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Las escalas de la crisis. Ciudades y desempleo en España

Authors:
Fundación 1º de Mayo
Esta publicación forma parte de la colección Estudios
www.1mayo.ccoo.es
LAS ESCALAS DE LA CRISIS
CIUDADES Y DESEMPLEO EN ESPAÑA
Las escalas de la crisis. Ciudades y desempleo en España
Ilustración de portada: Pascual Alba
FUNDACIÓN 1º DE MAYO
C/ Longares, 6. 28022 Madrid
Tel.: 91 364 06 01
1mayo@1mayo.ccoo.es
www.1mayo.ccoo.es
COLECCIÓN ESTUDIOS, NÚM: 60
ISSN: 1989-4732
© Madrid, Enero 2013
LAS ESCALAS DE LA CRISIS
CIUDADES Y DESEMPLEO EN ESPAÑA
RICARDO MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE
Instituto de Economía, Geografía y Demografía
Centro de Ciencias Humanas y Sociales CSIC
Colaborador del Area de Economía de la Fundación 1º de Mayo
3
ÍNDICE GENERAL.
INTRODUCCIÓN 5
CAPÍTULO 1. GEOGRAFÍAS LOCALES DE UNA CRISIS GLOBAL 11
1.1. Una historia conocida: la crisis del capitalismo financiarizado 12
1.2. Las restantes dimensiones de una crisis sistémica 15
1.3. Territorios, vulnerabilidad y crisis 26
1.4. Ciudades frente a la crisis: principales indicadores para un diagnóstico
comparativo 28
1.5. Una Interpretación multiescalar sobre el desigual impacto urbano
de la crisis 32
CAPÍTULO 2. DESEMPLEO EN ESPAÑA: UN PROBLEMA
ESTRUCTURAL CON EVOLUCIÓN CÍCLICA 39
2.1. Fuentes estadísticas para la medición del desempleo en España 39
2.2. Impactos de las crisis económicas sobre el desempleo en España 43
2.3. Claves del desempleo español: un debate recurrente 49
2.4. La diferente exposición al desempleo de los grupos sociales y los
sectores económicos 56
2.5. Una aproximación a la dimensión territorial del paro: contrastes
interregionales e interprovinciales 60
CAPÍTULO 3. LAS CIUDADES ESPAÑOLAS FRENTE AL
DESEMPLEO
69
3.1. Dinamismo del sistema urbano español en los años de crecimiento 71
3.2. Desempleo, crisis y jerarquía urbana 74
3.3. La diversa resistencia de las ciudades españolas al incremento
del paro 81
3.4. Hacia una tipología de comportamientos urbanos frente al desempleo:
¿orden o caos? 88
3.5. Ciudades vulnerables, ciudades que resisten: comprender para actuar 94
4
CAPÍTULO 4. AUGE Y DECLIVE DEL EMPLEO EN LA REGIÓN
METROPOLITANA DE MADRID 97
4.1. Madrid en la onda expansiva del capitalismo español 98
4.2. El mercado de trabajo madrileño en los años de crecimiento 102
4.3. Madrid, fin de ciclo: de la crisis económica a la crisis urbana 107
4.4. Desempleo en Madrid: dimensiones y nueva segmentación
socioespacial 113
CAPÍTULO 5. ESTRATEGIAS DE RESILIENCIA URBANA FRENTE
A LA CRISIS
125
5.1. De la crisis a la resiliencia urbana 126
5.2. Precondiciones para la resiliencia urbana 128
5.3. Algunas estrategias para la revitalización de ciudades en crisis 133
BIBLIOGRAFÍA. 139
5
INTRODUCCIÓN.
Desde hace algunos años la sociedad española transita un difícil camino que
ha convertido la crisis económica en centro de sus preocupaciones. Ese proceso
afecta tanto la vida individual de numerosos ciudadanos como una vida colectiva
amenazada por el ataque al Estado de Bienestar y el reto que para la democracia
representativa supone la hegemonía de una lógica y unos poderes económicos que se
imponen sobre cualquier otra consideración.
La inmediatez de los acontecimientos y la multiplicación de desastres nada
naturales que se acumulan a lo largo del tiempo, junto a los repetidos vaticinios
incumplidos sobre el final de esta situación, aumentan las incertidumbres y cierta
sensación de perplejidad general ante las dificultades para recuperar la senda del
crecimiento y de la creación de empleo. No obstante, si se amplía la perspectiva
temporal y espacial para observar la actual crisis, se constata que este tipo de
situaciones poco tienen de nuevas, sino que tienden a repetirse de forma periódica,
siempre con rasgos específicos en cuanto a las circunstancias desencadenantes, su
intensidad, así como los países y regiones más afectados, pero con una lógica, unas
causas estructurales y unos efectos bastante similares en todos los casos.
Tal como recordaba el historiador británico Tony Judt, “el capitalismo no
regulado es el peor enemigo de sí mismo: más pronto o más tarde está abocado a ser
presa de sus propios excesos” (Judt, 2010: 18). Tanto el sistema mundial en su
conjunto, como los países del sur de Europa y España en particular, viven ahora
inmersos en una de esas crisis periódicas inherentes al proceso de acumulación
capitalista que, iniciada en los ámbitos financiero e inmobiliario, se difundió con
rapidez al conjunto de la actividad económica. La reducción del crecimiento hasta
alcanzar valores interanuales negativos o prácticamente iguales a cero, el fuerte
aumento del desempleo o el hundimiento del mercado inmobiliario resultan algunos de
sus efectos más visibles y conocidos. Pero, tal como han señalado algunos autores,
“la actual crisis es mucho más que una crisis económica. Es también una crisis social,
que se destaca sobre el fondo de una crisis ecológica y geopolítica que, sin duda,
viene a confirmar una ruptura histórica” (Askenazy et al., 2011: 10). Más allá, por tanto,
de un simple episodio coyuntural, resulta ya evidente que nos enfrentamos a una crisis
sistémica que inaugura una nueva normalidad, con cambios profundos que han
comenzado ya a perfilarse.
Los estudios sobre la crisis económica han proliferado con rapidez en los
últimos años, ya se trate de trabajos esencialmente interpretativos sobre las
estrategias financieras e inmobiliarias que la desencadenaron, o descriptivos sobre
sus principales efectos económicos, sociales y políticos y las estrategias aplicadas por
instituciones internacionales y gobiernos para enfrentarla, con escaso éxito en la
mayoría de ocasiones. Resultan, en cambio, bastante más escasos aquellos que
proponen una perspectiva geográfica de la crisis económica, considerando las
6
múltiples dimensiones territoriales de un proceso como este, que pueden sintetizarse
en cuatro principales.
Aunque se trata de un fenómeno de dimensión global, la crisis se gestó en
determinados territorios, como los centros financieros internacionales y las áreas de
urbanización masiva, inmersas en una burbuja inmobiliaria de grandes dimensiones. Al
mismo tiempo, tal como ocurrió en anteriores crisis y es inherente a la propia lógica del
sistema capitalista, golpea hoy con muy diferente intensidad a actividades, empresas,
grupos sociales, sectores profesionales, pero también a los territorios, siendo el origen
de nuevas desigualdades que se hacen visibles en múltiples escalas. Si en una
perspectiva global su epicentro se originó en Estados Unidos y en la Unión Europea,
dentro de esta última su impacto fue mucho mayor en países periféricos (Grecia,
Portugal, España, Italia, Irlanda, países bálticos…) y el Reino Unido que en el resto.
Pero esos contrastes vuelven a reproducirse cuando se considera el comportamiento
registrado por sus diferentes regiones e, incluso, se intensifican si se desciende a
escalas apenas analizadas hasta el momento como pueden ser sus ciudades o los
diferentes barrios que constituyen cada una de ellas, en función de características que
son el resultado de trayectorias específicas, lo que provoca una importante
diversificación de los efectos provocados y está en el origen de nuevas asimetrías. La
crisis es, por tanto, un proceso con implicaciones geográficas significativas que van
más allá de la simple localización de sus impactos en un mapa y cuestionan
frontalmente la equívoca suposición de que, en un supuesto mundo plano (Friedman,
2006), sin barreras ni distancias, sus efectos no se verán influidos por factores
territoriales específicos.
En ámbitos como el europeo, las ciudades son espacios estratégicos para la
evolución de unas sociedades altamente urbanizadas desde hace décadas. En ellas –
particularmente en las principales metrópolis- se concentran las empresas, el
conocimiento y el capital humano, surgen y se desarrollan buena parte de las
innovaciones tecnológicas organizativas y sociales, se localizan los principales centros
de poder político, económico o mediático, así como las élites que lo detentan,
principales protagonistas del proceso de globalización. Lo que el economista Edward
Glaeser identifica como el triunfo de las ciudades encuentra en todo ello sus raíces
más profundas y sólidas.
Pero, del mismo modo, tal como afirma el propio Glaeser (2011: 109), “las
ciudades son torbellinos dinámicos que cambian sin cesar, que suponen la fortuna
para unos y el sufrimiento para otros”. Resultan por ello –en especial también las
grandes urbes- espacios paradójicos y llenos de contradicciones. Lugares donde se
confrontan de forma intensa los objetivos e intereses de múltiples actores públicos y
privados, donde los usos del suelo compiten entre sí, donde la lógica de la producción
y del consumo orientan el crecimiento en direcciones a menudo no coincidentes.
Espacios, en suma, donde se concentra lo mejor y lo peor de nuestras sociedades,
que a menudo han servido como laboratorios privilegiados para aplicar una agenda
neoliberal que favorece su creciente fragmentación interna mediante barreras
tangibles e intangibles, pero en otros casos también han permitido poner en práctica
7
experimentos de gobernanza más participativa, con implicación de diferentes actores
sociales. Finalmente, tal como afirma Mireia Belil (2012: 12), “es en las ciudades
donde las resistencias locales toman forma, siempre contra un sistema y unas
instituciones que no responden a las necesidades y deseos de sus ciudadanos”, por lo
que tanto los movimientos de contestación a la globalización neoliberal como a los
negativos efectos de la actual crisis tienen en ellas su sede.
En definitiva, puede afirmarse que las ciudades son protagonistas destacadas
de la actual crisis, que localiza en ellas muchas de sus principales manifestaciones,
aunque el conocimiento que se tiene hasta el momento sea bastante limitado y
fragmentario. Esta aparente paradoja plantea el reto de abordar un programa de
investigación transdisciplinar que sitúe en el centro de su diana el análisis de los
impactos locales de una crisis de dimensión global, así como de las diferentes
respuestas que tanto ahora como en el futuro inmediato puedan darse para su
superación, sin olvidarse de proponer estrategias que puedan ofrecer salidas más
justas y equilibradas a la crisis que las producidas hasta el momento.
Con ese horizonte, que desborda ampliamente las posibilidades de un trabajo
específico, el presente texto propone iniciar, al menos, el camino abordando el estudio
de uno de los principales impactos de la crisis, que integra sus dimensiones
económica, social y territorial, como es el desempleo. En el plano económico, la
evolución de la ocupación y el paro son indicadores básicos de la capacidad de una
economía para generar crecimiento, así como de los ciclos que marcan el desarrollo
capitalista. En el plano social, los excedentes laborales ejercen una acción erosiva
sobre el objetivo de cohesión y la aparición de altos y prolongados niveles de
desempleo empuja a ciertos grupos a atravesar la frágil barrera que separa la zona de
integración social de la de exclusión. En el plano territorial, además de su habitual
concentración en determinados grupos de riesgo, el paro tiende a concentrarse
también en áreas especialmente vulnerables, razón por la que tanto sus tasas como la
rapidez con que aumentan en periodos de crisis muestran diferencias espaciales muy
acusadas, que se acentúan cuando el análisis desciende a la escala local, lo que
debería ser objeto de mayor atención en las políticas destinadas a su reducción. En
resumen, más allá de volver a tratar una temática que ha suscitado tanta investigación
y publicaciones en estos últimos años como la de la crisis económica, aquí se centra la
atención en tres aspectos mucho menos considerados hasta el momento, que es
donde pueden encontrarse las posibles aportaciones de un trabajo que aún plantea
tantas preguntas como respuestas y pretende ser apenas el punto de partida para un
proyecto de investigación colectivo con objetivos más ambiciosos1.
En primer lugar, el capítulo inicial propone una breve interpretación,
forzosamente muy selectiva, sobre el significado de la actual crisis, entendida como
una crisis sistémica en cuanto que pone en cuestión el modelo de globalización

1 Se trata del proyecto financiado por el Plan Nacional de I+D+i, del Ministerio de Economía y
Competitividad, titulado “Efectos socioterritoriales de la crisis económica en las áreas urbanas
de España: políticas públicas y estrategias de resiliencia” (CSO2012-36170), en el que
participan investigadores de diferentes universidades y centros de investigación.
8
neoliberal que ha resultado hegemónico en las tres últimas décadas. Pero lo esencial
del texto es la propuesta de reflexión teórica sobre el significado e importancia de la
dimensión territorial y del análisis multiescalar para analizar, comprender y proponer
respuestas locales frente a la crisis, así como un esquema básico de trabajo y de
indicadores que pueden servir de base a la realización de estudios comparativos en
los próximos años.
A continuación, el segundo capítulo analiza la evolución reciente, importancia
actual y principales contrastes regionales tanto en la intensidad del desempleo como,
sobre todo, en su desigual crecimiento durante los años de la crisis. Frente a estudios
recientes que han abordado ya con precisión y amplitud esos aspectos en el marco de
la evolución registrada por el mercado de trabajo español (Rocha y Aragón, 2012), por
lo que poco podría añadirse, aquí se ha centrado la atención en algunos debates
específicos de carácter más teórico con implicaciones sobre las políticas de empleo,
así como en destacar el valor del paro como indicador sintético para entender mejor
las claves de la diferente vulnerabilidad de los territorios frente al declive que provoca
la crisis.
El capítulo tercero sitúa como protagonista principal a las ciudades españolas
para comprobar cómo aumentan las desigualdades entre ellas, proponiendo una
tipología inicial según su mayor o menor resistencia al aumento del paro y qué
enseñanzas pueden extraerse de las notables diferencias interurbanas y las
regularidades espaciales observadas. Más allá de las turbulencias financieras y su
necesaria solución, es evidente que un reto esencial para la economía española es
recuperar la senda del crecimiento mediante políticas distintas a las actuales, pero
también reorientar sus prioridades para favorecer modelos más eficientes, innovadores
y sostenibles a medio plazo, por lo que más allá de poder dibujar por primera vez los
mapas del paro a escala urbana, el análisis realizado pretende conducir a algunas
conclusiones operativas en esa dirección, necesitadas de investigaciones más
profundas y pormenorizadas.
El capítulo cuarto considera lo ocurrido en la aglomeración metropolitana de
Madrid, la más importante de la Europa del Sur, que de ser exponente de las
supuestas virtudes la globalización neoliberal durante más de una década se enfrenta
ahora a problemas de especial gravedad. Al cambiar la escala espacial de análisis se
hace posible considerar la evolución del mercado de trabajo madrileño y su brusca
transformación, pero integrando ese aspecto con otras dinámicas sociales,
económicas o inmobiliarias que son también componentes destacados del mismo
proceso. La posibilidad de aproximar el zoom de nuestra observación para comprobar
la intensidad y crecimiento reciente del paro en los distritos y barrios de la ciudad
capital permite también confirmar la actual importancia de las microdesigualdades, así
como una creciente dualización social y espacial que tres décadas de discursos y
actuaciones en materia de reequilibrio territorial no han sido capaces de superar.
Finalmente, el capítulo quinto no pretende reiterar propuestas sobre las
políticas más adecuadas para generar empleo suficiente y de calidad, que cuentan ya
9
con especialistas que las han abordado. Por el contrario, centra su atención en las
respuestas complementarias que desde los territorios deben también darse a la crisis.
Aunque por el momento esas respuestas parecen discutirse y negociarse sólo en
instancias bastante lejanas a las ciudades y sus ciudadanos, la experiencia de crisis
pasadas demuestra la importancia de las estrategias locales y regionales para
enfrentar el declive derivado de unos procesos que también pusieron en cuestión el
futuro de muchos lugares. Surge con fuerza, en ese sentido, el concepto de resiliencia
urbana que, más allá de una simple moda pasajera o de generar cierta confusión
inicial por utilizarse con diversos significados, se refiere a la distinta capacidad de las
ciudades para reponerse de un shock externo, adaptarse al nuevo contexto y
recuperar una trayectoria positiva.
El texto combina, por tanto, cierta dosis de reflexión teórica con una
investigación a partir de fuentes estadísticas múltiples, que se detallan más adelante, y
un tratamiento estadístico, gráfico y cartográfico de esa información que pueda apoyar
las afirmaciones realizadas, pero sin incorporar técnicas de mayor complejidad que
alejarían el resultado del objetivo planteado. Su redacción se llevó a cabo en el
segundo semestre de 2012, por lo que se consideró finalizar el análisis de los datos en
el año 2011, con objeto de homogeneizar el periodo temporal para informaciones de
diversa periodicidad.
Aunque las carencias y omisiones en el resultado obtenido son exclusiva
responsabilidad del autor, agradezco los comentarios que João Ferrão, del Instituto de
Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, Bruno Estrada, de la Fundación 1º de
Mayo, y Eduardo de Santiago, de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y
Suelo del Ministerio de Fomento hicieron a un borrador inicial. Se dice que la nitidez de
una imagen depende de la correcta disposición de las luces y las sombras. Sería
deseable que al finalizar el breve itinerario aquí propuesto, se haya podido aportar una
perspectiva de la crisis que, pese a fijar la atención tan sólo en algunos de sus
aspectos más relevantes, sea útil para comprenderla mejor y actuar sobre ella de
manera más eficaz.
10
11
CAPÍTULO 1. GEOGRAFÍAS LOCALES DE UNA CRISIS GLOBAL.
La evolución que han conocido las sociedades europeas desde los inicios del
siglo actual ha supuesto un cambio brusco de situación y de perspectiva en un tiempo
particularmente breve. De un periodo de crecimiento bastante estable, que pareció
consolidarse con el nacimiento del euro y que acentuó el atractivo de la Unión Europea
tanto para numerosos países situados en sus fronteras orientales como para una gran
cantidad de inmigrantes que llegaban esperanzados a esta isla de prosperidad y
derechos sociales, la situación se ha visto sometida a una profunda metamorfosis. La
crisis financiera y la consiguiente recesión económica que golpearon al mundo en
2008 parecen resistirse a abandonar un territorio europeo –en especial sus países
periféricos- convertido ahora más en problema que en solución, poniendo al tiempo en
evidencia numerosas deficiencias en cuanto a su gobernanza, así como graves
dificultades para definir objetivos y aplicar estrategias comunes.
Pero si se levanta la mirada para observar el actual escenario internacional, se
constata que la crisis se ha convertido ya en una realidad omnipresente que,
transcurrido casi un lustro tras el crac financiero que tuvo su detonante en la quiebra
de Lehman Brothers, está lejos de haberse superado. Si casi en los inicios del proceso
Husson afirmaba que “la crisis a la que asistimos hoy hace temblar los fundamentos
mismos del capitalismo liberal”, pues “se desarrolla a una velocidad acelerada y nadie
es capaz de decir a dónde lleva” (Husson, 2009: 77), el tiempo transcurrido reafirma
ese diagnóstico y ha hecho surgir nuevas incertidumbres, poniendo en valor la
paradoja expuesta por este mismo autor de que “cuanto más logra el capitalismo
modelar la economía mundial a su conveniencia, más se endurecen sus
contradicciones” (Ibidem: 108).
Cualquier intento de analizar este proceso exige, ante todo, recordar que las
crisis constituyen acontecimientos recurrentes en la evolución del sistema, cuyo
desarrollo histórico es proclive a una sucesión cíclica de fases de sobreproducción,
sobreinversión y sobreendeudamiento, por lo que su existencia no puede justificarse
por situaciones ocasionales de mal funcionamiento basadas tan sólo en los excesos
cometidos en momentos y lugares concretos. Tal como señalaron Dockes y Rosier en
las primeras páginas de un libro dedicado a interpretar la profunda crisis que hace más
de tres décadas aquejaba también a la economía mundial, “crecimiento y crisis
aparecen como fenómenos íntimamente ligados, constituyendo la forma misma de
desarrollo de las fuerzas productivas en el modo de producción capitalista” (Dockes y
Rosier, 1981: 14). Desde esa perspectiva, que ha vuelto a cobrar plena actualidad en
estos años, las grandes crisis constituyen periodos de ruptura y cambio estructural en
los que el agotamiento de un determinado modelo de acumulación pone en marcha
todo un conjunto de transformaciones que incluyen las de índole espacial, por lo que
puede identificarse una geografía de la crisis que será el punto de partida para la
construcción de nuevas formas de organización económica, social y territorial.
En este marco general, que no por conocido debe ser olvidado, la crisis que
muchos autores han identificado como una Gran Recesión comparable en su origen,
12
dimensión y persistencia de sus impactos a la de 1929, se manifestó desde su
comienzo como una crisis del sistema financiero internacional. La burbuja de liquidez
generada en Estados Unidos y diversos países europeos, el hundimiento de los
mercados inmobiliarios y la multiplicación de rescates al sector financiero por parte de
los respectivos Estados, con sus negativos efectos sobre la restricción del crédito, el
incremento del déficit público, la consiguiente especulación con la deuda soberana de
determinados países, o la imposición de políticas de austeridad, son hechos bien
conocidos que sitúan al mundo de las finanzas -y su exhuberancia irracional ya
denunciada por Keynes- en el ojo del huracán (Aalbers, 2009).
Pero una mirada más atenta pone enseguida de manifiesto que el mundo se
enfrenta a una crisis más amplia y compleja, de dimensión global y carácter sistémico,
que interrelaciona diversos procesos que ahora suman sus efectos (Estrada y
Laborda, 2011). El estallido de las hipotecas subprime y toda la especulación
financiera e inmobiliaria subyacentes sirvieron como detonante para sacar a la luz de
forma violenta las contradicciones de un proceso de globalización regido por principios
neoliberales que, iniciado hace aproximadamente tres décadas, se enfrenta a
desajustes en múltiples frentes y genera elevados costes, tanto sociales como
ambientales, distribuidos de forma crecientemente desigual, que lo hacen insostenible.
Lo que Susan George (2010: 8) entiende como una “crisis del sistema de civilización,
de globalización, de valores humanos”, destacando su carácter multifacético frente a la
hegemonía de lo estrictamente financiero en nuestro paisaje mental, es otra forma de
poner en evidencia esa complejidad.
Sin ninguna pretensión de desviar en exceso nuestra atención hacia temáticas
que han sido objeto de atención especializada en estos años, sí resulta necesario
dibujar al menos con cierta precisión el marco estructural que define el escenario
sobre el que tienen lugar las dinámicas territoriales contrastadas que serán objeto de
investigación. Para ello, es imprescindible comenzar recordando el protagonismo de
las finanzas en el desarrollo capitalista de las últimas décadas y en su actual crisis,
para luego abordar esos otros procesos convergentes.
1.1. Una historia conocida: la crisis del capitalismo financiarizado.
Uno de los procesos que mejor identifican la evolución del sistema económico
mundial en las tres últimas décadas es el de financiarización, en alusión a la evidente
hegemonía que el capital y los mercados financieros han alcanzado en esta etapa y a
su capacidad para dictar las normas de comportamiento a los restantes sectores
económicos y las prioridades a los gobiernos. La economía financiera se ha convertido
en la piedra angular del capitalismo global y, por tanto, también en el núcleo del
reactor que implosionó a partir de 2007.
Los excedentes acumulados durante un periodo de crecimiento de la economía
internacional, que proporcionaron una notable liquidez al sistema, el rápido desarrollo
de las tecnologías de información, que permitió la creación de un mercado de capitales
continuo, de ámbito mundial, que opera en tiempo real y en algunos aspectos de forma
13
semiautomática, junto a una creciente desregulación internacional que abrió esos
mercados a un capital cada vez más móvil, se reforzaron mutuamente para impulsar el
proceso. También contó con el soporte intelectual de un ejército de expertos armados
de sofisticados modelos matemáticos que basaban sus análisis y previsiones en el
supuesto neoclásico sobre la capacidad de autorregulación de los mercados
financieros, mientras ignoraban de forma deliberada su histórica tendencia a la
sucesión de manías, pánicos y cracs (Kindleberger y Aliber, 2012), al margen de
cualquier comportamiento racional.
Pero todo ello no habría sido suficiente sin el desarrollo en estos años de una
verdadera revolución financiera que hizo creer a algunos que la maquina mundial de
hacer dinero (Martin y Schumann, 1998: 65) podía alimentarse a sí misma y que el
valor de los activos seguiría creciendo mediante el simple recurso al endeudamiento
masivo, en una espiral sin fin y al margen de la producción de bienes y servicios
generada por la economía real (Foster y Magdoff, 2009). Pese a la evidencia histórica
de que todas estas burbujas han acabado estallando y que cuanto más hayan crecido
mayor ha sido la gravedad de la crisis subsiguiente, bien por acción o por omisión los
reguladores encargados de mantener el sistema financiero bajo control incumplieron
esa función.
Su principal reflejo fue que los flujos de capital en los mercados financieros,
internacionales, que en su mayor parte ya no guardan relación con la economía real,
se multiplicaron de forma exponencial hasta alcanzar volúmenes muy superiores a
ella. Según las estadísticas del Banco Mundial, el PIB generado anualmente en el
conjunto de países del mundo casi se duplicó en apenas una década, pasando de 32,1
billones de dólares en 2001 a 61,3 billones en 2008 (en valores constantes) y, tras un
retroceso al año siguiente (58,1 billones), alcanzó los 63,3 billones de dólares en 2010.
Pero, aunque resulta muy difícil obtener estadísticas fiables sobre el volumen total de
transacciones en los múltiples mercados de capitales –lo que se acentúa por la
opacidad de algunos de ellos-, las estimaciones habituales consideran que éstas
multiplican entre cincuenta y setenta veces esa cifra, superando en todo caso los tres
mil billones de dólares anuales. De manera similar, Chesnais (2012) ha estimado que
las transacciones mundiales de bienes y servicios al desencadenarse la crisis en 2008
apenas representaron el 1,6% del total de transacciones registradas en ese año..
Buena parte de ese espectacular crecimiento se basó en la concesión masiva
de créditos hipotecarios y al consumo. Pero también en la aparición de una nueva
generación de productos financieros derivados (swaps, forwards, CDO, CDS…) y en la
reducción de las reservas exigidas a las entidades financieras para hacer frente a las
posibles retiradas de fondos, aumentando de forma desconocida hasta ese momento
el nivel de apalancamiento financiero, entendido como la relación entre los créditos
concedidos y el capital propio de esas entidades. También en la titulización de la
deuda, troceada y revendida entre múltiples operadores financieros una y otra vez en
forma de títulos que combinaban diversos productos para así multiplicar los
intercambios y generar en cada uno de ellos nuevas plusvalías, además de distribuir
los riesgos. Pero, al mismo tiempo, tales operaciones de ingeniería financiera,
14
basadas a menudo en sofisticados modelos matemáticos y avaladas por prestigiosos
profesionales y por las agencias de calificación, difundieron esos riesgos crecientes a
la práctica totalidad del sistema, al tiempo que su complejidad hacía prácticamente
imposible conocer su volumen real. En suma, tal como afirman Navarro y Torres
(2012: 83), “a través de la deuda se alimentó un nuevo universo financiero aislado de
la economía real dedicada a producir bienes y servicios y pronto convertido en un
auténtico casino consagrado a la especulación y gracias al cual la banca pudo
aumentar su beneficio y su poder hasta los niveles gigantescos de los que hoy
disfruta”.
