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Tolerancia Cero. Estrategias y pràcticas de la sociedad de control

January 2005

Authors:

Alessandro De Giorgi

San Jose State University

Content uploaded by Alessandro De Giorgi

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ALESSANDRO DEGIORGI

TOLERANCIA CERO

Estrategias y prácticas

de la sociedad de control

Prefacio de Toni Negri

Presentación y traducción de

Iñaki Rivera y Marta Monclús

colección ensayo

Presentación

Iñaki Rivera yMarta Monclús . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Prefacio

Toni Negri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

PRIMERA PARTE

Estrategia y práctica de la sociedad de control . . . 43

SEGUNDA PARTE

Inmigrantes y desviados.

Los nuevos territorios del control . . . . . . . . . . . . . . . 81

TERCERA PARTE

Control actuarial y transformación social.

Lineamientos para una posible crítica . . . . . . . . . . . 125

APÉNDICE

Emergencias de fin de siglo.

La incubación de la zero tolerance . . . . . . . . . . . . . . . 153

BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Título original:

Zero Tolleranza

Strategie e pratiche della società di controllo

DeriveApprodi, Roma, 2000

Maquetación:

Virus editorial

Traducción del italiano:

Iñaki Rivera Beiras y Marta Monclús Masó

Cubierta:

Xavi Sellés

Primera edición en castellano:

enero de 2005

Lallevir, S.L./VIRUSeditorial

C/Aurora, 23, baixos

08001 Barcelona

T./fax: 93 441 38 14

C/e.: virus@pangea.org

http: www.viruseditorial.net

www.altediciones.com

Impreso en: Imprenta Luna

Muelle de la Merced, 3, 2.º izq.

48003 Bilbo

T.: 94 416 75 18

Fax: 94 415 32 98

C/e: luna-im@teleline.es

ISBN: 84-96044-51-3

Depósito legal:

Alessandro De Giorgi es criminólogo y docente en la Universidad de

Bologna. Se ocupa de temas como el control social en el postfordismo

y las migraciones en la economía global. Colabora con las revistas

Derive ApprodI y Dei delitti e delle pene. Además de este libro, es

autor de Il governo dell’eccedenza. Postfordismo e controllo della

moltitudine (ombre corte, Verona 2002).

Índice

Constituye una satisfacción presentar el libro de Alessan-

dro De Giorgi Tolerancia cero. Estrategias y prácticas de la

sociedad de control, que se suma a la satisfacción de haber-

lo traducido. Y ello por dos motivos.

En primer lugar, porque Tolerancia cero constituye una

aportación muy necesaria en el ámbito castellanoparlante

para entender los cambios que se están produciendo de las

formas de control en las sociedades actuales, cambios que

primeramente se han verificado en el contexto anglosajón y

que, en este inicio del siglo XXI, están irrumpiendo con

fuerza en otros ámbitos, como Italia o España. Luego nos

detendremos en este aspecto.

Y, en segundo lugar, es motivo de satisfacción presen-

tar el libro de alguien que no se conforma con el mundo

que nos ha tocado vivir, como es el caso de Alessandro De

Giorgi.

Alessandro se define a sí mismo como «criminólogo» y

ello, si atendemos a la historia de la criminología, puede

generar cierta inquietud, debido a que esta disciplina se ha

caracterizado por contribuir a la perpetuación del orden

preestablecido. Pero no es en esta tradición en la que se

reconoce De Giorgi. Muy al contrario, el autor de Toleran-

cia cero se ha formado en la tradición de la llamada «crimi-

nología crítica» que, desde la década de los años sesenta en

adelante, ha dedicado sus mayores energías a desvelar que

«el rey está desnudo». Es decir, la criminología crítica se ha

caracterizado más por deconstruir que por proponer, más

por deslegitimar que por justificar. Ante todo, ha tratado de

mostrar los diversos rostros de la violencia estatal en el uso

Presentación

ticulares en otros ámbitos geográficos. Ello puede ser parti-

cularmente útil para una presentación que, como ésta,

intentará pensar en la vigencia y aplicación de las reflexio-

nes de la obra de De Giorgi para el mundo latino de España

y de América Latina.

Como es sabido, en el terreno político-criminal, el siglo

XIX, en su segunda mitad, presentó un panorama novedoso

en distintos escenarios. Desde la Scuola Positiva italiana a la

Escuela de Marburgo alemana, o desde el Correccionalismo

español a la New Penology de los EE.UU., tras las experien-

cias del reformatorio de Elmira, una nueva racionalidad

punitiva se impuso, como traducción penal del paradigma

etiológico de la criminalidad. Los Congresos Penitenciarios

—tanto los primeros europeos y norteamericanos, cuanto,

posteriormente, los de carácter internacional— constituye-

ron el escenario más emblemático de representación del

nuevo saber «científico, criminológico y penológico». En

efecto, las cuestiones allí debatidas no sólo revelaron la

nueva fe en la corrección de las patologías individuales a tra-

vés del sistema penal, sino que aquellos debates (y aquellas

creencias) fundaron el nuevo saber científico. Sus debates

sobre arquitectura penitenciaria, régimen y primeras formas

de tratamiento de la criminalidad, o los problemas derivados

del alcoholismo, la pornografía y la prostitución (como «nue-

vas» causas del comportamiento desviado), el tratamiento

de los enfermos mentales y la organización de los manico-

mios, los problemas derivados de la juventud y la creación de

los primeros reformatorios, o las discusiones sobre la justifi-

cación de penas y de medidas de seguridad (tanto en el ámbi-

to adulto cuanto en el minoril que se estaba por entonces

edificando), llevaron incluso a la defensa político-criminal

de las condenas (más o menos) indeterminadas, en unos

ámbitos geográficos más que en otros1. El modelo correccio-

nalista vivía su momento de esplendor que se extendería

hasta el surgimiento —en Europa— de los totalitarismos

nazi y fascista2, los cuales edificarían los sistemas penales de

signo más autoritario del siglo XX (Jiménez de Asúa, 1965)3.

del poder punitivo, poniendo de manifiesto la historia de

una justificación imposible.

Sin embargo, De Giorgi no pertenece a esa generación,

sino más bien es un superviviente de la política y socialmen-

te inerte década de los noventa. Se ha formado en la tradi-

ción de la criminología crítica, primero en Italia en el trans-

curso de sus estudios de licenciatura y luego en Inglaterra,

al realizar su doctorado en la Universidad de Keele, donde

ha tenido ocasión de analizar en profundidad los mecanis-

mos de control social emergentes —o ya consolidados— en

el ámbito anglosajón. En la actualidad da clases en la Uni-

versidad de Bolonia, donde constituye uno de aquellos

docentes que se resisten a ser engullidos por la tecnocracia

y, por el contrario, se comprometen con los movimientos

sociales que apuestan por otro modelo de globalización.

El tema del control social en el período de transición del

fordismo al postfordismo ha centrado gran parte de sus

investigaciones, uno de cuyos resultados es el libro de Tole-

rancia cero. En efecto, las transformaciones que se han

venido operando en las formas de control punitivo, en las

áreas pertenecientes a los países del centro capitalista en

las últimas tres décadas, tienen raíces profundas y comple-

jas que De Giorgi analiza con detenimiento en esta obra.

Fundamentalmente, las aludidas transformaciones —que

se expresan en el abandono explícito que los sistemas

penales hacen de la antigua pretensión rehabilitadora de

los infractores penales, para gobernar ahora a enteras cate-

gorías sociales y neutralizar a los nuevos «enemigos»—, se

suelen explicar como una consecuencia de la llamada «cri-

sis fiscal del Estado» y como transformaciones que, en el

campo del gobierno de la «cuestión criminal», se corres-

ponden asimismo con el paso de un modelo de organiza-

ción fordista a otro postfordista.

Analicemos, aunque sea aquí brevemente, estas crisis y

estas transformaciones para ver si las mismas correspon-

den exclusivamente al mundo cultural anglo-norteameri-

cano o si, además, aquéllas presentan manifestaciones par-

fare State empieza a quebrarse, y la quiebra es de carácter

económico-presupuestaria. ¿Qué consecuencias acarrearía

ello para el sistema penal norteamericano?

La «crisis fiscal» del Estado descrita provocó la necesidad

de que se replantease el «complejo penal» que se había des-

arrollado bajo el amparo del modelo welfare. En efecto, el

ideal rehabilitador sólo podía funcionar si poseía el soporte

de numerosas agencias de justicia (oficinas de clasificación,

comisiones de parole, psicólogos, psiquiatras, educadores,

criminólogos, trabajadores sociales en las community sanc-

tions…), todo lo cual, además, se debía sumar a los abulta-

dos costos del sistema penitenciario. Como se vio, la expan-

sión económica tocaba a su fin, venían tiempos de recortes

presupuestarios y la economía norteamericana ya no podía

seguir destinando tantísimos recursos para el manejo de

ciertos problemas sociales. Debían empezar a reducirse las

agencias y los operadores del amplísimo sistema penal de

corte rehabilitador. La desaparición de la sentencia indeter-

minada y del mito de la rehabilitación en los EE.UU., en la

década de los setenta, dio paso a diversos modelos de sen-

tencing que, salvo algunos intentos del justice model6, iban

a estar dominados por racionalidades de corte económico-

tecnocrático. Las nociones de «costes-beneficios», «cálcu-

lo», «análisis estadístico», unidas al intento por «anclar las

escalas penales» de manera fija y determinada, explican el

surgimiento de un tipo de sentencing norteamericano que

acabará, mayoritariamente, empleando dos instrumentos

de la nueva cultura penal: las mandatory penalties7(de las

que, luego, se conocería la versión de las leyes de los three

strikes and you’re out8) y las guidelines sentences9. El

«retorno a Beccaria», a través de la teorización de un sujeto

que racionalmente decide su comportamiento (rational

choice), prepara el terreno para la remozada racionalidad

«ilustrada/postmodernista» (De Giorgi relata las transfor-

maciones de estas nuevas racionalidades punitivas).

Como hace años indicara Christie, lo más sorprendente

es que el nuevo sentencing requirió que la legislatura fede-

Los desastres bélicos de la II Guerra Mundial, el Holo-

causto judío y la tarea de reconstrucción europea iniciada a

partir de 1945 marcarían —al menos para la Europa conti-

nental— el inicio de una nueva forma-Estado, con un mode-

lo constitucional heredero de la Resistenza (en el particular

caso italiano) de quienes habían sufrido en sus entrañas los

efectos del mencionado derecho penal autoritario. En efec-

to, la Constitución italiana inauguraba el movimiento del

llamado «constitucionalismo social» que acogería una tradi-

ción propia del welfare, en una reinterpretación adaptada a

la cultura jurídica continental europea, todo lo cual tuvo

decisivas impliciones en las formas de legitimar una inter-

vención jurídico-penal calificada como welfarista (Young,

2003). Evidentemente, la remozada intervención penal (y

especialmente, la penitenciaria), de un pretendido nuevo

cuño rehabilitador, necesitaba de importantes inversiones,

de gasto social, para poder ser desplegada. Y ese cimiento

sería justamente el que empezaría a flaquear. La crisis —fis-

cal— del Welfare State emergía ya en los Estados Unidos a

principios de la década de los setenta.

O’Connor definió bien la situación: «hemos denomina-

do “crisis fiscal del Estado” a esta tendencia del gasto guber-

nativo a aumentar más rápidamente que los ingresos»

(1981). No es que haya una ley inflexible por la que el gasto

tenga que crecer siempre con mayor rapidez que los ingre-

sos, «pero es un hecho que las necesidades crecientes a las

que sólo el Estado puede hacer frente producen mayores

demandas sobre el presupuesto estatal» (op. cit.: 26). Eso sí,

se reconoció que diversos factores, en forma individual o

combinada, pueden contrarrestar la crisis. Por ejemplo, se

pueden desatender las necesidades de las personas que

dependen de los servicios públicos4; puede ocurrir que las

grandes compañías que desean préstamos y subvenciones

gubernamentales no los obtengan5; puede llegar el Gobier-

no a congelar los salarios y los sueldos en un intento por

paliar la crisis fiscal; o, también, se puede obligar a los ciuda-

danos a pagar impuestos más elevados. Como se ve, el Wel-

«ética del trabajo» y un auténtico «estilo de vida» que coadyu-

vaba al nacimiento de una verdadera «conciencia de clase»11.

En efecto, el eje del sistema fordista de sociedad fue el

Estado social. En la base de esta forma de Estado estaba la

denominada «ecuación keynesiana»: la idea de que era

posible combinar crecimiento ilimitado con una mejor dis-

tribución de la riqueza y una mayor equidad social. El Esta-

do social de la postguerra significó la institucionalización

de una forma de mediación —un verdadero pacto— entre

las necesidades sociales y la lógica de valorización del capi-

tal. En ese «marco de seguridad», partidos políticos y sindi-

catos participaban en el intercambio, en la negociación de

conflictos. Pero el modelo fordista de sociedad entró en

quiebra con la crisis del Estado social y las transformacio-

nes económico-políticas del contexto internacional de los

años setenta y ochenta. Esto nos sitúa ya en las puertas del

llamado proceso de «globalización económica» y en el

modelo social del postfordismo.

Ello ha provocado importantes transformaciones en la

concepción del tiempo y del espacio; ya nada es como antes

en los ámbitos laborales, ya no se trabaja en los mismos

sitios, ni la cadena de montaje tiene la vigencia de antaño; el

trabajo en «red» sustituyó a la antigua «cadena» y, hoy, la acu-

mulación del capital pasa por otros recursos meramente

financieros. Los trabajadores han ido perdiendo su propia

identidad como colectivo, ahora están aislados y sin víncu-

los y han pasado de ser ciudadanos a ser consumidores; si

tienen medios para consumir, claro, pues, si no los tienen,

quedarán reducidos a habitar en los espacios de la exclusión

social. Entramos, poco a poco, en una nueva sociedad que

algunos han definido como la «sociedad del riesgo».

Ulrich Beck (1986) definió hace más de quince años la

«sociedad del riesgo» como aquella que, junto a los progresos

de la civilización, presentaba la contrapartida de la produc-

ción de nuevos riesgos estrechamente vinculados a aquellos

progresos. Por ejemplo: peligros nucleares y ambientales.

Hoy en día, como él mismo ha destacado (2000a y 2000b), la

ral norteamericana (y las estatales) creara las primeras Sen-

tencing Comission para la elaboración de los «manuales

para decidir sobre el dolor» (1993: 137)10, los cuales prohi-

bieron expresamente que los tribunales considerasen las

cualidades personales de los infractores. En efecto, a partir

de estas nuevas orientaciones político-criminales ya no

pueden ser considerados: la edad, la educación o forma-

ción profesional, las condiciones psíquicas o emocionales,

el estado físico (incluyendo toxicomanías, abuso de alco-

hol, etc.), los antecedentes laborales, los lazos o responsa-

bilidades familiares… Para lograr esta «justicia purificada

(…) las legislaciones hacen que sea ilegal que se tengan en

cuenta los factores que precisamente se hallan presentes

en el entorno de la mayoría de la población carcelaria:

pobreza y privaciones, participación nula en la buena vida,

en fin: todos esos atributos claves de la “clase peligrosa”

que no produce nada» (Christie, 1993: 140). Así, la primige-

nia aspiración rehabilitadora dio paso, abiertamente, a

finalidades meramente incapacitadoras, neutralizadoras.

Si ello sucedía en el interior de los institutos penales, y en la

particular cultura norteamericana, en Gran Bretaña y otros

países europeos tenían lugar transformaciones paralelas

de modo contemporáneo.

Tal y como se apuntó al inicio de esta presentación, devie-

ne necesario ahondar en la lectura que pone en relación la

crisis con la quiebra del modelo fordista de sociedad. En

efecto, semejante modelo se basó en determinadas caracte-

rísticas: en el trabajo en serie, en la cadena de montaje de

Henry Ford —donde se preveía que el crecimiento de los

salarios estaría en directa relación con el aumento de la pro-

ductividad— y, además, se procedería a una distribución de

los recursos económicos contándose, también, con un gene-

ralizado sistema de Seguridad Social. Todo ello redundaría,

en definitiva, en la extensión del bienestar a la mayoría de la

población. Es decir, la «vida segura», el trabajo hasta la jubila-

ción, la aspiración por «colocar en la fábrica» a los hijos y

seres queridos, todo ello iba construyendo una particular

des de ciudades) para grupos enteros de la población. Ade-

más, todo ello, puede verse reforzado con nuevos sistemas de

seguridad urbana, videovigilancias, monitoreos electrónicos

(todo lo cual se instala con carácter general para la preven-

ción de posibles «delitos/riesgos»). Lo cual, claro está, abre la

puerta a las empresas privadas que instalen sus máquinas, sus

sistemas de identificación, sus videocámaras (y muchísima

tecnología punitiva que va surgiendo para aumentar la

«industria»). Obviamente, ya no se trata de rehabilitar, sino de

monitorear.

Matthews (1996 y 1999) explica la experiencia británica

al respecto, cuando señala que el creciente énfasis en la vigi-

lancia y el monitoreo, o seguimiento de los delincuentes, se

hizo evidente con la creación de tratamientos «intensivos»

intermedios. Mientras que éstos se habían preocupado

esencialmente, durante los años setenta, del asesoramien-

to, el trabajo «cara a cara» y en grupo, en la década siguiente

se dirigió cada vez más al seguimiento de la gente joven «en

riesgo». El objetivo de la estrategia era monitorear estrecha-

mente las actividades diarias de los jóvenes y aportar formas

de supervisión «más intensas». El creciente interés por la

supervisión y el seguimiento ha sido caracterizado por Stan-

ley Cohen como el nuevo «conductismo». Este autor cree

que esta estrategia se ha desarrollado más allá de la creencia

de que «solucionar los problemas sólo cambiando a la gente

resulta improductivo» y que, antes que comprometerse en

formas de tratamiento, asesoría o supervisión, «tenemos

que aceptarlas tal como son, modificar sus circunstancias y

lidiar con su hurañería». El reciente movimiento encamina-

do a imponer toques de queda y órdenes de restricción noc-

turna se puede considerar una extensión de la estrategia

que se preocupa más por regular la conducta que por cam-

biar las mentalidades (Audit Commission, 1996). Veamos

aún un poco más en torno a la nueva «racionalidad punitiva»

que se esconde tras estos velos, a través de dos autores cen-

trales en esta temática, como son Malcom Feeley y Jonathan

Simon (1995), que también serán analizados por De Giorgi.

lista de «riesgos» podría ser ampliada: riesgos laborales (pre-

cariedad, flexibilidad laboral y facilidades de despido), los de

tipo sanitario-alimenticio (contaminaciones, adulteraciones,

transgénicos, pestes vacunas y porcinas…), los derivados de

la alta accidentalidad (muertes en accidentes de vehículos,

siniestralidad laboral muy elevada…), los propios de los des-

ajustes psíquico-emocionales, los derivados de las «patologí-

as del consumo» (anorexias, bulimias…). Es la misma «socie-

dad de la incerteza» de Bauman (1999) cuando enumera los

pánicos de las sociedades postmodernas, o la «sociedad inse-

gura» de Giddens (1999) cuando hace un inventario, y una

historiografía, del concepto de «riesgo».

