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Dra. Teresa Rescala Nemtala
rectora
Ing. Carlos España
vi c e rr e c to r
Mcs. Ivonne Farah H.
Directora ci d e s
Calle 3 Nº 515 Obrajes y
Av. 14 de septiembre Nº 4913, esquina calle 3
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Umbrales No. 20
Sociedades Inflamables: hidrocarburos, política y sociedad
La Revista “Umbrales” es una publicación semestral del Postgrado en Ciencias del Desarrollo,
unidad dependiente del Vicerrectorado de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene como
misión contribuir al debate académico e intelectual en Bolivia y América Latina, en el
marco del rigor profesional y el pluralismo teórico y político, al amparo de los compromisos
democráticos, populares y emancipatorios de la universidad pública boliviana.
Umbrales No. 20: Revista del Postgrado en Ciencias del Desarrollo c i d e s -u m s a Abril, 2010
Esta revista ha sido posible gracias al apoyo del Research Council of Norway y Center
Michelsen Institute, Bergen-Norway.
Consejo editorial:
– Ivonne Farah Henrich, MsC. En Ciencias Sociales por flacs o , México. Directora del
ci d e s -u m s a .
– Fernanda Wanderley, PhD. en Sociología por Columbia University, New York.
Coordinadora de Investigación, c i de s -u m s a .
– Maya Aguliz Ibargüen, Doctora en Sociología por la u n a m . Docente-investigadora de
la u n a m , México.
– Moira Zuazo Oblitas, Doctora en Ciencias Políticas, Alemania. Investigadora de la
Fundación Friedrich Ebert Stiftung, La Paz, Bolivia
Responsables de la publicación: Fernanda Wanderley, Leila Mokrani y John A. Mc Neish
Cuidado de edición: Cecilia Salazar
Fotografía portada e interiores: Owen Logan (Proyecto fotográfico Sociedades Inflamables)
© ci d e s -u m s a , 2010-10-03
Primera edición: abril de 2010
D.L.: 4-3-24-10
ISSN 1994-4543
Umbrales (La Paz)
ISSN 1994-9987
Umbrales (La Paz. En línea)
Producción: Plural editores
Av. Ecuador 2337 esq. c. Rosendo Gutierrez
Tel. 2411018 / Casilla 5097 / La Paz-Bolivia
e-mail: plural@plural.bo / www.plural.bo
Impreso en Bolivia
Índice
Introducción: hidrocarburos, política y sociedad
Fernanda Wanderley ................................................................................................7
Tema central: Bolivia
Reformas de última década en el sector de hidrocarburos en Bolivia:
esquemas de apropiación y reproducción de la renta
Leila Mokrani .......................................................................................................23
La capitalización de los hidrocarburos y la modernidad:
un análisis de las ideas subyacentes al modelo de gestión y de sus críticas
Alice Soares Guimarães ..........................................................................................71
Rediseñando el Estado: un análisis a partir
de la política hidrocarburífera en Bolivia
Isabella M. Radhuber ...........................................................................................105
Extracción, territorio e inequidades: el gas en el chaco boliviano
Denise Humphreys Bebbington / Anthony J. Bebbington ........................................ 127
La soberanía en los tiempos del gas: territorialidades y tácticas
en el sureste boliviano
Bret Gustafson ..................................................................................................... 161
umbr a l e s
6
Sobre maldiciones y demonios: Hidrocarburos y soberanía
en una Tarija autónoma
John - Andrew McNeish ......................................................................................189
Impacto de los bonos financiados con la renta petrolera
Mauricio Medinaceli y Leila Mokrani ................................................................... 223
Aportes: Experiencias internacionales
Petróleo en el mar del Norte, el Estado y las trayectorias de desarrollo
en el Reino Unido y Noruega
Andy Cumbers .....................................................................................................267
La nueva extracción: ¿se reescribe la ecología política de los Andes?
Anthony Bebbington 285
Volatilidad y mediación en diferentes campos petroleros:
Las arenas bituminosas y el delta de níger como lugares en controversia
Anna Zalik ..........................................................................................................307
Reseñas
El mito del eterno retorno: Acerca de El pensamiento boliviano sobre los recursos
naturales de Fernando Molina
Henry Oporto ......................................................................................................337
Acerca de: Gas y política: una geología explosiva de Carlos Miranda Pacheco y
Javier Aliaga
Carlos Toranzo Roca ............................................................................................. 345
7
Introducción: hidrocarburos,
política y sociedad
Fernanda Wanderley*
El debate sobre la relación entre recursos naturales y desarrollo económico
es tan antiguo como inconcluso. Hasta los años 80 se pregonaba que la
abundancia de recursos naturales era un factor positivo para el desarrollo.
Walter Rostow (1961), importante teórico sobre el desarrollo, argumen-
taba que la disponibilidad de recursos naturales facilitaría el proceso de
industrialización como ocurrió en Australia, Estados Unidos e Inglaterra.
Economistas como Bela Balassa (1980) y Anne Krueger (1980) desarrollaron
argumentos en la misma línea, silenciando las lecturas sobre los problemas
estructurales que enfrentan los países cuyo crecimiento se sostenía sobre la
exportación de recursos naturales (Singer, 1950; Prebisch, 1950; Furtado,
1963; Cardoso y Faleto, 1979).
Contrariando esta visión, una importante literatura viene acumulan-
do evidencias y argumentos sobre la relación inversa entre, por un lado,
abundancia de recursos naturales y, por el otro, crecimiento económico,
consolidación democrática, disminución de la pobreza y desigualdad social
(Humphreys, Sachs y Stiglitz, 2007; Acosta, 2009). En lugar de concretizarse
las expectativas de prosperidad económica y social, el descubrimiento de
* Doctora en Sociología por la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Coor-
dinadora de Investigación y docente-investigadora del c i d e s -u m s a . Coordinadora del
Proyecto “Sociedades Inflamables: el caso boliviano”.
umbr a l e s
8
petróleo y gas se mostró fuertemente correlacionado con bajo crecimiento
económico, altas tasas de pobreza, desnutrición, analfabetismo infantil,
corrupción, autoritarismo y endeudamiento. Estas evidencias llevaron a
la caracterización de muchos países exportadores de petróleo y gas como
víctimas de la “maldición de los recursos naturales” (“resource curse”) y de
la “paradoja de la bonanza” (“paradox of plenty”).
Pese a estas evidencias, se observa grandes variaciones de resultados
entre los países ricos en recursos naturales; algunos tuvieron resultados mu-
cho mejores que otros en términos de crecimiento y desarrollo económico
de largo plazo. De la misma manera se constata diferencias importantes en
términos de bienestar social y otras variables políticas entre los países con
abundantes recursos naturales. La variación de los efectos de la dotación
de los recursos naturales sobre la calidad de vida de los ciudadanos también
es grande al interior de ellos. Diversos marcos teóricos y metodológicos
abordan estas paradojas y proponen recomendaciones de políticas para
gestionar los recursos naturales y prevenir los problemas recurrentes que
enfrentan la mayoría de los países ricos en recursos naturales (Rosser, 2006).
En el transcurso de todo este amplio debate, lo único indiscutible es que las
preguntas sobre las condiciones que determinan las ventajas o desventajas de
los recursos naturales para el desarrollo socio-económico y político siguen
sin respuestas conclusivas.
Una nueva generación de estudios aboga por explicaciones que in-
corporen el rol de las fuerzas sociales y políticas en la construcción de las
trayectorias de desarrollo de los países con abundantes recursos naturales
(Watts, 1996; Schrank, 2004; Snyder y Bhavnani, 2005). Reclaman la in-
clusión del tema de la legitimidad (factibilidad) política y los costos medio
ambientales, en articulación con las cuestiones de eficacia y eficiencia
económica y con los temas de equidad y derechos ciudadanos para explicar
las divergentes experiencias de los países ricos en recursos naturales. Estos
estudios proponen que la comprensión de los factores históricos y sociales,
que intermedian la disponibilidad de recursos naturales y los resultados
sociales, económicos y políticos, es fundamental para fortalecer las esferas
públicas de construcción de acuerdos colectivos sobre cómo gobernar el
petróleo y el gas natural.
9
in t r o d u c c i ó n: h i d r o c a r b u ro s , po lítica y soc i e d a d
El presente número de la Revista Umbrales se inscribe en estas pre-
ocupaciones y aproximaciones. Reúne trabajos que abordan los procesos
de formulación e implementación de las políticas hidrocarburíferas como
parte de entramados de relaciones sociales, simbólicas y económicas que
escenifican continuas disputas de poder, legitimidad y control de recursos.
La atención se vuelca hacia las configuraciones socio-políticas, los signifi-
cados de soberanía y los debates sobre modelos de desarrollo; procesos que
articulan la gestión hidrocarburífera con la continua configuración de los
Estados nacionales, con las culturas políticas, los imaginarios colectivos y las
estrategias de participación en el espacio público. Se pone en primera plana
las tensiones entre agendas, intereses y visiones, las pugnas entre actores
en condiciones asimétricas de poder y las trayectorias de construcción de
esferas públicas en las que se truncan o se definen acuerdos más o menos
estables y factibles sobre las políticas de los recursos naturales.
La mayoría de los artículos reunidos en la presente publicación son
resultado del proyecto de Investigación “Sociedades Inflamables” en el
que participan investigadores de diferentes universidades que estudian el
desarrollo de las industrias de hidrocarburos en países ricos en petróleo y
gas natural desde la triangulación Estado, Sociedad y Economía. (www.cmi.
no/flammable-societies). En el marco del proyecto Sociedades Inflamables,
auspiciado por Chr. Michelsen Institute y coordinado por la Universidad
de Bergen-Noruega en asociación con el c i d es -u m s a , los trabajos que
publicamos en esta oportunidad se beneficiaron de dos espacios de reflexión
en el año 2009: el “Seminario Internacional Sociedades Inflamables – el
rol de la Industria del gas y del petróleo en la reducción de la pobreza y de
la vulnerabilidad social” realizado en la ciudad de La Paz y la mesa “Rea-
lidades y Alternativas Económicas” en la 5ª Conferencia de la Asociación
de Estudios Bolivianos realizado en la ciudad de Sucre.
En el tema central de la revista, siete artículos discuten la relación entre
el desarrollo de la industria de hidrocarburos, la construcción estatal y las
dinámicas políticas y sociales en Bolivia. Cada uno de los trabajos analiza
cuestiones específicas de la experiencia boliviana de los últimos 15 años
desde perspectivas teóricas y entradas metodológicas diversas. El conjunto
de los artículos nos invita a reflexionar sobre la complejidad de los dilemas
umbr a l e s
10
actuales de la gestión hidrocarburífera y a articular las tensiones que en-
frenta el nuevo modelo de desarrollo “extractivista-plurinacionalista” en
nuestro país.
El primer artículo, a cargo de Leila Mokrani, ofrece una revisión de los
cambios en las políticas hidrocarburíferas en los últimos 15 años, destacando
los elementos que han caracterizado el tránsito entre lineamientos extremos
de políticas. Analiza los resultados opuestos de la reforma liberal de 1996 y
la reforma estatista de 2006 en términos de flujos de inversión y recaudación
tributaria. Mientras la primera reforma logró resultados significativos en
términos de inversión para la consolidación del sector energético, la segun-
da reforma logró recaudaciones tributarias sin precedentes históricos en
el país pero abrió una fase de estancamiento en las inversiones. La autora
alerta sobre los riesgos presentes para la consolidación del sector y la repro-
ducción de la renta y, consecuentemente, la sostenibilidad de las políticas
redistributivas y la autosuficiencia energética. Más allá de la evaluación de
los resultados objetivos de los esquemas aplicados, Mokrani nos invita a
reflexionar sobre nuestra permanente situación de cambio en las reglas de
gestión sectorial, la tendencia histórica de repetir ciclos de políticas que
se habían agotado por sus propias limitaciones y la necesidad de aprender
de nuestra rica experiencia sectorial para consolidar un modelo de gestión
propio, que se sostenga sobre las condiciones técnicas y económicas de la
industria de nuestro país y la lectura adecuada del mandato social.
El segundo artículo de Alice Guimaraes complementa la investigación
de Mokrani con una lectura de las tramas sociales y simbólicas en que se
inscribió la primera reforma liberal del sector de los hidrocarburos en 1996.
A través de la reconstrucción del debate público en los medios de comu-
nicación, la autora identifica las ideas, percepciones, significados y valores
que subyacían e informaban a los defensores y críticos de la capitalización
de la empresa petrolera; trayectoria que, diez años después, culminó en
la segunda reforma de corte estatista. Guimaraes muestra cómo la discu-
sión pública sobre la gestión hidrocarburífera y, más específicamente, el
futuro de la empresa estatal petrolera boliviana, dividió la nación en dos
grandes grupos, ambos asegurando la defensa de los intereses nacionales.
Se constata que las cuestiones más técnicas relacionadas a la gestión de los
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in t r o d u c c i ó n: h i d r o c a r b u ro s , po lítica y soc i e d a d
hidrocarburos y la factibilidad de las distintas propuestas para el sector,
aunque no estuvieron ausentes, se quedaron obscurecidas por un debate más
ideológico sobre los modelos de Estado, Sociedad y Economía en el marco
de visiones contrapuestas de modernización y soberanía. Esta lectura nos
permite comprender cómo los cambios de las políticas hidrocarburíferas en
Bolivia se dieron a partir de una compleja trama de intereses, percepciones
y objetivos que se vincularon a la recuperación de la memoria social de
diferentes horizontes históricos y su proyección a temáticas más amplias
sobre el Desarrollo.
El tercer artículo, de autoría de Isabella M. Radhuber, propone analizar
el proceso actual de construcción estatal boliviana desde un enfoque teórico
que subraya la dimensión relacional del Estado en tanto materialización
de correlaciones de fuerza y órdenes simbólicos, donde la política pública
y los aparatos estatales se configuran desde contradicciones sociales y sus
contenciones. La autora explora la relación entre los cambios en la corre-
lación de fuerzas sociales y sus imaginarios en la última década, el actual
concepto de desarrollo y las iniciativas económicas y sociales que resultan
de estas conceptualizaciones. Enfatiza la centralidad de los recursos natu-
rales en la organización del Estado boliviano y en el nuevo marco de acción
socio-político. A través de la descripción de los flujos financieros y de las
políticas económicas y sociales, Radhuber defiende que el actual gobierno se
orienta hacia la democratización económica en articulación con un proceso
más amplio de democratización social y política. El artículo concluye con
consideraciones sobre los desafíos que enfrenta el nuevo modelo econó-
mico e indaga sobre el alcance que tendrá el Estado en el fomento de un
modelo económico plural y social-comunitario. Pondera el riesgo de que
las formas económicas alternativas queden subordinadas a los ingresos del
Estado y a la renta de los recursos naturales, los cuales surgen de una lógica
económica capitalista y son generados en el marco de iniciativas propias
del capitalismo de Estado.
El cuarto artículo de Denise H. Bebbington y Anthony J. Bebbington
nos invita a analizar las tensiones actuales entre las lógicas territoriales de
los proyectos indígenas y la lógica política del nuevo Estado boliviano.