Este tipo de operaciones aumentó la importancia de un número cada vez
mayor de intermediarios financieros, convertidos en actores con un creciente poder
dentro del sistema por el volumen de recursos que manejan, su capacidad para actuar
con enorme rapidez y su escaso control democrático. Dentro de las entidades
financieras convencionales, la clásica distinción entre bancos comerciales y bancos de
inversión desapareció al permitirse a los primeros entrar en operaciones cada vez más
arriesgadas con el dinero de sus clientes y aumentar sus niveles de apalancamiento.
Pero una parte destacada de la burbuja financiera fue protagonizada por lo que
algunos califican como banca en la sombra, compuesta por fondos de inversión y de
pensiones, fondos de cobertura, sociedades de cartera, compañías de seguros, hedge
funds, etc., con la colaboración de las tres grandes agencias de calificación
estadounidenses, sometidos a una regulación aún menos exigente que la banca
convencional y con la City de Londres y Wall Street como principales centros de
operaciones (Capelle-Blancard y Tadjeddine, 2009). Se generó así un creciente poder
distribuido dentro de una red de actores, cuya influencia sobre los asuntos mundiales
ha llegado a cotas inimaginables hace unos pocos años.
El crecimiento sin apenas límites de las finanzas globales provocó una serie de
efectos, muchos de los cuales están en la raíz misma de la actual crisis. Dejando de
lado consideraciones de índole geopolítica (Méndez, 2011), o sobre la creciente
importancia alcanzada por los flujos de capital que se mueven al margen de los
circuitos legales y alimentan lo que Husson (2009) ha calificado como capitalismo
tóxico, pueden resumirse ahora algunos de sus principales impactos en relación con
las cuestiones aquí abordadas.
En primer lugar, convertir la compraventa de dinero en la principal base de
generación de riqueza, al margen de la producción de bienes o servicios, transformó el
funcionamiento de la economía en su conjunto, pues ahora la lógica financiera
determina las tasas y ritmos de rentabilidad exigidos a todo tipo de capital, en busca
de dividendos elevados e inmediatos para el accionariado y altas retribuciones para
los directivos que se asocian a ese tipo de resultados. Lo que Sennet (2000) llama el
capitalismo del corto plazo detrajo recursos de la economía productiva para invertirlos
en el ámbito de las finanzas, cuestionando el valor de una lógica basada en la
inversión y la rentabilidad en tiempos más largos y en trayectorias laborales más
estables y lineales, que convierten al trabajador formado en un recurso valioso para la
empresa. Por otra parte, para muchos operadores financieros el ascenso y descenso
15
constante de los valores cotizados (desde las acciones de las empresas a la deuda
soberana o el precio de los alimentos en los mercados de futuro) se convirtió en la
base de un negocio que se beneficia de la inestabilidad constante de esas
cotizaciones y no de su estabilidad, lo que introduce una lógica perversa que se
contrapone de forma nítida con la de la mayoría de los ciudadanos.
Como muestra de esa irracionalidad de los mercados financieros y de la
volatilidad de lo que a menudo se califica como capitales golondrina -invertidos o
desinvertidos con enorme rapidez- a lo que se suman frecuentes maniobras
especulativas contra monedas concretas o contra la deuda soberana de ciertos
Estados, muchos de ellos se ven aquejados por una creciente fragilidad. Su necesidad
de financiarse de forma periódica en esos mismos mercados no hace sino aumentar
su dependencia, al tiempo que la competencia entre gobiernos por atraer inversiones
conlleva un progresivo sometimiento a exigencias que han venido a ahondar la
desregulación laboral, la moderación salarial, el descenso de la fiscalidad al capital o
la reducción del gasto público.
Como resultado de todo lo anterior, el capitalismo financiarizado ha alcanzado
una aceleración en sus crisis desconocida durante las cuatro décadas posteriores a la
Segunda Guerra Mundial. Por el contrario, desde 1990 y en apenas dos décadas han
padecido crisis financieras países como Japón (1990), México y Rusia (1995),
Tailandia, Indonesia, Malasia o Turquía (1997), Corea del Sur y Brasil (1998),
Argentina (2001) y, finalmente, todo el sistema mundial (2008), aunque con máxima
intensidad en Estados Unidos, países de la Eurozona e Islandia (Krugman, 2009). En
todos estos casos, los excesos de los especuladores acabaron propagándose a la
economía real y afectando a la vida de los ciudadanos, en especial de aquellos grupos
sociales y territorios más frágiles, al tiempo que sirvieron de argumento para acusar a
sus respectivos gobiernos y ciudadanos de haber vivido por encima de sus
posibilidades y justificar así la imposición de políticas de austeridad avaladas por los
organismos económicos internacionales, que no hicieron sino ahondar la recesión y
los elevados costes sociales asociados.
1.2. Las restantes dimensiones de una crisis sistémica
Aunque la crisis financiera es la protagonista indiscutible de la mayoría de
análisis y diagnósticos sobre los problemas socioeconómicos actuales, así como de
las propuestas de políticas para su solución, resulta indisociable de otras crisis menos
evidentes, pero necesarias para una verdadera comprensión de las dificultades a que
se enfrenta hoy el capitalismo global. En primer lugar, el desorden financiero no habría
sido posible sin la difusión del neoliberalismo, que convirtió la desregulación en axioma
y generó unas tensiones sociales crecientes que pretendieron encontrar en el
endeudamiento una vía de escape. A su vez, la acumulación de liquidez generada en
el sector financiero se trasladó en diferentes países y grandes metrópolis del mundo a
la inversión inmobiliaria, generando una burbuja de grandes dimensiones que también
contribuye hoy de forma decisiva al desigual impacto del crac financiero sobre el
16
conjunto de la economía y el empleo. Pero el rápido desarrollo de la financiarización y
del sector inmobiliario no fueron ajenos al establecimiento de una nueva división
internacional del trabajo que provocó una rápida deslocalización de actividades
productivas y ha generado importantes desequilibrios en el comercio mundial. Por
último, el modelo de crecimiento de las últimas décadas se ve hoy también enfrentado
a sus límites y a una insostenibilidad denunciada desde hace décadas, pero que ahora
ya se hace visible en sectores tan sensibles como el energético o el alimentario.
a) Crisis de la regulación neoliberal.
Es indudable que las finanzas globales están en el centro de lo ocurrido, pero
para que el problema alcanzase su actual dimensión no bastó con que aumentase el
volumen de inversión o que el capital se multiplicase de forma vertiginosa mediante los
nuevos productos financieros y la reducción del coeficiente de caja. También fue
imprescindible una reglamentación internacional cada vez más laxa en materia de
transacciones financieras, que no pusiera trabas a la libre circulación del capital y para
hacerla posible tuvo que producirse la difusión de una ideología y una práctica que se
ha hecho hegemónica en las tres últimas décadas. Hace ahora ochenta años, Keynes
ya acusó al capital financiero de conducir la economía a una burbuja en un remolino
de especulación y la aplicación de sus propuestas en materia de política económica
permitió un largo periodo de estabilidad, sin apenas crisis financieras, pero desde los
años ochenta del pasado siglo se fueron creando de nuevo las condiciones para
alimentarlas y eso tiene un nombre bien definido: neoliberalismo.
Tras la crisis del modelo de producción fordista y el encarecimiento de los
precios de la energía padecidos por el sistema hace ya más de tres décadas, una de
las principales consecuencias fue el progresivo abandono de esas políticas
keynesianas de intervención pública sobre la economía en beneficio de una doctrina
neoliberal heredera de viejos dogmas que habían sido abandonados por sus negativos
efectos, que condujeron a la Gran Depresión de 1929. Pese a la existencia de ciertas
variedades de neoliberalismo (Peck, 2004), pues su grado de incorporación se ha
adecuado al marco institucional y político de cada país, la agenda neoliberal
promovida desde las principales instituciones económicas internacionales (Fondo
Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio…) y
gobiernos, difundió una serie de principios, convertidos en criterios básicos para
orientar las políticas económicas, que suelen identificarse con el llamado Consenso de
Washington y que se resumen en los siguientes:
- La supuesta racionalidad de la mano invisible del mercado para conseguir el
aprovechamiento más eficiente de todos los recursos conduce a que el principal
mecanismo para fomentar el crecimiento sea la liberalización del comercio de
mercancías y servicios, eliminando de forma progresiva cualquier tipo de
proteccionismo destinado a defender la producción y el empleo propios y frenar la
deslocalización empresarial.
- En la misma lógica del fundamentalismo del libre mercado (Harvey, 2007b), se
promueve una desregulación total de los mercados financieros, dando vía libre al
17
movimiento de capitales y al tráfico de divisas, reduciendo la capacidad de control
de los bancos centrales, o permitiendo la proliferación de paraísos fiscales que
aseguren la total opacidad de una parte de las transacciones.
- La lucha contra la inflación y la búsqueda del equilibrio presupuestario, eliminando
el déficit público, sustituyen al crecimiento y el pleno empleo como objetivos
prioritarios de las políticas estatales.
- Como complemento a lo anterior, se promueven contrarreformas fiscales para
reducir los niveles impositivos del capital frente al trabajo y de las rentas más altas,
bajo el supuesto nunca confirmado de que eso aumentará el ahorro de empresas y
grupos de mayores ingresos, que aumentarán entonces su inversión, lo que
generará empleo y alimentará un círculo virtuoso que difundirá el crecimiento.
- Se promueven, en paralelo, las calificadas como reformas estructurales en el
mercado laboral para flexibilizarlo, eliminar supuestas rigideces y abaratar costes
salariales, anulando cualquier automatismo en el traslado de las subidas de
precios a las remuneraciones, extendiendo las diferentes formas de la precariedad
laboral, debilitando la negociación colectiva y con ello la función de los sindicatos.
- Se completa la agenda con la reducción de las funciones del Estado en materia de
protección social, junto con la privatización o externalización de bienes y servicios
públicos, en especial los más rentables, con el doble argumento de incrementar la
eficiencia en su gestión y reducir un gasto público acusado, a menudo, de
despilfarrador.
Al considerar los efectos derivados de la progresiva implantación de esta
ideología, que Harvey (2007b) entiende como proyecto de clase en cuanto ha servido
para reforzar en todas partes el poder de las élites económicas, se constata la puesta
en marcha una serie de mecanismos que están en la raíz de la crisis presente. El más
evidente es que, frente a su escaso éxito en la promoción del crecimiento económico
internacional, inferior al del periodo anterior, resulta innegable su impacto en una
redistribución social y territorial del excedente mucho más asimétrica e injusta, que
explica su defensa más por razones de interés que por cualquier otro motivo.
La ruptura del contrato social y la reducción de los mecanismos redistributivos
del Estado de Bienestar, que mantenían la desigualdad dentro de unos límites
mediante políticas sociales y territoriales de reequilibrio, acentuó todo tipo de
contrastes, frenó el aumento de los salarios reales y sólo permitió mantener la
expansión del consumo a base de un creciente endeudamiento. La defensa del
simplista eslogan de “menos Estado y más mercado” fue disolviendo los controles
establecidos tras la experiencia de 1929 para impedir los perniciosos efectos de la
frecuente irracionalidad de estos últimos y limitar unos procesos de concentración
oligopólica del capital (en el sector financiero, la industria, la producción energética, los
medios de comunicación…) que contradicen el principio de libre competencia, llegando
a cuestionar el poder del Estado y el significado de la democracia representativa.
18
Hoy resulta ya evidente que la ruptura del pacto keynesiano aumentó la
inestabilidad del sistema en su conjunto, junto a la vulnerabilidad de un número
creciente de empresas, grupos sociales y laborales o territorios, fragilizándolos ante la
aparición de una crisis. En ese sentido, la profundidad de la actual “pone en cuestión
todas las justificaciones del modelo neoliberal. No sólo ha fracasado en su pretensión
de ofrecer una sustancial mejora del bienestar social, sino que resulta ineficiente aún
en los limitados términos del funcionamiento normal de los mercados” (Recio, 2009:
114), lo que no impide que las recetas para su superación que siguen siendo
dominantes ahonden en fórmulas ya fracasadas.
Ya en 1998, Martin y Schumann alertaron de que la desregulación promovida
por el pensamiento neoliberal estaba descontrolando la economía global y, en el caso
del sistema financiero, utilizaron una expresiva metáfora al afirmar que “en su
ciberespacio de millones de ordenadores conectados en red se acumulan riesgos
comparables a los de la tecnología nuclear” (Martin y Schumann, 1998: 110). La
devastación provocada apenas diez años después por el estallido de la burbuja
financiera e inmobiliaria vino a confirmar el sentido de esas previsiones y sin duda ha
revitalizado tanto las críticas al capitalismo como la defensa de un neo-keynesianismo
que restablezca ciertos controles, aunque por el momento ambos planteamientos
siguen enfrentándose a un bloque hegemónico dispuesto a defender sus axiomas
contra toda evidencia.
En ese sentido, la crisis de endeudamiento público provocada, en buena
medida, por el propio impacto del estallido de la burbuja inmobiliario-financiera sobre el
conjunto de la actividad económica y la consiguiente caída de ingresos, ha justificado
una aplicación más estricta de la agenda neoliberal en el seno de la Unión Europea
bajo el eufemismo de las políticas de austeridad. Éstas trasladan los esencial de los
costes derivados a los grupos sociales, empresas y territorios más necesitados de
recursos públicos que compensen su mayor vulnerabilidad y, al tiempo, profundizan la
recesión al frenar la recuperación de la actividad y del empleo. Pese a sus repetidos
fracasos en más de dos décadas de aplicación en diferentes países, los poderosos
intereses que subyacen a la tozuda persistencia de tales políticas contribuyen hoy al
“derrumbe moral del capitalismo dirigido desde las finanzas” (Altvater, 2010: 135), que
muestra de forma descarnada sus contradicciones.
b) Crisis inmobiliaria y del modelo territorial.
La expansión sin límites de la burbuja financiera alimentó en bastantes países
la que tuvo lugar de forma paralela en el sector inmobiliario. Del mismo modo, la crisis
que comenzó en el mercado hipotecario de Estados Unidos y de otros países fue la
que puso en marcha la espiral recesiva iniciada en 2007-2008. Se hizo así evidente la
estrecha vinculación entre el mundo de las finanzas y el sector inmobiliario, que
alcanzó su mejor exponente en los países donde estas fracciones del capital eran
dominantes y, sobre todo, en las grandes ciudades globales y regiones metropolitanas
del mundo. Trasladando a este ámbito la expresión de Rémy (2001), si en ellas las
inversiones de capital se convirtieron en los cimientos que construyeron la ciudad
19
invisible, relacional y de flujos, el sector inmobiliario se encargó de trasladar lo anterior
a la ciudad visible, que se extendió y transformó con rapidez como reflejo de un
proceso de urbanización que no parecía tener límites. Los mercados inmobiliarios
urbanos se convirtieron, en definitiva, en una fuente aparentemente inagotable de
acumulación de capital.
Esto se produjo tanto a través del crédito a los promotores privados para poner
en marcha sus actuaciones, como del crédito a los gobiernos para la construcción de
las infraestructuras necesarias para servir de soporte a la urbanización masiva, o del
crédito hipotecario para la compra de viviendas o de inmuebles empresariales. Al
convertir la vivienda en un bien de inversión aparentemente seguro y de alta
rentabilidad por la rápida elevación de sus precios, además de financiable con
préstamos hipotecarios que se beneficiaban de bajos tipos de interés y periodos de
devolución cada vez mayores, se consiguió atraer hacia este sector una proporción
creciente de capitales en circulación y del ahorro privado. Se provocó así una burbuja
de activos basada en un crecimiento sin precedentes de los niveles de endeudamiento
hasta alcanzar límites difícilmente sostenibles.
En una primera fase, la oferta inmobiliaria se dirigió, sobre todo, hacia los
sectores más solventes de la demanda, concentrándose en urbanizaciones
residenciales de calidad en áreas suburbanas y litorales, o en la regeneración y
gentrificación de ciertas áreas urbanas centrales, junto a la construcción de parques
empresariales de oficinas, comerciales y de ocio. Pero la búsqueda por las entidades
de crédito de nuevos clientes potenciales con menores recursos incrementó las
hipotecas de riesgo que, al titulizarse y fragmentarse luego en los mercados
financieros, aceleraron una espiral que parecía no tener fin hasta que el aumento de
los tipos de interés y de los impagos inició un movimiento de sentido contrario, cuyo
impacto ha sido proporcional al tamaño alcanzado previamente por la propia burbuja.
Al mismo tiempo, en aquellos lugares donde su crecimiento fue mayor, el
cluster inmobiliario generó un fuerte aumento de la oferta de empleos, pero con una
elevada proporción de puestos de trabajo poco cualificados, con escaso componente
innovador, asociados por lo general a una elevada precariedad y que atrajeron a
menudo grandes contingentes de población inmigrante. Su baja productividad y el
escaso nivel de formación de muchos de esos trabajadores con contrato temporal les
convirtió en especialmente vulnerables ante el cambio de tendencia. Del mismo modo,
los territorios del ladrillo mostraron una elevada fragilidad, tanto por su tendencia a la
monoespecialización como por el propio deterioro ambiental generado por una
urbanización descontrolada y con frecuencia poco sometida a una ordenación del
territorio exigente.
En el caso específico de España, que se convirtió en uno de los mejores
ejemplos internacionales del proceso de sobreproducción inmobiliaria, estas
condiciones generales se combinaron con otras específicas para impulsarlo, tal como
se ha analizado en numerosas publicaciones especializadas (Naredo, 2009; García,
2010; Rodríguez y López, 2011; Burriel, 2011; Romero, Jiménez y Villoria, 2012). El
20
rápido crecimiento interanual de las viviendas edificadas, así como del peso relativo de
la construcción y las obras públicas en la producción y el empleo totales, se acompañó
por otro aún mayor de los precios, que crecieron un 145% entre 1997-2005, sólo por
debajo de Irlanda (192%) y el Reino Unido (154%), con lo que la deuda hipotecaria de
las familias pasó de representar el 24% del PIB en 1998 al 62% una década después.
Una primera clave corresponde a las peculiaridades del modelo productivo
español, lastrado en su competencia internacional por la relativa debilidad de un tejido
industrial en el que las grandes firmas se desnacionalizaron y buena parte de las
PYMEs mantuvieron una especialización en actividades de baja o media-baja
intensidad tecnológica, sometidas a una creciente presión en sus costes, junto a un
insuficiente desarrollo del sistema nacional de I+D+i, lo que convirtió a la construcción
y el turismo en sectores estratégicos, como nodos centrales de importantes clusters
desarrollados a su alrededor. Eso situó al capital financiero e inmobiliario como actores
centrales de un bloque hegemónico, que lideró durante varias décadas lo que se ha
calificado como una “refundación oligárquica del poder” (Naredo, 2009: 119), al tiempo
que también se produjo la llegada de inversiones y grandes empresas promotoras
procedentes del exterior, sobre todo en determinadas áreas del litoral mediterráneo y
los archipiélagos, especializadas en un verdadero monocultivo turístico-residencial.
Pero no debe olvidarse que la burbuja inmobiliaria estuvo apoyada en todos los
países por una importante presencia pública –por acción u omisión- que en este caso
tuvo cuatro manifestaciones principales. En primer lugar, la aprobación de un marco
normativo liberalizador como fue la Ley del Suelo de 1998, que convirtió buena parte
del territorio en solar urbanizable salvo protección explícita y justificada, cediendo un
creciente protagonismo en la gestión de ese recurso a los agentes urbanizadores
privados. En segundo lugar, mediante un favorable tratamiento fiscal a la compra de
vivienda frente a la debilidad del mercado de alquiler, destinado a transformar una
sociedad de productores en una sociedad de propietarios (López y Rodríguez, 2010).
En tercer lugar, mediante la descentralización de la mayoría de competencias
urbanísticas a los gobiernos autonómicos y a unos gobiernos locales que, al depender
en buena medida de los recursos asociados a la urbanización para financiarse, fueron
proclives a calificar grandes superficies como urbanizables en sus documentos de
planeamiento y a recalificaciones que en bastantes casos rebasaron los límites de la
legalidad, con los consiguientes efectos sobre la difusión de prácticas corruptas. Por
último, mediante grandes inversiones en infraestructura de transporte que sirvieron
como soporte material y que, al mejorar la accesibilidad, hicieron posible la
urbanización de extensas áreas del territorio.
En consecuencia, además de la propia fragilidad intrínseca de un modelo de
crecimiento basado en el endeudamiento generalizado, su impacto negativo desde el
punto de vista territorial fue también elevado. La destrucción del patrimonio edificado,
de paisajes urbanos y entornos naturales, junto a la multiplicación de la superficie
artificializada en una urbanización de baja densidad altamente consumidora de suelo y
otros recursos naturales, que incrementó de forma notable la movilidad forzada y
segmentó aún más los espacios urbanos según funciones y grupos sociales, fueron
21
algunos de esos efectos que cuestionaban la sostenibilidad del modelo a medio plazo.
Por esa razón, además de un cambio en el modelo productivo, superar esta crisis
exigirá también, en palabras de Ferrão, “una nueva cultura del territorio y de la
ordenación del territorio, es decir, creencias y valores que se traduzcan en actitudes,
competencias y prácticas cotidianas por parte de la población en general y de los
miembros de las comunidades científica, técnica y política con intervención directa en
la ordenación del territorio, así como, sobre todo, por parte de los principales
stakeholders” (Ferrão, 2011: 115).
c) Crisis de la hiperglobalización y la nueva división internacional del
trabajo.
El proceso de globalización también se vio acompañado desde sus inicios por
cambios en la organización de la actividad productiva a los que se identificó con un
nuevo sistema de organización flexible, con cadenas de valor progresivamente
segmentadas y un reforzamiento de la división espacial del trabajo que aumentó la
interdependencia entre empresas, trabajadores y territorios. Se impuso así una
competencia creciente y se difundió un discurso según el cual los gobiernos y los
ciudadanos debían aceptar la pérdida de una parte de su capacidad de decisión ante
la necesidad de adaptarse a las exigencias de una globalización ante las que se
afirmaba que apenas había alternativas.
En primer lugar, esa competencia entre desiguales aceleró un desplazamiento
masivo de la producción industrial hacia los llamados países en desarrollo –en
particular las nuevas potencias emergentes- que, de representar el 15,3% del total
mundial en 1990, alcanzaron ya casi una tercera parte (32,1%) en 2010. Las grandes
diferencias de costes, superiores en la mayoría de casos a las de productividad, junto
a la progresiva eliminación de aranceles proteccionistas y unos precios relativamente
bajos de la energía, del transporte y la logística, impulsaron un proceso que culminó
tras la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio (1997) y su
conversión en fábrica del mundo, con más de un 15% de la producción total cuando
hace dos décadas apenas superaba el 1%. Esa integración, junto con la de India,
supuso la brusca incorporación en los mercados globales de más de 1.500 millones de
trabajadores, desequilibrando así profundamente la relación entre trabajo y capital a
favor de este último.
La primera consecuencia visible de ese proceso fue la desindustrialización
progresiva –aunque desigual- de muchos países con tradición manufacturera, tanto en
términos de empleo absoluto como de importancia del sector dentro de su PIB, en
contraste con una creciente hipertrofia del sector terciario, de la economía financiera y,
en algunos casos, de la construcción, convertidos en los nuevos motores de su
crecimiento. Pero esa tendencia alcanzó también a buena parte de los países
latinoamericanos y del antiguo bloque soviético, que se han enfrentado a una
desindustrialización precoz (Salama, 2012: 52) que acentuó su dependencia de la
exportación de diversos tipos de recursos naturales y agrarios, lo que también elevó su
vulnerabilidad frente a las oscilaciones de la demanda y los precios de esos productos
22
en los mercados globales. El contrapunto fueron los nuevos países industriales
asiáticos, donde se localiza ya una cuarta parte de la producción mundial y que, al
contar con una demanda interna limitada, destinaron lo esencial de su producción a la
exportación, generando así elevados excedentes de capital que alimentaron la burbuja
financiera en los mercados globales..
De este modo, según los informes anuales de la ONUDI, pese a las mejoras de
productividad incorporadas mediante un elevado esfuerzo innovador en una parte de
las empresas industriales que permanecen en las economías avanzadas, el
crecimiento anual de su producción en el periodo expansivo 2000-2005 se limitó al
2,3% y cayó al -1,7% en 2005-2010, con los valores más negativos de este último
periodo en el Reino Unido (-3,2%), Japón (-3,3%), Italia (-4,1%) y España (-4,1%), en
contraste con el 5,1% de crecimiento anual en Asia o el 11,8% de China.
En los inicios del proceso, el trasvase de capacidad productiva afectó
básicamente a manufacturas de escasa complejidad tecnológica, intensivas en el uso
de mano de obra o materias primas, que producían bienes de escaso valor. Pero los
nuevos países industriales asiáticos han aumentado de forma constante sus
exportaciones de bienes intensivos en capital y tecnología, a menudo desde fábricas
ubicadas en ellos de empresas transnacionales o de empresas mixtas hacia las que se
externalizan cada vez más tareas y productos en función, sobre todo, del diferencial de
costes salariales y fiscales, así como de las escasas exigencias en materia de
condiciones laborales o controles ambientales.
Es indudable que, en una aproximación superficial, ese trasvase de actividad
industrial y de un número creciente de servicios que usan como materia prima la
información hacia los países en desarrollo podría valorarse positivamente en términos
de reequilibrio, frente a la secular polarización en los países desarrollados y es
evidente que este mundo cada vez más plano ha abierto oportunidades para
determinadas regiones tradicionalmente excluidas (Friedman, 2006). Pero una mirada
más atenta comprueba que sus costes también resultan evidentes y tenderán a
acentuarse de no establecer medidas correctoras.
En ese sentido, la puesta en competencia de trabajadores que viven y trabajan
en entornos absolutamente desiguales ejerce una presión para equiparar por abajo las
condiciones laborales y los salarios de quienes residen en los antiguos países
industriales bajo la amenaza constante que supone el chantaje de las
deslocalizaciones, lo que les convierte en rehenes de una globalización extrema. Al
mismo tiempo, se ha provocado en ellos una importante destrucción de empleos que
el desarrollo de la economía del conocimiento o de los sectores creativos no logra
compensar en la mayoría de casos, junto a una reducción en la capacidad
negociadora de los sindicatos, al tiempo que se han extendido las fronteras de la
precariedad y la importancia relativa del llamado mercado secundario de trabajo,
donde esta última es la norma.