Para cuanto aquí interesa, en el ámbito de la cultura penal

anglosajona, y como una de las diversas respuestas para

«gobernar las crisis» (management), las propuestas político-

criminales consistieron en el desarrollo de una línea conoci-

da como «criminología administrativa o actuarial», que pre-

senta ciertas características: se impone una «gestión» de los

riesgos que quedará, sobre todo, en manos estrictamente

administrativas y en la que importará, fundamentalmente,

«regular comportamientos para evitar riesgos» (y ya no, como

antaño, cambiar mentalidades). Por ello, debe hacerse un ver-

dadero «inventario» de los riesgos a controlar/evitar. Ya exis-

ten ejemplos muy claros de ello: instalación de cámaras de

videovigilancia en las calles; regulaciones de las prohibicio-

nes de salir por la noche a los jóvenes de ciertas edades (ya sea

con «toques de queda» y/o «controles nocturnos») para evitar

el contacto de los jóvenes con el «riesgo» de la noche, con el

«riesgo» del delito, a esas horas; prohibiciones de venta de

alcohol para «evitar riesgos». Todas tienen ciertos rasgos en

común: se actúa cuando no se ha cometido todavía un delito

(¿suerte de medida de seguridad predelictiva?); pero no es

aplicada a una persona en concreto, sino a un grupo o catego-

ría de personas. Esto se hace para «evitar riesgos» que son

«imaginables», es decir, predecibles. Esta tarea no es desarro-

llada por jueces (para casos concretos), sino por administra-

ciones públicas (Ministerio del Interior, gobernadores, alcal-

xión de «sentido común» se irá erigiendo en nuevo funda-

mento «científico» de la pena privativa de libertad.

El actuarialismo, entendido como «gobernalidad» de gru-

pos enteros de la población, encuentra un ejemplo paradig-

mático en el ámbito de la regulación de los flujos migrato-

rios. En efecto, los extranjeros —o más bien los inmigrantes

extracomunitarios pobres— constituyen en la actualidad

uno de los principales «grupos de riesgo» que hay que man-

tener bajo control. Y para ello se recurre tanto al sistema

penal como a medidas gubernativas, esto es, tanto a la cárcel

como a las expulsiones administrativas.

Ya hemos mencionado más arriba —y De Giorgi lo hace

con todo detalle en su libro— que, tras el abandono del

ideal rehabilitador, la cárcel se ha configurado cada vez más

como un instrumento de incapacitación de grupos enteros

de personas (la denominada incapacitación selectiva).

Pues bien, la expulsión también constituye un mecanis-

mo de incapacitación —la persona expulsada queda impedi-

da de cometer delitos en el ámbito geográfico del que se la

expulsa— que, además, se utiliza como técnica actuarial de

gestión de riesgos. Es decir, no se expulsa a una persona por-

que se ha verificado su «peligrosidad social» mediante un

examen individualizado, sino que se expulsa a grupos ente-

ros de personas, con independencia de que hayan cometido

un delito o no, por pertenecer a una categoría de sujetos con-

siderados «de riesgo». Esto es lo que sucede con la categoría

de los llamados «ilegales», «irregulares» o «clandestinos».

En este sentido, De Giorgi nos muestra cómo la expul-

sión constituye un paradigma de las sanciones que no pre-

tenden corregir ni reeducar ya que, por definición, no rein-

sertan, sino todo lo contrario: simplemente excluyen.

Los análisis que hace el autor en toda la segunda parte de

Tolerancia cero sobre el control de las poblaciones migran-

tes, prestando especial atención a la experiencia italiana,

son perfectamente aplicables al proceso migratorio espa-

ñol, ya que el mismo tiene unas características similares al

italiano, incluida la evolución del marco legal represivo

Lejos de la patología, se considera la existencia del delito

como algo que debe darse por sentado, se supone que la

desviación es un acto normal. Sus intervenciones no deben

dirigirse a la vida individual, no la cuestionan moralmente,

ni pretenden explicarla causalmente, ni normalizarla. Sólo

procuran regular grupos humanos peligrosos para optimi-

zar el manejo o gerencia de los riesgos. Para ello será decisi-

vo el empleo de las estadísticas, no como un camino para

descubrir causas o patologías, sino como un medio de cono-

cimiento directo de factores y distribución de los riesgos, un

mapa de probabilidades a reducir o redistribuir. Se trata de

lograr una eficacia sistémica.

Los propios autores mencionados definen lo que entien-

den por «justicia actuarial», caracterizándola como nebulo-

sa, pero significante, envolviendo una particular concep-

ción político-criminal; aunque aclaran que no se trata de

una ideología en el sentido estrecho de un conjunto de

creencias e ideas que restringen la acción. Resumen perfec-

tamente esta concepción cuando destacan que la justicia

actuarial envuelve prácticas, pero no es reductible a una tec-

nología específica o conjunto de comportamientos: «en ver-

dad, es poderosa y significante precisamente porque carece

de una ideología bien articulada e identificación con una

tecnología específica. Su amorfia contribuye a su poder»12.

Es importante señalar también que el llamado «actuaria-

lismo» va a desarrollar con mucha fuerza una nueva justifica-

ción punitiva que brindaría una nueva funcionalidad a la pri-

sión, cuando todas las «medidas preventivas» anteriormente

señaladas no fuesen suficientes. Se trata de la llamada «inca-

pacitación punitiva» que busca que, por medio de impedi-

mentos físicos, se restrinja la comisión de delitos mientras

duren tales limitaciones. En efecto, empieza a afirmarse la

idea de que lo que verdaderamente logra hacer la cárcel es

substraer a los detenidos de la sociedad, alejarlos de la calle;

lo único comprobable es que la restricción espacial, a través

del encierro, reduce muchísimo las posibilidades y oportu-

nidades para delinquir. Como veremos, esta simple refle-

grado de postración moral que la sociedad española ha

venido arrastrando, desde los años ochenta, con la cultura

del «todo vale, del pelotazo, de los muchos casos de corrup-

ción, de los GAL y del desmoronamiento de los valores de la

izquierda, mientras se ha ido acentuando un clima de inse-

guridad social y el impacto terrorista de ETA».

La penetración de estas ideologías, de la que nos advier-

te Revuelta, la podemos comprobar en el campo específico

de las políticas penales, donde se ha producido una alianza

entre neoliberalismo y neoconservadurismo autoritario que

ha sido calificada en otros ámbitos como «nueva derecha».

Ambas racionalidades a primera vista parecen contradicto-

rias e incoherentes, pero neoliberales y neoconservadores

confluyen en diversos ámbitos, como en su rechazo al Esta-

do del bienestar y al intervencionismo. En el ámbito peno-

lógico, ambas racionalidades han apoyado la expansión del

encarcelamiento, ya sea desde la perspectiva de la reduc-

ción de riesgos y la consecuente incapacitación de los «gru-

pos de riesgo», como desde una perspectiva centrada en un

discurso moral acerca del bien y del mal (O’Malley, 2004).

Pero, además de este aumento de la represión, la nueva

derecha anglosajona también se ha caracterizado por involu-

crar a la «comunidad» en las tareas de seguridad y de control

del delito. Es decir, el Estado no asume en exclusiva la función

de garantizar la seguridad, sino que de la misma es responsa-

ble también la comunidad, que deberá organizarse para ello

(es el caso de las experiencias estadounidenses y británicas de

Neighborhood Watch —vigilancia vecinal—) o bien deberá

recurrir a la contratación de servicios de seguridad privada.

Intentemos analizar, brevemente, si las descripciones

que hace De Giorgi acerca de las transformaciones de los

sistemas de control tienen vigencia en las políticas penales

implantadas en España.

Ante todo podemos afirmar que, en los últimos años, las

políticas penales inspiradas en la nueva derecha han irrum-

pido con fuerza en España, sobre todo aquellas de cariz más

claramente autoritario. Es decir, si bien podemos apreciar

adoptado para hacer frente a la inmigración irregular. Así

como también pueden ser trasladadas a España todas las evi-

dencias que nos presenta De Giorgi sobre el proceso de cri-

minalización de los extracomunitarios y sobre la actuación

discriminatoria de las instancias del sistema penal frente a

los inmigrantes (mayor índice de detenciones policiales,

mayor uso de la prisión preventiva, menor concesión de

medidas alternativas, etc.).

Como hemos señalado al inicio de esta presentación,

puede resultar importante ver hasta qué punto la penetra-

ción de las nuevas racionalidades punitivas —actuarialis-

mo, law and economics, tolerancia cero— también se ha

verificado en España.

Hace dos años, Manuel Revuelta publicaba en Le Monde

diplomatique un extenso artículo titulado «España: deriva

hacia una derechización imparable» (n.º 25, julio 2001: 8-

10). En él indica, a propósito de los últimos años de gobier-

no en España que, al contrario de lo que podría pensarse,

«el Jefe del Gobierno (posee) un sólido proyecto de con-

quista del poder, basado en un nacionalliberalismo que se

ha ido asentando desde finales de los años ochenta en

torno a un equipo de jóvenes ambiciosos integrantes de la

Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), la

más importante de las seis fundaciones del PP, junto con la

de Cánovas del Castillo, organizada en torno a Fraga Iribar-

ne en los últimos años del franquismo» (ibídem: 8).

Agrega este autor más adelante, para los fines específi-

cos de este trabajo, que «los hombres de FAES han copiado

a los think tanks británicos y estadounidenses, imprescin-

dibles en el triunfo de Margaret Thatcher en 1979 y de

Ronald Reagan en 1980, con una ideología progresivamen-

te modernizada, que puede explicar las al parecer excelen-

te relaciones de Aznar con Tony Blair» (ibídem). Asimismo,

añade Revuelta que esta mezcla de ideología liberal, cristia-

na y de Hayek, se ha erigido en pilar de un «pensamiento

liberal, desregulador y privatizador». Eso sí, todo ello hace

justicia y se explica por la existencia (previa) de un alto

«Estado penal» ha ganado la batalla frente a la tradición del

control comunitario y del selfcontrol.

Sea como fuere, lo cierto es que, constituya o no un rasgo

común de los países de la Europa continental, en España se

ha hecho un gran abuso de ese monopolio exclusivo de la

violencia, el cual ha devenido absolutamente ilegítimo.

Por otro lado, y siguiendo con el análisis de la vigencia o

no en España de las descripciones de De Giorgi, podemos

observar un intento de gestión del castigo y la seguridad con

criterios eficientistas; es decir, una pretensión de optimizar

los recursos mediante la reducción de costes, que se traduce

en la «externalización» de competencias estatales o, en otras

palabras, la atribución a empresas privadas de funciones

públicas: el recurso a la seguridad privada en los servicios y

locales públicos, la gestión de servicios esenciales en las cár-

celes (por ejemplo, catering, economato…) a través de

empresas concesionarias. Pero, por el momento, apenas se

ha planteado el debate acerca de las cárceles privadas.

Además, también constatamos una elevada inversión

tanto pública como privada en sistemas de seguridad: alar-

mas, sistemas de videovigilancia, personal de seguridad

privada, etc. La seguridad se ha convertido en una mercan-

cía que centra los debates políticos, a la vez que también se

recurre como instrumento electoral a las promesas de

mayor rigor y severidad penal. Las ofertas de una cada vez

mayor penalidad y seguridad han tenido un papel central

en las citas electorales de los últimos años.

Se ha generado una «obsesión securitaria» que la socie-

dad ha ido paulatinamente internalizando en detrimento

de garantías y de libertades: «las estadísticas oficiales pare-

cen confirmar algunos rasgos de esa deriva securitaria asu-

mida por una ciudadanía en la que se mezclan desinforma-

ción y disgregación social, amén de una exigua ilustración:

la mayoría piensa que el país va bien, el 81% de los españo-

les, según encuestas oficiales, cree que el problema más

grave de España es el terrorismo, el 49% que somos racis-

tas» (Revuelta, 2001)13.

la influencia de las prácticas actuariales de gestión de ries-

gos y de los criterios eficientistas de reducción de costes, la

nota dominante de las reformas penales de los últimos

años (sobremanera desde la obtención de mayoría absolu-

ta por parte del Partido Popular) ha sido el constante incre-

mento de la represión penal.

Éste ha sido claramente el sentido de la reforma del

Código Penal realizada por la L.O. 7/2003, de 30 de junio,

de Medidas de Reforma para el Cumplimiento Íntegro y

Efectivo de las Penas, que aumenta el límite máximo de la

pena de prisión hasta 40 años, instaurando así una suerte

de cadena perpetua, y establece restricciones a la conce-

sión de derechos y beneficios penitenciarios, introducien-

do de esta forma la posibilidad de cumplimiento íntegro y

efectivo de las penas privativas de libertad, tal y como ya

anuncia el título de la ley.

En cambio, salvo error por nuestra parte, en el Estado

español no hemos visto todavía ejemplos de apelación a la

comunidad para que se autoorganice en el control del delito

(como es el caso del Neighborhood Watch). Es decir, al

menos por el momento, parecería mantenerse un gran pro-

tagonismo estatal en el control del delito y la represión de los

infractores.

Pero quizá este protagonismo estatal en las políticas de

control y el hecho de que la función de castigar no sea dele-

gada en instancias privadas no es un rasgo que caracteriza

en exclusiva al Estado español, sino más bien a toda la tradi-

ción política de la Europa continental. Como ha señalado

Dario Melossi (1992) —quien, dicho sea de paso, constitu-

ye un referente teórico de las investigaciones de De Gior-

gi—, la tradición anglosajona ha construido un concepto

de control social basado en el consenso de la sociedad y no

delegado en las exclusivas manos del Estado, frente a la tra-

dición conflictual y estatalista del continente europeo, que

ha monopolizado el recurso a la violencia como forma de

control de la población. Aunque, a la vista de la cifra de

encarcelamientos en EE.UU., parece que finalmente el

siones, expresión también del deterioro y descomposición

de la propia clase obrera» (Ibídem); la definitiva «construc-

ción del problema de la inmigración» que, por su resonan-

cia, se ha convertido en una bomba «con la espoleta de efec-

to retardado».

Tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001,

los caminos apuntados se afianzaron aún más, con la suce-

sión de diversos acontecimientos. El primero, se vincula con

la reforma del Código Penal (el «Código de la Democracia»,

estrenado hace siete años), con el fin de «erradicar físicamen-

te de las calles a los más graves infractores» (tal y como anun-

ciaba el entonces ministro del Interior, Mariano Rajoy), a tra-

vés de drásticos agravamientos de penas en casos de

multirreincidencia, imitando el debate estadounidense de la

ley de los three strikes and you are out, pese a los reclamos

de inconstitucionalidad en que semejantes medidas puedan

incurrir. Las reformas entradas en vigor en julio de 2003 (ele-

vando el cumplimiento efectivo de penas de prisión de 30 a

40 años) confirman con creces las previsiones apuntadas.

El segundo acontecimiento se vincula con las diversas

represiones de las manifestaciones antiglobalización, pese a

existir serias sospechas de provocaciones policiales, agentes

infiltrados y disfrazados que habrían comenzado destrozos

al final de una manifestación de miles de personas. La pre-

tensión gubernamental de comparar semejantes acciones

colectivas con la llamada kale borroka (lucha callejera), que

tiene lugar en Euskadi (vinculada a la problemática terroris-

ta), constituye otro (burdo, pero serio) intento por crimina-

lizar a los movimientos sociales que, aún pacíficamente, se

oponen cada vez más en grandes ciudades a los dictados de

los grupos económicos y financieros de la actualidad.

Tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001, diversas

son las medidas que se anunciaron desde el Gobierno espa-

ñol. Una semana después de los ataques a EE.UU., España

anuncia que «impulsará leyes antiterroristas en su presi-

dencia de la Unión Europea». Ello fue anunciado con la

plena aceptación del principal partido de la oposición, con

Desde luego, todo ello viene abonado por la estrategia

de un terrorismo que parece adherirse a la idea de «cuanto

peor, mejor». Indicaba al respecto Revuelta que «es obvio

que el objetivo estratégico final de lograr una independen-

cia vasca continúa siendo una posibilidad remota y tal vez

inviable, aun suponiendo que el gobierno español permi-

tiese la celebración de un referéndum aplicando el dere-

cho de autodeterminación». Todo ello, tratado con el

reduccionismo mediático que desde Madrid se utiliza,

ignorando y silenciando la complejidad de una izquierda

vasca contraria a la violencia, «refuerza la tosquedad políti-

ca de la actual ofensiva terrorista» y provoca identificacio-

nes fáciles de orientaciones contestatarias sospechosas de

connivencias con quienes practican la violencia política.

Las denuncias sobre «criminalización de movimientos

sociales?» (particularmente en Cataluña, señalando a

movimientos radicales, independentistas, okupas, anar-

quistas…, como consecuencia de la desarticulación de

comandos de ETA, en una muestra más de la «caza de bru-

jas» iniciada) o los posicionamientos de los españolistas

frente a las «provincias traidoras» (para acallar los recla-

mos de las nacionalidades históricas y los incumplimien-

tos de los estatutos de autonomía), conforman un cuadro

que se perfila, en palabras de Revuelta, como el de una

«derechización imparable».

En tal sentido, este analista concluía con el augurio de lo

que él denomina «negros presagios» e indicaba los siguien-

tes: el control de los medios de comunicación que no sean

especialmente dóciles con el gobierno14; los intentos por

fiscalizar cada vez más los aparatos de la Administración de

Justicia15; la ocupación por la derecha del campo político y

social español que es, cada vez más, multifacética; el impul-

so, cada vez mayor, que se va dando a la enseñanza privada

en detrimento de la pública; «la patética historia de los sin-

dicatos (dependientes económicamente y, además de

burocratizados, reblandecidos por esa dependencia guber-

namental) que forma parte de una agotadora lista de conce-

respuesta queda a la reflexión del lector y lectora.

Sólo esperamos haber contribuido —tanto con la tra-

ducción del libro, cuanto con esta presentación— a abrir el

debate en nuestro contexto cultural acerca de las profun-

das transformaciones que se están produciendo en el ámbi-

to de las políticas penales; transformaciones que, como se

ha señalado, primeramente se produjeron en el contexto

anglosajón y, a partir de la década de los noventa, se han ido

exportando paulatinamente a otras latitudes. Y se trata de

transformaciones que posiblemente conllevan un cambio

del paradigma dominante en las ciencias penales a lo largo

de gran parte del siglo XX —la ideología de la rehabilita-

ción— en favor de un nuevo lenguaje, unos nuevos objeti-

vos, unas nuevas técnicas, que pueden ser denominados

como «actuarialismo».

