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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN........................................................................................................................................................4!
ARTÍCULOS ACADÉMICOS....................................................................................................................................6!
LA JUVENTUD EN LAS ELECCIONES DE 1998..................................................................................................7!
¿CONCERTACIÓN NACIONAL EN COSTA RICA? UNA LECTURA CRÍTICA DEL
PROCESO DE CONCERTACIÓN NACIONAL, 1998-99....................................................................................19!
EL "COMBO ELÉCTRICO" Y LAS ELECCIONES DEL 2002.........................................................................32!
CULTURA POLÍTICA Y SISTEMA DE PARTIDOS EN COSTA RICA: ¿NUEVAS
TENDENCIAS EN EL 2002?....................................................................................................................................36!
EL RETORNO DEL EX-PRESIDENTE ARIAS (2006): ¿FIN DE LA TRANSICIÓN
COSTARRICENSE?..................................................................................................................................................50!
APUNTES SOBRE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA EN EL PROCESO DE REFERENDO DEL
TLC..............................................................................................................................................................................65!
ENSAYOS DE ANÁLISIS Y OPINIÓN ..................................................................................................................71!
UNA COMPLEJA COYUNTURA ELECTORAL.................................................................................................72!
TERREMOTO POLÍTICO EN COSTA RICA ......................................................................................................76!
CAFTA, EL ICE Y OSCAR ARIAS.........................................................................................................................79!
UNA VISIÓN FALAZ DEL CAFTA........................................................................................................................81!
DESAFÍOS FRENTE A LA CORRUPCIÓN EN COSTA RICA Y NICARAGUA............................................84!
LA VÍA COSTARRICENSE Y EL FUTURO DE COSTA RICA ........................................................................87!
LA EXPERIENCIA MEXICANA, EL TLC Y EL FUTURO DE COSTA RICA...............................................91!
LAS ELECCIONES DEL 5 DE FEBRERO DE 2006: INDECISOS, VOTO OCULTO Y
ABSTENCIÓN DIRÁN LA ÚLTIMA PALABRA .................................................................................................95!
INMINENTE SEGUNDA RONDA ..........................................................................................................................97!
LA CONQUISTA DEMOCRÁTICA DEL REFERÉNDUM Y EL FUTURO DEL TLC................................100!
OCHO PROPUESTAS PARA REFORMAR EL REFERENDO .......................................................................104!
INTRODUCCIÓN
A Johnny Azofeifa
El querido maestro
In memoriam
A partir de 1998 empecé a hacer dos cosas con cierta sistematicidad: por un lado, a analizar la
opinión pública costarricense y, por otro lado, a realizar análisis de coyuntura. Ambas las he
hecho desde dos perspectivas distintas, primero, por medio del análisis académico que ha
resultado en publicación de artículos en revistas o en colaboración en libros de claro corte
universitario y, segundo, por medio de la publicación de ensayos de opinión, ponencias en
discusiones con actores sociales y políticos, o análisis en medios escritos o digitales y en libros
más orientados al debate de opinión.
Haciendo recuento, el primer artículo que integra este libro lo escribí en 1998-9 como parte de
un proyecto de investigación denominado “Elecciones 1998”, investigación en la que también
participaron dos queridos amigos: Marco Fournier Facio y Fernando Zeledón Torres. La
investigación incluyó una amplia encuesta nacional que buscaba aprehender los principales
factores que explicaban los sorprendentes resultados electorales de la elección presidencial, en
particular, el incremento de la abstención de 18 a más de 30 por ciento. Tal y como lo
discutimos en aquél entonces los tres investigadores, era el inicio de un proceso de
transformación profundo e intenso del sistema político del país. El informe final de esa
investigación debería haberse transformado en un libro, cosa que, por razones que no viene al
caso relatar, no sucedió. En el marco de ese proyecto y de la encuesta, decidí analizar el
comportamiento de la población joven. Ese análisis es el artículo con que inicia esta
compilación.
A partir de ese artículo, a lo largo del libro voy agregando artículos, en los que fui analizando
las distintas coyunturas políticas y electorales por las que ha atravesado el país, incluyendo: la
concertación nacional, el combo del ICE, las elecciones de 2002 y el quiebre del bipartidismo;
los sonados casos de corrupción presidencial y sus derivaciones políticas; las elecciones de
2006, el TLC y el referendo de 2007 y sus consecuencias para la política y la orientación del
desarrollo nacional.
Decidí dividir el libro en dos partes: la primera, en la que se encuentran los artículos
académicos, más abarcadores y de talante más reflexivo. La segunda parte, contiene los ensayos
de opinión y análisis, más inmediatos, sin mayores pretensiones teóricas y más abiertamente
comprometidos en términos de toma de posición. Sin embargo, creo que hay dos criterios de
ingreso o premisas que están presentes todos los artículos: por un lado, una clara adhesión a la
necesidad de profundizar la democracia y, por otro lado, una posición crítica hacia la exclusión
social y económica que genera el neoliberalismo como estilo de desarrollo.
No podría dejar de mencionar que mientras preparaba esta compilación, murió mi entrañable y
querido amigo Johnny Azofeifa, filósofo, profesor de humanidades, trabajador incansable,
compañero de andanzas y de luchas, conversador ameno y provocador permanente que
sobrellevó durante doce años una cruel enfermedad sin siquiera chistar. Solidario como pocos,
comprometido con las mejores causas y con su origen popular. Johnny dio un testimonio de
amor a la vida que quienes tuvimos el honor de conocerle y el privilegio de quererle, llevaremos
para siempre en nuestro corazón.
Querido Johnny, amigo, hermano, compañero, maestro, estarás siempre presente.
Alberto Cortés Ramos
Artículos académicos
LA JUVENTUD EN LAS ELECCIONES DE 1998
1
INTRODUCCIÓN
El proceso electoral de 1998 arrojó resultados que rompieron sólidas tendencias de su historia
electoral contemporánea, entre los que cabe mencionar un significativo incremento de la
abstención, que pasó del 18% al 30% (33% si se le suman votos blancos y nulos); una
importante quiebra del voto para las elecciones de diputados y regidores municipales, así como
una importante diferencia entre lo que predecían las encuestas de opinión, que daban una
diferencia favorable del 10% o más al candidato ganador y los resultados finales, en los que
hubo una ajustada diferencia, menor al 2%, entre el candidato ganador, Miguel Ángel
Rodríguez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y José Miguel Corrales, del Partido
Liberación Nacional (PLN).
La investigación “Elecciones Nacionales de 1998”
2
amplió su muestra a 1600 entrevistados con
el propósito de obtener sub-grupos representativos, con un margen de error del 5%. En buena
medida esto respondió al interés del equipo investigador de explorar con mayor profundidad el
comportamiento político del segmento etáreo de los/as jóvenes que, para efectos del presente
proyecto, se refiere a la población con una edad que oscila entre 18 y 25 años, es decir, aquellas
personas que tenían la opción de votar por primera y segunda vez.
La razón principal del interés sobre este segmento de población, era analizar si en su conducta
política se podría encontrar parte de la explicación de los resultados atípicos de las elecciones de
1998.
De los resultados encontrados, se destaca que el malestar y desencanto con la política y los
políticos es generalizado y que las diferencias existentes entre los grupos por edad son, en
términos generales, de grado. Para efectos de la exposición de los resultados obtenidos con la
población joven, se resaltarán aquellos en que hubo una diferencia significativa con respecto de
los otros sub-grupos etáreos.
Breves apuntes conceptuales
En la presente ponencia se asume el término “cultura política” como una categoría constituida
por núcleos duros de sentido que contribuyen a organizar la práctica socio-política de actores
sociales y políticos y de la ciudadanía (Lechner, 1987). Los núcleos contienen, al menos, los
siguientes elementos: a. Los conocimientos que los ciudadanos tienen sobre las instituciones, la
práctica política y los actores que operan en un determinado contexto histórico social. b. Las
orientaciones, más o menos difundidas, tales como el cinismo, la intolerancia, la confianza,
etcétera. c. Las normas, como por ejemplo, el derecho y el deber de los ciudadanos de participar
en la vida política, la obligación de aceptar las decisiones de la mayoría, entre otras (Bobbio,
1998, 415).
Estos núcleos no son inalterables, ni se fijan en el imaginario colectivo de manera inmutable,
tendiendo a ser realidades históricas estables, producto de complejos procesos sociales no
predeterminados. La duración de los núcleos está vinculada a la existencia de una materialidad
que las sustenta y que se expresa en estructuras sociopolíticas, instituciones y políticas públicas
que satisfacen demandas y necesidades sociales y que también establecen formas de
clientelismo y corporativismo político. La relación entre la dimensión simbólica de la cultura
política y su base material no es unilateral, ni mecánica. Dicha materialidad cambia de manera
constante, enriqueciendo y modificando la dimensión simbólica y los cambios en los núcleos
1
Este artículo es parte de la investigación “Elecciones de 1998”, realizada entre 1998 y 1999 en
la UCR. Los investigadores principales fueron Marco Fournier, Fernando Zeledón y mi persona. La
investigación incluyó la realización de una encuesta nacional. En mi caso, analicé con mayor
detenimiento el tema del comportamiento de la población joven. Este artículo es el resultado de ese
análisis.
2
Ver Informe Final, Vicerrectoría de Investigación, Universidad de Costa Rica.
tiene un efecto modificador en las políticas, en las estructuras y en las instituciones que
sustentan la base material de la cultura política.
Cultura política, conflicto social y partidos políticos
Los núcleos duros de sentido de la cultura política son el resultado de procesos histórico-
sociales, que los hace verosímiles y creíbles para amplios sectores de la ciudadanía. En este
sentido, los conflictos y eventos políticos de gran envergadura juegan un papel clave en la
fundación, modificación y acabamiento de núcleos duro de sentido de la cultura política. Los
partidos no quedan al margen de los conflictos. Como actores políticos que son, están marcados
por su posición y participación en los mismos: los provocan, los apoyan, los condenan, los
reprimen y, desde el gobierno y desde la oposición, los resuelven, ya sea por medio de la
negociación o de la coerción. En ese mismo movimiento, crean adhesiones, identidades,
símbolos y códigos políticos.
Por eso, los partidos políticos, para ser viables, deben ser capaces de traducir las preferencias de
las mayorías ciudadanas a la política pública, es decir, deben lograr canalizar y organizar la
voluntad pública (Sartori, 1999, 57). Allí radica la posibilidad de que puedan acumular fuerza
suficiente que les permita ser opción real de gobierno. Eso implica que no pueden hacer caso
omiso de los elementos centrales de la cultura política de una sociedad. Perder la capacidad de
canalizar la voluntad de las mayorías significa, de manera eventual, perder sintonía con su base
electoral. No ganar credibilidad implica no acumular fuerza o, en su defecto, no pasar de ser un
partido marginal. No es casual entonces, que tanto los partidos con potencial de gobierno, como
aquellos partidos anti-sistémicos con capacidad de veto, expresan y organizan sensibilidades
políticas que tocan fibras significativas de los núcleos duros de sentido de la cultura política
(Sartori, 1999, 154-155).
Comportamiento frente a la política
Se configuran tres tendencias principales en la ciudadanía:
- De enajenación hacia el sistema político, que se manifiesta en un creciente rechazo de los
partidos, de la clase política y del sistema mismo. En términos de comportamiento electoral,
esto se refleja en el crecimiento del abstencionismo o de la disposición de abstenerse en las
próximas elecciones.
- De apatía, expresada en una creciente indiferencia hacia el sistema de partidos y, de manera
principal, hacia el PLN y el PUSC. Esto se traduce en incremento del abstencionismo y
quiebra de voto para castigar a estos partidos.
- De adhesión hacia partidos políticos emergentes, no sólo como una forma de "castigo"
hacia los partidos mayoritarios, sino porque la ciudadanía empieza a encontrar en los
nuevos partidos una mejor forma de canalizar sus percepciones, creencias y prácticas
políticas.