Pero, en el otro plato de la balanza, la situación laboral de ese inagotable
ejército de reserva incorporado en las dos últimas décadas al mercado global, más
23
como productor que como consumidor, deja bastante que desear a juzgar por los
informes anuales sobre tendencias del empleo que edita la Organización Internacional
del Trabajo. Así, por ejemplo, el publicado en el último año se inicia con la afirmación
de que “al despuntar 2012 el mundo se encuentra ante un grave problema de
desempleo y déficits generalizados de trabajo decente” (OIT, 2012: 1). De su
exhaustivo análisis destaca la permanencia de unos 1.520 millones de trabajadores
vulnerables (bajos salarios, ausencia de derechos laborales, temporalidad o ausencia
de contrato…), unos 140 millones más que en el año 2000 y casi la mitad del total
empleado en los países en desarrollo (48,2% entre los hombres y hasta el 50,5% entre
las mujeres), de los que 900 millones son calificados como trabajadores pobres, al no
alcanzar con su trabajo un ingreso diario mínimo. De ahí que, tras varios decenios de
deslocalizaciones que generaron elevadas plusvalías empresariales, la promoción de
ese trabajo decente en los nuevos países industriales siga siendo uno de los objetivos
prioritarios de esa organización.
En resumen, como señala uno de los más conocidos defensores de la
desglobalización, “la mundialización ha fabricado parados en el norte y ha aumentado
el número de los semiesclavos en el sur, ha destruido en todas partes los recursos
naturales, ha dado el poder a los financieros y ha privado a los pueblos de los medios
de autodeterminarse que habían conquistado” (Montebourg, 2011: 38). Tanto desde
esas posiciones muy críticas, como para quienes defienden una globalización en sus
cabales (Rodrick, 2011) que ponga fin a la hiperglobalización de los últimos tiempos,
parece abrirse camino la idea de que es necesario que los Estados mantengan cierta
capacidad para definir una política económica y, en concreto, recuperen una política
industrial que defina prioridades estratégicas y las apoye con recursos, sin verse
sometidos a las actuales prohibiciones de la OMC, tal como también hicieron todas las
potencias asiáticas emergentes.
Igualmente se hace urgente evitar el dumping social y ecológico que supone la
inexistencia de barreras a la libre circulación de mercancías producidas a veces en
condiciones de explotación laboral, ausencia de derechos o destrucción ambiental
inaceptables en los países de destino, sin respetar unos estándares internacionales
mínimos. Cuando alguien tan poco sospechoso de radicalismo como un catedrático de
Harvard afirma ahora que “las democracias tienen el derecho a proteger su
organización social y cuando este derecho interfiere con los requisitos de una
economía global es esta última la que debe dejar paso” (Rodrick, 2011: 21), es
evidente que se ha alcanzado una situación crítica también desde esta perspectiva.
d) Crisis energética y de sostenibilidad.
Una última dimensión de la crisis, no menos importante que las anteriores, es
la que afecta a un modelo de crecimiento económico que desde el siglo XIX se basó
en un consumo intensivo de fuentes de energía fósiles, abundantes y a precios
relativamente baratos. Sin considerar ahora sus impactos ambientales y su directa
relación con el calentamiento global, este soporte necesario para asegurar el
dinamismo económico parece enfrentarse a sus límites en un futuro próximo.
24
En julio de 2008, dos meses antes del estallido de la burbuja financiera en
Estados Unidos, el precio del barril de petróleo alcanzó un máximo histórico de 147,70
dólares, cuando siete años antes apenas superaba los 24 dólares. Aunque la recesión
económica en 2009 redujo de nuevo los precios, al año siguiente volvieron a elevarse
y desde entonces fluctúan en niveles bastante superiores a los del periodo anterior a la
crisis. Si en vez de valores puntuales se consideran precios medios anuales en valores
constantes (dólares de 2011), el nivel más bajo de las tres últimas décadas se alcanzó
en 1998, con un promedio de 17,55 dólares por barril, que se duplicaba cinco años
después (35,25 dólares en 2003) y casi se triplicó de nuevo en el siguiente lustro
(101,61 dólares en 2008). Tras una breve caída en 2009 como resultado de la
recesión económica mundial (64,66 dólares), los precios han vuelto a remontar con
rapidez y en 2011 registraron su nivel más alto de toda la serie histórica, con un
promedio de 111,26 dólares, según las estadísticas que publica anualmente British
Petroleum.
Más allá de circunstancias coyunturales o tensiones geopolíticas en las áreas
de extracción, esa tendencia que tiende a consolidarse se relaciona con tres tipos de
factores que se refuerzan entre sí. El primero de ellos corresponde al aumento de la
demanda derivado del fuerte crecimiento de China y otros países emergentes, que
supusieron la mitad del incremento del consumo registrado en la última década. No
obstante, frente a argumentos que parecen responsabilizar a estos países de querer
imitar el estilo de vida intensivo en consumo de energía que caracteriza al mundo
desarrollado ya desde hace décadas, parece necesario señalar que “con el aumento
de la cantidad de personas que aspiran a este tipo de consumo, los problemas del
planeta se incrementarán” (Tabb, 2009: 126), lo que sitúa la responsabilidad de la
situación en un estilo de vida insostenible a medio plazo.
Una segunda causa del encarecimiento de la energía es su progresiva
integración en la lógica de los mercados financieros. El precio de estos productos
depende cada vez menos de su oferta o demanda reales y mucho más de la
compraventa que se realiza a diario en los mercados de futuros. Las principales
compañías del sector y algunos grandes operadores financieros (Goldmann Sachs, JP
Morgan, Citigroup, Bank of America y Morgan Stanley) tienen una elevada influencia
en esos mercados y en una oscilación de precios que permite grandes ganancias
especulativas. Al mismo tiempo, la aparición de otros inversores que en determinados
momentos trasvasan capital desde otros sectores menos rentables –como ocurrió en
2008 con el inmobiliario y el financiero- también provocan periódicas burbujas de
precios y, sobre todo, una creciente inestabilidad.
Pero una tercera causa que no puede ser ignorada se refiere al progresivo
agotamiento de las reservas de hidrocarburos conocidas. Según la Agencia
Internacional de la Energía a partir de su informe anual correspondiente a 2010,
corroborado por otras instituciones privadas como la ASPO (Association for the Study
of Peak Oil and Gas), se estaría alcanzando en la actualidad el pico del petróleo. Esto
corresponde al momento en que ya se han consumido la mitad de las reservas
petrolíferas extraíbles con la tecnología y condiciones de mercado actuales, situación
25
que se trasladaría al gas natural en una década y al carbón hacia 2025 (Fernández
Durán, 2011). Aunque en el pasado el descubrimiento de nuevas reservas o las
mejoras técnicas en los sistemas de extracción se encargaron de refutar este tipo de
predicciones, lo que sí parece fuera de toda duda es que aumentar la producción de
este tipo de energía fósil en el futuro supondrá costes directos crecientes –además de
los costes ambientales indirectos- y el consiguiente freno para el crecimiento
económico global.
Pero, como recuerda Rifkin (2011), si el pico de la producción total de petróleo
está en discusión, lo que resulta indiscutible es que el pico global del petróleo per
capita, es decir, el volumen producido por habitante, se alcanzó hace ya varias
décadas. Si se concreta en unas sencillas cifras, en 1981 la producción diaria de
petróleo en el mundo fue de 59,5 millones de barriles, en 1991 ascendió a 65,2
millones, hasta 74,8 millones en 2001 y alcanzó los 83,6 millones en 2011. Pero como
la población mundial lo hizo aún con mayor rapidez (de 4.531,8 millones en 1981 a
6.974,0 en 2011), eso supone que la producción per capita, que era de 13.140 barriles
en 1981, descendió de forma lenta pero constante en las tres décadas siguientes
hasta los 11.980 del año 2011.
A los problemas estructurales relacionados con la energía se suman los
relativos a algo tan sensible como los alimentos. No por casualidad, también en 2008
el precio medio de algunos productos básicos como el arroz, el trigo o la soja aumentó
un 74%, 87% y 130% respectivamente. La consecuencia fue que, más allá de lo que
Magdoff (2009) califica como hambre rutinaria, los informes de la FAO denunciaron un
aumento inmediato de la subalimentación y de la inseguridad alimentaria en 2009, que
se atenuó ligeramente al año siguiente pero se mantiene en niveles muy elevados
desde entonces.
También en este caso, las causas se repiten. Más allá de circunstancias
coyunturales que afectan a las cosechas o del efecto provocado por la crisis de la
agricultura de subsistencia en países forzados por los organismos internacionales a
especializarse en productos de exportación para obtener divisas con que pagar sus
deudas, tres son las razones básicas del aumento de precios. La especulación con
muchos de estos productos en unos mercados globales que operan con una lógica
financiera es la primera. El aumento de la demanda asociado al crecimiento
económico y el cambio de hábitos alimentarios en los países emergentes la segunda.
El impacto derivado de los elevados precios energéticos sobre los insumos agrarios y
el uso de una parte de la producción para fabricar agrocombustibles la tercera.
El efecto combinado de los procesos que acaban de comentarse es que se ha
alcanzado una situación que puede calificarse como círculo vicioso, pues el
crecimiento económico aumenta con rapidez la demanda energética y los precios, lo
que provoca su detención, con efectos que también se trasladan a los alimentos y
otras materias primas. Sin duda los especuladores financieros y la desregulación de
los mercados echan gasolina al fuego, provocando cambios bruscos en las
cotizaciones. Pero parece existir un bloqueo estructural que refuerza el carácter
26
sistémico de lo que puede, por tanto, entenderse como una crisis del capitalismo
global, basada en la aplicación de la agenda neoliberal y el predominio de una lógica
de acumulación financiarizada.
Esta es la interpretación que aquí se propone respecto a los movimientos
tectónicos de fondo que son el fundamento de la actual crisis, pero es también
evidente que sus manifestaciones resultan diferentes según territorios y comprender
mejor las razones de esas diferencias será el argumento central a desarrollar en las
páginas que siguen.
1.3. Territorios, vulnerabilidad y crisis.
Tal como señalan Hardt y Negri (2011: 9), “uno de los principales efectos de la
globalización es la creación de un mundo común que, para bien o para mal, todos
compartimos, un mundo que no tiene afuera”. La suma de procesos interrelacionados
que constituyen el origen de la actual crisis sistémica, así como sus principales
consecuencias, afectan, de uno u otro modo, a todos los territorios y las
incertidumbres que se ciernen sobre el futuro a corto plazo de la economía mundial en
su conjunto siguen siendo muy elevadas.
Ahora bien, cualquier observación superficial permite comprobar que el impacto
de la crisis muestra, al mismo tiempo, intensidades y manifestaciones muy diversas,
que son compatibles con la afirmación anterior pero también exigen un análisis y una
interpretación más precisos de las transformaciones en curso. De una parte, mientras
algunos territorios se muestran particularmente frágiles y padecen las situaciones de
mayor gravedad, otros parecen dotados de mayor resistencia y sus indicadores de
desarrollo apenas se han visto afectados en estos años. A su vez, algunos lugares
consiguen adaptarse mejor a la nueva situación, renovarse y recuperarse en un tiempo
más o menos breve, en tanto otros inician un periodo de deterioro prolongado, sin
encontrar alternativas definidas para superar tal situación. Por último, mientras ciertos
territorios se muestran incapaces de articular respuestas propias ante la crisis,
resultado de la coordinación y colaboración entre diferentes actores, por lo que cifran
sus esperanzas en la ayuda externa, otros logran poner en marcha respuestas
proactivas y proyectos compartidos para hacerle frente, aunque sus resultados no
sean visibles de inmediato.
En consecuencia, cada una de las grandes crisis del capitalismo se ha saldado
con la aparición de una nueva generación de países, regiones y ciudades en declive
frente a otros que mantienen una trayectoria estable e, incluso, un tercer grupo
emergente, que ve mejorar sus condiciones por su mayor adecuación al nuevo
contexto. Si, en palabras de Veltz (1999: 104), “la apertura y la ampliación del mercado
mundial se realiza movilizando recursos sociales y culturales muy específicos, ligados
a la historia de cada territorio”, lo que justifica que la globalización haya tenido
expresiones diversas más allá de las tendencias comunes que ha impulsado, algo
similar ocurre ahora con los impactos de la crisis. Pero sólo una observación capaz de
analizarlos a diferentes escalas espaciales permite ofrecer una aproximación
27
adecuada y esa es la principal aportación que puede hacerse a su estudio desde un
enfoque geográfico, atento a mostrar la espacialidad inherente a los procesos
económicos y sociales, así como la lógica y las relaciones de poder subyacentes.
Tal como plantea Ron Martin, pueden así identificarse múltiples geografías
locales de una crisis que sin duda tiene dimensión global, pero que ofrece
manifestaciones diversas y a veces contradictorias. Esto proporciona un notable
ejemplo de glocalización, en el que las estrategias financieras globales se han
combinado con otras específicas en los diferentes ámbitos locales para provocar
impactos muy heterogéneos (Martin, 2011: 592). Esa variedad suele relacionarse de
forma habitual con la vulnerabilidad propia de cada territorio, lo que exige fijar la
atención sobre el significado que debe otorgarse a este término en relación con la
crisis.
El de vulnerabilidad es un concepto polisémico, es decir, utilizado en contextos
múltiples y con significados diversos, por lo que no existe una definición única y
generalizable. Su desarrollo ha sido mayor en el ámbito de los estudios ambientales y
en relación con el análisis de desastres, que de explicaciones físico-naturales han
evolucionado para incluir también factores socioeconómicos, pero en los últimos años
también se ha difundido en las ciencias sociales y, más en concreto, en los estudios
urbanos.
En tal sentido, puede considerarse vulnerable a aquella persona, grupo social o
territorio con alta propensión o probabilidad de verse afectado por algún tipo de daño
en función de dos tipos de razones que a menudo se complementan. Por un lado, una
elevada exposición a riesgos de diversa naturaleza o a situaciones adversas que
escapan a su control. Por otro, su indefensión, escasa capacidad de respuesta y
dificultad de adaptación a la nueva situación, ya sea por sus propias debilidades y falta
de medios adecuados o, además, por la falta de apoyo externo para atenuar los daños
provocados. Factores externos e internos suman, por tanto, sus efectos, aunque con
importancia variable de unos y otros según los casos.
La vulnerabilidad presenta algunos rasgos básicos, el primero de los cuales es
su carácter relativo, pues todos somos hasta cierto punto vulnerables pero en distinto
grado y ante diferentes situaciones, por lo que su aplicación al análisis de los territorios
sólo tendrá sentido en términos comparativos. En segundo lugar, la vulnerabilidad es
dinámica, pues si bien a menudo la fragilidad actual es resultado de un largo proceso y
persiste con el paso del tiempo, puede aumentar o disminuir en relación con
decisiones y acciones sucesivas que se acumulan a lo largo de la trayectoria histórica
seguida por un mismo territorio. En tercer lugar, es también una construcción social,
por lo que determinadas ideologías como la neoliberal, que prima la competencia entre
desiguales, erosiona los mecanismos de solidaridad y busca reducir la acción pública
en materia de protección social y establecimiento de controles a la acción de los
mercados, aumentan la vulnerabilidad de aquellas personas, sectores sociolaborales y
territorios con mayores dificultades para salir indemnes de esa competencia. Lo mismo
ocurrirá con determinados modelos de crecimiento excesivamente especializados en
28
lo económico, polarizados en lo social e insostenibles a medio plazo en lo ambiental,
que fragilizan a aquellos territorios que los adoptan, lo que permite hablar de una
incertidumbre fabricada (CEPAL, 2002).
Por último, tiene una dimensión objetiva y mensurable a partir de determinados
indicadores –sometidos a debate y dependientes de la información disponible- junto a
otra subjetiva que se relaciona con “la percepción de inseguridad y miedo que los
ciudadanos tienen del territorio donde viven y de sus propias condiciones sociales”
(Hernández Aja, 2007: 8). El Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana en España, que
ofrece información sobre todas las ciudades que superan los 50.000 habitantes
además de las capitales, con datos que -a la espera de información proveniente del
nuevo censo- corresponden a 2001 y 2006, incluye por esa razón entre los veinte
indicadores de vulnerabilidad algunos de carácter sociodemográfico, socioeconómico y
residencial, pero también otros de índole subjetiva (De Santiago, 2010).
Desde esa perspectiva, los impactos provocados por catástrofes puntuales
(inundaciones, sismos, tsunamis, guerras…) o por crisis económicas de larga duración
en los diferentes territorios deben interpretarse “no como fenómenos puntuales,
espontáneos e inevitables, sino como el resultado de causas estructurales y procesos
de largo y medio plazo, muchos de ellos modificables por la acción humana” (Pérez de
Armiño, 2000: 3). Así pues, si centramos la atención en las crisis capitalistas, la
amplitud e intensidad de sus negativos efectos variarán, desde luego, según la
profundidad y duración de cada una de esas crisis, pero también en función de la
vulnerabilidad previa de cada territorio (exposición + capacidad de respuesta). Al
mismo tiempo, sucesivas crisis pueden acentuar el grado de vulnerabilidad territorial,
debilitando aún más su capacidad para hacerles frente. Pero pueden también aparecer
rupturas en esa tendencia debidas a la aplicación de estrategias de revitalización o
resiliencia que se utilizaron para enfrentar las consecuencias de crisis anteriores y que
han sido capaces de generar nuevas fortalezas.
En definitiva, puede proponerse como hipótesis que la diferente gravedad y
profundidad de la crisis actual en países, regiones y, en especial, ciudades, es el
resultado o reflejo de la vulnerabilidad generada por su trayectoria previa. Pero, dicho
esto, quedan aún sin resolver dos cuestiones centrales: cómo comparar la situación de
las ciudades ante la crisis y cuáles pueden ser las causas explicativas de esa distinta
vulnerabilidad urbana. Las siguientes páginas intentarán avanzar algunos pasos en la
respuesta a ambas preguntas.
1.4. Ciudades frente a la crisis: principales indicadores para un diagnóstico
comparativo.
Desde que estalló la burbuja financiera en Estados Unidos, en septiembre de
2008, y su impacto provocó la crisis financiera internacional y la posterior recesión
económica en 2009, comenzaron a publicarse algunos informes sobre el reflejo de esa
crisis en las áreas urbanas y las respuestas dadas por sus gobiernos, que fueron
especialmente numerosos en los dos años siguientes para casi desaparecer desde
29
entonces, cuando la recesión se concentró en ciertos países. La mayoría fueron
realizados o financiados por instituciones internacionales y se basaron en el uso de
algunos indicadores estadísticos, generalmente escasos y con un periodo de análisis
muy breve como para establecer tendencias consistentes. Por esa razón, esos
escasos datos se complementaron con cuestionarios enviados a representantes
políticos y, en algunos casos, a otros actores sociales relevantes de las ciudades que
se analizaban.
Uno de los más significativos fue el proyecto URBACT II, promovido por la
Unión Europea (Soto, 2010) y que consideró la situación de 131 ciudades en 25
países europeos. También pueden mencionarse el informe de la OCDE sobre el papel
de los líderes locales frente a la crisis (Clark, 2009), así como los realizados por el
Consejo Europeo de Municipios y Regiones (CEMR, 2009), la organización United
Cities and Local Governments (2009), o el Metropolitan Policy Program de The
Brookings Institution y la London School of Economics and Political Science (Berube et
al., 2010). A escala de sistemas urbanos nacionales, pueden citarse los relativos al
efecto de la crisis en las ciudades británicas (Lee, Morris y Jones, 2009),
norteamericanas (Paulais, 2009), o en las zonas de empleo francesas (Davezies,
2010)
Pese a su valor como primeros intentos de diagnosticar los efectos del proceso,
estas investigaciones resultan poco numerosas, parciales en cuanto al tipo de
indicadores considerados y heterogéneas desde el punto de vista metodológico, por lo
que su utilidad actual es bastante limitada. En consecuencia, un primer objetivo de
investigación para una geografía de la crisis en España sería la elaboración de un
mapa de la crisis a diferentes escalas con objeto de esbozar una panorámica de
conjunto, base necesaria para aportar luego una interpretación de los posibles factores
subyacentes a la desigual vulnerabilidad de regiones, ciudades o áreas rurales ante
shocks externos como los padecidos en estos últimos años.
Las áreas urbanas son protagonistas esenciales en la evolución
contemporánea de las sociedades europeas, por lo que los ciclos económicos que
marcan el desarrollo del sistema capitalista siempre encontraron en ellas su mejor
reflejo, tanto en los periodos de crecimiento como en los momentos de crisis. Pero se
trata también de entidades complejas, donde la diversidad económica, social o cultural
es la norma, lo que favorece fuertes contrastes tanto en su interior como en las
trayectorias seguidas por unas y otras. Puede afirmarse por tanto que, al tiempo que
“son origen y epicentro de la crisis, que se manifestará aquí en su forma más
persistente y virulenta” (Perló, 2011: 9), existirán notorias diferencias en cuanto al
impacto recibido, tanto por las ciudades que forman parte de un mismo sistema urbano
como en el interior de las aglomeraciones metropolitanas o entre los barrios de una
misma ciudad. Precisar dónde se encuentran las áreas en que la recesión económica
ha causado un mayor impacto, lo que Cohen (2012: 40) identifica como “los lugares de
la crisis”, resulta un aspecto importante tanto porque ayuda a conocer mejor la
configuración espacial de las economías nacionales como porque puede ser útil para
30
focalizar determinadas políticas y, en ambos sentidos, la escala urbana resulta
particularmente significativa.
Muchos son los indicadores potenciales que pueden considerarse para valorar
esas diferencias y la capacidad de las ciudades para evitar el declive, sumergirse en él
o recuperar su vitalidad anterior. En el caso de los indicadores cuantitativos, no
obstante, la disponibilidad de información a escala local y actualizada limita en la
práctica la posibilidad de medir el carácter multifacético de la vulnerabilidad y de la
crisis a un número generalmente reducido de variables. Tanto este hecho como la
conveniencia de incorporar, en ocasiones, algunas dimensiones de la crisis difíciles de
reducir a valores estadísticos aconsejan el uso complementario de indicadores
cualitativos, al menos en estudios de caso sobre lugares concretos. Aunque sin
pretensión de exhaustividad y con un simple objetivo sistematizador, se han
identificado hasta una treintena de indicadores potenciales para llevar a cabo una
valoración comparativa sobre el impacto de la crisis en las ciudades españolas,
agrupados en cinco componentes básicos (tabla 1.1).
Indicadores económicos, destinados a medir la posible disminución de la
actividad empresarial –total y por sectores de actividad- a partir de los cierres,
ajustes de capacidad y evolución del número total de establecimientos, que
tendrían como complemento un menor nacimiento de nuevas empresas. Todo ello
puede generar efectos directos sobre la producción y el consumo locales, así como
sobre los flujos de inversión recibidos. Pero otro indicador del rumbo tomado por la
economía local se relaciona con la crisis fiscal de un sector público enfrentado a la
reducción de transferencias desde el Estado central, la reducción de ingresos por
licencias y actividad, junto al mantenimiento de las demandas sociales y la
dificultad para acceder a financiación privada. En ese sentido, tanto el nivel de
endeudamiento de la administración local, como la evolución de sus presupuestos
o de la inversión realizada en servicios, equipamientos e infraestructuras resultarán
útiles para el diagnóstico.
Indicadores laborales, que reflejan el efecto combinado de la dinámica
económica y del marco regulatorio, tanto sobre el volumen total de población
incluida y excluida del mercado de trabajo, como sobre la calidad del empleo o el
sistema de relaciones laborales. Indicadores de la intensidad alcanzada por la
crisis pueden ser tanto la disminución de la afiliación a la Seguridad Social y de las
cifras anuales de contratación a escala local, como el incremento en el paro
registrado o en la precariedad laboral (temporalidad, subempleo, autónomos
precarios…), sin ignorar la mayor presencia de trabajo sumergido y, como
contrapunto, el incremento de los expedientes de regulación de empleo o de
diferentes formas de conflictividad por motivos laborales.
31
Tabla 1.1. Indicadores del impacto de la crisis económica en las ciudades.
COMPONENTES INDICADORES DE IMPACTO
Económicos Disminución en el número total de empresas
Descenso en la creación de nuevas empresas
Disminución o estancamiento del PIB local
Disminución del consumo y las ventas
Aumento en deuda financiera de la administración local
Disminución de los presupuestos locales e inversión pública
Laborales Reducción de la afiliación a la Seguridad Social
Reducción en el número de contratos anuales
Aumento del paro registrado general y en grupos de riesgo
Aumento de la precariedad laboral (temporalidad, subempleo)
Aumento del empleo informal/sumergido
Aumento en EREs y conflictividad laboral
Sociales Disminución de la renta media familiar
Aumento de las desigualdades de renta
Aumento de la población bajo el umbral de la pobreza
Aumento de población sin hogar y en centros de asistencia
Deterioro de los servicios sociales
Aumento de la contestación ciudadana
Demográficos Estabilización o descenso de la población residente
Envejecimiento de la estructura demográfica
Balance migratorio negativo
Emigración de trabajadores cualificados/alto nivel educativo
Inmobiliarios Descenso en la construcción y venta de viviendas
Reducción del precio medio de venta de la vivienda
Reducción inmuebles empresariales (edificación, venta, precio)
Reducción de alquileres de oficinas y naves
Aumento de ejecuciones hipotecarias y desahucios
Abandono de viviendas e infraestructuras
Fuente: Elaboración propia.
Indicadores sociales, que consideran los efectos derivados de la crisis sobre el
grado de cohesión o el aumento de la segmentación interna. Para ello pueden ser
de utilidad indicadores que midan la evolución de la renta media familiar y, más
aún, los posibles incrementos en la desigualdad entre los diferentes estratos de la
pirámide social, en la población que se encuentra en riesgo de pobreza/exclusión y
de aquella que requieren la asistencia social para enfrentar la situación (refugios
para población sin hogar, comedores sociales…). El deterioro de los servicios
sociales, visible a través de sus presupuestos, plantillas laborales, etc., junto al
aumento de la contestación y de la movilización ciudadana pueden ser también
reflejo destacado del descontento provocado por la crisis urbana y por las políticas
aplicadas como respuesta.
32
Indicadores demográficos, relacionados tanto con el estancamiento o la
disminución del número de habitantes censados o empadronados como, sobre
todo, por unos saldos migratorios negativos que suelen reflejar de forma sintética
el pulso socioeconómico de las ciudades, siendo también relevante considerar la
emigración de jóvenes con alto nivel formativo y trabajadores cualificados. Todo
ello mostrará sus efectos sobre la evolución de la estructura por edades y la
tendencia a acelerar el envejecimiento demográfico.
Indicadores del mercado inmobiliario, de especial importancia en países como
España que tienen a este sector en la raíz de buena parte de sus actuales
problemas. La dinámica inmobiliaria urbana tras el estallido de la burbuja puede
quedar bien reflejada en el descenso registrado por las viviendas que inician o
finalizan su construcción anualmente, las cifras de venta y sus precios medios.