Iñaki Rivera Beiras

Marta Monclús Masó

Barcelona, enero de 2004

lo que se alcanza un importante consenso en esta materia.

Un día más tarde, el entonces ministro de Asuntos Exterio-

res del Gobierno español, Josep Piqué, tras indicar las posi-

bles conexiones del fundamentalismo islámico extremis-

ta en España, indicó que era esencial estrechar la vigilancia

de las fronteras en la lucha contra el terrorismo. En directa

relación con ello, el entonces presidente del Gobierno

catalán, Jordi Pujol, expresó textualmente «que el refuerzo

de la lucha contra la inmigración ilegal es también un

refuerzo de la lucha antiterrorista» (cfr. El País, 19 de sep-

tiembre de 2001). A la semana siguiente, el Gobierno espa-

ñol anunció que «el futuro Centro Nacional de Inteligencia

(CNI) podrá intervenir comunicaciones y entrar en domici-

lios sin permiso judicial previo, siempre que se trate de

casos urgentes e investigaciones sobre terrorismo».

Desde luego, y como es plenamente sabido, el apoyo y

contribución del Gobierno español a las aventuras bélicas

norteamericanas, tanto en el caso de Afganistán como de

Irak —pese al rotundo rechazo popular expresado en

manifestaciones verdaderamente millonarias en todo el

Estado— pusieron definitivamente en evidencia el carácter

de lacayo del Imperio que Aznar desempeña.

Actualmente, y para terminar este listado que podría ser

mucho más extenso, las nuevas reformas del Código Penal

de diciembre de 2003, esta vez para criminalizar las consul-

tas populares que carezcan de consentimientos estatales

(en clara alusión al denominado «plan Ibarretxe» en Euska-

di) y castigar ese «exceso de democracia» con penas de

hasta cinco años de cárcel, acaban por confirmar más, si

cabe, la dirección iniciada.

Como claramente puede observarse, todos los funda-

mentos de un sistema penal garantista (consensuado en

España en la etapa de la «transición política a la democra-

cia»), empiezan a ser rápidamente desmantelados. Des-

pués de este análisis, y volviendo a la obra de De Giorgi:

¿resultan tan lejanos culturalmente hablando los escena-

rios por él investigados en la obra que aquí presentamos? La

el sistema de equilibrios internacionales surgido de la Segunda Gue-

rra Mundial y sin la creación de organizaciones económicas interna-

cionales —GATT, Bretton Woods, FMI, BM—, dedicadas a favorecer la

expansión del conjunto de las economías capitalistas occidentales.

12. Conviene recordar que la voz «actuario» es definida como «persona ver-

sada en los cálculos matemáticos y en los conocimientos estadísticos,

jurídicos y financieros concernientes a los seguros y a su régimen, la

cual asesora a las entidades aseguradoras y sirve como perito en las

operaciones de éstas» (DRALE). De Giorgi indica que la expresión

«control actuarial» pone de relieve que las nuevas estrategias de con-

trol se basan en procedimientos típicos de la matemática de los seguros

(2000: 17). Completando todos estos datos, señala Zysman (2004) que

el actuarialismo halla sus orígenes en tecnologías desarrolladas fuera

del sistema penal: a) en el derecho de daños: siempre consideraron

que fue el «derecho de daños» el primero que desarrolló un lenguaje de

utilidad social y gerencialismo frente al tradicional de la responsabili-

dad individual; b) en el análisis de sistemas: que se desarrolló en las

prácticas de las matemáticas, la física y la ingeniería eléctrica y desde allí

(concebido como un medio para racionalizar las decisiones) saltó a las

prácticas de la Secretaría de Defensa de los EE.UU. (en los años sesen-

ta) desde donde terminaría por descender al ámbito del sistema penal;

c) en el movimiento de law and economics.

13. Como indica este autor, «el gobierno ha podido comprobar la eficacia

de años de mensaje y masaje panglosianos y amnésicos. Los medios de

comunicación han repetido incansables —la mayoría de la gente pare-

ce estar convencida— que se ha vivido una transición ejemplar de la

dictadura franquista a la democracia, aunque, como ha señalado

Vicenç Navarro (catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad

Pompeu Fabra, Barcelona) “no ha sido modélica, sino que se había

realizado en condiciones muy favorables a las derechas, las cuales

habían hegemonizado aquel proceso”. Muchos de los que hoy se felici-

tan por el procesamiento del general Pinochet en Chile llevan años

celebrando que aquí no se hayan perseguido judicialmente los críme-

nes del franquismo» (ibídem).

14. En España existe la libertad de expresión incluida en el articulado de su

Constitución. «Conviene sin embargo recordar las discusiones sobre la

televisión pública y las televisiones privadas en los años ochenta, cuyos

resultados concretos fueron pasar del anterior monopolio a un sistema

oligopólico, controlado por la Administración y al dominio de tres pode-

rosos grupos mediáticos privados. Todo ello en un contexto en el que

tiende a confundirse libertad de prensa y libertad de empresa, mientras se

asiste a una sorda lucha por el control político de la información entre los

sectores económicos próximos a cada uno de los dos bandos del sistema

bipartidista imperante» (ibídem).

15. «Podría hablarse, con formulación publicitaria, de un proceso que ha

evolucionado desde una politización de la justicia a una judicializa-

ción de la política. En relación con el tema vasco, una serie de procesos

abiertos, desde el cierre del diario Egin al cierre de la Revista Ardi Belt-

za, detención de la dirección completa de Herri Batasuna, o del grupo

legal Xaki, encarcelamiento del periodista Pepe Rei, con acusaciones

genéricas, inadecuadas a los principios básicos y a la individualización

propia del Derecho Penal, están mostrando una utilización política de

lo judicial de una más que dudosa constitucionalidad» (ibídem).

Notas:

1. En los EE.UU. la adopción de diversos modelos de in-determinación

de la pena —desde finales del siglo XIX hasta hace pocos años— reve-

la, con mucha más fuerza que en el mundo jurídico continental euro-

peo, la profunda fe en el modelo rehabilitador.

2. Inmediatamente seguidos por los modelos autoritarios de la Francia

ocupada y las dictaduras imperantes por décadas en Portugal y en

España.

3. Como ha señalado Jiménez de Asúa, mientras aquel movimiento refor -

mista continuaba con su evolución en los EE.UU. bajo un signo políti-

co liberal, Europa, en las primeras décadas del siglo XX, conoció una

involución política y, por ende, político-criminal. El autoritarismo

comenzaba a despuntar (op. cit.).

4. Como ocurrió en Nueva York con la reducción de la asistencia social

durante la recesión de 1970-71.

5. Como sucedió en el Congreso con la propuesta de subvencionar el

desarrollo del avión supersónico civil.

6. El cual, pese a sus ideas sobre «merecimiento punitivo», «determina-

ción penal» y «crítica a la discrecionalidad judicial», abogó por una

importante reducción temporal de los períodos de encarcelamiento

(cfr. Von Hirsch 1986).

7. Tipo de legislación —obligatoria— para los Jueces de sentencia por la

cual se establece que un condenado habrá de pasar «un mínimo» de

algunos años privado de libertad. También han sido conocidas con la

denominación de mandatory minimums.

8. Con estas leyes se pretende encarcelar de por vida a quienes hayan

incurrido en cierta reincidencia delictiva. La contabilización de los

tres strikes (en algunos Estados puede ser incluso suficiente con un

segundo strike) es diversa, pudiendo incluir delitos graves y violen-

tos, como en algún caso infracciones no violentas como robos en

viviendas deshabitadas. En todo caso, su filosofía punitiva es clara a

través de sus dos modelos: condena a perpetuidad sin posibilidad

alguna de obtener parole; o encarcelamientos de 25, 30 o 40 años, tras

los cuales se puede salir (si se está con vida) con parole.

9. Se trata de «guías penales» de determinación aritmética de la penalidad

a imponer en el caso concreto. A través de unas operaciones que de

manera vertical y horizontal se verifican sobre una tabla que indica en

sus casillas los meses de prisión a imponer, el Juez va «subiendo» o

«bajando» —de manera obligatoria— por las casillas hasta que encuadre

el caso según dos variables: el historial delictivo del infractor y la grave-

dad del delito. El resultado le indicará la pena a imponer.

10. En 1984, el Congreso aprobó la Ley de Reforma del Sistema de Deter-

minación de la Pena.

11. A este respecto, Silveira indica que, en la postguerra europea, los

poderes económicos y políticos respondieron a la crisis económica,

social y política de los años treinta y cuarenta con el modelo fordista

de sociedad. Éste se caracterizó a grandes rasgos por: la organización

taylorista del trabajo, el crecimiento de los salarios en función de la

productividad, una distribución pública de recursos económicos, el

establecimiento de un sistema generalizado de seguridad social, el

desarrollo del consumo de masas y la extensión del bienestar a la

mayoría de la población. La extensión de este modelo de sociedad,

que Galbraith llamó «sociedad opulenta», no hubiera sido posible sin

Siempre hay una zona de indeterminación entre un sistema

que pretende ser reformista y una reforma que pretende ser

sistemática. ¿Cómo se controla esta indeterminación, esta

zona de incertidumbre y esta falta de medida común? Éstas

son precisamente las cuestiones que resultan centrales en el

paso de la cultura de la disciplina (el sistema fordista) hacia

un nuevo modelo de control (la cultura postfordista), de un

modo de producción centrado en el obrero de la fábrica hacia

otro modo de producción que vive de la explotación social de

la fuerza de trabajo.

Muchos, en la edad clásica del pensamiento burgués

europeo, se devanaron los sesos estudiando estos proble-

mas, y lo hicieron con razón. El problema era difícil de resol-

ver y, a veces, escandaloso. Musil, gran vengador de la dis-

crepancia entre reforma (ideal) y sistema (real), siguió la

contradictoria andadura del pensamiento en este escollo.

Se apasionó y conmovió al describirlo, y no excluyó que la

indeterminación entre la identificación del «reino de los

fines» y la consistencia sistémica de lo real pudiese producir

un «monstruo». En su libro El hombre sin atributos, Musil

llamó Moosbrugger a este monstruo.

Por otro lado, ya en Kant el mismo enfrentamiento había

determinado el vértigo de lo «sublime». En la revolución

francesa (y quizá también en alguna otra) esta misma inde-

terminación permitió, nutrió y construyó la ética del

«terror»... Ahora la ciencia jurídica pretende controlar esta

indeterminación de la transición (de la época) del fordismo

al postfordismo: no debe haber «monstruo» en esta transi-

ción, no debe producirse una desmesura que rompa aquel

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bles escenarios. Barcelona: Anthropos Editorial.

Prefacio

los teóricos anglosajones que desde fines de los años setenta

avanzan en el sentido de un «revisionismo fuerte» del dere-

cho penal democrático y propio del welfare.

En efecto, la subversión neoliberal de Thatcher y Rea-

gan no se limitó a cantar las virtudes de la sociedad neolibe-

ral y del mercado global, ni a calibrar la represión basada en

el modelo de la probabilidad (una represión overlapping

diría Rawls, con el humor que lo caracteriza): aquella sub-

versión ha producido efectivamente organización e institu-

ción, sistema y subjetividad. Por tanto, el modelo con el

cual confrontarse es realmente «fuerte». Se trata, ni más ni

menos, de la organización del sistema penal y carcelario, o

más bien de su nueva configuración basada en una «ver-

dad» elemental: el Estado no debe reeducar, ni corregir, ni

menos aún salvar almas, sino que sólo debe castigar ejem-

plarmente o, mejor aún, «típicamente» (el tipo es estadísti-

camente identificable) todas y cada una de las rupturas del

orden. Entonces es probable que el Estado deba crear alar-

mas sociales para transformarlas en fuentes de consenso

hacia las instituciones y prevenir, de este modo, un even-

tual disenso político...

¿Qué le sucedería al Estado «postmoderno» (esto es,

cuando las prósperas singularidades y la cooperación

social ya no necesiten del Estado para meterse en redes

productivas) si no reprodujera el terror de las ancianas

como única condición de seguridad? Desde otro punto de

vista: mientras los fondos de pensiones son robados y la

Bolsa es declarada como un a priori trascendental, ¿cómo

se mantiene el consenso? ¿Es posible mantenerlo sobre la

base del tema de la seguridad? Miserables, sin la pensión

merecida, pero vivos... ¿quién preferiría lo contrario? ¿O

alguien prefiere el caos?

Evidentemente estamos ironizando, ¿pero hasta qué

punto?

Observemos el Floud Report de 1981, una especie de

Carta Magna de la reacción thatcheriana contra los «horri-

bles» años setenta. Este informe pretende, e incluso impone,

circuito virtuoso de la disciplina de la fábrica que se convier-

te en control social. ¡Adiós Moosbrugger!

Alessandro De Giorgi parte de una doble constatación:

en la metamorfosis del modo de producción, entre la época

fordista (disciplinaria) y la época postfordista (de control de

la movilidad territorial y de la flexibilidad temporal de la

fuerza de trabajo masificada), hay una zona de indetermina-

ción, esto es, una zona de gran confusión. Pero, precisamen-

te (segunda constatación), esta indeterminación se convier-

te en un campo de interferencias biopolíticas, de gestión de

las poblaciones, de los territorios y, sobre todo, de los cuer-

pos... Ya no está el monstruo irreductible, no debe estar

más. Intentemos ver si este terreno puede ser dominado por

la contabilidad de la vida y de la muerte... Ciertamente,

podría estarlo: quizá la hipótesis y la experiencia «actuaria-

les» lo demostrarán... Moosbrugger se va y deja espacio al

cálculo de probabilidades y a su Minerva: ¡los seguros!

Ciertamente De Giorgi no es el primero en ponerse en esta

situación crítica y en asumir el «actuarialismo penal» como

objeto de estudio privilegiado para el análisis (y odioso para

la conciencia). Ya los epígonos del pensamiento de Foucault

(y entre ellos, con algún éxito, François Ewald) se habían ocu-

pado en profundidad de esta cuestión.

Ewald hace derivar el caso que nos interesa —la transi-

ción de la disciplina al control— hasta convertirlo en para-

digma de la postmodernidad y en una expresión, entre

otras, del «fin de la historia». Una versión «débil», por tanto,

de la reducción del «monstruo» a la «ciencia actuarial». Ver-

sión ya oída en otros tiempos, en otros lugares: Leopardi,

nuestro viejo autor y héroe, había denunciado a su manera

cómo en épocas contrarrevolucionarias, cuando la vida ha

perdido sentido, la presunción de comprender el presente

se reduce a la «estadística»...

Pero la liquidación de una «débil» posibilidad de gobier-

no de la transición no es suficiente para De Giorgi: no se

resigna a confrontar las teorías, quiere observar la realidad.

En esta tarea lo ayudan —perversamente— y lo promueven

duce a partir del máximo de potencia (de cooperación, de

reapropiación del saber y del saber hacer social, de produc-

tividad) que el hombre postmoderno ha alcanzado. De

Giorgi lo comprende, lo describe y sigue adelante.

En un capítulo de su libro De Giorgi abre un importante

paréntesis sobre el control de los flujos migratorios por

parte del Estado neoliberal. Como se sabe, la importancia

que tienen las sanciones penales dentro de las políticas de

control de la inmigración es esencial: lo que raras veces se

advierte (en cambio De Giorgi lo subraya ampliamente) es

hasta qué punto la dimensión inmigratoria influye sobre la

«normalidad» del derecho penal y, por tanto, en qué medida

el derecho penal «normal» absorbe (asume típicamente) los

análisis, juicios, perspectivas y planteamientos normativos

del derecho penal del control de la inmigración. La inmigra-

ción, y sobre todo su regulación, se convierten entonces en

un lugar central del pasaje del fordismo al postfordismo, de

la sociedad disciplinaria a la sociedad del control. ¡La tarea

de disciplinar a Moosbruger, en aquel espacio de indetermi-

nación que transcurre entre el pasado y el presente, es susti-

tuida entonces por la tarea de controlar a Calibán!

Con esto retornamos al inicio de esta lectura (que no es

una verdadera y plena lectura porque muchísimos elemen-

tos, y no precisamente los menos importantes, quedan

fuera de nuestra presentación) y al problema de cómo

afrontar desde el punto de vista teórico, y en la entera

dimensión de lo biopolítico, la transición del fordismo al

postfordismo (y, quizá, no creo que sea azaroso decirlo, de

la modernidad a la postmodernidad) desde la perspectiva

del derecho penal. ¿Qué significa en este ámbito «control

actuarial»? Significa, ante todo, que el poder ha perdido la

posibilidad de regular contractualmente el desarrollo de

las luchas sociales y, por tanto, de interpretar el eventual

diagrama de las fuerzas en movimiento (la caída de muchos

trámites de representación —populares y/o de clase— y la

emergencia de zonas de elevadísima opacidad política y/o

social parecen ser sintomáticas a este propósito).

que los tribunales y las autoridades se atribuyan preventiva-

mente poderes para proteger a los ciudadanos de los peli-

gros provocados por la transformación social (del Estado del

bienestar al Estado neoliberal, integrado mundialmente).

El Floud Report es, en el derecho penal, el equivalente

del Informe (de 1976) de la Trilateral sobre los «límites de la

democracia». O sea, supone la introducción de un nuevo

paradigma, la traducción del nuevo «ciclo político» y «eco-

nómico» en un nuevo «ciclo penal» o «punitivo». El Estado

neoliberal, no contento con privar a los ciudadanos de toda

participación en la producción y con permitir —cuando no

los construye directamente— espacios de exclusión, pro-

duce una adecuada taxonomía social, armada de una con-

secuente lógica punitiva. El nuevo derecho penal debe pro-

ducir subjetividad, y la ejecución de esta producción

consiste en la mísera existencia del excluido, del reprimi-

do, del pobre.

De Giorgi recorre estos pasajes con perfecta conciencia

teórica de la profundidad de la transformación y con la

indignación que su comprensión provoca. Encontramos

bellas páginas políticas en su libro.

En este contexto, sin embargo, nos golpea también la

paradoja de esta «revolución reaccionaria». Tal paradoja

consiste en el hecho de que, por un lado, el Estado parece

estar desgarrado de la sociedad, de los ciudadanos, quitado

del medio como una máquina burocrática absurda y dispen-

diosa; por otro lado, nunca el Estado ha aparecido tan inte-

grado en la sociedad como cuando se trata de organizar el

«libre mercado» y la libre producción de las subjetividades

(además de las mercancías). Me explico mejor: el Estado

neoliberal es algo totalmente distinto de un Estado ausente

o neutral; es, también, lo contrario de un Estado ligero y

ágil: es, en efecto, una máquina «biopolítica» que intervie-

ne, con instrumentos adecuados para el control de la subje-

tividad y de la cooperación, sobre los procesos «totales» de

producción de la vida. Para decirlo en pocas palabras: el

Estado neoliberal no sólo produce al pobre, sino que lo pro-

—una más precisa distinción de los términos no eliminará

ni transformará la sustancia del problema—), prefigurando

una ulterior disposición para el ejercicio del terror. Estos

nuevos instrumentos represivos (y la lógica que está en su

base) abarcan —y éste es el quinto elemento original de la

interpretación de la postmodernidad penal hecha por De

Giorgi— no sólo el delito, sino, sobre todo, aquella vida

desviada que busca la liberación fuera de la brutal necesi-

dad (¿del mercado?) o bien busca, sin más, la libertad.