Núcleos duros de sentido de la Cultura Política en Costa Rica (1948 -1995)
Los dos núcleos duros de sentido de la cultura política costarricense son, por un lado, el núcleo
que se estructura alrededor de la institucionalidad pública que se construyó desde los años
treinta del siglo XX, profundizándose en la segunda mitad y hasta finales de los años setenta del
mismo siglo. En este núcleo el Estado de Bienestar o Social y la esfera pública tienen una
centralidad decisiva. Por otro lado, el núcleo que alude al estilo o procedimiento para impulsar
las transformaciones del Estado y de la ejecución de las políticas públicas, que se caracteriza
por la búsqueda del consenso y la negociación.
Los nuevos núcleos duros de sentido impulsados por las élites políticas de los dos partidos del
bipartidismo son: por un lado, uno tejido alrededor del Ajuste Estructural, que le otorga al
mercado y a la iniciativa privada un papel central. En esta, la esfera y la institucionalidad
pública tienen una connotación negativa y, por otro lado, en el plano procedimental o de estilo
de gestión, se busca la imposición en detrimento de la negociación y de la búsqueda del
consenso. A continuación se analizan las principales variables incorporadas de la encuesta en
relación con esta conceptualización de la cultura política en el sector joven.
Ideología
Percepción de la situación política
Los jóvenes, al igual que el resto de entrevistados de otros segmentos etáreos, tienen una
percepción negativa de la situación actual de la política en el país. Sin embargo, hay diferencias
de matices, que merecen ser destacadas.
La mayoría de los jóvenes entrevistados, un 57.3%, tiene una opinión regular sobre los
políticos, frente a un 47.1% de los otros grupos etáreos. La valoración de los jóvenes es menos
negativa que el resto, pues un 34% tiene una opinión mala o muy mala, frente a un 43.1% del
resto. Sin embargo, su opinión es menos positiva que el resto, pues sólo un 9.6% de los jóvenes
tiene una opinión buena o muy buena de los mismos, frente a un 13.7% del resto.
Esta percepción de los jóvenes sobre los políticos coincide también con su percepción respecto
de la política, pues un 51.1% dijo tener una percepción regular de la misma, frente a un 41.3%
del resto. Un 39.3% dijo tener una opinión mala o muy mala, frente a un 44.1% del resto y un
9.6% de los jóvenes tiene una percepción buena o muy buena, frente a un 13.7% del resto.
En cuanto al grado de identificación del presidente con sus necesidades, también la percepción
de los jóvenes es sumamente negativa. Un 8.1% de los jóvenes respondió que mucho, frente a
un 12.5% del resto, un 47.2% respondió que poco, frente a un 37.8% del resto y un 44.7%
respondió que nada, frente a un 49.7% del resto. Esta respuesta es bastante similar para los
presidentes anteriores.
Con respecto al tipo de cambio que requiere la sociedad, destacan varios elementos: Primero, el
peso mayoritario que tiene la idea de que el cambio debe ser gradual. Un 76.6% de los jóvenes
respondió en este sentido, mientras que un 21.8% planteó que el cambio debe ser radical. En los
otros segmentos, un 74.4% contestó que el cambio debe ser gradual y un 19.4% respondió que
debe ser radical. El mayor contraste entre jóvenes y otros segmentos se da en su reacción a la
expresión “la sociedad debe quedarse como está”, pues sólo un 1.6% de los primeros estuvo de
acuerdo con dicha afirmación, frente a un 5.6% de los segundos.
Individualismo
Los jóvenes entrevistados manifestaron un menor interés por pertenecer a organizaciones que
luchen por la solución de problemas comunes. Un 76.9% consideró importante pertenecer,
frente a un 83.4% de los otros sub-grupos. En contraste un 23.1% de los jóvenes dijo que le
interesaba poco o nada pertenecer a este tipo de organizaciones, frente a un 16.4% del resto de
la población entrevistada. Posiblemente, en los jóvenes empieza a tener efecto el individualismo
promovido por la ideología neoliberal predominante en el país.
Con respecto al dilema “Mucho dinero, pero poco tiempo libre” o “Poco dinero, pero mucho
tiempo libre”, un 48.9% de los jóvenes favoreció la primera opción, frente a un 36.1% del resto.
Un 34.6% de los jóvenes entrevistados optó por la segunda, frente a un 42.9% del resto. Un
16.5% de los jóvenes se manifestó indeciso, frente a un 20.9% del resto. Nuevamente se denota
un mayor individualismo en los jóvenes, que en el resto de la población.
Autoritarismo
Con respecto a las distintas preguntas que miden el autoritarismo (pena de muerte, personalidad
fuerte, migración, etc.), sólo hubo una diferencia significativa entre la opinión de los jóvenes y
el resto de los entrevistados frente a la expresión “La mayoría de los problemas actuales de
Costa Rica son generados por los extranjeros”. Un 22.7% de los jóvenes contestó que mucho
frente a un 33.4% de los otros segmentos. Un 34.6% contestó que poco, frente a un 31.5% del
resto y un 42.7% dijo que nada, frente al 35% de los otros segmentos etáreos. Es decir, el
rechazo a los extranjeros es bastante menor en los jóvenes que en el resto de la población.
HISTORIA POLÍTICA
Tendencia política de la familia
Un 41.7% de los jóvenes entrevistados dijo provenir de familia liberacionista, frente a un 37.7%
del resto. Un 31.5% dijo provenir de familia calderonista, frente a un 30.9% de los otros
segmentos. Un 0.9% proviene de familia de izquierda, frente a un 0.5% del resto y un 17.4%
proviene de familias con un comportamiento político variable, frente a un 24.6% del resto. Un
8.4% de los jóvenes proviene de familias indiferentes a la política, frente a un 6.4% del resto de
los segmentos etáreos.
Influencia del 48 en el voto
Hay una tendencia generalizada de pérdida de significado del 48 en el voto de los
costarricenses. En los jóvenes dicha pérdida es aún más clara que en el resto de los segmentos
etáreos. Sólo un 15% de los jóvenes entrevistados señala que el 48 tiene mucha influencia en su
voto, frente a un 30% del resto. Un 15.4% dice que le influencia poco, frente a un 13.0% del
resto y a la gran mayoría de los jóvenes, un 69.6%, el 48 no le dice nada, frente a un 57% del
resto.
IMAGEN DE LAS ELECCIONES
Imagen general
En lo que respecta a la imagen general de las elecciones y, particularmente, su pureza, el
segmento de los jóvenes es el que tiene una percepción más crítica del proceso electoral del 98.
Frente a la pregunta de sí las elecciones fueron puras, la respuesta por segmento fue la siguiente:
Figura 1: Pureza de las elecciones
De la figura anterior destaca que a mayor edad, las elecciones son percibidas como más puras y,
viceversa, son los jóvenes los que tienen la visión más crítica del pasado proceso electoral.
Este comportamiento de las opiniones de los distintos grupos etáreos se mantiene ante la
expresión “las elecciones son una fiesta nacional”, uno de los estereotipos más comunes
respecto del proceso electoral en Costa Rica. Obsérvese la Figura 2:
Figura 2: Elecciones son fiesta nacional
Con respecto a si las elecciones representaron un momento de reflexión personal, la respuesta
de los jóvenes frente al resto de la población fue la siguiente:
Figura 3: Elecciones representaron un momento de reflexión personal
Prácticamente para un 77.7% de los jóvenes las elecciones no representaron un momento de
reflexión, frente a un 60.9% del resto. Este resultado es coherente con su actitud de marcado
desinterés y criticidad hacia el proceso electoral y la política.
Un último resultado en el que hay una diferencia significativa entre los resultados de los jóvenes
y el resto de la población, se dio en las opiniones frente a la expresión “las elecciones fueron
una farsa.
Figura 4: Elecciones fueron una farsa
Para casi dos terceras partes de los jóvenes (64.6%), las elecciones tuvieron mucho o algo de
farsa, frente a un 48% del resto. Desde otro punto de vista, para más de la mitad de los adultos,
las elecciones no tuvieron nada de farsa, frente al 36.4% de los jóvenes que coincidieron con
esta opinión.
En conclusión, se evidencia un deterioro generalizado de la imagen de las elecciones en el que
la población joven se muestra mucho más crítica en su percepción del proceso que el resto de
los grupos etáreos.
PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN
Abstención
La percepción negativa sobre el proceso electoral, tuvo su correlato en el comportamiento
electoral, en el proceso de toma de decisiones y en el crecimiento de la abstención. Según la
encuesta, la población joven fue el segmento etáreo que más se abstuvo de votar, un 29.2%,
frente a un 20.8% del resto. Entre las principales razones que explican la decisión de no votar de
la población joven, están las siguientes:
Figura 5: Por qué no votó
Razones
Población joven
Resto
No le interesa
29.8%
26.3%
No tenía tiempo
7.4%
4.1%
Nadie le satisfacía
8.5%
20.7%
Cansado de mayoritarios
9.6%
10.2%
Problemas legales
30.9%
6.4%
Fuera del lugar
7.4%
10.9%
Desesperanza
3.2%
2.6%
Las respuestas de los jóvenes evidencian un marcado desinterés con el proceso electoral
(29.8%). En el caso de problemas legales (30.9%), se refiere sobre todo a la obtención de la
cédula de identidad, lo que podría ser interpretado como otra manifestación de desinterés.
Un 15.7% del total de jóvenes que no votó, lo decidió el mismo día de las elecciones. De esa
población, un 60% tomó la decisión de no ir a las urnas en la tarde del día mismo.
Comportamiento del voto
Respecto a cuándo decidió cómo votar para presidente, también hay marcadas diferencias entre
el comportamiento de jóvenes con el resto:
Figura 6: Cuándo decidió cómo votar para presidente
Razones
Jóvenes
Resto
Desde siempre (vota por partido)
50.0%
70.9%
Más de dos años antes
4.4%
4.6%
De 1 a 2 años antes
2.6%
4.4%
De 11 a 7 meses antes
0.4%
0.5%
De 6 a 3 meses antes
7.5%
3.9%
De 1 a 2 meses antes
6.6%
3.0%
En las últimas semanas (enero)
3.1%
2.6%
En la última semana
7.9%
3.5%
El día de las elecciones
17.5%
6.7%
A quienes se decidieron a votar el último día, se les preguntó a qué hora. En el caso de los
jóvenes, un 62.5% de los que se decidieron a votar el mismo domingo, lo hicieron en la tarde.
Este fenómeno puede contribuir a explicar la marcada diferencia entre los pronósticos de las
encuestas y los resultados finales.
En cuanto al comportamiento electoral de los jóvenes según la tendencia política de la familia
en la elección de presidente, se obtuvieron los siguientes resultados:
Figura 7: Comportamiento del voto de jóvenes según tendencia política de familia
F. PLN
F. PUSC
Fam. Izq.
Variable
Indiferente
No votó
19.4%
32.9%
19.4%
64.7%
Minoritario
5.4%
4.1%
100%
11.1%
PLN
64.5%
4.1%
25.0%
23.5%
PUSC
10.8%
58.6%
44.4%
11.8%
Uno de los elementos que interesan destacar de la Tabla #7, es el hecho de que la abstención de
los jóvenes fue mayor en quienes provenían de familias socialcristianas (32.9%), que de quienes
provenían de familias liberacionistas (19.4%). Respecto de la abstención total de los jóvenes,
estos dos sectores representaron un 70% de la misma. Quienes provenían de familias
indiferentes a la política, se abstuvieron masivamente (64.7%), lo que representó un 18.3% del
total de los jóvenes que se abstuvieron. De esta mismo origen, un 23.5% votó por el PLN y
11.8% por el PUSC. Llama la atención que no hubo votos para candidatos de partidos
minoritarios.
Los jóvenes provenientes de familias liberacionistas tuvieron un comportamiento más fiel a la
tradición familiar (64.5%), que los de origen socialcristiano (58.9%). La lealtad es mayor aún en
los jóvenes provenientes de familias de izquierda, que votaron en su totalidad por partidos
minoritarios. En cuanto a quienes provienen de familias con una identidad política variable (¿el
conocido vote a ganar?), el comportamiento fue el siguiente: en su mayoría votaron por el
PUSC (44.4%), seguidos por quienes lo hicieron por el PLN (25.0%). Un 11.1% votó por los
minoritarios y un 19.4% se abstuvo.