Discute las paradojas que enfrenta el nuevo Estado para responder a los
umbr a l e s
12
diferentes compromisos asumidos con los sectores y grupos sociales. La
expansión de las industrias extractivas para financiar los nuevos programas
sociales dirigidos a reducir la desigualdad en la distribución del gasto pú-
blico, el ingreso interpersonal y a compensar los desequilibrios geográficos
y políticos, conllevan procesos que, paradójicamente, reproducen formas
más tradicionales de desigualdad e inequidad, al mismo tiempo que pro-
ducen nuevas dimensiones de las mismas. Los autores analizan cómo la
estrategia de territorialización del Estado central asociada al gas natural
va a contracorriente de los proyectos de territorialización locales de los
pueblos indígenas, específicamente del pueblo indígena Weenhayek del
Chaco de Tarija. Los autores concluyen que pese a que los diferentes pro-
cesos de movilización social presentes en la sociedad boliviana han podido
contrarrestar las inequidades que los afectan, estos procesos de movilización
social no han convergido a la creación de una esfera pública en la que los
actores involucrados puedan transitar hacia un acuerdo relativamente es-
table respecto a lo que ellos, en términos colectivos, consideran justo para
gobernar el gas.
El quinto artículo de Bret Gustafson, en una línea de reflexión similar
al trabajo anterior, realiza un recuento de los conflictos sobre la Tierra
Comunitaria de Origen (tc o) Guaraní de Alto Parapetí durante el primer
gobierno de Evo Morales, poniendo en cuestión las relaciones emergentes
entre gas, los significados de soberanía, el Estado y los proyectos territo-
riales indígenas. El autor argumenta que los conflictos en Alto Parapetí
escenifican dos momentos de transformación de soberanía: el primero,
con el desmantelamiento parcial de los poderes locales (hacendados y sus
redes) mediante la movilización de cuerpos indígenas resignificados como
ciudadanos sacrificables y, el segundo, con la movilización de colectividades
e imaginarios indígenas que, frente a la violencia colonial del pasado y del
presente, buscan articular nuevas visiones territoriales al proyecto de re-
fundar la soberanía (pluri) nacional. La presencia de un megacampo de gas
natural (Incahuasi) en esta región genera nuevas tensiones éticas y políticas
entre el esfuerzo estatal de construir soberanía hegemónica y los esfuerzos
de los movimientos de defender diversos proyectos de gestión territorial.
El modelo extractivista-plurinacionalista enfrenta nuevas cuestiones éticas
13
in t r o d u c c i ó n: h i d r o c a r b u ro s , po lítica y soc i e d a d
y políticas: ¿Cómo se articulan las presiones extractivistas con los proyectos
históricos de los pueblos indígenas?; ¿Será que el gas viabiliza nuevas sobe-
ranías que rompen los esquemas del colonialismo? O ¿El caso Parapetí fue
solamente una táctica para consolidar la hegemonía estatal y entablar un
intercambio desigual entre el Estado y el pueblo Guaraní, para luego dar
paso a una situación donde el gas es el soberano absoluto?
El sexto artículo de John McNeish analiza las dinámicas políticas alre-
dedor de los recursos naturales en el Departamento de Tarija y argumenta
que estos proveen señales importantes sobre los vínculos existentes entre
las políticas de autonomía y las políticas de recursos dentro de la región. El
estudio etnográfico de las protestas y bloqueos durante 2009 resalta aspectos
importantes e ignorados sobre las dinámicas alrededor de los recursos en
Tarija, los cuales sirven para una reflexión más amplia sobre las políticas de
los recursos naturales. El autor argumenta que las protestas no son sola-
mente motivadas por una racionalidad económica orientada a aumentar los
ingresos y los estándares materiales. Además del deseo de adquirir más, las
protestas se fundan sobre identidades regionales y sociales y se alimentan
de sentidos cambiantes y disputados de soberanía. El trabajo concluye que
para encontrar soluciones a largo plazo para los conflictos en torno a los
recursos, es necesario considerar las ideas contrastantes sobre soberanía
que están asociadas a los recursos naturales.
El séptimo artículo de Leila Mokrani y Mauricio Medinaceli realiza una
evaluación de dos instrumentos de protección social en actual aplicación
–el Bono Dignidad y el Bono Juancito Pinto– los cuales constituyen instru-
mentos de transferencia monetaria directa que son financiados a través de
la renta generada por la explotación de hidrocarburos. El artículo propone
dos preguntas: ¿Estas contribuciones incorporan en su estructuración me-
canismos idóneos para llegar a la población objetivo y para la consecución
de resultados que se esperan de su aplicación?, y ¿Cuál es el impacto sobre
la distribución del ingreso y la pobreza, de este tipo de bonos, tomando en
cuenta que su financiamiento depende, casi directamente, de los precios del
petróleo? El estudio concluye que las familias más pobres incorporan una
cantidad más que proporcional del monto total del Bono Juancito Pinto
mientras la progresividad es más moderada en el caso del Bono Dignidad.
umbr a l e s
14
También se ha evidenciado que la entrega del Bono Juancito Pinto incre-
menta la probabilidad de asistencia de los niños(as) a la unidad educativa,
paralelamente a la importancia de otras variables socio-económicas. El
estudio recomienda el perfeccionamiento de los mecanismos de transfe-
rencia como la evaluación de los criterios de focalización, la determinación
de los montos de transferencia para la permanencia escolar, la reducción
del trabajo infantil y la inclusión de parámetros específicos para el control
de condicionamientos.
En la sesión de aportes de la Revista, se publican estudios comparativos
de experiencias internacionales de países exportadores de petróleo y gas.
Los artículos discuten las trayectorias diversas de desarrollo, los diferentes
roles que juegan los Estados nacionales, las iniciativas de los actores eco-
nómicos y sociales en la construcción de institucionalidades para la gestión
de los recursos naturales y los desafíos futuros que imponen la industria
hidrocarburífera en los procesos de integración global.
El artículo de Andrew Cumbers investiga, comparativamente, la re-
lación entre la gestión de la industria petrolera en el Mar del Norte y las
trayectorias de desarrollo recorridas por el Reino Unido y Noruega. El
estudio muestra que, en ambos países, el Estado ha cumplido roles activos,
aunque diferentes, en el desarrollo de sus respectivas industrias petroleras:
mientras el Reino Unido siguió un camino más orientado al libre mercado,
en el cual el Estado articuló un ambiente más favorable a las empresas y
corporaciones multinacionales, la vía noruega ha favorecido el desarrollo
de su naciente industria petrolera con medidas que condujeron a una mayor
diversificación productiva y la descentralización regional de la industria.
Además de la tipificación de los dos modelos de intervención estatal y sus
resultados en términos de desarrollo, el artículo explica cómo las dife-
rentes estrategias estatales reflejan los equilibrios diversos de relaciones
de poder entre intereses en competencia que conforman los dos Estados
nacionales.
El artículo de Anthony Bebbington realiza un análisis comparativo de
las políticas recientes de expansión de las industrias extractivas de tres países
andinos: Perú, Ecuador y Bolivia. Muestra que, no obstante las diferencias
entre los proyectos políticos de los gobiernos actuales, sus políticas frente al
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in t r o d u c c i ó n: h i d r o c a r b u ro s , po lítica y soc i e d a d
sector extractivo revelan convergencias. En todos ellos, el sector extractivo
genera los recursos necesarios para financiar políticas sociales y de reducción
de la pobreza; ha habido crecientes niveles de descontento frente a la expan-
sión extractiva; y, en las respuestas gubernamentales, los intereses nacionales
priman sobre los intereses locales. Bebbington analiza la tendencia común en
los tres países hacia discursos gubernamentales que deslegitiman los actores
locales y organizaciones de la sociedad civil que cuestionan la expansión del
sector extractivo. Discute además que, pese a las diferencias propuestas re-
lacionadas a la propiedad de la industria extractiva (más estatista en Bolivia
y Ecuador y más privada en Perú), las implicaciones ambientales y sociales
de la extracción son mucho menos variables. Advierte que los gobiernos de
Bolivia y Ecuador están igualmente predispuestos a permitir la expansión
de sus actividades extractivas en zonas de ecología frágil y protegida y a
vulnerar los derechos de los pueblos indígenas que residen en los territorios
de industrias extractivas a una consulta libre e informada y mucho menos su
consentimiento completo. El artículo pone sobre la mesa los peligros de la
expansión extractiva para la consolidación democrática y los desafíos futuros
en términos de construcción de institucionalidad para la regulación ambiental
y el respeto de los derechos de las poblaciones locales.
El artículo de Anna Zalik analiza los conflictos por la extracción de
petróleo en dos campos petroleros –las arenas bituminosas de Alberta en
Canadá y el Delta de Niger en Nigeria–. Más específicamente propone una
lectura sobre los programas de asuntos públicos de las empresas petroleras,
también conocidos como la “licencia social para operar”, como una ex-
tensión de los procesos de gobernanza social industrial y autorregulación
corporativa. El texto explora las estrategias de mediación entre la industria
petrolera y las comunidades en dos campos petroleros que, por su carácter de
enclave territorial y aislamiento de los grandes centros urbanos, configuran
disputas socio-territoriales claramente “localizadas”, pero con resonancia
globalizada. En este sentido, discute la globalización de las estrategias de
gobernanza de la industria del petróleo y gas, por un lado, y las estrategias
de resistencia popular al capitalismo extractivo, por el otro.
En los últimos años, la reflexión nacional sobre la gestión del gas natural
generó una importante colección de publicaciones que viene alimentando
umbr a l e s
16
el debate público nacional. El presente número de la Revista umbrales
publica dos reseñas de libros recientes: El pensamiento boliviano sobre los
recursos naturales de Fernando Molina, a cargo de Henry Oporto y, Gas y
política. Una geopolítica explosiva de Carlos Miranda Pacheco y Javier Aliaga
Lordeman, a cargo de Carlos Toranzo.
A propósito de la lectura del libro de Fernando Molina, Oporto re-
flexiona sobre el momento político actual que, según el autor, confirma la
vigencia del “mito del eterno retorno” en la historia boliviana: la vuelta
recurrente de la idealización del pasado, la tradición política revolucionaria
y la estadolatría. El libro de Molina plantea la tesis de la existencia de otro
mito constitutivo de la sociedad boliviana: la fetichización de los recursos
naturales y la dimensión sobrenatural que estos adquieren en el imaginario
social y que hace que sean objeto de adoración colectiva. El libro aborda las
raíces simbólicas del nacionalismo rentista en Bolivia e ilumina las razones
del masivo apoyo popular a la política de nacionalización del gobierno de
Evo Morales.
El libro de Carlos Miranda y Javier Aliaga, reúne dos artículos: el
primero analiza las relaciones del gas y la política y el gas como partero
de una geopolítica explosiva; el segundo trabaja la relación entre Estado
rentista, desarrollo económico y régimen político. En relación al primer
artículo, Toranzo nos invita a leer la fascinante historia política-energética
que desarrolla uno de los más importantes especialistas del tema en Bolivia.
En medio de la amplitud y profundidad del análisis internacional y nacional
de la política energética, Miranda reconstruye los procesos políticos que
resultaron en la apertura de los mercados de Argentina y Brasil para Bolivia
y, posteriormente, la pérdida de la oportunidad de concretizar el proyecto
de conversión de Bolivia en el centro energético de la región. El segundo
artículo de Aliaga, analiza la política de los años del boom, antes y después
de la elección de Morales, y puntualiza cómo en esta última fase resurgie-
ron las prácticas políticas rentistas, clientelares y corporativas. Ubica muy
bien al Impuesto Directo sobre los Hidrocarburos como renta asignada y
como terreno práctico de lucha por las rentas y no de la discusión sobre la
industrialización del país o de la modernización del sector hidrocarburos.
El autor abre la discusión sobre cómo gobiernos basados en excedentes
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in t r o d u c c i ó n: h i d r o c a r b u ro s , po lítica y soc i e d a d
gasíferos pueden tornarse autoritarios y tener dificultad para hallar solu-
ciones concertadas con grupos opositores, no sólo en la distribución de la
renta, sino en otras áreas políticas.
El conjunto de los artículos reunidos en la presente publicación,
propone importantes cuestiones para la agenda futura de investigación y
del debate público. Reafirma que la gestión de los hidrocarburos está en
el centro de los desafíos que enfrenta la construcción del nuevo modelo
de desarrollo en Bolivia y de políticas coherentes que conduzcan al cum-
plimiento de las expectativas de crecimiento sostenible de la riqueza, el
incremento sustantivo del bienestar social (a través de la erradicación de
la pobreza y de la distribución equitativa de recursos y oportunidades), en
un marco democrático e intercultural de convivencia social y responsable
con la naturaleza.
También nos dejan el mensaje de que el nuevo desafío del proceso de
cambio es la construcción de institucionalidades sociales y políticas que
posibiliten el debate público plural, informado y libre y la emergencia de
nuevas prácticas de negociación con el destierro de los mecanismos de
cooptación y corrupción. Reclaman la consideración seria y pragmática,
por parte de las autoridades e instancias responsables de la formulación e
implementación de las políticas públicas, de los diversos modelos de desa-
rrollo y de administración territorial que se están gestando en diferentes
espacios de la sociedad civil.
Lo que está en cuestión es la profundización democrática y el tránsito
hacia acuerdos colectivos relativamente estables, los cuales dependen de
innovaciones institucionales con capacidad de gestionar (y no suprimir) las
tensiones y disputas entre agendas, intereses y perspectivas y conducir las
discusiones y negociaciones hacia la consolidación de nociones y principios
colectivos que transformen nuestra cultura política rentista, prebendal y
clientelar. Este cuerpo de estudios nos invita a asumir, con humildad y ur-
gencia, el hecho de que mucho queda por hacer en la pavimentación de los
caminos hacia la superación de la “maldición de los recursos naturales”.
umbr a l e s
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21
Tema central:
Bolivia
Tema central
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Reformas de última década en el sector
de hidrocarburos en Bolivia: esquemas
de apropiación y reproducción de la renta
Leila Mokrani*
* Economista, graduada en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Cursó una
maestría en Gestión Pública y programas de postgrado internacional en gestión económica
en el sector de hidrocarburos. Docente-investigadora del c i d e s -u m s a . Este trabajo fue
producido en el marco del Proyecto “Sociedades Inflamables: el caso boliviano”, llevado a
cabo por el cid e s -u m s a , en convenio con la Universidad de Bergen, Noruega.
Resumen
El repaso de las reformas en materia de política hidrocarburífera en Bolivia, durante la última
década, evidencian una permanente situación de cambio en la reglas de gestión sectorial, que con la
reciente promulgación de la nueva Constitución Política del Estado –en enero de 2009 – quedan
aún en proceso de clarificación y configuración.
Este esquema de reformas, se sustenta en sistemas de gestión opuestos: el primero, en 1996, de
claras bases liberales, que fue seguido a partir del año 2005 por un proceso de cambios en la orien-
tación política que derivó, finalmente, en un modelo de gestión estatal.
En este contexto, este trabajo destacará los elementos que han caracterizado este proceso, a objeto
de lograr una compresión de las bases que lo sustentan, así como de los impactos en la estructura de
funcionamiento sectorial y las políticas de inversión necesarias para el desarrollo de esta actividad
productiva. Particularmente, se abordará la temática relacionada con la generación de Renta y
los mecanismos definidos a nivel de políticas para su reproducción.
umbr a l e s
24
Abstract
The overview of the reforms concerning hydrocarbon policies in Bolivia during the last dacade
reveals a permanent situation of change, in reference to the rules in management sectors. These
still remain in the process of clarification and configuration within the new Constitution which
was promulgated in January 2009.
This scheme of reforms is based on opposite administration systems: the first one in 1996 had clear
liberal foundations, and it was followed by a reform process in 2005, that finally lead to a model
of state administration.
Within this framework, this paper will underline the elements which have characterized this pro-
cess, with the aim of comprehending the bases that support it. The impact results in the functio-
ning structure of sectors and the necessary investment policies for the development of productive
activities, will also be considered. There will be a particular emphasis to issues concerning rent
generation, as well as the defined policy mechanisms.