Resulta extravagante terminar aquí reducidos a un len-

guaje esencial, simple, de libertad, de valores, frente a las

sutilezas de la síntesis postmoderna de la represión,

mediante el control biopolítico. Pero esos pretendidos

conceptos, si bien sutiles, estallan al chocar con la resisten-

cia de la vida. No tienen enfrente nuestra indiferencia; ni

podrán jamás cancelar la inteligencia (que compartimos

con De Giorgi) de que el universal actual (por ejemplo, la

libertad) lo podemos hacer nuestro sólo combatiendo radi-

calmente el control —como lo denominan— probabilístico

o actuarial (sea ilusión o realidad, de todos modos el inten-

to es horrible), del cual deriva la miseria de una exclusión

social insoportable.

Pero esta situación es perfectamente resistible. Y el pro-

yecto Floud (y todo lo demás) es demencial. La indetermi-

nación del porvenir puede ser atravesada de otro modo. Y

lo será.

Toni Negri

Significa, en segundo lugar, que el poder debe ahora

confiar en una «muestra probabilística» de la realidad, o

bien exponerse al peligro de una hipótesis cognoscitiva

indeterminada y de una igualmente indeterminada prácti-

ca de control preventivo. Y debe hacerlo no como un juego,

sino para determinar su legitimación y para transferirla del

nivel simbólico al de la efectividad.

En tercer lugar, en la cuestión del derecho penal, este

tránsito (y estos programas que lo atraviesan) se muestra

de una extrema dureza: realmente aquí valdría la pena

reproducir el análisis marxista de la mercancía y volver a

ponerlo en el centro de la discusión, para verificar hasta

qué punto, en cada una de las transformaciones que toma-

mos en consideración, la transfiguración mítica (o simbóli-

ca) de la brutal eficacia del dominio organiza similares y (en

la perspectiva de la violencia) inequívocas figuras del dere-

cho. No lo olvidemos: estamos hablando del derecho penal

y no de bromas. Del derecho penal y, por tanto, de la única

forma del derecho que muestra, entera, el rostro de la vio-

lencia del hombre sobre el hombre, legitimada, santificada

y asumida como prototipo del ordenamiento jurídico en

general.

Pero, en cuarto lugar, nos encontramos aquí frente a un

salto hacia delante respecto a la consideración «moderna»

(o, en palabras de Foucault, «clásica») de la represión y del

derecho penal que la organiza. Podemos decir que, tam-

bién en el derecho penal, la postmodernidad produce algo

de lo que el Estado se convierte en ejecutor. ¿De qué esta-

mos hablando? Del ordenamiento penal como dispositivo

de prevención. O sea, de la puesta en práctica de instru-

mentos represivos que, no pudiendo confiar en el conoci-

miento de la realidad (sin conflicto social ésta no existe),

asumen la pobreza y la exclusión como violencia latente y

organizan el sistema penal en torno al miedo (o bien tiem-

blan por una rebelión imaginaria).

En el riesgo insoportable, el poder se entrega a crueles

prácticas probabilísticas (actuariales, ejemplares, típicas

TOLERANCIA CERO

Estrategias y prácticas

de la sociedad de control

Este libro habla de las transformaciones del control social.

En particular, afronta algunos procesos de revisión de las

estrategias de control que han comenzado a manifestarse a

partir de los primeros años setenta, para asumir después

progresivamente dimensiones cada vez más notables en el

curso de los años ochenta y noventa.

En los umbrales del siglo XXI, no somos aún capaces de

imaginar qué y cómo será el control social en el futuro pró-

ximo. Podemos, no obstante, decir lo que ya no será.

No será más el conjunto de prácticas y estrategias con las

cuales se ha identificado sobre todo en la segunda mitad

del siglo XX. Y podemos también avanzar algunas hipótesis

sobre el futuro, siguiendo aquel «método de la tendencia»

que constituye tal vez lo más vivo y actual que resiste del

análisis marxista de la sociedad.

Antes de intentar ciertas previsiones debemos aclarar

un punto. Aquí hay un problema de definiciones.

No está del todo claro, queriendo ser sinceros, ni siquie-

ra qué ha sido hasta hoy el control social, esta entidad tan

intrusiva pero al mismo tiempo indistinta. Debemos enton-

ces trazar los límites, delimitar un espacio de sentido den-

tro del cual establezcamos qué es el control social y fuera

del cual establezcamos qué no lo es.

Por ahora, puede ser suficiente decir que por control

social entiendo un conjunto de saberes, poderes, estrate-

gias, prácticas e instituciones, a través de las cuales las élites

del poder preservan un determinado orden social, esto es,

una específica «geografía» de los recursos, de las posibilida-

des, de las aspiraciones.

Muchos, con conocimiento o sin él, han contribuido a la

realización de este libro.

Entre los primeros, mis agradecimientos a David Loschiavo por

su insustituible lucidez crítica, a Dario Melossi y Massimo

Pavarini por sus sugerencias, a Alessandro Baratta porque ha

sido un maestro, a Venere Bugliari por sus innumerables críticas

y a Toni Negri por la incitación a continuar.

Entre los segundos, mis agradecimientos a todos los hombres y

mujeres cuya aspiración por la libertad se enfrentó contra el

muro de la indiferencia occidental para naufragar después en

las aguas del Adriático.

Este trabajo está dedicado a aquellos que emigran.

Introducción

sus propios dispositivos de control. Es posible, como sugie-

re Deleuze, que la sociedad disciplinaria sea verdaderamen-

te el epílogo y que de sus ruinas nazca una sociedad de con-

trol cuyo espacio de ejercicio del poder sea la biopolítica.

Pero también es posible, por el contrario, que el disciplina-

miento esté en el ápice desde el momento en que las cárce-

les (uno de los dispositivos cardinales del sistema discipli-

nario) no han estado nunca tan sobrepobladas como hoy.

La disputa entre continuidad y ruptura es verdadera-

mente irresoluble. Aquí me limitaré a individualizar alguna

tendencia, alguna emergencia que, si no indica de modo

inequívoco una ruptura radical respecto al pasado, nos

advierte al menos que no todo sigue siendo como antes.

El control no se ejerce ya tanto sobre individuos concre-

tos desviados (actuales o potenciales), cuanto sobre sujetos

sociales colectivos que son institucionalmente tratados

como grupos productores de riesgo. Los dispositivos del

poder, utilizando metodologías de cuantificación y trata-

miento del riesgo de desviación que recuerdan las que son

propias de los seguros, parecen apuntar a la gestión de cate-

gorías enteras de individuos. La meta es redistribuir un ries-

go de criminalidad que se considera socialmente inevitable.

De ello deriva la expresión «control actuarial», que alum-

bra la semejanza entre las nuevas estrategias de control y los

procedimientos típicos de la matemática de los seguros. Estas

estrategias —de hecho, exactamente igual a como proceden

los seguros respecto a los riesgos de un accidente— conside-

ran normal el riesgo; un riesgo que sólo puede ser gestionado

a través de una intervención sobre el ambiente, sobre los

comportamientos exteriores de los grupos sociales.

Por ahora no deviene necesario explicar el significado del

término «actuarial». El vocablo aparece frecuentemente en el

texto: lo adopto como término explicativo (pero no es el

único posible) de las nuevas estrategias de poder sobre la des-

viación. Me basta aquí señalar este primer aspecto de ruptura

respecto al poder disciplinario: a un modelo centrado sobre

el individuo y sobre la posibilidad de producir sujetos disci-

Se puede también decir que control social es el proceso

(histórico) de construcción de la relación entre poder y

desviación: poder de definir las normas y de etiquetar a

quien de ellas se desvía, poder de inducir conformidad y de

reprimir la disconformidad, poder de trazar la diferencia

entre lo normal y lo patológico, poder de corregir castigan-

do y de castigar corrigiendo.

El control social cambia en el espacio y sobre todo en el

tiempo. Si dirigimos la mirada a la historia occidental de los

últimos siglos, descubrimos un proceso de continua revolu-

ción de las formas de control. Como el capital, también el

control se desenvuelve históricamente según fases y ciclos.

Y sigue la lógica de la superación de la contradicción. Cuan-

do las contradicciones internas de un «modo de controlar»

se profundizan hasta hacerse explosivas, sobreviene una

superación: nuevas estrategias, nuevas técnicas, nuevas

prácticas toman forma sobre las cenizas de las antiguas.

Por consiguiente, el siglo XXI parece inaugurarse anun-

ciando algunas transformaciones relevantes sobre la ver-

tiente del control. Pero no sólo sobre esta vertiente. Asisti-

mos al agotamiento del Estado-nación, del Welfare State,

del fordismo. ¿Asistiremos también al agotamiento de

aquellas modalidades de control social que se consolida-

ron sobre estos presupuestos?

La genealogía del poder disciplinario trazada por

Michel Foucault ha suministrado una caja de herramientas,

de instrumentos de la que ha sido posible recoger informa-

ción, en particular para la criminología crítica, para descri-

bir los dispositivos de control social típicos del welfare.

Tratamiento terapéutico, rehabilitación de los deteni-

dos, intervención social sobre las «causas» de la criminali-

dad, prevención social de la desviación: todos aspectos

«keynesianos» del control que parecen haber sido lanzados

al viento. ¿Podemos sostener que se está desplegando un

paradigma postdisciplinario?

Es cierto que se están resquebrajando los presupuestos

materiales sobre los que el Estado social había construido

si no acertamos a hacer emerger los contornos de la subjeti-

vidad social sobre la cual los dispositivos de control se acti-

van selectivamente. La segunda parte se concentra sobre los

movimientos migratorios de los últimos años a países euro-

peos (particularmente, Italia). La ecuación inmigración-cri-

minalidad es cada vez más frecuente en los medios de comu-

nicación, en el mundo político y en los infalibles expertos.

La cuestión inmigratoria es hoy una cuestión criminal; inda-

garla significa, por consiguiente, arrojar luz sobre la dinámi-

ca del control social.

Ésta es la sección más consistente del libro, lo que

puede parecer muy extraño para un trabajo que se ocupa

de las transformaciones del control en general; pero la

amplitud de la sección deriva de la convicción de que sólo

observando el control social en acción se puede ver de qué

modo las tendencias están haciéndose realidad.

Los inmigrantes, la emergencia que sobre su presencia

ha sido construida y las formas de control que se afirman

(legitimadas por esta emergencia) constituyen un ejemplo

de las nuevas estrategias de control. Es evidente que no se

trata del único posible. También otros sujetos, que en

modos diversos expresan una marginalidad social difusa, en

cuanto son considerados poblaciones de riesgo, comparten

con los inmigrantes el privilegio de atraer sobre sí mismos la

atención de las agencias de control.

Pero la elección de mirar a la inmigración extracomuni-

taria constituye, para mí, una elección más política que

científica.

El inmigrante es un espejo en el cual todas las contradic-

ciones de la sociedad contemporánea hallan maneras de

reflejarse.

El inmigrante nos habla del presente y es capaz de atra-

vesarlo libre de la viscosidad de la costumbre, exento del

desencanto de lo ya visto. A través de la condición del inmi-

grante observamos nuestra condición; y se nos fuerza a

revisar nuestras certezas sobre lo justo y lo injusto, sobre

aquello que es aceptable y aquello que no lo es.

plinados, le sustituye una modalidad de control que se vuelve

sobre enteros grupos sociales.

En la primera parte del libro trato de reconstruir el largo

camino recorrido, en el cual ha sido consumida y agotada la

forma del control hegemónico durante la fase del Welfare

State, y de describir su superación.

Pero las estrategias de control social no pueden ser com-

prendidas independientemente del conjunto del contexto

histórico dentro del cual adquirieron consistencia: un con-

texto histórico definido por procesos políticos, culturales y

económicos.

Adopto una óptica materialista en el trazado de las cone-

xiones que parecen ligar el control a otros fenómenos

sociales y, en particular, a las diversas articulaciones del

ciclo económico capitalista. Intento, así, en la perspectiva

de una crítica de la economía política de la pena, ver cómo

es posible reconducir la crisis de la disciplina (como rela-

ción de control) a la crisis del fordismo (como relación de

producción). ¿Se puede sentar la hipótesis de que el ocaso

del paradigma fordista de organización de las relaciones de

trabajo anuncia la desaparición del paradigma disciplina-

rio de organización de las relaciones de poder? ¿Es posible

que las vicisitudes de la valorización capitalista impliquen

una mutación de las vicisitudes del control? En suma, ¿se

puede intentar un análisis de la relación entre economía y

pena a partir de aquella sintetizada en la fórmula: cárcel y

fábrica?1

Una perspectiva rígidamente materialista, viciada por el

determinismo económico típico de la vulgaridad marxista,

no convence. Quiero, por ello, integrar este análisis con un

recorrido más amplio que tenga en cuenta algunas variables

culturales y, sobre todo, los procesos de interacción entre

los individuos y las construcciones sociales de la desviación.

Este aspecto será central en la tercera parte del libro.

Describir las transformaciones del control social tiene

poco sentido si no estamos en condiciones de individualizar

el objeto del control (también novedoso, probablemente),

Las causas y el engaño

Superados los viejos vínculos positivistas (en base a los cua-

les la desviación era considerada como manifestación de

una patología individual o social), el pensamiento crimino-

lógico se ha apropiado del tema del control social como

estrategia para afrontar una desviación ahora ya separable

de la patología. Las diversas orientaciones que se pueden

identificar en el ámbito de ese pensamiento comparten la

«búsqueda» del control, el intento de individualizar un

«lugar del control». Se difunde así un lenguaje que, en su

inmediatez expresiva, da cuenta de la cuestión de que el

problema del control social es asumido como un hecho,

como una evidencia: se habla de lugares, instancias y agen-

cias de control, de funciones de control, de instituciones,

estructuras y aparatos de control.

La idea ocupa ya un horizonte muy amplio y escapa a todo

intento de circunscribirla o especificarla. Control social es la

delimitación de un espacio de actuación, de un espacio de

conformidad. Pero control es también la división capitalista

del trabajo. También representan expresiones de control

social el derecho y la economía en cuanto producen formas

específicas de existencia colectiva. Control social es la psi-

quiatría, como dispositivo que institucionaliza la produc-

ción de saber y determina la exclusión de los saberes «distin-

tos» como enfermedad.

Por último, la idea misma de desviación está vinculada a

modalidades específicas de control, así como lo están su

tratamiento y su represión.

Intento centrar la atención sobre el inmigrante contro-

lado, en zona de espera, en el más encarcelado de los ciuda-

danos, el inmigrante convertido en invisible por las leyes

que tratan de rechazarlo y enviarlo fuera de los muros de la

Europa fortaleza, el inmigrante no-persona (por decirlo

con Dal Lago). La no-persona habla de la crisis de la socie-

dad salarial y de un derecho a la ciudadanía que no acerta-

mos a pensar y a practicar fuera del trabajo. De la construc-

ción retórica de un espacio político europeo y de la

perimetración violenta de sus límites externos. De la crisis

del Estado-nación y de su reaparición como Estado policial.

Éste (y así volvemos al punto de partida) es por tanto un

libro que habla del control social. Pero el control social, a

su vez, ilustra una serie de contradicciones tales como el

modo en que el sistema intenta ocultarlo.

Notas:

1. El trabajo pionero de Dario Melossi y Massimo Pavarini, Cárcel y Fábri-

ca, no se limita a una reconstrucción histórica del surgimiento de la

penitenciaría centrada sobre los orígenes del modo capitalista de pro-

ducción, sino que abre además un filón y un desafío analítico respecto a

las nuevas formas de control social, el cual, en pleno Welfare State, va

más allá de los espacios perimetrales de la cárcel y de la fábrica para des-

plegarse sobre el territorio, sobre la sociedad-fábrica en su compleji-

dad: «El nuevo criterio directivo es el de la capilaridad, el de la extensión

y el de la pervivencia del control. No se encierra más a los individuos: se

les sigue allá donde son normalmente encerrados: fuera de la fábrica,

en el territorio. La estructura de la propaganda y de los medios de comu-

nicación, una nueva y más eficiente red de policía y asistencia social,

representan los signos del control social neocapitalista» (ibídem, p.

26). En este trabajo somos grandes deudores de la aproximación meto-

dológica de Melossi y Pavarini; queremos continuar idealmente este

análisis a la luz de las transformaciones en el sentido postfordista de la

economía capitalista.

PRIMERA PARTE

Estrategia y práctica de la

sociedad de control

preveen una proyección de secuencias en la realización de

los programas.

También este segundo aspecto aglomera las diversas

orientaciones que han dominado la reciente criminología.

También ello constituye un límite para la reflexión: propo-

nerse superarlo significa comprender las nuevas tenden-

cias que se van perfilando.

El control social puede sin duda ser definido como un

conjunto de funciones atribuidas a ciertos aparatos o a cier-

tas estructuras históricamente determinadas, cuyas carac-

terísticas cambian en el espacio y en el tiempo. Estas funcio-

nes, en una lectura muy simplificada, consisten en reducir

las posibilidades de comportamiento de un individuo,

determinando vínculos, dispositivos de descubrimiento de

la infracción y del castigo.

En este sentido, la cárcel puede ser considerada una insti-

tución de control social, o pueden serlo las estructuras de

asistencia social, los manicomios, la fábrica y la familia.

Pero como instrumentos de control social también se

definen determinadas orientaciones de la política. Cada

opción política individual, o cada decisión particular asu-

mida en el ámbito del gobierno de los problemas sociales,

produce condiciones de mayor o menor intensidad y exten-

sión del control social. El campo de observación se extien-

de entonces a las perspectivas que interpretan los efectos

del control inducidos por esas políticas: es el intérprete

quien determina qué ámbitos de la política se engloban en

la definición de control social.

Finalmente, la legislación: se puede sostener que tam-

bién esta última persigue una función de control social.

Así pues, estructuras o instituciones, orientaciones de la

política y legislación: tres grandes concatenaciones en torno

a las cuales tiende a construirse históricamente la categoría

del control.

Ahora bien, las orientaciones que se postulan para cons-

tituir las nuevas tendencias del control no se pueden recon-

ducir individualmente a nuevas instituciones, a nuevas for-

La reflexión sobre el control social y la desviación nos

lleva a pensar en términos de relación entre causas y efectos.

