Iguales, pero no tanto: El acceso limitado de las mujeres a la esfera pública en México

Abstract

Historically, women have been relegated to the private realm, thus not being allowed to have access to the public sphere where civil society is developed. This situation evolved and, eventually, women were acknowledged as legal subjects. Nevertheless, despite these accomplishments, women' presence within the public sphere is still limited and obstructed by the presence of several walls. The main purpose of this article is to analyze those obstacles from a social, political, cultural, and economic perspective, taking in to consideration the indicators of the Millennium Development Goals (in its chapter of promoting gender equality and empowerment women). The formal advances in legislation are not enough to guarantee equity, until there is no improvement concerning the topic of "empowerment".

Full text

CONnes
CONnes 8/16 agosto-diciembre 2012 39
ISSN: 1870-3569
Artículos
Helena María Varela Guinot
* Profesora-investigadora de Universidad Iberoamericana. Correo: helena.varela@ibero.mx
Iguales, pero no tanto. El acceso limitado de las mujeres a la
esfera pública en México.
Helena María Varela Guinot*
Historically, women have been relegated to the private
realm, thus not being allowed to have access to the pub-
lic sphere where civil society is developed. This situation
evolved and, eventually, women were acknowledged as
legal subjects. Nevertheless, despite these accomplish-
ments, women’s presence within the public sphere is still
limited and obstructed by the presence of several walls.
The main purpose of this article is to analyze those ob-
stacles from a social, political, cultural, and economic
perspective, taking in to consideration the indicators of
the Millennium Development Goals (in its chapter of
promoting gender equality and empowerment women).
The formal advances in legislation are not enough to
guarantee equity, until there is no improvement con-
cerning the topic of “empowerment”.
Keywords: women, discrimination, gender equity,
political participation, quality of democracy
Históricamente, la mujer ha sido relegada al ám-
bito de lo privado, vedándose su acceso a la esfera
pública en donde se desarrolló la sociedad civil.
Esta situación fue transformándose y, paulatina-
mente, fue reconociéndose la personalidad jurídica
de las mujeres como sujetos de derecho. Sin embar-
go, a pesar de los avances logrados, la presencia de
la mujer en la esfera pública sigue siendo limitada
y obstaculizada debido a la presencia de varios
muros. El objetivo de este artículo es analizar di-
chos obstáculos desde la perspectiva social, políti-
ca, cultural y económica, a partir de los indicadores
que forman parte de las Metas del Milenio (en el
rubro de igualdad de género y empoderamiento de
la mujer). Los avances formales en el ordenamiento
institucional no son sucientes para garantizar la
igualdad mientras no se mejore en materia de “em-
poderamiento”.
Palabras clave: Mujeres, discriminación, equidad de
género, participación política, calidad de la democracia
El 3 de octubre de 2010 se celebraron elecciones en dos países de Amé-
rica Latina en las cuales las mujeres jugaron un papel decisivo. La llegada
a la alcaldía de Lima de Susana Villarán y la victoria de Dilma Rousseff
en Brasil perlaron un escenario en donde parecía levantarse la veda para
que la mujer accediera a la esfera política, normalmente dominada por los
hombres. Otros casos similares (Laura Chinchilla, Cristina Fernández, y
anteriormente Michelle Bachelet o Violeta Chamorro, por mencionar al-
gunas presidentas en América Latina) conrmaban los resultados de una
larga lucha por la equidad de género, que ahora se traducían en el acceso
a las más altas esferas del poder.
Fecha de recepción: 14/02/2012 Fecha de aceptación: 04/10/2012
Hombre Público: m. El que tiene presencia e
inujo en la vida social.
Mujer Pública: f. Prostituta.
Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española (2001).

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Sin embargo, un análisis más exhaustivo presenta un panorama me-
nos optimista en donde la equidad, entendida como igualdad de opor-
tunidades y de retribuciones, sigue siendo una meta a lograr, más que
un objetivo alcanzado. Más allá de los logros obtenidos (que no hay que
desdeñar), la realidad muestra que los espacios en donde las mujeres se
vuelven protagonistas son más una excepción que la regla. Una revisión
de nuestra realidad política y económica pone en evidencia los muros
(institucionales y culturales) que aún deben derribarse antes de que la
mujer pueda acceder realmente, y en igualdad de condiciones, a la esfe-
ra pública. La problemática radica en que mientras no se eliminen estos
obstáculos, se estará muy lejos de alcanzar una democracia de calidad tal
y como la dene Leonardo Morlino: “aquel ordenamiento institucional
estable que mediante instituciones o mecanismos que funcionen correc-
tamente realiza la igualdad y la libertad de los ciudadanos” (Morlino, 2005,
p.257).
El planteamiento aquí propuesto es que, a pesar de ciertos avances
formales, el ordenamiento institucional no es suciente para garantizar la
igualdad de género mientras no se avance en materia de “empoderamien-
to”. Esto se debe a que el décit institucional está arraigado en una cultura
política que ubica a las mujeres en espacios privados, alejados de aquellos
que han ido permitiendo la formación y desarrollo de la ciudadanía. En
este trabajo se analizarán algunos de los obstáculos que han provocado
este décit, así como los intentos institucionales y las estrategias guberna-
mentales para reducirlo tomando como punto de partida los indicadores
que forman parte de las Metas del Milenio (en el rubro de igualdad de
género y empoderamiento de la mujer).
1. La iguaLdad como principio de La democracia y eL concepto de
empoderamiento.
Un elemento fundamental de la democracia, en sus múltiples acep-
ciones (tanto normativas como sustantivas o procedimentales), ha sido el
de la igualdad. En su vertiente normativa, la democracia se ha basado en
dos valores fundamentales: la libertad y la igualdad (Jáuregui, 1994, p.37).
Asimismo, en la perspectiva sustantiva y procedimental, las deniciones
de democracia han identicado los elementos que posibilitan mayores
condiciones de igualdad, entendida en sus diferentes vertientes (Sartori,
2002, p.101-104):
- Igualdad jurídico-política: “A cada cual los mismos derechos legales
y políticos, y por ello el poder legalizado de resistir al poder político”.
- Igualdad social: “A cada uno el mismo estatus, y por ello el poder de