Introducción
Si algo caracteriza la entrada al Siglo xx i es la crisis de paradigmas y la pro-
fundización de un debate centrado en la puesta en cuestión de los modelos
de desarrollo que inspiraron las políticas públicas en el siglo pasado. En
definitiva, el discurso actual en sus diferentes esferas, no deja de destacar la
gran limitación de la aplicación histórica de fórmulas basadas en las teorías
tradicionales del desarrollo, como respuesta unívoca hacia la solución de
los problemas estructurales de la región.
Las teorías tradicionales se han manifestado en Latinoamérica en un
proceso de definición de políticas, reformas y contrarreformas sustentadas
en posiciones antagónicas respecto al rol del Estado y el mercado. Serán, en
este contexto, el estatismo, Estado de bienestar, liberalismo o neoliberalis-
mo, según el momento histórico y la tendencia de la política internacional,
las que determinen las recetas para trazar el camino al desarrollo y como
fin último al “bien común”.
En este contexto, los modelos de industrialización de los años 50´s y de
Estado empresario en auge en los 70´s, se agotaron por su insostenibilidad
económica, acompañados de una crisis marcada por altos niveles de inflación,
déficit en las finanzas públicas, bancarrota de las empresas estatales y altos
25
refo r m a s d e ú l t i m a d é c a d a
niveles de deuda. Por otro lado, el modelo de corte liberal basado en la apertu-
ra de mercado y la privatización del sector productivo, que fuera aplicado en la
región a partir de los 80´s, como respuesta a esta crisis económica –si bien logró
resolver el comportamiento de la variables macroeconómicas– no se tradujo
en la superación de los problemas de pobreza, empleo e ingreso personal y
dejó en evidencia la poca legitimidad social de las políticas de privatización
de sectores estratégicos, en los países donde éstas fueron ejecutadas.
Nos encontramos hoy por hoy ante un escenario en proceso de confi-
guración sin modelos preconcebidos, que si bien no necesariamente invalida
los postulados de las teorías antes referidas, las reconoce como incompletas
o parciales. Este nuevo escenario exige una redefinición de políticas acorde
con las realidades concretas y, con las nuevas características y dinámica de
la economía y relaciones internacionales.
La lección que nos deja este proceso histórico parece ser clara: toda
definición de políticas públicas –para ser sostenible– deberá demostrar facti-
bilidad social, política y económica y, además, ofrecer condiciones objetivas
de convivencia, fruto de un debate discernido, que incluya a la colectividad,
y de una amplia amalgama de consensos públicos.
Ahora bien, el presente documento pretende referirse al caso boliviano,
específicamente a las reformas estructurales implantadas en la última década
en el sector hidrocarburífero, donde el preámbulo de acontecimientos antes
anotado adquiere gran significancia y resulta ilustrativo.
El sector de los hidrocarburos en Bolivia, en la última década, ha sido
objeto de dos grandes reformas estructurales sustentadas en lineamientos
extremos de política: en 1996, el denominado proceso de reforma estructural
del sector, sienta sus bases en una agresiva política de atracción de inver-
siones de corte liberal que –10 años después– será reformulada a partir de
principios centrados en una gestión estatal de toda la cadena sectorial. Esta
última reforma, que inicia en el año 2005 con la promulgación de una nueva
Ley de Hidrocarburos, a la fecha no ha acabado de configurarse habiendo
sido sometida, en corto tiempo, a dos procesos de “profundización” o ajuste,
el primero con el D.S. de Nacionalización en mayo de 2006 y, el segundo
con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, mediante
referéndum, en enero de 2009.
umbr a l e s
26
En este ámbito, este trabajo destacará los elementos que han caracte-
rizado este proceso, a objeto de lograr una compresión de las bases que lo
sustentan, así como de los impactos de estas reformas tanto en la estructura
de funcionamiento sectorial, como en las políticas de inversión necesarias
para el desarrollo de esta actividad productiva. Particularmente, se abordará
la temática referida a los aspectos económicos de dicho proceso, y relacionada
con la generación de Renta y los mecanismos definidos a nivel de políticas
para su reproducción.
Se busca, ilustrar cuáles han sido los logros y debilidades de los mo-
delos aplicados y, las bases del debate que ha precedido la última reforma
en Bolivia. No se pretende un examen de los posibles resultados de esta
reforma, que aún parece estar en proceso de gestación, sino más bien brindar
datos que permitan al lector extraer conclusiones propias sobre su verda-
dero alcance, y responderse si con ésta se ha logrado una vía o un modelo
boliviano hecho a la medida de sus necesidades y de la realidad sectorial,
tanto interna como internacional.1
1. Consideraciones Iniciales: Caracterización
de la Industria del gas en Bolivia y la Configuración
de un Nuevo Escenario Energético
Bolivia, en lo que hace a la actividad hidrocarburífera, es un país eminen-
temente gasífero, con una participación de este energético en su matriz
productiva de alrededor del 84%, estando el resto de la oferta compuesta
básicamente de condensado y licuables asociados a su producción.
En la década de los años setenta, la industria del Gas Natural comenzó
a perfilarse en Bolivia como una actividad económica dinámica, con grandes
2 Se aclara que el alcance de este trabajo no incluye la dimensión ambiental, elemento central
que debe ser incorporado de manera transversal en toda política pública, y con especial
énfasis en el ámbito de actividades extractivas, a objeto de procurar un desarrollo sostenible
de actividad. En consecuencia la evaluación se restringe a las condiciones objetivas reque-
ridas para el desarrollo de la actividad productiva, y a una aproximación a los elementos
de legitimación social que, conforme al debate que precedió la última reforma sectorial, se
hacía imperante resolver.
27
refo r m a s d e ú l t i m a d é c a d a
perspectivas de constituirse en importante generadora de ingresos fiscales
y, en consecuencia, de atenuar el debilitamiento de las finanzas públicas
resultantes de la caída de la producción de minerales y el proceso de decli-
nación de los principales reservorios petroleros del país. Con el inicio de
las exportaciones de gas natural por parte de ypfb a la República Argen-
tina en mayo de 1972 –que habrían de mantenerse durante 27 años a un
nivel promedio de 6m m m3/d– inició también un nuevo ciclo económico
marcado por un mayor peso relativo de los ingresos por comercialización
del gas natural y de los líquidos asociados a su producción, en la estructura
económica del país.
Considerando la escasa posibilidad de ampliación de este acuerdo de
compra-venta, dado que la República Argentina logró consolidarse en ese
período como país productor y exportador de gas natural, y siguiendo una
política de fomento de este sector, el Estado boliviano realizó largas gestio-
nes diplomáticas y comerciales con la Republica Federativa de Brasil. Estas
negociaciones dieron como resultado el segundo y más importante ciclo de
exportación de gas natural del país, que se traduciría en un incremento en
5 veces de su oferta exportable.
De esta manera, a pesar que existir voces opositoras a este proyecto
–como es natural en todo emprendimiento que involucre recursos estra-
tégicos– y de no contar aún con las reservas requeridas para garantizar la
cantidad total comprometida, en 1999 casi de manera simultánea al cierre
de la ventas de la primera fase, inició el flujo de gas natural en el marco del
Contrato de Compra–Venta suscrito entre y p fb y Petrobras.
La escala e importancia estratégica de este acuerdo de compra-venta junto
a la reforma en la política sectorial inaugurada en 1996, a la que nos referi-
remos en adelante, se constituyeron en incentivo central para materializar
un flujo importante de inversiones foráneas en la actividad exploratoria y de
explotación hidrocarburífera. El resultado más destacado de este esquema es
el haber logrado el posicionamiento de Bolivia, según certificación de reservas
al 2005,3 como el país como mayores reservas de gas libre en Centro y Sud
América, y el segundo después de Venezuela en gas natural. Así, Bolivia logra
en ese año la certificación de reservas probadas y probables de 48,7 tcf ´s,
mayores en más del 700% a las registradas en 1997.
umbr a l e s
28
Los acontecimientos referidos dieron paso a un nuevo hito en la historia
sectorial, inaugurando la denominada “era de gas en Bolivia”, y en paralelo,
una fase caracterizada por una mayor dependencia de la economía nacional
en la actividad extractiva y la comercialización de este recurso no renovable.
El notable crecimiento de la participación de este combustible en la estruc-
tura de exportaciones, puede reflejarse en el siguiente gráfico:4
3 Últimas estimaciones oficiales, efectuadas por una empresa certificadora internacional,
DeGolyer & Mac Naugthon.
4 Fuente CBH, con base a información del INE y el BCB.
A efecto de establecer órdenes de magnitud respecto al creciente di-
namismo que adquiere esta industria, es importante referirse a los niveles
históricos de volúmenes de exportación de gas natural. Estos datos se
ilustran –para el período comprendido entre 1972 al 2005– en el siguiente
gráfico:
Exportaciones: participación por categoria
%
50.0%
60.0%
45.8% 47.8%
30.1%
35.2%
18.6% 16.2%
5.7%
1999 200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
Hidrocarburos
Minerales
No tradicionales
Otros
0.0%
29
refo r m a s d e ú l t i m a d é c a d a
Siguiendo la cronología de eventos en el ámbito comercial, debe des-
tacarse que Bolivia representada por ypfb , suscribió a finales de 2006 un
importante contrato para el suministro de gas a la República Argentina,
con volúmenes incrementales que parten de 7.7 m m m3/d a partir del
2007 llegando 27.7 m m m3/d del 2011 al 2026. Este contrato entre ypfb y
enarsa –empresa petrolera estatal de la Argentina– que prometía inaugu-
rar un tercer ciclo exportador en la historia nacional, enfrenta en nuestros
días problemas de implementación que han impedido el cumplimiento
del suministro y recepción de las cantidades comprometidas. Si bien la
viabilidad de este contrato depende por una parte de la canalización de
flujos de inversión en la República Argentina, para la construcción de un
gasoducto (g n e a ) –desde la frontera con Bolivia hacia las regiones Noreste
y Litoral– está, por otra parte, también condicionada a la reactivación de la
capacidad productiva de Bolivia.
En este entendido, actualmente, la capacidad de producción de gas
natural en Bolivia se sitúa alrededor de 43 m m mc/d, nivel alcanzado en
2005, colocando en los últimos años a nuestro país en posición deficitaria
con relación a su demanda total contratada, como puede apreciarse en los
siguientes indicadores.
Exportaciones: de gas natural
volumen
30,00
MMm3/día
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Primer ciclo exportador
Argentina Brasil
Inicio
del 2do ciclo
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
Nota: El mercado a la Argentina posterior a 1999, se da bajo contratos temporarios. El mercado a Brasil incluye desde
2002, volumenes de venta a Cuiabá y BG Comgas, de alrededor de 2 MMm3d
Elaboración propia, con base a datos de yp f b
umbr a l e s
30
Lo que resulta importante de destacar es que este desfavorable escenario
en términos productivos coincide con el proceso de reformas sectoriales
iniciadas en 2005, las mismas que en contrapartida y como resultado del
cambio en la política tributaria –a la que nos referiremos en adelante– re-
sultan en niveles sin precedentes de recaudación por gravámenes directos a
la producción. Así, las recaudaciones por regalías y participaciones durante
la vigencia de la Ley 1689 (1996 a mayo de 2005) llegaron a su punto más
alto en 2004 situándose en alrededor de 290 m m $us; mientras que en la
gestión 2007 estos conceptos sumados a la nueva carga directa del i d h ,
permitieron una captación fiscal de alrededor de 1,180 m m $us.5
El desequilibrio antes referido, se convierte en un objeto de estudio
fundamental toda vez que podría ser indicador de que a nivel de política
pública no se ha logrado una fórmula que equilibre una óptima captación de
la renta económica por parte del Estado y niveles de incentivos razonables
a la inversión, que de acuerdo a las especificidades de la industria hidroca-
burífera se caracteriza por ser cuantiosa en sus requerimientos financieros
y de alto riesgo.
5 Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía, y Servicios de Impuestos Nacionales.
Elaboración propia, datos fuente yp f b
Demanda de Gas de exportación atendida
y oferta exportable al 2008
Brasil Argentina
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
MMm3/día
Demanda contratada y opción adicional interrumpible al 2008
Demanda contratada en firme 2007-8
Oferta exportable 2007-2008
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
31
refo r m a s d e ú l t i m a d é c a d a
En esta línea, a través de los ejes temáticos que se abordarán en los
siguientes puntos de este trabajo, se pretende justamente una aproximación
a las fallas de política que se encuentran al origen de este problema. La
esquematización de los puntos críticos de los modelos que fueron aplica-
dos en el país durante la última década –que se ponen a consideración del
lector– buscan por otra parte destacar cuales son los desafíos que enfrenta
el país en aras de permitir la generación sostenida del excedente, en la que
se apoyan la políticas redistributivas en actual aplicación.
2. La Reforma Estructural de 1996
El proyecto de exportación de gas natural a la República Federativa del
Brasil, que como antes se anotó requería de importantes inversiones al
momento de su implementación, fue auspiciado mediante la estructura-
ción de una reforma sectorial plasmada en la promulgación de la Ley de
Hidrocarburos 1689 de abril de 1996, que se caracterizaba por importantes
incentivos fiscales a la inversión extranjera directa y por una orientación
liberal en lo que a política de comercialización se refiere.
En este entendido, la reforma de 1996 logró su principal cometido:
la consolidación de importantes flujos de inversión privada internacional,
tanto a nivel de las actividades exploratorias y de explotación como para
la construcción del gasoducto “Gasbol”, que interconecta con el ducto de
transporte del lado brasileño hacia el mercado de Sao Paulo. Así, la inversión
sectorial alcanzó una cifra de alrededor de $us. 4,100 m m desde la imple-
mentación de la Ley citada al 2005, habiéndose logrado un cifra record de
aporte de capital en 1999, con $us. 1,060 m m en los rubros referidos.6
En términos de resultados de indicadores de gestión sectorial, esta reforma
tuvo como uno de sus mayores aciertos el haber permitido un incremento es-
pectacular y sin precedentes históricos de las reservas probadas de gas natural y
–como ya fuera antes anotado– el posicionamiento de Bolivia como el país con
6 Fuente: CBH
umbr a l e s
32
mayores reservas de este energético* en Centro y Sud América. Este hallazgo
impactó en la visión sectorial y dio nuevos elementos de aliento sobre posibili-
dades efectivas del país en materia energética: no sólo era un indicador de que
el país contaba con los volúmenes del gas natural necesarios para atender el
compromiso asumido con Brasil, sino que paralelamente abría la posibilidad y
el desafío para Bolivia de consolidarse como centro energético del cono sur.
Ahora bien, al tiempo que crecían las expectativas respecto al aporte del
sector en la estructura productiva y la generación de ingresos, aumentaba
también el sentimiento colectivo de que este espectacular crecimiento fue
posibilitado a costa de un alto costo fiscal para el país, repitiendo nuevamente
la tendencia histórica del no aprovechamiento de recursos estratégicos en
beneficio de la sociedad.
Este tema será abordado en el acápite siguiente, por el momento cen-
trémonos en las características de esta reforma, a efecto de comprender
cuáles son los elementos que le han restado legitimidad.
Bases principistas del modelo
La Reforma de 1996 estructuró las reglas de funcionamiento de las activi-
dades de exploración y explotación de hidrocarburos, a partir de un modelo
contractual típicamente concesionario.7 Este modelo tenía bases concep-
tuales en los principios de liberalismo económico, que dan responsabilidad
plena de la actividad a la iniciativa privada; a cambio, el Estado percibiría
una “contraprestación” por el derecho de explotar un recurso no renovable
–Regalía– y el pago de impuestos generales de Ley.
