, resalta que sea el Estado el que determine la conve-
niencia de impulsar un organismo público abocado a la mul-
tiplicación y distribución de semillas y que todo ello se haga
en consonancia con un proyecto de agricultura y de nación
conocido como “modernización tecnológica”, que buscaba in-
corporar a los agricultores a la producción comercial. Termi-
nado el lapso estipulado en el decreto de 1947, en el cual la
CM contaría hasta con cuatro millones de pesos, en 1950 un
nuevo decreto, publicado el 3 de enero, creó la Comisión Na-
cional del Maíz y casi simultáneamente surge otra similar
para la producción de trigo.
Varios aspectos dan cuenta del cambio substancial
entre ambas.
Destaca que ahora se defina al nuevo organismo como
“público y descentralizado” (Art. 1), aunque eso es menos
claro porque, aunque las funciones que desarrollará se decla-
ran de “utilidad pública”, éstas en la práctica se reducen a
las mismas de la CM (Art. 3). Por otra parte, se declara sin
ambages la dependencia de la CNM del “Ejecutivo Federal,
quien aprobará sus presupuestos, sus planes y operaciones
y la aplicación de sus resultados y fijará las normas de su
funcionamiento” (Art. 9). En ese sentido, se evidencia su ca-
rácter político expresado como monopolio de la investiga-
ción, multiplicación y distribución de semillas.
“La CNM recibirá del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas
y de la Oficina de Estudios Especiales de la Secretaría de Agricultura
y Ganadería, o de cualesquiera otros organismos creados para fines
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similares a ellos, todas las semillas de maíz que hayan mejorado o
producido y se destinen a su multiplicación y distribución entre los
productores agrícolas, lo cual será hecho por la Comisión” (Art.6).
Otra de las novedades es que la Comisión organizaría anual-
mente concursos o certámenes, nacionales o regionales, para
premiar a los productores de maíz que hubieren laborado
dentro de sus planes (Art.21), y quedaría integrada por tres
vocales designados por el Presidente de la República.
De los cambios señalados antes se pueden establecer al-
gunas cuestiones. Primeramente se transita de un estilo de
gestión estatal que, en cierto modo, se avergüenza de promo-
ver iniciativas de corte empresarial cuando antes había
mayor empuje hacia la iniciativa campesina, hasta otro es-
tilo en el que de plano se asume en forma abierta la promo-
ción de los productores empresariales. Eso se evidencia
cuando la SAF al principio cuidaba mucho las formas de
transferir funciones propias de la CM, pero tres años des-
pués, al declarar éstas como de “utilidad pública”, las deja en
manos de los productores sin dudarlo mucho. En segundo
lugar destaca el cambio de actitud administrativa, puesto
que el Estado deja de ser ejecutor, controlador y promotor vía
CM, para actuar luego como un Estado que facilita con los
instrumentos operativos la idea de promoción comercial
(CNM). Tercero, aun y cuando la declaración de “utilidad
pública” equivale a hablar de intereses nacionales de mane-
ra muy amplia, el concepto queda acotado cuando se especi-
fica que los beneficios de la CNM se distribuirán a “los pro-
ductores agrícolas que trabajan dentro de sus planes”. Cuar-
to, se especifica el ámbito privado de injerencia: la multipli-
cación de semillas y la venta de éstas, misma que queda
como una expectativa sin que en ningún momento se dieran
pasos para su concreción.
Por otro lado, destaca la mayor claridad con que el Esta-
do asumió su rol de promoción del desarrollo rural, anexando
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El negocio de la producción de semillas mejoradas
Sociedad No. 16
elementos que deberían tender a la consecución más eficaz
de sus objetivos, por ejemplo, mediante la difusión, el finan-
ciamiento y la definición de las zonas agrícolas sobre las que
se incidiría mediante la determinación de los programas
estatales. Y aquí el punto no es determinar si esa definición
de zonas estratégicas se realizó con apego a criterios técni-
cos, sino de que ello era un acto de poder con repercusiones
de muy largo aliento. Años después, el problema sería estu-
diado como la dualidad de nuestra agricultura que enfatiza-
ba las diferencias en la capacidad de desarrollo del sec-
tor social respecto del empresarial (Reyes S. et. al., 1974 y
Hewit C., 1980).
En menos de diez años se vieron los efectos de esta trans-
formación agrícola comercial. Como veíamos, hacia 1943,
bajo los auspicios del gobierno de Guanajuato se promovió
un sistema de comercialización primitiva fincado en un sis-
tema de trueque de semilla criolla por la variedad Celaya.
Técnicamente hablando, ello no significaba ningún cambio
en el proceso productivo para el agricultor, puesto que se tra-
taba de materiales de polinización abierta, que hasta por 5
años podrían reutilizarse sin pérdidas significativas de sus
características genéticas. Es decir, el agricultor podría sem-
brar y seleccionar una parte del grano cosechado para utili-
zarlo como semilla. Sin embargo, aquí lo importante es seña-
lar que ello sienta las bases para iniciar otras transformaciones
que inciden en el control del proceso productivo, dado que la
producción con las nuevas semillas orillaba a otros cambios.
La conveniencia de cambiar semilla criolla por una mejo-
rada estaba sustentada en recomendaciones científicas. En
ese sentido representaba un acto de autoridad que se sobre-
ponía a los criterios de justicia social que respaldaban el es-
tilo de desarrollo productivo implementado en muchas regio-
nes rurales del país. Se trataba de un cambio de orientación
importante que suponía abrir o enriquecer el debate entre
pertinencia científica y justicia social hacia el de las conse-
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Gilberto Aboites, Francisco Martínez y Gabriel Torres
cuencias sociales y la eficiencia productiva que terminarían
por aterrizar en la idea de modernización e institucionaliza-
ción del proceso de intervención gubernamental.