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resistir a la discriminación social”.
- Igualdad de oportunidades de acceso: “A cada uno las mismas opor-
tunidades de acceso, y por lo tanto el poder de hacer que el mérito cuente”.
- Igualdad de oportunidades de partida: “A cada uno un poder mate-
rial inicial adecuado para conseguir los mismos talentos y posiciones que
cualquier otro”.
- Igualdad económica: “A nadie poder alguno, económico o de otro
tipo”.
Los cambios habidos en materia jurídico-política (a partir del reco-
nocimiento de los derechos y libertades de las mujeres) no han venido
acompañados por transformaciones en materia social, económica y cultu-
ral, de manera que, desde una perspectiva integral, son pocos los avances
logrados. Ello ha generado un décit democrático importante al excluir de
facto a la mitad de la población. Al igual que ocurre con otros elementos
del régimen político, existe una brecha entre lo formal y lo real: si bien
hay un reconocimiento explícito de la igualdad como un principio bási-
co, aún no se generan verdaderas condiciones de equidad que permitan
el “empoderamiento” de las mujeres. De esta manera, las democracias
muestran ser de baja calidad cuando éstas son analizadas a partir de la
dimensión de la igualdad. Una de las claves para entender este fenómeno
está relacionado con el hecho de que cultural y socialmente la mujer sigue
sin ser vista como una ciudadana con plenos derechos (más allá del reco-
nocimiento formal).
La presente investigación parte de la perspectiva de género y busca
identicar las causas de las desigualdades existentes a partir de las con-
diciones socioculturales que han prevalecido en las sociedades (Pérez-Gil
Romo y Ravelo Blancas, 2004). Históricamente, la mujer ha sido relegada
al ámbito de lo privado. No sólo se impedía su participación en las instan-
cias más cercanas al Estado, sino que también se vedó su acceso a la esfera
pública en donde se desarrolló la sociedad civil1. Su papel se circunscribió
al hogar, espacio que tampoco llegó a controlar porque, en última instan-
cia, era dominado por quien tenía el poder económico, es decir, el hombre.
Sin embargo, esta situación fue transformándose, produciendo un
cambio en las relaciones de poder que afectaron tanto al ámbito privado
(con una mayor autonomía de la mujer, toma de conciencia sobre su pro-
1 Concepto de esfera pública vinculada al desarrollo del tejido social civil (no estatal) tomado de Víctor
Pérez Díaz (2000). El autor explica el desarrollo de la sociedad civil, especialmente a partir del siglo XVII y
XVIII, con la formación de sociedades de salones, cientícas y académicas que generaron espacios públicos
alejados del discurso hegemónico estatal.

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pio cuerpo, reivindicación del derecho a tomar por sí misma las decisiones
relativas a su individualidad) y en el ámbito público (con la salida de la
mujer de la esfera doméstica para ocupar espacios que tradicionalmente
correspondían a los hombres, con el reconocimiento de la personalidad
jurídica de las mujeres y de sus derechos). A través de un largo proceso,
la mujer alcanzó a tener una mayor visibilidad cuestionando los roles de
género y postulando una nueva forma de entender su papel en la socie-
dad. Si bien los cambios en la esfera privada y pública se fueron dando
de manera simultánea e interdependiente (siendo importante observar
los vínculos entre ambos espacios), este artículo se centrará en aquellos
aspectos ligados más directamente con las conquistas de las mujeres más
allá del ámbito doméstico.
Una ardua lucha fue emprendida para sacar a las mujeres de los ho-
gares, reclamando mejores condiciones laborales, así como la posibilidad
de participar en los procesos políticos, comenzando por los electorales. En
cuanto a la participación política, en 1861 Australia del Sur reconoce por
primera vez, aun con ciertas restricciones, el sufragio femenino, seguido
de Nueva Zelanda en 1893. A partir de la Primera Guerra Mundial, como
consecuencia del papel jugado por las mujeres en las fábricas mientras los
hombres peleaban en el frente, se extendió el sufragio femenino en muchos
países de Europa y América. De esta manera, se quitaba la cerradura a los
hogares y se “permitía” que la mujer saliera de los mismos para incorpo-
rarse a la esfera pública civil y, posteriormente, a la estatal.
El concepto de empoderamiento permite una aproximación a esta pro-
blemática, para entender los avances logrados, pero también el camino que
queda por recorrer. Este concepto tiene múltiples acepciones, pero todas
ellas hacen referencia al control que una persona adquiere sobre sí misma,
a partir de la “libertad de elección y acción” (Banco Mundial) (FRIDE,
2006). La idea desarrollada por Naila Kabeer de aumentar “la capacidad
de los individuos para tomar decisiones estratégicas en un contexto don-
de previamente esa posibilidad no existía” permitirá evaluar el grado de
avance de las mujeres en esta materia. Es importante recordar que el poder
va más allá de la posibilidad de tomar decisiones de manera individual;
los hombres también tienen la “capacidad de construir las reglas del juego,
de manera que disfracen las operaciones de este poder y construyan la
ilusión de consenso y complementariedad” (Kabeer, 1998, p.240). Para
ir más allá del simple reconocimiento de los derechos y para no caer en
ejercicios de simulación a través de discursos fáciles que no reejen un
verdadero cambio de la situación de la mujer, es necesario construir “el
poder desde adentro, como anexo necesario para mejorar su capacidad de

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2 La traducción está tomada de FRIDE (2006). En el texto completo (Sen, 1997) aparece la cita textual en
inglés: “To be sustainable the empowerment process must alter both people’s self-perception and their
control over their lives and their material”.
controlar recursos, determinar programas y tomar decisiones” (Kabeer,
1998, p.241). La autora señala tres dimensiones que permiten identicar
el grado de autonomía que se tiene para tomar decisiones: en primer lu-
gar, los recursos que dan cuenta de las condiciones previas y el contexto
social en el que se tienen que tomar las decisiones; en segundo lugar, la
“agencia” o el proceso mediante el cual se establecen los objetivos; y por
último, los logros o resultados de la decisión (Kabeer, 2000, p.29-30). El
empoderamiento de la mujer implica tanto incidir sobre las necesidades
prácticas, mediante los cambios que generen mejoras de las condiciones de
vida, como sobre las necesidades estratégicas, a través de la modicación
de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, planteando una nueva
forma de entender los roles de género.
De esta manera, no sólo es cuestión de conceder y reconocer una serie
de derechos o de mejorar ciertas condiciones de vida (relacionadas con la
salud, la vivienda o la educación), sino de que las mujeres conquisten es-
pacios que tradicionalmente le eran vedados, pudiendo tomar decisiones
estratégicas que habían sido tomadas exclusivamente por los hombres. En
la medida en que se puedan identicar estos espacios, se podrá armar
que se ha avanzado en materia de equidad y que, por tanto, la calidad de la
democracia ha mejorado de forma signicativa. Para ello, es fundamental
que se puedan cambiar las reglas del juego mediante las cuales se determi-
na la forma en que se toman las decisiones.
En ese sentido, este trabajo se apoya en la propuesta de Gita Sen, quien
identica los dos ámbitos en donde se tiene que dar un cambio en las rela-
ciones de poder: en la dominación externa, que se basa en el control de los
recursos (físicos, humanos, nancieros); y en la dominación interna, que
regula la ideología (valores, creencias y actitudes). Para que el proceso de
empoderamiento sea exitoso tiene que abarcar ambas dimensiones y “sólo
será sostenible si el individuo logra alterar la percepción de sí mismo y
tomar control sobre su vida” (Sen, 1997, p.2)2 . Estos aspectos serán anali-
zados en las siguientes páginas.
Una de las formas de analizar los cambios habidos en este terreno ha
consistido en estudiar el papel que han jugado las mujeres en la esfera pú-
blica, especialmente en todo lo relacionado con el ejercicio del poder: los
espacios conquistados y los obstáculos que han dicultado el mismo. Este