Es lo que sucede cuando pensamos que existen «causas de la

desviación» (pobreza, marginación social, malicia indivi-

dual, condición de extranjero). Es lo que sucede cuando

pensamos que el control social es consecuencia de la desvia-

ción (la población carcelaria aumenta porque aumenta la

criminalidad).

Mientras la sociología clásica, de Max Weber en adelan-

te, comprendió la debilidad de esta lógica e intentó reco-

rrer caminos alternativos en la descripción de las conexio-

nes entre fenómenos, parece que la criminología ha

manifestado una mayor resistencia a abandonar la cone-

xión causal. Y, además, parece que este abandono ha veni-

do determinado por la irrupción en el pensamiento crimi-

nológico de orientaciones a menudo regresivas respecto a

las formulaciones más elaboradas y convincentes a las que

habían llegado las corrientes críticas de la criminología1.

Aunque los itinerarios son diferentes, la estructura del

esquema tiende a reproducirse de forma idéntica. Se esta-

blece un fenómeno, un acontecimiento, una modalidad de

comportamiento y, respecto al mismo, se pregunta qué lo

ha producido. En otras palabras, se reduce el objeto de aná-

lisis a un efecto, a un resultado, a una consecuencia de

otros acontecimientos.

Un segundo aspecto que caracteriza de manera impor-

tante la idea de control social se refiere al tiempo, al nivel de

generalización temporal del actuar social, ya sea institucio-

nal o informal. Los dispositivos de control siempre se pro-

yectan en el futuro. Son dispositivos que se activan para

impedir la producción de un acontecimiento o para inducir

comportamientos que socialmente se consideran preferi-

bles respecto de otros. Y ello, ya se trate de la remoción de

condiciones sociales que se cree pueden contribuir a la

producción de desviación o de programas dirigidos a la

reinserción social del desviado, o se trate de disciplinar el

saber o del control del disenso. Los dispositivos siempre

Pero no se puede hablar de superación, de viraje decisi-

vo o de ruptura respecto al pasado sin antes contextualizar

el universo discursivo dentro del cual estas orientaciones

se han desarrollado. También me parece necesario identifi-

car un contexto de referencia, trazar un horizonte temáti-

co, para verificar el alcance de las transformaciones que

planteamos hipotéticamente. En otras palabras, antes de

poner en evidencia los aspectos de un nuevo paradigma del

control, debemos esbozar una síntesis —problemática y

nunca exhaustiva— de los elementos del control que están

cediendo el lugar a ese nuevo modelo de tratamiento de la

desviación que definimos como actuarial.

Me limitaré a un análisis de los desarrollos más recientes

de la reflexión criminológica, tomando en consideración

un arco temporal que se inicia en los primeros años sesenta

y que parece llegar a su fin ya en la primera mitad de los

años ochenta. En este lapso de tiempo se perfilan nuevas

tendencias en las teorías de la desviación y en su tratamien-

to que parecen, de alguna manera, preparar el terreno para

las transformaciones recientes y, por consiguiente, para la

emergencia de un paradigma actuarial.

Un aspecto en particular parece constituir la base de

referencia común a las diversas teorías de la desviación y

del control social que se han desarrollado durante la segun-

da mitad del siglo XX: el programa científico que pretende

proporcionar una explicación plausible de los orígenes del

comportamiento desviado.

La investigación sociológica que se ha desarrollado en

torno a la cuestión criminal puede ser descrita como una

secuencia de hipótesis sobre las causas de la delincuencia;

hipótesis a las que luego seguían distintas opciones sobre

las modalidades y los instrumentos más adecuados para

erradicar esas mismas causas. La línea argumentativa que

parece vincular teorías muy distintas entre ellas consiste en

el hecho de creer que existen circunstancias que hacen pro-

bable (cuando no inevitable) la producción de determina-

dos comportamientos.

mas de legislación o a nuevas políticas. Las mismas parecen

atravesar esta división, en cierto sentido la descomponen, la

hacen añicos. Ante todo se trata de orientaciones teóricas,

de construcciones, de hipótesis. Estas hipótesis, a su vez,

tienen por objeto comportamientos posibles —por consi-

guiente, potenciales desviaciones— y, por tanto, constitu-

yen horizontes teóricos que trasladan la reflexión: de la des-

viación efectivamente producida a la desviación «posible».

En otras palabras, afrontan el riesgo de la desviación. Por

otra parte, esas hipótesis se legitiman por el hecho de entrar

en relación con planteamientos ya presentes en las tenden-

cias legislativas de algunos Estados, es decir, con orientacio-

nes que caracterizan las actuales políticas criminales.

Sustancialmente, mis reflexiones se articularán sobre la

base de líneas orientativas y tendenciales, más que sobre sedi-

mentaciones jurídico-institucionales. Esto implica ante todo

analizar el debate que se está desarrollando en relación al

contexto social y criminológico post-industrial, intentando

reconstruir los diversos aspectos que parecen caracterizar las

prácticas de control en el momento histórico actual. Eso sí,

teniendo en cuenta que, tratándose de recorridos sólo ten-

denciales y por tanto apenas delineados, no siempre es posi-

ble encontrar respuestas definitivas.

Nos movemos, en suma, en un área indefinida, en una

zona de transición entre el ya no y el no todavía. Entre un

«antes», que conocemos pero no reconocemos, y un «des-

pués» que apenas vislumbramos entre los pliegues de este

confuso presente.

Conviene entonces empezar.

Disciplina

La llamada criminología «actuarial» representa un decisivo

viraje respecto a la práctica criminológica reciente, un

momento de ruptura que, si bien no puede todavía ser defini-

do como radical, representa claramente la superación de

toda una tradición teórica y práctica del control social.

Esencialmente, se asiste a la difusión del modelo defini-

do como «correccional», esto es, a la activación de formas

de control que pretenden atribuir una función útil al casti-

go: un castigo que se articula cada vez más como tratamien-

to extracarcelario de la desviación3.

La crítica de la cárcel —que, como sostiene Foucault, es

coetánea al nacimiento mismo de la prisión— se traduce,

en régimen de welfare, en una serie de intervenciones que

tienden a desplazar el lugar de la pena desde los muros de

la institución total hacia la comunidad, hacia las redes de

socialización.

Cada vez más, los individuos son «tomados a cargo» por la

sociedad en sus estructuras comunitarias de tratamiento

abierto, en las organizaciones «libres» como la Administra-

ción, la empresa, la familia o la casa. Se difunde una «retórica

del tratamiento» individualizado, de la recuperación, de la

reinserción social, que determina una progresión geométri-

ca del gasto público y de las inversiones estatales4.

La difusión de estas políticas produce además una consi-

derable reducción de la población carcelaria, que en Italia

(pero también en los Estados Unidos) conoce sus mínimos

históricos en los primeros años setenta; por otro lado, pro-

duce un ensanchamiento de las redes de control, en el senti-

do de que cada vez más individuos quedan sujetos a alguna

forma de tratamiento o de gestión por parte de instituciones

o estructuras de asistencia social, de intervención comuni-

taria o de libertad vigilada5.

No obstante la diversidad de teorías y, por tanto, de

prácticas criminológicas que fueron desarrolladas en esos

años, y no obstante el hecho de que no subsistiese ningún

nexo lineal entre las formulaciones de la cuestión criminal

y su tratamiento político, sin duda es posible identificar

una característica que califica de forma unitaria aquellas

construcciones sobre la criminalidad: se trata del ambicio-

so proyecto de transformar a los individuos.

Todas ellas participan de la gran narración criminológi-

ca según la cual se puede producir conformidad a través del

Se desarrollan así teorías etiológicas de la criminalidad:

en ellas la etiología no consiste sólo en la convicción de que

existen causas que producen efectos, sino también en la con-

fianza acerca de la posibilidad de eliminar los segundos a tra-

vés de la erradicación de las primeras, esto es, adoptando

determinadas políticas criminales en vez de otras.

Las teorías se diferencian según si atribuyen preeminen-

cia a las causas individuales o sociales de la desviación, según

su caracterización como micro o macrosociológicas, según

la mayor o menor autodeterminación que reconocen a los

individuos en relación con la elección criminal2.

De todos modos, permanece constante la idea de poder

intervenir sobre las causas de la desviación activando for-

mas de intervención dirigidas a la transformación de los

individuos o a la modificación de los contextos sociales

dentro de los cuales estos individuos se insertan, se identi-

fican y actúan. En definitiva, todas las teorías criminológi-

cas desarrolladas durante la segunda mitad del siglo XX

presuponen la idea de la transformación, de la posibilidad

de articular políticas de prevención o tratamiento de las

situaciones problemáticas que originan los fenómenos de

desviación.

Las distintas articulaciones de este modelo causal ofre-

cían luego argumentaciones para identificar los instrumen-

tos y las modalidades de intervención consideradas más

oportunas, desde la cárcel reformada al tratamiento extra-

carcelario, desde las reformas sociales a la intervención

sobre las familias: pero siempre presuponiendo la necesi-

dad y la posibilidad de un compromiso institucional dirigi-

do a corregir, prevenir, tratar, modificar.

Prevención y tratamiento de la desviación se convierten en

temas centrales no sólo desde el punto de vista teórico, sino

también, y sobre todo, desde el punto de vista político. Se tra-

zan las líneas de una filosofía del tratamiento que involucra

en todos los niveles a las instituciones, con fuertes inversio-

nes por parte de los Estados en estrategias de reinserción

social de los detenidos y de prevención de la criminalidad.

en la moralidad, en la obediencia, en el orden de estructuras

rígidamente organizadas: cuartel, fábrica, escuela, hospital.

El poder disciplinario, según Foucault, es un sistema de

producción de «cuerpos dóciles»7, un conjunto de prácticas

y conocimientos destinados a producir individuos renova-

dos, reeducados, adiestrados, en suma, disciplinados. Los

mecanismos disciplinarios actúan desplegando una práctica

individualizada. El sujeto se convierte en objeto de relacio-

nes de conocimiento a través de los rituales del «examen»8; y,

sobre la base del conocimiento producido, se articulan toda

una serie de estrategias de «normalización»9. La individuali-

dad en su conjunto queda implicada (el alma, dice Foucault).

Insistiré sobre dos puntos fundamentales: por una

parte, el gran proyecto de transformación de los individuos

que se realiza a través de múltiples formas de tratamiento

de las diferencias y, por tanto, (en el discurso criminológi-

co) de las desviaciones; por otra parte, la perspectiva indivi-

dualizadora que informa este proyecto. La presencia de

estos dos aspectos constituye el leitmotiv que vincula el

disciplinamiento, como experiencia histórica en sentido

foucaultiano, con las prácticas de control, según las diver-

sas articulaciones que las mismas han desarrollado en el

periodo de máxima expansión del Estado social y de sus

estructuras de gobierno de la sociedad.

Si en el sistema disciplinario clásico, representado por

la gran metáfora histórica del panopticon, las funciones de

disciplinamiento eran atribuidas sobre todo a la institución

carcelaria (como mínimo para el disciplinamiento de los

criminales), en la segunda mitad del siglo XX asistimos a

una rearticulación de las funciones disciplinarias, con un

progresivo trasvase de estas funciones de la institución car-

celaria hacia otras estructuras de tratamiento. No obstante,

permanecen constantes los puntos de referencia del pro-

yecto disciplinario: producción de sujetos útiles por medio

de penas útiles.

Por otro lado, para Foucault disciplina implica también

formación de un saber disciplinario, construcción de cono-

tratamiento de la desviación, y normalidad a través del trata-

miento de la locura. Las diversas articulaciones del pensa-

miento criminológico y de la política criminal que se afirma-

ron durante los años sesenta, y posteriormente como

mínimo hasta la primera mitad de los años setenta, conver-

gían hacia una utopía común: la utopía disciplinaria.

La disciplina se coloca entre las grandes estrategias con

las que la modernidad ha pretendido controlar la imposibili-

dad de garantizar conformidad del actuar con las condicio-

nes estructurales de la sociedad capitalista. Reducidas a un

formato accesible a las prácticas de tratamiento de la desvia-

ción, estas estrategias eran reformuladas con relación a un

saber de tipo causal: observados determinados fenómenos,

se intentaba calificarlos como consecuencias respecto a las

cuales se podían determinar las causas. El tratamiento de las

causas habría evitado la reproducción de las consecuencias.

La idea de esta causalidad es verdaderamente utópica: la

misma no encuentra correspondencia en la realidad social.

En la sociedad no se pueden determinar lugares de la causali-

dad. Por ello, toda determinación de este tipo es utópica. La

forma específica que asume esta utopía en el saber crimino-

lógico reproduce la idea foucaultiana del disciplinamiento.

En este trabajo adopto la definición foucaultiana de dis-

ciplina en un sentido no del todo de acuerdo con la recons-

trucción del mismo Foucault6. Utilizo el término «discipli-

nario» como concepto que me permite caracterizar una

fase determinada de la práctica criminológica, distinguién-

dola claramente de una fase sucesiva que me parece posible

identificar.

En la definición de Foucault, el carácter disciplinario del

control radica sobre todo en la idea según la cual es posible

actuar sobre los individuos para lograr su conformidad con

determinados códigos de comportamiento; esto significa

que es posible activar dispositivos de transformación de

modo tal que los sujetos estén dispuestos a adoptar determi-

nados modelos de comportamiento. El tratamiento se arti-

cula entonces como educación, como «ejercicio»; ejercicio

lógico». Los criminólogos empiezan a reconsiderar como

objeto de discusión algunas convicciones acerca del origen

del comportamiento desviado que parecían definitivamente

consolidadas: por primera vez se abandona la idea de que

existe un vínculo entre criminalidad y marginación social.

De este modo, se irá progresivamente desvaneciendo la base

de apoyo y la legitimación política de las estrategias desarro-

lladas en los veinte años precedentes. Nothing works se con-

vierte en la bandera de esas corrientes criminológicas «insti-

tucionales», que habían sido minoritarias hasta mediados de

los años setenta y que ahora surgen con un renovado vigor (a

decir verdad, más político que científico) como punto de

referencia teórico para una nueva política criminal.

A nivel de política general esta fase coincide con la explo-

sión de la «crisis fiscal del Estado»10, que llevará a una drástica

reconversión de la orientación político-económica de matriz

keynesiana que hasta ese momento había prevalecido. Se

desarrollan políticas de reducción del gasto social: se des-

ploman las inversiones destinadas a un tratamiento no inme-

diatamente represivo de la desviación.

Muchos autores, consiguiendo amplio crédito en las

sedes institucionales, denuncian el gran carácter antieco-

nómico de las estrategias precedentes, así como la escasez

de resultados obtenidos desde el punto de vista de la pre-

vención de la criminalidad, en comparación con los gastos

realizados por los gobiernos.

En síntesis, estamos frente a una crisis del modelo

correccional tanto por la deslegitimación progresiva de los

objetivos perseguidos (reinserción, reeducación, erradica-

ción de las causas de la desviación) como de los instrumen-

tos adoptados (programas específicos, tratamiento indivi-

dualizado, alternativas a la cárcel).

Sobre tales premisas se va delineando una plena conver-

gencia entre las teorías criminológicas «dominantes» (por

otro lado, facilitadas por una cierta afasia de la criminología

crítica) y las estrategias de política criminal que se van perfi-

lando en concreto11.

cimientos que permiten fundamentar científicamente deter-

minadas prácticas de control de los cuerpos. También este

aspecto nos lleva a caracterizar en sentido disciplinario las

prácticas de control que estamos examinando. La fase histó-

rica que podemos definir como welfarismo criminológico

testimonia una proliferación de competencias y de roles pro-

fesionales orientados a la producción de saberes sobre el

desviado.

A partir de la primera mitad de los años setenta, el opti-

mismo teórico y político acerca de la resocialización, de la

rehabilitación de los individuos y de la erradicación de las

causas sociales de la desviación, entra en una profunda cri-

sis. Aquellos saberes nos han engañado.

La nueva derecha

La crisis del modelo terapéutico-tratamental se manifiesta

en dos planos distintos pero sustancialmente convergen-

tes: por un lado, a nivel teórico y de política criminal; por

otro, a nivel político general.

A partir de los años setenta se produce un cambio en los

parámetros institucionales para evaluar el éxito o fracaso

de las políticas criminales, se redefinen las prioridades de

la acción política en general y emergen nuevas formas de

concebir el interés público.

Si el parámetro fundamental para verificar el grado de efi-

cacia de las estrategias eran los índices de reincidencia, los

estudios realizados en ese periodo demuestran su fracaso.

En efecto, las estadísticas denuncian un sustancial

incremento de los índices de reincidencia, sobre todo en el

delito callejero, anunciando a viva voz el fracaso de las polí-

ticas de tratamiento dirigidas a la reinserción o a la inter-

vención sobre las condiciones sociales de la desviación.

Tras un periodo de gran entusiasmo por el tratamiento y

la corrección, que podemos denominar de «progresismo cri-

minológico», sigue una fase de consciente desilusión, que se

traduce ante todo en una especie de «escepticismo crimino-

Este cambio de perspectiva en el plano analítico viene

acompañado por un viraje en el plano operativo y una rede-

finición global de las funciones mismas del castigo: el objeti-

vo rehabilitador que guiaba las políticas del tratamiento es

sustituido por el objetivo de la amenaza y la intimidación14.

Este escepticismo frente a la narración correccional, tera-

péutica y rehabilitadora se difunde progresivamente y es

ahondado de distintas formas por las escuelas criminológi-

cas conservadoras. La intimidación ocupa los espacios que

han quedado vacíos debido al fracaso de la corrección. Las

versiones más extremas de este desencanto criminológico

son quizá las producidas por otra corriente, el llamado cost-

benefits analisis: análisis económico aplicado al derecho

penal y al control de la criminalidad15. Las consideraciones

sobre la función intimidadora del castigo, que en la elabora-

ción de los nuevos realistas se legitiman en un contexto de

cruzada moral contra la criminalidad y por la seguridad de las

calles, son en cambio reconducidas por los teóricos del cost-

benefits analisis directamente al núcleo del problema:

cómo conciliar el objetivo de la máxima seguridad con el

mínimo derroche de recursos16.

La elección racional del sujeto desviado se asimila a un

comportamiento económico: el delincuente potencial, en

el momento en que actúa, se comporta como un actor del

mercado que valora los costes que está dispuesto a sopor-

tar respecto a los beneficios que está convencido de poder

obtener. En este sentido, la función de intimidación debe

necesariamente consistir en incrementar los costes para el

delincuente y, por tanto, en un progresivo aumento del

nivel de punición. Pero la aplicación de este enfoque eco-

nómico no hace referencia sólo a la eficacia de las estrate-

gias de control, sino también al carácter económico de las

estrategias dirigidas a una gestión racional del sistema

penal. Esto marca el nacimiento de una filosofía de la efica-

cia que comporta una revisión radical de los parámetros de

éxito o fracaso de las políticas sobre la desviación: ya no

habrá valoraciones sobre el éxito de los programas, sino

Un primer elemento importante de la ruptura que se

produce en este período es el agotamiento del paradigma

etiológico, es decir, de aquel modelo interpretativo que

tenía como objetivo central la búsqueda de las causas de la

desviación y, a la vez, sugería los instrumentos destinados a

erradicar tales causas.