* Reservas de gas no asociado
7 Las modalidades contractuales, de acuerdo a la teoría y práctica internacional de la industria,
responden –en lo que a su naturaleza se refiere– a tres posibles categorías: tipo 1) Contratos
tipo R/T (Royaly/Taxes o Concesionarios), 2) Contratos de Producción Compartida (psc,
por sus siglas en inglés) o 3) Contratos de Servicios. Cabe destacar, sin embargo, que los
resultados económicos de una estructuración fiscal determinada, no están a priori asociados
a un tipo de modelo de contrato; estos modelos se diferencian entre sí, fundamentalmente,
por el régimen de propiedad y las formas de participación que puedan establecerse para
los actores privados. Para mayores detalles, referirse a Johnston Daniel, en “Internacional
Exploration Economics, Risk, and Contract Analysis”
33
refo r m a s d e ú l t i m a d é c a d a
Si se siguen lineamientos analíticos de aplicación internacional para la
evaluación de políticas de estructuración sectorial,8 puede establecerse que,
en términos de estratégicos, el modelo plasmado en la Ley 1689 de 1996,
tiene las siguientes características:
a) Con relación al Régimen de Propiedad.-
Si bien, por una parte y atendiendo un precepto constitucional, el artículo
1ero de la Ley determinaba que
“… los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren
o la forma en que se presenten son de dominio directo, inalienable e imprescriptible
del Estado” y que “…ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de
los yacimientos de Hidrocarburos…”, por otra parte se aclaraba que :“...El Derecho
de explorar y explotar los campos de hidrocarburos y de comercializar sus productos
se ejerce por el Estado a través de y p f b . Esta empresa pública, para la exploración,
explotación y comercialización de hidrocarburos, celebrará necesariamente con-
tratos de riesgo compartido, por tiempo limitado, con personas individuales
o colectivas, nacionales o extranjeras, según disposiciones de la presente Ley”.
Esta disposición legal fue refrendada en Contratos de Riesgo Compar-
tido, que dan a la iniciativa privada la plena responsabilidad en la operativa
del campo y en el riesgo inherente a la exploración y explotación de los yaci-
mientos, al tiempo que le otorga como “Titular” del contrato “…el derecho
8 Para evaluar toda política en materia de explotación hidrocarburífera, es necesario centrarse
cuando menos en tres dimensiones: 1) Régimen de Propiedad: determina cuál es la parti-
cipación del Estado en la gestión y toma de decisiones en la operativa del emprendimiento
y la comercialización del recurso hidrocarburífero; este tópico es de gran sensibilidad ya
que tiende a asociarse a nivel político con principios de soberanía 2) Régimen Económico
y Fiscal: determina el nivel efectivo de distribución de la Renta Económica entre el propie-
tario del recurso, el Estado, y el inversor del capital; este elemento es central ya que debe
permitir un equilibrio sostenido que garantice equidad a ambos participantes. 3) Régimen
de Regulación, Fiscalización e Institucional: determina las características de estructuración
sectorial, tales como niveles de integración, mecanismos de control y regulación, así como
otras disposiciones relativas a reglas referidas a determinaciones de precios internos y po-
líticas de abastecimiento prioritario.
umbr a l e s
34
de propiedad de la producción de hidrocarburos que obtenga y la disposición
de la misma conforme a las previsiones de la Ley de Hidrocarburos”.
El ejercicio de la propiedad y la disposición de la producción obtenida
por parte de la empresa privada sujeta a la concesión del campo hidrocar-
burífero, al que se refiere el contrato, quedó expresamente establecida en
los artículos 24 y 5 de la Ley que resumen, a nivel conceptual, el espíritu
liberal del modelo:
“..Es libre la importación, exportación y la comercialización interna de los hidrocarburos y
sus productos derivados, sujetas a las disposiciones de la presente Ley” (Art. 5) y “Quienes
celebren Contratos de Riesgo Compartido…adquieren el derecho de prospectar, explotar,
extraer, transportar y comercializar la producción obtenida…” (art. 24).
Estas reglas de libre mercado tenían como única salvaguarda de abas-
tecimiento la disposición contenida en la parte final del artículo 24 que a
la letra establecía que “… Se exceptúa de la libre comercialización de los mismos
los volúmenes requeridos para satisfacer el consumo interno de gas natural y para
cumplir con los contratos de exportación pactados por y p f b con anterioridad a la
vigencia de la presente Ley. Estos volúmenes serán establecidos periódicamente por
la Superintendencia de Hidrocarburos...”.
b) Con relación al Régimen Fiscal.-
Con anterioridad a la reforma, la Ley 1194 determinaba para los contratos
de operación o asociación, un sistema regalitario o de participación sobre
la producción del 32% – de los cuales 11% era destinado como regalía en
favor del departamento productor, 1% en beneficio de los departamentos
de Beni y Pando (en calidad de Regalía Compensatoria) y 19 % al erario
nacional (impuesto directo) –además de una participación contractual sobre
la producción, variable, para ypfb.9
9 Esta participación contractual era en promedio de 19%. Formalmente aplicaba también un
impuesto sobre utilidades del 40%, sin embargo al ser las regalías y la participación nacional del
19% acreditables contra este impuesto, éste se constituida en una ficción tributaria (no paga).
Referirse a mayores detalles de este régimen tributario, en Medinaceli (2007), pág. 27.
35
refo r m a s d e ú l t i m a d é c a d a
El paquete de reformas para la atracción de inversiones, contenida en
la ley 1689 instauró un nuevo régimen regalitario y tributario, diferenciado
para la producción de yacimientos descubiertos con anterioridad a esta Ley
(Hidrocarburos Existentes)10 y la obtenida de nuevos hallazgos a partir de
su promulgación (Hidrocarburos Nuevos), siendo estos últimos sujetos a
un incentivo traducido en una menor carga tributaria “ciega”.11
El valor de la producción sujeta a pago de regalías y participaciones, era
determinado aplicando, a la producción fiscalizada, una canasta de cotiza-
ciones internacionales para el petróleo con destino al mercado doméstico,
el precio real de venta de la empresa para el Mercado Externo de petróleo y
los precios promedio ponderados de venta de gas natural al mercado interno
y externo, respectivamente, para este energético y para el g l p ; precios que
eran determinados en punto de fiscalización, a través de la deducción de las
tarifas de transporte incurridas desde el campo hasta los puntos de venta,
y que podían ser rechazados en caso de no reflejar condiciones vigentes y
razonables de mercado.
El esquema de cargas “ciegas” y de impuestos generales de ley vigentes
con esta Ley y al que estaban obligadas las empresas operadoras de campos
hidrocarburíferos, se muestra en el siguiente cuadro:
10 Definición legal de los Hidrocarburos Existentes: “los hidrocarburos correspondientes a
las reservas probadas de los reservorios que estén en producción a la fecha de la vigencia
de la presente Ley y certificadas al 30 de abril de 1996 por empresas especializadas en base
a normas generalmente aceptadas en la industria petrolera”.
11 El término carga o impuesto “ciego”, es utilizado en la teoría de regímenes petroleros para
referirse a toda participación tributaria fija que no está en función de la utilidad o económica
del campo, y que generalmente tiene como hecho imponible la producción.
umbr a l e s
36
I. Sistema de recargas directas o “ciegas”
Regalías
y participaciones Objeto de pago Tipo de hidrocarburo
Nuevo Existente
Regalía departamental Producción fiscalizada
departamental
11% 11%
Regalía Nal. compen-
satoria
Producción fiscalizada
nacional
1% 1%
Reparticipación YPFB-
TGN
Producción fiscalizada
nacional
6%*** 6%
Regalía Nal. Comple-
mentaria
Producción fiscalizada
de reservorios clasifi-
cados como existentes
NA 13%
Particiapación nacional
al TGN
Producción fiscalizada
de reservorios clasifi-
cados como existentes
NA 19% (Capitalizadas
Y X% (Converti-
das)****
Total 18% -50%
III Sistema Impositivo
IUE Utilidades 25% NA
(Sistema de
acreditación)
IUE-BE (Trans. Al. Ext.) Utilidades remesadas 12.5%
IVA* Ventas internas 13% 13%
IT Transac. Internas 3% 3%
Surtax Utilidades Extraord. 25% 25%
* IVA 13% Nominal (14,9 Tasa Efectiva)
Beneficiario
Departamento Productor
Cochabamba
Santa Cruz
Chuquisaca
Tarija
Departamento
de Beni y Pando
Beni (2/3 de
Pando (2/3 de 1%)
YPFB - Tesoro General de la
Nación (TGN)
YPFB Hasta
presupuesto
TGN - Excedente
Tesoro General de la Nación (TGN)
Tesoro General de la Nación (TGN)
Tesoro General de la Nación
(TGN)
Coparticipación tributaria
20% Municipios
5% Universidad
II. Fondo de Compens.
Dptal.
}
}
}
Aplica para
financiación
37
refo r m a s d e ú l t i m a d é c a d a
Quedaba establecido a través de un sistema de acreditaciones, que la
tributación de los Hidrocarburos Existentes no excedería el 50%. Para
el caso de los Hidrocarburos Nuevos, el régimen regalitario del 18% fue
complementado por un sistema de impuestos generales que, como puede
apreciarse en el cuadro anterior, no sólo incluía una participación sobre
utilidades, sino también un impuesto adicional a las utilidades extraordina-
rias. Esta ingeniería fiscal, como veremos más adelante, fue criticada por su
complejidad, poco comprendida desde su dimensión teórica y cuestionada
bajo un supuesto de poca equidad, dejando en el imaginario social la premisa
de que la participación estatal estaba mermada a un 18% de la utilidades
del negocio hidrocarburífero.
c) Con relación a la Estructural Sectorial y el Régimen
de Regulación y Fiscalización.
La reforma de 1996 introdujo una agresiva reestructuración sectorial cuyo
objetivo fue eliminar la integración vertical que caracterizaba a la industria,
separando las unidades de negocio de Exploración y Producción, Transpor-
te por Ductos, Refinación y Distribución, y permitiendo la participación
privada para su operación.
Con la separación de las fases de negocio se buscaba establecer reglas
de actuación y de negocio transparentes y dar muestra de una voluntad
política de ordenamiento sectorial eficiente. Esta medida, a la vez, pretendía
desincentivar prácticas de distorsión de mercados por subsidios indirectos,
en las diferentes fases de la cadena, o el establecimiento de “precios” y
“transferencias” políticos; prácticas que habían marcado el accionar nacional
cuando ypfb tenía el monopolio de la actividad.
Este principio rector quedó reflejado en los siguientes artículos de
Ley:
“Las actividades petroleras se clasifican en: a) Exploración, b) Explotación, c) Co-
mercialización, d) Transporte, e) Refinación e industrialización y, f) Distribución
de gas por redes” (art. 9)…..” “Cualquier persona individual o colectiva, nacional
o extranjera puede realizar una o más de las actividades petroleras…con sujeción a
umbr a l e s
38
las normas establecidas en la presente Ley, el código de comercio y otras disposiciones
vigentes” (art. 10).
“Los concesionarios para el transporte de hidrocarburos por ductos no podrán bajo pena de
caducidad de su concesión: 1) Ser concesionarios ni participar en concesiones para la distribu-
ción de gas por redes, 2) Ser compradores o vendedores de gas natural, y 3) Ser concesionarios
ni participar en las actividades de generación de electricidad….” (art. 40).
Desde una perspectiva institucional, este modelo fue estructurado fi-
jando competencias reguladoras y de fiscalización, a una entidad autónoma
quien además actuaría como árbitro para la solución de recursos emitidos
ante posibles actos de vulneración normativa. Quedaba también establecida
la posibilidad de resolución de conflictos mediante arbitraje internacional,
bajo sujeción de la legislación boliviana.
El accionar sectorial, su regulación y fiscalización, quedaron enmarcadas
en las siguientes funciones y entidades competentes:
• Ministerio de Desarrollo Económico (Viceministerio de Energía e
Hidrocarburos).– cabeza de sector, director y supervisor de los planes
y políticas sectoriales.
• Superintendencia de Hidrocarburos.– (Ley Sirese No 1600) entidad
reguladora con autonomía de gestión, encargada entre otras funciones
de: a) otorgar concesiones y vigilar el cumplimiento de obligaciones y
derechos de los concesionarios, b) proteger los derechos de los consu-
midores; c) asegurar que las actividades cumplan con la disposiciones
antimonopólicas y de defensa a la competencia, definidas en la Ley
1600, y d) siendo la actividad de transporte por ductos un “monopo-
lio natural”, regular esta actividad y las tarifas aplicables en territorio
nacional, tanto para el mercado interno como de exportación.
• Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (ypfb ).– Administrador
de los Contratos de Riesgo Compartido, del Contrato de Exportación
a la República Federativa del Brasil suscrito entre esta empresa y Pe-
trobras, “agregador” de los volúmenes requeridos para cumplir éste
contrato, fiscalizador de la actividades de exploración y explotación y
responsable de la certificación de volúmenes producidos para efectos
de pago de las Regalías y Participaciones.
39
refo r m a s d e ú l t i m a d é c a d a
Como puede apreciarse, uno de los cambios fundamentales de la estruc-
tura institucional, fue la limitación del rol de ypfb , que de haber ejercido
–en representación del Estado– el control total de la cadena y la operación
directa de varias unidades de negocio, pasó a cumplir funciones netamente
referidas al control y administración de Contratos.
Así conforme al nuevo marco normativo, se determinaba que finalizado
el proceso de capitalización, ypfb tendría como objetivo la suscripción de
contratos de riesgo compartido y la administración de los mismos …así
como la administración de los contratos de exportación de gas natural
suscritos con la República Argentina (que se encontraba en etapa final) y
con la República Federativa del Brasil.
Esta medida tuvo gran impacto en la opinión pública, que la consideraba
como una limitación a la participación estatal en una actividad estratégica y
en la toma de decisiones, que deberían ser acordes a principios de geopolí-
tica y soberanía. Debe notarse, que a pesar de que la apertura a la inversión
extranjera directa fue, en este período, una constante a nivel internacional y
particularmente regional, países como Colombia y Brasil –aún cuando con
diferente énfasis– permitieron el fortalecimiento y la participación operativa
de sus empresas estatales en la industria, bajo principios de competencia.
3. Crisis del Modelo de 1996 y Características del Debate
3.1 Política Pública: Limitantes de diseño y desaciertos
en la concepción
Si bien la reactivación productiva y la garantía de abastecimiento interno de
carburantes12 plasmadas como el objetivo central del plan sectorial de ese
12 Aquí se hace referencia a los carburantes que por las características de los recursos hidrocar-
buríferos en el país pueden ser producidos internamente (gasolina natural y g l p , fundamen-
talmente). Siendo que el país produce crudo liviano, no cuenta con las posibilidades técnicas
que atender la totalidad de la demanda nacional de diesel, por lo tanto es estructuralmente
deficitario en este rubro.
umbr a l e s
40
período fue alcanzada, la propia aplicación del modelo mostró limitantes
para hacer frente a otros aspectos de política. Estos aspectos están referi-
dos a la política interna de precios y al diseño de los flujos de ingresos del
Estado. Recordemos que este modelo, fue promocionado generando altas
expectativas no sólo en lo que a contribución de sector en la economía
significaba, sino también como fuente generadora de empleos y de mejora
en la calidad de vida.