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tipo de estudios revelan que, a pesar de los avances, la presencia de la mujer
fuera de la esfera privada es todavía muy precaria y está basada más en una
“concesión”, que en el reconocimiento pleno de sus derechos. Se permitió
que la mujer saliera de casa, pero en su camino hacia el ámbito público se
encontró con varias barreras que, si bien han disminuido su altura, todavía
impiden un acceso franco. Tal y como se reeja en los programas de las
Naciones Unidas, estos muros se van levantando desde el momento en
que se generan las oportunidades de partida, como el acceso de hombres
y mujeres a la educación, que marcan condiciones iniciales de desarrollo
diferenciadas, que incidirán posteriormente en otros ámbitos. Esto se debe
a que, como señala Kabeer, las reglas del juego mediante las cuales la mujer
ha podido salir del hogar se han dictado desde una perspectiva de género
que todavía asigna ciertos roles (domésticos) a las mujeres.
En el año 2000, los líderes de 189 países acordaron instituir una serie
de acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida en el mundo a
través de lo que denominaron Objetivos de Desarrollo del Milenio. A través
de 21 metas diferentes, que se medirían con sesenta indicadores, se buscó
establecer un plan a quince años para atacar problemas vinculados con el
desarrollo mundial tales como: la pobreza, las enfermedades o el hambre3.
El tercero de estos objetivos hace referencia expresa a “promover la igual-
dad de género y el empoderamiento de la mujer”, estableciendo como meta
única “eliminar las desigualdades entre sexos en la enseñanza primaria y
secundaria, preferiblemente para el 2005, y en todos los niveles de la ense-
ñanza para el año 2015”. Tres indicadores sirven para medir este objetivo:
• Relación entre niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria
y superior.
• Proporción de mujeres en el empleo asalariado del sector no agrícola.
• Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos
nacionales.
En los siguientes apartados, se analizará cada uno de estos rubros y se
considerarán las condiciones de igualdad apuntadas por Sartori (2002):
las de partida (que apuntan a cuestiones educativas y al muro social), las
de acceso (más vinculadas a aspectos económicos), así como las jurídico-
políticas (que dan cuenta del grado de avance en el ámbito institucional
3 Los ocho objetivos que se establecieron fueron: 1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 2) Lograr la
enseñanza primaria universal. 3) Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 4) Re-
ducir la mortalidad de los niños menores de cinco años. 5) Mejorar la salud materna. 6) Combatir el VIH/
SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 8) Fomentar
una alianza mundial para el desarrollo. Un desglose de las metas e indicadores puede encontrarse en la
página de Naciones Unidas http://mdgs.un.org (Naciones Unidas, 2000)

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y político), para dibujar el mapa de la desigualdad de género en América
Latina, especícamente en México. A lo largo de este recorrido se hará una
diferenciación entre el reconocimiento de los derechos (ya logrado) y las
condiciones de empoderamiento de la mujer (por lograr).
2. (des)iguaLdad sociaL y de oportunidades de partida: eL muro sociaL.
Una de las formas de medir las oportunidades de partida, entendidas
como las condiciones iniciales que permiten el desarrollo de una persona,
es revisando el acceso a la educación. Sin embargo, es necesario hacer al-
gunas matizaciones al respecto. En el último siglo se han dado avances
importantes en este rubro, lo cual ha permitido, en principio, un mayor
equilibrio entre las oportunidades de los hombres y las de las mujeres.
Se han dejando atrás los sistemas educativos a los cuales sólo accedían
los hombres (especialmente en los niveles de educación superior) bajo la
creencia de que ellos eran los únicos que necesitaban capacitarse y formar-
se para después acceder a un puesto de trabajo. Se han hecho esfuerzos im-
portantes para que la mujer no quede relegada y pueda tener esas mismas
oportunidades de partida. El caso de América Latina es quizá uno de los
más paradigmáticos en este rubro, tal y como lo reeja el Informe de 2011
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, mientras que regiones como
África, Oceanía y Asia occidental y meridional siguen mostrando rezagos
importantes, especialmente en la educación primaria.
Tabla 1: Alumnas por cada cien alumnos en matriculación escolar
Fuente: Naciones Unidas (2011).
El caso mexicano está en consonancia con estas cifras. De acuerdo al
INEGI, la presencia de la mujer en escuelas y universidades es signicati-
va, si bien todavía hay un mayor porcentaje de hombres que de mujeres en
todos los niveles, salvo el de bachillerato (tabla 2).

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Tabla 2. Matrícula educativa en México por género y nivel
Fuente: INEGI
Hay que considerar tres cuestiones para tener el panorama más com-
pleto posible con respecto a las condiciones de partida. En primer lugar,
el vínculo existente entre acceso a la educación y condiciones económicas
(Sartori, 2002, p.102). En este sentido, el veto y las diferencias en capaci-
tación no son provocadas tanto por el género como por las condiciones
económicas de las personas. Los sectores que tienen menos acceso a la
educación son los más pobres; en muchas ocasiones no llegan a culminar
los primeros niveles educativos (que son obligatorios). Además, hay que
considerar que las cifras ociales consideran la inscripción a un curso, pero
no toman en cuenta la tasa de deserción, las personas que no terminan sus
estudios por motivos ligados normalmente a las condiciones de pobreza
en que viven. En este caso, el factor de género sí inuye. Un estudio ha
demostrado que las mujeres entre los 12 y 14 años son más propensas a

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abandonar la escuela que los hombres de esa edad, además de que el nivel
de analfabetismo es mayor en la población femenina (15%) que en la mas-
culina (9.6%) (Bazdresch Parada, 2001, p.74-75).
En segundo lugar, el tema educativo está muy ligado a la desigualdad
social. Bajo el principio de que todos deben tener el mismo estatus dentro
de la sociedad, en el caso de la mujer, y más todavía en el caso de la mujer
pobre, se descubre que sufre de un fuerte grado de discriminación debido
a la combinación de dos condiciones: su género y su situación socioeconó-
mica. La combinación “mujer” y “pobre” es una fórmula que tiene como
resultado la marginación y la exclusión social, esto se observa en el terreno
educativo, en materia de salud o de vivienda. En ese sentido, varios estu-
dios han mostrado que “la brecha educativa entre hombres y mujeres se
amplía según el nivel de desarrollo sea más o menos alto”: mientras que
en los países con desarrollo humano más alto la tasa de alfabetización de
adultos es de cerca de 95%, teniendo una diferencia de uno o dos puntos
porcentuales entre hombres y mujeres, en los países con desarrollo huma-
no menor, la tasa de alfabetización de mujeres adultas no alcanza el 30%,
cuando la de los hombres está en torno al 45% (Alcañiz Moscardó, 2011,
p.169-170). Un tercer elemento que habría que añadir en esta ecuación,
especialmente en los países de América Latina, es la cuestión étnica. Un
estudio del BID señala que las poblaciones indígenas en Latinoamérica
obtienen un salario hasta un 28% menor que el que recibe la población
blanca, perteneciendo al mismo grupo de edad, género y nivel educativo
(Atal et al, 2009, p.45).
La pobreza afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres.
Las condiciones de inequidad hacen más difícil el enfrentar las carencias
sufridas, lo cual se torna en un círculo vicioso y en un problema crónico4.
La pobreza afecta las condiciones de partida de la población, y la situación
se agrava cuando se une la pobreza a la desigualdad de género, puesto que
inuye no sólo en la cantidad de personas que nalmente culminan sus
estudios, sino también en la calidad de la educación recibida:
Sigue siendo verdad que las sociedades rurales tienen mayor dicultad
para recibir y/o acceder al servicio educacional. En localidades con
menor de 100 habitantes (108 mil según el censo de 1990) el 35% de los
niños en edad escolar no asiste a la escuela. En ciudades de 100 mil o más
habitantes, sólo el 6.3% no asiste. Si lo vemos por entidad o municipios,
la pobreza se agudiza en comunidades pequeñas de estados y municipios
4 No se aborda aquí la aún más dramática situación de la mujer en lo que se reere a violencia.