Bajo esta perspectiva, resulta insubstancial que dicho
proceso hubiera comenzado con variedades mejoradas de
polinización abierta. Lo sustantivo fue hacer valer la apre-
ciación científica de que un material vegetativo era mejor
que otro. Eso representaba descalificar la práctica de guar-
dar semillas por tradición familiar o con base en recomenda-
ciones locales... De esa manera se homologaron maíces sin
importar la “racionalidad económica” (CEPAL,1982) y, con
ello, los productores se vieron obligados a reorganizar el pro-
ceso productivo. Esa pérdida del control del proceso produc-
tivo convierte al Estado y sus agentes en una especie de fiel
de la balanza que reglamenta la producción en términos de
eficiencia productiva y ventajas comerciales que incidirían
en el mercado.
Cuatro años más tarde, el proceso avanza y ya no se tra-
ta sólo de Guanajuato. El estilo productivo modernizante se
abre hacia todo el país. Pero ya no se trataba de trueque, sino
que ya se había oficializado la venta de semilla. Para enton-
ces, en las zonas agrícolas importantes había aumentado la
demanda por esos materiales y simultáneamente muchos
agricultores dejaban de controlar una parte tradicional de su
proceso productivo: el de la producción de su simiente.
A los siete años de aquel experimento se consolida la pro-
ducción de semillas para agricultores radicados en zonas
agrícolas propicias hacia la producción comercial, en una
entidad social distinta de la suya. En adelante, el acceso a
esos bienes se haría mediante compra-venta, institucionali-
zando diversos mecanismos de mercado. En este sentido, no
se puede hablar de un proceso de privatización natural o de
la libre concurrencia de las fuerzas del mercado, sino de un
proceso inducido y controlado por agentes del Estado o por
otros agentes interesados que crecieron a su sombra. Es de-
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El negocio de la producción de semillas mejoradas
Sociedad No. 16
cir, no es un proceso de alternativa o modelo único como pre-
tenden explicar algunos, sino un proceso en el que las venta-
jas del desarrollo tecnológico se ofrecieron en bandeja a los
promotores de la vía comercial y se inhibieron los propósitos
sociales. Es decir, no sólo se afirmaba la supremacía de las
nuevas tecnologías y la reestructuración productiva, sino
que se implantó un sistema de comercialización promovido
por el Estado, asumiendo que el uso de semillas mejoradas
reduciría las importaciones del cereal y permitiría elevar la
oferta disponible en el mercado. Y es justamente bajo esta
perspectiva que las incipientes instituciones de la investiga-
ción agrícola quedaron definitivamente atadas, más que al
“mercado”, a la concepción que el Gobierno tuviera de lo que
era conveniente para los diversos actores productivos.De
suerte tal que el desarrollo de materiales híbridos no sólo es-
taba científicamente avalado, sino también socialmente jus-
tificado por el Gobierno en turno. El destino del IIA y de la
OEE estaba así predestinado por el concepto de agricultura
que propiciaba el gobierno del Presidente Alemán.
En la perspectiva de la fabricación de semilla mejorada
resulta fundamental contar con buenos materiales. Pero
éstos no sirven para todas las regiones y subregiones de un
país. Es entonces cuando se presenta la contradicción entre
plasticidad y criterios socioculturales reflejados en las semi-
llas. Esto, para el caso de México, significó ir avanzando en
la definición de las zonas agrícolas y en la definición de los
materiales adecuados a éstas; tales fueron los casos de otras
variedades como la “Guanajuato”, destinada a las zonas al-
tas de ese estado, y la “Llera”, producida para la región
maicera de Tamaulipas.
En esas experiencias, otra vez se sobrepone un criterio
técnico económico al de la diversidad social y cultural. El su-
puesto es que, mediante la homogeneización de condiciones,
se podrían obtener mejores resultados productivos y obtener
mejores materiales genéticos. Hay tras este razonamiento
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Gilberto Aboites, Francisco Martínez y Gabriel Torres
una lógica circular que se asume o rechaza, que se impone o
se niega, pero que no se interioriza a menos que se viva bajo
las condiciones de producción capitalistas y es por ende que
el desarrollo de las semillas mejoradas es, además de otras
cuestiones, expresión de la transformación que durante esos
años vivieron los campesinos trocados al mercado, es decir,
subordinados a los designios de un gobierno y de una buro-
cracia asentada en el ámbito urbano desde donde se definían
los precios, los montos y los apoyos que prevalecerían duran-
te cada ciclo agrícola.
Se gestaban así las condiciones materiales de una agricul-
tura maicera de corte comercial y capitalista que, bajo el su-
puesto de un trato igualitario ante el mercado, tomaba como
pares a agricultores comerciales, campesinos, intereses de
empresa semillera y fitomejoradores. Estos últimos cada vez
más enfrascados en un debate entre los institutos de inves-
tigación de trabajo abierto hacia todo tipo de productores
como los centros de investigaciones agrícolas (IIA), o los de
alta especialización que deberían reforzar a los agricultores
más productivos y las empresas, como lo pretendía hacer la
Oficina de Estudios Especiales (OEE). Tales discusiones re-
presentaron para muchos fitomejoradores situaciones de
conflicto político y de sentimientos encontrados que se argu-
mentaron como diversas hipótesis científicas y sociales.
Un hecho histórico que también influyó en el desarrollo de
la industria semillera fue que habiéndose presentado graves
problemas de sequías durante los ciclos agrícolas de 1951,
1952 y 1953, en 1954 se estableció el programa emergente
por parte del Estado tendiente a incrementar la producción
de maíz, dada una demanda insatisfecha. Éste fue el escena-
rio para que se aumentara el número de campos dedicados a
la multiplicación de semillas y es entonces cuando se perci-
be la urgencia de regular el control en la calidad del producto
cosechado, surgiendo el Departamento de Semillas de la Di-
rección General de Agricultura en 1954 (Rodríguez
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El negocio de la producción de semillas mejoradas
Sociedad No. 16
J.,1990;213), cuyas funciones serían incorporadas posterior-
mente en la normatividad semillera.
De la agricultura
estatal a la empresarial
Trece años después del primer ordenamiento en materia
de semillas (1947) es sometida al Congreso de la Unión, para
su aprobación, la Ley sobre Producción, Certificación y Co-
mercio de Semillas. Como es de suponerse, la iniciativa del
Ejecutivo fue aceptada no sólo por unanimidad, sino al tenor
de las siguientes expresiones: “Finalmente queremos dedi-
car un elogio a la forma atinada [sic.] en que el Ejecutivo es-
tablece un sistema para gobernar sobre el problema…” (Dia-
rio de Debates).