Refirámonos de forma breve a algunos aspectos centrales de política
no evaluados o contemplados en el diseño de esta reforma:
a) Política de precios.-
El principio de libre comercialización, establecido en Ley, suponía que el
propio mercado doméstico debía regirse por las cotizaciones internacionales
de los commodities. El sistema de fijación de precios incorporó, además,
mecanismos para la transferencia de impuestos que gravan las diferentes
fases de cadena hasta el mercado, al consumidor final.
Si bien en el caso del gas natural, insumo para la generación térmica, se
estableció un sistema de regulación por un período transitorio de 5 años, la
fijación de precios máximos al mercado interno estaba referenciada al precio
de exportación al Brasil, que a su vez incorpora cotizaciones internacionales
de óleo combustibles.
El caso de la comercialización del petróleo resultaba aún más delicado:
este hidrocarburo insumo para la obtención de gasolinas y gl p a través de
la refinación, estaba regido por precios de mercado que son establecidos
mediante métodos de paridad exportación. Esto implicaba, concretamente,
que el petróleo debía comprarse en el mercado interno a precios interna-
cionales.
Aún cuando este principio de reglas de mercado transparente son apli-
cados para dar seguridad a las inversiones, no se pactaron reglas razonables
más acordes a la realidad socioeconómica del país o de forma complemen-
taria instrumentos, tales como fondos de estabilización, que permitirían
un menor riesgo de exposición de la población a la fluctuación de precios,
muy característica del mercado hidrocarburífero.
41
refo r m a s d e ú l t i m a d é c a d a
Este aspecto resultó ser uno de los mayores problemas de política
que tuvieron que enfrentar los gobiernos de turno durante el período de
aplicación de la Ley 1689 y, sin duda, el que les restaba popularidad. Por
una parte, culturalmente la sociedad boliviana no estaba preparada para
adaptarse a constantes fluctuaciones del mercado de carburantes, y por
otra parte –desde la opinión pública– surgía como cuestionamiento el por
qué, un país productor y exportador de hidrocarburos debía someterse a
los vaivenes de precios internacionales.
El resultado fue la no sostenibilidad de este esquema, cuando menos,
si no va acompañado de una ingeniería de instrumentos complementarios.
Así, en 2004, mediante decretos supremos se modificó la política de comer-
cialización basada en principios de libre mercado, según Ley vigente. Estas
disposiciones determinaron un sistema de fijación de precios internos en
un techo de alrededor de 27 $us/Bbl para el petróleo, precios congelados
para el gas natural del orden de 0,98 $us/m p c , 1,30 $us/m p c y 1,70 $us /
m p c , para los sectores de distribución, termoeléctrico e industrial, respec-
tivamente, y un precio de 16, 91 $us/Bbl para el gl p .
Esta medida que fue adoptada como transitoria, a la fecha permanece
vigente, en un entorno de mercado que mostró fluctuaciones del precio del
petróleo de casi 150 $us/Bbl y que permitió precios de exportación del gas
boliviano del orden de 10 $us/m p c , en la gestión 2008.
Así, si bien por un principio de soberanía estatal es legítimo fijar sistemas
de subsidios o de mecanismos de estabilización, la política antes referida
implica hasta nuestros días un subsidio a los carburantes de consumo na-
cional, no directamente financiado desde las arcas del Tesoro General de
la Nación, sino de la actividad de producción y a través de una merma de
los propios ingresos regalitarios regionales. Cabe destacar, adicionalmente,
que se trata de un sistema de subsidios perverso, no diseñado a partir de un
análisis segmentado de mercado, que termina beneficiando incluso a capas
sociales con capacidad de pago.
Sin ahondar más sobre este tema, con esta experiencia queda ilustrado el
principio básico de que el diseño de políticas públicas sostenibles no puede
establecerse sin una evaluación de condiciones objetivas y la estructuración
de mecanismos necesarios para atenuar los posibles impactos sociales y
umbr a l e s
42
económicos de su aplicación. En el caso boliviano, resulta evidente que si
bien las políticas de precios de libre mercado son factibles para el sector
exportador, el mercado doméstico requiere de políticas más creativas, por
supuesto no de fácil estructuración.
El resultado de no adoptar políticas bien estructuradas conforme a una
realidad concreta, se reflejará tarde o temprano en su inviabilidad práctica,
generando distorsiones que pasarán la factura al propio sistema.
b) Política fiscal.-
Uno de los pilares fundamentales en los que se centró la política de atracción
de inversiones, fue la del incentivo fiscal. Como se detalló en el apartado
anterior, este esquema partió del principio de aminorar las cargas “ciegas”
–a un nivel del 18% sobre la producción de hidrocarburos “nuevos”–
apostando que el sistema impositivo de participación sobre los beneficios
permitiría cubrir el costo que inicialmente esta medida significaría para el
Tesoro General de la Nación.
Adicionalmente, como ya fue expresado, a efecto de aminorar este im-
pacto de partida en las arcas del Estado, la nueva ingeniería fiscal estableció
un pago del 50% sobre la producción de los yacimientos descubiertos y en
producción, antes de la fecha de promulgación de la Ley.
El esquema de tributación diferenciada de hidrocarburos existentes y
nuevos, acompañado de un sistema de impuestos generales, por su comple-
jidad conceptual no permitió comprender a la población y a algunos actores
del sistema político, el nivel de la tasa efectiva de contribución al Estado.
Así, quedó en el imaginario colectivo que la participación total de la nación
sobre beneficios había caído del 50% al 18%. Como veremos más adelante,
el esquema efectivo de apropiación estatal de la Renta no fue ni del 50% en
la etapa anterior de la reforma, ni del 18% con la ley 1689.
Por otra parte, en lo que hace al sistema de impuestos, quedaba claro
que dado el entorno de precios bajos vigente al momento de implementación
de la medida, y considerando que los flujos de inversión estaban en etapa
inicial, la participación sobre beneficios debía esperar la maduración de la
actividad y el repago al capital. Esta realidad no fue explicada de manera
43
refo r m a s d e ú l t i m a d é c a d a
clara a la población a quien, en etapa electoral, se le había prometido que
la política sectorial daría resultados inmediatos en términos de mejora
económica.
Desde otro ángulo, la capacidad técnica y especializada de las institucio-
nes tributarias para realizar los controles de costos de capital y operación,
necesarios para la óptima y eficiente administración del Impuesto a la Uti-
lidades y de la Utilidad Extraordinaria “Surtax”, era un tema en duda.
Más allá de las posiciones analíticas que surgían en el debate público,
para la población había un hecho concreto: la realidad mostraba que los
flujos de ingresos nacionales no permitían cubrir el déficit en las cuentas
públicas, y que los rendimientos de las empresas capitalizadas no eran su-
ficientes para el pago del “Bonosol”.12
Lo anteriormente expuesto permite resaltar, aún cuando resulta evi-
dente, que el éxito de las políticas públicas no reside exclusivamente en su
diseño técnico y su coherencia conceptual. Las políticas no concertadas, no
comprendidas, sentidas y asimiladas por la sociedad en general, y el sistema
político en particular, tienen grandes posibilidades de no ser sostenibles.
El caso de la estructuración fiscal antes referida, es un ejemplo de este
hecho. Los acontecimientos históricos permiten ver que el tema tributario
para un país como el nuestro, altamente dependiente de las rentas extrac-
tivas, no es un problema menor, ni indiferente. Surgen aquí las siguientes
preguntas: ¿Si el diseño de captación de la Renta se hubiese apoyado más
en un sistema de recaudación de ingresos progresiva a través de un régimen
regalitario escalonado, por ejemplo, la lectura social de la política fiscal
habría sido la misma?, ¿ una política fiscal de incentivo menos agresiva pero
legitimada, hubiese garantizado estabilidad en las reglas del juego o se trata
más de un problema de modelos de gestión?¿ aún cuando fuese en ritmos
12 El citado bono constituía una de las políticas sociales centrales del plan de gobierno, junto
a la política de descentralización enmarcada en la Ley de “Participación Popular”. Para
mayores detalles, referirse a Medinaceli y Mokrani en este mismo volumen.
umbr a l e s
44
más pausados, este esquema alterno hubiese logrado mejores resultados
en el largo plazo?
3.2 Crisis del modelo de gestión hidrocarburífera de 1996
Si bien el propio modelo había mostrado limitantes, éstas en definitiva
podían ser sujetas a reajustes o redefiniciones específicas, a partir de la
experiencia práctica de su aplicación, como es natural en todo proceso de
formulación y consolidación de políticas públicas.
Los acontecimientos históricos, sin embargo, mostraron que la crisis de
este esquema no fue precisamente de diseño técnico, sino de bases políticas
en su concepción. Se puede establecer que ésta es fundamentalmente una
crisis de legitimidad.
Las críticas al modelo, tanto desde el lado de la organizaciones sociales
como del sistema político formal, si bien iniciaron con el cuestionamiento al
sistema fiscal, fueron adoptando con el tiempo mayor intensidad y creando
un nuevo debate nacional. En esta escena, empiezan a configurarse diferen-
tes voces –aún cuando fuera con diferente énfasis– que planteaban posiciones
que iban desde la necesidad de modificar el régimen de propiedad de la pro-
ducción, hasta aquellas referidas a un proceso de nacionalización, e incluso
de la no exportación de hidrocarburos en calidad de materia prima.
A efecto de enmarcar los antecedentes de lo que será una nueva refor-
ma sectorial, conviene apuntar, de forma sucinta, los acontecimientos que
fueron creando de manera progresiva las condiciones del cambio y aquellos
que lograron finalmente engendrarlo.
El primer acontecimiento a destacar es, sin duda, el cambio de go-
bierno que siguió al primer mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada. En
agosto de 1997, Hugo Banzer Suárez asumió la presidencia de Bolivia, con
una frágil presencia política y apoyado en una débil coalición de partidos
tradicionales.
Como ya se adelantó en el anterior acápite, el gobierno de Banzer
tiene que enfrentarse a condiciones adversas de los precios internacionales
de los commodities y a un entorno financiero marcado por un importante
déficit fiscal. Fue en este contexto que se inicia la introducción formal y
45
refo r m a s d e ú l t i m a d é c a d a
visibilización de la problemática hidrocarburíferas en el discurso público
nacional.
Este gobierno, que tenía como parte de sus responsabilidades conso-
lidar y/o optimizar las reformas que se encontraban en proceso de insti-
tucionalización, se centró en atender los problemas de coyuntura política
y las críticas de la oposición. En el discurso de gobierno, la constante fue
la denuncia del proceso de Capitalización, la reforma fiscal y la pérdida de
control estatal que este proceso generó, como justificativo no solamente
del problema de finanzas públicas que atravesaba el país, sino también de
la política interna de precios de carburantes.
En este ámbito, la oposición parlamentaria –con fuerte apoyo de or-
ganizaciones sociales– empezaba a ganar terreno en el escenario político
nacional. Un dato importante de anotar, es la creación de la Coordinadora
Nacional para la Defensa y Recuperación del Gas (c n d r g ), en el año 2002,
encabezada por Evo Morales y Filemón Escóbar, y que agrupaba en su seno
organizaciones que incluían desde militares, activistas de movimientos con-
tra la globalización, juntas vecinales, jubilados, organizaciones sindicales,
campesinos del altiplano y los cocaleros (Kohl, 2007).
El discurso de las organizaciones sociales iba en su planteamiento más allá
de las propias denuncias del gobierno. Los resultados de la reforma de 1996,
en términos de incremento de la capacidad productiva del país, tuvieron un
impacto significativo, generando altas expectativas sobre la contribución del
sector como motor de desarrollo económico y social y colocando en cuestión
la orientación misma de la política sectorial. De esta forma, la demanda de
dichas organizaciones se centró en el postulado de “recuperar del gas para
los bolivianos”, a través de la reversión del proceso de privatización.
Esta postura llegó incluso a introducir la demanda de no exportación
del gas natural en calidad de materia prima, en oposición a un gran proyecto
de exportación de l n g a los Estados Unidos –a través del puerto chileno
de Patillos– diseñado por las empresas Repsol y p f , British Gas y British
Petroleum, operadoras de campo Margarita en Tarija. Proyecto que, adi-
cionalmente, en lo que hace al tema de soberanía, tocaba fibras sensibles
de la población boliviana dados los antecedentes históricos y la conflictiva
relación diplomática entre Chile y Bolivia.
umbr a l e s
46
Este proyecto, que empezó a estructurarse y gestionarse durante el
Gobierno de Banzer y Quiroga y en medio de la escalada de voces opositoras
de movimientos sociales, fue formalizado y puesto a la mesa de negociación
durante gobierno de Sánchez de Lozada, que asume su segunda presidencia
en agosto de 2002.
La oposición a este emprendimiento y la necesidad de recuperar los
hidrocarburos, serían los ejes temáticos de movimientos sociales en la de-
nominada “guerra del gas”. Esta movilización se tradujo en enfrentamientos
con el gobierno y bloqueos campesinos, logrando el derrocamiento de
Sánchez de Lozada en octubre de 2003 y dejando un saldo de más de 70
muertos.
En este contexto, no resulta extraño que Carlos Mesa, quien asume la
presidencia ante la renuncia de Gonzalo de Sánchez de Lozada, adopte como
una de sus primeras medidas la solicitud al Congreso de una reforma a la
Constitución que permita introducir la figura de “Referéndum”, así como
la convocatoria a un Referéndum Vinculante sobre los Hidrocarburos. Los
resultados de esta consulta, que muestran un apoyo mayoritario en favor de
cada una de las cinco preguntas formuladas –mismas que serán analizadas
en el siguiente punto– se constituirían en los antecedentes para encarar un
proceso de modificación de la Ley de Hidrocarburos. Los elementos para
la Contra Reforma estaban dados.
3.3 El nuevo escenario: Bases del debate político nacional
La entrada a la presidencia de Carlos D. Mesa, representó un momento
histórico fundamental para el país. Los acontecimientos puntualizados
anteriormente dejaban claro que el país necesitaba resolver cuando menos
dos problemas, el de soberanía, asociado al tema de propiedad de la pro-
ducción de hidrocarburos, y el de la estructura de participación estatal en
la renta hidrocarburífera.
Ahora bien, las posibilidades para alcanzar estos objetivos eran amplias.
Lo que quedaba por desentrañar era el alcance de la reforma que se avizo-
raba. Refirámonos a algunas preguntas relativas a líneas conceptuales que
requerían ser puestas en la mesa de discusión para encarar una propuesta
47
refo r m a s d e ú l t i m a d é c a d a
nacional coherente: ¿Se trataba de modificar las características de relacio-
namiento con los inversores, bajo un modelo propio, asumiendo que el flujo
de capital extranjero era necesario para la sostenibilidad de la actividad? o,
¿era más bien deseable instaurar un proceso más agresivo de estatización?
De ser esta última la opción, ¿cuáles serían sus características objetivas:
sería un esquema donde la inversión privada era posible o deseable?, ¿bajo
qué términos?, ¿cuáles serían las fases y tiempos para la consecución de este
nuevo modelo?, ¿era sostenible la actividad hidrocarburífera o los deman-
dados proyectos de industrialización con una política de prohibición de la
exportación del gas natural?
Bolivia se encontraba, en este contexto, ante el reto de propiciar un
amplio debate que sentase las bases para un nuevo acuerdo nacional respecto
al rumbo de la política hidrocarburífera. Este debate tendría que partir de
un planteamiento adecuado de este problema, de interés colectivo, a través
de un proyecto estructurado con contribuciones que incorporasen tanto la
resolución de demandas sociales nacionales como la realidad objetiva y el
propio aprendizaje histórico.