También será significativo considerar la situación del inmobiliario empresarial
(naves, oficinas y locales comerciales), tanto en cuanto a construcción, ventas y
precios, como a evolución de los alquileres, que son más sensibles a los cambios
de coyuntura. Pero el aspecto de la dinámica inmobiliaria con mayor impacto social
es, sin duda, la evolución registrada por las ejecuciones hipotecarias y los
desahucios de quienes no pueden hacer frente al pago, en tanto el abandono de
determinadas áreas edificadas o en construcción, así como de infraestructuras,
tiene un impacto directo sobre los paisajes urbanos y resulta, a menudo, el reflejo
más gráfico de que “la crisis es también, sin duda, crisis de un cierto modelo de
urbanización” (Baraud-Serfaty, 2009: 87).
A partir del análisis de este tipo de información y su tratamiento estadístico
para definir tendencias y regularidades, un objetivo complementario será el
establecimiento de tipologías que sistematicen el comportamiento de las ciudades ante
la crisis, revisando en su caso clasificaciones ya existentes, elaboradas en su
momento con otro tipo de criterios. Finalmente, los resultados obtenidos pueden
permitir comprobar en qué medida la crisis influye sobre los modelos de organización
territorial vigentes en el periodo anterior, acentuando o atenuando, por ejemplo, las
tendencias a la aglomeración, los fenómenos de policentrismo, la segmentación
interna de los espacios urbanos y metropolitanos, etc. Se trataría, en definitiva, de
considerar hasta qué punto puede considerarse que se apunta ya lo que Harvey
(2007) define como una nueva solución espacial (spatial fix) acorde con un nuevo
régimen de acumulación y un nuevo modo de regulación emergentes, que surgen
como respuesta a las grandes crisis que han marcado la trayectoria del capitalismo.
1.5. Una interpretación multiescalar sobre el desigual impacto urbano de la
crisis económica.
Comprender mejor por qué algunas ciudades parecen más resistentes y
capaces de superar la actual situación mientras otras se muestran más vulnerables
resulta, sin duda, el aspecto central de cualquier investigación que aspire a superar la
aportación de nueva información para ofrecer también un conocimiento que pueda
33
orientar actuaciones destinadas a revertir la actual situación con criterios más
consistentes. Para lograrlo, el principal argumento que aquí se defiende es que resulta
necesario considerar tanto factores externos como también internos al propio territorio.
Es precisamente “la tensión dialéctica entre ambos tipos de factores la que produce y
reproduce un desarrollo geográfico desigual y es un error priorizar unos sobre otros”
(Hadjimichalis, 2011: 257).
Pero ese planteamiento general puede concretarse en la identificación de tres
planos o escalas de análisis -complementarios e interdependientes- para interpretar
las múltiples causas de la crisis en un lugar determinado, tal como propone de manera
esquemática la figura 1.1.
Figura 1.1. Claves del desigual impacto urbano de la crisis: propuesta interpretativa.
CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL
Reducción del
crédito
Cierres/ajustes
y desempleo
Crisis del
mercado
inmobiliario
Freno consumo y
deterioro bienestar
Endeudamiento e
inversión pública
IMPACTOS
DE LA CRISIS
EN ÁREAS
URBANAS
EFECTO
PAÍS
(Estado)
CONDICIONES LOCALES
Grado y tipo
de inserción
exterior
Base
económica
urbana
Tamaño urbano
y recursos
específicos
Sistema local de
innovación y
capital humano
Trayectoria
local y marco
institucional
Marcoregulatorioneoliberal
Exposiciónaburbujas
financieraeinmobiliaria
Trayectoriasocioeconómica
SistemanacionaldeI+D+i
Liderazgoypolíticaspúblicas
Fuente: Elaboración propia.
Las transformaciones que viven hoy ciudades concretas como resultado de la
crisis son reflejo, en primer lugar, de los procesos estructurales ya analizados que
cuestionan el modelo de globalización neoliberal de las últimas décadas, que permitió
un desarrollo anómalo del capital financiero cuyos excesos, en ausencia de regulación,
están en su origen. La crisis financiera internacional, con la espiral recesiva
desencadenada por la restricción del crédito a las empresas y las familias, junto a los
problemas de endeudamiento privado y público que afectan de forma negativa la
inversión y el empleo, constituye un marco común de referencia para la crisis urbana.
Aunque sus efectos en los países periféricos de la Eurozona o en Estados Unidos
34
resultan especialmente acusados, su difusión al conjunto del sistema en 2008 justificó
que esta temática alcanzase una dimensión internacional, si bien con importancia y
significado distintos según regiones.
Pero, como en anteriores crisis, esos efectos resultan contrastados según
países, pues el Estado sigue siendo esencial para definir un marco regulatorio y de
acumulación específico, tanto a partir de la normativa legal existente como de la
relación de fuerzas entre las diversas fracciones del capital, el sistema de relaciones
sociales, la organización política, las características del sistema nacional de
innovación, etc. Tal como Milton Santos afirmó en su día, el Estado ejerce de
“intermediario entre las fuerzas externas y los espacios en que han de repercutir
localmente esas fuerzas externas” (Santos, 1990: 199).
Esto provoca lo que algunos califican como efecto país, que puede relacionarse
con el grado de exposición al riesgo. En tal sentido, las ciudades de aquellos países
donde la incorporación del marco regulatorio neoliberal y el desarrollo de la burbuja
inmobiliario-financiera fueron mayores se enfrentan ahora a una situación más difícil.
Lo mismo puede decirse en relación con países donde las debilidades derivadas de su
específica trayectoria económica, el limitado desarrollo de su sistema nacional de
innovación, el mal uso de sus recursos territoriales, la polarización social o el elevado
endeudamiento suponen otros tantos lastres que dificultan hoy la definición de vías
alternativas para renovarse y recuperar el dinamismo perdido. Finalmente, la
orientación de las políticas públicas, el desarrollo de los sistemas de concertación
social o el grado de liderazgo mostrado por los gobiernos para enfrentar la crisis son
también factores de diferenciación a considerar.
Pero si los dos planos anteriores son bien conocidos y cuentan con abundante
bibliografía especializada, lo que ahora pretende destacarse es la relevancia de
considerar un tercer plano o nivel de interpretación, relacionado con las características
propias de cada lugar, que influye sobre el diverso impacto de la crisis en mucha
mayor medida de lo que a menudo se considera, pues condiciona de forma directa su
mayor o menor vulnerabilidad. Aunque apenas existen investigaciones realizadas
hasta el momento que hayan abordado una interpretación en profundidad de esas
claves locales, enraizadas en el propio territorio, aportando evidencias empíricas,
pueden identificarse al menos cinco que, o bien se consideran de mayor capacidad
explicativa, o bien han sido ya objeto de debate y, por tanto, pueden sugerir la
construcción de hipótesis a contrastar con la realidad en el caso de las ciudades
españolas.
La primera y más repetida en la mayoría de interpretaciones se relaciona con
las características de la economía local, que parece penalizar o proteger según los
casos. Es habitual considerar que las ciudades altamente especializadas en los
sectores más afectados por la crisis serán también las que padezcan un declive más
intenso, mientras que aquellas otras más diversificadas o con un tipo de
especialización diferente verán atenuados sus impactos. Es bien conocido el hecho de
que la crisis del fordismo, hace ahora más de tres décadas, resultó de especial
35
gravedad en ciudades mineras, industriales y portuarias monoespecializadas en
sectores de cabecera, intensivos en el uso de recursos naturales y trabajo, un perfil de
cualificación muy orientado hacia esas actividades, con una destacada presencia de
grandes empresas y del sector público, así como un escaso desarrollo de todo tipo de
servicios y un elevado deterioro ambiental.
Pero, en cambio, no existe ahora un acuerdo similar en la identificación de esos
sectores vulnerables y los resultados obtenidos en estudios realizados en distintos
países no resultan coincidentes. Así, por ejemplo, en el caso francés Davezies (2010)
considera que la especialización industrial de algunas de las 323 zonas de empleo en
que se divide el territorio acentuó en ellas la crisis (al menos en 2008-2009) ante la
estabilización del consumo interno que frenó la producción, las crecientes dificultades
de exportación y la persistencia de las deslocalizaciones empresariales. En el caso
británico, en cambio, el temprano informe de Oxford Economics (2008) identificó las
áreas urbanas más vulnerables del país con las más especializadas en servicios
financieros e inmobiliarios, situando en primer lugar a la City de Londres y a diferentes
núcleos de su aglomeración metropolitana (Westminster, Kensington, Chelsea,
Chester…), seguidas por ciudades de perfil similar y altamente terciarizado como
Edimburgo, Bristol, Leeds, Manchester o Cardiff. En casos como el español, en
cambio, se destaca la fragilidad mostrada por las áreas urbanas y litorales que se
sumergieron en la lógica de la especulación inmobiliaria apoyada en un recurso
masivo al crédito y se hiperespecializaron en lo que puede identificarse como una
economía residencial basada en la construcción y el turismo, junto a servicios al
consumo de baja productividad (Romero, 2010).
Otros dos factores sometidos a debate son los relativos a la influencia del
tamaño poblacional y económico, junto al grado de inserción internacional de las
ciudades. El informe realizado por la OCDE (Clark, 2009) ya destacó que las grandes
ciudades y regiones metropolitanas están expuestas a recibir un impacto inicial más
intenso que las ciudades medias o pequeñas por su mayor apertura exterior y
vinculación a mercados globales (de capital, información, mercancías, etc.), lo que las
somete en particular a la influencia ejercida por flujos de inversión y desinversión que
pueden ser de un volumen muy elevado y escapan a todo control ante la progresiva
liberalización de los mercados financieros. Pero también consideraba como hipótesis
que cuentan con recursos abundantes y de calidad (infraestructuras y equipamientos,
servicios avanzados, clusters empresariales consolidados…), junto a una base
económica altamente diversificada, para impulsar una más pronta recuperación, tal
como habría ocurrido en crisis anteriores. Este tipo de argumentos incide sobre un
aspecto importante como es la distinta evolución de las ciudades a lo largo de lo que
puede calificarse como el ciclo de vida de la crisis, por lo que diagnósticos realizados
en sus inicios (2007-2009) pueden estar sometidos a revisión tras la intensificación de
sus efectos a partir de 2010 y el traslado de la onda de choque hacia nuevas
actividades como los servicios al consumo o el sector público.
Por el contrario, las conclusiones del proyecto Urbact II, elaboradas a partir de
cuestionarios enviados a responsables de más de un centenar de ciudades en la
36
primera fase de la crisis, encontraron efectos muy contrastados en ciudades de similar
tamaño, aunque también confirmaron que “al menos en esta fase de la crisis, las
ciudades más resilientes fueron aquellas con pequeñas empresas, que sirven a la
demanda doméstica y se autofinancian” (Soto, 2010: 14), que localizaron sobre todo
en Alemania, Polonia y Suecia. Esta afirmación llama así la atención de nuevo sobre la
vulnerabilidad de las grandes metrópolis mejor integradas en la lógica de la
globalización capitalista, aunque el debate abierto por ambos tipos de interpretaciones
no cuenta hasta el momento con suficientes evidencias empíricas que puedan
corroborarlas.
También la innovación y el conocimiento suscitan discusión respecto a su
capacidad para proteger a las ciudades mejor posicionadas en ambos aspectos de los
efectos negativos de la crisis al propiciar economías urbanas más competitivas y con
capacidad creativa. El estudio de Lee, Morris y Jones (2009) sobre las ciudades
británicas ya afirmó que el nivel de cualificación laboral previo era el factor clave del
desigual aumento registrado por las tasas de paro. Conclusiones muy similares
ofrecen Florida (2010) o Glaeser (2011) para las ciudades estadounidenses, al
relacionarlo con la presencia de la clase creativa o el nivel formativo de su capital
humano. Menos evidente parece, en cambio, si un volumen elevado de empleo en los
sectores industriales y de servicios intensivos en conocimiento, tal como los define por
ejemplo la OCDE, se correlaciona de forma positiva con un menor impacto, pues lo
conocido hasta el momento apunta que esa vinculación tiene más que ver con el
esfuerzo innovador local aplicable a todo tipo de actividades y empresas, así como con
una eficaz colaboración público-privada en ese ámbito, que con la especialización de
la ciudad en la llamada economía del conocimiento.
Un último factor explicativo apenas considerado hasta ahora sobre la crisis
urbana, pero que se reveló importante para comprender por qué algunas ciudades de
antigua tradición industrial consiguieron superar la padecida hace varias décadas,
guarda relación con la capacidad e iniciativa de los actores locales para poner en valor
los recursos e instituciones construidos a lo largo de su trayectoria histórica (Méndez,
dir., 2010). Aquí se incluye la presencia de una cultura local (normas, valores,
comportamientos colectivos…) favorables a la innovación, tanto en lo económico como
en lo social, junto a la construcción de redes de colaboración para desarrollar
determinados proyectos colectivos de interés común.
Aquellas ciudades donde su tejido económico, social y político ha alcanzado
una mayor y mejor articulación –que no elimina el conflicto pero lo negocia- pueden
mostrarse más resistentes ante una nueva crisis o, al menos, tener mejores
condiciones para responderla, aplicando estrategias que favorezcan un reparto más
equilibrado de sus costes y una más pronta recuperación. Este tipo de experiencias
previas a la crisis actual también demostró la importancia del liderazgo ejercido por los
gobiernos locales, tanto para poner en marcha y gestionar proyectos de revitalización,
como para tejer vínculos entre los restantes actores presentes en la ciudad y permitir
cierto grado de confianza, indispensable para lograr una cooperación efectiva.
37
En resumen, tanto el marco interpretativo como la batería de indicadores
propuestos en este capítulo inicial pretenden mostrar las posibilidades de llevar a cabo
en el inmediato futuro un programa de investigación –necesariamente transdisciplinar-
sobre los impactos territoriales de la crisis, las claves de la resistencia o vulnerabilidad
mostradas por las diferentes ciudades y las estrategias locales más adecuadas para
su revitalización. Además de suponer una temática bastante novedosa y de interés
teórico, tiene una innegable relevancia social. Por ese motivo, más allá del ámbito
académico sería importante una colaboración efectiva con otros actores sociales
(sindicatos, organizaciones empresariales, movimientos ciudadanos…), capaces de
aportar su experiencia de terreno a la definición de mejores preguntas y la obtención
de interpretaciones más ajustadas, así como de trasladar algunos resultados a su
práctica diaria. Como primera etapa de ese trayecto por recorrer, las páginas que
siguen analizan los impactos de la crisis en las ciudades españolas, pero limitando lo
esencial de su atención a uno de los más destacados como es el desempleo.
38
39
CAPÍTULO 2. DESEMPLEO EN ESPAÑA: UN PROBLEMA
ESTRUCTURAL CON EVOLUCIÓN CÍCLICA.
El desempleo constituye el lado más oscuro de la crisis económica en España
y el más sentido por una sociedad que, desde hace tiempo, lo valora como su principal
preocupación en todas las encuestas de opinión que se publican de forma periódica.
Cada mes, los medios de comunicación se hacen eco de los dramáticos datos del paro
registrado en las Oficinas Públicas de Empleo, con la consiguiente secuela de
previsibles opiniones más o menos críticas u optimistas por parte de partidos políticos
y agentes sociales. A su vez, cada trimestre se repite una situación similar cuando se
hacen públicas las estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada
por el Instituto Nacional de Estadística que, sin embargo, ofrecen una imagen distinta
sobre la gravedad de la situación al presentar cifras no coincidentes con las anteriores.
Así, por ejemplo, con el último dato disponible al escribir estas páginas que permite la
comparación, al finalizar el segundo trimestre de 2012 los parados registrados en
España ascendían a 4.615.269, mientras que la EPA eleva esa cifra hasta los
5.693.100, lo que supone una diferencia de más de un millón de personas.
Los que Bales (2000) calificó de forma cruda como trabajadores desechables,
marginados por un sistema que les deja sin apenas protección frente a una
incertidumbre y una inseguridad crónicas que les hace especialmente vulnerables en
momentos de crisis económica, se convierten, pues, en protagonistas centrales de la
actual situación. Por ese motivo, aunque los efectos de la crisis son visibles en otros
muchos aspectos, aquí se ha optado por iniciar una investigación en esa línea a partir
del análisis sobre los impactos del desempleo y su desigual gravedad según territorios.
Pero antes de abordar el análisis sobre la evolución reciente del desempleo en
España, las diferentes interpretaciones de su especial intensidad en el contexto
europeo y su desigual distribución regional, resulta necesario aproximarnos
brevemente a la cuestión de las fuentes estadísticas que pretenden medir este
fenómeno y al uso que aquí se hará de ellas. Sin ahondar en detalles técnicos más
propios de otro tipo de textos, valorar las características y limitaciones de cada una de
ellas ayudará a comprender las dificultades iniciales para dimensionar un fenómeno en
apariencia simple, pero cuya definición ha estado sometida a cambios importantes a lo
largo del tiempo.
2.1. Fuentes estadísticas para la medición del desempleo en España.
La información estadística sobre el mercado de trabajo español es bastante
amplia y, sobre todo, heterogénea, al utilizar datos procedentes de fuentes muy
diversas, obtenidos con metodologías igualmente dispares (Rodríguez Caballero,
2008). En el caso del desempleo, dos son las mencionadas de manera habitual,
aunque sus contenidos y significado difieren de manera significativa como base para
elaborar diagnósticos sobre el comportamiento actual de los diferentes territorios.
40
La Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) con periodicidad trimestral, recoge información sobre la población
activa e inactiva, ocupada y en paro desde 1976, cruzada con otra serie de
características de la población (edad, sexo, nacionalidad, nivel de estudios, sector de
actividad en que trabaja, etc.). Se basa en una encuesta realizada a una muestra de
unas 65.000 familias cada trimestre que se renuevan de forma periódica, localizadas
en un total de 3.484 secciones censales, lo que equivale a mantener una cifra
aproximada de 180.000 personas. Tras diversas renovaciones anteriores, desde 2005
su metodología se ajustó a la existente en el conjunto de países de la Unión Europea
según los criterios establecidos por su oficina estadística (Eurostat) y por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que justifica que sea la fuente que
permite comparaciones internacionales y también la de uso más frecuente en los
estudios que sobre estas cuestiones se realizan en nuestro país.
Para la EPA, una persona desempleada o en paro se define como aquella de
16 ó más años que durante la semana de realización de la encuesta estuvo sin
trabajo, pero disponible para trabajar y buscando empleo de forma activa, aspecto este
último sometido a frecuente discusión y cuya identificación se ha modificado con el
tiempo. Se contrapone así a la persona ocupada, definida como aquella otra que
durante la semana de referencia trabajó al menos una hora por cuenta propia o ajena
a cambio de una retribución en dinero o en especie, o que, pese a tener trabajo,
estuvo temporalmente ausente por enfermedad, vacaciones, etc.
No obstante, su carácter muestral justifica que los resultados obtenidos sólo
resulten significativos para el conjunto del país, así como para sus Comunidades
Autónomas y provincias, pero no a escala local, puesto que el número de encuestas
realizado es demasiado pequeño. Por ese motivo, si bien la utilizaremos para
contextualizar la importancia del desempleo español en el ámbito europeo o para
establecer comparaciones entre su evolución temporal y la de otra variable económica
de uso frecuente como es el producto interior bruto (PIB), no será posible su utilización
como soporte para el análisis territorial realizado a escala local, que ha debido basarse
en otro tipo de fuente informativa.
Esa información corresponde a las cifras de paro registrado, integradas dentro
de las estadísticas sobre Movimiento Laboral Registrado que publica mensualmente el
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), antiguo Instituto Nacional de Empleo
(INEM). Al tratarse de un registro administrativo que se actualiza de forma continua y
del que se extraen todos los datos que corresponden a la situación al final de cada
mes, tanto en el caso del paro como en relación a ofertas y demandas de empleo,
colocaciones o contratos registrados, permite contar con información actualizada a
escala local, por lo que constituye la única fuente utilizable para estudios urbanos
capaz de permitir comparaciones entre las ciudades del conjunto del país o de
cualquiera de sus territorios, así como para contrastar su evolución durante el periodo
de crisis económica.
41
Según la definición aprobada en 1985, se integran dentro del paro registrado
aquellas demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día de cada mes en
las Oficinas Públicas de Empleo, con exclusión de las correspondientes a cinco
colectivos específicos. En primer lugar, aquellos trabajadores ocupados pero que
solicitan empleo para compatibilizarlo con el actual o sustituirlo, están en suspensión o
reducción de jornada por un expediente de regulación de empleo (ERE), u ocupados
en trabajos de colaboración social. También aquellos trabajadores sin disponibilidad
inmediata para incorporarse al trabajo o en situación incompatible con el mismo
(jubilados, personas con baja médica, de maternidad o con incapacidad temporal,
receptores de pensiones de invalidez, estudiantes con menos de 25 años, etc.). Un
tercer grupo lo constituyen aquellos trabajadores que sólo demandan empleos de
características específicas (a domicilio, para periodo inferior a tres meses o jornada
semanal inferior a 20 horas, para trabajar en el extranjero). El cuarto lo integran los
trabajadores eventuales agrarios beneficiarios del subsidio especial por desempleo
(antiguo PER) y, por último, aquellos demandantes que rechazan realizar acciones de
inserción laboral adecuadas a sus características. Son precisamente los cambios que
se han producido en el transcurso de los años en cuanto a este tipo de criterios los
que dificultan establecer series homogéneas para periodos largos de tiempo y los que
suelen ser objeto de discusión respecto a su pertinencia o a la posible voluntad de
atenuar la intensidad del fenómeno que pueden suponer algunas de esas
restricciones.
Desde mayo de 2005 se aplica un nuevo sistema de gestión de la información
generada por los servicios públicos de empleo (SISPE), que ha afectado la estimación
del paro registrado al actualizar y gestionar de manera automatizada la información de
los diferentes registros, tanto el estatal como los autonómicos, lo que reduce de forma
notable los errores y desajustes anteriores (Toharia y Malo Ocaña, 2005), habiéndose
realizado una adecuación de la serie estadística desde 2001 para adecuarla a la
actual. No obstante, hay que recordar que se trata de una fuente censal y no muestral
como la EPA, que utiliza criterios y métodos distintos para definir e identificar a las
personas desempleadas, por lo que las diferencias entre los datos que ofrecen ambas
pueden considerarse normales y no les restan fiabilidad, siempre que se tengan
presentes tales criterios.
A partir de la información sobre paro registrado que hace pública el SEPE es
posible llevar a cabo una aproximación inicial al impacto de la crisis sobre el
desempleo de las ciudades españolas que considere diversos tipos de indicadores.
Sin tener en cuenta el cruce de estos datos básicos con determinadas características
de esa población, que permitiría matizar los rasgos sociodemográficos de los
desempleados, el análisis aquí realizado se limita a identificar dos indicadores
complementarios, capaces de poner ya de manifiesto que el impacto de la crisis sobre
el desempleo urbano resulta extraordinariamente desigual:
42
a) Evolución del paro registrado en valores absolutos y tasas de crecimiento.
La información disponible permitiría realizar un análisis mensual con datos
homogéneos a partir de mediados del año 2005, de utilidad para estudios
longitudinales. No obstante, aquí se consideraron tan sólo las cifras correspondientes
al 31 de diciembre de cada año, suficientes para definir una tendencia sin abordar
cuestiones relativas a su estacionalidad que son ajenas a nuestros objetivos.
Un aspecto fundamental para otorgar más o menos validez a los resultados es
el periodo de observación. A estos efectos, debe tenerse en cuenta que en España el
incremento del paro registrado ya se inició de forma moderada durante el año 2007 y
ha continuado hasta la actualidad, poniendo así de manifiesto el agotamiento del
modelo productivo en que se había basado la expansión de años anteriores, antes
incluso de que estallase de forma oficial la crisis financiera internacional en septiembre
de 2008, Por ese motivo, se consideró que el intervalo más idóneo para valorar el
impacto laboral de la crisis en toda su amplitud debería considerar el paro registrado al
finalizar el año 2006 y compararlo con el existente al finalizar 2011, que es el último
año con datos completos hasta el momento. Esto supone una observación que se
prolonga ya durante cinco años, lo que permite reducir la aleatoriedad asociada a
circunstancias coyunturales ocurridas en momentos y ciudades concretas. Como en el
transcurso de este lustro se observa ya la consolidación de un ciclo de vida de la
crisis, que se hizo más presente en sus inicios (2008-2009) en actividades, grupos de
población y territorios concretos, pero que ha desplazado sus efectos hacia otros en
años posteriores (desde 2010), la consideración del periodo 2006-2011 permite
obtener un balance comparativo sobre el impacto de la crisis en el desempleo del
conjunto de ciudades mediante el cálculo de sus tasas de crecimiento, a expensas de
poder complementar este diagnóstico con otro interanual que defina trayectorias de la
crisis según ciudades.
b) Tasa de paro registrado sobre población potencialmente activa.
A escala local, la información disponible sobre la población activa existente en
cada municipio -ya esté ocupada o en situación de desempleo- se limita a la que
aparece en los censos de población, por lo que no es posible ofrecer las tasas de paro
–definidas como el cociente entre la población desempleada y la activa- para cada
ciudad y con periodicidad anual o inferior. No obstante, los datos del Padrón Municipal
de población sí permiten conocer la población en edad potencialmente activa (entre 16
y 65 años) existente en cada municipio a 1 de enero de cada año, aunque el número
real de activos sea inferior, al incluir una proporción variable de personas inactivas, no
incorporadas al mercado de trabajo pese a estar en edad legal de hacerlo.
En consecuencia, puede calcularse mediante un cociente la proporción de
parados sobre la población de cada municipio con 16-65 años, lo que puede calificarse
como tasa de paro registrado sobre población potencialmente activa. Aunque sus
valores están por debajo del correspondiente a las tasas de paro calculadas con
43
criterios estrictos, permiten una estimación significativa tanto de la gravedad del
desempleo en cada ciudad como de los importantes contrastes interurbanos actuales2.
2.2. Impactos de las crisis económicas sobre el desempleo en España.
Los ciudadanos de la Unión Europea se enfrentan en los últimos años a una
creciente paradoja. Pocas sociedades en el mundo han conocido en tiempos recientes
un proceso de apertura exterior e integración de sus economías que pueda resultar
comparable, tanto por su incorporación plena a la globalización y la aceptación de la
agenda neoliberal, en mayor o menor medida, por parte de sus gobiernos, como por el
propio proceso de construcción europea, que alcanzó su máximo exponente con la
puesta en circulación de una moneda única en 16 países miembros y la creación del
Banco Central Europeo.
Pero, más allá de la retórica oficial y pese al europeísmo de que hicieron gala
durante un tiempo las opiniones públicas de numerosos países, los beneficios de esa
unión se diluyen con el paso del tiempo, generando un creciente escepticismo. Esa
sensación parece haberse contagiado ahora a bastantes gobiernos, más interesados
por salvaguardar los intereses de sus respectivos Estados frente a los embates de la
crisis que por abordar soluciones conjuntas basadas en la defensa de intereses
comunes. No se trata de ahondar aquí en una cuestión ampliamente debatida y que
cuenta con numerosas publicaciones especializadas, pero parece razonable suponer
que la evolución reciente del empleo y el desempleo en el área no es, en absoluto,
ajena a esa valoración crítica.