En esa ley quedaron establecidas las bases de una nueva
organización denominada “Sistema Nacional de Producción,
Certificación y Comercio de Semillas” (artículo 5º) que aten-
dería por igual la producción, el mantenimiento genético de
las semillas, la certificación y el comercio de las mismas, in-
novando y reformando lo establecido hasta la fecha.
La ley decreta la desaparición de la dualidad vivida entre
el IIA y la OEE haciendo de ambas el Instituto Nacional de
Investigaciones Agrícolas (INIA), instancia a la que se le
faculta y circunscribe la tarea nacional de la investigación
agrícola oficial en medio de una normatividad que tácita-
mente confería el monopolio de la investigación al INIA,
pues quedaba al arbitrio y discrecionalidad de las autorida-
des gubernamentales conceder autorización expresa a cual-
quier otra instancia que quisiera desarrollar nuevas varie-
dades vegetales:
“Artículo 6o. La investigación oficial para el mejoramiento de varie-
dades de plantas existentes y la formación de otras corresponde al
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas... Las demás personas
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Gilberto Aboites, Francisco Martínez y Gabriel Torres
que lleven a cabo trabajos semejantes que tengan interés en obtener
privilegios de aprovechamiento exclusivo de variedades que mejoren
o formen a través de investigación, requerirán autorización de la Se-
cretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en los términos que
establece la presente ley.
Articulo 10o. Si los particulares desean gozar... del privilegio
del aprovechamiento comercial exclusivo de las variedades
de plantas que mejoren o formen en sus trabajos de investi-
gación, deberán inscribirlas en el Registro Nacional de Va-
riedades de Plantas... el privilegio... en ningún caso excede-
rá de veinticinco años... (SARH,1984; 9).
El INIA fue el encargado oficial de formar los nuevos
materiales y la Productora Nacional de Semillas (Pronase)
los multiplicaría, beneficiaría y comercializaría, substitu-
yendo a la antigua Comisión Nacional del Maíz. Se crea ade-
más el Comité Calificador de Variedades de Plantas (CCVP)
como instancia oficial encargada de evaluar y calificar las
nuevas variedades. Se establece el Registro Nacional de Va-
riedades de Plantas (RNVP), al que se asigna la responsabi-
lidad de llevar un registro de aquellas variedades vegetales
cuya comercialización sería exclusiva de personas físicas o
morales (SARH,1984; 9).
Junto al diseño de esa estructura organizativa quedaron
las Asociaciones de Productores de Semillas, concebidas
como organismos regionales de colaboración entre Pronase
y los productores de semillas cuyo ámbito preferencial de
trabajo fue la producción de semilla de trigo: “Los organis-
mos o asociaciones agrícolas del Noroeste [producían] en tér-
minos globales el 60% de la producción nacional [de trigo]…”
(Tijerina A.,1983; 144). A las empresas semilleras privadas
se les marginó inicialmente, toda vez que estaban limitadas
a la investigación fitogenética variando la apreciación según
el género y la especie. De hecho, hasta los años ochenta, las
empresas se concentraron en pruebas de adaptación de va-
167
El negocio de la producción de semillas mejoradas
Sociedad No. 16
riedades introducidas en regiones de buen temporal o riego
para las especies de sorgo y maíz (Fernández J.,1987; 2).
Otro aspecto a considerar de la nueva ley fue la
reinterpretación de lo que se conceptuaba como “interés pú-
blico”, que difiere del ordenamiento anterior:
“Artículo 2o ...
I. Los trabajos de investigación para el mejoramiento de las varieda-
des de plantas existentes, o para la formación de nuevas y mejores
variedades, que sean directa o indirectamente útiles al hombre:
II. La calificación de variedades de plantas...
III. La Producción y el beneficio de las semillas...
IV La certificación de semillas... (SARH,1984; 3).
Es decir, existe una línea de continuidad que corrobora el
sentimiento nacionalista y una visión de Estado benefactor
que se reflejan en la aparición de una instancia de control
sobre los productores hecha a la medida del Estado, puesto
que en ella sólo tenían cabida las agencias ligadas al aparato
oficial (SNICS). Dicha instancia sería la encargada de vigi-
lar que el Estado cumpliera su cometido y así se da una con-
junción de juez y parte. De manera similar, la legislación
concebía el Servicio Nacional de Inspección y Certificación
de Semillas (SNICS), que vigilaría el cumplimiento de la
normatividad y de la calidad de la semilla puesta en circula-
ción. Eso significaba que al Estado le tocaba controlar la pro-
ducción, multiplicación, beneficio, comercialización e impor-
tación de las semillas. Lo anterior no impidió que creciera el
número de especies atendidas por el organismo productor de
las semillas mejoradas, llegando a trabajar con 26 especies
entre básicos, oleaginosas, forrajes, hortalizas y otros.
Hagamos una recapitulación de tales desarrollos. Si bien
la fusión de las diversas funciones en el INIA se puede con-
siderar como un acierto gubernamental en muchos sentidos,
el monopolio de la investigación y la discrecionalidad otorga-
168
Gilberto Aboites, Francisco Martínez y Gabriel Torres
Cuadro 1
Empresas transnacionales autorizadas para investigar. 1987
Master de México Sorgo
Northrup King Sorgo y maíz
Semillas híbridas (Dekalb) Maíz
Ciba-Geigy (Funk´s) Sorgo y maíz
Asgrow mexicana Sorgo y maíz
Compañías que han solicitado su registro para hacer investigación agrícola
Selecciones genéticas Sorgo
Comercial semillero
Semillas y fertilizantes de
Sinaloa Maíz
Mexagro International Hortalizas
Desarrollo Agropecuario Dixa
Investigaciones Agrícolas, S. A. Maíz y sorgo
Fuente: Fernández B., Jesús,1991.
da a varias instancias oficiales en realidad inhibía posibili-
dades y en su momento generó tensiones e interpretaciones
contradictorias.
Todavía en 1987, las empresas que desarrollaban investi-
gación con autorización oficial o que estaban interesadas en
hacerlo eran muy pocas, y en varias de ellas su cobertura era
limitada como se puede observar en el cuadro siguiente.