El ex presidente Mesa, reconoce este fundamental desafío al plantear,
que:
“Un Referéndum sobre hidrocarburos era indispensable porque la exportación del gas
y la Ley se habían convertido en el gran problema que estuvo a punto de incendiar el
país…No sólo estaba en juego el tema de la exportación, sino la propuesta ideológica
central sobre nuestros recursos naturales. Volvían a enfrentarse dos visiones” (Mesa
G., 2008). Por estas visiones se refiere a la liberal y la estatista.
El calor de los acontecimientos hizo que una de las medidas priorizadas
del nuevo gobierno sea la convocatoria a este Referéndum; sin embargo
éste se propicio sin un previo debate público, que le permita al ciudadano
una evaluación y toma de decisiones no solamente apoyadas en principios
conceptuales claros, sino también con bases técnicas y económicas. Este
último aspecto era central, toda vez que las preguntas de dicha consulta
tenían una carga técnica y conceptual de difícil compresión para quien no
está involucrado en esta actividad extractiva.
umbr a l e s
48
Si bien la consulta recogía temas de interés nacional, dejaba abierta una
amplia gama de posibilidades para su solución, que indicaban la ausencia
de un proyecto de discusión director.
Llegados a este punto, conviene detenerse en las preguntas planteadas
en el citado Referéndum a efecto de referirnos posteriormente a los elemen-
tos de política que están asociados a cada uno de sus planteamientos, y que
por su amplitud quedaban para su resolución en el sistema parlamentario.
Preguntas del Referéndum:
1. ¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocar-
buros No. 1689 promulgada por el Presidente Gonzalo Sánchez de
Lozada?
2. ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de todos los hidrocarburos
en boca de pozo para el Estado boliviano?
3. ¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de las acciones de los y las
bolivianas en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que pueda
participar el Estado en toda la cadena productiva de los hidrocarburos?
4. ¿Está usted de acuerdo con la política del Presidente Carlos Mesa para
utilizar el gas como un recurso estratégico para recuperar una salida
útil y soberana al océano Pacífico?
5. ¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una
política nacional que:
a) Cubra el consumo de gas para los bolivianos y las bolivianas
b) Fomente la industrialización del gas en el territorio nacional
c) Cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras, llegando
al 50% del valor del gas, principalmente para la educación, salud,
caminos y empleos
Una breve evaluación del contenido de algunas de preguntas del
Referéndum, permitirá comprender cuál es el trasfondo de los elementos
de política sectorial asociados a éstas y que necesitaban ser discutidos a
profundidad.
49
refo r m a s d e ú l t i m a d é c a d a
a) Elementos relacionados con el Modelo de Gestión.-
Tanto la primera como la segunda pregunta parecían estar relacionadas a
un tema en común: la abrogación del modelo concesionario de contratos
de exploración y producción, buscando una mayor participación del Estado
en la actividad.
El régimen de propiedad sobre la producción está íntimamente rela-
cionado a la modalidad de contrato petrolero. Es decir, que al definir los
términos de relacionamiento contractual, se establece al mismo tiempo el
régimen de propiedad sobre la producción y con ésta los niveles de riesgo
que serán asumidos por el Estado y el inversionista, público o privado, en
la exploración y operación del campo.
Sin embargo, considerando los acontecimientos sociales que marcaron
ese período, el problema que era necesario resolver era más profundo que
el de la propiedad en boca de pozo. Lo que era necesario aclarar es cuál
sería el nuevo modelo de gestión, es decir, si más allá de boca de pozo la
producción podía ser únicamente comercializada por el Estado, o era factible
un contrato de producción compartida, por ejemplo, donde la retribución
al inversionista pueda efectuarse en especie (Sistema de Participación en
la Producción).
La respuesta afirmativa a la segunda pregunta, en consecuencia, daba
pocas luces sobre el modelo de gestión sectorial que se proponía con la
abrogación de la Ley.
Al no existir en ese momento un proyecto alterno, liderado por el
gobierno –sobre el cual la población pueda pronunciarse– no se tomaba
posición no sólo sobre el tema de propiedad, sino también sobre el rol de
la inversión y las posibilidades objetivas de exposición al riesgo financiero
por parte del Estado. En definitiva, se consultaba sobre la eliminación de
un modelo de gestión, sin sentar las bases filosóficas o conceptuales de la
nueva propuesta.
La tercera pregunta busca resolver un tema de alta sensibilidad para
la población. Como se mencionó en la evaluación de la Ley 1689, uno de
los aspectos más criticados de este régimen fue el de haber restringido el
rol de y p fb a funciones de administrador y fiscalizador de contratos. El
umbr a l e s
50
apoyo al principio formulado en esta pregunta significó la visualización de
un deseo manifiesto, a nivel nacional, de fortalecer a la empresa bandera y
propiciar su participación activa en la cadena hidrocarburíferas en general
y, concretamente, en las empresas capitalizadas, en calidad de socio: Andina,
Chaco (Upstream) y Transredes (Transporte por ductos).
Nos encontramos, no obstante, nuevamente ante un problema que
requería ser discutido con mayor profundidad: ¿Cuáles serían los términos
la participación efectiva de ypfb ? ¿en calidad de empresa, tendría que de-
mostrar capacidad y entrar en el juego de competencia, como en el modelo
colombiano por ejemplo?; ¿se le daría la responsabilidad de dirigir activi-
dades seleccionadas estratégicamente?, ¿actuaría siempre en participación
accionara, mayoritaria o definida de acuerdo a la realidad del emprendi-
miento? ¿Sería responsable de toda la operativa de la cadena, directamente,
asociada, o según decisiones económicas empresariales?, etc.
La participación efectiva de ypfb estaba en consecuencia asociada
al tema de propiedad y de contratos y, por tanto, al modelo de gestión.
Hasta la fecha en que se realizó esta consulta, dicho modelo no fue objeto
de un proceso de discusión nacional que permitiera sentar las bases de un
proyecto concertado.
b) Elementos asociados al Sistema Fiscal.-
Como se anotó anteriormente, en el imaginario colectivo quedó la idea
de que el régimen de la Ley 1689 permitía una participación de sólo 18%
sobre los beneficios.
Sin embargo, más allá de las consideraciones políticas del tema, es nece-
sario aclarar que el 18% gravaba a la producción y por tanto ingresos brutos,
que aplicaban además otros impuestos de Ley, y que para poder determinarse
las tasas efectivas de contribución era necesario un sistema de flujo de caja
del campo, que muestre cuál era la apropiación Estatal total de los ingresos
netos, es decir de luego deducir costos de capital y operación.13
13 Este método es aplicado para el modelo comparado de regímenes fiscales a nivel interna-
cional, y es denominado en la industria como “Government Take”.
51
refo r m a s d e ú l t i m a d é c a d a
Sólo para ilustrar esta situación y establecer rangos de magnitud, ci-
tamos los resultados del modelo de simulación presentado por Medinaceli
(2007), según el cuál bajo el régimen de la Ley 1689, la participación es-
tatal efectiva sobre los beneficios del campo y considerando un escenario
de precios altos (4 $us/m m b t u para el Gas y 60 $us/Bbl para el Petróleo)
era del orden 50%, 61% y 64% para campos chicos, medianos y grandes,
respectivamente. Si los resultados del modelo son referenciados a los In-
gresos Brutos o Valor de la Producción en Boca de Pozo, estos indicadores
quedan en el orden de 42%, 53% y 56%, respectivamente.
Ahora bien, con lo anteriormente expuesto no se pretende efectuar un
juicio de valor sobre el grado de razonabilidad del esquema, sino dejar esta-
blecido que detrás del régimen fiscal existe una ingeniería compleja que debe
ser comprendida, por lo menos, en concepto a nivel de la opinión pública y
de forma muy rigurosa por los hacedores de política sectorial. El régimen
fiscal debe buscar la fórmula más óptima posible, dada la complejidad de
las variables en juego (niveles de riesgo y alta volatilidad de mercado), para
lograr a la vez una participación adecuada para el Estado y las condiciones
de economía del campo, éste operado por una empresa pública o privada.
En este entendido, desde una perspectiva netamente técnica, la res-
puesta a la pregunta planteada en el último inciso de la quinta pregunta
del referéndum, relativa al acuerdo del “…cobro impuestos y/o regalías a las
empresas petroleras, llegando al 50% del valor del gas”, resulta difícil.
La complejidad de esta respuesta reside, fundamentalmente, en el he-
cho de que una estructura entre regalías e impuestos, que llegue a gravar
hasta en un 50% el valor de la producción, puede ser baja, razonable o alta
dependiendo del tamaño del emprendimiento (capacidad de producción
del campo), la coyuntura de precios, magnitudes del mercado, la fase de
inversión, los niveles de riesgo y economías a escala, entre otros aspectos.
Desde una perspectiva política sin embargo, el apoyo a esta pregunta
parecía desentrañar un elemento de carácter más simbólico: la necesidad
de modificar el régimen de la Ley 1689, logrando mayor participación del
Estado y apoyada en una estructura de captación más directa (regalitaria);
que es mejor comprendida por la población y concebida como un elemento
de mayor garantía en la recaudación.
umbr a l e s
52
4. El Proceso de Reforma Sectorial
Después de los eventos de octubre de 2003, resultaba inminente la necesi-
dad de encarar un proceso nacional de redefinición del modelo de gestión
hidrocarburífera. Con relación a las líneas directoras y bases conceptuales
que debía adquirir este nuevo proyecto nacional, quedaban aún después del
Referéndum de 2004, dudas y posiciones divergentes.
El amplio apoyo a cada una de las preguntas de la consulta de 2004,
dejaba en claro por lo menos los siguientes aspectos:
• Era necesario eliminar el régimen concesional de contratos instaura-
do con la Ley 1689, contemplando nuevos términos donde el Estado
tenga mayor control y participación en las decisiones de la actividad
(propiedad).
• Era necesario incrementar el régimen de contribuciones directas al
Estado.
Sin embargo, al no haber sido sometida a consulta una propuesta con-
ceptual concreta, esta definición quedaría para su resolución en el sistema
parlamentario. Así, correspondía al sistema político no sólo recoger, sino
“interpretar” la voluntad nacional y “procesar” esta voluntad en un cuerpo
legal.
El sistema de representación política formal se encontraba así frente un
reto histórico y de alto interés nacional: lograr un proyecto que incorpore a
la vez la voluntad del pueblo boliviano, y contribuciones fundadas técnica,
económicamente y con base en el propio aprendizaje histórico sobre la mejor
forma de lograr sostenibilidad en la actividad y el necesario equilibrio entre
los intereses nacionales y los incentivos a la inversión (pública o privada).
A continuación se hará un breve repaso14 de la discusión que sobre
este particular se dio en el seno del Congreso, para luego referirnos a las
principales características de las reformas acontecidas desde el año 2005.
14 Apoyado en publicaciones de medios de prensa escrita del período estudiado.
53
refo r m a s d e ú l t i m a d é c a d a
4.1 Proyectos en discusión
Considerando que todas las preguntas del Referéndum alcanzaron un apoyo
popular mayoritario y tomando en cuenta su naturaleza vinculante, corres-
pondía su traducción inmediata en nueva Ley de Hidrocarburos.
En este contexto, el gobierno de Calos D. Mesa respaldado en los
resultados de esta consulta, remitió a consideración del Congreso de la
República, un proyecto de Ley.
Con relación al sistema fiscal, el proyecto de gobierno proponía la
creación del un nuevo impuesto, el i ch (Impuesto Complementario a los
Hidrocarburos), que completaba el régimen regalitario y de participación,
y gravaba la comercialización, en primera etapa, de los hidrocarburos
producidos.
Quedaban exentos de este impuesto los hidrocarburos existentes que
como ya destacamos tenían una carga directa del 50% y la comercializa-
ción de gas natural al mercado interno. Adicionalmente, este impuesto no
era deducible pero sí acreditable contra el Impuesto a las Utilidades de la
Empresa (iu e ). El Surtax, quedaba eliminado.
Las tasas que adicionalmente al 18% debían tributar los hidrocarburos
nuevos, por concepto de ich , quedaban reflejadas en niveles que se muestran
en el Anexo 1 de este documento.
Si para propósitos ilustrativos aplicamos este impuesto a la producción
mensual promedio de gas natural del último trimestre de 2008, provenien-
te del campo Sábalo y destinada a la exportación, la tasa efectiva del ich
estaría en el orden del 28,7%. Si incluimos las regalías, tendríamos una
tasa global de contribución directa cercana al 47%. La diferencia con el
esquema actual es poca para campos grandes de gas; sin embargo, en casos
de caída de la producción, este diferencial podía ser mayor ya que el i c h
tenía carácter progresivo.
Ahora bien, sin emitir juicio de valor sobre la razonabilidad de la tasas,
análisis que requeriría un estudio diferente, lo que interesa destacar son
las bases conceptuales y principios inherentes al diseño de esta contribu-
ción directa y complementaria a las regalías. Este esquema incorpora las
siguientes características:
umbr a l e s
54
• Progresividad.– este aspecto es fundamental ya que otorga una carga
diferenciada según la escala del campo y los niveles efectivos de pro-
ducción. Considerando que en Bolivia existen campos pequeños y
marginales que tienen, sin embargo, un aporte importante de licuables
para el abastecimiento nacional, este principio resulta fundamental, ya
que mantendría un incentivo para su producción.
• Introduce la variable riesgo de precios, para el caso de Petróleo y
gl p , al establecer tasas escalonadas no sólo dependientes del nivel de
producción sino también de cotizaciones referenciales de mercado de
estos carburantes.
• Incluye una política de incentivo al consumo de gas en el mercado
interno, al excluir este ítem del alcance del impuesto.
En términos generales, puede establecerse que a nivel conceptual esta pro-
puesta sigue principios aplicados en la industria internacional, que al caracterizarse
por altos niveles de riesgo y volatilidad, buscaba (a objeto de incentivar la inver-
sión) dar reglas que se adecuen a la economía de los campos hidrocarburíferos.
Los niveles de gravamen, dependerán por supuesto de las características técnicas
específicas de los emprendimientos y de las condiciones de mercado.
Este proyecto de impuesto fue tratado y analizado por las comisiones
encargadas del área económica, en el Congreso, habiendo sido objeto de
críticas referidas principalmente a la complejidad en su aplicación y admi-
nistración y a su acreditación contra el Impuesto a las Utilidades.
Sin embargo, no se buscó perfeccionar esta propuesta, ya que en el seno
del congreso, las diferentes representaciones partidarias, parecían estar más
inclinadas hacia una tributación fija del 50% sobre la producción en boca de
pozo o punto de fiscalización. En este sentido, primó el principio del 50%
versus el 18%, centrándose el debate interno en el problema de si el 32%
adicional debía ser conceptualizado como impuesto o como regalías. Esta
última opción fue la que tenía apoyo del Movimiento al Socialismo (m a s ).
Las fracciones que apoyaban la creación del impuesto, fundaban su
postura en el hecho de que con este mecanismo se favorecía la inversión al
constituirse en una carga que podía ser acreditada por la empresas extranjeras
en sus países de origen, no siendo el caso de la regalías.
55
refo r m a s d e ú l t i m a d é c a d a
En lo que hace al tema contractual, existían posiciones que pugnaban
por un contrato de servicio, en el que el operador asume el riesgo y la ac-
tividad productiva a cambio exclusivamente de una retribución monetaria,
y otra voces que consideraban importante abrir la posibilidad de que yp f b
suscriba contratos de Producción Compartida y Asociación, que consi-
deraban más atractivos a la iniciativa empresarial y que no vulneraban el
principio de propiedad estatal de los hidrocarburos.