Con respecto al voto para diputados, los jóvenes que votaron realizaron una importante quiebra
de voto (voto dual) que favoreció a los grupos emergentes, como se puede constatar en las
siguientes figuras 8 y 9:
Figura 8: Voto para diputados según grupo etáreo
Jóvenes
De 26 a 40
De 41 a 59
De 60 o más
PUSC
40.2
41.1
41.2
45.3
PLN
33.5
35.3
43.7
42.7
FD
6.3
7.2
3.0
2.2
PIN
4.5
1.9
1.9
1.5
Libertario
3.1
2.4
1.1
0.7
Se abstuvo
4.9
3.4
2.2
3.4
En estas figuras resalta la relación entre edad y apoyo al bipartidismo. A mayor edad, mayor el
apoyo al mismo. Con respecto a los partidos emergentes, destaca la tendencia inversa, mayor es
su apoyo conforme menor es la edad del grupo etáreo, con la excepción del segmento de 26 a
40, que fue el que dio el mayor apoyo a los emergentes jóvenes. Estos últimos fueron los que
más se abstuvieron.
En síntesis, cuando se hace una lectura generacional del proceso de toma de decisión se hace
evidente un mayor desgaste de la legitimidad de la institución electoral y del bipartidismo en la
población joven, lo que se manifestó en una mayor abstención, un desgaste de la lealtad a la
tradición política de la familia y un mayor quiebre de voto en favor de los partidos emergentes.
Percepción de resultados
Con respecto a los resultados electorales, la encuesta exploró el grado de satisfacción de la
ciudadanía con los mismos. Nuevamente en este apartado, los jóvenes demostraron una mayor
insatisfacción que el resto de los encuestados. En la siguiente Figura 10 se observa la
satisfacción con los resultados presidenciales:
Figura10: Satisfacción con la elección de presidente (%).
Es decir, un 57.3% de los jóvenes entrevistados se mostró insatisfecho con los resultados para
presidente, frente a un 46.8% del resto. Respecto de la percepción y el grado de satisfacción con
la abstención, en las Figuras 11 y 12, se observan la opinión de los jóvenes encuestados:
Figura 11: Percepción del resultado de la abstención (%).
Figura 12: Satisfacción con el resultado de la abstención (%).
El resto de la población tiene una mayor percepción de que la abstención fue alta (62.6%), en
comparación con los jóvenes (54.8%). Asimismo, el porcentaje de satisfechos con dicho
resultado es mayor en los adultos (19.7%), que en los jóvenes (14.4%). Posiblemente el hecho
de que tengan menor capacidad con elecciones anteriores, explica este resultado.
Temas de género
En las elecciones de 1998, se aplicó por primera una disposición que establecía que las
papeletas debían incorporar, al menos, un 40% de mujeres. Con respecto al nivel de información
de los jóvenes sobre dicha disposición, evidenciaron estar menos informados al respecto (un
32.3% no sabía), que el resto de la población (un 19.3% no sabía). En términos generales, la
cuota del 40% es apoyada de manera mayoritaria por toda la población, aunque los jóvenes son
los que más la apoyan (93.4%), frente al segmento de 60 o más, que es el que menos la apoya
(86.4%). Sin embargo, cuando se les preguntó si consideraban que dicha disposición se había
respetado, los resultados fueron los siguientes:
Figura 13: Se respetó el 40% de cuota femenina.
Nuevamente acá se evidencia un comportamiento ya antes analizado en otros ítems: Conforme
avanza la edad, las opiniones se invierten. En este caso, los jóvenes fueron los que más opinaron
que el 40% no se había respetado (43.2%), frente a un 34% del segmento de 60 o más. De
manera inversa, fueron los que menos consideraron que sí se respeto el 40% (36%), frente a un
48.4% del segmento de 60 o más.
Dentro de este mismo tema, se exploró la opinión de los encuestados sobre su disposición a
votar por un hombre o una mujer para un puesto de elección. En la Figura 14 se observan los
resultados:
Figura 14: Escogencia de candidato hombre o mujer.
De estas respuestas, destaca el hecho de que tanto en la población joven, como en la población
adulta hay una mayor inclinación a escoger una candidata que un candidato. Sin embargo, es
mayor la disposición de los jóvenes a escoger una mujer (34.0%) que en el resto (30.8%) y, de
manera contraria, hay una menor disposición de los jóvenes a escoger un candidato (21.2%),
que en el resto (28.1%). Entre los que respondieron que les era igual escoger hombre o mujer,
también son los jóvenes los que más lo hicieron (44.9%), frente a los adultos (41.1%).
PERCEPCIÓN DE SITUACIÓN PERSONAL EN EL FUTURO
Paradójicamente, la población joven es la que tiene una percepción menos negativa sobre su
situación personal en los próximos cuatro años. Así, un 37.1% de los jóvenes piensa que su
situación mejorará, frente a un 27.5% de los adultos. Un 36.8% opina que seguirá igual, frente a
un 36.3% del resto y un 26.1% de los jóvenes opina que su situación empeorará, frente a un
36.2% de los adultos.
VALORACIÓN DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO
La valoración que hacen los jóvenes del sistema democrático es negativa. Sólo un 54.2% de los
jóvenes le pone más de un 7, en una escala de 0 a 10, frente a un 57.8% del resto.
DEMOCRACIA DIRECTA
Aunque los jóvenes entrevistados tienen menor información sobre el cabildo y el referéndum,
pues sólo un 10.9% dice haber oído al respecto, frente a un 21.3% del resto, también es cierto
que, una vez que se les explicaba el contenido de dichos mecanismos, la actitud de los jóvenes
ante las propuestas de crear mecanismos de democracia directa tales como el referéndum y el
cabildo, así como de mecanismos de elección directa de diputados y alcaldes, fueron apoyadas
mayoritariamente por los jóvenes, al igual que por el resto de la población entrevistada. En el
caso del referéndum un 93.4% de los jóvenes la apoyó; en el caso de los cabildos un 96.0%; la
elección directa de alcalde fue apoyada por un 93.1% de los jóvenes y la elección directa de
diputados por un 87.8% de los jóvenes.
CONCLUSIONES
Si bien el desencanto con la política y con los políticos es generalizado, los jóvenes son el
segmento más crítico, consecuentemente, fueron los que más aportaron al incremento de la
abstención y de la quiebra de votos para diputados y munícipes.
Asimismo, el hecho de que el desencanto este mediado por la dimensión etárea podría ser
indicativo de que no son fenómenos circunstanciales o coyunturales (malos candidatos, malos
programas), sino, por el contrario, el anuncio de cambios más profundos en los núcleos de
sentido de la cultura política costarricense. Dichos resultados podrían estar sugiriendo que ese
cambio podría estar marcado por una identidad generacional.
Estos cambios no necesariamente significan una transformación más democrática del sistema,
hay indicios de que se podrían estar fortaleciendo tendencias autoritarias y anómicas en la
sociedad costarricense.
Para revertir dichas tendencias negativas no basta con realizar arreglos cosméticos en el sistema
político. Esto se hizo evidente con el mayoritario apoyo que recibieron las opciones que apuntan
a fortalecer la participación directa de la ciudadanía y, por tanto de los jóvenes, en el proceso de
toma de decisiones. Aquí hay un desafío para la clase política, para las élites del poder, para las
organizaciones sociales y para la ciudadanía en general.
Bibliografía
- BOBBIO, Norberto, et al. (1998) Diccionario de Política. -11ª. Edición en español-
México: Siglo Veintiuno Editores.
- FOURNIER, Marco; ZELEDÓN, Fernando y CORTÉS, Alberto. (1998) Elección Nacional
de 1998: Encuesta de Opinión. Maestría Centroamericana en Ciencias Políticas de la
Universidad de Costa Rica. Informe Final.
- LECHNER, Norbert (compilador). (1987) Cultura política y democratización. Santiago:
CLACSO, FLACSO, ICI, 17-24.
¿Concertación nacional en Costa Rica? una lectura crítica del proceso
de concertación nacional, 1998-99
3
INTRODUCCIÓN
1998 fue año electoral en Costa Rica. El primer domingo de febrero se realizaron las votaciones
en las cuales resultó electo el Dr. Miguel Ángel Rodríguez del partido Unidad Social Cristiana
(PUSC), frente a su principal opositor, el Lic. José Miguel Corrales, del partido Liberación
Nacional (PLN).
Las elecciones de 1998 fueron atípicas respecto de las últimas diez elecciones
4
por la irrupción
de tres fenómenos novedosos: Primero, un incremento muy marcado de la abstención, que pasó
del 18%
5
al 31.8%. Segundo, la diferencia entre los dos candidatos con opción real de ganar fue
muy ajustada, de menos del 2%, pese a que diversas encuestas de opinión señalaron que la
diferencia sería de alrededor del 10%, favorable al candidato del PUSC y, tercero, un
incremento de la quiebra de voto o voto dual
6
, que debilitó el bipartidismo en el poder
legislativo y municipal
7
.
Pocos días después de su triunfo, el presidente electo formuló un llamado a iniciar un proceso
de concertación nacional. El propósito de dicho proceso era “conciliar a los costarricenses
alrededor de una visión compartida de futuro”
8
. El 13 de junio del mismo año, el presidente
Rodríguez firmó el decreto N°27106-MP, que contenía el reglamento
9
del proceso de
concertación “Consenso para un futuro compartido” y nombró a los miembros de los distintos
órganos del mismo (casa presidencial, 1998: 1).
Este artículo plantea cuáles fueron los principales factores que incidieron en la convocatoria a
dicho proceso, cuál fue la dinámica que tuvo y cómo la concertación, pese a su forma novedosa,
se inscribió dentro de la tradición de inclusión y cooptación que, históricamente desarrolló la
élite del poder en Costa Rica.
LAS RAZONES DE LA CONVOCATORIA A LA CONCERTACIÓN NACIONAL
A continuación se formularán siete factores que podrían contribuir a un debate sobre los
elementos que incidieron en la decisión del gobierno para convocar a un proceso con las
características de la concertación nacional.
3
Publicado en: Revista de Ciencias Sociales, Año XLIII, nº 86-87 octubre-diciembre de
1999/enero-marzo de 2000, Universidad de Costa Rica, pp. 95-110. Este documento fue discutido con el
grupo de estudio Germinal, para ser presentado en la mesa redonda “Concertación: Balance desde la
sociedad civil” (17/11/98). Además, fue presentada como ponencia en el Instituto de Iberoamérica y
Portugal, Universidad de Salamanca, España, en marzo de 1999.
4
En Costa Rica las elecciones se realizan el primer domingo de febrero cada cuatro años. En
dicho proceso se elige al presidente, a 57 diputados de la Asamblea Legislativa y a los regidores y
síndicos de los consejos municipales.
5
Desde 1962 hasta 1994 hubo nueve elecciones en Costa Rica, cuya abstención en promedio fue
del 18%.
6
Es decir, se vota para presidente por un partido y se vota por otro (s) para diputados y regidores.
7
El número de diputados de los partidos “emergentes”, pasó de cuatro a siete. En el régimen
municipal, lograron ocupar el ejecutivo o incidir en la composición del ejecutivo en la gran mayoría de
los gobiernos de dicho régimen.
8
La clase política y la élite del poder, en este caso expresada por el propio presidente, hace un
llamado a todos los costarricenses para dejar de lado diferencias y buscar el consenso nacional (por
supuesto, en torno a las propuestas del Gobierno).
9
El reglamento establecía las instancias de toma de decisión, los criterios de participación, la
metodología de trabajo, los temas en los que se concertaría y que se entendía por consenso. En el
presente trabajo, la forma en que el gobierno fue modificando su interpretación del reglamento es uno de
los indicadores principales para demostrar la existencia de una agenda gubernamental oculta.
1. Creciente pérdida de credibilidad política
10
Esta tendencia, que tiene una dimensión internacional, se consolidó en Costa Rica en el último
lustro. Tiene dos manifestaciones centrales: una creciente apatía o desencanto ciudadano con la
política y lo político, con sus actores e instituciones, y el surgimiento de nuevos actores sociales
que compiten con los actores políticos tradicionales (principalmente con los partidos políticos)
por la funciones de mediación y representación de sectores sociales o por la reivindicación de
temas sectoriales (movimiento de mujeres, organizaciones campesinas, organizaciones
ambientalistas, entre otras).