Peor aún, aparte del IIA y la OEE surgieron otras institu-
ciones que desarrollarían tareas semejantes, como el INIA-
INIFAP y CIMMYT. Dada esa proliferación se presentarían
ciertas paradojas que se harían evidentes tiempo después.
Baste por el momento señalar dos hechos. Mientras que el
INIA avanzó significativamente en el desarrollo de híbridos,
entre 1961 y 1974, al identificar 3 variedades y 11 híbridos,
169
El negocio de la producción de semillas mejoradas
Sociedad No. 16
el CIMMYT por su lado se concretaba a desarrollar una la-
bor discreta que hasta cierto grado serviría para lavar el pe-
cado original de su origen Rockefellesco. De esa forma, se
pasó varios años privilegiando el trabajo con los pequeños y
medianos agricultores (CIMMYT,1994).
Otra cuestión paradójica se percibe en la colaboración de
investigación y la relación orgánica establecida entre el
CIMMYT y el INIA, que estaba basada en relaciones inter-
personales y de grupo pero que no obedecía a estrategias pro-
ductivas o de corte comercial, cuando menos en sus inicios.
Esto se refleja al momento en que se trata de establecer un
nuevo marco jurídico para patentar las variedades vegeta-
les. La duda sobreviene al tratar de adjudicar moralmente la
propiedad de los materiales y las especies híbridas trabaja-
das, porque se trataba de materiales compartidos y de expe-
riencias de trabajo que se seguían en ambas instituciones. Se
presentaba el caso de algunos materiales adjudicados al
INIA, pero que se sustentaban en líneas y materiales gene-
rados por CIMMYT. Eso explica, en parte, por qué a la fe-
cha no se han tramitado certificados de obtentor para los
materiales que todavía podrían gozar de esa prerroga-
tiva, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Federal de Va-
riedades Vegetales, tal y como ha sucedido con las empre-
sas privadas.
Sin embargo, no se trataba de situaciones que se tomaban
como extraordinarias o que representaran competencia des-
leal. Hasta cierto grado, era entendido como un reflejo del rol
o imagen que se asignaba al CIMMYT, que era el de propor-
cionar a las instancias de investigación nacional los materia-
les que trabajaba, ya sea que fueran poblaciones mejoradas,
líneas e incluso híbridos o variedades. Como quiera, sigue
siendo problemático explicar por qué no se reconoció abierta y
claramente la aportación del CIMMYT y se siguió dando pie a
pensar que se trataba de materiales generados exclusivamente
por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas.
170
Gilberto Aboites, Francisco Martínez y Gabriel Torres
Existen otros aspectos controvertidos en la ley de 1961
referentes al hecho de que las variedades mejoradas que
querían ser inscritas en el registro de variedades eran some-
tidas a un proceso de evaluación y, de acuerdo a los resulta-
dos obtenidos, el Comité Calificador ordenaba su inscripción
formal en el registro o la cancelación del mismo. Sin embar-
go, la instancia que realizaba la evaluación era precisamente
el INIA, dado el acuerdo que en ese sentido existía entre el
INIA y el CCVP (Fernández J.,1987;4); de ahí que el INIA
podía ser juez y parte. Es decir, por un lado presentaba una
solicitud de registro y por el otro emitía un dictamen técnico
respecto de su propio material. Quedan de esta manera esta-
blecidas las bases materiales que hacían de esa institución
no sólo la instancia por excelencia de la investigación
fitogenética, sino un espacio de poder respecto de la comuni-
dad de los fitomejoradores. Esto, por ejemplo, de acuerdo a
testimonios orales, dio pauta a situaciones muy paradójicas.
Una de ellas se presentó cuando un grupo de investigado-
res de la Narro quisió registrar una variedad de maíz enano.
De entrada se dictaminó en contra y no fue sino hasta que se
estableció un convenio entre la Escuela Superior de Agricul-
tura Antonio Narro y el INIA que se otorgó el registro al
híbrido H-303 (Aboites G.,1996. Entrevista al Ingeniero Luis
Gutiérrez).
Hacia un marco jurídico
aséptico y moderno
La labor de control en la producción y distribución semi-
llera por parte del gobierno se fue quedando en manos de
Pronase. Pero eso no garantizaba su éxito organizativo y co-
mercial. Por diversas razones, la productora se vio expuesta
a un fuerte deterioro financiero, al grado de que el Gobierno
Federal puso en tela de juicio su existencia, condicionándola
al saneamiento de sus finanzas y a su transformación en una
171
El negocio de la producción de semillas mejoradas
Sociedad No. 16
empresa eficaz y competitiva. En esa reestructuración se
redujo a cuatro el número de especies manejadas (arroz, fri-
jol, maíz y trigo) y se diminuyó considerablemente la infra-
estructura operativa: “15 unidades de operación y 12 campos
directos, que es prácticamente el tamaño con el que [había
iniciado] …” (Hernández A.,1992; 53).
Es en este contexto que el lunes 15 de julio de 1991 se
publica, en el Diario Oficial de la Federación, la nueva ley
que norma la actividad semillera en México substituyendo a
la de 1961 y, a diferencia de ésa, en 3 años se emitió su regla-
mento. La Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de
Semillas (1991) tiene por objeto:
“Regular
I.- Los trabajos de investigación oficial para el mejoramiento de las
variedades de plantas existentes, o para la formación de nuevas y
mejores variedades…
II.- La producción y el beneficio de las semillas certificadas y verificadas.
III.-La certificación de semillas y las actividades de distribución y venta
de las mismas… (Artículo 2º).
Esto, de entrada, implica un deslinde respecto a la anterior
legislación que describía su objeto como “regular … el fomen-
to de la agricultura mediante la producción, beneficio, regis-
tro, certificación, distribución, comercio y utilización de se-
millas, de variedades y de plantas útiles al hombre” (Artículo
1º). En todo el texto de la nueva ley no aparece la idea de fo-
mentar la agricultura, es decir, se trata de regular una acti-
vidad económica como cualquier otra; hay, por ende, un dis-
curso aséptico en el terreno político y moral, al que simple-
mente se le considera como un “business”.