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rurales y poco habitados, y llega hasta el 50% en lugares de Chiapas y
Guerrero.
El 7% de la población nacional es considerada indígena. Ahí se con-
centra el 26% de los analfabetos del país. Todavía no se logra una educa-
ción pertinente a estos grupos. En México hay 4.2 millones de analfabetos,
el 8% de la población de 15 años o más (Bazdresch Parada, 2001, p.74).
Por último, para evaluar íntegramente las condiciones de acceso a la
educación se deben considerar los contenidos especícos y los valores im-
partidos en las aulas. En ese sentido, habría que analizar hasta qué punto
se siguen inculcando valores ligados a la visión tradicional de que la mujer
debe permanecer en la casa, mientras el hombre tiene la responsabilidad
de proveer al hogar. En ese caso, no sería suciente analizar el acceso a
la educación como variable para determinar las condiciones de equidad,
sino que habría que revisar la calidad de dicha educación y los contenidos
especícos que se abordan. Esto es importante porque es por este medio
que se perpetúa la desigualdad a través de valores y principios inculcados
a través de la ideología, impidiendo un verdadero empoderamiento de la
mujer.
Tomando las categorías de análisis de Gita Sen (1997) mencionadas
anteriormente, los avances en el acceso a la educación le han dado a la
mujer un mayor control externo (control de los recursos), pero todavía
presenta muchas limitaciones en lo referido al control interno (control
de la ideología), por lo que la mujer no llega a modicar realmente la
percepción de sí misma. Un dato interesante que reeja la manera en que
se sigue replicando la diferenciación de roles en la educación se observa
en el tipo de estudios que realizan las mujeres: si bien ellas han accedi-
do a los niveles superiores de educación, siguen teniendo una presencia
mínima en las carreras técnicas, que todavía son vistas como carreras pre-
dominantemente “masculinas” (Alcañiz Moscardó, 2011, p.171). Lo que
ocurre es que todos los esfuerzos del sistema educativo por promover la
igualdad y la equidad social encuentran su límite en el hecho de que las
escuelas son los espacios en que “se proyectan las propias desigualdades
sociales y culturales” (Comas Arnau, 2006, p.143).
Como resultado de este proceso, la mujer que ya acude a la escuela (en
sus diferentes niveles educativos) pero que aún juega un papel secundario
en la toma de decisiones con respecto a lo que ocurre en el sector. Recien-
temente, se publicó una nueva lista de las mejores 100 universidades de

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América Latina, realizada por el QS World University Rankings. Sólo nueve
de estas universidades tienen a una mujer como rectora5. Si se toma en
consideración el nivel de vicerrectoría o equivalente, el porcentaje de mu-
jeres que ocupan estos cargos asciende a poco más del 20%. El panorama
es más alentador si se considera a las mujeres que ocupan el Ministerio o
Secretaría de Educación Pública. De los 21 principales países de América
Latina, siete (33%) tienen al frente a una mujer: Colombia (Mª Fernanda
Campo Saavedra), Cuba (Ena Elsa Velásquez Cobiella), Ecuador (Gloria
Vidal Illingworth), Nicaragua (Miriam Ráudez Rodríguez), Panamá (Lucy
Molinar), República Dominicana (Josena Pimentel) y Venezuela (Mar-
yann Hanson). No obstante, todavía se está lejos de lograr una situación
de plena igualdad y, sobre todo, de romper el (des)equilibrio hasta ahora
existente de las relaciones de poder. De esta manera, la capacidad de las
mujeres de tomar “decisiones estratégicas” (concepto de Naila Kabeer) no
ha aumentado signicativamente, lo que signica que el grado de empo-
deramiento femenino ha sido mínimo aunque las condiciones de partida
hayan mejorado notablemente.
3. (des)iguaLdad de oportunidades de acceso y (des)iguaLdad económica.
La cuestión se vuelve más compleja cuando se analizan otros indica-
dores que reejan las condiciones de desigualdad que vive la mujer. La
discriminación que sufre en el mundo laboral constituye uno de los ejem-
plos más claros de la falta de equidad. Ello remite al segundo indicador
del tercero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se reere a la
proporción de mujeres en el empleo asalariado del sector no agrícola. De
acuerdo al informe del 2011, el porcentaje aumentó de un 35% en 1990
al 40% en 2009, aunque también se reporta un freno en los últimos años
debido a la crisis económica (Naciones Unidas, 2011).
A pesar de haber logrado avances notables en esta materia, aún exis-
ten muchos rezagos. Uno de los más dramáticos es la brecha salarial, es
decir, la diferencia entre el sueldo promedio de hombres y de mujeres en
trabajos semejantes. Según datos de la Unión Europea, esta brecha es del
5 Las nueve universidades son las siguientes (entre paréntesis se señala el lugar del ranking en el que apa-
recen): Universidad Nacional de Córdoba (18), Instituto Politécnico Nacional de México (22), Universidad
Federal de Bahía (42), Universidad Central de Venezuela (52), Universidad de Costa Rica (59), Universidad
Federal de Vicosa (59), Universidad Peruana Cayetano Heredia (75), Universidad Mayor de San Andrés
(89) y Universidad Federal do Rio Grande Do Norte (97). Ver página web http://www.topuniversities.
com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2011