En este marco, la reforma a la Ley se daría en un contexto donde
primaban diferentes visiones que no habían logrado construir un proyecto
discernido, debatido y asumido como legítimo por todas las partes, inclu-
yendo la posición oficial de gobierno que en ese momento contaba con alto
apoyo de la población. El resultado, como veremos en el siguiente punto,
es una nueva Ley que como cuerpo parece incluir diferentes posturas no
siempre compatibles o poco claras.
4.2 Inicio de un Nuevo Proceso de Reformas:
La Ley Nº 3058
En mayo de 2005, el Congreso promulgó la nueva Ley de Hidrocarburos
No 3058, cuyos postulados en relación al eje temático seguido en el pre-
sente trabajo, son:
a) Régimen de Propiedad.-
En su artículo 16, la Ley determina que “los yacimientos de hidrocarburos,
cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten son de
dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ningún contrato puede
conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos, ni de los hidrocarburos
en Boca de Pozo, ni hasta el punto de fiscalización...........”.
Sin embargo, en lo que hace a las políticas referidas a la gestión de la
cadena y la comercialización, se establece que:
• La exploración, explotación, comercialización, transporte, almacenaje, refina-
ción e industrialización de los hidrocarburos y sus derivados corresponden al
umbr a l e s
56
Estado, derecho que será ejercido por sí, mediante entidades autárquicas
o a través de concesiones y contratos por tiempo limitado, a sociedades
mixtas o a personas privadas, conforme a Ley.. (art. 17-I)
• Se refunda y p f b , recuperando la propiedad estatal de las acciones de los bo-
livianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que (ésta) pueda
participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos, reestructurando
los Fondos de Capitalización Colectiva y garantizando el financiamiento del
b o n o s o l . (art. 6).
• y p f b , a nombre del Estado Boliviano, ejercerá el derecho propietario sobre la
totalidad de los hidrocarburos y representará al Estado en la suscripción de Con-
tratos Petroleros y ejecución de las actividades de toda la cadena productiva. La
estructura, funciones y la conformación del Directorio, con participación
de los Departamentos Productores, se establecerá en sus Estatutos, los
mismos que serán aprobados conforme a las normas vigentes (art. 22).
• La estructura de y p f b , comprende dos Vicepresidencias.
La Vicepresidencia de Administración y Fiscalización, que tiene las
funciones de: A) negociar la suscripción de Contratos Petroleros (…),
B) Administrar Contratos Petroleros, C) Fiscalizar la actividades de
exploración y Explotación, D) Fiscalizar la producción de hidrocarburos
en calidad y volumen para efectos impositivos, regalías y participa-
ciones, E) Asumir el rol de Agregador, vendedor y administrador en
Contratos de Exportación de Gas Natural, donde y p f b suscriba los
mismos y el Estado sea Gestor, F) Asumir la administración del Centro
de Información Hidrocarburífera (...)..
• La Vicepresidencia de Operaciones, que tiene las funciones de : A)
Operar y/o participar en toda (….) la cadena (…) por sí o mediante
la conformación de Sociedades de acuerdo a Código de Comercio,
B) Negociar la conformación de sociedades de economía mixta para
participar en las actividades de exploración y explotación y en cualquier
otra actividad de la cadena (art. 22).
• Las actividades de comercialización para la exportación de hidrocarburos
será realizada por el Estado a través de yp fb (como agregador y cargador
en el caso del gas natural), por personas individuales, colectivas públicas
o privadas o asociado a ellas conforme a Ley. (art 17 III y IV).
57
refo r m a s d e ú l t i m a d é c a d a
• ypfb será el agregador y/o vendedor para la exportación de Gas Na-
tural que se haga desde territorio boliviano, asignando los volúmenes
requeridos a las empresas productoras, de acuerdo a lo siguiente : 1) la
asignación de volúmenes para contratos existentes se hará conforme a
normas de la presente Ley (?); 2) las Empresas Productoras que obten-
gan mercados de exportación de Gas Natural por negociación directa,
establecerán con y p f b la asignación de volúmenes correspondientes para
agregación.; 3) Cuando la exportación de gn sea consecuencia directa de
Convenios del Estado, otros Estados o Empresas; y p f b previa invitación
a los Titulares (…) asignará los volúmenes requeridos (...) sobre la base
de los lineamientos de la Planificación de Política Petrolera (art 86).
Como puede extraerse de la lectura integral de los anteriores articula-
dos de Ley, el modelo de gestión resulta poco claro. El artículo 22 parece
sugerir que yp f b detenta no solamente la propiedad en boca de pozo, sino
también se constituye en el exclusivo comercializador de la producción
(vendedor). Esto implicaría que es el Estado quien negocia las condiciones
de comercialización y administra los contratos de compra-venta.
El artículo 86, a su vez, parece referirse a un sistema mixto donde tanto
ypfb , en representación del Estado, como las empresas, pueden negociar
contratos de comercialización. Podría interpretarse que esta última posibili-
dad está referida exclusivamente a los casos de pago de retribución en especie
a la empresa, bajo un modelo contractual de Producción Compartida, o en
aquellos en que ypfb conforme sociedades de economía mixta.
En lo que se refiere a las modalidades contractuales, a través de la cuáles
se establecen los términos de propiedad y relacionamiento con los inversores
privados, no se incluyen aquellas de tipo concesionario ni la de riesgo “puro”,
que respectivamente se caracterizan por: 1) otorgar libre disponibilidad de
la producción privada, misma que no sería compatible con un esquema de
propiedad de la producción y 2) Control total de la empresa estatal, quien
asume el riesgo y contrata servicios de operación a cambio de un pago por
ellos (ej. el modelo mexicano).
Conforme a esta Ley, ypfb puede suscribir contratos de Producción
Compartida (psc), Asociación y Operación, modalidades a las que que-
umbr a l e s
58
dan obligadas las empresas que, bajo e régimen anterior, habían suscrito
Contratos de Riesgo Compartido.
Estos términos contractuales, por su naturaleza tienen como caracte-
rística común que el inversor asume por cuenta y riesgo las operaciones
de exploración y explotación, pudiendo ypfb en el segundo caso –una vez
declarada la comercialidad del campo– optar por la opción de asociarse
con el privado. Lo que diferencia estos tipos de contrato, es la forma de
retribución al inversor: luego de reconocerse los costos, la retribución
(conforme un esquema de participación pactado entre las partes), en el caso
de los psc, se efectúa en especie (producción), mientras que en los otros
casos es de base monetaria.
b) Régimen de precios.-
La política de precios contenida en la Ley, mantiene los principios de
mercado vigentes en el régimen anterior, aunque introduce una serie de
subsidios a segmentos específicos de la población (ej. sector domiciliario)
que presentan lineamientos de difícil estructuración práctica. La política
general queda expresada en los siguientes postulados:
• Para el caso del petróleo crudo y el glp, los precios máximos de
mercado interno serán fijados con base en la Paridad Exportación, de
acuerdo a Reglamento (art. 89-a)
En el artículo 138, se define la de paridad exportación, bajo un concepto
que puede resumirse como sigue:
Donde,
pe: precio paridad exportación.
pr: precio de mercado de exportación en Punto de Entrega.
ct : Costos de Transporte asociados a la exportación hasta Punto
de Entrega.
Sg: Seguros asociados a la exportación hasta Punto de Entrega.
PE = PR - CT - Sg
59
refo r m a s d e ú l t i m a d é c a d a
• Para el Gas Natural:
a) Exportación (art. 87):
El precio de Gas Natural podrá enmarcarse en los precios de com-
petencia gas-líquidos donde no exista consumo de gas y gas-gas
en los mercados donde exista consumo de Gas Natural.
El precio del Gas natural Rico podrá estar compuesto por Gas
Natural despojado y su contenido de licuables. El método aplicable
fija una referencia de 1000 bt u /p c y rendimientos separación de
licuables, de una Planta de Turbo expansión.
b) Mercado Interno (art. 87 y 89-d):
Precios de contratos existentes y de oportunidad de mercado y
El precio del Gas Natural no podrá ser > al 50% de mínimo precio
de exportación.
Con relación a este tema, debe hacerse notar que las políticas de co-
mercialización de la Ley 3058 no fueron reglamentadas, estando hasta la
fecha en aplicación –para el mercado interno– las disposiciones transitorias
en materia de precios emitidas en 2004. Estas disposiciones mantienen un
esquema de precios congelados.
La aplicación de dichas políticas sería, sin duda, una de las tareas más
complejas. Esta dificultad reside en que para el mercado interno debe procu-
rarse conjugar ecuaciones que respondan tanto a la realidad económica del
país como a señales de mercado, que hagan factibles los emprendimientos
necesarios para atender, de forma sostenida, una demanda con importantes
tasas de crecimiento.
Asimismo, la Ley determina como criterio para la fijación del precio
de Gas Natural en nuevos contratos de compra-venta, el “costo de opor-
tunidad”. Si se considera la oferta productiva y la demanda contratada, la
adopción de este criterio, implicaría precios a niveles de los de exportación
–paridad exportación–.
Por otro lado, aún cuando la Ley fija un precio techo equivalente al
50% del menor precio de exportación, éste podría resultar excesivo dadas
las características actuales del mercado doméstico. Si consideramos los
umbr a l e s
60
niveles de precio de exportación de la gestión 2008, la aplicación de la Ley
hubiese fijado un techo de alrededor de 4 $us/m p c , siendo que el precio
vigente máximo es de 1,70 $us/m p c .
Es importante hacer notar, adicionalmente, que al ser el gas natural un
“semi-commodity”, tiene la característica de que su precio responde a con-
diciones de mercado regionales o asociadas a la realidad de cada proyecto.
En este entendido, los niveles de precios pactados en el mercado interno no
necesariamente deben incorporar, en sus métodos de formación, variables
de mercados de exportación.
c) Régimen fiscal.-
Como ya se adelantó en el punto anterior de este apartado, siguiendo una
posición mayoritaria en el Congreso, el régimen fiscal de la Ley 3058 crea,
complementariamente al sistema de regalías y participaciones, el Impuesto
Directo a la Hidrocarburos que grava la producción fiscalizada de hidro-
carburos con una tasa fija del 32%. A la vez la ley determina un sistema de
coparticipaciones de este impuesto a favor de los departamentos, municipios,
universidades, Fondo Indígena y Fuerzas Armadas, entre otros, quedando
el saldo a favor del tg n .
La Ley 3058 determina, por otra parte, la eliminación del Régimen
de Hidrocarburos Existentes y el Impuesto a Utilidades Extraordinarias
(Surtax).
Con este nuevo régimen, el Estado participa de los ingresos brutos
en punto de fiscalización, con una carga fija total del 50%, además de
los impuestos generales de Ley, como se muestra en el esquema gráfico
siguiente:15
15 Elaboración propia con base a disposiciones legales publicadas en la gaceta oficial.
61
refo r m a s d e ú l t i m a d é c a d a
I. Sistema de cargas directas o “ciegas”
Regalías
y participaciones Objeto de pago Tasa Beneficiario
Regalía departamental
Producción
fiscalizada
departamental
11% Departamento
productor
Cochabamba
Santa Cruz
Chuquisaca
Tarija
Regalía Nal. Compen-
satoria
Producción
fiscalizada nacional 1% Departamentos
de Beni y Pando Beni (2/3 de 1%) y Pando (1/3 de 1%)
Participación YPFB-
TGN
Producción
fiscalizada nacional 6% Tesoro General de la Nación (TGN)
Total Sistema Regalitario 18%
Impuestos directos
Impuesto directo
a los hidrocarburos
Hidrocarburos
medidos en punto
de fiscalización, en
su primera etapa de
comercialización. (se
mide y paga como las
regalías) [Art. 55 ley
3058]
32%
Departamentos
productores
Departamentos
no productores
Dptos. Productores-
Nivelación
(4%) de su correspondiente producción fiscalizada (equivalente al 12,5% de
valor de liquidación o monto recaudado)
(2%) de la producción fiscalizada (equivalente al 6,25% para cada Departamento,
de valor de liquidación o monto recaudado)
Si existe un departamento productor de hidrocarburos con ingreso menor al de
algún departamento no productor, el TGN nivelará su ingreso hasta el monto
percibido por el Departamento no productor que recibe el mayor ingreso por
coparticipación en el IDH
Tesoro general de la Nación
Pueblos Indígenas y Originarios
Comunidades campesinas
Municipios
Universidades
Fuerzas Armadas
Policía Nacional, otros
Total Cargas directas 50%
Tesoro General
de la Nación (TGN)
II. Sistema Impositivo
IUE Utilidades 25%
IUE-BE (trans. al ext.) Utilidades remesadas 12.5%
IVA* Ventas internas 13%
IT Transac. Internas 3%
}
}
Otros
beneficiarios
}
Del Saldo, según
asignación
del Poder Ejecutivo
Aplica para financiación
de Fondos de Coparticipación Tributaria.
(ver cuadro anterior)
umbr a l e s
62
La aplicación de este nuevo esquema se dio en un entorno en que los
precios internacionales de los commodities seguían una tendencia especta-
cular de crecimiento, contrariamente a la coyuntura de precios deprimidos
que caracterizó la década de los 90´s. Con la conjugación del impacto de la
reforma más el efecto precio, se logran niveles de recaudación sin prece-
dentes en Bolivia. Así, a manera de ejemplo y en lo que hace sólo al sistema
de cargas ciegas, tenemos que en 2006 la recaudación entre regalías, parti-
cipaciones e id h registró un nivel aproximado de 1,077 Millones de $us.
A efecto de establecer un marco que pueda dar referencias comparativas
de la Ley 3058 con el escenario citado para la Ley 1689, tenemos que según
las simulaciones efectuadas por Medinaceli (2007), este nuevo régimen, más
la aplicación de los Contratos de Operación que fueron suscritos en 2006
–para el gas natural y en un contexto de precios altos– se traduce en una
participación del Estado en los beneficios de 80%, 74% y 88% para campos
pequeños, medianos y grandes, respectivamente. Estos parámetros, para el
caso de la participación sobre los ingresos brutos o valor de la producción
en boca de pozo, estarían en el orden de 67%, 64% y 77%.
Lo que queda por resolver es, si ante un escenario de precios deprimidos
el esquema vigente muestra sostenibilidad. Según el estudio citado, para niveles
de precios bajos o incluso medios (inferiores a 4$us/m m b t u ) la participación
estatal sobre beneficios podría ser cercana o incluso superar el 110%. De darse
este escenario, no sólo se pondría en riesgo la generación del excedente y su
esquema de distribución interna, sino también quedaría comprometida la propia
viabilidad de y p f b que debe actuar en calidad de empresa y que, con este nuevo
esquema, se constituye en sujeto de pago de estos tributos.
4.3 Apuntes sobre los Ajustes Post reforma –Decreto
de Nacionalización 28701– y la Nueva Constitución
Política del Estado
La promulgación de la Ley 3058, no significó el cierre de un ciclo histórico:
a exactamente un año de su puesta en vigencia, y estando esta Ley aún en
proceso de reglamentación, el gobierno del presidente Evo Morales emitió
el Decreto de Nacionalización “Héroes del Chaco” No 28701, en mayo de
63
refo r m a s d e ú l t i m a d é c a d a
2006. Este aspecto, indica que los resultados políticos de la Ley no habían
colmado las expectativas de un importante sector de la población, repre-
sentada por este nuevo gobierno.
En octubre de ese año se suscribieron, con todas las empresas que
operan campos hidrocarburíferos en el país, contratos de operación que
siguen por su naturaleza los preceptos teóricos que corresponden a una
categoría de contrato de servicios de riesgo, en la que el inversionista
asume el riesgo de la actividad y la operativa del campo a cambio de una
retribución monetaria en pago y donde el Estado, además de detentar la
propiedad de los hidrocarburos, tiene responsabilidad plena en la gestión
comercial de la producción.