Por otra parte, se estipula que la semilla original, básica
y registrada podrá derivarse de otras básicas y/o registra-
das cuya certificación sea realizada por aquellas personas fí-
sicas o morales autorizadas para tal efecto por la Secretaría,
172
Gilberto Aboites, Francisco Martínez y Gabriel Torres
estableciendo que la certificación se hará conforme a ciertas
normas técnicas. Esto último, en la práctica, significó permi-
tir la intervención de la industria semillera privada en la
certificación.
Entre los cambios sustantivos que se presentan en esta
ley hay dos que merecen atención; por un lado se dice:
“La Secretaría será la responsable de la investigación oficial en semi-
llas…”, y a continuación señala “…tendrá a su cargo el Banco de
Germoplasma, en el que se conservarán las reservas mínimas de se-
millas originales de las variedades mejoradas o formadas por la propia
dependencia o por otras personas…” (Artículo 4º).
Lo primero implica un replanteamiento de las funciones del
Estado, pues ahora ya no es explícito el ente que realizará la
“investigación oficial” y tampoco perduran las trabas a la
investigación de otros actores sociales es más; se alienta a
que éstos la realicen (Artículo 5º Reglamento LPCCS).
Lo segundo, que parecía un planteamiento estratégi-
co de seguridad en materia de diversidad fitogenética, ter-
minó siendo un “buen propósito gubernamental”, pues
en el reglamento de la ley de hecho se incita a que no depo-
siten material y a que las cosas queden en una posible
“corroboración”:
“Artículo 11.- En el Banco Oficial de Germoplasma se conservarán
las reservas mínimas de semillas originales de las variedades
mejoradas…, así como aquéllas que sean útiles para la investigación.
Tratándose de semillas originales de variedades mejoradas o forma-
das por particulares, el obtentor o el que tenga derecho a su explo-
tación podrá depositarlas para su conservación en el banco oficial,
o bien, deberá demostrar la identidad de la variedad, mediante prue-
bas científicas, con la obligación de conservar las semillas origina-
les que en su caso permitan corroborar la información
proporcionada”.
173
El negocio de la producción de semillas mejoradas
Sociedad No. 16
Otra gran diferencia entre ambas leyes se refiere a la actuali-
zación que sufre el apartado relativo a infracciones, mantenien-
do el criterio de sanciones administrativas sin perjuicio de in-
currir en otras, pero estableciendo las sanciones en términos de
“salarios mínimos” y ya no en montos constantes y sonantes.
En general, el nuevo ordenamiento es mucho más flexible
por cuanto deja al Estado únicamente el monopolio del regis-
tro de las variedades. En los hechos, eso significa menor in-
tervención estatal, dado que la formulación de normas y pro-
cedimientos técnicos continuaría haciéndose en consenso
con los semilleros, particularmente con los miembros de la
Asociación Mexicana de Semilleros, A. C. (AMSAC).
El crecimiento de la influencia
de las empresas semilleras
La participación de la iniciativa privada dentro del nego-
cio de las semillas mejoradas –que como veíamos antes exis-
tió desde los pininos del fitomejoramiento en México– tuvo
que buscarse sus propios espacios de desarrollo debido al
fuerte intervencionismo y la concentración de recursos en las
instancias gubernamentales. De hecho, los testimonios ora-
les recopilados en diferentes zonas agrícolas del país nos
ilustran sobre el avance de la comercialización de la semilla
mejorada y sobre el estilo de la participación privada. Se tra-
taba de productores agrícolas destacados que de manera lo-
cal comerciaban sus semillas, primero solamente la criolla,
pero a partir de los años cuarenta, también algunas varieda-
des de polinización abierta y en los sesenta incluyeron los
híbridos, aunque éstos en su mayoría se originaron en las
instituciones de investigación pública que dejaban la comer-
cialización en manos de particulares.
Con la ley de semillas de 1960, los espacios de los produc-
tores privados se redujeron y hasta cayeron en la informali-
174
Gilberto Aboites, Francisco Martínez y Gabriel Torres
dad jurídica, dado que no vendían semilla certificada. Eso los
llevó reducir el nicho de su mercado a lo regional. Otro aspec-
to que propició esa ley fue haber sentado las bases materia-
les para que aparecieran subterfugios a través de los cuales
se engañaba al agricultor, vendiéndole semilla encostalada
y pintada como si fuera certificada.
La modernización e intensificación tecnológica y la incor-
poración de cultivos rentables crearon los espacios para que
empresas semilleras trasnacionales incursionaran en el
mercado nacional y de diversas regiones. En los años cuaren-
ta, Cargill entró vendiendo semilla de algodón (Kneen
B.,1995). En los sesenta, Asgrow, Dekalb y Pionner se sintie-
ron atraídas por las transformaciones que se dieron refe-
rentes a la substitución de cultivos básicos por oleagino- sas
y forrajes.
Para 1968 se crea la Asociación Mexicana de Semilleros,
A. C. (AMSAC)2 con la participación de 25 empresas. De és-
tas, sólo 5 se dedicaban al maíz (Martínez H.,1984;77). Ha-
cia 1987, el número creció a 31, lo que al decir de Barkin y
Suárez representaba el gran crecimiento del número de em-
presas extranjeras y nacionales que originaron una “explo-
sión en la oferta de semillas mejoradas” (Barkin y Suarez,
2 La Asociación Mexicana de Semilleros, A.C. (AMSAC) es una Asociación
Civil de carácter nacional y de afiliación voluntaria para grupos que llevan a cabo
una o varias actividades relacionadas con: la investigación, producción, comercia-
lización y beneficio de semillas; asesoría y/o asistencia técnica en semillas, de
productores y comercializadores de insumos utilizados en el proceso de las se-
millas, así como asociaciones u organismos agropecuarios. Es también un orga-
nismo que representa a productores industriales, comerciales, técnicos, provee-
dores, asociaciones afiliadas y socios honorarios. Entre sus funciones lleva a
cabo estudios sobre diagnósticos de la situación actual y tendencias futuras de la
actividad agrícola con el propósito de ofrecer propuestas específicas que, en su
opinión, favorezcan el desarrollo de la agricultura de México y de la industria y el
comercio organizado de semillas. Además, apoya a sus socios en todos aquellos
trámites oficiales y de información requerida en sus respectivas actividades. De
manera específica incluye: permisos fitosanitarios, información y trámite sobre
importaciones y exportaciones, certificación de semillas, resultados de pruebas
oficiales sobre productos, etc. (AMSAC,1998).