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17.8% en los países europeos6. Un estudio del BID muestra un porcentaje
similar para América Latina, aunque las variaciones entre un país y otro
son enormes (desde casi un 30% en Brasil, hasta un -1.8% en Bolivia). De
acuerdo a los datos proporcionados por este estudio, la brecha salarial en
México es del 7.8% (Atal et al., 2009, p.23).
Esta diferencia en las percepciones salariales entre ambos sexos es un
primer factor de discriminación que inhibe la incorporación de las muje-
res al mercado laboral y, por tanto, a la esfera pública. Otros indicadores,
como la tasa de desempleo o el hecho de que la generación de empleo ha
sido menor para mujeres que para hombres, dan cuenta de las diculta-
des que enfrentan las mujeres para cerrar dicha brecha. De esta manera,
el muro levantado, sobre el que se dibujan las condiciones de partida, se
eleva aún más cuando se comparan las condiciones de acceso y el méri-
to con que son reconocidos los hombres y las mujeres. Aun cuando las
condiciones para el acceso a la educación y la formación son semejantes,
hay un salto cualitativo fundamental entre el mundo educativo y el mun-
do laboral. A pesar del buen desempeño en escuelas y universidades, la
mujer pasa a un segundo plano en el mundo laboral, especialmente en
lo que se reere a altos cargos directivos de empresas o incluso de las
mismas universidades. De esta forma, a la mujer se le veta la posibilidad
de acceder a los espacios en donde se toman las decisiones estratégicas o
de alto impacto.
Otro factor que da cuenta de las desigualdades existentes entre hom-
bres y mujeres se relaciona con la utilización de los tiempos y el hecho
de que, ideológicamente, existen ciertas actividades que siguen conside-
rándose esencialmente “femeninas” (las relacionadas con el hogar y la
familia). A pesar de que la mujer se ha incorporado al mundo laboral, no
ha dejado de atender las labores de la casa, de modo que ha tenido que
sacricar otras actividades, como la propia promoción en el trabajo. Un
estudio reciente realizado en España sobre las horas dedicadas por hom-
bres y mujeres a diferentes actividades, ilustra este fenómeno (tabla 3).
En resumen, en los últimos cien años la mujer se ha incorporado de
manera signicativa al mundo laboral, pero sigue ganando menos que el
hombre y tiene peores condiciones de trabajo. Baste recordar el estudio
realizado por Heidrick & Struggles para la revista Expansión, en donde
6 Ver página web de la Comisión europea (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=681&langId=es).

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se identicó a los cien más altos directivos de empresas en México, de
los cuales sólo tres eran mujeres7. Estos porcentajes sólo han logrado re-
ducirse en aquellos países en donde se introdujo la cuota de género para
los consejos de administración de las grandes empresas. Noruega, con
una cuota del 40%, es el caso más exitoso, si bien países como Francia o
España también tienen previsto ir haciendo realidad este tipo de medidas
en los próximos años. Incluso considerando estos casos, en las listas de
personas más ricas del mundo, sólo el 6% son mujeres: “es, pues, el ámbi-
to de la economía, donde se mueve el dinero, el menos paritario de todos”
(Alcañiz Moscardó, 2011, p.179).
Tabla 3. Usos del tiempo por género
Fuente: CES, Eurosat, INE, Ministerio de Trabajo. El País, 2 de diciembre de 2011.
Independientemente de lo que diga la ley o de lo que los políticos de-
claren en sus discursos, es un hecho que sigue existiendo un alto grado de
discriminación hacia la mujer que se maniesta de forma lacerante en el
mundo laboral. Las mujeres tienen que hacer muchos más méritos que los
hombres, para obtener la mitad de las recompensas. Esa es la denición
básica de la desigualdad económica entre los dos géneros.
4. (des)iguaLdad jurídico-poLítica: democracias deficitarias.
Si la mujer ha tenido un acceso limitado a los espacios de toma de
decisiones de ámbito social y económico, la situación no diere mucho en
lo político. A pesar del reconocimiento de facto en los textos constitucio-
nales y en los ordenamientos legales, en donde se han ido reconociendo
los derechos de las mujeres; y a pesar del discurso dominante a favor de
una equiparación entre hombres y mujeres, de nueva cuenta la realidad
parece distar mucho de lo establecido en las leyes y de lo pronunciado en
7 Información obtenida en http://josejruiz.com/wordpress/media-room/

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los discursos. En el 2011 solamente veintiocho mujeres en el mundo eran
titulares del poder ejecutivo. En América Latina, sólo Laura Chinchilla
Miranda ocupa la presidencia de Costa Rica, Dilma Rousseff la de Brasil,
Paula Cox la de Bermudas, Kamla Persad-Bissessar la de Trinidad y To-
bago, y Cristina Fernández la de Argentina; si bien, en el pasado, mujeres
como Maria Estela Martínez de Perón (Argentina), Violeta Chamorro
(Nicaragua), Mireya Moscoso (Panamá) y Michelle Bachelet (Chile) tam-
bién ocuparon el más alto cargo de la nación. Sin embargo, excluyendo
estos casos, los países latinoamericanos siguen siendo gobernados por
hombres8.
Esto remite al tercer indicador de los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio: la proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos
nacionales. En donde, a pesar de los avances, los datos siguen reejando
las desigualdades existentes. A nivel mundial, las mujeres siguen sin
alcanzar el 20% de los cargos de representación en los parlamentos, au-
mentando solo cinco puntos porcentuales en la última década y reejando
todavía una gran disparidad a nivel regional (tabla 4).
Tabla 4. Representación de las mujeres en los parlamentos nacionales
Fuente: Naciones Unidas (2011).
De acuerdo a los datos de Naciones Unidas (2011), 48 países no alcan-
zan todavía el 10% de mujeres en sus parlamentos nacionales, y nueve
países (Arabia Saudita, Belice, los Estados Federados de Micronesia, las
Islas Salomón, Nauru, Palau, Qatar y Tuvalu) no tienen a ninguna mujer
parlamentaria. En contraste, en siete países, las mujeres tienen una pre-
8 http://www.guide2womenleaders.com/Current-Women-Leaders.htm

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sencia del más del 40% en las instituciones del poder legislativo. La dis-
criminación positiva (sistema de cuotas) es un factor clave que promueve
el incremento de la participación femenina en la política, aunque a veces
sea evadida por los propios partidos políticos.
El caso de México es especialmente signicativo porque muestra una
presencia precaria de la mujer en la esfera política. Es así como a partir
de los tres poderes fundamentales, se encuentra que, además de no ha-
ber tenido nunca a una mujer en la presidencia, la presencia femenina
en el poder ejecutivo es mínima. A nales del 2011 sólo el 20% formaban
parte del gabinete (Patricia Espinosa en Relaciones Exteriores, Marisela
Morales en la Procuraduría General de la República, Rosalinda Vélez en
Trabajo y Previsión Social, y Gloria Guevara en Turismo). Si se analiza
todo el período presidencial, la representación de las mujeres en el poder
ejecutivo apenas alcanza el 15.2% (datos de CEPAL).
La situación en el poder legislativo no es mucho mejor, aunque sea la
rama del poder en donde México se sitúa unos puntos porcentuales por
encima del promedio latinoamericano. Es quizá en este rubro donde se
observa la brecha existente entre lo que establece la ley y lo que sucede
en la realidad. Desde los años noventa se cambió con el n de generar
mayores condiciones de equidad. En 1993 se modicó el artículo 175
agregando una cláusula que invitaba a los partidos políticos a promover
“la igualdad de oportunidades y la equidad entre mujeres y hombres en
la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección
popular en el Congreso de la Unión”9. Fue hasta 2002 que se estableció la
obligación legal de los partidos políticos para que al menos el 40% de los
candidatos registrados fueran mujeres, estableciendo sanciones en caso
de incumplimiento. En la actualidad, tras la reforma del 2008, el COFIPE
establece lo siguiente:
9 COFIPE (1993). Disponible en http://normateca.ife.org.mx/internet/les_otros/COFIPE/cope15a-
go90_20070511.pdf