Desde comienzos del siglo actual y con independencia del ritmo de crecimiento
económico registrado, lo cierto es que la tasa media de paro en el conjunto de los 27
países que componen la Unión Europea no ha logrado descender por debajo del 7%.
Al finalizar el año 2011, tras varios años afectada por una crisis económica que aquí
se prolonga de manera especialmente aguda, Eurostat contabiliza un total de 24
millones de desempleados, equivalentes al 9,7% de la población activa, y esa tasa se
eleva hasta el 10,2% entre los países de la Eurozona. Pese a la frialdad de unas
simples cifras, no resulta difícil imaginar que el drama del desempleo se ha convertido
en problema social de primera magnitud para bastantes países que se configuraban
desde hace décadas como el mejor exponente de la sociedad del bienestar, agravado
a medida que aumenta el paro de larga duración y los colectivos excluidos de su
derecho al trabajo.

2Así, por ejemplo, al finalizar el último trimestre de 2011, la EPA estimaba que la con 16 años o
más en España era de 38.508.200, con una población activa que ascendía a 23.081.200
personas frente a una población inactiva de 15.427.000, lo que equivalía a una tasa de
actividad del 59,94%. De este modo, una tasa de paro respecto de la población potencialmente
activa del 14% al finalizar 2011 –que es la aquí obtenida para el conjunto español- equivaldría
al 23,3% de considerarse sólo la activa a efectos estadísticos, lo que coincide de forma muy
aproximada con la tasa de paro de la EPA en esa fecha (22,9%).
44
No obstante, estas cifras generales no ocultan las enormes diferencias con que
cada país se enfrenta al desempleo, que se han acentuado desde el inicio de la actual
crisis. Tal como refleja la figura 2.1., la tasa media anual de paro de España en 2011
(21,7%) duplica con creces el promedio de la UE y se sitúa a bastante distancia de la
de países como Grecia (17,7%), Letonia (15,4%), Lituania (15,4%) o Irlanda (14,4%),
que le siguen en importancia. Pero la diferencia puede calificarse de abismal con
respecto a la situación de otros socios como Austria (4,2%), Países Bajos (4,4%) o
Alemania (5,9%), lo que pone de manifiesto una pervivencia de fuertes desigualdades
entre el centro y la periferia de la región que las numerosas políticas destinadas a
lograr el reequilibrio regional y una mayor cohesión territorial parecen haber sido
incapaces de atenuar.
Figura 2.1. Tasas anuales de paro en los países de la Unión Europea, 2007-2011.
Fuente: Eurostat.
Esta primera evidencia a escala interestatal sobre la muy diversas sensibilidad
mostrada por el empleo ante la crisis económica se refuerza cuando la mirada estática
se complementa con otra dinámica, basada en la comparación entre las tasas de paro
en los años 2007 y 20113. Los países de la UE vieron incrementada su tasa en algo
más de una tercera parte (del 7,2% al 9,7%, un 34,7%), pero algunos de ellos llegaron
a duplicarla con creces en esos cuatro años. De nuevo España (del 8,3% al 21,7%)
tiene el dudoso honor de situarse a la cabeza de ese grupo, ahora acompañada por
Irlanda, Grecia, Estonia, Letonia y Lituania, mientras otros países situados en el ojo del

3 Aunque en el conjunto de la UE la tasa de paro cayó una décima en 2008 respecto al año
anterior para crecer desde entonces, en diez países la tasa mínima de desempleo se adelantó
a 2007 y ha aumentado en los últimos cuatro años. Además de España, entre esos países se
sitúan los más afectados desde entonces por la crisis, razón que justifica haber elegido el año
2007 como fecha inicial de comparación.
45
huracán de los mercados financieros como Italia o Portugal consiguieron moderar, al
menos en términos comparativos, la destrucción de puestos de trabajo. Como
contrapunto, países como Bélgica, Austria y, sobre todo, Alemania muestran ahora
tasas de desempleo inferiores a las del inicio de este periodo.
Una última constatación que también resulta visible a esta escala y que puede
añadirse como una más a las muchas reflexiones que debieran enfrentar los
responsables de un proyecto europeo que sigue una deriva peligrosa, es que la crisis
nos hace cada vez más desiguales. Sin detenernos ahora en análisis estadísticos más
elaborados en apoyo de esa afirmación, baste un simple hecho que no por elemental
deja de ser expresivo. En 2007, al inicio de la crisis, el país con una tasa de paro más
elevada (Eslovaquia: 11,1%) multiplicaba por 3,1 la del situado en el extremo contrario
(Países Bajos: 3,6%). En 2011, España (21,7%) ya multiplica por 5,2 la tasa de Austria
(4,2%) y cualquier otra medida de dispersión que se utilice llega a una conclusión
similar.
Las altas tasas de paro a que se enfrenta hoy la sociedad española no son
ninguna novedad. El carácter inestable y cíclico del crecimiento capitalista alcanza
aquí manifestaciones bastante extremas, que acentúan los efectos provocados por las
sucesivas fases de expansión y contracción de la actividad económica. De forma
reiterativa, al ser en nuestro caso el empleo la principal variable de ajuste ante los
ciclos económicos, se producen bruscas oscilaciones entre periodos que registran la
creación de gran cantidad de puestos de trabajo con otros de destrucción masiva, lo
que acarrea la consiguiente inestabilidad. Lo ocurrido en las cuatro últimas décadas
resulta un exponente suficientemente expresivo de tales vaivenes (figura 2.2).
Figura 2.2. Evolución anual del PIB y la tasa de paro en España, 1971-2011.
4,6
7,8
0,6
-0,4
4,8
-1,7
5
4,1
-3,7
0,4
2,1
7,1
21,5
16,3
24,2
8,3
21,7
0
5
10
15
20
25
30
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Tasa de p a ro (%)
PIB anual (%)
A
ños
PIB Tasa de p ar o
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa y Contabilidad Nacional de España.
46
Tras el periodo de rápido crecimiento posterior al Plan de Estabilización de
1959, que convirtió a España en semiperiferia del capitalismo internacional y atrajo
gran cantidad de inversiones y empresas interesadas por unos costes relativamente
bajos y una fuerza de trabajo sin apenas posibilidad de organización, un mercado
interno en expansión y altamente protegido, junto a su progresiva participación en
organizaciones económicas, la crisis del modelo keynesiano-fordista en los años 70
supuso una brusca detención de ese dinamismo económico, acentuada por la
transición política. Si hasta entonces las tasas oficiales de paro se habían mantenido
muy bajas, tanto por el desarrollo de actividades intensivas en trabajo como mediante
el recurso al subempleo y la emigración exterior para absorber los excedentes
laborales, desde finales de esa década los trabajadores españoles comenzaron a
padecer de forma más evidente los efectos de un problema estructural que desde
entonces se ha convertido en preocupación social prioritaria, al menos en tres
ocasiones sucesivas.
En 1985, tras más de una década de incremento constante dentro de unas
estadísticas laborales que sólo en fecha bastante tardía habían comenzado a
considerarla, la tasa de paro anual alcanzó el 21,5%, reflejando así con cierto retraso
una paralela caída del crecimiento económico que se había enfrentado a tasas
negativas (-0,3%) en 1980. Tras los favorables efectos que para la competitividad
española supusieron los procesos de reconversión y modernización del tejido
productivo, junto con la nueva oleada de empresas transnacionales y capitales
foráneos que atrajo la integración en la por entonces Comunidad Europea (1986), sin
olvidar el efecto expansivo del desarrollo turístico y de la primera burbuja inmobiliaria
en la segunda mitad de esa década, se logró una moderada reducción de la tasa de
paro hasta el 16,3% en 1991, muy alejada ya del objetivo de pleno empleo.
Pero las turbulencias financieras internacionales en el inicio del último decenio
del siglo (estallido de la burbuja de las punto-com, o empresas asociadas a las nuevas
tecnologías de información, crisis japonesa…) y la propia fragilidad del modelo de
crecimiento español en esos años volvieron a disparar pronto las cifras del desempleo
y elevar la tasa anual de paro hasta el 24,2% en 1995, el valor más alto de toda la
serie. Se reflejó así de forma más rápida e intensa que en el pasado reciente una
caída del PIB que había regresado a valores negativos (-1,7%) el año anterior. La
progresiva flexibilización de la legislación laboral posterior al Estatuto de los
Trabajadores (1980), que había comenzado en 1984 justificada como medio de atajar
un desempleo masivo que algunos vincularon con la excesiva rigidez de un mercado
de trabajo con regulación heredada del franquismo, se mostró totalmente ineficaz para
limitar ese nuevo incremento, pero sí facilitó que el impacto de la nueva crisis
económica se transmitiese con mayor celeridad a la destrucción de empleos.
La nueva fase de crecimiento de la economía española iniciada a mediados de
esa década, apoyada en un contexto internacional expansivo, la profundización del
proyecto europeo de estabilidad que supuso el euro y una nueva burbuja inmobiliario-
financiera de dimensiones muy superiores a la anterior, se tradujo en la creación de
más de ocho millones de nuevos empleos, reduciendo la tasa anual de paro al 8,3%
47
en 2007, superior pese a todo al 7,2% de promedio en la Unión Europea. Desde esa
fecha y hasta hoy la curva del desempleo no ha dejado de remontar una vez más,
aunque con un ritmo incluso bastante superior al de cualquier periodo anterior. Se
trata de “una situación realmente dramática, que además tiene probabilidades de
empeorar en un escenario previsible de continuidad de la recesión de la actividad
económica hasta alcanzar la barrera de los seis millones de personas en paro en
2013” (Rocha y Aragón, 2012: 4). Una simple mirada a las líneas del gráfico que
reflejan la evolución del PIB y el paro en estos últimos años (figura 2.2) pone de
manifiesto que la inmediata respuesta de este último encaja mal con la reiterativa
alusión a la rigidez del mercado laboral en ciertos sectores profesionales y de opinión,
que parece más basada en presupuestos ideológicos e intereses que en la
observación de los hechos. Más allá, por tanto, de una cuestión meramente técnica, la
relación entre estos dos indicadores está en el centro de un debate que desborda el
estrecho marco de los especialistas, por lo que merece detenernos siquiera
brevemente en su análisis.
Resulta habitual y comprensible que el ritmo de crecimiento registrado por la
actividad económica de cualquier territorio, reflejado en las tasas anuales de su PIB,
se relacione de forma negativa con la evolución de su tasa de paro, que tenderá a
crecer al reducirse el dinamismo económico y viceversa. Pero lo que puede
considerarse una cierta anomalía en el caso español es la elevada sensibilidad que
muestra su mercado de trabajo ante este tipo de oscilaciones cíclicas. En tal sentido,
puede afirmarse que “la evolución del crecimiento económico deja una huella profunda
en la tasa del desempleo” (Romero-Ávila y Usabiaga, 2009: 382), lo que se comprueba
de forma gráfica mediante los diagramas de dispersión de la figura 2.3.
En ambos casos se refleja la relación entre la variación interanual de la tasa de
paro representada en el eje de ordenadas y la tasa de crecimiento del PIB
representada en el de abcisas, por lo que los diferentes puntos corresponden a la
situación en cada año y se localizan en la intersección de los valores correspondientes
a cada eje. Los dos diagramas se asemejan, puesto que en aquellos años integrados
en fases expansivas en que el PIB crece con más fuerza, la tasa de paro tiende a
reducirse, mientras ocurre lo contrario en las fases recesivas con escasa actividad y
aumento del desempleo, por lo que la recta de ajuste muestra una pendiente negativa.
Las diferencias entre ellos, en cambio, se relacionan con el periodo de tiempo
considerado. Si se analiza lo ocurrido en las últimas cuatro décadas, la correlación
estadística que se establece entre ambos indicadores es ya bastante elevada (R2=
0,5355), pero los datos correspondientes a algunos años aún se alejan bastante de la
recta de ajuste, sobre todo porque entre 1971 y 1985 la tasa de paro español aumentó
de forma constante, al margen de lo ocurrido con el crecimiento de la producción. Por
ese motivo, si se reduce el periodo de observación al intervalo 1985-2011, la
correlación de sentido negativo entre ambas variables resulta muy superior (R2=
0,8295) y define una recta de regresión con todos los valores anuales muy próximos y
de pendiente muy acusada, reflejo de una elevada dependencia del desempleo
respecto al ciclo económico.
48
Figura 2.3. Variación interanual de las tasas de paro y crecimiento anual del PIB.
a) Periodo 1971-2011.
R
2
= 0,5355
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
-6-4-20 246810
PIB anual (%)
Variación interanual paro (%)
b) Periodo 1985-2011.
R2 = 0,8295
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
-6 -4 -2 0 2 4 6
PIB anual (%)
Variación interanu al paro (%)
,,
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa y Contabilidad Nacional de España.
49
En resumen, más allá de las técnicas analíticas aplicadas o los valores
numéricos resultantes, tres son las ideas básicas a extraer de todo lo anterior. La
elevada tasa de paro española en la actualidad puede considerarse una anomalía,
tanto en el contexto europeo como de la OCDE, situándose con diferencia a la cabeza
de todos los países del área. Esa situación no es ninguna novedad, sino que se repite
en cada periodo de crisis vivida durante el último medio siglo, ante la especial
sensibilidad mostrada por nuestro mercado de trabajo respecto a la evolución
económica, que se mantiene inmutable pese a las numerosas reformas laborales
aprobadas en las tres últimas décadas y justificadas en su día como forma de acabar
con esa especial facilidad para destruir empleo. Finalmente, la experiencia de lo
ocurrido en este periodo también parece indicar la necesidad de alcanzar un ritmo de
crecimiento económico bastante elevado para reducir de forma sustancial los actuales
niveles de desempleo.
Tal como resume Sanchís de forma sintética pero muy expresiva, “reflejando
los avatares del ciclo económico internacional, el paro español ha subido y bajado
alternativamente a lo largo del tiempo, pero siempre con mucha más intensidad que en
Europa y en el marco de un modelo de crecimiento económico tradicionalmente
incapaz de movilizar fuerza de trabajo hasta niveles próximos al del pleno empleo”
(Sanchís, 2012: 289). La situación vivida en los años finales de la burbuja inmobiliaria,
cuando la economía española generaba millones de puestos de trabajo que atrajeron
a una gran cantidad de población inmigrante, supone la excepción y no la norma, fruto
de un crecimiento que se ha demostrado tumoral, del que aún se tardará bastante en
lograr la recuperación en caso de que se aplique la terapia adecuada. Esto último
plantea la necesidad de complementar la simple descripción y análisis de lo ocurrido
con la interpretación de sus posibles causas, en una aproximación esquemática a un
debate recurrente al que el análisis territorial abordado en páginas posteriores
intentará aportar algunos argumentos poco considerados hasta el momento. Pero
centremos la atención, por el momento, en los términos más habituales con que se
produce ese debate.
2.3. Claves del desempleo español: un debate recurrente.
El desempleo masivo que de forma cíclica reaparece en España plantea un
permanente debate, tanto científico como social, sobre sus principales causas y sobre
las medidas más eficaces para enfrentarlo. Tal como recuerda Recio (2009), en
esencia se repite una y otra vez la discusión entre dos posiciones irreconciliables. De
un lado, quienes desde planteamientos originados en la economía neoclásica
presuponen –contra toda evidencia- que los mercados tienden a regularse de forma
espontánea si nada lo obstaculiza y, por tanto, culpabilizan al intervencionismo
regulador del Estado de la supuesta rigidez del mercado laboral y del mal
funcionamiento consiguiente, proponiendo medidas liberalizadoras, calificadas a
menudo de reformas estructurales, como solución esencial. De otro, quienes asocian
las crisis cíclicas a la propia lógica del capitalismo, con la consiguiente destrucción de
50
capacidad productiva –incluido el empleo- ante los periódicos desajustes entre
producción y consumo, a los que se añade la irracionalidad de unos mercados
financieros que en ausencia de regulación son proclives a la formación de burbujas
especulativas cuyo estallido afecta al funcionamiento de la economía real y los
puestos de trabajo.
Pero, más allá de esa contraposición de paradigmas, el debate ha debido
adaptarse a las transformaciones de la propia realidad y, por tanto, ha ido
incorporando nuevos argumentos y desechando otros, aunque sin afectar al núcleo del
conflicto. El hecho más significativo a este respecto es el mantenimiento de una
pertinaz defensa de determinadas posiciones y recetas que desde el pensamiento
dominante se difunden hace al menos tres décadas, avaladas por el prestigio
académico de algunos de sus defensores, el frecuente apoyo de poderosas
instituciones que las avalan y la amplia acogida mediática que contribuye a que pasen
a formar parte del sentido común aceptado de forma mayoritaria.
Con ocasión de la crisis que padeció la economía española en la segunda
mitad de los años setenta y primeros ochenta del pasado siglo, las explicaciones sobre
la elevada tasa de paro que ya entonces la situaban a la cabeza de los países de
nuestro entorno comenzaron a mostrar diferencias, acentuadas con el paso del
tiempo. Así, por ejemplo, en una interpretación bastante matizada y multicausal del
desempleo español en esos años, Alcaide Inchausti (1986) señaló el efecto
convergente de factores demográficos ligados a la juventud de la población española y
la elevada incorporación de jóvenes al mercado laboral, factores sociológicos que se
vinculaban a la creciente presencia de la mujer en la población activa, junto a factores
económicos que se relacionaban con la crisis industrial y sus efectos en la
incorporación de nuevas tecnologías ahorradoras de mano de obra y en el inicio de
procesos deslocalizadores. A estos sumó también factores político-institucionales
derivados de la transición política, la legalización de los sindicatos y la aprobación del
Estatuto de los Trabajadores (1980), que favorecieron una mayor capacidad
negociadora y el aumento de los costes salariales por encima de la productividad,
junto con una legislación laboral paternalista y poco flexible heredada del franquismo.
Pero, en paralelo, por esos mismos años otros autores ya pusieron el foco de
atención en esa rigidez del mercado de trabajo español (Malo de Molina y Dolado,
1985), destacando como argumento de autoridad que “según los estudios de la OCDE,
los países con mercados de trabajo más rígidos han experimentado los aumentos más
pronunciados en el desempleo” (Malo de Molina, 1986: 252). Esa situación se
manifestaba en elevados costes de despido, modalidades de contratación poco
flexibles y rigidez en la evolución de los salarios, ajenos a la evolución de la
productividad por lo que, ante las deficiencias de ese marco institucional, se proponían
reformas estructurales orientadas bajo el signo de la flexibilidad (Ibid.: 259) como
clave de una nueva política de empleo.
Este conjunto de argumentos, que inspiraron ya la reforma laboral de 1984
favorecedora de la contratación temporal, reaparecieron tras la nueva crisis padecida
51
en la primera mitad de los noventa y lo han vuelto a hacer en la actual. Se ignora así
que, desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, la normativa laboral se ha
visto sometida a importantes reformas en los años 1984, 1994, 1997, 2001, 2006 y
ahora en 2012, junto con otras muchas de menor calado que suman hasta un total de
52 (Fundación 1º de Mayo, 2012), que orientaron buena parte de sus medidas a
incrementar una flexibilidad que, pese a todo, nunca parece suficiente (Sanchís, 2012).
Sobre esta base, la narrativa reciente que pone el acento en el funcionamiento
ineficiente del mercado laboral español ha debido reformular algunos aspectos del
discurso, difíciles de mantener ante la elevada tasa de temporalidad que caracteriza al
empleo español en el contexto europeo. Tanto desde documentos de corte académico
(Bentolila, Dolado y Jimeno, 2008), como desde otros elaborados con objetivos de
difusión e incidencia sobre la opinión pública como el llamado Manifiesto de los 100,
identificado por sus autores como una “propuesta para la reactivación laboral en
España” (Abadie et al., 2009), el núcleo argumental sobre la responsabilidad del
desempleo se orienta en una nueva dirección. Se culpa ahora a la dualidad de un
mercado laboral en que se contraponen asalariados con contrato fijo y altamente
protegidos (70% del total) frente a otros con contrato temporal y amplias facilidades
para un despido barato (30% restante). La supuesta rigidez de los primeros frente a la
volatilidad de los segundos, que engrosan con rapidez las listas del paro ante
cualquier caída de la actividad económica, se convierte así en un hecho incontestable
cuyo origen en anteriores reformas laborales se deja de lado de forma intencionada,
evitando una evaluación de sus efectos (Sola, 2010). Pero el giro discursivo más
sorprendente es el que convierte a la segmentación existente entre un mercado de
trabajo primario, regulado y con derechos laborales, y un mercado secundario cada
vez más precarizado en la justificación de nuevas medidas flexibilizadoras,
continuadoras de todas aquellas que condujeron a esta situación. Si el tratamiento
tuvo efectos indeseados, la solución es aumentar la dosis.
La respuesta a esa dualidad se pretende resolver, en esencia, con una
simplificación de la amplia tipología de contratos preexistente en beneficio de un único
contrato indefinido para todas las nuevas contrataciones, con una indemnización muy
inferior a la anterior y dependiente según la antigüedad en el empleo, que permita
abaratar el despido y, según sus exégetas, no desincentivar así las nuevas
contrataciones. En algunos casos la propuesta resultó especialmente nítida, al
defender que “para evitar esa asimetría, el gobierno puede y debe profundizar en las
reformas de las distintas formas contractuales para abaratar el despido de los
trabajadores indefinidos” (Pijoan-Mas, 2009: 40). Tanto este tipo de medidas como
otras complementarias destinadas a modernizar la negociación colectiva priorizando
los convenios de empresa sobre los de ámbito superior, crear un nuevo contrato de
inserción sin derechos, privatizar en parte la intermediación laboral o establecer
mayores requisitos para acceder a las prestaciones por desempleo son ahora
exigencia permanente de instituciones como el Banco Central Europeo, el Fondo
Monetario Internacional o la Comisión Europea (Ekaizer, 2012) y han tenido amplia
acogida en la reforma laboral aprobada por el gobierno español en febrero de 2012.
52
Pero lo que aquí interesa destacar es que su pretendida justificación científica se basa
en teorías y análisis –a veces apoyados en una artillería de sofisticados modelos
econométricos- destinados a explicar las causas del elevado desempleo en mercados
laborales como el español.
Este tipo de discursos autorreferentes resulta inmune no sólo a las críticas
realizadas desde posiciones teóricas y metodológicas diferentes, que prácticamente se
ignoran, sino incluso a la evidencia de determinados hechos que parecen empeñados
en cuestionar el simplismo de un argumento monocausal como éste. Por un lado, la
evolución registrada por las cifras de ocupación y paro en España no guarda ninguna
relación con las sucesivas reformas laborales ya mencionadas y con la misma
legislación laboral se han vivido momentos de creación y destrucción masiva de
empleos. Si entre 1994 y 2007 la economía española aumentó su número de
ocupados en 8,2 millones, de ellos 7,7 millones asalariados, mientras el paro se
reducía en 1,9 millones, resulta poco congruente achacar la posterior inversión de la
tendencia a la persistencia de normas reguladoras obsoletas, heredadas del pasado.
Al mismo tiempo, la extraordinaria rapidez con que se ha destruido empleo en
los cinco últimos años, así como su especial concentración inicial en los trabajadores
temporales para luego contagiarse a los indefinidos demuestra suficientemente la
elevada flexibilidad del mercado de trabajo español, que refleja de inmediato el devenir
de la economía, aspecto indisociable del hecho de que en 2007 nuestro país
presentaba la tasa de temporalidad más elevada de toda la OCDE. Según Medina et
al. (2010: 45), “el tipo de contrato es sin duda la variable explicativa de mayor
relevancia sobre la determinación de la probabilidad de perder el empleo” y en este
caso la evidencia parece indiscutible, por lo que mantener el argumento de la rigidez
sólo puede entenderse como un ejercicio de ceguera voluntaria, que es la de más
difícil cura.
Por último, con la misma legislación laboral el impacto de esta y anteriores
crisis sobre el desempleo en los diferentes territorios –regiones, provincias, ciudades,
áreas rurales- resulta muy desigual, con diferencias que en bastantes casos superan
las observables a escala interestatal. Esa evidencia, inexplicable con el argumento de
la rigidez institucional, obliga a considerar la importante influencia que sobre el
desempleo tiene el modelo de crecimiento seguido en cada caso y sus posibles
debilidades estructurales, junto a la existencia de un componente o dimensión
territorial de la crisis y del paro, ignorado en la mayoría de análisis y reivindicado hasta
el momento de forma muy minoritaria (Rocha, 2010; Méndez, 2012b). La primera de
estas dos cuestiones se tratará ahora con brevedad para centrar luego la atención en
la segunda, aquí abordada exclusivamente en relación con el distinto contagio de los
territorios a la epidemia del paro, ante la inexistencia por el momento de
investigaciones sobre otras consecuencias tangibles e intangibles de la crisis en
regiones y ciudades.
Tal como recuerdan Recio y Banyuls (2011), una parte de lo ocurrido guarda
relación con el modelo de empleo específico de España y su forma de articular las
53
relaciones laborales en relación con la normativa existente, la organización sindical, la
estructura de la negociación colectiva o las políticas laborales del Estado y las
empresas. Pero, junto con éste, no puede ignorarse la paralela existencia de un
modelo productivo que incide tanto o más sobre el empleo y el paro, relacionado con
aspectos como el tipo de especialización o el grado de diversificación económica, la
estructura y estrategia de las empresas –en especial las más importantes- la presencia
de clusters o redes empresariales, o la capacidad del sistema de innovación para
generar, difundir y aplicar conocimiento al trabajo, mejorando su productividad.
Fijar el foco de atención prioritario en el modelo de empleo y primar, en
consecuencia, las reformas laborales como solución al paro, tal como suele hacerse
por parte de numerosos economistas neoclásicos, supone descuidar –cuando no
ignorar- la especial influencia del modelo productivo y, por tanto, la necesidad de dirigir
el esfuerzo reformista hacia su modernización. Aspecto de especial importancia
cuando de la investigación realizada en un total de diez países europeos se desprende
que, frente a la crisis, “las respuestas diferentes se han debido menos a las políticas
laborales de los distintos países y más a su especialización productiva” (Recio y
Banyuls, 2011: 178).
Desde esa perspectiva, aquí se defiende que en la justificación de las altas
tasas de paro que han provocado en España las sucesivas crisis, el factor clave hay
que relacionarlo con las debilidades del modelo de crecimiento que ha caracterizado al
capitalismo español en las últimas décadas (López y Rodríguez, 2010). Como
recuerdan Navarro, Torres y Garzón (2011: 37), “aunque es verdad que nuestra crisis
viene de la mano de la internacional, también es cierto que en España había unas
condiciones económicas previas muy singulares que han hecho que su efecto haya
sido especialmente grave y dañino”. Limitando el comentario a lo ocurrido en la última
fase expansiva (1994-2007), pueden recordarse a modo de simples apuntes algunos
rasgos que, no por conocidos, deben dejarse de lado puesto que de nuevo
reaparecerán en el análisis de lo ocurrido en los diferentes territorios, que es nuestro
objetivo central.