175
El negocio de la producción de semillas mejoradas
Sociedad No. 16
1983; 113), que apenas representaba un 30% del mercado
nacional del maíz (Suárez B.,1992;90). Diez años más tarde
(1997) eran 48 las empresas agrupadas, 45 de las cuales pro-
ducían maíz (Aboites G.,1997. Plática con Arcadio Lozano
Martínez), lo que implica un crecimiento en el control del
mercado que llegó en menos de diez años al 55%. Dentro de
ese contexto de cambios acelerados en la producción rural
destaca el hecho de que, hacia 1975, el entonces Secretario
de Agricultura, Óscar Brauer, autorizó que varias compañías
realizaran tareas de investigación que previamente estaban
monopolizadas por las instancias estatales (Aboites
G.,1997b. Entrevista al doctor Lorenzo Martínez). Dicha
medida consolidó las posibilidades de un verdadero desarro-
llo del sector industrial en el negocio de las semillas
mejoradas, abriendo los espacios para pensar en la incorpo-
ración de investigadores y en la verdadera generación de
materiales que compitieran con los producidos por Pronase
(ver cuadro 2).
Si se analizan con detenimiento las estadísticas del creci-
miento vivido por la industria se puede establecer que, del
total de inscritos en el Directorio de Empresas Semilleras del
SNICS (1997), el 96% se dedica a la comercialización, el 75%
Cuadro 2.Participación de los sectores en la producción de semilla
certificada. 1977 y 1984
% Sector % Sector
Pronase Privado Pronase Privado
Cultivos 1977 1984
Maíz 86 14 80 20
Sorgo 2 98 9 91
Trigo 60 40 46 54
Fuente: Fernández, Jesús (1987: 7).
176
Gilberto Aboites, Francisco Martínez y Gabriel Torres
al beneficio, otro 61% a la distribución, un 44% a la importa-
ción de semilla, pero sólo un 16% está dedicado a la certifica-
ción y apenas un 4.8% hace investigación. Es decir, del pa-
drón de socios, sólo 16 empresas privadas están registradas
en ese rubro (ver cuadro 3). Lo anterior refleja que la capaci-
dad en infraestructura y recursos materiales y humanos
está bastante concentrada. Vistas así las cosas, podemos
afirmar que esa tendencia se ha acentuado, pues en los años
setenta, el 20% de las empresas privadas realizaba investi-
gación y en los noventa menos del 5% lo hace. De las empre-
sas que en los setenta hacían investigación sólo persisten
dos: Asgrow y Dekalb (ver cuadro 1).
Cuadro 3. Instituciones dedicadas a la investigación. 1997
# Inst. Investigación # Inst. Investigación en maíz
Iniciativa privada 16 8
Inst. estatales 4 4
Inst. Gob. de los Edos. 1 1
Total 21 13
Fuente: Elaborado con datos del SNICS,1997. Directorio de Productores y Comercializadores de
Semillas.
Tal vez sea poco el tiempo que nos separa de la vigencia de
la nueva ley de semillas (1991) pero, en menos de una déca-
da de desarrollo, la concentración de la capacidad para hacer
investigación persiste y algo semejante ocurre con la capaci-
dad de certificación, pues sólo el 15.6% de las empresas pro-
ductoras privadas aparecen como certificadoras.
Ahora bien, otra de las cuestiones que resaltan es que, en
los últimos 10 años y para el caso específico del maíz, única-
mente 160 empresas han participado en algún ciclo agríco-
la inscritas para producir semilla, según datos del SNICS.
Entre ellas, sólo 4 grandes empresas generan alrededor del
177
El negocio de la producción de semillas mejoradas
Sociedad No. 16
70% nacional de semilla mejorada en México: Pronase, As-
grow, Pioneer y Dekalb, tres de las cuales son empresas pri-
vadas y una oficial o pública. El decaimiento organizativo y
productivo de la empresa oficial, señaladamente desde 1990,
y en correlato el incremento de la participación privada en la
oferta de semilla contribuyeron a cambiar drásticamente las
circunstancias en la década de los noventa y para el próximo
milenio.
La información que ofrecen los cuadros 4 y 5 nos permite
concluir que las empresas privadas, por sí solas, han aporta-
do un volumen promedio histórico de semillas mejoradas de
maíz de 37% anual durante los últimos nueve años, hecho
que marca una diferencia sustantiva respecto a épocas pasa-
das. También es contundente el hecho de que, comparativa-
mente hablando, la empresa pública manifiesta rendimien-
tos menores a los de las grandes empresas privadas, por lo que
la aportación a la oferta nacional de semillas de Pronase se
fundamenta más en la superficie utilizada que en la produc-
tividad de la empresa, situación que lleva a suponer mayores
costos productivos. En consecuencia, podemos afirmar que
dicha empresa pública hace un uso inadecuado, por lo insu-
ficiente, de los recursos del erario público.
Vista en conjunto la industria semillera, existen dos sec-
tores bien diferenciados entre las empresas. Uno en el que
las grandes y tradicionales manifiestan una constancia que
deja en claro su posicionamiento en el mercado nacional de
las semillas mejoradas, de manera que requieren mantener
sus inventarios de producción elevados. El otro lo integra un
grupo de empresas que predominantemente producen du-
rante el ciclo primavera verano, v. gr. Icamex. Por otro lado,
tres empresas privadas, cuyo monto y constancia era menor
a las anteriores: Ceres, Cargill y Northrup King han logra-
do hacer crecer en montos importantes su oferta semillera.