Surgen (o quizá sería mejor decir «resurgen») hipótesis

criminológicas cuya esencia consiste en el rechazo progra-

mático de la etiología, que pasa a ser considerada como un

falso problema, como un ejercicio intelectual carente de

comprobación material y, sobre todo, no susceptible de

verificación empírica. La etiología de la privación (que atri-

buye los fenómenos de delincuencia a condiciones subjeti-

vas de desventaja económico-social) ha resultado ser un

fracaso teórico. Frente a una mejora generalizada de las

condiciones económicas y a un aumento sustancial del

nivel de vida no se observa una merma sino más bien un

incremento de la tasa de criminalidad, sobre todo de aque-

llas manifestaciones de la criminalidad sobre las que se pre-

tendía incidir positivamente mediante proyectos de refor-

ma social: la criminalidad callejera, la microcriminalidad,

la desviación de la working class12.

Según los criminólogos de la nueva derecha13, el sujeto

criminal es un individuo plenamente capaz de decidir si

lleva a cabo o no un comportamiento desviado: se resuelve

así el viejo interrogante que, desde el positivismo en ade-

lante, había constituido el centro del debate criminológico,

esto es, qué nivel de autodeterminación reconocer a los

seres humanos. Volvemos así a Beccaria.

Respecto a las estrategias de control, ninguna importan-

cia debe atribuirse a las condiciones sociales, al contexto en

el cual el sujeto actúa. Porque este modo de actuar del suje-

to es descrito como simple maduración de las elecciones

personales. El delincuente que ha sufrido privaciones,

escasamente socializado o marcado por haber vivido en un

ambiente hostil, es sustituido por un sujeto capaz de reali-

zar siempre elecciones racionales (racional choice).

ción de los niveles de castigo que prescinde de las condicio-

nes subjetivas particulares del individuo castigado, a un

modelo de «incapacitación» y neutralización selectiva18.

Hablar de incapacitación selectiva significa, por una

parte, teorizar sobre el abandono definitivo de toda finalidad

rehabilitadora socialmente fundada y, por otra parte, atri-

buir a la pena una función de pura eliminación del sujeto del

contexto social. Se trata de identificar, entre la masa de des-

viados, a la limitada porción de delincuentes irrecuperables

para los cánones de conformidad: los teóricos de la incapaci-

tación selectiva proponen adoptar medidas tendencialmen-

te definitivas respecto a los sujetos cuyos comportamientos

desviados tan sólo pueden ser contrarrestados mediante el

internamiento19. De aquí viene, por ejemplo, la propuesta

de prolongar el encierro más allá del límite de tiempo prefija-

do en la sentencia, cuando las valoraciones de peligrosidad

social del condenado lo hagan oportuno. Pero el cambio de

perspectiva que subyace en este enfoque renovado es

mucho más profundo de lo que pueda parecer a primera

vista: no se trata simplemente de una redefinición de las legi-

timaciones de la pena o de una revisión de los parámetros de

determinación de la pena respecto del delito. Lo que queda

definitivamente arrinconado es aquel gran proyecto de una

penalidad que a la vez se constituye como instrumento de

resocialización de los sujetos, de una penalidad que se inser-

ta en un contexto más amplio de intervenciones para elimi-

nar las condiciones sociales de la criminalidad.

Según todas estas corrientes, lo que parece relevante es

tan sólo el comportamiento material del sujeto, considera-

do independientemente de los móviles, las necesidades, las

privaciones, etc. No importa si o en qué forma es posible

inducir la adhesión subjetiva a determinados códigos de

comportamiento; el único objetivo es la reducción cuantita-

tiva y cualitativa de las conductas que puedan causar un per-

juicio a la seguridad de la comunidad.

Por otra parte, desde la vertiente de la prevención de la

criminalidad, el lenguaje criminológico centrado en la

balance de los costes soportados frente a los niveles de

seguridad obtenidos17.

Llegados a este punto, el gran paso ya ha sido dado.

Según los teóricos del «análisis económico del derecho», el

delincuente es un actor racional que valora los provechos y

perjuicios de su actuación. Es evidente que este balance no

se produce en los mismos términos en todos los desviados,

sino que varía de forma notable en relación al poder (eco-

nómico, político, social) de los distintos individuos.

Las políticas punitivas son tanto más eficaces cuanto

menores son los recursos de poder de que disponen sus

destinatarios. Lo que en la óptica de la criminalidad empre-

sarial constituye tan sólo un coste adicional de la actividad

de la empresa, desde el punto de vista de la microcriminali-

dad callejera constituye en cambio un grave perjuicio.

Excluida de la valoración cualquier consideración que

no esté anclada en la pura racionalidad económica del

delincuente, el impacto desigual de las políticas criminales

es apartado como falso problema por parte de los teóricos

del cost-benefits analisis. Y ello es aún más grave ya que,

tratándose de una orientación criminológica conservado-

ra, por no decir neoautoritaria, esta teoría se dirige a la cri-

minalidad de los débiles y no a la de los poderosos.

El recurso punitivo más eficaz es claramente la cárcel. Aun-

que algunos autores llegan a legitimar incluso la reintroduc-

ción (o el mantenimiento) de la pena de muerte: ¡la medida

económicamente más productiva que se pueda imaginar!

La pena es despojada de toda función «útil»: ya no se trata

de adoptar medidas adecuadas a las condiciones singulares

del desviado actual o potencial, sino tan sólo de aplicar san-

ciones que en la mayoría de los casos sean proporcionales a

la gravedad del delito cometido; respecto a las situaciones

más graves, la única función de la pena debe ser la de neu-

tralizar comportamientos e individuos. La legitimación del

poder punitivo radica en el merecimiento del castigo.

De este modo se puede llevar a cabo el tránsito de un

enfoque «neoclásico», marcado por una rígida determina-

mente por ciudadanos privados. Pero a este proceso de pri-

vatización de la seguridad se le agrega otro paralelo que

podemos definir como de «aseguramiento» de lo privado.

Los espacios privados sustituyen progresivamente a los

espacios públicos en la cartografía de las metrópolis occi-

dentales. Éstos son los nuevos territorios del control.

Lo que pretendo decir es que cada vez con mayor frecuen-

cia las prácticas de control (y en particular de vigilancia) que-

dan subsumidas e integradas dentro de ámbitos de conviven-

cia social diversos, pero caracterizados todos ellos por ser

«propiedad privada»: lugares de consumo, espacios de socia-

lización, áreas productivas. Esto comporta una redefinición

de los límites y de las finalidades del control (resultando fun-

cional a intereses privados), lo que por otro lado parece que

se adecua, tanto en las formas como en los instrumentos, a

las transformaciones que hemos descrito hasta ahora24.

Me he detenido en la descripción de estos pasajes de la

reflexión criminológica porque es precisamente en esta

fase donde comienzan a producirse importantes transfor-

maciones del objeto y de la praxis del control; transforma-

ciones que marcan la transición del paradigma correccio-

nal hacia el actuarial.

El poder punitivo ya no requiere de una legitimación. El

castigo se autolegitima (articulándose en sus diversas for-

mas) no en función de los efectos «positivos» que pueda

producir en los sujetos, sino en términos de eficacia inter-

na y funcionalidad económica del sistema de control social.

El objeto de control ya no está individualizado en un

sujeto determinado, en una situación subjetiva problemá-

tica que hay que analizar y tratar de forma individual; cada

vez son menos relevantes las características subjetivas del

actor. El eje de la intervención se desplaza de la conducta al

comportamiento, entendido éste como acontecimiento,

como pura exteriorización carente de implicaciones de

tipo psicológico o psicosociales.

La hipótesis es que, en este proceso de revisión radical

de la teoría y de la práctica del control, se han debilitado

especificidad del individuo como sujeto social, cultural y

económicamente determinado, es sustituido por un uni-

verso discursivo que asume como objeto el comportamien-

to y el ambiente. Intervenir sobre el ambiente (ya sea físico,

espacial o urbano) se considera el único modo de prevenir

la criminalidad callejera20.

Ya no se trata de corregir a través de un tratamiento indivi-

dualizado, graduado según las necesidades del sujeto, sino

más bien de rediseñar el espacio en el que actúa el individuo,

elevando obstáculos físicos o materiales que dificulten la con-

ducta desviada, sobre todo en el contexto metropolitano21.

Asistimos, así, a una doble dislocación de las funciones de

control. Por un lado, el control se convierte en cierto sentido

en un fin en sí mismo, se vuelve autorreferencial: como míni-

mo en el sentido de que pierde toda caracterización discipli-

naria, es decir, deja de ser un instrumento de transformación

de los sujetos. Por otro lado, se produce un desplazamiento

del control: el mismo sale de la cárcel como lugar específico,

dispersándose en el ambiente urbano y metropolitano. A la

cárcel sólo le queda entonces una función de neutralización

frente a los sujetos particularmente peligrosos22.

Cada vez es más difícil identificar y definir un lugar y un

tiempo de la represión. El control y la vigilancia se extienden

de forma difusa, a lo largo de franjas espacio-temporales que

cruzan los umbrales de las instituciones totales (cárcel,

manicomio, fábrica). Se despliegan en el espacio llano e

indefinido de las metrópolis nuevas ciudades-Estado fortifi-

cadas, provistas de sus propios ejércitos de seguridad. Y cada

ejército regular viene flanqueado por uno de mercenarios.

Al hablar de mercenarios me refiero a la seguridad priva-

da, un mercado que en los últimos años ha experimentado

una pavorosa expansión, tanto en los Estados Unidos como

en Europa23. El abandono de las prácticas welfaristas en el

tratamiento de la desviación hace posible el fin del monopo-

lio institucional del control de la criminalidad.

Si se trata de «vigilar y señalar», esta tarea puede ser des-

arrollada también por policías privadas, e incluso directa-

circunstancias a menudo independientes de la voluntad del

individuo. Pero la comprobación de variaciones en las condi-

ciones del riesgo tan sólo determina una reclasificación de

los individuos, que son así recolocados a lo largo de distintas

franjas, a las que obviamente les corresponden diversas

equivalencias monetarias. Precisamente a través de esta acti-

vidad de continua clasificación de los individuos, vinculada a

criterios traducibles económicamente, la lógica aseguradora

permite una redistribución del riesgo. El riesgo, repito, es

considerado como una entidad que no se puede eliminar.

Aun cuando sea evidente que determinados comportamien-

tos suponen más riesgo que otros, el pensamiento asegura-

dor no persigue la reducción del riesgo subjetivo.

En definitiva, la lógica aseguradora no está interesada

en el riesgo del actor individual, sino más bien en la interac-

ción entre los niveles de riesgo y la determinación de crite-

rios que hacen posible clasificar y gestionar colectividades

determinadas, obteniendo con ello un beneficio26. La

transformación del riesgo en dinero: éste es el objetivo de

las aseguradoras.

Creo que la lógica aseguradora ofrece un ejemplo eficaz

de la nueva racionalidad de los sistemas de control social.

Es preciso señalar que se trata solamente de una hipótesis

interpretativa, de un intento de explicar algunas característi-

cas emergentes que todavía no se pueden encuadrar en un

sistema definido. Como siempre sucede cuando se intentan

discernir determinadas tendencias, existe el peligro de con-

siderar como cambios estructurales transformaciones sólo

coyunturales, modulaciones que forman parte de un mismo

paradigma.

A continuación analizaré primeramente dos documentos

oficiales, dos informes encargados por el Home Office (Minis-

terio del Interior) inglés que, con quince años de diferencia

entre uno y otro, afrontan prácticamente el mismo problema:

cómo verificar la peligrosidad criminal; es decir, ¿cómo iden-

tificar entre la masa de delincuentes a los realmente peligro-

sos? Y, sobre todo, ¿cómo afrontar esta peligrosidad?

precisamente aquellos aspectos que habían permitido

reconducir el control social del Welfare State hacia el

modelo disciplinario.

Así pues, un nuevo paradigma se despliega. Ha llegado

el momento de describirlo.

Obsesiones de control

El término «actuarial» nos remite, en primer lugar, a los

procedimientos matemáticos, en particular a la matemática

aplicada a los seguros. Así es como se define el conjunto

articulado de procedimientos, inferencias lógicas, técnicas

argumentativas de cálculo estadístico y probabilístico apli-

cado a los sistemas de aseguramiento del riesgo.

Cuando nos referimos al pensamiento asegurador, pensa-

mos en estrategias que se constituyen en torno a un conjunto

de instrumentos destinados a la gestión racional y económi-

camente eficaz del riesgo. La práctica actuarial consiste, en

definitiva, en la elaboración de sistemas de monetarización y

redistribución de determinados factores de riesgo dentro de

una colectividad individualizada o individualizable: en este

caso, la colectividad de los asegurados25.

Desde el punto de vista de la lógica aseguradora, existen

factores de riesgo distribuidos de forma casual en el ámbito

de una colectividad, que sólo pueden ser atribuidos directa-

mente a individuos concretos en tanto que éstos se inscri-

ben en grupos determinables en base a un mayor o menor

índice de riesgo. La estrategia aseguradora consiste ante

todo en una operación de cuantificación probabilística del

índice de riesgo existente que se realiza a través de valora-

ciones estadísticas. Después se procede a una clasificación

de los sujetos dentro de grupos homogéneos de riesgo.

Finalmente, en base a la pertenencia a este o a aquel grupo o

franja, el riesgo se convierte en dinero, en forma de prima de

seguro que cada asegurado paga a la empresa aseguradora.

Ciertamente las condiciones subjetivas de riesgo pueden

variar con el tiempo en relación a factores, acontecimientos y

Pero sigamos directamente las argumentaciones de Jean

Floud, ya que las mismas consisten básicamente en una res-

puesta a las críticas realizadas al documento tras su publica-

ción. Respecto al problema de la escasa atención de las

valoraciones preventivas inherentes a la peligrosidad de un

sujeto y, por tanto, frente a la inquietante perspectiva de

privar de libertad a individuos que en realidad no son peli-

grosos, la autora sostiene que una aplicación rigurosa de

las normas procesales ya constituye garantía suficiente

contra eventuales abusos del poder punitivo. Además, las

medidas excepcionales cuya introducción se propone esta-

rían reservadas a una categoría muy restringida de infracto-

res (severely restricted class of offenders).

El problema de cualquier juicio anticipado es el de su

posible «falseamiento»: en pocas palabras, el del error de

previsión. Se habla de «falso positivo» cuando se ha previs-

to un acontecimiento que en la realidad no se verifica. En

cambio, «falso negativo» se define como el caso en que se ha

excluido preventivamente un acontecimiento que luego ha

tenido lugar. Sobre el problema de las falsas previsiones

positivas y, sobre todo, acerca del consecuente perjuicio

para los derechos individuales, Jean Floud se pregunta

retóricamente: «¿En base a qué podemos justificar el hecho

de infligir [al reo] este grave daño —porque indudable-

mente se trata de un grave daño, desde todo punto de

vista—?»28. En la respuesta a esta pregunta está resumida

toda la filosofía del Informe Floud: «La justificación sólo

puede consistir en el hecho de que nosotros estamos […]

redistribuyendo una carga de riesgo que no somos inme-

diatamente capaces de reducir. Este tipo de respuesta, en

términos de redistribución del riesgo, nos parece más

apropiada para la jurisprudencia de las sentencias protec-

toras, que para la que se formula con frecuencia en térmi-

nos de utilidad social»29.

Redistribuir una carga de riesgo supone poner de mani-

fiesto la imposibilidad de reducirlo. Significa prescindir del

concreto factor de riesgo para, en cambio, concentrarse en

El Floud Report (1981)27 representa un intento de espe-

cificar los límites y las posibilidades dentro de las cuales sea

admisible «atribuir a los tribunales y a las autoridades cone-

xas poderes para proteger a los ciudadanos de los llamados

delincuentes peligrosos [dangerous offenders]».

El informe toma nota de las dificultades implícitas en

operaciones de tipo predictivo, es decir, en las operaciones

dirigidas a determinar la peligrosidad de los sujetos sobre

la base de una presunción. Sin embargo, en el informe se

sostiene que la distinción entre ordinary y dangerous

offenders constituye, en la práctica judicial de los tribuna-

les ingleses, un procedimiento que se ejercita constante-

mente y, además, sobre bases totalmente discrecionales. El

objetivo del informe consiste precisamente en sugerir

parámetros más concretos, que permitan hacer operativas

las valoraciones de peligrosidad criminal pero evitando, al

mismo tiempo, discriminaciones injustificadas entre los

sujetos.

A tal fin, se propone la introducción de las llamadas pro-

tective sentences, a través de las cuales se atribuye a los tri-

bunales la posibilidad de pronunciar sentencias indetermi-

nadas en cuanto al máximo de la pena, reservadas para un

restringido grupo de delincuentes peligrosos.

En definitiva, se afirma que un tribunal de justicia, cuan-

do se encuentre frente a ciertos elementos, puede pronun-

ciar una sentencia del siguiente tipo: «Se condena al imputa-

do a una pena que cesará cuando éste deje de ser peligroso

para la sociedad». Pero, ¿cuáles son estos elementos?

El primer presupuesto para la aplicación de las senten-

cias protectoras es que se verifique la comisión de una ofen-

sa grave (grave harm), entendiendo por «grave» cualquier

delito contra las personas cometido con uso de violencia.

Respecto al juicio de peligrosidad, el informe no adopta un

modelo de rígida predeterminación de los criterios de valo-

ración, sino que se limita a especificar algunas líneas-guía

(guidelines) que deberían permitir un uso razonable de la

discrecionalidad.

El método clínico, basado en el estudio del caso concreto,

el análisis de las variables subjetivas y la adopción de estrate-

gias de prevención y tratamiento de la peligrosidad criminal

individualizadas, ha sido durante mucho tiempo el único

adoptado por parte de los profesionales del tratamiento, en

particular cuando debía decidirse la concesión o no de medi-

das alternativas a la cárcel, tales como la suspensión condicio-

nal de la pena. En el informe es precisamente el carácter indi-

vidualizado de las operaciones de averiguación del riesgo lo

que se pone en discusión. Se apuesta, en cambio, por instru-

mentos de predicción basados en el recurso a tablas estadísti-

cas, en el cálculo de probabilidades y en el análisis de agrega-

dos de sujetos más que de individuos concretos. Se dice que

el modelo actuarial debe preceder al clínico, suministrando

una base de conocimientos que guiará a los expertos en las

sucesivas fases de averiguación y tratamiento del riesgo33.