De esta forma, los postulados de la Ley 3058 fueron profundizados en
su alcance por el citado Decreto y los Contratos de Operación que centran
su filosofía en una gestión estatal de los recursos hidrocarburíferos y que en
el ámbito comercial se traduce en un nuevo mandato legal a ypfb : actuar
en nombre y representación del Estado como único y exclusivo comercia-
lizador de los hidrocarburos producidos en el país.
Queda así acotado el modelo de gestión hidrocarburífera en un esquema
centralmente estatista, que se refleja en los siguientes principios del Decreto
de Nacionalización:
• Se nacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferos del país. El
Estado recupera la propiedad, posesión y control total y absoluto de
estos recursos (art 1).
• A partir del 1 de mayo del 2006, las empresas petroleras que realizaban
actividades de producción de gas y petróleo en el territorio nacional,
quedan obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (ypfb ) toda la producción de hidrocarburos. (…)
ypfb , a nombre y en representación del Estado, en ejercicio pleno
de la propiedad, debe asumir la comercialización de hidrocarburos,
definiendo las condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado
interno como para la exportación y la industrialización (art. 2).
• El Estado toma el control y la dirección de la producción, transporte, re-
finación, almacenaje, distribución, comercialización e indu strialización
umbr a l e s
64
de hidrocarburos en el país. (…) El Estado recupera su plena partici-
pación en toda la cadena productiva del sector de hidrocarburos (...)
(arts. 5 y 7).
El reciente y último acontecimiento por destacar es la promulgación
de la Nueva Constitución Política del Estado, el 7 de enero de 2009, que
refrenda los postulados del citado decreto. Sin embargo, en lo que hace
a los contratos de exploración y producción, determina una modalidad
de servicio, a cambio de una retribución o pago, y que la suscripción de
los contratos no podrá significar en ningún caso pérdida para ypfb y el
Estado.
No está explícitamente definido si se trata de Contratos de Servicios
de Riesgo o Puros. De aplicar el segundo caso, estaríamos ante una nueva
reforma en los términos de relacionamiento contractual, ya no con empresas
operadoras sino con prestadoras de servicios petroleros, y donde el Esta-
do, a través de ypf b , toma el control absoluto de la operativa en campo,
incluyendo el riesgo y la inyección de capital.
En todo caso, el análisis de disposiciones generales de la cpe podría
resultar prematuro o especulativo, por lo que se tendrá que esperar la emi-
sión de una nueva Ley, que establezca el alcance de éste y otros temas de
impacto sectorial, que incluyen el propio régimen económico del Estado
Plurinacional.
5. Consideraciones finales y conclusiones
El repaso de las reformas en materia de política hidrocarburífera en Bolivia,
durante la última década, evidencian una permanente situación de cambio
en la reglas de gestión sectorial, que con la reciente promulgación de la
nueva Constitución Política del Estado –en enero de 2009– quedan aún en
proceso de clarificación y configuración.
Este esquema de Reformas, sistematizado en el siguiente cuadro,
muestra el paso de sistemas de gestión opuestos: el primero, en 1996, de
claras bases liberales, que fue seguido a partir del año 2005 por un proceso
65
refo r m a s d e ú l t i m a d é c a d a
Año de promulgación 1996 2005 2006 2009
Ley 1194 Ley 1689 Ley 3058 D.S. Nac. Nueva CPE
Cargas directas (sobre producción) 32% 18% H. Nuevos 50% 50%
50% H. Existentes (Reg e IDH) (Reg. e IDH)
Participaciones contractuales %Variable No % Variable % Variable
Modalidad Contractual Contratos Contratos 1) Prod. compartida Contratos Contratos
de operación concesionarios (CRC) 2) Operación de operación de servicios
3) Asociación
Estatal Privada Estatal Estatal Estatal
Propiedad de la producción * Permite Participación
privada en producción
bajo contrato 1
Vigencia
Requiere
Nueva
Ley
Reconoce
11% de
regalías un
sistema
Participación
es
Otros Impuestos
Sutax - 25%
a utilidades extraordinarias
IUE - 25% sobre utilidades
IUE-BE - 12,5% Remesas al exterior
IVA - 13% al Valor Agregado
IT - 3% a las Transacciones
Abril-1996
Mayo-2005 Mayo-2006 Enero-2009
Regimen contrtactual
y de propiedad Regimen fiscal
umbr a l e s
66
de continuas reformas que derivó, finalmente, en un modelo de gestión
estatal.
Los indicadores en términos de resultados de estos modelos son tam-
bién opuestos. La restructuración liberal de 1996, dio como resultado un
flujo importante de inversiones que aumentó la capacidad productiva y
las reservas, consolidando al sector energético como el más dinámico de
la economía nacional. Sin embargo, la aplicación de este modelo no dio
similares niveles de éxito en lo que a recaudación tributaria se refiere.
Con las reformas iniciadas en el año 2005, se logran recaudaciones
tributarias sin precedentes históricos en el país, pero inicia al mismo tiem-
po una fase de estancamiento en las inversiones, que impidieron incluso el
cumplimiento de compromisos de exportación pactados con la Argentina.
Esta situación alerta sobre un posible riesgo para la reproducción misma
de excedente y con ella la políticas redistributivas y de autosuficiencia
energética.
Sin embargo, atribuir exclusivamente las limitaciones de estas reformas
a los modelos que los sustentan sería sesgado. Por un lado, si bien queda
claro que la carga tributaria de la Ley de 1996 resulta menor a la vigente,
los bajos niveles de recaudación quedan explicados en buena parte por el
escenario de precios deprimidos que caracterizó a la década de los 90´s y el
ingreso al siglo xx i , y una fase de depreciación de inversiones que impac-
taban en las utilidades a ser gravadas.
En cuanto a las reformas que inician en 2005, queda por resolver si es
el ambiente de inseguridad jurídica –generado por lo continuos cambios
normativos– la capacidad de gestión de ypfb que se encuentra en una fase
embrionaria de su refundación, la no consolidación de nuevos mercados,
la inflexibilidad del régimen fiscal o la conjugación de estos elementos, los
que han impedido los flujos de inversión requeridos.
Ahora bien, más allá de evaluar los resultados objetivos en la aplicación
de estos esquemas, tema aún prematuro en el caso de las últimas reformas,
lo que resulta importante de someter a reflexión es la tendencia histórica
a repetir ciclos que se habían agotado por sus propias limitaciones. Si nos
detenemos en el cuadro anterior, puede apreciarse que el modelo conceptual
instaurado con el D.S 28701 tiene similares características al régimen de
67
refo r m a s d e ú l t i m a d é c a d a
la Ley 1194, que precedió la reforma liberal. La diferencia estriba no en
el concepto sino en el esquema efectivo de apropiación estatal de la renta,
que resulta ser mucho más agresivo con la normativa vigente.
La reflexión que se ha tratado de reforzar a través de este trabajo es
si el sistema político ha desaprovechado la oportunidad histórica que se le
otorgó en 2004, de construir un proyecto nacional sectorial que recoja la
voluntad ciudadana y a la vez de muestras de sostenibilidad jurídica, técnica
y económica,
Sobre este punto, se considera que el reto pendiente es el de consolidar
un modelo de gestión propio, basado en nuestra rica experiencia sectorial,
las condiciones objetivas técnicas y económicas de la industria en nuestro
país, y la lectura adecuada del mandato social. En este proceso, es deseable
también recoger aquellas experiencias exitosas del sector hidrocarburífero
internacional, en las que se han gestado y aplicado instrumentos innova-
dores para aminorar riesgos de relacionamiento entre Estados e inversores
y procurar fórmulas de equilibrio de intereses.
Si Bolivia no logra avanzar de manera drástica en un proceso institucio-
nal serio y de largo alcance, y estructurar bases sólidas para la consolidación
del proceso iniciado con la Ley 3058 y la suscripción de nuevos Contratos
de Operación, seguramente tendremos, tarde o temprano, que plantearnos
la construcción de un modelo alterno.
Lo que se espera, sin embargo, es que el proceso logre encauzarse.
Para ello, deberemos estar conscientes de que la estructuración sectorial no
termina en la elaboración normativa, sino que requiere modelos de gestión,
bases y actores que garanticen una adecuada administración técnica y eco-
nómica. Asimismo, la factibilidad económica del nuevo régimen fiscal debe
ser garantizada, lo contrario significaría poner en riesgo el propio sistema
de reproducción del excedente.
Como en todo proceso de aplicación de políticas públicas, será necesario
efectuar un balance de los logros y debilidades del actual modelo y de las
experiencias pasadas, a objeto de terminar de diseñar un modelo de gestión
que parece encontrarse aún en fase de construcción.
umbr a l e s
68
Anexo I
Tasas del ic h para el gas natural
y petróleo propuesta de ley del gobierno de Carlos D. Mesa
Gas Natural destinado a la exportación
Volúmenes o energía
comercializados por campo (por mes) Base Imponible
Desde (MMBTU) Hasta (MMBTU) MMBTU
(por mes)
Porcentaje Sobre excedente a
(MMBTU por mes)
– 1,500,000 – + 5% –
1,500,000 4,111,631 75,000 + 16% 1,500,000
4,111,631 6,723,263 492,861 + 24% 4,111,631
6,723,263 9,334,894 1,119,653 + 31% 6,723,263
9,334,894 11,946,525 1,1929,258 + 37% 9,334,894
11,946,525 14,558,156 2,895,562 + 42% 11,946,525
14,558,156 17,169,788 3,992,447 + 47% 14,558,156
17,169,788 19,781,419 5,219,914 + 52% 17,169,788
19,781,419 22,393.050 6,577,962 + 56% 19,781,419
22,393,040 Adelante 8,040,475 + 60% 22,393,040
69
refo r m a s d e ú l t i m a d é c a d a
Petróleo
Volumenes o Energía
Comercializados por
campo (por mes)
Base Imponible - Precio de Refe-
rencia menor o igual a $us/Barril 15
Base Imponible - Precio de
Referencia mayor a $us/Barril 15 y
menor o igual a 19 $us/Barril
Base imponible - Precio deRefe-
rencia mayor a $us. /Barril 19 y
menor o igual a 23 $us/Barril
Base Imponible - Precio de
Referencia mayor a $us/Barril 23 y
menor o igual a 27 $us/Barril
Desde
(Barriles)
Hasta
(Barriles)
Barriles
(por mes) %
Sobre
excedente
(Barriles por
mes)
Barriles
(por mes) %
Sobre
excedente
(barriles
por mes)
Barriles
(por mes) %
Sobre
excedente
(Barriles
por mes)
Barriles
(por mes) %
Sobre
excedente a
(Barriles por
mes)
- 15.000 - + 1% - - + 2% - - + 3% - - + 4% -
15.000 180.000 150 + 3% 15.000 300 + 7% 15.000 450 + 11% 15.000 600 + 14% 15.000
180.000 345.000 5.100 + 5% 180.000 11.850 + 12% 180.000 18.600 + 18% 180.000 23.700 + 24% 180.000
345.000 510.000 13.350 + 6% 345.000 31.650 + 15% 345.000 48.300 + 23% 345.000 63.300 + 30% 345.000
510.000 675.000 23.250 + 7% 510.000 56.400 + 18% 510.000 86.250 + 27% 510.000 112.800 + 36% 510.000
675.000 840.000 34.800 + 8% 675.000 86.100 + 20% 675.000 130.800 + 30% 675.000 172.200 + 40% 675.000
840.000 1,005,000 48.000 + 9% 840.000 119.100 + 22% 840.000 180.300 + 33% 840.000 238.200 + 44% 840.000
1,005,000 1,170,000 62.850 + 10% 1,005,000 155.400 + 24% 1,005,000 234.750 + 36% 1,005,000 310.800 + 48% 1,005,000
1,170,000 1,335,000 79.350 + 10% 1,170,000 195.000 + 26% 1,170,000 294.150 + 39% 1,170,000 390.000 + 52% 1,170,000
1,335,000 Adelante 95.850 + 11% 1,335,000 237.900 + 28% 1,335,000 358.500 + 41% 1,335,000 475.800 + 55% 1,335,000
Petróleo
Volumenes o Energía
Comercializados por
campo (por mes)
Base Imponible - Precio de Refe-
rencia menor o igual a $us/Barril 15
Base Imponible - Precio de
Referencia mayor a $us/Barril 15 y
menor o igual a 19 $us/Barril
Base imponible - Precio deRefe-
rencia mayor a $us. /Barril 19 y
menor o igual a 23 $us/Barril
Base Imponible - Precio de
Referencia mayor a $us/Barril 23 y
menor o igual a 27 $us/Barril
Desde
(Barriles)
Hasta
(Barriles)
Barriles
(por mes) %
Sobre
excedente
(Barriles por
mes)
Barriles
(por mes) %
Sobre
excedente
(barriles
por mes)
Barriles
(por mes) %
Sobre
excedente
(Barriles
por mes)
Barriles
(por mes) %
Sobre
excedente a
(Barriles por
mes)
- 15.000 - + 5% - - + 6% - - + 7% - - + 8% -
15.000 180.000 750 + 19% 15.000 900 + 23% 15.000 1.050 + 27% 15.000 1.200 + 30% 15.000
180.000 345.000 32.100 + 31% 180.000 38.850 + 38% 180.000 45.600 + 44% 180.000 50.700 + 50% 180.000
345.000 510.000 83.250 + 39% 345.000 101.550 + 48% 345.000 118.200 + 56% 345.000 133.200 + 64% 345.000
510.000 675.000 147.600 + 46% 510.000 180.750 + 57% 510.000 210.600 + 66% 510.000 238.800 + 70% 510.000
675.000 840.000 223.500 + 52% 675.000 274.800 + 64% 675.000 319.500 + 70% 675.000 354.300 + 70% 675.000
840.000 1,005,000 309.300 + 58% 840.000 380.400 + 70% 840.000 435.000 + 70% 840.000 469.800 + 70% 840.000
1,005,000 1,170,000 405.000 + 63% 1,005,000 495.900 + 70% 1,005,000 550.500 + 70% 1,005,000 585.300 + 70% 1,005,000
1,170,000 1,335,000 508.950 + 67% 1,170,000 611.400 + 70% 1,170,000 666.000 + 70% 1,170,000 700.800 + 70% 1,170,000
1,335,000 Adelante 619.500 + 70% 1,335,000 726.900 + 70% 1,335,000 781.500 + 70% 1,335,000 816.300 + 70% 1,335,000
umbr a l e s
70
Bibliografía
ci d e s
2008 Bases de Datos Estadísticos, Normativos y Hemerográficos.
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2007 El Bumerán Boliviano: hegemonía neoliberal y resistencia social. La
Paz, Plural Editores.
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La Paz, Fundemos.
m e s a g i s b e r t , Carlos
2008 Presidencia Sitiada. La Paz, Plural Editores y Fundación Comu-
nidad.
71
La capitalización de los hidrocarburos
y la modernidad: un análisis de las ideas
subyacentes al modelo de gestión y de sus críticas
Alice Soares Guimarães
Resumen
El artículo analiza los elementos simbólicos que estuvieron por detrás de la Capitalización del
sector de los hidrocarburos en Bolivia, partiendo del supuesto de que las políticas gubernamentales
deben ser comprendidas no sólo como resultado del juego-interacción de intereses racionales, sino
también como resultado de la producción de sentido, valores e identidades en el plano simbólico.
Identificamos las ideas, percepciones, significados y valores que subyacían e informaban a la Capi-
talización y sus críticas, así como su relación con proyectos más a