En ese sentido, la convocatoria al proceso de concertación nacional respondía a la necesidad de
intentar crear un mecanismo alternativo de legitimación para el gobierno (que se expresó en el
discurso oficial acerca de la importancia de la participación de la sociedad civil) y, también,
respondía a la necesidad de tratar de cooptar e incluir a estos nuevos actores sociales en la
estrategia político-económica de la administración del presidente Rodríguez.
2. El pacto Figueres-Calderón
En 1995 se llevó a cabo otro importante proceso de concertación en Costa Rica, que tuvo un
impacto nacional: La concertación entre los hijos de los dos caudillos
11
o, como fue llamado en
su momento, el pacto Figueres-Calderón (abril de 1995)
12
. Este pacto fue percibido como un
arreglo de cúpulas
13
y, por lo tanto, fue percibido de manera negativa por la ciudadanía. La
imagen de Miguel Ángel Rodríguez fue una de las más dañadas por dicho acuerdo, en tanto que
fue uno de los principales responsables de su ejecución
14
. La necesidad de diluir esa imagen fue
uno de los factores que influyó en la convocatoria de la concertación.
3. Un mandato débil
Los resultados del proceso electoral cuestionaron la legitimidad del mandato con el cual el Dr.
Miguel Ángel Rodríguez asumió el gobierno, sobre todo, lo cuestionaron por impulsar una
profundización neoliberal-privatizadora del proceso de la reforma del estado.
Al margen de esos resultados, la elección presidencial de 1998 proyectó un dato inesperado con
el cual hay que contar de ahora en adelante. Ese dato fue el crecimiento del abstencionismo, que
pasó del 18% a poco más del 30%. Si, a este porcentaje, se le agregan los votos nulos y en
blanco, se obtiene una cifra que representa a un número de ciudadanos, cifra mayor que la
cantidad de personas (32.2%), que eligieron al Dr. Miguel Ángel Rodríguez como presidente de
la República (31.8%). Otro dato inesperado fue el incremento significativo de la llamada
“quiebra de voto” (voto dual) para diputados y, de manera mucho más acentuada, para las
municipalidades.
10
La pérdida de credibilidad se expresa en un desencanto ciudadano con la clase política, que en este
artículo hace referencia a quienes ocupan puestos de representación política o de gestión en la
administración pública. En ese sentido, son parte de la élite del poder, pero no la agotan.
11
Los dos grandes caudillos de la historia contemporánea costarricense y padres de los dos firmantes del
pacto Figueres-Calderón, son el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, reformador social de los años 40 y
don José “Pepe” Figueres Ferrer, líder triunfante de la revolución del 48 y tres veces presidente de Costa
Rica (1948-49, 1953-58, 1970-74).
12
Se denomina “pacto Figueres-Calderón” al acuerdo firmado en abril de 1995, por el Presidente José
María Figueres (94-98) con el ex-Presidente Rafael Ángel Calderón (90-94). Dicho acuerdo fue
sumamente criticado, tanto por su procedimiento, como por el contenido del mismo. Sobre el
procedimiento, cabe decir que fue firmado de manera poco transparente y, por su contenido, más allá de
que iniciaran proclamándose como los hijos de los dos caudillos, era claro que el contenido del mismo
apuntaba al desmantelamiento de las reformas sociales y del Estado de Bienestar que los padres de los
mismos habían contribuido a crear.
13
En una encuesta realizada por la empresa encuestadora Unimer en setiembre de 1995, un 67% dijo estar
informado del pacto y de ese porcentaje, un 57% señaló que no era provechoso para el país, frente a un
33.5%, que dijo que sí lo era. Unimer. Encuesta Nacional. Setiembre, 1995.
14
De hecho, en la encuesta ya mencionada, ante la pregunta ¿se ha perjudicado Miguel Ángel Rodríguez
en sus aspiraciones? Un 45.6% contestó que sí, frente a sólo un 36.5 que respondió que no.
La escasa diferencia en el resultado final de las elecciones y, sobre todo, el incremento de la
abstención, minó la fortaleza del mandato del gobierno del presidente Rodríguez. Por eso, dicho
resultado puede ser interpretado como una ausencia de aval al proyecto político y económico
neoliberal-privatizante propuesto por el PUSC. Esta ausencia se constituyó en otra necesidad
para convocar el proceso de concertación.
4. Margen de maniobra política
El apretado triunfo electoral produjo, también, una composición muy fraccionada del poder
legislativo. El PUSC no obtuvo la mayoría absoluta, aunque se constituyó en la principal fuerza
de minoría en el congreso
15
. Esta situación es problemática para el Gobierno, en tanto que sus
propuestas de privatización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Instituto
Nacional de Seguros (INS) requieren de la modificación de varios artículos constitucionales, lo
cual sólo puede lograrse con mayoría calificada (dos tercios) de la asamblea legislativa durante
tres períodos consecutivos.
En un escenario complicado como éste, un resultado positivo del proceso de concertación
podría ser utilizado por el gobierno para presionar a los partidos de oposición a ceder, bajo el
argumento de que los proyectos presentados eran resultado del consenso entre “gobierno y
sociedad civil” y, por tanto, incuestionables.
Así, esta búsqueda de inmediato pragmatismo político constituyó otra necesidad para auspiciar
un proceso de concertación.
5. Bajo riesgo político
La convocatoria de un proceso de concertación con las características enunciadas por el
gobierno, era favorable por la desarticulación existente en las organizaciones populares, que aún
no se recuperaban de la derrota del movimiento contra la reforma del régimen de pensiones del
magisterio, impulsado y aprobado durante el gobierno anterior (PLN), con el apoyo del PUSC.
El movimiento contra la reforma del régimen de pensiones del magisterio contó con un gran
apoyo ciudadano, de diversos gremios y de la opinión pública. Sin embargo, en el momento más
fuerte de la movilización popular, la dirigencia del gremio aceptó negociar con el gobierno en
términos que fueron interpretados, por diversos grupos que apoyaron la lucha, como una
claudicación. Al final, la propuesta gubernamental fue aprobada en la asamblea legislativa sin
mayores modificaciones
16
.
Esto dividió a la dirigencia sindical y a las organizaciones populares y también debilitó la
credibilidad y la capacidad de movilización ciudadana de las mismas, lo que ofrecía al gobierno
una buena oportunidad para convocar a la concertación nacional sin mayores resistencias desde
las organizaciones populares.
15
Las fuerzas políticas quedaron compuestas de la siguiente manera en la Asamblea Legislativa (57
diputados): PUSC, 27 diputados; PLN, 24 diputados; PALA (extracción rural, campesina), 1 diputado;
Partido Independiente Nacional (PIN, centro derecha), 1 diputado; Partido Libertario (ultraliberal), 1
diputado; Partido Renovación Costarricense (cristiano evangélico, derecha), 1 diputado y Partido Fuerza
Democrática (progresista), 3 diputados.
16
Esta lucha fue importante por varias razones: Primero, fue la movilización popular más amplia que
vivió Costa Rica en muchos años, contando la misma con un mayoritario apoyo en la opinión pública.
Segundo, dicha reforma al régimen de pensiones era resultado directo del Pacto Figueres-Calderón, antes
mencionado. Tercero: La tradición política costarricense indica que, después de la movilización popular,
viene el acuerdo y la negociación. Figueres Jr. rompió esa tradición. En fin, cabe señalar que rompió esa
regla no con cualquier sector, sino con un gremio que tiene un gran peso simbólico en el imaginario
costarricense: el gremio de educadores. No en vano, con orgullo, los costarricenses se jactan de tener más
maestros que soldados. De alguna manera ese fue un triunfo pírrico para Figueres jr. pues a partir de ese
momento pasó a los niveles más bajos de popularidad que haya tenido un presidente de la República en la
historia reciente de Costa Rica.
6. Manejo de imagen
Miguel Ángel Rodríguez llegó a la presidencia de la República, bajo la sombra del pacto
Figueres-Calderón, con la imagen de ser un intransigente neoliberal. De allí que la concertación
tendría un doble propósito: distanciar al nuevo gobierno del Pacto Figueres-Calderón y
desdibujar la imagen de ortodoxo neoliberal y de hombre insensible que el presidente Rodríguez
transmitía. Por eso, impulsar el proceso de concertación era una necesidad prioritaria.
7. Contexto internacional favorable
En la actualidad, términos tales como “sociedad civil”, “gobernabilidad” y “concertación social”
están de moda y forman parte de la jerga oficial del mundo de la cooperación para el desarrollo.
En el caso costarricense, era evidente para el gobierno entrante del presidente Rodríguez que, en
dicho contexto, la concertación nacional podría recibir gran cobertura y apoyo internacional.
De hecho, contó con el apoyo del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y, además, en la etapa preparatoria del proceso se tomaron, como referencias, las siguientes
experiencias internacionales de concertación social: la Acción Concertada Alemana; el Pacto de
la Moncloa; el Proceso de Solidaridad Mexicana; las experiencias de procesos de concertación
en los casos de Guatemala y El Salvador y el proceso de diálogo social en la República
Dominicana (Vargas Pagán, 1998: 18). Este contexto fue favorable para promover la iniciativa
de la concertación.
¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA CONCERTACIÓN NACIONAL? APUNTES SOBRE
LA DINÁMICA DEL PROCESO
La élite del poder costarricense ha tenido una gran capacidad de crear consenso en la sociedad
alrededor de su proyecto político y económico durante las últimas cinco décadas
17
. Esto lo
logró, tanto por medio del control y uso de la sociedad política (aparatos del Estado), como con
la construcción de una clara hegemonía ideológica en la esfera de la sociedad civil
18
. Dicho
proceso tuvo dos rasgos característicos: una capacidad de inclusión social y de cooptación de las
organizaciones sociales en sus estrategias político-económicas y, una capacidad de fragmentar,
atomizar y desorientar a las organizaciones sociales y populares, promoviendo contradicciones
entre ellas y/o aislando a aquéllas que se resistían a ser cooptadas e incluidas
19
.
El proceso de concertación nacional se inscribió dentro de esta tradición política, pues trató de
desarticular una potencial resistencia popular a las propuestas oficiales, en este caso, a las
políticas privatizadoras de dos instituciones estratégicas, el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).
A continuación, se argumentará en el sentido de presentar las razones de esta percepción, sobre
todo, a partir de la forma en que el Gobierno y los actores sociales y políticos cercanos
(organizaciones o cámaras empresariales y principales medios de comunicación, en particular,
el periódico La Nación) actuaron en el marco de la realización de dicho proceso.
17
Costa Rica, después de la guerra civil de 1948 ha tenido dos estrategias nacionales de desarrollo: De los
50s a finales de los 70s, la desarrollista o de sustitución de importaciones, que fue acompañada del
desarrollo de un estado de bienestar social y, de los 80s al presente, el estilo agro-exportador o de ajuste
estructural. La capacidad de inclusión y cooptación se desarrolló de manera principal en la primera
estrategia. En la segunda se han debilitado muchos de los mecanismos de cooptación e inclusión social.
18
Se usan ambos términos en su sentido gramsciano, que la define como una totalidad compleja con un
campo de acción muy amplio y con una vocación por dirigir el bloque histórico. Incluye tres niveles: i.
como ideología de la clase dirigente, que abarca todas las ramas de la ideología; ii. como concepción del
mundo difundida a las capas sociales a las que liga de este modo la clase dirigente y; iii. como dirección
ideológica de la sociedad, con tres niveles: la ideología, la estructura ideológica y el “material ideológico.
Para un mayor desarrollo, ver: Portelli, Hugues. Gramsci y el bloque histórico. –12 ed. en español-
México: Siglo XXI editores, 1985, pp. 18-29.
19
Para un mayor desarrollo teórico de cómo las élites dominantes de los países de América Latina
fragmentaron y desorientaron a las clases populares, se recomienda leer a Binder, 1992: 22-26.