Un tercer grupo, que quizá es el de mayor perspectiva de
crecimiento, lo representan empresas medianas que en los
178
Gilberto Aboites, Francisco Martínez y Gabriel Torres
últimos seis años han entrado de lleno al mercado de las se-
millas. Se trata en general de empresas con significativa pre-
sencia regional: Tacsa, Ceres, Aspros, Century, Conlee, De la
Huasteca y Jebla.También se observa una miríada de empre-
sas semilleras que surgen en forma emergente, muchas corres-
ponden al llamado sector social, según la nomenclatura usada
por SNICS. Baste apuntar que, de las 160 empresas producto-
ras de semilla de maíz mejorado en los últimos 9 años, 79 sólo
Cuadro 4. Participación % de las cuatro principales empresas semilleras de
maíz en México, con base en la superficie utilizada para la
producción de semilla. 1997
Asgrow Híbridos Pronase Seillas Privadas Total
1987/88 8.6 3.5 55.8 8.2 20.3 76.1
1988/88 6.8 0.0 83.4 0.1 6.9 90.2
1988/89 4.6 6.9 42.6 8.8 20.4 63.0
1989/89 0.0 0.0 81,3 12,6 12,6 93.9
1989/90 3.6 7.2 55.4 4.4 15.2 70.5
1990/90 2.4 4.0 57.4 11.4 17.7 75.2
1990/91 7.1 14.3 47.6 5.7 27.1 74.6
1991/91 0.1 2.4 41.9 15.2 17.7 59.6
1991/92 10.1 11.5 29.1 7.3 29.0 58.0
1992/92 2.6 6.9 40.0 14.8 24.2 64.3
1992/93 10.9 13.4 16.7 8.0 32.3 49.0
1993/93 13.9 0.0 25.9 12.5 26.4 52.4
1993/94 24.7 4.7 21.0 2.8 32.2 53.2
1994/94 0.0 10.5 14,7 19.4 29.9 44.7
1994/95 11.8 13.2 27.2 4.4 29.5 56.7
1995/95 1.1 24.3 38.1 0.0 25.4 63.5
1995/96 21.3 28.7 29.9 5.9 55.8 85.6
1996/96 19.7 18.4 35.3 0.2 38.3 73.5
Nota: La superficie refiere al número de hectáreas inscritas en el SNICS.
Fuente: Elaboración propia con base en la Base de Datos del SNICS,1997.
179
El negocio de la producción de semillas mejoradas
Sociedad No. 16
Cuadro 5. Participación % de las cuatro principales empresas semilleras de
maíz en México, con base en el volumen de semilla producida. 1997
Asgrow Híbridos Pronase Seillas Privadas Total
1987/88 15.9 1.9 41.6 17.6 35.4 77.0
1988/88 5.5 0.0 76.1 0.1 5.6 81.7
1988/89 5.9 5.6 29.2 15.7 27.2 56.4
1989/89 0.0 0.0 59.7 35.2 35.2 94.8
1989/90 2.0 14.0 48.5 6.7 22.7 71.2
1990/90 2.7 9.3 39.1 23.3 35.4 74,5
1990/91 5.0 29.0 35.0 10.4 44.4 79.4
1991/91 0.1 5.9 30.0 26.1 32.1 62.1
1991/92 14.5 19.7 18.8 10.5 44.6 63.4
1992/92 2.2 13.8 27.4 21.9 37.9 65.3
1992/93 13.4 28.2 9.6 10.8 52.5 62.1
1993/93 23.5 0.0 20.7 11.6 35.1 55.8
1993/94 37.4 9.6 22.3 0.5 47.6 69.9
1994/94 0.0 33.5 12.6 7.2 40.7 53.3
1994/95 12.4 20.3 18.6 11.4 44.1 62.7
1995/95 0.4 25.4 29.3 0.0 25.8 55.1
1995/96 34.8 14.2 33.7 4.5 53.5 87.2
1996/96 27.5 21.1 25.7 0.0 48.6 74.3
Nota: El volumen refiere al número de toneladas producidas.
Fuente: Elaboración propia con base en la Base de Datos del SNICS,1997.
produjeron durante uno de los ciclos agrícolas, es decir, el 49%
tuvo una vida fugaz.
Ahora bien, de acuerdo al Catalogo Nacional de Varieda-
des, entre 1963 y 1996 hubo 559 variedades solicitadas para
certificar por diferentes instituciones, fuertemente concen-
tradas en tres que por sí solas representan el 43% del total,
a saber: INIA-INIFAP, Asgrow y Pioneer. A diferencia de la
instancia pública, las empresas privadas solicitaron la certi-
ficación de más del 50% de sus variedades con posterioridad
180
Gilberto Aboites, Francisco Martínez y Gabriel Torres
a la promulgación de la Ley Federal de Semillas, misma que
permite la certificación por parte de instancias no guberna-
mentales. De hecho, Asgrow y Pioneer certificaron más del
50% de sus variedades en 1994 y 1993 respectivamente. Por
el contrario, INIA-INIFAP tuvo que prorratear sus varieda-
des certificadas entre los años sesenta, ochenta y noventa de
manera alícuota. En este sentido, puede decirse que la ley
estimuló el proceso de certificación de las semillas y que eso
terminó de favorecer la consolidación de las grandes empre-
sas en el mercado semillero de maíz.
Llama también la atención el que Asgrow alcanzara, en la
última década, casi el mismo porcentaje de variedades certifi-
cadas por Pronase y eso a pesar de las desventajas e inequida-
des derivadas del retraso en su registro como instancia certifi-
cadora de semillas en México. En ese sentido, a pesar de los
condicionamientos establecidos por la ley de 1960, que impedía
desarrollar tareas de investigación fitogenética a entidades
ajenas al gobierno, Asgrow logró convertirse en la empresa pri-
vada de mayor tradición en la industria semillera del maíz.
Actualmente compite por el predominio del mercado en regio-
nes agrícolas de riego, fundamentalmente con Pionner, consor-
cio que en los años noventa supo aprovechar la creciente de-
manda de semilla híbrida en las regiones agrícolas altamente
tecnificadas, mediante la introducción de materiales desarro-
llados para otros valles diferentes al de Culiacán, Los Mochis,
El Carrizo, El Yaqui, Mayo y Hermosillo, de suerte tal que hoy
el mercado de las semillas híbridas se lo disputan mayoritaria-
mente esos dos consorcios.