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Artículo 219
1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas
a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las
coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al
menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo
género, procurando llegar a la paridad.
2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de ma-
yoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático,
conforme a los estatutos de cada partido.
Artículo 220
1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmen-
tos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista
habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada.
No es objeto de este trabajo entrar en la discusión de si las cuotas de
género, o lo que se conoce como discriminación positiva, en realidad va
en contra del principio de igualdad. Lo que es un hecho es que esta medi-
da trata de paliar los efectos de la falta de una igualdad de oportunidades
de acceso, por lo que se requiere que se generen las condiciones necesarias
(a través del diseño institucional) para reducir las diferencias. Si existiera
una igualdad de oportunidades (de partida y de acceso) no sería necesa-
ria la discriminación positiva. Las cuotas de género permiten una mayor
equidad en la competencia que compensa la desigualdad de oportunida-
des de partida, y han demostrado ser ecaces. El 67% de los parlamentos
que cuentan con más de un 30% de mujeres entre sus representantes,
tienen una legislación con sistemas de cuotas (Naciones Unidas, 2011).
Sin embargo, a pesar de que la legislación establece la discriminación
positiva a través de cuotas de género en la presentación de las candidatu-
ras al poder legislativo, la presencia de mujeres no alcanza ni siquiera el
tercio de los curules: 28.2% en la Cámara de Diputados, y 21.09% en la de
Senadores10. Las tablas 5 y 6 ilustran este fenómeno señalando, además,
las diferencias entre los partidos políticos.
10 El promedio para América Latina es del 22.1%. Datos obtenidos de la CEPAL, Observatorio de Igualdad
de Género en América Latina y el Caribe:
http://www.eclac.cl/oig/indicadores/Mexico/Mexico.htm
11 El término de “juanitas” se acuñó a raíz de un suceso ocurrido en la delegación del DF, Ixtapalapa, en
donde Rafael Acosta, alias “Juanito” se presentó a las elecciones con el acuerdo de que si ganaba renuncia-
ría a favor de Clara Brugada, a quien se le había quitado el registro.

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Los resultados poco alentadores mostrados en las tablas 5 y 6 ponen
en evidencia una de las características más signicativas del sistema polí-
tico y social mexicano: la distancia existente entre las reglas formales y las
informales, y la manera en que se logra sortear la ley en benecio propio.
El fenómeno de las “juanitas”, derivado de la legislación electoral y en
materia de cuotas de género, se presentó de forma patente en las elecciones
de 200911. Esta maniobra consistió en que una serie de mujeres (respetando
lo establecido en la ley) aparecieron en las listas electorales y una vez que
ocuparon su curul, varias de ellas pidieron licencia y cedieron su cargo de
elección a los suplentes que, convenientemente, eran hombres. Pocas horas
después de ocupar su cargo diez representantes pidieron licencia, de los
cuales ocho eran mujeres con suplentes masculinos. De los dos hombres
que pidieron licencia, ambos del Partido Verde Ecologista de México y con
una suplente mujer, a uno (Álvaro Vargas) se le concedió el cambio el 22 de
diciembre de 2009, mientras que al otro (Rafael Pacchiano) se le negó la li-
cencia. A pesar de las protestas, nada se pudo hacer para impedir que entre
octubre del 2009 y febrero del 2010 se fueran otorgando las licencias a las
mujeres. Además, otras diputadas se sumaron a este fenómeno y pidieron
ser sustituidas, por diversos motivos, por sus diputados suplentes. De este
modo, la cámara de diputados pasó de tener un 28.1% de representación
femenina, a tener un 25.8%. La tabla 7 da muestra lo ocurrido con las dipu-
tadas “juanitas” durante la legislatura.
Tabla 5. Distribución de curules por género en la Cámara de Diputados12
Fuente: http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/cuadro_genero.php
12 Los datos de la conformación de las cámaras en México han sido actualizados el 2 de enero de 2012.

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Tabla 6. Distribución de curules por género en la Cámara de Senadores
Fuente: http://www.senado.gob.mx/
Tabla 7. “Las Juanitas“ en la Legislatura 2009-2011
Cabe mencionar que en una resolución del 30 de noviembre de 2011, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció
que para el proceso electoral 2011-2012 las fórmulas integradas por titular y
suplente para candidatos a diputados y senadores debían estar integradas
por personas del mismo género. Posteriormente, la cámara de diputados
aprobó una reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales en esa misma línea. Sin embargo, poco después de la decisión
13 La Jornada, 1° de diciembre de 2011; Reforma, 16 de diciembre de 2011

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del TEPJF surgieron intentos, como el del diputado priista Cuauhtémoc
Gutiérrez de la Torre (quien llegó al curul como suplente de una mujer), de
impugnar esta medida13. Durante todo el proceso previo al registro de los
candidatos hubo varias solicitudes de aclaración por parte de los partidos
políticos que sentían que la aplicación del artículo 219 del COFIPE entraba
en conicto con el derecho a establecer mecanismos democráticos para la
selección de los candidatos (sin imponer cuotas de género). El 16 de febre-
ro del 2012, el TEPJF reiteró nuevamente su posición a favor del respeto a
las cuotas de género señalando que los partidos debían presentar al menos
120 candidatos a diputados y 26 candidatos a senadores que fueran del
mismo género14.
Otra manera de evadir la reglamentación en torno a las cuotas de géne-
ro consiste en designar a mujeres como candidatas a posiciones secunda-
rias, incrementando las posibilidades de que no sean elegidas. Si a eso se
suma el hecho de que muchas legislaciones locales no han introducido la
discriminación positiva o sus cuotas de género son más bajas, se entiende
por qué las mujeres, salvo excepciones, no ocupan cargos de poder, ni ac-
ceden a los espacios de toma de decisiones.
La propia clase gobernante ha sido un factor decisivo para perpetuar
la ausencia de las mujeres en la arena política. Formalmente, y a través del
marco jurídico, se busca derribar los muros que impiden ese acceso. Sin
embargo, en la informalidad y a través de las prácticas dichos muros se
mantienen incólumes.
Si se analiza el comportamiento de los partidos políticos, tal y como se
muestra en la tabla 8, se observan diferencias signicativas entre ellos, así
como entre la cámara de diputados y la de senadores. El PRI, por ejemplo,
es el que ofrece menos espacios a las mujeres en la cámara baja, pero no así
en la alta. Por el contrario, el PAN, que apenas llega al 20% de senadoras,
sobrepasa el tercio de mujeres diputadas.
14 Para las diferentes resoluciones del TEPJF sobre las cuotas de género en el proceso electoral 2011-2012
consultar http://genero.ife.org.mx/rutacritica/genero_nivel_federal.html.