En el plano político criminal, Kemshall sugiere que

debería producirse «un significativo cambio de concep-

ción: del delincuente como sujeto en riesgo, hacia una con-

cepción más explícita de la seguridad pública y del delin-

cuente como “sujeto que produce riesgos”»34. También

señala que «las prácticas de gestión del riesgo demandan

un cambio de objeto: de la cuestión de la rehabilitación del

infractor en riesgo, hacia la concepción del mismo como

fuente de riesgo»35.

Es fácil advertir que estos dos documentos tratan el

tema de la peligrosidad social de los sujetos en términos

novedosos, tanto desde el punto de vista del lenguaje como

desde el punto de vista argumentativo: hay una ruptura

categórica respecto de todos los documentos oficiales pre-

cedentes. Antes del informe Floud, la peligrosidad social

nunca había sido tratada en estos términos.

El vocabulario centrado en la eficacia de las intervencio-

nes es sustituido por la terminología de la eficiencia y del

menor costo. No se hace mención (si no es para criticarla) a

la finalidad rehabilitadora o a una posible estrategia de

recuperación social del infractor.

una valoración del conjunto. Es a nivel de categorías ente-

ras de sujetos que se puede tratar la «carga del riesgo».

Esto comporta que, teniendo en cuenta una determina-

da categoría de sujetos «peligrosos» (por ejemplo, «los tra-

ficantes de Londres»), la severidad de la sentencia conde-

natoria impuesta al traficante concreto no dependerá tanto

de su peligrosidad individual —deducida sobre la base de

presuntos indicios vinculados a la conducta, los antece-

dentes o las modalidades del delito—, sino que más bien

dependerá del nivel global de riesgo del grupo en el que se

inserta, habita y cultiva sus relaciones.

En suma, si ese traficante es negro, desempleado, frecuen-

ta casas de juego clandestinas, consume sustancias estupefa-

cientes, ha abandonado a su mujer y se relaciona con otros

traficantes, será considerado peligroso y merecerá una sen-

tencia potencialmente infinita. Pertenece a una clase peligro-

sa; poco importa si, subjetivamente, es o no peligroso.

Imaginemos ahora a un rico empresario de la City, blan-

co, habitual del Rotary Club, que consume y trafica con

cocaína en su ático, quizá en compañía de su mujer y de los

amigos del club. Ese no será peligroso, merecerá una sen-

tencia ordinaria, tal vez absolutoria. Pertenece a una clase

no peligrosa; también importa poco en este caso, si el suje-

to individualmente es o no peligroso.

El segundo documento que quiero examinar es un

informe redactado por Hazel Kemshall y publicado en

199630. Se trata de un estudio sobre las diversas técnicas de

averiguación de la peligrosidad criminal y de valoración del

riesgo respecto a la adopción de la probation31. El docu-

mento es particularmente importante porque distingue de

manera puntual entre las dos principales técnicas de averi-

guación de la peligrosidad: el método actuarial y el método

clínico.

En el plano operativo, el informe sugiere la adopción

del método actuarial (corregido en caso necesario con

estrategias individuales), porque es más fidedigno desde el

punto de vista de la predicción que el método clínico32.

elemento de continuidad que parecía resistir al desgaste

del tiempo: la idea según la cual la función de las técnicas

de control consistía sobre todo en producir sujetos confor-

mes con determinados códigos. Poco importa si se trata de

códigos jurídicos, morales o económicos.

Tanto en el modelo disciplinario clásico como en el

modelo tratamental típico del Estado social, el principal des-

tinatario del control es el sujeto, entendido como individua-

lidad social, cultural y económicamente determinada y sus-

ceptible de corrección, reinserción y transformación. Se

comprende así cómo el debate criminológico y político-cri-

minal, en general, se había centrado en torno a algunas cues-

tiones fundamentales, que emergieron a partir de la supera-

ción positivista del clasicismo iluminista: el nivel de

autodeterminación imputable a los sujetos, el nexo entre

condiciones económicas y sociales del individuo y predispo-

sición a la delincuencia, y la eficacia de las medidas alternati-

vas a la cárcel en la reeducación de los delincuentes.

En todo caso, las estrategias preventivas o reactivas dis-

puestas para hacer frente a los fenómenos de desviación

presuponían un terreno de intervención privilegiado: el

individuo en condiciones de mayor o menor responsabili-

dad, situado en una relación de interacción face-to-face

entre el experto del tratamiento y el sujeto a tratar.

El discurso correccional (a menudo objeto de uso «polí-

tico» a través de una retórica que exageraba el alcance efec-

tivo de las intervenciones y las estrategias) se había difundi-

do a todos los niveles de los aparatos de control social, y

había producido profundas consecuencias también en el

ámbito de la construcción de roles, motivaciones y funcio-

nes por parte de los técnicos de tratamiento. Nuevas profe-

siones vieron la luz.

Producir conformidad, en el universo discursivo de la

«pena útil», significaba favorecer la interiorización de deter-

minados valores y modelos de comportamiento socialmen-

te compartidos que posibilitasen la reinserción social del

sujeto, una vez «corregido».

Además, y éste es el aspecto más importante, la filosofía

que emerge de estos documentos se basa, por una parte, en

una definitiva toma de conciencia de la imposibilidad de

erradicar los factores del riesgo criminal; por la otra, en una

consideración del riesgo mismo como entidad colectiva,

respecto de la cual el individuo desaparece.

El desviado es sustituido por la clase peligrosa. Se

podría objetar que en el fondo la justicia penal siempre ha

considerado a sus «clientes» en base a la clase de proceden-

cia, para tratarlos de forma selectiva. Y que la igualdad ha

sido siempre sólo formal, nunca sustancial. Todo esto es

cierto, pero no agota la cuestión.

La retórica de la igualdad ha permitido como mínimo

contener determinados abusos del poder punitivo. En

cambio, a partir de un momento dado, se dice explícita-

mente que los seres humanos deben ser tratados de forma

diversa en función de la clase (de riesgo) a la que pertene-

cen. Y está claro que la clase de riesgo se superpone a la

clase social.

El poder renuncia entonces a una de sus máscaras, aban-

donando la retórica de la igualdad. Si esto es cierto, debemos

preguntarnos qué está cambiando detrás de esa máscara.

Las transformaciones acontecidas en los últimos años

en la teoría y la práctica del control han sido objeto de

amplia reflexión por parte de la literatura criminológica

radical y crítica36. Se pueden señalar, al menos, dos líneas

interpretativas respecto a la transformación de la que esta-

mos hablando. En todo caso, el punto de partida comparti-

do es que las estrategias de control desarrolladas desde la

Segunda Posguerra Mundial, en particular durante el

período de expansión del welfare, eran reconducibles al

proyecto disciplinario descrito por Foucault. Los rasgos

disciplinarios eran individualizados en la filosofía subya-

cente a las distintas estrategias de control propias del lla-

mado modelo correccional. A pesar de la transformación

histórica de estructuras, instituciones, modelos culturales

y definiciones sociales de normalidad y patología, había un

prácticas de control respecto a las disciplinarias que había

descrito en Vigilar y castigar.

Foucault delinea los pasajes a través de los que toma

forma histórica un arte de gobernar que se define plena-

mente en el siglo XVIII, cuando la economía política pasa a

formar parte de la ciencia del gobierno. En la reflexión del

filósofo francés, la técnica del gobierno construye su pro-

pio estatuto epistemológico en torno al problema de la ges-

tión de la población, de forma diversa a como sucedía en la

filosofía política del Príncipe de Maquiavelo, cuyas catego-

rías esenciales eran el «territorio» y la «soberanía».

Foucault define como «gobernabilidad» la nueva tecno-

logía del poder que materializa este estatuto epistemológi-

co: una estrategia distinta de la disciplina, ya que se dirige a

poblaciones y no a individuos, pese a ser hermana de las

disciplinas40.

Las prácticas de control social se están transformando

radicalmente desde el punto de vista de las finalidades, los

instrumentos y los destinatarios41.

Pensemos por un momento en el contexto cultural y

político en el que se ha producido esta transformación, que

implica directamente a la misma filosofía del control: el

contexto es el del neoconservadurismo penal desarrollado

a partir de fines de los años setenta como respuesta a la cri-

sis de la ideología del tratamiento.

La cada vez mayor desilusión frente a las estrategias

correccionales, que se enlaza con la aplicación del cost-

benefits analysis para el control de la desviación, ha produ-

cido un desplazamiento gradual del objetivo de la política

criminal: de la recuperación del desviado a la tutela de la

seguridad pública y la preservación del orden. En esta fase,

la desviación empieza a ser pensada políticamente en tér-

minos de «gestión» del riesgo.

El Floud Report muestra con claridad en qué consiste la

nueva estrategia: se trata de redistribuir socialmente un

riesgo que no se puede reducir. Así, el delito como riesgo

social es considerado un fenómeno normal, susceptible de

Frente a la progresiva difusión de las funciones de con-

trol, a su dispersión a través del tejido social y, sobre todo,

frente al hecho de que el individuo en cuanto tal deje de ser

el punto de referencia de las estrategias de control, se pue-

den hacer como mínimo dos lecturas.

Se puede sostener que estas transformaciones se

enmarcan en un horizonte de continuidad respecto al

modelo disciplinario y que, incluso, pueden ser conside-

radas como una expansión de aquel modelo. La práctica

disciplinaria rebasa los ámbitos bien definidos en los que

históricamente se había situado (la cárcel, el cuartel, el

hospital, la fábrica, la escuela) y se difunde a través de las

redes de socialización a todos los niveles: del mercado al

consumo, de los espacios públicos a las formas de interac-

ción social. Es decir, afecta a toda la sociedad, producien-

do una extensión de las funciones disciplinarias37.

Esta hipótesis da por descontado que el concepto fou-

caultiano de disciplina no es reducible a un conjunto de

caracteres específicos (individualización, localización del

poder-control en espacios determinados, fundamentación

«moral» de las estrategias disciplinarias): siendo la discipli-

na una tecnología del poder, pueden cambiar los espacios,

los dispositivos y los objetos inmediatos, sin que de ello

derive un cambio de paradigma.

En cambio, otra hipótesis posible es que las transforma-

ciones producidas sean tan profundas como para trastocar

el paradigma disciplinario. En realidad, la idea de un pro-

gresivo agotamiento de los dispositivos disciplinarios no es

del todo nueva.

Ya frente a otros fenómenos (pensemos en la progresiva

privatización del control producida por la enorme expansión

del mercado de la seguridad, o en la transición de la correc-

ción y el tratamiento hacia la vigilancia), se había hablado de

una superación de la disciplina o, como mínimo, de una rup-

tura respecto a los sistemas de control del Welfare State 38.

El mismo Foucault, en una lección dada en 1978 en el

Collège de France39, plantea la emergencia de ulteriores

La intervención sobre el riesgo de desviación tiende,

por una parte, a despersonalizarse, dirigiéndose cada vez

más sobre el ambiente que sobre los individuos; por otra,

tiende a «colectivizarse», ya que el riesgo constituye un fac-

tor colectivo. Prevalece así la lógica de la prevención res-

pecto a la tradicional, centrada en la intervención del trata-

miento una vez que se ha manifestado el comportamiento

desviado.

Ahora prevenir ya no significa activar estrategias para la

erradicación de las llamadas causas sociales de la desvia-

ción, sino rediseñar el ambiente físico en el cual se consti-

tuyen y actúan los grupos que hay que mantener bajo con-

trol: prevención «situacional» más que prevención «social».

La prevención situacional consiste en una acción para

reducir las circunstancias ambientales que favorecen los

comportamientos desviados, sin consideración alguna a

los factores sociales, culturales y económicos de la desvia-

ción. Y constituye un modelo privilegiado para la nueva

filosofía del riesgo criminal.

Cuando se habla de prevención situacional, se hace

referencia en definitiva a un conjunto de estrategias dirigi-

das a contener las variables que inciden en la producción

de comportamientos; pero esto ya no se hace a través de la

gestión y el control de las circunstancias sociales o subjeti-

vas de la desviación, sino a través de la delimitación de los

espacios de vida de los sujetos, es decir, de la elevación de

barreras artificiales.

Estas barreras pueden ser materiales o simbólicas, y

deben limitar las posibilidades de movimiento, interacción

y acción de los sujetos. Dirigiéndose a los factores «ambien-

tales» de producción de la desviación, a un hábitat de inter-

acción desviada que ya no es considerado como un contexto

social a reconstruir sobre la base de modelos de integración,

sino tan sólo como un contexto físico-espacial capaz de limi-

tar los comportamientos desviados, la prevención situacio-

nal constituye uno de los primeros ejemplos de las nuevas

formas de control43.

gestión a través del mercado y la represión: los dos pilares

de la ideología neoliberal.

El abandono de la filosofía de la intervención indivi-

dual se traduce en una revisión del objeto de control: pen-

sar el riesgo como fenómeno colectivo, según la lógica

actuarial, conlleva que el control tenga su propio objeto

de aplicación en determinadas categorías de sujetos

caracterizadas por un riesgo particular. Es una transición

que no afecta solamente a los aparatos de control penal,

sino también a otros ámbitos: de la asistencia social a la

psiquiatría, del control de la inmigración al de la drogode-

pendencia. Por tanto, dondequiera que se trate de enfren-

tar situaciones problemáticas y comportamientos indivi-

duales cuyo origen resida en determinadas formas de

interacción colectiva42.

Las estrategias de control radican, en suma, en la gestión

de determinados grupos, de determinadas categorías de

sujetos hacia los cuales se dirige la vigilancia, la «incapacita-

ción» y la intimidación. El individuo, el sujeto desviado

como «caso», sólo tiene relevancia en cuanto sea posible

clasificarlo en una categoría, sobre la base de una valora-

ción probabilística y estadística del riesgo.

Esto implica el abandono de las argumentaciones basa-

das en la responsabilidad y la capacidad de entendimiento

de los sujetos, en favor de un discurso sobre el riesgo, los

factores de peligro y la gestión de situaciones problemáti-

cas. Las funciones de normalización de los sujetos, que tra-

dicionalmente eran consideradas parte de las estrategias

de control social y que se basaban en la centralidad del suje-

to —considerado por las ciencias médicas, psiquiátricas y

criminológicas como una materia dúctil, transformable y

tratable— son externalizadas por los sistemas de control

hacia otros ámbitos de la sociedad.

A las estructuras de control les quedan funciones de vigi-

lancia masiva, de gestión del ambiente físico y de interven-

ción sólo sobre los comportamientos que se produzcan en

determinados contextos de interacción «de riesgo».

el riesgo. A las formas de representación colectiva que se

basaban en la pertenencia de clase o de género, se superpo-

nen representaciones basadas en el riesgo y en la posibili-

dad de acceder a condiciones de seguridad subjetiva.

Basta pensar en las experiencias de Neighborhood

Watch45 especialmente difundidas en los Estados Unidos e

Inglaterra. La vigilancia del vecindario comporta la movili-

zación de algunos grupos sociales para preservar las condi-

ciones de seguridad que se consideran amenazadas por

otros grupos sociales. Policía pública, policía privada y ciu-

dadanos cooperan entre sí dando lugar a una red que obser-

va, identifica, denuncia y captura a los sujetos considerados

«peligrosos» (básicamente por ser «diferentes»).

Por lo demás, a esta articulación de las estructuras y las

instituciones tradicionales de control no le corresponde,

en absoluto, un agotamiento del papel que históricamente

han cumplido los instrumentos clásicos de tratamiento de

la desviación.

Pienso en la cárcel, cuya centralidad no ha sido puesta

en discusión por las nuevas prácticas actuariales. Es más,

todo parece demostrar que a una reducción cualitativa de

las funciones de las instituciones tradicionales de control

le corresponde una expansión cuantitativa de su papel. La

población carcelaria aumenta. Una población para la cual

la cárcel constituye una zona de espera, un lugar de conten-

ción provisional.

Las prácticas actuariales se diseñan entonces como nue-

vas técnicas, como nuevos dispositivos para seleccionar

una población que hay que mantener bajo control, sobre

todo en el ambiente urbano y metropolitano. Esta misma

población, cuando los instrumentos de control social difu-

so no son suficientes, es destinada a abarrotar las cárceles.

Así sucede en el caso de los toxicómanos, de los desemplea-

dos y, sobre todo, en el caso de los inmigrantes extracomu-

nitarios.

Este género de estrategias se apoya en la filosofía de la

irrecuperabilidad, de la imposibilidad de cualquier tipo de

transformación social. El control social se convierte en un

instrumento de gestión de los sujetos excluidos de la vida

social, que deben ser vigilados en masa y constreñidos den-

tro de un espacio urbano fortificado (como muestra Mike

Davis). El nuevo proletariado urbano es el primer candida-

to para constituir una categoría de riesgo. La metrópoli es

repensada en función de su control, de la vigilancia sobre la

misma. Se alzan barreras que deben mantener separadas

dos clases de individuos: por una parte los que producen

riesgo, por otra los que lo consumen (principalmente en

forma de policías privadas, sistemas de seguridad y seguros

de todo tipo)44.

El hecho de que las funciones de control ya no se con-

centren en los individuos, sino en los grupos, conlleva que

el control se dirija ahora hacia los lazos de interacción

social, hacia aquellas formas de interacción que se desarro-

llan en el ámbito de los grupos marginales —marginales

porque están excluidos del acceso a los recursos de la socie-

dad—. La existencia de franjas sociales cada vez más margi-

nales se considera ahora un fenómeno normal, propio de

una sociedad que ha encontrado su razón de ser en el mer-

cado y la competitividad.

En este contexto ya no tiene sentido un control dirigido a

los individuos para producir «valores disciplinarios», como

por ejemplo la ética del trabajo. Y ello porque está desapare-

ciendo el terreno en el que fue históricamente posible un uso

productivo de las subjetividades disciplinadas.

Fenómenos como el desempleo estructural o las migra-

ciones masivas están en el origen de formas de interacción

que ponen en riesgo el orden. Se trata entonces de gestio-

nar las poblaciones de riesgo que habitan los territorios de

la exclusión, vigilándolas según criterios de eficacia y de

costos mínimos.

Las nuevas modalidades de control producen un imagi-

nario social también nuevo, construido sobre la seguridad y

la “diversion” han incrementado más que disminuido la “cantidad” de

intervenciones dirigidas a muchos grupos de desviados en el sistema y,

probablemente, también han incrementado más que disminuido el

“número” total de personas que entran por primera vez en el sistema.

En otras palabras, las alternativas no son en absoluto alternativas y

más bien se convierten en nuevos programas que complementan el

sistema existente o incluso lo expanden mediante la atracción de nue-

vas poblaciones» (Cohen, S., «The Punitive City: Notes on the Disper-

sal of Social Control», en Contemporary Crises, 3/1979, p. 347).