En primer lugar, el espectacular desarrollo de la burbuja inmobiliaria, basado en
el crédito y el endeudamiento, tanto de promotores como de compradores de
viviendas, a partir de la financiación que bancos y cajas de ahorro españoles
obtuvieron en el exterior, provocó un anómalo incremento del empleo en el sector de la
construcción, que de contar con 1.117,5 miles de trabajadores en 1994 (9,1% del
total), alcanzó los 2.697,3 en el año 2007 (13,3%), con un aumento de casi 1,6
millones. Las fuertes inversiones en obra pública, en particular para grandes
infraestructuras de transporte, reforzaron la espectacular expansión de las empresas
constructoras en esos años.
La brusca desaparición del crédito abundante y barato en los mercados que se
derivó de las turbulencias financieras internacionales a partir de 2008 y del progresivo
agotamiento de la demanda interna solvente para la adquisición de viviendas se reflejó
de inmediato en ese sector, que en sólo cuatro años ha destruido 1,3 millones de esos
54
empleos (un 60% de las pérdidas totales de ocupación en España). Los niveles
actuales de ocupación vuelven a aproximarse al finalizar 2011 a los del inicio del
periodo en valores absolutos (1.393,0 miles), e incluso retroceden en términos
relativos hasta el 7,7% del total, y parece incuestionable que la alta tasa de
precariedad laboral en el sector facilitó la rapidez del ajuste. La hipertrofia inmobiliaria
y su hundimiento posterior son, por tanto, los primeros causantes del fuerte
crecimiento del desempleo, que se extendió también hacia todas aquellas actividades
industriales (material de construcción y productos cerámicos, vidrio, puertas y
mobiliario, carpintería metálica y cerrajería, estructuras metálicas…) y de servicios
(agencias inmobiliarias, seguros…) directamente relacionadas.
Por el contrario, la evolución del empleo industrial visto en su conjunto durante
todo este periodo fue bastante más moderada y tanto su crecimiento en los años de
bonanza económica (+786.600 ocupados), como su retroceso posterior (-706.500) le
hacen regresar también ahora a sus niveles de partida, en torno a los dos millones y
medio de trabajadores. Pero lo verdaderamente lamentable es que apenas se
aprovechase la disponibilidad de recursos públicos y privados en esos años para
impulsar un esfuerzo de innovación capaz de renovar en profundidad la base
productiva y transformar el modelo de crecimiento hacia otro más intensivo en
conocimiento y con menor impacto ambiental, elevar la productividad del trabajo,
generar empleos de mayor calidad y estabilidad, o reducir el elevado déficit comercial
exterior incrementando la capacidad exportadora, lo que habría hecho a la industria
española más resistente frente al estancamiento del mercado interno tras el inicio de la
crisis. Aunque hubo excepciones a la regla y en algunos territorios, sectores y
empresas la inversión en I+D+i registró mejoras significativas, y aunque el empleo
industrial mantuvo unas condiciones de trabajo comparativamente mejores que las de
otros sectores, en una panorámica general puede hablarse de una década perdida,
que no permitió consolidar los empleos creados ni frenar la reducción de
competitividad de la economía española en ese periodo.
Pero un componente destacado –y bastante menos analizado- del auge y caída
de la ocupación en España es lo ocurrido en el sector de servicios, a menudo
considerado como una caja negra que se aborda como un conjunto supuestamente
homogéneo cuando, en realidad, la evolución reciente de las múltiples actividades que
lo integran ha sido manifiestamente dispar en términos laborales. La tabla 2.1, que
identifica esa heterogeneidad al comparar el aumento o reducción de los ocupados en
las diferentes actividades entre los años 1994, 2007 y 2011 (datos del cuarto
trimestre), tanto en valores absolutos como relativos, permite comprender mejor la
contribución del terciario a los actuales niveles de desempleo.
Durante los años de crecimiento explosivo, los servicios generaron más de seis
millones de nuevos empleos, equivalentes a un crecimiento del 83,3% sobre la cifra
del último trimestre de 1994. De ellos, más de 2,6 millones correspondieron al
comercio, la hostelería, los servicios personales y el servicio doméstico, actividades en
su mayoría de baja productividad e intensivas en trabajo barato, poco cualificado y con
alta temporalidad que, salvo en el caso de las actividades comerciales, también
55
registraron tasas de crecimiento que prácticamente duplicaron su volumen de
ocupación en esos trece años. Niveles también muy notables de aumento registraron
los servicios inmobiliarios y a las empresas (124,4%), sin olvidar el importante
aumento en la dotación de bienes públicos por parte de las diferentes
administraciones, que en términos laborales tuvieron su mejor reflejo en el caso de la
sanidad y los servicios sociales, que registraron un 99,5% de nuevas ocupaciones.
Tabla 2.1. Evolución de la ocupación en actividades de servicios en España, 1994-
2011.
Actividades Evolución
1994-2007
(miles)
Evolución
1994-
2007 (%)
Evolución
2007-2011
(miles)
Evolución
2007-2011
(%)
Comercio y reparaciones
Hostelería
Transportes y comunicaciones
Finanzas y seguros
Inmobiliarias y servicios empresariales
Administración pública y org.extraterritoriales
Educación
Sanidad y servicios sociales
Otros servicios personales
Servicio doméstico
1.098,7
707,2
453,9
176,0
1.420,9
448,5
437,0
608,8
397,8
430,2
52,0
96,0
62,8
52,8
124,4
56,5
63,2
99,4
89,5
126,6
-293,6
-112,3
206,1
-74,4
-257,7
135,7
56,8
196,6
-155,7
-104,1
-9,1
-7,8
17,5
-14,6
-12,5
10,9
5,0
16,1
-18,5
-13,5
Total Sector Servicios 6.179,0 83,3 -402,6 -3,0
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa.
Desde comienzos de la crisis se ha detenido esta creación de puestos de
trabajo, que se redujeron en 402.600 en los cuatro últimos años, lo que representa un
3,0% sobre su nivel inicial. Pero ahora los comportamientos de las diferentes
actividades muestran tendencias opuestas, algunas de las cuales tienen bastante que
decir cuando se intenta interpretar las claves del desempleo actual. De este modo, los
cuatro tipos de actividades relacionadas con el consumo (comercio, hostelería,
servicios personales y doméstico) han destruido 665.700 empleos, con tasas que
alcanzan el -18,5% y -13,5% en los dos últimos casos y que confirman su volatilidad,
siempre facilitada por su elevada precariedad. La pérdida de rentas que provoca la
desaparición de empleos y los diversos tipos de recortes a que se somete a la
población suponen una caída de la demanda interna generadora de un proceso
acumulativo que se retroalimenta y que explica que si este tipo de servicios parecieron
resistir bastante bien en términos laborales durante los dos primeros años de la crisis,
desde entonces su retroceso ha sido constante.
Pero no conviene olvidar lo ocurrido en las actividades financieras y de
seguros, así como en los servicios inmobiliarios y a las empresas, que también han
reducido su número de trabajadores en 332.100, lo que en valores absolutos resulta
moderado, pero supone tasas de destrucción de empleo cifradas en el -14,6% y -
12,5% respectivamente. La economía financiarizada castiga también a sus
trabajadores cuando se pinchan las burbujas que alimenta.
56
No obstante, dentro del sector de servicios también se han registrado
respuestas a la crisis que permitieron atenuar su impacto laboral, pues tanto el sector
de los transportes y, sobre todo, las telecomunicaciones (+17,5%), como los diferentes
servicios públicos aún registraron aumentos de ocupación, especialmente destacables
en el caso de la sanidad y los servicios sociales (+16,1%). Es indudable que la
prioridad otorgada ahora a la reducción del déficit que acumuló el Estado desde 2008 -
como consecuencia y no como causa de la crisis- que se ha acentuado en 2012 tras el
cambio de gobierno, tiene un reflejo especialmente intenso en el empleo público. Esto
provocará un cambio importante en este diagnóstico a corto plazo de no modificarse
los actuales criterios, con el mismo efecto de retroalimentación ya comentado y el
consiguiente reforzamiento de la espiral recesiva.
En resumen, más allá de reformas laborales que afectan sobre todo a la
distribución del excedente y la influencia respectiva de empresas y trabajadores, pero
una y otra vez se demuestran incapaces de afectar al problema del desempleo –que
sólo sirve para justificarlas- cualquier análisis a partir de información como la utilizada
pone de relieve que el reto del paro apunta en otra dirección. Se coincide, por tanto,
con el diagnóstico de Rocha y Aragón (2012; 5), cuando afirman que “existe una
estrecha relación entre el tipo de especialización productiva consolidado en la última
fase expansiva del ciclo económico y la intensa destrucción de empleo, así como su
mayor impacto en grupos sociales específicos”. Por esa razón, tal como plantea Flores
(2012: 7), “la economía española no puede relegar su proceso modernizador para el
día después de superar la crisis ni puede superar la crisis sin avanzar en la
construcción de otro modelo de crecimiento y de una nueva estructura productiva”.
Pero un argumento como éste, que otros muchos comparten, encuentra nuevos
apoyos que lo refuerzan cuando la investigación incorpora una dimensión territorial y
se comprueba lo que está ocurriendo con el paro en las diferentes regiones y ciudades
del país, aspecto para el que la perspectiva geográfica puede aportar bastante más
que la simple descripción o su reflejo gráfico sobre un mapa.
2.4. La diferente exposición al desempleo de los grupos sociales y los sectores
económicos.
Hace ahora dos décadas, en el marco de una reflexión sobre la metamorfosis
del trabajo asociada a las transformaciones propias de un periodo crítico que marcó la
transición al mundo que hemos conocido desde entonces, André Gorz recordaba la
importancia del empleo remunerado en el proceso de socialización de todo individuo,
afirmando que “derecho al trabajo, deber de trabajar y derecho de ciudadanía están
inextricablemente vinculados” (Gorz, 1995: 264). La privación, por tanto, de ese
derecho constituye una forma de exclusión social y un atentado contra la dignidad de
las personas que, debido a sus dimensiones y a su reiteración, debiera constituirse en
objetivo social prioritario y suscitar nuevas acciones tendentes a la generación de
nuevos empleos o a su redistribución, aspecto ajeno a este texto pero que no por ello
debe ser ignorado.
57
Tal como se planteó al inicio del capítulo, medir con precisión esa exclusión
provocada por el desempleo forzoso se convierte en un objetivo nada banal, que en el
caso español tiene su traducción en la existencia de las dos fuentes estadísticas ya
mencionadas que lo identifican a partir de criterios diversos, sometidos a sucesivas
revisiones a lo largo del tiempo. Desde comienzos de siglo, durante los años en que el
desempleo se mantuvo estable en torno a los dos millones de activos, los datos de la
EPA y los del paro registrado se situaban en valores muy próximos, pero al
desencadenarse la crisis ambas curvas han tendido a separarse. De este modo, al
finalizar 2011 el paro registrado se situaba en 4.422,36 miles de personas, mientras la
EPA elevaba la población parada hasta los 5.273,60 miles, lo que supone casi un 20%
más y equivale a una tasa de crecimiento en los cinco últimos años del 191,3% en
este último caso, por un 118,6% en el de los datos de paro registrado ofrecidos por la
Sociedad Pública de Empleo Estatal (figura 2.4).
Figura 2.4. Evolución del paro registrado y estimado en España, 2001-2011.
Fuente: SEPE. Movimiento Natural Registrado, e INE. Encuesta de Población Activa.
Las razones de esa progresiva disociación en las estimaciones, que a
mediados de 2012 ya superaba el millón de personas, son básicamente de dos tipos.
Por un lado, una parte de quienes pueden incluirse como desempleados a partir del
muestreo trimestral que realiza el Instituto Nacional de Estadística para la EPA quedan
excluidos del paro registrado, en especial los estudiantes menores de 25 años,
quienes sólo buscan empleos de corta duración o jornada reducida y los trabajadores
agrarios eventuales que ya cobran un subsidio del Programa de Fomento del Empleo
Agrario en Andalucía y Extremadura, antes denominado Plan de Empleo Rural (PER).
58
Además, no todos los parados buscan trabajo a través de las Oficinas de Empleo y se
inscriben en ellas, pues la obligación se limita a quienes perciben algún tipo de
prestación, pero la prolongación de la crisis aumenta el número de aquellos que ya las
agotaron. En ese sentido, la profunda atonía actual en lo que concierne a la oferta de
puestos de trabajo incide sobre el incremento de los desanimados que desconfían de
continuar la búsqueda por esta vía y se plantean otras estrategias de supervivencia.
Por este motivo, el uso de una u otra fuente puede generar ciertas diferencias
en el diagnóstico. En este caso, los datos de la EPA ofrecen una mejor caracterización
de los grupos sociales y los sectores económicos afectados por el desempleo,
mientras los de paro registrado, pese a suponer cierta infravaloración del problema
real, son los únicos que permiten realizar análisis sobre la situación actual y evolución
reciente en las ciudades, por lo que serán los utilizados para abordar su diversa
incidencia según territorios y a diferentes escalas.
El desempleo tiene un carácter discriminante, pues afecta de manera
especialmente intensa a aquellos sectores sociales y laborales más desprotegidos o
que se enfrentan a una mayor exposición al riesgo, algo que resulta claramente
identificable en los datos que ofrece la tabla 2.2, correspondientes al cuarto trimestre
de cada año.
Tabla 2.2. Tasas de paro según grupos de población, 2006-2011.
Grupos de población Tasa de paro
2006 (%) Tasa de paro
2011 (%)
Mujeres
Hombres
10,85
6,37
22,16
21,21
16 a 19 años
20 a 24 años
25 a 54 años
55 y más años
28,99
14,82
6,32
2,53
64,08
42,60
17,29
5,79
Analfabetos
Educación primaria
Educación secundaria
Educación superior
18,42
10,06
8,17
6,10
52,34
31,92
22,66
12,82
Población inmigrante
Población autóctona
11,79
8,03
32,85
19,60
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa.
Están, en primer lugar, los jóvenes que no alcanzan los 25 años de edad y
cuya tasa de paro ya era muy superior a la del resto en plena fase de crecimiento,
pero que en los últimos años ascendió hasta el 64,1% entre los menores de 19 años y
el 42,6% entre los que cuentan con 19-25 años. Están, en segundo lugar, quienes
tienen un menor nivel de estudios, pues mientras la tasa en 2011 también supera el
52% entre la población analfabeta y llega al 31,9% para quienes sólo tienen estudios
primarios, se reduce al 12,8% entre los titulados superiores, si bien en algunos casos
éstos se enfrentan a la necesidad de aceptar empleos inferiores a su nivel formativo,
59
dando así origen a situaciones de sobrecualificación. Un tercer grupo de riesgo lo
constituye la población inmigrante, que con una tasa del 32,8% casi duplica la de los
españoles, aspecto que puede relacionarse con el tipo de ocupaciones que han
cubierto de forma mayoritaria en los años anteriores a la crisis y sólo en parte con su
nivel educativo, mientras está sometida a debate la posible existencia de ciertas
situaciones de discriminación que acentuarían lo anterior (Medina et al., 2010). La
suma de estas tres condiciones o factores de riesgo se asocia con una mayor
probabilidad de engrosar las bolsas de paro y su frecuente localización en áreas
determinadas, sobre todo en el interior de las ciudades, también favorece el
reforzamiento de fenómenos de segregación espacial.
Un cuarto grupo de riesgo en el ámbito laboral es tradicionalmente la mujer. No
obstante, en relación a esta crisis las pérdidas de empleo comenzaron concentrándose
en actividades desempeñadas sobre todo por hombres, tanto en la construcción como
en ciertas industrias, y sólo en una fase posterior su contagio a numerosos servicios
tiende ahora a atenuar las diferencias de género. Pero esta afirmación exige, al
menos, dos matizaciones: la primera que, pese a todo, la tasa de paro femenina
(22,2%) continúa siendo ligeramente superior a la masculina (21,2%); la segunda, que
la mayor vulnerabilidad de la mujer en su inserción laboral aumenta en este caso la
presión hacia el subempleo, el trabajo informal o, incluso, el abandono del mercado de
trabajo.
A los contrastes sociales se superponen los de índole económica. Así, el
desempleo también ha tenido una velocidad de expansión y alcanza una intensidad
muy variable según sectores de actividad, aspecto ya abordado de forma indirecta en
páginas anteriores y del que ahora tan sólo interesa destacar una idea muy relevante
para lo que se analizará a continuación.
Figura 2.5. Evolución sectorial del desempleo, 2006-2011 (%).
Fuente: SEPE. Movimiento Natural Registrado, e INE. Encuesta de Población Activa.
60
Tal como refleja el gráfico de la figura 2.5, pese a las significativas diferencias
entre las dos fuentes consultadas, tanto una como otra establecen una idéntica
jerarquía de sectores en relación al incremento del paro durante el último lustro. Una
vez más, la construcción se sitúa a la cabeza ya desde 2007 y durante todo el periodo,
con tasas de aumento que alcanzan el 227,7% en el caso del paro registrado. Pese a
su escasa importancia actual en el conjunto de la población ocupada, el paro también
aumentó con intensidad en el sector agrario, hasta valores que en este caso resultan
superiores en las cifras de la EPA (157,0%) por la exclusión de los eventuales agrarios
que reciben subsidio en la estadística de paro registrado.
Pero el aspecto más relevante es el que se deriva de la comparación entre el
comportamiento seguido por la industria y los servicios. La primera recibió el impacto
del estancamiento del consumo interno, la retracción del crédito y el freno de la
demanda internacional en 2008-2009, pero a partir de entonces el desempleo se ha
estabilizado y el saldo del periodo es, con diferencia, el más favorable, pues las tasas
de aumento se sitúan en el 80,6% para el paro registrado e incluso descienden al
63,9% en el caso de la EPA.
Como contrapunto, los servicios parecieron relativamente inmunes a la crisis en
su primera fase, pero la caída de la demanda, el aumento de la precariedad laboral, el
descenso de los salarios reales en amplias capas de la población y el propio
desempleo han retroalimentado una espiral recesiva que desde 2010 frena el consumo
y ha elevado con rapidez los niveles de paro en el sector, que ahora duplican con
creces los de 2006 y resultan ya muy superiores a los de la industria. En la tercera
fase de la crisis, que se ahonda en 2012 con la intensificación de los ajustes en el
sector público y la consiguiente destrucción de empleos en el ámbito de los servicios
sociales, esa diferencia tenderá a acentuarse de no mediar un cambio de rumbo en las
prioridades políticas impuestas en la Unión Europea y aplicadas por el gobierno
español.
2.5. Una aproximación a la dimensión territorial del paro: contrastes
interregionales e interprovinciales.
Si bien la crisis afecta de forma generalizada a la práctica totalidad de
actividades económicas y sectores sociolaborales, las diferencias que acaban de
apuntarse ya confirman que la gravedad del impacto recibido resulta muy desigual.
Algo similar ocurre en relación con sus efectos según territorios, aunque se trata de
una dimensión poco considerada habitualmente en la mayoría de análisis, o bien sólo
de forma muy descriptiva, añadiendo a lo anterior algunos datos o mapas relativos a
las Comunidades Autónomas, comentados de forma breve. Algún estudio reciente que
toma como eje de análisis la evolución del empleo regional en las sucesivas crisis de
las últimas décadas y aporta una mayor complejidad interpretativa aún no ha gozado
de amplia difusión (Sánchez Hernández, 2012).
Lo que debe destacarse en este sentido es que el análisis territorial puede
aportar nuevos argumentos que hagan posible comprender mejor por qué un proceso
61
de dimensión global como la actual crisis tiene un reflejo tan diferente según la
trayectoria seguida por cada territorio, su estructura económica y social, sus
instituciones o la desigual capacidad mostrada por sus actores públicos y privados
para tejer a lo largo del tiempo tramas que se muestran más o menos resistentes
frente al embate de la crisis, cuestión a considerar en la perspectiva de promover
ahora posibles estrategias de respuesta. Aunque no es el plano que centrará nuestra
atención, los fuertes contrastes regionales que diferencian la gravedad del paro
registrado en las CCAA españolas y su evolución en estos últimos años suponen una
primera aproximación útil a ese objetivo. Los datos de la tabla 2.3. sintetizan lo
esencial de esas diferencias y permiten complementar las perspectivas estática y
dinámica del desempleo regional.
Tabla 2.3. Evolución e importancia del paro registrado por Comunidades Autónomas.
Comunidad
Autónoma
Paro
registrado
2006
Paro
registrado
2011
Población
16-65 años
2011
Evolución
2006-11
(%)
Paro/100
hab. edad
activa 2011
Andalucía 477.784 969.152 5.680.578 102,84 17,06
Aragón 36.507 101.982 881.410 179,35 11,57
Asturias 52.913 90.537 717.418 71,11 12,62
Baleares 46.284 98.087 774.816 111,92 12,66
Canarias 122.153 265.569 1.500.773 117,41 17,70
Cantabria 21.613 49.273 399.154 127,98 12,34
Castilla y León 108.421 208.475 1.646.504 92,28 12,66
Castilla-La Mancha 90.921 225.842 1.395.406 148,39 16,18
Cataluña 260.749 614.244 5.039.838 135,57 12,19
Ceuta y Melilla 12.780 21.179 107.512 65,72 19,70
Comunidad Valenciana 194.819 535.036 3.427.877 174,63 15,61
Extremadura 74.637 135.398 725.058 81,41 18,67
Galicia 160.666 258.234 1.820.590 60,73 14,18
Madrid 211.558 488.709 4.459.298 131,00 10,96
Murcia 43.591 142.921 988.850 227,87 14,45
Navarra 21.060 46.946 424.023 122,92 11,07
País Vasco 76.203 145.394 1.446.745 90,80 10,05
Rioja, La 10.154 25.381 213.223 149,96 11,90
ESPAÑA 2.022.813 4.422.359 31.649.073 118,62 13,97
Fuente: SEPE. Movimiento Laboral Registrado; INE. Padrón Municipal de Habitantes.
El comportamiento de las regiones frente al empleo y el desempleo mantiene
tendencias consistentes a medio y largo plazo, más allá de los cambios que se
producen en cada fase expansiva o recesiva de los ciclos económicos. De ahí la
persistencia durante décadas de las mayores tasas de paro en las regiones del interior
peninsular, en especial las de su mitad sur, junto al archipiélago canario. Los datos de
paro registrado sobre la población en edad potencialmente activa (16-65 años), que es
el dato disponible con periodicidad anual, mantienen en esencia esa dicotomía
tradicional de sentido norte-sur, que se resiste a desaparecer.
62
Así, los valores máximos al finalizar 2011 continúan localizados en
Extremadura (18,67%), Canarias (17,70%), Andalucía (17,06%) y Castilla-La Mancha
(16,18%), además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (19,70%), bastante
por encima del promedio español (13,97%). En el extremo opuesto, las tasas más
bajas corresponden al País Vasco (10,05%) y Madrid (10,96%), junto con las regiones
del Valle del Ebro como Navarra (11,07%), Aragón (11,57%) y La Rioja (11,90%),
además de Cataluña (12,19%). En situación intermedia y muy próxima al valor medio
se sitúan tanto las regiones mediterráneas (Comunidad Valenciana, Murcia y
Baleares) como las atlánticas (Cantabria, Asturias y Galicia), además de Castilla y
León.
Estas diferencias suponen que la región con mayor nivel de paro prácticamente
duplica el valor correspondiente a la mejor situada, pero una medida algo más precisa
de estos contrastes interregionales se logra mediante el cálculo del llamado coeficiente
de variación. Se define como el cociente entre la desviación estándar y el promedio de
una serie de valores (Cv = σ/Х), por lo que cuanto mayor resulte, más amplia será la
dispersión existente. En este caso, el coeficiente resulta relativamente moderado
(0,2052), lo que supone que la desviación entre regiones se sitúa en torno a una
quinta parte del valor promedio correspondiente a España. Al mismo tiempo, si la
atención se dirige al mapa resultante, la distribución del paro aún refleja, en buena
medida, una lógica espacial acorde con las desigualdades en el desarrollo económico
regional que comenzaron a hacerse patentes con la primera revolución industrial en la
segunda mitad del siglo XIX y se reforzaron con la siguiente, que en España retrasó lo
esencial de sus efectos hasta después del Plan de Estabilización de 1959 y la
posterior apertura exterior.
Pero más allá de esas inercias que se resisten a desaparecer, el impacto de las
sucesivas crisis sobre los mercados regionales de trabajo varía de forma significativa.
Resulta bien conocido el efecto que tuvo el agotamiento del modelo industrial fordista
en los años setenta y primeros ochenta del pasado siglo, que concentró la destrucción
de empleos y el consiguiente aumento del paro en las regiones de antigua tradición
industrial del Eje Atlántico, con especial virulencia en el País Vasco y Asturias, frente
al mejor comportamiento de las integradas en los ejes Mediterráneo y del Ebro,
además de la región metropolitana de Madrid. Se estableció entonces una dicotomía
entre regiones emergentes y en declive –o entre regiones ganadoras y perdedoras,
según la metáfora acuñada en esos años por Benko y Lipietz (1994)- que parece
haberse mantenido en el imaginario colectivo pese a los cambios habidos desde
entonces.
Aunque en propuestas evolucionistas como la de Martin (2012) se plantea que
los impactos de las sucesivas crisis tienden a acumularse en el tiempo y pueden
fragilizar la situación de determinadas regiones ante nuevos shocks externos, la
evolución del paro registrado desde 2006 parece mostrar cambios muy significativos
respecto a patrones anteriores. Tres conclusiones principales pueden deducirse a
partir de la simple observación de las tasas de crecimiento en el último lustro.
63
En primer lugar, la distribución espacial de los impactos resulta en esta ocasión
muy diferente, con tasas máximas de aumento del paro en regiones del Eje
Mediterráneo (Murcia, Comunidad Valenciana) y del Ebro (Aragón, La Rioja), frente al
mejor comportamiento de las del Eje Atlántico (Galicia, Asturias, País Vasco) y
algunas interiores (Extremadura, Castilla y León), además de las ciudades autónomas.
Resulta también significativo que las CCAA donde se localizan las dos mayores
aglomeraciones metropolitanas (Madrid, Cataluña) superen el promedio de
incremento, con tasas por encima del 130% en ambos casos, lo que parece cuestionar
la influencia ejercida por las llamadas economías de aglomeración.
Un segundo rasgo a destacar es la no coincidencia entre la evolución regional
del paro en esta crisis y la situación heredada del pasado, aún visible en la tasa de
paro sobre la población en edad activa antes analizada. La comparación entre los dos
diagramas de barras que representan ambos indicadores a partir de la misma
ordenación de las regiones ofrece una imagen bastante nítida de esa disociación
(figura 2.6), lo que parece confirmar que las tendencias actuales responden a factores
muy diferentes a los de anteriores crisis y por ello no se observan efectos
acumulativos.
Figura 2.6. Comportamiento de las CC.AA. frente al paro registrado.