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Tabla 8. Relación de legisladoras por partido1994-2011
Fuente: Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Center for Latin American Studies.
Political Database of the Americas. http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Mexico/mexi-
co.html

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La conformación de las dos cámaras a lo largo del tiempo marca una
tendencia constante a incrementar la presencia de las mujeres en el po-
der legislativo (gura 1). No obstante, el escenario de equidad aún no se
alcanza y se avanza hacia él a un ritmo muy lento, además de que existen
muchas fuerzas que frenan los intentos de lograr este objetivo.
Figura 1. La presencia de las mujeres en el poder legislativo. 1994-2011
Por otra parte, los partidos políticos, a pesar de la legislación, no han
emprendido acciones explícitas encaminadas a acabar con la discrimina-
ción hacia la mujer. El apartado del artículo 78 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales establece que “para la capa-
citación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres,
cada partido político deberá destinar anualmente el dos por cierto del
nanciamiento público ordinario”. A pesar de ello, en la práctica de los
partidos, poco se hace al respecto consiguiéndose esquivar la ley y utili-
zar los recursos para otros nes.
Aunado a eso, el escenario es aún menos alentador cuando, además
de hacer un estudio cuantitativo (la cantidad de mujeres que ocupan car-
gos de elección en el poder legislativo), se analiza esta presencia desde
una perspectiva cualitativa. Es decir, dilucidar el papel que ejercen dichas
mujeres en las cámaras. Un análisis del mismo demuestra que, salvo ex-
cepciones, las mujeres ocupan un papel secundario al interior del poder
legislativo, especialmente si se toma como punto de referencia la cantidad
de comisiones presididas por mujeres. De las 44 comisiones ordinarias de
la cámara de diputados sólo nueve (20.45%) están presididas por mujeres
(gura 2). La situación mejora muy poco en las comisiones especiales, en
donde dirigen 9 de las 41 constituyendo el 21.95% de las mismas. En la cá-

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mara de senadores, la presencia de la mujer al frente de las comisiones es
más acorde con la representación que tienen en el conjunto de la cámara:
las mujeres presiden un 18.96% de las comisiones ordinarias, cuando su
representación es de 21.09%.
Figura 2. Proporción de hombres y mujeres en la Cámara de Diputados y en la presiden-
cia de las Comisiones Ordinarias
Si en el ámbito empresarial se había señalado que los hombres gana-
ban más y mandan más, otro tanto puede decirse del ámbito político, en
donde el poder todavía es ejercido mayoritariamente por los hombres.
Lo que resulta muy signicativo es ver cuáles son las comisiones que
son presididas por mujeres. En este ámbito se observa que se perpetúa
una visión en donde la mujer debe restringir su papel a ciertas esferas,
más vinculadas a lo privado, a la familia, a la niñez, a la trata de perso-
nas. A continuación se enlistan las comisiones de la cámara de diputados
presididas por mujeres señalando entre paréntesis el partido al que perte-
necen (Cámara de Diputados):
- Atención a grupos vulnerables (PRI)
- Cultura (PAN)
- Desarrollo metropolitano (PRI)
- Distrito Federal (PAN)
- Equidad y Género (PRD)
- Medio ambiente y recursos naturales (PVEM)
- Población, fronteras y asuntos migratorios (PAN)
- Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (PRI).

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Con respecto a las comisiones especiales, el panorama no cambia:
- Feminicidios (PRD)
- Desarrollo de la región Sur-Sureste (PRI)
- Vigilancia de los recursos en procesos electorales (PAN)
- Trata de personas (PAN)
- Para la familia (PRI)
- Para la niñez (PAN)
- Agresiones a periodistas (PAN)
- Migración (PRI)
- No discriminación (PRD)
En el caso de las comisiones ordinarias de la cámara de senadores que
están presididas por mujeres, nuevamente se observa, salvo excepciones,
la misma pauta (Cámara de Senadores):
- Cultura (PRD)
- Derechos Humanos (PT)
- Desarrollo Urbano y ordenación territorial (PRD)
- Distrito Federal (PRI)
- Educación (PAN)
- Equidad y género (PAN)
- Recursos Hidráulicos (PRD)
- Reglamentos y practicas parlamentarias (PRD)
- Relaciones exteriores (PRI)
- Relaciones exteriores, América del Norte (PAN)
- Seguridad Social (PAN)
En el caso del poder judicial el escenario es muy parecido: sólo el 18%
del total de ministros de la Suprema Corte de Justicia son mujeres (dos
de un total de once). El panorama es todavía más desolador cuando se
analiza la desigualdad en el nivel estatal y local. En el 2011 sólo una mujer
ocupó una gubernatura (Yucatán) y sólo el 5.10% de las presidencias mu-
nicipales fueron ocupadas por mujeres.
5. poLítica púbLica y empoderamiento: Logros parciaLes.
La revisión de los diferentes ámbitos en donde se puede observar el
grado de avance en materia de equidad de género deja un balance con
saldos negativos. Aunque no se pueden soslayar los logros alcanzados, el
camino que queda por recorrer es aún muy largo.

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Desde el punto de vista del poder ejecutivo se pueden establecer tres
momentos clave para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y
la adopción de una perspectiva de género en la política gubernamental.
El primero fue la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (12 de
enero de 2001) como un organismo público, descentralizado y autónomo,
cuya misión cosiste en “dirigir la política nacional para lograr la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la institucionali-
zación y transversalización de la perspectiva de género en las acciones
del Estado mexicano” (Inmujeres). El segundo momento es la puesta
en marcha del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No
Discriminación contra las Mujeres 2001-2006 (Proequidad), que desde el
2009 pasó a ser el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres 2009-2012 (Proigualdad). Estas dos versiones del programa buscan
establecer una serie de estrategias para lograr la transversalización de
la perspectiva de género, de tal manera que todas las instancias de la
administración pública asuman los objetivos señalados en el programa.
Como parte coadyuvante de estos programas, cabe mencionar el tercer
hito que marca la dirección, seguida por el poder ejecutivo, en materia de
equidad de género: la creación en 2008 del Fondo para la Transversalidad de
la Perspectiva de Género (Programa de Fortalecimiento a la Tranversalidad de la
Perspectiva de Género desde el 2010). Este programa busca que la reducción
de las desigualdades vaya más allá del nivel federal y permee también los
niveles estatales y municipales. Tal y como se establece entre sus objetivos:
El Programa ha tenido como n favorecer el desarrollo de acciones y
proyectos orientados a contribuir a la disminución de las brechas de
género para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres
en todos los ámbitos de la vida, a partir de la Institucionalización de
la Perspectiva de Género en las acciones de gobierno en los ámbitos
estatales y, en su caso, municipales en las 32 entidades federativas, a tra-
vés del fortalecimiento de las Instancias de las Mujeres en las Entidades
Federativas como instancias rectoras de la política de igualdad en sus
respectivas entidades15.
En este sentido, el reconocimiento de la necesidad de establecer una
serie de programas de carácter transversal, tanto al interior de la adminis-
tración pública federal, como en los diferentes niveles gubernamentales,
implica un paso importante en materia de equidad que no debe desdeñar-
se. Sin embargo, como señala Gúzmán Gallangos, estos proyectos trans-
versales hacen aguas en el momento en que “los presupuestos públicos
15 http://www.inmujeres.gob.mx/programas/ptransversalidad2.html