Actores sociales y políticos frente a la convocatoria al proceso de Concertación Nacional
Más allá del entusiasmo con que fue acogido por algunos sectores sociales y a pesar de contar
con la participación de organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales (ONGs),
este aparentemente “novedoso” proceso
20
de participación social, no fue convocado por la
presión o demanda de las organizaciones sociales y populares. Por el contrario, fue convocado
por el presidente Rodríguez, lo que le permitió tomar la iniciativa política y darle forma, límites
y reglas al proceso, aún antes de iniciar su administración
21
. Frente a dicha iniciativa, los
principales actores sociales y políticos asumieron distintas posiciones que, a continuación, se
resumen:
El proceso recibió un decidido apoyo de importantes instituciones, tales como los principales
medios de comunicación
22
, la iglesia católica, personalidades políticas (los ex-presidentes, por
ejemplo). Además, el gobierno logró comprometer el apoyo de las universidades públicas, y
neutralizarlas por medio de una petición de asesoría técnica para el proceso, solicitud que éstas
aceptaron.
En cambio, en lo que respecta a los partidos políticos, el PLN, principal partido de oposición, se
dividió entre quienes creían, con reservas, que había que apoyar el proceso, y quienes señalaban
que toda concertación debía darse en la Asamblea Legislativa. De hecho, este partido no
participó activamente en el proceso (La Nación, 15 de mayo de 1998: 6A).
La mayoría de los partidos minoritarios le dieron su apoyo al proceso, con la excepción de
Fuerza Democrática.
23
En este caso, hubo dos posiciones. Por un lado, la del ex-candidato
presidencial, Vladimir de la Cruz, quién fue invitado por el presidente Rodríguez a participar en
la Junta de Mediadores
24
. Aunque la participación de De la Cruz en esta instancia fue de
carácter personal, fue percibida por distintos sectores sociales como una actitud demasiado
cercana al Gobierno, lo que afectó negativamente la imagen de dicho partido. Por otro lado,
estaba la posición mayoritaria dentro del partido, encabezada por el diputado José Merino del
Río, quien sostenía que había que participar en la Concertación para tensionar al máximo el
20
El actual gobierno presentó su convocatoria al proceso de concertación como una gran novedad. En
realidad, los procesos de concertación no son nuevos en Costa Rica. Quizás lo que varió fue su forma.
Sólo para mencionar algunos casos recientes de concertación en la presente década:
En agosto de 1986 la administración del presidente Oscar Arias convocó a unas jornadas de concertación,
que fueron suspendidas quince meses después. En 1990 la administración del presidente Calderón
Fournier llamó a un diálogo nacional, en el cual se creó el consejo superior de trabajo (Vargas, 1998:18).
En 1993, durante la misma administración, se firmó el convenio bilateral Costa Rica-Holanda para el
desarrollo sostenible, que estableció un mecanismo de concertación que incluía cuatro partes en los dos
países: el gobierno holandés, el gobierno costarricense, la sociedad civil holandesa y la sociedad civil
costarricense. Esta última, en el caso costarricense incluye los siguientes sectores sociales: los
empresarios (cámaras), las universidades (CONARE), así como las ONGs y organizaciones sociales
(CONAO). Durante la administración del presidente Figueres Olsen (1994-98) dicho mecanismo se
insertó dentro un marco más amplio, creando en 1994 el sistema nacional para el desarrollo sostenible,
SINADES, que no funcionó por falta de voluntad política del gobierno (Cortés, 1997: 23-24). El mismo
gobierno realizó en setiembre de 1994 el Foro: “Un Acuerdo Nacional Razonable. Por un Camino
Económico Seguro y Sostenible”, que fue un diálogo nacional sobre política fiscal, que tampoco tuvo
gran alcance o incidencia.
21
En Costa Rica las elecciones se realizan cada cuatro años, el primer domingo de febrero. El gobierno
electo inicia el primero de mayo.
22
Aunque el periódico La Nación, el principal y el más conservador del país, tuvo una actitud cambiante.
En un primer momento, le dio un apoyo tibio e insistió en que el presidente tenía el mandato para
gobernar. Es decir, la concertación no era más que una concesión a la sociedad civil. Posteriormente,
cuando se hizo evidente que el gobierno lograba imponer su dirección a la concertación, apostó
decididamente por la misma.
23
Fuerza Democrática se venía constituyendo en el referente progresista o de izquierda en el escenario de
partidos políticos en Costa Rica. Gracias a una excelente campaña, cuyo lema era “métale un naranjazo al
bipartidismo” (el color del partido es naranja), logró apelar a un sector del voto difuso y de protesta,
obteniendo tres diputados, uno más que en la anterior elección.
24
Más adelante se detallan cuáles son las principales instancias dentro de la concertación.
mecanismo de tal manera que se evidenciaran los límites del mismo y los posibles intentos de
manipulación por parte del Gobierno.
Otras organizaciones participantes fueron el grupo de cámaras y organizaciones empresariales y
el grupo de las organizaciones sociales y populares. El sector empresarial, pronto se mostró a
favor de la realización de la concertación y apostó por una fuerte presencia y activa
participación en el proceso. Esta actitud del sector empresarial puede explicarse por varias
razones: primero, el presidente Rodríguez es un empresario. Segundo, el sector empresarial
tenía interés en apoyar las propuestas estratégicas del gobierno dentro del foro, en especial, las
referidas a la privatización del ICE y del INS, propuestas por las cuales, dicho sector venía
clamando hace muchos años.
Las organizaciones sociales, populares y ONGs, se dividieron en tres posiciones: En el primer
grupo se encontraban las organizaciones sociales que valoraron la concertación como un
mecanismo novedoso e interesante de participación social y que, por lo tanto, había que
involucrarse para fortalecerlo. En esta posición se encontraban ubicadas la mayor parte de las
ONGs, organizaciones del Comité Socio-Laboral y el Foro Autónomo de Mujeres. Este grupo
de organizaciones puso su énfasis en el procedimiento y en la posibilidad de participar en la
toma de decisiones que la concertación abría para la sociedad civil. La mayoría de sus
objeciones o señalamientos se inscriben en este nivel del proceso.
En el segundo grupo se encontraban la mayoría de los sindicatos del sector público y el
Consejo de Defensa Institucional (CDI)
25
, cuya preocupación central no giraba en torno al
procedimiento, sino en torno al contenido de las propuestas presentadas por el gobierno. Este
grupo de organizaciones sociales participó con gran desconfianza desde el inicio. Para ellas, el
mecanismo de participación de la concertación buscaba, sobre todo, la legitimación de las
propuestas privatizadoras del gobierno. Pese a eso, participaron porque valoraron que quedarse
fuera tendría un costo político muy alto frente a la opinión pública, ya de por sí desfavorable
hacia ellos
26
. Además, porque el reglamento establecía que las tesis presentadas sólo serían
aprobadas, como propuestas de la concertación, si obtenían consenso (unanimidad). Ergo,
bastaba el voto negativo de una organización social para que cualquier propuesta presentada no
saliera como de consenso de la concertación, lo cual le daba garantía de veto a estas
organizaciones
27
.
El tercer grupo de organizaciones, el más reducido de los tres grupos, fue el de las
organizaciones sociales que se excluyeron del proceso por considerarlo una “burda” maniobra
del gobierno para legitimar sus propuestas. Además, acusaron a las organizaciones sociales
participantes de estar respaldando la manipulación del gobierno. Por eso, hicieron esfuerzos
para articular un foro social popular con pocos o nulos resultados. Las dos principales
organizaciones que sostuvieron esta posición fueron el Sindicato de Empleados Universitarios
(SINDEU) y el Sindicato Patriótico de Educadores (SINPAE).
25
El CDI fue creado en 1995 para la defensa de los activos del estado, en una coyuntura en la que el
gobierno del presidente Figueres planteaba la urgencia de vender dichos activos, para pagar la deuda
interna que, según el gobierno, se había vuelto inmanejable. Este Consejo es presidido por el ex-
presidente Rodrigo Carazo O. (1978-82) y aglutina a una gran cantidad de sindicatos del sector público,
organizaciones sociales y personas. Tiene una orientación política progresista y un carácter supra-
partidario.
26
Es decir, como a todo gobierno que iniciaba había que darle el beneficio de la duda.
27
El artículo 4 del capítulo I del reglamento “Proceso de Concertación: Consenso para un futuro
compartido”, establece que los acuerdos se toman por consenso. (Presidencia de la República, 13 de junio
de 1998) En aquellos casos donde existan dificultades para obtenerlo, se pedirá la intervención de una
junta de mediadores. De no alcanzarse el consenso necesario el asunto deberá ser trasladado al Sr.
Presidente de la República para las consideraciones y determinaciones respectivas.” (Casa Presidencial,
1998). Según el Diccionario de la Lengua Española, consenso es: “Consentimiento. II Acuerdo de todas
las personas que componen una corporación, dos o más partidos políticos, un grupo social, etc., en torno
a un tema de interés general.” (Remarcado del autor)
Mención aparte merece la posición de las universidades públicas
28
. Desde un inicio, el gobierno
solicitó el apoyo técnico de estas instituciones, primero en la elaboración de la propuesta de la
Concertación misma, posteriormente en la Secretaría Técnica de la Concertación y, además, su
asesoría técnica en la parte metodológica y estadística en el transcurso del proceso. (Casa
Presidencial, 1998). Las universidades accedieron a dichas demandas gubernamentales y, de
este modo, olvidaron los ejemplos de oposición crítica de la tradición universitaria y se
apartaron de los principios establecidos en sus estatutos orgánicos. Así, la participación de las
universidades públicas se agotó en una dimensión “técnica”, políticamente “neutra”.
Una posible explicación de la actitud de las principales autoridades universitarias es que,
mientras se desarrollaba la concertación, las universidades públicas y el gobierno negociaban la
renovación del mecanismo de financiamiento (Convenio FEES) para el período 1999-2003. De
hecho, el gobierno mantuvo el mecanismo de financiamiento del convenio.
La estructura de participación y de toma de decisiones: cinco órganos
La estructura de toma de decisiones quedó constituida de la siguiente manera:
a) Foro Nacional para la Concertación. Máximo órgano de la concertación nacional.
Estaría conformado por un número igual y representativo de trabajadores, empresarios y
representantes del gobierno. Además, se invitarían a otras organizaciones de la sociedad
civil para discutir temas específicos. En realidad, este foro quedó constituido por 79
representantes de 26 sectores (MIDEPLAN, 1998; La Nación, 31 de octubre de 1998).
b) Mesa directiva del Foro de la Concertación. Órgano presidido por un representante del
gobierno, acompañado por representantes de los actores sociales. Esta instancia coordinó el
foro.
c) Junta de Mediadores. Órgano responsable de emitir criterio sobre aquellos temas que
puso en su conocimiento el foro nacional de concertación, en los que no había consenso.
Estuvo integrada por los ex-presidentes de la República, el arzobispo de San José y las dos
vicepresidentas del actual gobierno.
d) Comisión de Verificación de Acuerdos. Órgano responsable de corroborar la ejecución
de los acuerdos logrados, y de evitar que por incumplimiento de los mismos se obstruyera el
proceso. Esta instancia estuvo conformada por una serie de personalidades políticas.
e) Secretaría Técnica de la Concertación. Fue el órgano ejecutivo de la concertación
(Presidencia de la República, 1988).
Composición de los Órganos
Fue evidente que el gobierno puso énfasis en el diseño e integración de los cinco órganos de la
estructura de participación. En el caso del foro de la concertación, hubo un claro predominio de
organizaciones empresariales que, unidas a los representantes del Gobierno y de los partidos
políticos con orientación neoliberal o clientelista, sumaron más de la mitad del total de las
organizaciones participantes. En esta misma instancia, el gobierno ejerció su derecho
29
para
invitar a nuevas organizaciones, la mayoría cercana a sus posiciones. También ejerció su
derecho a veto para rechazar solicitudes de participación de organizaciones con posiciones
adversas a las propuestas gubernamentales, por ejemplo, rechazó la solicitud de participación
con derecho a voto del CDI (La Nación, 31 de octubre de 1998).