60,73
65,72
71,11
81,41
90,80
92,28
102,84
111,92
117,41
118,62
122,92
127,98
131,00
135,57
148,39
149,96
174,63
179,35
227,87
0 50 100 150 200 250
Galicia
Ceuta y Melilla
Asturias
Extremadura
País Vasco
Castilla y León
Andalucía
Baleares
Canarias
ESPAÑA
Navarra
Cantabria
Madrid
Cataluña
Castilla-La Mancha
Rioja, La
Comunidad Valenciana
Aragón
Murcia
14,18
19,70
12,62
18,67
10,05
12,66
17,06
12,66
17,70
15,20
11,07
12,34
10,96
12,19
16,18
11,90
15,61
11,57
14,45
0 5 10 15 20 25
Galicia
Ceuta y Melilla
Asturias
Extremadura
País Vasco
Castilla y León
Andalucía
Baleares
Canarias
ESPAÑA
Navarra
Cantabria
Madrid
Cataluña
Castilla-La Mancha
Rioja, La
Comunidad Valenciana
Aragón
Murcia
Evolución del paro registrado, 2006-2011 (%) Paro registrado/población edad activa, 2011 (%)
Fuente: SEPE. Movimiento Laboral Registrado.
Un tercer aspecto significativo es que la desigualdad provocada por la crisis
sobre el paro es muy superior a la que pudo observarse desde una perspectiva
estática. De este modo, el máximo crecimiento registrado por la Región de Murcia
multiplica por 3,7 veces el de Galicia, situada en el extremo opuesto y, sobre todo, el
64
coeficiente de variación de la serie estadística asciende en este caso a 0,3594, valor
bastante superior al comentado en el caso de las tasas regionales existentes en el año
2011. No hay, pues, región que escape a la gravedad del fenómeno, pero la brecha
entre unas y otras tiende a ampliarse. Este mismo tipo de conclusiones se repite si en
vez de utilizar como unidades de análisis las 17 CCAA se consideran las 50
provincias, aunque también se observan en este caso algunos rasgos destacables,
que pueden complementar lo señalado hasta ahora.
Por una parte, en lo referente a la distribución espacial (figura 2.7), se confirma
que todas las provincias de la mitad sur peninsular, salvo Jaén, mantienen tasas de
paro sobre su población en edad activa superiores al promedio español, mientras en la
mitad septentrional sólo Pontevedra se sitúa bastante por encima de ese nivel de
referencia. En cambio, el mapa sobre tasas de crecimiento posteriores a 2006 parece
definir un contraste en sentido oeste-este, con los valores más elevados en las
provincias mediterráneas, las del Ebro y las del entorno de Madrid frente a valores
bastante inferiores en las occidentales. En concreto, la explosión del desempleo en
Castellón (305,48% de aumento), Guadalajara (250,09%) y Murcia (227,87%) no es
comparable a la evolución registrada por provincias como Ourense (41,94%), A
Coruña (54,77%) o Lugo (57,19%), con diferencias bastante mayores que las
observables entre las regiones.
Se constata así que con unidades territoriales más pequeñas y menos
heterogéneas como son las provincias, los contrastes se intensifican y dos simples
cifras vienen a sintetizarlo. La primera es la de que la provincia que registró mayor
aumento del paro (Castellón) multiplica ya por 7,3 veces la tasa de la provincia situada
al otro lado de la escala (Ourense). La segunda, que el valor del coeficiente de
variación asciende en este caso hasta 0,4439, también por encima del que medía la
dispersión en el crecimiento del paro entre las regiones.
Finalmente, al considerar de forma conjunta ambos indicadores puede
obtenerse una tipología básica según la posición relativa de las provincias por encima
o por debajo del promedio español en cada caso, tal como refleja el diagrama de
dispersión de la figura 2.8.
La peor posición la padecen aquellas situadas en el cuadrante superior
derecho, con tasas de paro sobre población potencialmente activa elevadas y que
además registraron un fuerte aumento desde 2006 que acentúa la gravedad de la
situación. Aquí se incluyen todas las provincias mediterráneas entre Castellón y
Málaga, además de algunas periféricas de Madrid como Toledo y Ávila, o Santa Cruz
de Tenerife. Situación opuesta es la que corresponde a las provincias localizadas en el
cuadrante inferior izquierdo, con menores tasas y un impacto de la crisis más
moderado que las aleja progresivamente de las anteriores y acentúa, por tanto, las
desigualdades. Aquí se sitúan las tres del País Vasco, Asturias y otras tres gallegas
(Lugo, A Coruña, Ourense), junto a algunas castellano-leonesas (Valladolid, León,
Palencia), quedando tan sólo Baleares y Jaén aisladas del resto.
65
Figura 2.7. Comportamiento de las provincias frente al paro registrado.
a) Evolución del paro registrado, 2006-2011.
b) Paro registrado / población en edad activa, 2011.
Fuente: SEPE.
Las restantes 29 provincias aparecen entre ambos extremos, bien porque
partiendo de niveles moderados de paro los han incrementado ahora con rapidez, lo
que las ubica en el cuadrante inferior derecho del gráfico (casos de Madrid, provincias
catalanas, todas las del Ebro y algunas interiores como Burgos, Segovia, Soria o
Cuenca), o porque, en cambio, partían de tasas elevadas que heredaron del pasado
66
pero en esta ocasión el efecto de la crisis está siendo menos acusado y eso hace que
se agrupen en el cuadrante superior izquierdo. También en este caso, como en los
anteriores, la mayor parte de las provincias muestran una distribución nada casual,
con un claro predominio de las correspondientes a la margen occidental peninsular,
desde Pontevedra a Zamora, Salamanca, las extremeñas y las andaluzas (Sevilla,
Huelva, Cádiz, Córdoba), junto con alguna otra donde se pierde esa continuidad (Las
Palmas de Gran Canaria, Albacete).
Figura 2.8. Tipología provincial según importancia y evolución del paro registrado.
Fuente: SEPE.
Situaciones tan heterogéneas y contrastadas como las que acaban de
describirse, tanto si se comparan las tasas regionales o provinciales como, sobre todo,
si se observa el muy distinto ritmo de crecimiento del paro en la actual crisis resultan
imposibles de justificar acudiendo al argumento de la rigidez en las relaciones
laborales ya discutida, pues la normativa en esta materia es sustancialmente la misma
en todo el territorio español, lo que no ha impedido una evolución absolutamente
dispar. Así pues, esa capacidad de resistencia tan variable frente a la pandemia del
desempleo masivo exige acudir a otro tipo de argumentos justificativos relacionados,
sobre todo, con las características propias de cada territorio. Aunque se hará una
67
reflexión más detallada sobre esta cuestión en el próximo capítulo, al considerar los
contrastes entre ciudades, pueden apuntarse ya algunos posibles factores
mencionados por otros autores como Rocha (2010).
Una primera clave de las diferencias interregionales e interprovinciales se
relaciona, sin duda, con la capacidad de su base económica para generar crecimiento
y asegurar cierta capacidad competitiva que permita crear y mantener el empleo. Eso
se relaciona con su estructura productiva, lo que incluye aspectos como el tipo de
sectores en los que se especializa, el mayor o menor grado de diversificación de sus
actividades o las características de sus empresas. La directa relación de la actual
crisis con el estallido de la burbuja inmobiliario-financiera provocó un impacto directo e
inmediato en el sector de la construcción y en algunas industrias proveedoras,
aumentando con rapidez el paro en aquellas áreas con mayor presencia de esas
actividades como son el litoral mediterráneo y los archipiélagos. El freno posterior al
consumo privado trasladó el impacto a otras actividades como el comercio, los
servicios a la población y el turismo, al tiempo que las restricciones en el crédito
ahogaban a numerosas pequeñas empresas, ampliando así los territorios afectados,
mientras se defendían mejor aquellas otras regiones con una mayor diversificación
económica por haber mantenido cierta presencia industrial.
Un segundo factor también relacionado con lo anterior serían las tasas de
empleo alcanzadas en los años de crecimiento intensivo. En aquellas regiones y
provincias donde los puestos de trabajo se multiplicaron con mayor rapidez, muchos
de ellos en actividades de baja cualificación y productividad, con contratos precarios,
la destrucción posterior de empleos ha resultado también más intensa por
comparación con aquellas otras en donde esas oscilaciones de la fuerza de trabajo –
tanto en el periodo alcista como en el actual- han sido bastante más moderadas, tal
como ocurrió en buena parte de la España interior y el noroeste peninsular.
Una tercera causa puede vincularse con el nivel de endeudamiento financiero
de los territorios, considerando que aquellos con empresas, particulares y
administraciones públicas más endeudadas serían los que registraron una mayor
caída de su actividad económica al hacerse cada vez más difíciles las vías de
financiación e imponerse estrategias de austeridad que estrangulan el crecimiento.
También en este caso, la acción de los gobiernos autonómicos y el diverso grado en
que aplicaron o atenuaron este tipo de medidas puede ser un factor diferencial cuya
importancia tenderá a crecer con el paso del tiempo.
Un último aspecto que suele considerarse en las explicaciones sobre el
desigual impacto de la crisis sobre el empleo es el nivel formativo de su población y,
por tanto, su mayor o menor dotación en capital humano. La evidencia de que buena
parte de los empleos destruidos correspondían a los estratos inferiores de la pirámide
ocupacional y contaban con baja cualificación suele ser la base de tales argumentos.
La mayor acumulación de conocimiento en la población, las empresas y las
instituciones de cada territorio sería, en esta perspectiva un factor de resistencia ante
las crisis y el comportamiento de algunos territorios con una buena dotación de este
68
tipo de recursos (País Vasco, Navarra…) ayuda a reforzar esa idea. En cambio, lo
ocurrido en Madrid o Barcelona –que son los principales polos de conocimiento en
España, pero incrementaron el paro a un ritmo superior al promedio (131% y 128%
respectivamente)- demuestra que ningún factor puede explicar por sí sólo la evolución
registrada, haciendo necesaria una interpretación más compleja que combine en cada
caso varios de ellos.
En resumen, el problema del desempleo masivo reaparece de forma periódica
como preocupación central de nuestra sociedad, con implicaciones económicas y
políticas evidentes. Hace ahora dos décadas, en una situación de similar gravedad, el
Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo promovido por la Comisión
Europea (1992) ya señaló que, más allá de situaciones coyunturales que provocan
oscilaciones en los niveles de ocupación, nos enfrentábamos a un problema
estructural con raíces profundas, que exigirían estrategias de largo plazo para su
superación. En una perspectiva más crítica, Robert Castel planteó su estrecha
vinculación con el rumbo tomado por el capitalismo al afirmar que “el desempleo no es
una burbuja que se ha formado en las relaciones de trabajo y que podría
reabsorberse. Empieza a estar claro que la precarización del empleo y el desempleo
se han inscrito en la dinámica actual de la modernización. Son las consecuencias
necesarias de los nuevos modos de estructuración del empleo y la lucha por la
competitividad, que convierten en sombra a gran parte del mundo” (Castel, 1997: 406).
Este tipo de reflexiones han cobrado de nuevo plena actualidad, pero, si se
profundiza en la metáfora, una vez más se comprueba que esos territorios en sombra
son selectivos, tanto desde una perspectiva temporal como espacial. Ni todos se
enfrentan por igual a esa oscuridad, ni los que padecieron con más intensidad el
problema en el pasado son necesariamente los mismos que lo padecen ahora. Existe,
por tanto, una dimensión territorial de las crisis que resulta significativa, tanto para
comprender mejor sus claves como la diversa intensidad de sus efectos.
69
CAPÍTULO 3. LAS CIUDADES ESPAÑOLAS FRENTE AL
DESEMPLEO.
La sociedad española está intensamente urbanizada. El proceso de
concentración espacial que desencadenó la industrialización se ha visto reforzado en
las últimas décadas y en la actualidad cuatro de cada cinco residentes en el territorio
lo hacen en municipios que superan los 10.000 habitantes, umbral que delimita los
núcleos urbanos a efectos estadísticos. Esa polarización alcanza su máximo
exponente en las grandes ciudades y las áreas urbanas que las tienen en su centro,
pero que se extienden sobre su entorno hasta formar aglomeraciones metropolitanas
de límites progresivamente difusos.
Las ciudades constituyen también una red de asentamientos, tejida por
múltiples relaciones, que sirve como soporte básico para la organización del territorio.
Por ese conjunto de motivos, comprender los procesos territoriales exige prestar una
especial a las dinámicas urbanas y lo ocurrido con la crisis económica no constituye
ninguna excepción. Con ese marco general de referencia, el capítulo aborda por
primera vez una perspectiva de conjunto sobre la evolución del paro en las ciudades
españolas durante los años de crisis económica con el objetivo de establecer e
interpretar los importantes contrastes existentes a este respecto, base necesaria para
llevar a cabo estudios más pormenorizados sobre los mercados locales de trabajo aún
por abordar.
3.1. Dinamismo del sistema urbano español en los años de crecimiento.
Si se mantiene el año 2006 como fecha de referencia previa al
desencadenamiento de la crisis, las seis grandes ciudades españolas por encima de
los 500.000 habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga)
sumaban casi 7,5 millones de habitantes, equivalentes al 16,7% de la población total
del país, pero esas cifras alcanzaban los 14,8 millones y una tercera parte del total de
considerarse sus respectivas áreas urbanas4. Si a estas añadimos las nueve ciudades
que superaban los 250.000 habitantes (Bilbao, Alicante, Murcia, Las Palmas de Gran
Canaria, Palma de Mallorca, Córdoba, Valladolid, Vigo y Gijón), esas proporciones
ascienden al 23,5% y 44,9% respectivamente.
Pero, junto a los efectos de ese proceso de aglomeración espacial, también
resulta destacable la existencia de un estrato de ciudades medias, o de tamaño

4 Según la delimitación de áreas urbanas realizada por el Atlas Estadístico de las Áreas
Urbanas de España 2006, publicado por el entonces Ministerio de la Vivienda (hoy Ministerio
de Fomento), que incluye en estas seis un total de 308 municipios.
70
intermedio5, que en las últimas décadas se han mostrado especialmente dinámicas,
aunque con notorias diferencias internas (Bellet y Llop, 2004; Méndez dir., 2010). En el
año 2006 eran más de tres centenares, contabilizando en conjunto 19,5 millones de
residentes (43,6% de la población española). Por el contrario, las pequeñas ciudades
por debajo de ese tamaño, junto con los núcleos rurales, que a mediados del siglo XX
aún albergaban a más de la mitad de la población del país (53,9%), redujeron esa
importancia relativa hasta el 32,9% en 2006 como reflejo de unos saldos migratorios a
menudo negativos, consecuencia de su menor dinamismo económico y la consiguiente
debilidad para generar y mantener una oferta de empleos suficiente.
En ese sentido, las externalidades ligadas a la aglomeración también
favorecieron durante décadas una progresiva concentración de empresas y empleos
en las ciudades de mayor tamaño, con un posterior desbordamiento hacia sus
entornos metropolitanos y hacia las ciudades de tamaño intermedio en un proceso de
difusión -tanto espacial como jerárquico- bastante bien definido. La creación de
empleos en los años de fuerte crecimiento a comienzos de este siglo otorgó, por tanto,
al tamaño urbano cierta capacidad explicativa de las diferencias observables en
cuanto a tasas de crecimiento de esos efectivos laborales.
De este modo, al finalizar 2006 las grandes ciudades con más de 250.000
habitantes reunían el 30,6% del total de afiliados a la Seguridad Social en España,
sumando otro 41,9% las ciudades medias, con una cifra conjunta de 13,6 millones de
empleos en esos 363 municipios frente a poco más de 5,1 millones en los 7.747
restantes. Pero lo más significativo desde la perspectiva que aquí interesa destacar es
que el ritmo de crecimiento en el periodo 2000-2006 alcanzó el 23,6% en las grandes
ciudades y hasta el 30,8% en las ciudades medias, frente a tan sólo el 12,8% en los
municipios por debajo de los 20.000 habitantes.
Las ciudades de la región metropolitana de Madrid, junto a las del litoral
mediterráneo, Andalucía y Castilla-La Mancha fueron las que registraron un mejor
comportamiento en ese sentido, con tasas promedio por encima del 33%, frente a
valores más moderados –inferiores al 20%- en las de Asturias, País Vasco y Navarra,
menos afectadas por el crecimiento inmobiliario, turístico y del consumo característico
de esos años. En consecuencia, entre las veinte ciudades que registraron un mayor
aumento de la ocupación en esos años (superior al 72%), la gran mayoría se
localizaban en la periferia metropolitana de Madrid (Boadilla del Monte, Las Rozas,
Alcobendas, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, Valdemoro y Azuqueca de
Henares) o en las regiones del Eje Mediterráneo (Salou, Jumilla, Alhaurín de la Torre,
San Javier, Torre-Pacheco, Rincón de la Victoria, Torrevieja y Totana), máximos
exponentes del modelo de crecimiento imperante. En el extremo opuesto, entre las
veinte ciudades con peor evolución de sus efectivos laborales (aumento inferior al
12%), algo más de una tercera parte se localizaron en las regiones del Eje Atlántico
(Sestao, Portugalete, Durango, Eibar, Avilés, Ferrol y Santurtzi), o en la aglomeración

5 Aunque no hay coincidencia en los umbrales de población, la delimitación más frecuente en
Europa y en los estudios realizados en España las identifica con aquellas que cuentan entre
20.000 y 250.000 habitantes.
71
metropolitana de Barcelona (Sant Adrià de Besòs, Ripollet, Igualada, Vilanova i la
Geltrú), junto a algunas ciudades industriales especializadas en sectores tradicionales
(Ontinyent, Crevillent, Alcoy, Aranda de Duero, Olot) y afectadas por un lento declive
(Méndez dir., 2010: 152-161).
Si en términos cuantitativos los volúmenes y la evolución de la población
residente y los empleos demostraban sobradamente el protagonismo urbano y la
existencia de comportamientos diferenciados en el interior del sistema de ciudades, en
términos cualitativos tales rasgos se acentuaban. Así, por ejemplo, en las grandes
ciudades residía el 36,5% de la población con estudios universitarios y en las ciudades
medias otro 43,0% del total español, por sólo un 20,5% en el resto del territorio. Con
relación al empleo en las industrias y los servicios que integran la llamada economía
del conocimiento, la participación relativa de grandes ciudades y ciudades medias aún
crecía hasta el 45,4% y 43,5% respectivamente, con valores máximos en el caso de
las actividades terciarias intensivas en conocimiento (servicios avanzados a empresas,
finanzas y seguros, educación y sanidad), donde se alcanzaban el 47,2% y 43,6%.
Todo ello parecía asociarse a la generación de ventajas competitivas capaces de
asegurar un crecimiento más sostenido y menos frágil que el basado en actividades
poco cualificadas y de baja productividad, aunque en este sentido las diferencias
regionales eran ya significativas y lo han sido aún más al desencadenarse la actual
crisis.
3.2. Desempleo, crisis y jerarquía urbana.
La destrucción de empleos asociada a la profunda crisis que padece la
economía española en estos últimos años ha alcanzado a la totalidad de las 398
ciudades que superan los 20.000 habitantes en 2011. Las referencias habituales a
esta cuestión, que destacan el creciente número de personas y familias afectadas, la
difusión del paro de larga duración o los costes sociales que acarrea, rara vez
descienden por debajo de la escala regional o, a lo sumo, provincial, destacando sobre
todo los fuertes contrastes existentes, en buena medida heredados, que se mantienen
aunque con tasas muy superiores a las de hace cinco años. Una mirada superficial a
las cifras del paro registrado a escala local desde una perspectiva estática puede
también generar cierta apariencia de homogeneidad en cuanto al impacto de la crisis,
que un análisis más pormenorizado se encarga de desmentir, tal como aquí se
intentará demostrar.
La primera aproximación que puede hacerse al desempleo en las ciudades
españolas se consigue al agruparlas según su tamaño en número de habitantes,
considerando sus cifras absolutas de paro registrado al finalizar el año 2011 (tabla
3.1). Tal como puede comprobarse, siete de cada diez personas registradas en esa
situación en las oficinas públicas de empleo se localiza en las ciudades –grandes o
medias- que superan los 20.000 habitantes, lo que permite afirmar que el problema del
paro es esencialmente un problema urbano. Pero también se pone de manifiesto que
72
esa proporción, o su reparto según tamaños, resulta muy similar a la que registra la
población en su conjunto.
Tabla 3.1. Paro registrado según tamaño urbano, 2011.
Tamaño urbano
(habitantes)
Volumen de
población
%
total
Paro
registrado
%
total
Cociente
%paro / %
población
Más de 500.000
250.000 a 500.000
100.000 a 250.000
50.000 a 100.000
20.000 a 50.000
Menos de 20.000
7.642.295
3.590.854
7.596.093
5.857.700
7.499.173
15.004.378
16,19
7,61
16,10
12,41
15,89
31,80
617.712
337.594
786.762
592.867
765.899
1.321.525
13,97
7,63
17,79
13,41
17,32
29,88
0,863
1,002
1,105
1,081
1,090
0,940
TOTAL ESPAÑA 47.190.493 100 4.422.359 100 1
Fuente: SEPE e INE.
De este modo, si se calcula el cociente entre el porcentaje del paro total que
representa cada estrato urbano y el correspondiente a su peso relativo en la población
española, se comprueba que los valores están muy próximos a la unidad en todos los
casos. Tan sólo en el de las grandes urbes que superan el medio millón de habitantes
y en el extremo opuesto de esta escala jerárquica los valores del cociente se sitúan
por debajo de la unidad (0,863 y 0,940 respectivamente), lo que significa una menor
presión relativa del desempleo, que aumenta en cambio en los niveles intermedios
(máximo de 1,105 en las ciudades entre 100.000-250.000 habitantes), pero sin permitir
resultados concluyentes en ningún caso.
Esa situación tiene su reflejo cartográfico en una distribución de las cifras de
paro que apenas difiere del mapa que caracteriza desde hace varias décadas al
sistema urbano español en términos de efectivos demográficos (figura 3.1). Se
contrapone así la mayor presencia de núcleos urbanos y de desempleados en el Eje
Mediterráneo, Andalucía y los archipiélagos, además de la región metropolitana de
Madrid, frente a su menor densidad en el resto de las regiones interiores, quedando el
Eje Atlántico entre ambos extremos. De nuevo un mapa con carácter panorámico
como éste parece señalar que ninguna ciudad se ha librado del negativo efecto de la
crisis sobre su tejido empresarial y laboral, así como que el golpe recibido guarda
relación con la entidad que cada una tenía antes de iniciarse el brusco cambio de
tendencia a partir de 2007-2008.
Sólo si se aproxima el foco de atención a las ciudades con mayor volumen de
paro registrado y se ordenan con ese criterio, la comparación con el rango que
detentan según volumen de habitantes permite detectar ya algunas desviaciones
significativas (tabla 3.2). Aunque Madrid y Barcelona ocupan las dos primeras
posiciones en ambos casos, a cierta distancia del resto, por debajo de ellas hay
ciudades cuyo rango jerárquico en cuanto a paro registrado está por encima del
correspondiente a su población (Sevilla, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria,
Córdoba, Alicante, Granada, Santa Cruz de Tenerife y, sobre todo, Elche, Jerez de la
73
Frontera y Almería), todas ellas localizadas en Andalucía, Mediterráneo o Canarias.
Como contrapunto, otras ciudades se sitúan por debajo, al presentar unos niveles de
paro y un rango inferiores a los que corresponderían a su peso demográfico (Valencia,
Zaragoza, Murcia, Palma de Mallorca, Valladolid, Gijón y, sobre todo, Bilbao), con una
distribución territorial más dispersa, pero siempre en la mitad septentrional de la
península o en Baleares.
Figura 3.1. Volumen de paro registrado en las ciudades con más de 20.000 habs. en
diciembre de 2011.
Fuente: SEPE.
Tabla 3.2. Ciudades con mayor volumen de paro registrado en diciembre 2011.
Ciudad Paro
registrado
Puesto
población
Ciudad Paro
registrado
Puesto
población
1. Madrid
2. Barcelona
3. Sevilla
4. Valencia
5. Málaga
6. Zaragoza
7. Las Palmas G.C.
8. Córdoba
9. Murcia
10. Alicante
222.103
108.624
81.135
75.324
75.064
55.462
51.001
41.312
40.250
36.837
1
2
4
3
6
5
8
11
7
12
11. Elche
12. Palma de Mallorca
13. Jerez Frontera
14. Vigo
15. Granada
16. Bilbao
17. Valladolid
18. Sta.Cruz Tenerife
19. Gijón
20. Almería
35.414
33.672
32.331
31.759
27.555
27.360
26.790
26.419
25.970
23.300
22
9
29
14
18
10
13
20
15
32
Total 10 ciudades 787.112 (17,80% total) Total 20 ciudades 1.077.682 (24,37% total)
Fuente: SEPE.
74
No obstante, para diferenciar lo que en todas estas cifras corresponde a
herencias derivadas de trayectorias locales específicas frente al efecto de la actual
crisis, es necesario llevar a cabo un análisis dinámico que considere la evolución del
paro registrado en el último lustro. De esta forma, su crecimiento según tamaño
urbano (tabla 3.3) confirma que, frente a un promedio español del 118,62%, las
ciudades que superan los 100.000 habitantes se situaron en tasas inferiores (valor
mínimo del 95,93% en las grandes ciudades entre 250.000-500.000 habitantes), al
contrario que las de menor dimensión (valor máximo del 135,11% en las ciudades
entre 20.000-50.000 habitantes).
Vuelve así a ponerse en evidencia que el tamaño urbano no resulta una
variable de especial significación a la hora de interpretar el desigual impacto de la
crisis sobre el desempleo, pues si bien los núcleos menores, con economías
generalmente poco diversificadas y menor dotación de diferentes formas de capital
(físico, humano, intelectual…) parecen algo más frágiles, las diferencias son poco
relevantes y lo mismo ocurre al relacionar los niveles de paro respecto a los de
población en edad activa, con desviaciones mínimas respecto al 13,97% de promedio.
Resulta, por tanto, necesario descender a un tratamiento individualizado que considere
a cada ciudad como unidad de análisis para poder aproximarnos a una descripción e
interpretación más consistentes de la lógica espacial subyacente a la crisis y sus
efectos sobre el desempleo de los lugares, así como su incidencia en la profundización
de un desarrollo cada vez más desigual desde el punto de vista geográfico.
Tabla 3.3. Comportamiento frente al paro según tamaño urbano, 2006-2011.
Tamaño urbano
(habs.)
Paro
2006
Paro
2011
Evolución
(%)
Población
16-65 años
Paro/población
edad activa (%)
Más de 500.000
250.000 a 500.000
100.000 a 250.000
50.000 a 100.000
20.000 a 50.000
Menos de 20.000
289.657
172.307
375.340
270.626
325.764
589.179
617.712
337.594
786.762
592.867
765.899
1.321.525
113,26
95,93
109,61
119,07
135,11
124,30
5.018.773
2.290.133
5.319.138
4.012.955
5.105.041
9.904.033
12,31
14,74
14,79
14,77
15,00
13,34
TOTAL ESPAÑA 2.022.873 4.422.359 118,62 31.650.073 13,97
Fuente: SEPE e INE
3.3. La diversa resistencia de las ciudades españolas al incremento del paro.
Toda ciudad se identifica por una serie de características (tamaño,
funcionalidad, base económica y social, organización política, cultura, morfología…)
que son, en buena medida, herencia de una trayectoria más o menos prolongada en el
tiempo. La acumulación de decisiones, acciones y acontecimientos que han tenido
lugar en ella sigue siendo visible, a menudo, mucho después de haber ocurrido, por lo
que la interpretación del presente exige una mirada al pasado para que cobren sentido
75
determinados rasgos que perviven pero no son comprensibles a partir tan sólo de las
condiciones imperantes en la actualidad.