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han seguido una vía independiente de las de las políticas de equidad de
género” (Guzmán Gallangos, 2007, p.145). A pesar de los avances, la ma-
yoría de las medidas y de la asignación de presupuesto especíco ha ido
más encaminada a “proteger” a las mujeres (por estar en una situación
desfavorable) que a empoderarlas. Aun cuando el gasto para promover
la equidad de género ha ido incrementando durante los últimos dos
sexenios, los esfuerzos son de carácter aislado, e incluso presentan, por
ejemplo, reducciones en ciertos programas ligados al Gasto Etiquetado para
Mujeres y para Promover la Equidad de Género del 2008 al 2009 (CEAMEG,
2009, p.28). Esto demuestra que la mujer sigue sin tener un verdadero
control externo (de los recursos) que impacte en el proceso de toma de
decisiones:
El vínculo entre las políticas públicas de equidad de género y el PEF se
establece en el proceso de planeación del PEF, que funciona como ltro:
sólo las políticas consideradas como prioritarias se incorporan en el pre-
supuesto. En este sentido, las acciones dirigidas a las mujeres en el PEF
revela (sic) la importancia de la equidad de género en la política pública.
En cambio, el número relativamente menor de acciones dirigidas a las
mujeres expresa su escasa importancia en la política pública en general
(Guzmán Gallangos, 2007: 160).
En el poder legislativo se han aprobado también reformas y leyes en-
caminadas a mejorar la situación de la mujer, entre las que cabe destacar la
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2006)
y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres (2007). A ello habría que
añadir diferentes iniciativas que inciden en algunos aspectos de la vida
de la mujer: trabajo, salud o educación (CEAMEG, 2008: 10). Sin embar-
go, siguiendo las mismas inercias del poder legislativo, es notable cómo
en cada legislatura, numerosas iniciativas quedan pendientes, incluidas
reformas constitucionales con las que se pretendía eliminar la discrimi-
nación en el ámbito político, laboral y social. A juzgar por la legislación
aprobada, sigue predominando un enfoque de corte proteccionista y asis-
tencialista, el cual busca proteger a la mujer de ciertos abusos (violencia,
acceso a servicios de salud, atención en la maternidad) más que generar
las condiciones para que adquiera un verdadero control sobre su vida.
Se atiende a la “mujer como madre”, “mujer en la familia”, pero sigue
faltando una visión integral de la “mujer como ciudadana”.
En resumen, las acciones por la igualdad e incluso la discriminación
positiva han tenido un impacto muy limitado debido a que no han sido
acompañadas por una perspectiva integral sobre cómo abordar la cuestión

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de una manera efectiva respaldando las decisiones con el apoyo de recur-
sos humanos y económicos. A pesar de los logros habidos en materia de
conquista de espacios para las mujeres, éstos todavía son vistos como una
“concesión” y no como un verdadero reconocimiento de sus derechos. Se
permite a la mujer salir de su hogar, pero (salvo excepciones) sólo podrá
encargarse de aquellos asuntos que tradicionalmente se han asociado a su
rol: la atención a grupos vulnerables, la familia, cuestiones de población,
la niñez y, desde luego, todo lo relacionado con la discriminación. La mu-
jer todavía no es vista como un sujeto de derechos y obligaciones, sino
como un ser casi desvalido al que hay que proteger. Visto así, pareciera
que el mayor obstáculo para lograr verdaderas condiciones de igualdad
radica en el conjunto de valores y principios que rigen la conducta de los
individuos en nuestras sociedades. Formalmente se reconoce que no se
debe discriminar, que la mujer debe estar en igualdad de condiciones que
los hombres, pero en la práctica se le sigue viendo como una ciudadana
de segunda categoría, limitada desde todos los ámbitos (el económico, el
social y el político) a ciertos espacios muy acotados y denidos.
El problema radica en que se han desarrollado regímenes democráticos
que han tendido a excluir a la mitad de la población. En las condiciones
descritas difícilmente se puede hablar del desarrollo de una verdadera
ciudadanía y mucho menos de democracias de calidad, puesto que se
encuentran muy lejos de poder alcanzar el objetivo de la igualdad. Una
democracia que deja fuera del juego a la mitad de la población, es una
democracia decitaria.
6. a modo de concLusiones: cómo derribar Los muros.
Es indudable que en los últimos cien años se han producido avan-
ces signicativos en materia de equidad de género. Existen numerosos
ejemplos de mujeres destacadas en todos los ámbitos que han demostrado
su capacidad de liderazgo (empresarias, periodistas, políticas, activistas
sociales o profesionistas). Sin embargo, no cabe duda de que aún hay mu-
chas materias pendientes y rezagos que siguen dibujando un panorama
en donde, salvo excepciones, la mujer juega un papel secundario en todo
lo relacionado con el poder y la toma de decisiones. Se produjo la salida
del hogar y su papel como sostenedora (no en términos económicos) del
mismo, pero fue una salida parcial porque no se ha llegado a producir una
modicación completa de los roles sociales. De tal manera, pareciera que
toda participación de la mujer en la arena pública es más el resultado de
una concesión, que la consecuencia de gozar del pleno reconocimiento de

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sus derechos. “Se permitió” la salida del hogar, pero se mantuvieron los
muros que obstaculizan la actuación en el espacio público en igualdad de
condiciones. Por eso se exige a la mujer mucho más que a los hombres y se
la pone constantemente a prueba, puesto que cualquier error que cometa
se atribuye a su “condición femenina” (la manida expresión “mujer tenía
que ser”). En consecuencia, el que una mujer llegue a la presidencia de un
país sigue siendo visto como una excepción, como algo digno de análisis.
Las mujeres, siendo una mayoría, son obligadas a actuar como minoría.
La buena noticia es que la mujer continúa avanzando y cada vez ob-
tiene una mayor presencia en los diferentes espacios de la vida social,
económica y política. La mala noticia es que, al ritmo que se ha venido
registrando, se necesitarán otros cien años para poder derribar todos
los muros y hablar de verdaderas condiciones de equidad de género.
Mientras tanto, la democracia, tal cual la entendemos, seguirá teniendo
materias pendientes ineludibles.
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ISSN: 1870-3569
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Helena María Varela Guinot
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