Conclusión
El proceso de modernización de la producción agrícola en
México no puede concebirse como una acción homogénea y
siempre progresista como si se hubiera podido decretar de
un solo golpe y para siempre. Por el contrario, ha sufrido di-
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El negocio de la producción de semillas mejoradas
Sociedad No. 16
versos cambios de orientación a los que hay que ver como
paradojas propias de las diferencias entre diseño e imple-
mentación y también como los desajustes entre teoría y prác-
tica institucional. En ese sentido, hay que entender esa in-
tención política del gobierno mexicano como el resultado de
diversos estilos de intervención y agencia institucional y
de luchas de intereses que se conjugaron a contrapelo de
una retórica nacionalista centrada en el desarrollo cientí-
fico tecnológico bajo control del Estado y para beneficio
del campesinado.
Se ha observado que el crecimiento del sector privado en
la producción, certificación y validación de semillas mejora-
das ha dependido de los diversos grados de aceptación guber-
namental y ha seguido diversas rutas. La actual expansión
de la industria privada pareciera favorecer una interpreta-
ción de que nunca tuvo obstáculos importantes que le impi-
dieran desarrollarse. De hecho, ha gozado de sobreprotec-
ción y de diversos apoyos que en la práctica se han apartado
en varios sentidos del rigor intervencionista.
Como quiera que sea, se pueden distinguir tres momentos:
1) Lo sucedido entre los años cuarenta y sesenta cuando el
sector privado era casi inexistente, que nos presenta a un
grupo de productores pioneros que emprendieron una inicia-
tiva local propiciada por funcionarios y un gobernador que
simpatizaban con el desarrollo rural. En ese momento, la
oferta de semillas en vías de mejoramiento se contextualiza
en un mundo rural signado por el cambio hacia las formas
capitalistas de producción agrícola.
2) Un segundo momento se da entre los años sesenta y
ochenta y ocho, cuando llega la mayor parte de las empresas
transnacionales semilleras y cuando surge el mayor número
de empresas nacionales pequeñas y de carácter local que se
ubicaron en las zonas de mayor productividad. Esas empre-
sas se disputaban los mercados y los materiales producidos
en las instituciones que desarrollaban investigación como
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Gilberto Aboites, Francisco Martínez y Gabriel Torres
el CIMMYT y otras instituciones públicas. Lo que caracte-
riza este periodo es el ambiente de incertidumbre y discre-
cionalidad gubernamental, puesto que hubo diversos
bandazos y lo mismo se autorizaba –hacia mediados de los
sesenta– que ciertas organizaciones de productores privados
de trigo del noroeste comercializaran algunos materiales
generados en el INIA, como también –a mediados de los se-
tenta– se daba permiso para investigar a las empresas
Master de México, Northrup King, Dekalb, Ciba-Geigy y
Asgrow en maíz y sorgo, mientras que a otras les negaron
dicha posibilidad. Pero más relevante resultó el hecho de que
el ambiente social en el que se movían los semilleros ¡todos!
era del libre intercambio de material genético.
3) La etapa que vivimos se caracteriza por una decrecien-
te participación de la empresa estatal. Su lugar es tomado
por varias empresas transnacionales que se consolidan y
sobre todo por empresas semilleras medianas con fuerte
arraigo regional. La consolidación del sector privado se re-
fleja tras la formación de la AMSAC que, en 1997, llega a
agrupar a 48 socios. Empero, la AMSAC no es una organi-
zación que se distinga por su carácter igualitario, dado
que en su interior existe una creciente monopolización del
proceso de implementación tecnológica que de 1970 a la
fecha se redujo de un 20% al 5% de los asociados, que son
los que tienen capacidad certificadora. Es evidente que el
marco jurídico vigente no ha impedido tal distorsión y no
impide que las grandes empresas privadas se beneficien
mayormente, ya que la ley les garantiza sus derechos
de propiedad, que implican una real exclusividad de sus
materiales.
Un fenómeno adicional previsible es el de la cooptación de
las medianas empresas de ascendencia regional por parte de
las grandes y tradicionales. Aunque, para lograr ese propó-
sito sin mayores contratiempos, se requerirá de ciertos ajus-
tes legales que favorezcan nuevas figuras asociativas que
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El negocio de la producción de semillas mejoradas
Sociedad No. 16
agilicen la compra-venta de acciones y la formación de alian-
zas comerciales del tipo de los proyectos “joint venture”.
Finalmente importa destacar que el proceso de crecimien-
to sólo pudo desarrollarse sobre la base de una incorporación
de cuadros técnicos solventes en sus respectivas áreas profe-
sionales y constantemente capacitados por entidades guber-
namentales y universidades del pueblo, como Chapingo, el
Colegio de posgraduados y la Narro. Esto refleja que, en la
expansión de la industria semillera, dichos centros de exce-
lencia académica van de la mano con las industrias en la
realización de eventos académicos.
De suerte tal que, más que competencia entre el sistema
público de investigación y la industria privada, lo que se
aprecia son relaciones de mutuo beneficio y varios tipos de
alianza. Desde la perspectiva de las burocracias universita-
rias, tales lazos se justifican plenamente porque asegu-
ran la formación de cuadros profesionales preparados y de-
mandados por el “sector productivo”, mientras que para la
industria le representa tener técnicos competentes sin ma-
yores costos.
En este punto, el reto mayor para las universidades estri-
ba no sólo en mantener y acrecentar los niveles de “excelen-
cia académica”, sino en imaginar y construir nuevas y más
amplias redes sociales que les permitan alcanzar una mayor
libertad docente que a la postre se acabará si el proceso se
rige por la oferta y demanda que manejan los dirigentes de
las empresas. Quizá la injerencia de otros actores, como se-
rían las Organizaciones no gubernamentales y los gobiernos
locales, serviría para mediar y pluralizar los procesos de re-
laciones entre agentes gubernamentales, universitarios y
empresarios. Esta opción de pluralizar las agencias de me-
diación podría permitir la concreción de nuevas alianzas en
las que se buscaría reintroducir los intereses de los produc-
tores del sector social organizados y no organizados, los cua-
les, con el cuento del combate al populismo, se vieron saca-
184
Gilberto Aboites, Francisco Martínez y Gabriel Torres
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