28
En Costa Rica, el sistema de educación superior pública consta de cuatro universidades, la Universidad
de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), el Instituto Tecnológico de Cartago
y la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Tienen una instancia de coordinación denominada el
Consejo Nacional de Rectores (CONARE). La asesoría técnica al gobierno la brindaron dos de las cuatro
universidades: la UCR y la UNA, a través de CONARE.
29
Establecida en los artículos 8 y 20, inciso b), párrafo IV del reglamento de la Concertación.
Las otras instancias, la de filtración (mesa coordinadora)
30
y la de mediación
31
(junta de
mediadores), tenían una composición favorable a las posiciones oficiales, lo cual sería
fundamental en la resolución de los puntos en que hubiera conflicto.
En síntesis, el gobierno tuvo un enorme peso en la definición y escogencia de las organizaciones
que participaron en el proceso y en la composición de las distintas instancias de toma de
decisiones de la concertación nacional.
Reglas del proceso
Tanto en la elaboración e interpretación del reglamento, como en la definición de los temas,
hubo un claro predominio de las prioridades gubernamentales. En lo que respecta al reglamento,
fue elaborado unilateralmente por el gobierno antes del inicio del proceso y no hubo
oportunidad de modificarlo en el marco más amplio del foro.
La interpretación de los artículos que generaron conflicto fue favorable a las posiciones
gubernamentales. Particular mención merece la reinterpretación que hizo el gobierno del
artículo 9 del reglamento, referido a la necesidad de que las propuestas que salieran con el sello
de la concertación fueran resultado del consenso (unanimidad) de los participantes. La
reinterpretación propuesta planteaba que serían de consenso las propuestas aprobadas por el
75% o más de los votos en el foro de concertación.
Esta interpretación fue cuestionada en el plenario del foro (30 de octubre de 1998) por diversas
organizaciones sociales y fue remitida a la junta de mediadores, instancia que resolvió, con la
excepción del presidente Carazo, autorizar al gobierno para preparar proyectos de leyes sobre la
base de los acuerdos que fueron tomados por lo menos con el 75% de apoyo (La Nación, 31 de
octubre de 1998; La Nación, 4 de noviembre de 1998). Este cambio “a posteriori” modificó, de
manera radical, las reglas establecidas y dejó en una situación muy complicada a las
organizaciones sociales que se oponían a la apertura de mercado en los campos de seguros y
telecomunicaciones. Con dicha modificación, el gobierno podía presentar ante la asamblea
legislativa dichos dictámenes como resultado del consenso de la concertación.
Definición de temas
Los temas fueron definidos unilateralmente por la administración Rodríguez, lo que respondió a
sus intereses estratégicos (La Nación, 18 de julio de 1998). Los temas escogidos fueron los
siguientes: Mercado de Telecomunicaciones, Mercado de Seguros, Corrupción, Pensiones,
Servicios Ambientales, Asignaciones Familiares y Desarrollo, Desarrollo Rural, Libertades
Sindicales
32
, Política Salarial y Cesantía
33
.
Desde el inicio quedó claro que sólo habría conflicto en las propuestas referidas a la apertura de
los mercados de telecomunicaciones y seguros y, en menor medida, en las propuestas orientadas
a la reforma al régimen de pensiones. Fue, en estos tres temas, que el gobierno forzó la
reinterpretación del reglamento en lo referido al consenso, en vista de que ninguna de estas
propuestas lo obtuvo.
Metodología de trabajo
30
Por invitación expresa del gobierno, estuvo integrada por las siguientes personalidades: Danilo
Chaverri, Vladimir de la Cruz, Rose Mary Karpinsky, Walter Kissling, Arnoldo López, Rodrigo
Oreamuno y Ricardo González.
31
Estuvo integrada por los ex-presidentes de la República, Monseñor Arrieta y las dos vicepresidentas.
De este grupo, sólo hubo una voz abiertamente disonante, la del ex-presidente Rodrigo Carazo.
32
En Costa Rica no existen sindicatos en el sector privado, sobre todo por la política de persecución y
despido de los empresarios a cualquier intento de sindicalización de sus trabajadores. Esto con la
permisividad de los gobiernos de turno y en contra de lo que establece el Código de Trabajo.
33
Estos tres temas últimos temas mencionados, no fueron discutidos por todos los sectores participantes
en Mesas de Trabajo, sino por una comisión tripartita en la que participaron los sindicatos del sector
público, las cámaras empresariales y el Gobierno.
La metodología seguida en la concertación fue la de establecer mesas de trabajo para cada
tema, las cuales se reunieron simultáneamente en distintos lugares (La República, martes 7 de
julio de 1998). Esta situación, sumada a la ausencia de una coordinación de las organizaciones
sociales y populares, tuvo varios “efectos”:
- Compartimentó el trabajo de las mesas, lo cual, al aislar a las organizaciones sociales y
populares, les impidió orientar el proceso y articular una estrategia común frente al
gobierno, el cual sí tenía una visión global del proceso.
- Impidió que los representantes de las organizaciones sociales y populares establecieran
mecanismos de consulta, con su propia base, sobre lo que estaban negociando en las
comisiones. En esa dirección, las decisiones que se tomaron en las mesas de trabajo
terminaron siendo decisiones individuales.
- Profundizó la desorientación social y la desconfianza entre las organizaciones sociales y
populares participantes, las cuales se cruzaron múltiples acusaciones en el transcurso del
proceso.
La combinación de estos “efectos” facilitó que las posiciones gubernamentales fueran aprobadas
por consenso (unanimidad) en el caso de los proyectos de temas no conflictivos, tales como
desarrollo rural, pagos ambientales, corrupción, libertad sindical y política salarial y, por un
porcentaje superior al 75%, en los temas relativos a la apertura de los mercados del INS y del
ICE (La Nación, 31 de octubre de 1998).
Estas resoluciones fueron elevadas, por la administración del presidente Rodríguez, a la
Comisión de Mediadores a la que se le solicitó el aval para su interpretación del “consenso”
entendido éste como una votación igual o mayor al 75%, interpretación que le permitiría
presentar, a la asamblea legislativa, los “proyectos sin unanimidad” como “resultado unánime”
del proceso de concertación.
La mayoría de la comisión avaló dicha interpretación, con la excepción de dos de sus nueve
miembros: el ex-presidente Carazo y el ex-presidente Echandi. En el caso del primero, ya era
conocida su posición crítica al proceso. Sin embargo, en el caso del segundo, su posición fue
sorpresiva por ser un simpatizante del partido de gobierno. Con énfasis, Echandi negó haber
avalado los acuerdos y denunció la presión del gobierno para obtener un dictamen favorable a la
ruptura de los monopolios estatales del ICE y del INS. En palabras del ex-Presidente Echandi,
“... existe un desmesurado interés en vender activos para pagar la deuda interna, aunque no
haya garantías de que el país no volverá a endeudarse.” (La Nación, viernes 6 de noviembre de
1998)
A pesar de estas dos objeciones, el gobierno decidió elaborar proyectos de ley sobre todos
aquellos temas en que se hubiera alcanzado el 75% o un porcentaje mayor de la votación. Estos
proyectos serían presentados a la asamblea legislativa durante el período de sesiones
extraordinarias del período 1998-1999.
Esta decisión del gobierno, así como el aval de la mayoría de los miembros de la comisión de
mediadores, recibió críticas y reacciones negativas de algunas organizaciones sociales que
habían participado en el proceso de concertación. Por ejemplo, el 5 de noviembre de 1998 el
Foro Autónomo de Mujeres envió una carta a la mesa coordinadora en la que señalaba que, “...
Forzar acuerdos donde no los hay atenta contra la naturaleza misma del proceso. El resultado
de la reunión de la Junta de Mediadores, tal y como lo han informado los medios de prensa,
amenaza con deslegitimar el proceso y pone serios obstáculos para la institucionalización de
esta valiosa iniciativa en etapas sucesivas.” (Foro Autónomo de Mujeres, 5 de noviembre de
1998)
Manejo del “ritmo” político
Desde la instalación del foro, la administración Rodríguez presionó por obtener resultados
concretos en un corto plazo. De hecho, la fecha original de conclusión de todo el proceso era el
mes de octubre de 1998, objetivo que se cumplió un mes más tarde, en noviembre.
¿Por qué tanta prisa por parte del gobierno en la obtención de resultados? Las razones
principales están asociadas, por un lado, a los períodos legislativos requeridos para una reforma
constitucional
34
(como la que requerirían la ruptura de monopolios de mercados en seguros y
telecomunicaciones) y, por otro lado, se asocian con la dinámica electoral del país. Así, si los
resultados de la concertación se obtenían en el año 98, el gobierno los podría incluir en las
sesiones extraordinarias
35
de la asamblea legislativa, para someterlos a primer debate y
ratificación en el período 98-99, de tal modo que el tercero y último debate de dichas
modificaciones constitucionales se realizaría en el año 2001, un año antes de las siguientes
elecciones nacionales.
Esto es fundamental, dada la percepción positiva que tiene una mayoría de la ciudadanía sobre
las instituciones públicas o activos del estado, en singular acerca del ICE. En ese sentido,
cualquier partido político que, dentro de la coyuntura electoral, aparezca defendiendo la ruptura
de los monopolios estatales de telecomunicaciones y seguros, cometería un suicidio político
36
.
BALANCE DE RESULTADOS
En términos generales, hasta diciembre de 1998 y pese a las objeciones realizadas por algunas
organizaciones sociales, el balance del proceso de concertación era favorable al gobierno
37
en
dos niveles principales:
1. Mecanismo y procedimiento
En este primer nivel, el Gobierno planteó la posibilidad de una segunda etapa de la
Concertación, pero la mayoría de las organizaciones participantes manifestaron que estarían
dispuestas a continuar, siempre y cuando se hicieran algunas modificaciones al procedimiento,
para permitir un funcionamiento autónomo del proceso, “autónomo” en el sentido de que el
gobierno tuviese una injerencia menor.
2. Contenido de los resultados obtenidos
En este segundo nivel, aparte del consenso real que obtuvo en varios de los temas, el gobierno
logró el aval de una mayoría muy clara de las organizaciones participantes para sus propuestas
estratégicas. Esto le permitiría formular proyectos de ley con el sello de la concertación o, en
palabras del ministro de la presidencia, con el sello de la sociedad civil costarricense
representada en el foro de la concertación.
Esto colocaba al gobierno en una posición de fuerza en la asamblea legislativa frente a los
partidos de oposición, mientras mantenía a las organizaciones sociales y populares, y a los
sindicatos del sector público en una situación de división y enfrentamiento, lo cual impedía una
resistencia efectiva a sus propuestas privatizadoras.
Esta situación cambió significativamente en enero y febrero de 1999, por varios hechos del
gobierno, algunos relacionados con la concertación y otros, no. Se mencionan, a continuación,
34
Según el Artículo 195 de la Constitución Política, en su inciso 7) señala: “La Asamblea Legislativa, en
sus primeras sesiones, discutirá el proyecto en tres debates, y si lo aprobare por votación no menor de
dos tercios de votos del total de los miembros de la Asamblea, formará parte de la Constitución, y se
comunicará al Poder Ejecutivo para su publicación y observancia.”
35
La Asamblea Legislativa tiene dos tipos de períodos de sesiones, ordinarios y extraordinarios. El
ordinarios se divide a su vez en dos períodos que van del primero de mayo al treinta y uno de julio, y del
treinta de setiembre al treinta de noviembre. En este período la iniciativa de presentación de propuestas
corresponde tanto a los diputados como al Gobierno. El período extraordinario se inicia en diciembre y
concluye el treinta de abril. Este período será convocado por el Gobierno y se discuten nada más las
iniciativas presentadas por el mismo. (Constitución Política, 1998: 24-32)
36
La percepción positiva de los costarricenses sobre el ICE tiene que ver tanto con la calidad de la
cobertura telefónica y eléctrica (superior al 90% y 95% respectivamente), como con la buena calidad de
su servicio y una tarifa de costos aceptable. De hecho, durante los últimos 15 años se han realizado gran
cantidad de encuestas de opinión en las que se mide la percepción de los costarricenses sobre el ICE y, de
manera constante, la percepción positiva es superior al 80%, mayor que la que obtiene la iglesia católica,
por ejemplo. De hecho, el diversos gobiernos han hecho múltiples intentos para privatizar el ICE y
siempre han tenido que detenerse al acercarse el año electoral.