Algo así ocurre cuando se analizan los notables contrastes existentes entre las
tasas de paro de las ciudades españolas. Aunque ya se señaló que la ausencia de
información sobre el volumen de población activa de cada localidad más allá de la de
carácter censal imposibilita el cálculo anual de esa tasa en sentido estricto, los datos
del padrón continuo sí permiten conocer la población existente en edad activa (de 16
hasta 65 años) con esa periodicidad. El cociente entre la cifra de paro registrado y esta
última permite, por tanto, establecer una tasa de parados sobre población
potencialmente activa que, pese a resultar inferior a la oficial (al considerar grupos de
población que no se incorporan al mercado de trabajo como estudiantes, amas de
casa, etc.), facilita comparaciones útiles sobre el comportamiento de las ciudades
frente al desempleo.
Una panorámica general del reparto territorial de esas tasas como la que ofrece el
mapa de la figura 3.2 posibilita ya constatar importantes diferencias interurbanas al
finalizar el año 2011, así como unas pautas de distribución nada aleatorias. Esto último
resulta aún más evidente en los mapas de la figura 3.3, que disocian las ciudades
situadas por encima y por debajo del 14%, que es el valor promedio de paro registrado
sobre población en edad activa para el conjunto de núcleos urbanos por encima de los
20.000 habitantes.
La primera impresión que se extrae de los mapas es que la realidad actual se
mantiene bastante cercana a la tradicional dicotomía entre los altos niveles de
desempleo predominantes en la mitad sur peninsular y Canarias (bastante superiores
al promedio, incluso en etapas de bonanza) y los más moderados de la mitad norte y
Baleares, así como de las principales aglomeraciones metropolitanas (Barcelona y,
sobre todo, Madrid). Resulta menos definida, en cambio, la situación del litoral
mediterráneo, con una gran cantidad de centros urbanos que se ubican, en un número
similar, a uno y otro lado de ese umbral divisorio de carácter estadístico, si bien se
mantiene cierta predisposición a superar el promedio entre las ciudades de su mitad
meridional (costa andaluza, murciana y valenciana), frente a una situación opuesta
entre las más septentrionales (catalanas y del archipiélago balear).
Pero sólo una lectura atenta de las tasas permite ahondar en ese diagnóstico
inicial, para lo que resultan útiles las tablas 3.4 y 3.5, que identifican a las cuarenta
ciudades (equivalentes al 10% del total de las estudiadas) que presentan los valores
máximos y mínimos respectivamente. Esa simple enumeración ofrece ya un primer
dato relevante si se considera que el nivel de paro de la ciudad gaditana de Barbate
(32,35%), que es la que lidera a su pesar este ranking, multiplica por 5,5 el de la
madrileña de Torrelodones (5,85%), situada en el extremo opuesto de la escala.
76
Figura 3.2. Paro registrado sobre población en edad activa, diciembre 2011 (%).
Fuente: SEPE
Figura 3.3. Ciudades con paro registrado sobre población activa respecto al promedio
(%).
Fuente: SEPE
77
Lo significativo es recordar que ese cociente era de 1,9 entre las dos
Comunidades Autónomas que presentaban también los valores máximo y mínimo
(Extremadura y País Vasco) y aumentó hasta 2,5 al descender a escala provincial, con
Cádiz y Guipúzcoa en ambos extremos, pero los contrastes interurbanos ahora
observados duplican con creces esa diferencia. Se confirma así que, junto con las
macrodesigualdades existentes entre países o entre regiones dentro de estos últimos,
la crisis acentúa también meso y microdiferencias entre las ciudades pertenecientes a
un mismo sistema urbano e, incluso, entre sus diferentes barrios –tal como habrá
ocasión de comprobar- lo que supone una dimensión muy poco conocida hasta el
momento y necesitada de investigaciones más pormenorizadas que prioricen la
perspectiva territorial.
Las ciudades españolas con una capacidad más limitada en la generación de
empleos suficientes para su población en edad activa se localizan, en su gran
mayoría, dentro de territorios que vienen enfrentando esa dificultad desde hace ya
bastante tiempo y, sin duda, mucho antes de que se desencadenase la actual crisis.
Casi la mitad (19) de las incluidas en la tabla 3.4. son ciudades andaluzas, en concreto
de las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, otra cuarta parte (9) canarias y casi otras
tantas (7) de la Comunidad Valenciana, siendo muy pocas (5) las ubicadas en otras
regiones.
La peor situación se focaliza en la provincia de Cádiz, en donde a los
problemas que aquejan a ciudades que basaron su desarrollo económico en la
explotación y transformación de recursos agrarios o pesqueros (Barbate, Arcos de la
Frontera, Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera, Jerez de la Frontera, Sanlúcar
de Barrameda, El Puerto de Santa María…) se suman los derivados del declive
industrial en las bahías de Algeciras y Cádiz (La Línea de la Concepción, Algeciras,
San Roque, Los Barrios, Puerto Real, San Fernando…), todas ellas por encima del
19% de paro sobre su población en edad activa.
Junto con las ciudades andaluzas y canarias, destaca también en este grupo la
presencia de un conjunto de ciudades caracterizadas como distritos industriales de
pequeña empresa y especializados en ramas fabriles tradicionales dedicadas a la
fabricación de bienes de consumo (calzado, textil, confección, mueble, juguete…), que
se enfrentan en las tres últimas décadas a una creciente competencia exterior que ha
provocado el cierre de empresas y la reducción de empleos. Se localizan en su
mayoría en el interior de la Comunidad Valenciana (Crevillent, Elda, Elche, Petrer, Ibi,
Villena, Quart de Poblet, Alfafar…), donde llegaron a definir un modelo de
industrialización que se consideró en cierto modo similar al de la llamada Tercera
Italia. En un segundo lugar aparecen también ciudades de Castilla-La Mancha
(Talavera de la Reina, Hellín, Almansa…), que también se situán en todos los casos
por encima de ese elevado nivel de desempleo.
78
Tabla 3.4. Ciudades con mayor volumen de paro registrado en diciembre 2011.
Municipio Provincia Paro/100 hab.
en edad activa
1. Barbate Cádiz 32,35
2. Arcos de la Frontera Cádiz 28,91
3. Crevillent Alicante 26,24
4. Sanlúcar de Barrameda Cádiz 25,23
5. Chiclana de la Frontera Cádiz 23,80
6. Camas Sevilla 23,64
7. Petrer Alicante 23,25
8. La Línea de la Concepción Cádiz 23,08
9. Elda Alicante 22,99
10. San Juan de Aznalfarache Sevilla 22,96
11. Icod de los Vinos Santa Cruz Tenerife 22,76
12. Jerez de la Frontera Cádiz 22,62
13. Talavera de la Reina Toledo 22,60
14. Hellín Albacete 22,43
15. Elche Alicante 22,23
16. Coria del Río Sevilla 22,13
17. Utrera Sevilla 22,12
18. Almendralejo Badajoz 21,93
19. Gáldar Las Palmas 21,80
20. Conil de la Frontera Cádiz 21,53
21. Nerja Málaga 21,28
22. Tacoronte Santa Cruz Tenerife 21,15
23. Realejos (Los) Santa Cruz Tenerife 21,13
24. San Roque Cádiz 21,09
25. Santa Lucía de Tirajana Las Palmas 20,95
26. Aspe Alicante 20,94
27. Telde Las Palmas 20,92
28. Arrecife de Lanzarote Las Palmas 20,58
29. Alcalá de Guadaíra Sevilla 20,56
30. Alfafar Valencia 20,55
31. Coín Málaga 20,53
32. Puerto Real Cádiz 20,29
33. Ingenio Las Palmas 20,15
34. Alaquàs Valencia 20,09
35. Algeciras Cádiz 20,08
36. Arucas Las Palmas 20,08
37. Lebrija Sevilla 20,04
38. Carballo A Coruña 19,95
39. Cártama Málaga 19,93
40. Melilla Melilla 19,89
79
Tabla 3.5. Ciudades con menor volumen de paro registrado en diciembre 2011.
Municipio Provincia
Paro/100 hab.
en edad activa
1. Torrelodones Madrid 5,85
2. Pozuelo de Alarcón Madrid 6,06
3. Boadilla del Monte Madrid 6,29
4. Tres Cantos Madrid 6,40
5. Villaviciosa de Odón Madrid 6,73
6. Las Rozas de Madrid Madrid 6,83
7. Rojales Alicante 6,86
8. Majadahonda Madrid 7,03
9. Alcalá la Real Jaén 7,27
10. Sant Cugat del Vallès Barcelona 7,37
11. Getxo Vizcaya 7,80
12. Donostia-San Sebastián Guipúzcoa 8,06
13. Zarautz Guipúzcoa 8,15
14. Durango Vizcaya 8,18
15. Baena Córdoba 8,47
16. Sitges Barcelona 8,66
17. Rivas-Vaciamadrid Madrid 8,77
18. Leioa Vizcaya 8,99
19. Algete Madrid 9,03
20. Arrasate/Mondragón Guipúzcoa 9,13
21. Alfas del Pí Alicante 9,15
22. Alcobendas Madrid 9,30
23. Galdakao Vizcaya 9,56
24. Palma del Río Córdoba 9,86
25. Castelldefels Barcelona 9,88
26. S.Josep sa Talaya Illes Balears 9,90
27. San Sebastián Reyes Madrid 10,01
28. Coslada Madrid 10,04
29. Masnou (El) Barcelona 10,07
30. Moguer Huelva 10,07
31. Barcelona Barcelona 10,15
32. Santa Eulalia del Río Illes Balears 10,18
33. Piélagos Cantabria 10,19
34. Madrid Madrid 10,20
35. Mogán Las Palmas 10,33
36. Olot Girona 10,37
37. Lloret de Mar Girona 10,41
38. Oleiros A Coruña 10,43
39. Sant Joan Despí Barcelona 10,45
40. Marratxí Illes Balears 10,50
80
Las ciudades con menores tasas de paro registrado respecto a la población
potencialmente activa representan el negativo de la distribución anterior, pero también
en este caso muestran un considerable grado de concentración espacial. Entre las que
identifica la tabla 4.5, una amplia mayoría (13) se localizan en la aglomeración urbana
de Madrid y otras 6 en la de Barcelona (Barcelona, Sant Cugat del Vallés, Sitges,
Castelldefels, El Masnou y Sant Joan Despí) que, junto a otras 7 ciudades vascas
(Getxo, San Sebastián, Zarautz, Durango, Leioa, Mondragón y Galdakao), identifican
polos de actividad metropolitanos en territorios de densa urbanización que fueron
capaces de generar toda una serie de ventajas competitivas que parecían dotar a sus
economías de una mayor solidez. Destacan, sobre todo, las ciudades del noroeste
metropolitano de Madrid, donde residen los grupos socioprofesionales más
cualificados y de mayores ingresos, lo que les permitió alcanzar prácticamente niveles
de pleno empleo hace unos años y aún hoy mantienen valores de paro registrado
inferiores al 10%, que siguen estando entre los más bajos del sistema urbano español
(Torrelodones, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Boadilla del Monte, Villaviciosa de
Odón, Majadahonda, Tres Cantos, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes).
Fuera de estos tres ámbitos que mantienen su mejor situación en términos
comparativos, pueden igualmente destacarse unas pocas ciudades mediterráneas –en
particular de las Baleares- que también gozaron de pleno empleo en los años del
boom inmobiliario y en las que la quiebra de su modelo de crecimiento basado en la
economía residencial (construcción + turismo) resulta aún demasiado reciente como
para que tampoco rebasen ese umbral del 10% de paro registrado al finalizar el año
2011 (Rojales, Alfas del Pí, Sant Josep sa Talaya), o lo superen en tan sólo algunas
décimas (Calviá, Marratxí, Ciutadella, Santa Eulalia del Río, Lloret de Mar). Pero una
vez considerada en sus rasgos esenciales esta imagen estática sobre los acusados
contrastes interurbanos que siguen caracterizando la situación de las ciudades
españolas frente al desempleo, conviene centrar la atención en una perspectiva
dinámica capaz de identificar mejor lo que de nuevo aporta la actual crisis a las
desigualdades heredadas.
Merece la pena recordar a estos efectos que los territorios son construcciones
sociales producidas en el tiempo sobre una base natural determinada y que, por esa
razón, los impactos de los cambios económicos, tecnológicos o sociales provocan en
ellos transformaciones generalmente lentas, que exigen cierto tiempo para hacerse
visibles y definir con nitidez las características que las identifican. Por esa razón, los
numerosos análisis aparecidos en la bibliografía nacional e internacional a lo largo del
año 2009, que consideraban el impacto de la crisis financiera internacional de 2008 y
el inmediato estallido de la burbuja inmobiliaria sobre países, regiones o ciudades
pecaron, a menudo, de una perspectiva demasiado coyuntural, apuntando tendencias
que el tiempo no siempre ha confirmado. Pero los años transcurridos desde entonces
permiten ya obtener resultados más consistentes y, pese a que el aumento del
desempleo en España no se ha detenido aún en 2012 e incluso se han agravado
algunos de sus efectos tras la reforma laboral aprobada a comienzos de año, el
análisis de la evolución seguida por el paro registrado hasta finalizar el año 2011 y
81
durante un lustro permite alcanzar ya un diagnóstico consistente sobre la desigual
vulnerabilidad de las ciudades ante la destrucción de capacidad productiva y empleo
asociada a las crisis cíclicas del capitalismo.
Esa relación dialéctica entre permanencias y cambios territoriales que
caracteriza la dinámica capitalista se hace visible al considerar ese incremento del
desempleo en estos últimos años, en función de la perspectiva con que lo observemos
y, por tanto, el sesgo que introduzcamos en esa observación. Así, por ejemplo, si se
comparan las cifras totales de paro registrado en las 398 ciudades analizadas, tanto
en diciembre de 2006 como de 2011, representando a cada una de ellas mediante un
punto en un diagrama de dispersión (figura 3.4), el resultado es una altísima
correlación positiva (R2 = 0,9778), pues casi todas se disponen de forma lineal en
torno a la recta de regresión que marca la línea de tendencia6. Eso supone que, en
valores absolutos, lo ocurrido en estos cinco años no ha trastocado en líneas
generales la posición de las ciudades, aunque ha elevado de forma sustancial los
niveles de paro en todas ellas.
Figura 3.4. Paro registrado en las ciudades con más de 20.000 habs., 2006 y 2011.
Fuente: SEPE.

6 El diagrama utiliza escala logarítmica para evitar que los valores de Madrid y Barcelona, muy
alejados del resto, provoquen una agrupación de las restantes ciudades en un espacio muy
reducido y se reduzca la legibilidad del gráfico, lo que ocurre al utilizar una escala lineal, pero
eso no modifica el sentido del resultado obtenido.
82
De ahí parece deducirse una imagen de relativa estabilidad dentro del sistema
urbano, con un impacto similar en todas las ciudades que lo componen, conclusión
que se modifica por completo cuando lo que se utilizan son valores relativos, es decir,
tasas de crecimiento porcentuales. Además de centrar nuestra atención en esta última
perspectiva, que es la más adecuada para los objetivos aquí planteados, esta
posibilidad de llegar a conclusiones aparentemente contradictorias según el tipo de
datos -absolutos o relativos- utilizados, así como según la elección de perspectivas -
estáticas o dinámicas- alerta sobre la manipulación interesada que en ocasiones se
realiza de la información estadística disponible sobre el impacto de la crisis y sobre la
necesidad de ofrecer visiones complementarias sobre las tendencias en curso que
eviten una simplificación excesiva.
También en esta ocasión tanto los mapas de las figuras 3.5 y 3.6, que
muestran el reparto geográfico de las tasas de crecimiento que experimentó el paro
registrado entre diciembre de 2006 y 2011, como las tablas 3.6 y 3.7, que identifican al
10% de las ciudades que conocieron una peor y mejor evolución relativa, permiten
confirmar la existencia de evidentes regularidades espaciales en la muy desigual
distribución del impacto de la crisis.
La primera conclusión relevante se refiere a la profundidad de las diferencias
interurbanas en el incremento del número de desempleados. Si al considerar las tasas
existentes al finalizar 2011 el valor más elevado multiplicaba en 5,5 veces el de la
ciudad con mejor situación, al analizar lo ocurrido en los cinco años anteriores se
comprueba que el aumento del paro registrado por la ciudad alicantina de Pilar de la
Horadada (+390,94%) multiplica por 13,3 el de la ciudad coruñesa de Ferrol
(+29,29%). Se demuestra así que la crisis hace a las ciudades cada vez más
desiguales y exacerba unos contrastes siempre presentes, pero que se acentúan en
momentos como los actuales. La evidencia de que con un mismo marco regulatorio los
efectos sobre la destrucción de empleos resulten tan abrumadoramente dispares
cuestiona de manera frontal, tanto aquellos argumentos que ven en la supuesta rigidez
del mercado de trabajo español la clave explicativa del rápido incremento de su nivel
de paro, como el verdadero significado de las sucesivas reformas laborales aprobadas
en estos años. Puede así llamarse la atención sobre el valor del análisis territorial para
abordar una revisión crítica de determinadas ideas defendidas a partir de datos que
sólo contemplan la escala estatal y difundidas por poderosos medios, pero que chocan
frontalmente con la realidad cuando ésta se observa desde perspectivas múltiples.
La segunda conclusión, aún más significativa, es que la distribución territorial
de las tasas modifica de forma sustancial tanto el mapa que acaba de comentarse
sobre los niveles de desempleo en 2011, como los que caracterizaron el impacto de
anteriores crisis y confirma, en cualquier caso, que el comportamiento individual de
cada ciudad no sólo se ve influido por sus características internas, sino también por las
de su entorno. En los años setenta del pasado siglo, la crisis del sistema de
producción fordista golpeó con especial virulencia a muchas ciudades de tradición
83
Figura 3.5. Evolución del paro registrado en las ciudades, 2006-2011 (%).
Fuente: SEPE.
Figura 3.6. Ciudades con mayor y menor aumento del paro registrado, 2006-2011
(%).
Fuente: SEPE
84
industrial del Eje Atlántico (y algunas de las regiones interiores), en especial aquellas
monoespecializadas en sectores básicos, intensivos en el uso de materias primas y
mano de obra (minería, siderurgia, metalurgia, construcción naval, textil…), dominadas
por grandes fábricas poco innovadoras y con escasez de servicios de valor añadido en
el entorno. Por el contrario, tanto las ciudades del Eje Mediterráneo y las grandes
aglomeraciones metropolitanas (salvo sus núcleos industriales), en economías
fuertemente terciarizadas, resistieron mejor la crisis en esos años. Lo mismo ocurrió
en las del Eje del Ebro, de industrialización reciente y beneficiadas por
deslocalizaciones procedentes de regiones próximas, así como por su accesibilidad y
buenas comunicaciones para la el desarrollo logístico. La nueva crisis de principios de
los años noventa, que volvió a elevar con rapidez el desempleo en España, no
modificó apenas esa distribución de áreas en declive y emergentes, pero la crisis
actual rompe por completo con esa simplista dualidad heredada.
Tal como muestra la tabla 3.6, nada menos que 35 de las 40 ciudades con
mayor aumento del paro (superior en todos los casos al 220%, muy por encima del
119% de promedio en España) se localizan ahora en el Eje Mediterráneo, sobre todo
en las provincias de Murcia (10 ciudades), Castellón (7), Valencia (5) y Alicante (5),
con una menor presencia de ciudades litorales catalanas o andaluzas. Se trata, en su
mayor parte, de núcleos que conocieron un fuerte crecimiento de su empleo durante
más de una década asociado a un monocultivo residencial en el que la construcción, el
turismo, el consumo y el ocio fueron de la mano, con una elevada presencia de
empleos precarios, poco cualificados, mal pagados y de baja productividad, que se
han destruido con rapidez al desaparecer el crédito que alimentaba el proceso. Pero a
esta imagen, bien conocida y demasiado plana, sobre la crisis del litoral mediterráneo
el análisis a escala local permite confirmar también los riesgos de la
monoespecialización en núcleos con otro perfil de actividad. Es, por ejemplo, lo que
ocurre al comprobar la presencia en este grupo de muchas ciudades del distrito
industrial de la cerámica castellonense (Almassora, Villarreal, Onda, Burriana, Vall
d’Uixó…), un sector muy ligado al de la construcción, o de las que lideraron el
desarrollo de la agricultura intensiva bajo plástico en el Poniente almeriense (El Ejido,
Vícar, Adra, Roquetas de Mar…).
Un segundo grupo de ciudades que también ha padecido un aumento explosivo
de desempleados entre sus residentes se sitúa en la periferia externa de la
aglomeración metropolitana madrileña (Arganda del Rey, Azuqueca de Henares,
Guadalajara, Illescas...), allí donde se asentaron sectores de población joven y
población inmigrante, a menudo con bajo nivel formativo y escasa capacidad
adquisitiva, que forman parte destacada de los denominados grupos de riesgo. Por
último, aún sin presentar crecimientos extremos de sus niveles de paro, la mayoría de
ciudades del Eje del Ebro también han visto frenado su anterior dinamismo y muestran
tasas de aumento siempre superiores al promedio español.
Al desplazar la atención hacia el otro plato de la balanza, que reúne a las
ciudades que han vivido un incremento del paro menos traumático, se reafirma esa
85
Tabla 3.6. Ciudades con mayor crecimiento del paro registrado, 2006-2011 (%).
Ciudad Provincia
Evolución
2006-2011 (%)
Pilar de la Horadada Alicante 390,94
Torre-Pacheco Murcia 385,95
Almassora Castellón 378,02
Azuqueca de Henares Guadalajara 369,58
Villarreal Castellón 358,73
Illescas Toledo 355,96
San Javier Murcia 350,37
Onda Castellón 347,46
San Pedro del Pinatar Murcia 343,56
Rojales Alicante 343,08
Yecla Murcia 322,58
Burriana Castellón 321,47
Vall d'Uixó Castellón 313,69
Jumilla Murcia 296,25
Alhaurín el Grande Málaga 293,96
Vícar Almería 291,26
Riba-roja de Turia Valencia 273,91
Amposta Tarragona 270,77
Orihuela Alicante 258,00
Cartagena Murcia 257,69
Coín Málaga 256,68
Benicarló Castellón 249,17
Llíria Valencia 248,59
Las Torres de Cotillas Murcia 245,08
Algemesí Valencia 244,38
El Ejido Almería 241,12
Alcantarilla Murcia 240,41
Pobla de Vallbona Valencia 239,94
Piélagos Cantabria 239,61
Murcia Murcia 235,75
Vinaròs Castellón 234,36
Adra Almería 233,01
Arganda del Rey Madrid 230,76
Oliva Valencia 230,09
Mutxamel Alicante 230,03
Cártama Málaga 228,53
Mazarrón Murcia 226,81
Sant Vicent del Raspeig Alicante 224,77
Roquetas de Mar Almería 220,93
Guadalajara Guadalajara 220,60
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aparente inversión de tendencia que la actual crisis introduce en las dinámicas
territoriales (tabla 3.7). De las 40 ciudades con mejor evolución relativa en el último
lustro, casi la mitad (19) se localizan en el Eje Atlántico, con especial presencia de
ciudades gallegas (Ferrol, Santiago, Ourense, Narón, A Coruña, Redondela, Cangas,
Vigo y Cambre), pero también asturianas (Mieres, Castrillón, Avilés, Langreo y Gijón) o
vascas (Irún, Getxo, San Sebastián, Portugalete y Sestao).
Más allá de sus evidentes diferencias, si algo tienen en común es contar con
unas economías locales diversificadas, que en la mayoría de casos incluye una
industria renovada, que genera menos pero mejor empleo que en el pasado y que
complementa a unos servicios ya predominantes en todos los casos, sin suponer
ningún tipo de contradicción. Esa diversificación apoyada en la complementariedad
industria-servicios supuso que el crecimiento de la ocupación resultase menos
explosivo que en otras regiones durante los años de la burbuja financiera e
inmobiliaria, pero posibilita ahora un efecto menos violento de su estallido y, en suma,
un modelo de crecimiento más integrado, equilibrado y capaz de sostenerse en el
medio y largo plazo.
Otro ámbito territorial donde ese impacto también parece relativamente
moderado es Andalucía Occidental, aunque en este caso los factores explicativos son
diversos y estarían necesitados de un análisis más pormenorizado para su plena
comprensión. Así, por ejemplo, en el caso de las ciudades gaditanas que ya se
mencionaron por presentar tasas de paro que aún se sitúan entre las más altas del
país, pero ahora están entre las de menor aumento (Cádiz, Barbate, San Fernando,
Puerto Real, La Línea de la Concepción…), es evidente que las causas del desempleo
se asocian a problemas muy anteriores que afectan a sus actividades productivas
(pesqueras, agrarias o industriales), que se han visto afectadas sólo de forma indirecta
por la actual recesión, que ha tenido impactos más visibles en núcleos turísticos del
entorno. En el caso de las situadas en el valle del Guadalquivir, algunas de las
incluidas en este listado han conocido en los últimos años iniciativas para fomentar el
desarrollo de ramas industriales de cierta tradición local (Linares, Alcalá la Real,
Priego de Córdoba…), mientras en el caso de algunas agrociudades de la región la no
inclusión en el paro registrado de los beneficiarios del Plan de Fomento del Empleo
Agrario (antiguo P.E.R.) puede moderar sus cifras de desocupación.
Un tercer aspecto a destacar es el hecho de que un tercio de las ciudades de la
tabla corresponden a capitales administrativas, bien autonómicas (Santiago de
Compostela y Mérida) o provinciales (Cádiz, Ourense, León, A Coruña, Córdoba,
Palencia, San Sebastián, Jaén y Zamora), además de las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla. En todas ellas, la presencia del empleo público, no sólo de carácter
administrativo sino también vinculado a una amplia variedad de servicios educativos,
culturales, sanitarios o asistenciales ha permitido una mayor estabilidad en los
primeros años de la crisis. No obstante, el ataque a ese sector público que subyace a
unas políticas de austeridad neoliberales que han agravado sus efectos en el año
2012 puede modificar de forma sustancial ese diagnóstico en el próximo futuro.
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Tabla 3.7. Ciudades con menor crecimiento del paro registrado, 2006-2011 (%).
Ciudad Provincia
Evolución
2006-2011 (%)
Ferrol A Coruña 29,29
Priego de Córdoba Córdoba 33,49
Cádiz Cádiz 39,67
Alcalá la Real Jaén 40,57
Santiago de Compostela A Coruña 41,15
Ourense Ourense 44,51
Mieres Asturias 49,98
Narón A Coruña 52,04
Barbate Cádiz 52,25
León León 52,90
Úbeda Jaén 53,77
Castrillón Asturias 54,15
Coruña (A) A Coruña 55,06
Irun Guipúzcoa 55,57
Cabra Córdoba 55,87
Córdoba Córdoba 57,06
Redondela Pontevedra 57,10