37
Sin lugar a dudas, el papel favorable de los principales medios de comunicación jugaron un papel clave
en este balance inicial.
los que tuvieron más impacto. De los hechos sin relación con el proceso de concertación, los
dos más significativos fueron:
Primero, el incremento salarial que se decretó el presidente, lo que desestabilizó, de manera
abrupta, la imagen positiva que el mandatario se había venido construyendo. De hecho, en una
encuesta realizada en febrero de 1999, por la empresa UNIMER para el periódico La Nación, la
imagen del presidente era negativa y había caído más de un 14% de un solo golpe.
Segundo, la directriz bancaria emitida por el consejo de gobierno que puso un tope del 26% a la
expansión del crédito de los bancos del estado, lo cual generó una fuerte reacción de diversos
sectores, incluyendo a los gerentes de los bancos afectados y a la fracción del PLN en la
asamblea legislativa. De hecho, este partido político en algún momento condicionó la discusión
de la propuesta de reforma constitucional para la ruptura de los monopolios de seguros y de
telecomunicaciones, a que el gobierno retirara dicha directriz. Si bien es cierto, al final, el PLN
cedió, su posición inicial retrasó el inicio del debate sobre la reforma constitucional en la
asamblea legislativa.
Con respecto a los hechos relacionados directamente con la concertación, se menciona la
acusación de diversas organizaciones sociales y populares que participaron en el proceso, en el
sentido de que el Gobierno incumplió varios de los acuerdos y que, además, envió proyectos de
ley que no respondían a lo aprobado por el foro de la concertación (La Nación, lunes 1 de
febrero de 1999).
También, se mencionan a varias organizaciones sociales (ANEP, UPINS), las cuales
denunciaron que el gobierno envió a las sesiones extraordinarias sólo el proyecto de reforma
constitucional que afectaba al ICE y al INS, siendo estos los proyectos que no obtuvieron
unanimidad en el foro y, en cambio, dejó por fuera los proyectos que obtuvieron unanimidad, lo
cual –según estos sectores- dejó al desnudo el interés principal del gobierno en todo este
proceso.
Esta percepción fue reforzada por la denuncia que hizo el diputado Merino del Río (FD) sobre
la realización de un panel acerca del futuro de las telecomunicaciones en Costa Rica, actividad
organizada por el CINDE, que se llevó a cabo en Miami, el día 17 de febrero de 1999 y contó
con la participación aproximada de 16 empresas multinacionales y de tres asesores del
presidente Rodríguez. Estos últimos presentaron un cronograma del proceso gradual de apertura
de las telecomunicaciones, a pesar de que la asamblea legislativa no había aprobado nada al
respecto (Merino del Río, 4 de marzo de 1999).
Por último, se menciona que el domingo 14 de marzo de 1999, Javier Chávez, representante del
gobierno, dio declaraciones al diario La Nación en las que afirmó que el gobierno quería vender
el INS, contradiciendo el discurso oficial de la “no venta de activos” que mantenía el gobierno
(La Nación, domingo 14 de marzo de 1999).
La combinación de todos estos factores hizo que la gran mayoría de las organizaciones sociales
y populares desecharan la posibilidad de una segunda etapa del proceso de concertación.
Además, fortaleció la articulación de las organizaciones sociales y populares y la resistencia
social a las propuestas de reforma constitucional. Asimismo, el escenario legislativo se
complicó, en tanto que un sector de la fracción legislativa del PLN
38
y la fracción de FD se
opusieron a la propuesta de reforma constitucional presentada por el gobierno. De hecho, la
propuesta perdió fuerza y se archivó.
CONCLUSIONES
El recuento y el análisis presentado en las páginas anteriores acerca del proceso de concertación
nacional en Costa Rica, permiten arribar a varias conclusiones: primero, la convocatoria al
proceso de concertación nacional fue una aceptación tácita, por parte de la élite del poder, de
que los mecanismos institucionales de representación, así como los actores políticos que
participan institucionalmente han perdido legitimidad frente a la ciudadanía costarricense. A la
38
Se trata de entre 8 y 10 diputados cercanos al ex-candidato presidencial, Lic. José Miguel Corrales,
quien abiertamente se pronunció en contra de la apertura de los mercados de seguros y de
telecomunicaciones. (La Nación, domingo 14 de marzo de 1999).
vez, la concertación nacional fue un buen intento (aunque fallido al final) de la misma élite por
cooptar, incluir y controlar a los nuevos actores sociales, quienes están compitiendo con (o
contra) los partidos políticos del país, por asumir la función de representación y mediación
social.
Segundo, la concertación no fue un proceso horizontal y democrático, tal y como lo pretendió
exhibir y proyectar el presidente Rodríguez. Por el contrario, fue un proceso hegemonizado
desde su inicio por el gobierno en sus distintas instancias y etapas. En ese sentido, se confirma
la hipótesis de que este proceso puede explicarse como parte de una tradición de la élite del
poder costarricense de desarrollar mecanismos y procesos que le permiten cooptar, incluir,
fragmentar y desorientar a las organizaciones sociales y populares, para seguir imponiendo, así,
su proyecto político-económico al resto de la sociedad costarricense.
Tercero, en apariencia, la apuesta estratégica del gobierno y de la élite del poder era lograr la
ruptura de los monopolios estatales del ICE y del INS, pero hay suficientes indicios para
sostener que, en realidad, la agenda oculta (del gobierno) en el proceso de concertación, era
obtener una legitimidad social que le permitiera ampliar su margen de maniobra en la asamblea
legislativa y lograr así, la modificación constitucional necesaria para la ruptura antes
mencionada.
Cuarto, en términos de la articulación del discurso dominante, se subraya la capacidad que tuvo
la élite del poder para incorporar el tema de la participación de la sociedad civil, dentro del
tradicional discurso de la “unidad nacional” y de la búsqueda del “consenso democrático”. Este
discurso contribuyó a la desorientación social porque hubo organizaciones participantes que,
sobre todo, en el inicio del proceso, se asumieron como la expresión de la sociedad civil
costarricense.
Quinto, esta experiencia de concertación social deja la enseñanza de que para que ésta llegue a
ser un real mecanismo democrático, es necesario que se den dos condiciones: a) el proceso, su
reglamento, su agenda, su membresía y sobre todo, sus instancias de toma de decisiones, deben
ser el producto de una negociación previa entre todas las partes y no deben ser el producto de la
imposición del gobierno. Por lo tanto, esa negociación previa debe orientarse de la base hacia
arriba, lo que implicaría que el respectivo reglamento debe ser definido antes del proceso, con la
participación activa e igualitaria de todos los participantes. Esta condición no se cumplió en el
proceso de concertación del lapso 1998-1999, pues en su procedimiento, el gobierno definió y
consagró el reglamento sin una verdadera participación democrática y b) como contraparte a la
posición gubernamental, será necesario crear una efectiva coordinación de las organizaciones
sociales y populares. Sólo, así, la concertación o cualquier otro mecanismo de negociación,
podrá servir para profundizar la democracia costarricense.
En resumen, el elemento que más desacreditó la concertación nacional fue la creciente
“transparencia” con la que el Gobierno fue evidenciando que su interés fundamental o su
agenda oculta era la ruptura de monopolios estatales del ICE y del INS. La reacción y creciente
oposición social a esta propuesta revela que Costa Rica sigue siendo un país con una fuerte
tradición estatista. De ahí que, la privatización de los activos del estado tendrá un costo político
muy alto. Esto para desgracia de la élite del poder.
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EL "COMBO ELÉCTRICO" Y LAS ELECCIONES DEL 2002
39
Presentación
La recién pasada lucha contra la aprobación de la Ley para la Modernización del ICE,
denominada "Combo del ICE"
40
, es la más importante lucha desarrollada en Costa Rica en
varias décadas. Esta lucha fue resultado de un movimiento social plural, multisectorial, inter-
generacional, que tuvo manifestaciones de apoyo en una gran diversidad de regiones en todo el
territorio nacional. Desde mi punto de vista, por su alcance y significado es, incluso, más
importante que la mítica lucha contra ALCOA, que este año cumplió su treinta aniversario.
En el presente artículo discutiré dos ideas principales: Primero, que por su magnitud y
profundidad, este proceso tendrá efecto sobre la cultura política costarricense y sobre los
núcleos duros de sentido de la misma. Algunos ejes salieron reforzados de esta lucha y otros se
debilitaron. Segundo, que estos cambios tendrán un impacto en la forma en que la ciudadanía
costarricense canalizará sus preferencias políticas en el próximo proceso electoral en el 2002,
configurando como tendencias algunos fenómenos electorales que ya se presentaron en la
elección de 1998, tales como el incremento de la abstención y la quiebra de voto para diputados
y regidores municipales.
Resultados y lecciones de la lucha contra el Combo del ICE
El desarrollo de estas dos ideas requiere de un balance de la coyuntura de la lucha contra el
Combo. Entre los resultados y lecciones que dejó dicho momento político, destacan los
siguientes:
Se hizo patente el ensimismamiento o creciente autismo de la élite dirigente de los partidos del
bipartidismo - Partido Liberación Nacional (PLN) y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)-,
evidenciando la gran distancia que les separa de una amplia mayoría de la ciudadanía
costarricense. Esto no es nuevo, pero es una tendencia que se agudiza. En una encuesta realizada
por la Escuela y la Maestría Centroamericana en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa
Rica, un día después de que se creara la Comisión Mixta en la Asamblea Legislativa, se midió la
valoración que las personas entrevistadas tenían sobre los principales actores políticos del
proceso. Los resultados se observan en la Figura 1:
39
Este artículo fue publicado en la Revista Costarricense de Trabajo Social, N° 11 de Julio de 2000.
40
Por "Combo Eléctrico" se alude al proceso mediante el que tres diferentes proyectos de ley, tramitados
en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, se fusionaron para ser discutidos y aprobados como uno sólo,
en primer debate. Con esta iniciativa se pretendía, entre otras cosas, la apertura de mercados de
telecomunicaciones y de generación eléctrica, así como la reestructuración de ambos sectores. Esto
implicaba una sustancial modificación del papel del estado en estas áreas estratégicas. El término
"combo" en un principio apareció como una expresión popular un tanto satírica (por su alusión a los
restaurantes de comida rápida, que hacen paquetes de oferta), pero al final dicho término se generalizó en
los diferentes círculos de opinión pública, debido a la acogida que le dieron los medios de comunicación
comercial.
Fuente: Fournier et al, El Combo del ICE y las Elecciones del 2002, abril de 2000.
Estos resultados evidencian que los actores políticos con la percepción ciudadana más negativa
son aquellos que impulsaron el "Combo del ICE". El actor político con la valoración más
negativa es el presidente de la República, con una nota de 3.9 de 10, seguido por la fracción de
su partido político, el PUSC, con una nota de 4.3 y por el PLN, con una nota de 4.4. La
actuación de la Policía también fue negativa, pues obtuvo una valoración de 4.4. En contraste,
los dos partidos políticos emergentes que tuvieron una participación activa en contra del Combo
fueron valorados con una nota más alta. Fuerza Democrática obtuvo un 6.3 y el Partido
Libertario, un 6.5.
La lucha hizo transparentes los vínculos e intereses político-empresariales de la élite del poder,
evidenciando su enorme voracidad económica y contribuyendo a que la ciudadanía percibiera
en el Combo un gran negocio de unos cuantos políticos y empresarios. Por ejemplo, una carta
de la American Chambers, fechada del 15 de Marzo de 2000, dirigida a sus afiliados, señalaba
lo siguiente:
"El "Combo Energético" que se considera hoy en la Asamblea Legislativa es
fruto de mucho trabajo de la AmCham, otras Cámaras y grupos que apoyan
iniciativas que mejoran el ambiente empresarial del país. El mismo pudo haberse
mejorado, pero si se suman los pros y los contras, los beneficios son mayores
para nuestra membresía y el país.... Estamos ya en la etapa final y necesitamos
de su apoyo a través de una donación para cubrir los gastos de nuestro último
gran esfuerzo y demostrarle a los señores diputados el apoyo masivo que el
proyecto tiene en el sector privado ... nunca antes este esfuerzo ha sido realizado
y es el momento de hacerlo con decisión, en forma clara y honesta.. No podemos
dejar que el ICE sindicalizado deshaga lo que tanto esfuerzo ha tomado. ... Su
contribución de $500.00 o en el monto máximo que su empresa pueda aportar
será de gran beneficio para este fin...."
En el marco del debate salieron a la luz nombres de importantes dirigentes de los partidos
políticos del bipartidismo, que tenían empresas e intereses tanto en los sectores de electricidad,
como en el de telecomunicaciones.
En lo que respecta al sistema de representación política, la lucha contra el “Combo Eléctrico”
revalidó el bajo nivel de credibilidad que, sobre el mismo, tiene la ciudadanía, así como de los
actores políticos que participan dentro del mismo. En esta misma línea, también se hizo patente
que el mecanismo de los pactos o arreglos entre cúpulas no son suficientes para que la
ciudadanía acepte los acuerdos que salen de los mismos. Debe recordarse que en los últimos
años se realizaron varios pactos de élite que fracasaron, entre ellos, el denominado Pacto
Figueres-Calderón, que fue percibido positivamente al inicio, pero que una vez que se
evidenciaron sus efectos y resultados, fue rechazado de manera mayoritaria por la ciudadanía.
Otro de los mitos políticos cuestionados por la lucha contra el Combo es aquel que sostiene que
la ciudadanía costarricense es pasiva. Esta coyuntura ratificó lo que vienen señalando diversos
estudios de opinión desde hace más de una década, que la población costarricense sigue
brindándole un amplio apoyo al sector público y al Estado de Bienestar y, más allá de eso, que
un amplio sector de la población está dispuesta a manifestar, por diversos medios, su oposición
al desmantelamiento de dicha forma de Estado.
Es importante destacar que esta movilización social en contra del Combo, se generó a pesar del
fracaso de la última gran protesta social contra la reforma del régimen de pensiones del
Magisterio en 1995, que generó una gran frustración colectiva. El proceso contra el Combo
demostró que es posible, por medio de la movilización social, revertir políticas acordadas por el
bipartidismo, aún cuando tengan una amplia mayoría parlamentaria.
Un importante rasgo de esta lucha fue la amplia participación de los movimientos estudiantiles
de secundaria y, sobre todo, del universitario, no sólo en el plano de la movilización, sino
también en el plano discursivo, evidencia que la indiferencia de la juventud hacia la política de
partidos no es indiferencia hacia la política en general. Esta generación demostró que les
importa construir su futuro desde el presente, lo que no es poca cosa si se toma en cuenta que
será pronto mayoría demográfica. Esto le permitirá constituirse en un importante factor de
cambio político en el país.
En esta línea, entre los resultados de una investigación que realizó la Maestría Centroamericana
en Ciencias Políticas sobre las Elecciones de 1998, se obtuvo que el segmento de ciudadanos
que tienen entre 18 y 25 años de edad, es decir, entre quienes votaban por primera y segunda
ocasión, son los que tienen menos lealtad hacia la identidad y hacia los actores políticos que
emergieron del conflicto del 48. De hecho, fue el grupo etáreo que más se abstuvo y uno de los
que más quebró el voto para castigar a los partidos del bipartidismo (Fournier et al, 1999).
Otro resultado importante de esta coyuntura, está relacionado con la hegemonía discursiva y el
control del significado de los términos. Fue claro que la élite del poder perdió la batalla
simbólica, a pesar de las fuertes e intensas campañas publicitarias desarrolladas por el gobierno
y los sectores empresariales y del claro apoyo de las empresas de comunicación televisadas y
escritas, tales como La Nación y Repretel. De hecho, la ciudadanía siguió percibiendo en
términos tales como “modernización” y “apertura” eufemismos que ocultaban un intento de
privatizar los mercados de telecomunicación y electricidad. Se podría concluir que esta
coyuntura demostró que la manipulación social de la opinión pública tiene límites.
En esta lucha discursiva, es destacable el papel que jugaron las formas y los medios de
comunicación alternativos, que iban desde la comunicación inter-personal, hasta una intensa
participación de medios de comunicación locales, escritos y radiales, que contribuyeron a
divulgar, con efectividad, el discurso de los actores sociales y políticos que se oponían al
Combo.
A manera de cierre de este balance de resultados y lecciones, habría que señalar que la lucha
contra el Combo del ICE debe juzgarse no sólo por lo que impidió en lo inmediato (apertura del
ICE), sino también por lo que implica para la agenda gubernamental y de la élite del poder. En
este sentido, el triunfo popular en la lucha del Combo modificó y retrasó la agenda de
privatizaciones de otras instituciones públicas claves en el desarrollo nacional. No debe
olvidarse que esta agenda gubernamental fue evidenciada por el gobierno en el proceso de
Concertación Nacional, que incluía la apertura del INS.
Posibles tendencias electorales a partir de la lucha contra el Combo del ICE
Según la encuesta “El Combo del ICE y las Elecciones del 2002” realizada por la Maestría
Centroamericana en Ciencias Políticas de la UCR, el resultado de la lucha contra el Combo
tendrá un impacto sobre el comportamiento electoral. De hecho, un 65% dijo que lo modificaría
en las próximas elecciones.
La hipótesis de trabajo acá es que algunos fenómenos que ya se presentaron en el anterior
proceso electoral (1998), se configurarán como tendencias de comportamiento político electoral.
Entre ellas hay cuatro que quisiera destacar:
- Primero, se mantendrá o aumentará el abstencionismo. Según la encuesta que realizó la
Maestría Centroamericana en Ciencias Políticas de la UCR, del 65% de personas que
cambiará su decisión en el nivel presidencial y un 57.8% en el nivel de diputados en las
elecciones del 2002, un 37.5% y un 32.8% se abstendrá de votar, respectivamente. Este
incremento provendrá, en primer lugar, de personas que votaron por el PUSC y, en segundo
lugar, de personas que votaron por el PLN (Fournier et al, 2000). Si esta tendencia se
confirma en las próximas votaciones, el incremento en la abstención favorecería, de manera
relativa, a los partidos emergentes.
- Segundo, se aumentará el voto castigo o quiebra de voto. Esto se reflejará, de manera
principal, en el voto para diputados y regidores. De hecho, según la encuesta antes
mencionada, de las personas entrevistadas que dijeron que van a modificar su voto en el
nivel de diputados en las próximas elecciones (57.8%), el 49.5% dijo que votará por otro
partido y no por los del bipartidismo (Fournier et al, 2000).
Si esta opinión se reflejará en las elecciones del 2002, entonces los partidos emergentes
verían incrementarse de manera significativa su número de representantes, tanto en la
Asamblea Legislativa como en las Municipalidades.
- Tercero, en el caso de los partidos emergentes crecerán los que tuvieron un protagonismo
en la lucha contra el Combo. De manera particular, se incrementará el número de
representantes de Fuerza Democrática, que se empieza a perfilar como el partido con mayor
fuerza electoral de los emergentes. Es posible que también crezca el Movimiento Libertario.
El crecimiento del primer partido podría explicarse por la defensa hecha del ICE y del
sector público, que expresa la sensibilidad política de una buena parte de las capas medias
profesionales que trabajan en el sector público, y también debido a la coordinación que ha
logrado con algunas organizaciones sociales y sindicales. En el caso del Movimiento
Libertario, es posible que crezca captando al sector más liberal del PUSC y de sectores de la
ciudadanía que valoran positivamente el papel de control político que ha jugado el diputado
de dicho partido en la Asamblea Legislativa.
- Cuarto, la juventud será un factor clave de cambio político. Este grupo etáreo tiene muy
poca lealtad hacia los valores políticos que se consolidaron en el 48 y que prevalecieron
hasta el 98. Pareciera que no hay razón alguna por la que los jóvenes no repitan el
comportamiento político-electoral del 98, siendo el sector que más se abstiene y que más
vota por los minoritarios. Esto reforzaría las tendencias ya señaladas.
En síntesis, se podría afirmar que la lucha contra el Combo del ICE contribuirá a debilitar el
bipartidismo, a incrementar la abstención y a fortalecer a los partidos emergentes. De manera
eventual, podría resultar que se está en transición de un sistema bipartidista a un sistema
multipartidario, sobre todo en los niveles legislativo y municipal.
Bibliografía
- AMERICAN CHAMBERS. (2000) Carta a sus afiliados. 15 de marzo.
- FOURNIER, Marco; ZELEDÓN, Fernando y CORTÉS, Alberto. (1999) Las Elecciones de
1998. Maestría Centroamericana en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica,
Agosto.
- FOURNIER, Marco; ZELEDÓN, Fernando y CORTÉS, Alberto. (2000) El Combo del ICE
y las Elecciones del 2002. Maestría Centroamericana en Ciencias Políticas de la
Universidad de Costa Rica, Abril.
Cultura política y sistema de partidos en Costa Rica: ¿nuevas
tendencias en el 2002?
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Presentación
La presente ponencia parte del enunciado de que el sistema de partidos políticos costarricense
está en transición hacia una nueva configuración no bipartidista. La explicación de este cambio
se hace, en lo conceptual, a partir del análisis del vínculo que existe entre cultura política y
sistema de partidos políticos y, en lo empírico, sobre la base de los resultados electorales las
últimas elecciones nacionales (1998), de los resultados de diversas encuestas de opinión, del
análisis de algunos conflictos socio-políticos de alcance nacional y del comportamiento de los
partidos políticos mayoritarios.
En lo que respecta al enunciado inicial, se podría desagregar en varias hipótesis:
Primera hipótesis: la relación entre cultura política y el sistema de partidos en Costa Rica,
sugiere que el último está en proceso de cambio. La causa de esta transformación tiene su origen
en las prácticas políticas del Partido Liberación Nacional (PLN) y Partido Unidad Social
Cristiana (PUSC), durante los últimos tres lustros, que han resultado en su distanciamiento de la
cultura política predominante en la ciudadanía. El rasgo central de las prácticas de ambos
partidos, es el intento de imponer el ajuste estructural como nuevo núcleo duro de sentido a la
ciudadanía, de manera forzada y de arriba hacia abajo.
Segunda hipótesis: el intento de los partidos del bipartidismo de imponer un nuevo consenso en
torno al ajuste, está generando una pérdida de adhesión ciudadana hacia estos partidos, un
incremento de la apatía hacia el sistema de partidos y una pérdida de credibilidad de la clase
política, creando una progresiva incongruencia entre la cultura política y el sistema de
partidos
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, restándole capacidad canalizar expectativas, demandas y valores de amplios sectores
sociales que, en el pasado, le confiaron a dichos partidos su representación política por medio
del voto.
Tercera hipótesis: frente a esta situación, se configuran tres tendencias principales en la
ciudadanía:
i. De enajenación hacia el sistema político, que se manifiesta en un creciente rechazo de
los partidos, de la clase política y del sistema mismo. En términos de comportamiento
electoral, esto se refleja en el crecimiento del abstencionismo o de la disposición de
abstenerse en las próximas elecciones y de rechazo a cualquier forma de participación
política, partidaria o no partidaria.
ii. De apatía, expresada en una creciente indiferencia hacia el sistema de partidos y, de
manera principal, hacia el PLN y el PUSC. Esto se traduce en incremento del
abstencionismo y, en menor medida, en "quiebra de voto"
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para "castigar"
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a estos
dos partidos.
iii. De adhesión hacia partidos políticos emergentes, no sólo para "castigar" hacia los
partidos mayoritarios, sino porque la ciudadanía empieza a encontrar en los nuevos
partidos una mejor forma de canalizar sus percepciones, creencias y prácticas políticas.
Cuarta hipótesis, el enfrentamiento entre elite del bipartidismo y percepción ciudadana,
terminará trasladándose al escenario electoral y tendrá un impacto en la configuración del
sistema de partidos políticos, modificando su carácter bipartidista en las elecciones nacionales
del 2002.
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Publicado en: La democracia de Costa R