6. «La disciplina no puede identificarse ni con una institución ni con un

aparato. Es un tipo de poder, una modalidad para ejercerlo, implican-

do todo un conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimien-

tos, de niveles de aplicación, de metas: es una física o una anatomía

del poder, una tecnología» (Foucault, M., Sorvegliare e punire. Nasci-

ta della prigione, Einaudi, Turín, 1993, p. 235).

7. «Métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del

cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les impo-

nen una relación de docilidad-utilidad: esto es lo que se puede lla-

mar disciplinas» (Foucault, M., op. cit., p. 149).

8. «El examen como fijación a la vez ritual y científica de las diferencias

individuales, como adscripción de cada cual al rótulo de su propia sin-

gularidad [...], indica la aparición de una modalidad nueva de poder en

la que cada cual recibe como estatuto su propia individualidad, y en la

que es estatutariamente vinculado a los rasgos, las medidas, los desvíos,

las notas que lo caracterizan y hacen de él, de algún modo, un caso»

(Foucault, M., op. cit., p. 210. La cursiva es mía).

9. «Por una parte, el poder de normalización obliga a la homogeneidad;

pero por otra individualiza, permitiendo medir las desviaciones,

determinar los niveles, fijar las especialidades, y hacer útiles las dife-

rencias ajustando unas a otras» (Foucault, M., op. cit., p. 202. La cursi-

va es mía).

10. Véase, para todos, el clásico O’Connor, J., La crisi fiscale dello Stato,

Einaudi, Turín, 1977.

11. Para un análisis crítico del clima intelectual y político generado res-

pecto a la cuestión criminal en los Estados Unidos a fines de los años

setenta, véase Platt, T./Takagi, P., «Intellettuali per la legge e l’ordine:

una critica dei nuovi realista», en La questione criminale, 2/1978, pp.

217-251.

12. Sintetizando las posiciones criminológicas que emergieron entre

fines de los años setenta y la primera mitad de los ochenta, Young, J.

escribía lo siguiente en «Il fallimento della criminología: per un realis-

mo radicale» (Dei delitti e delle pene, 3/1986, pp. 392-393): «Como

fundamento de ello mencionemos lo que todos ellos tienen en

común: 1) la aversión por la idea según la cual la criminalidad viene

determinada por las circunstancias sociales […]; 2) la falta de interés

en la etiología […]; 3) la convicción de que el comportamiento crimi-

nal deriva de una elección humana; 4) el reclamo de una política inspi-

rada en la intimidación».

13. Entre ellos destacan sobre todo: Van Den Haag, E., Punishing Crimi-

nals, Basic Books, Nueva York, 1975; y Wilson, J. Q., Thinking About

Crime, Vintage, Nueva York, 1977 (este último fue, entre otras cosas,

consejero del presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan).

14. Éstas son las palabras de Van Den Haag: «… los malvados existen. Lo

único que se puede hacer es separarlos de los inocentes. Y muchas perso-

Notas:

1. El labelling approach(teoría del etiquetamiento) es una corriente crí -

tica de la sociología y la criminología que tuvo especial relevancia en el

clima progresista de los años sesenta. Según los teóricos del labelling

la desviación no es un ente en sí, sino más bien el resultado de un pro-

ceso de definición, de construcción social (de etiquetamiento). En

definitiva, desviado es quien ha sido definido y tratado como tal por

parte de los sujetos (o instituciones) que tienen atribuido socialmente

el poder de imponer determinadas definiciones (médicos, jueces,

patólogos sociales, etc.). Volveré a referirme extensamente al labe-

lling en la tercera parte. De cualquier modo sobre el tema puede con-

sultarse: Becker, H. S., Outsiders. Saggi di sociologia della devianza,

Ed. Gruppo Abele, Turín, 1991; Lemert, E. M., Devianza, problemi

sociali e forme di controllo, Giuffrè, Milán, 1981; Goffman, E.,

Asylums, Einaudi, Turín, 1968; Chapman, D., Lo stereotipo del crimi-

nale, Einaudi, Turín, 1971; Erikson, K. T., Wayward Puritans, John

Wiley, Nueva York, 1966.

2. Un tratamiento exhaustivo de las diversas teorías criminológicas, desde

una perspectiva crítica, puede verse en Baratta, A., Criminologia critica

e critica del diritto penale, Il Mulino, Bolonia, 1982; Pavarini, M., Intro-

duzione alla criminologia, Le Monnier, Florencia, 1980; Pitch, T., La

devianza, La Nuova Italia, Florencia, 1982; Taylor, I./Walton, P./Young,

J., Criminologia sotto accusa. Devianza o ineguaglianza sociale?,

Guaraldi, Florencia, 1975; Traverso, G. B./Verde, A., Criminologia criti-

ca. Delinquenza e controllo sociale nel modo di produzione capitalis-

tico, Cedam, Padua, 1981.

3. Sobre la difusión del llamado modelo correccional y, en particular, de

las formas «alternativas» de tratamiento de la desviación, véase por

ejemplo: Cohen, S., «Lo sviluppo del modello correzionale: chiacchie-

re e realtà del controllo sociale», en Dei delitti e delle pene, 1/1985,

pp. 5-48.

4. A este propósito Pavarini escribe: «La prevención especial —en la deter-

minación histórica del modelo correccional tal y como se ha realizado

en las realidades de desarrollo del welfare— es expresión estructural de

la política del Estado social, sobre todo porque la persecución de esta

finalidad se realiza en una hipótesis de control outdoor, capaz de satisfa-

cer las nuevas exigencias de disciplina social. Existe por tanto un nexo

estructural que vincula la imposición del nuevo Estado social, la difu-

sión de prácticas de control de tipo no-institucional y la ideología de la

resocialización» (Pavarini, M., I nuovi confini della penalità. Introdu-

zione alla sociologia della pena, Ed. Martina, Bolonia, 1994, p. 70).

5. Parece así iniciarse un proceso de descarcelación del control social,

que se presenta bajo la forma de una progresiva difusión capilar de las

funciones de control, las cuales han salido, al menos en parte, de la

cárcel y se dispersan por el tejido social, potenciando de hecho aque-

lla función de transformación de los individuos que hemos definido

como peculiar de las políticas en cuestión. Frente a la difusión de cier-

to entusiasmo respecto a la reducción de la población carcelaria, que

hacía pensar en una reducción de la intromisión y la intensidad del

control, no faltaron tomas de posición críticas que pusieron en evi-

dencia cómo, por el contrario, se estaban extendiendo (cuantitativa-

mente) y restringiendo (cualitativamente) las redes del control: «Los

mayores resultados de los nuevos movimientos hacia la comunidad y

23. Según Christie, op.cit., pp. 103-104, en los Estados Unidos el gasto

global soportado en concepto de seguridad privada ha superado el de

la pública (a partir de 1977); esta superación hace también referencia

a las cifras de ocupación en el sector de la seguridad privada respecto a

las de la seguridad pública.

24. «Lo que es nuevo respecto de la seguridad privada es su carácter pene-

trante y la extensión de sus actividades más en los lugares públicos que

en los privados. En el ambiente urbano, como mínimo, la seguridad

privada es ahora omnipresente y es empleada como instrumento de

combate por los moradores de los hogares urbanos [...], o en los sitios

de trabajo, o cuando la gente va de compras o a los bancos, o cuando

emplea medios públicos de transporte, o cuando acude a estadios

deportivos, universidades u hospitales» (Shearing, C. D./Stenning, P.

C., «Private Security: Implications for Social Control», en Social Pro-

blems, vol. 30 5/1983, p. 227. De los mismos autores, puede también

verse «From the Panopticon to Disney World: the Development of Dis -

cipline», en Doob, A./Greenspan, E., Perspectives in Criminal Law,

Canada Law Book Inc., Ontario, 1985, pp. 335-349).

25. Señala Ewald, F., («Insurance and Risk», en Burchell, G./Gordon,

C./Miller, P., The Foucault Effect. Studies in Governmentality, Harves-

ter, Londres, 1991, p. 199): «En el mundo de los seguros, el término

[riesgo] no designa ni un evento en sí ni un tipo genérico de evento que

ocurre en la realidad (de carácter desafortunado), sino que se refiere a

un modo específico de tratamiento de ciertos eventos que pueden

afectar a todo un grupo de personas o, más exactamente, a valores o

capitales poseídos o representados por una colectividad de indivi-

duos: es decir, a una población» (la cursiva es mía).

26. Sobre este tema de la relativa irrelevancia de las situaciones subjetivas

de los individuos, tema que retomaremos más adelante, escribe tam-

bién Ewald, op.cit., p. 203: «El riesgo sólo se convierte en algo calcula-

ble cuando es extendido y distribuido entre una población [...]. El

seguro sólo puede cubrir a grupos: él trabaja socializando riesgos. Él

hace de cada persona parte de una totalidad. El riesgo, en sí mismo,

como entidad, sólo existe en el conjunto, de tal modo que cada perso-

na asegurada representa sólo una fracción de aquél» (la cursiva es

mía).

27. Floud, J./Young, W., Dangerousness and Criminal Justice, Cambridge

Studies in Criminology XLVII, Editor Sir Leon Radzinowicz, Heine-

mann, Londres, 1981; un comentario de la autora, Jean Floud, está

publicado con el mismo título del informe en The British Journal of

Criminology, vol. 22, 3/1982, pp. 213-228.

28. «On what grounds are we justified in doing him this grave harm —for

grave ham undoubtedly is, on any reckoning?» (Floud, J., Dangerous-

ness and Criminal Justice, op. cit., p. 218).

29. «The justification can only be [...] that we are justly redistributing a bur-

den of risk that we cannot immediately reduce. This formulation of the

answer, in terms of redistributing risk, seems to us to be more appro-

priate to the jurisprudence of protective sentencing than the one that is

frecuently given in terms of social utility» (ibídem, p. 218).

30. Kemshall, H., Reviewing Risk. A Review of Research on the Assessment

and Management of Risk and Dangerousness: Implications for Policy

and Practice in the Probation Service. A Report for the Home Office

Research and Statistics Directorate, Information and Publications

Group, Croydon, 1996.

nas, que no se hallan ni en una categoría ni en la otra, pero que observan y

hacen cálculos sobre sus propias oportunidades, sospesan atentamente

nuestra reacción frente a la maldad como una señal de lo que podrían

emprender con provecho. No hemos considerado con la debida aten-

ción a los malvados, nos hemos mofado de los inocentes y hemos alenta-

do a los calculadores» (op.cit., p. 240).

15. El autor se refiere al movimiento del llamado Law and Economics,

conocido en castellano con la denominación «análisis económico del

derecho» (N. de los T.).

16. Respecto al cost-benefits analisis, constituye un clásico el artículo de

Becker, G., «Crime and Punishment: an Economic Approach», en The

Journal of Political Economy, 76/1968, pp. 169-217; también Palmer,

J. «Economic Analisis of the Deterrent Effect of Punishment: a

Review», en Journal of Research in Crime and Delinquency, vol. 14,

1/1977, pp. 4-21; Savona, E. U., «Un settore trascurato: l’analisi econo-

mica della criminalità, del diritto penale e del sistema di giustizia

penale», en Sociologia del diritto, 1-2/1990, pp. 255-277.

17. Sobre este aspecto del cost-benefits analysis (críticamente), ver

Greenberg, D. F., «The Cost-benefits Analysys of Imprisonment», en

Social Justice, vol. 17, 4/1990, pp. 49-75.

18. Ver Greenwood, P., Selective Incapacitation, RAND, Santa Monica,

1982.

19. Los índices de encarcelamiento en los Estados Unidos han experimen-

tado un aumento constante a partir de principios de los años setenta:

de un índice de reclusión de 230 internos por cada 100.000 habitantes

en 1979 se pasa a 426 en 1989 y a 504 en 1991; el índice global de

población sujeta a control penal es de 1.794 por cada 100.000 (datos

extraídos de Christie, N., Il business penitenciario. La via occidentale

al GULAG, Elèuthera, Milán, 1996).

20. Como señala Stanley Cohen, op.cit., p. 35: «Desplazando el interés

desde la conducta individual hacia el ambiente social más amplio en el

que actúa el actor, esta nueva pedagogía del comportamiento no repi-

te las sugerencias comunes de todo enfoque terapéutico: reformar el

ambiente familiar, el del trabajo y, más en general, a la misma sociedad.

La intervención está más destinada al ambiente físico del actor. […] En

resumen, el crimen es algo que se puede reprogramar cambiando la

administración del hábitat físico».

21. «Vivimos en ciudades fortaleza, brutalmente divididas entre células

fortificadas para la sociedad acomodada y lugares de terror donde la

policía combate a los pobres criminalizados. La segunda guerra civil

comenzada en los largos y calurosos veranos de los años sesenta ha

sido institucionalizada en la estructura del espacio urbano» (Davis,

M., L a città di quarzo. Indagine sul futuro a Los Angeles, Manifestoli-

bri, Roma, 1993, p.122).

22. Como hemos visto más arriba, ello no comporta en absoluto una

moderación cuantitativa de la población carcelaria, sino que produce

una renovación en la composición cualitativa de tal población. A pro-

pósito de ello, Mike Davis escribe, op. cit., p.169: «Las cárceles ya han

abandonado toda pretensión de rehabilitación. Algunas son simple-

mente almacenes de baja seguridad, donde los detenidos son someti-

dos a la continua vigilancia de circuitos de televisión; otras, proyecta-

das específicamente para albergar los gángster más endurecidos de

los guetos y de los barrios de Los Ángeles, constituyen auténticos

infiernos orwellianos».

na. Una posición sustancialmente análoga es la sostenida por Mathie-

sen, T., «The Future of Control Systems: the Case of Norway», en Gar-

land, D./Young, P. (Eds.), The Power to Punish. Contemporary Pena-

lity and Social Analysis, Heinemann Educational Books, Londres,

1983, pp. 131-145, el cual sin embargo subraya con mayor énfasis la

importancia del tránsito del control de los individuos al control de

categorías enteras de sujetos.

38. Ed. Bottoms, A., «Neglected Features of Contemporary Penal Systems»,

en Garland, D./Young, P., op. cit., pp. 166-201. Bottoms sostiene la

inadecuación teórica de la explicación propuesta por Stan Cohen:

«Ante todo, ninguno de los principales desarrollos penales menciona-

dos en la primera sección se adecua completamente con la tesis de la

dispersión de la disciplina, porque ninguno de ellos es primariamente

disciplinario» (p. 180). Destacando la significativa redimensión de la

centralidad del individuo respecto al sistema de control, continúa: «Si

el infractor no ha sido y no va a ser investigado como persona en su tota-

lidad, difícilmente tiene sentido someterlo a específicas técnicas disci-

plinarias y correctoras diseñadas para llevar cuerpo y alma al estatus de

sujeto obediente —la esencia del aparato disciplinario de Foucault—»

(p. 190).

39. Foucault, M., «La governamentalità», en Dalla Vigna, P. (coord.), Poteri

e strategie. L’assoggettamento dei corpi e l’elemento sfuggente, Mime-

sis, Milán, 1994, pp. 43-67.

40. Ésta es la definición foucaultiana de gobernabilidad: «El conjunto for-

mado por las instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones, cál-

culos y tácticas que permiten ejercer esta forma tan específica —a la

vez que compleja— de poder, que tiene como objetivo la población,

como forma principal de saber la economía política, y como instru-

mentos técnicos esenciales los dispositivos de seguridad» (Foucault,

M., «La governamentalità», op. cit., p. 65).

41. Ver Feeley, M./Simon, J., «Actuarial Justice: the Emerging New Criminal

Law», en Nelken, D. (editado por), The Futures of Criminology, Sage

Publications, London 1994, pp. 173-201; Feeley, M./Simon, J., «The New

Penology: Notes on the Emerging Strategy of Corrections and its Implica-

tions», en Criminology, vol. 30, 4/1992, pp. 449-474; Simon, J., «The Ide-

ological Effects of Actuarial Practices», en Law and Society Review, vol.

22, 4/1988, pp. 771-800; Simon, J., «The Emergence of a Risk Society:

Insurance, Law and the State», en Socialist Review, 95/1987, pp. 61-89;

O’Malley, P., «Risk, Power and Crime Prevention», en Economy and

Society, vol. 21/1992, pp. 252-275; Ídem., «Legal Networks and Domestic

Security», en Studies in Law, Politics and Society, vol. 11/1991, pp. 171-

190; Ídem. (editor), Crime and the Risk Society (Forthcoming); Schicor,

D., «Three Strikes as a Public Policy: the Convergence of the New Peno-

logy and the McDonaldization of Punishment», en Crime & Delinquency,

vol. 43, 4/1997, pp. 470-492; Reichman, N., «Managing Crime Risks:

Toward an Insurance — Based Model of Social Control», en Research in

Law and Social Control, 8/1986, pp. 151-172.

42. Este aspecto es puesto en evidencia respecto a la psiquiatría por Castel,

R., «From Dangerousness to Risk», en Burchell, G./Gordon, C./Miller,

P., The Foucault Effect. Studies in Governmentality, cit., p. 281: «El

componente esencial de la intervención ya no toma la forma de la direc-

ta relación cara a cara entre el paciente y el terapeuta, entre el que

ayuda y el ayudado, entre el profesional y el cliente. Ahora lo relevante

será el establecimiento de flujos de población basados en el cotejo o

31. Medida alternativa a la cárcel existente en el sistema judicial inglés y

que corresponde, en parte, a la libertad vigilada del sistema penal ita-

liano (y a la suspensión condicional de la pena en el sistema español;

N. de los T.).

32. Kemshall, op. cit., p. VI, describe así los dos sistemas de averiguación

del riesgo: «El método clínico está basado en el caso-por-caso y es lle-

vado a cabo por un trabajador profesional [...]. El punto de vista actua-

rial se basa en el análisis estadístico de datos derivados de muestras de

grupos poblacionales. Sus raíces se hallan en la industria comercial de

seguros y, aunque posee una precisión de aproximadamente un 40%,

tiene una mayor utilidad predictiva que los métodos clínicos. Ha sido

bien empleado en la criminología y en el trabajo con delincuentes en

las áreas de predicción de la violencia y de la reincidencia».

33. «Los equipos necesitarán aprender y aplicar las líneas apropiadas del

conocimiento actuarial antes de proceder a realizar las entrevistas en

profundidad dirigidas a la valoración clínica de pautas de conducta y

motivaciones» (Ibídem, p. 31).

34. Ibídem, p. 35.

35. Ibídem, p. VII.

36. Para un testimonio significativo del debate criminológico y político

criminal desarrollado en los últimos veinte años, nos remitimos a las

revistas italianas La questione criminale (luego Dei delitti e delle

pene), Critica del diritto , Rassegna italiana di criminologia; respec-

to al panorama anglosajón, se pueden ver en particular dos revistas:

Contemporary Crises y Social Justice.

37. Este punto de vista, desarrollado sobre todo en relación al tema del

«control social en la comunidad» (control in the community), es decir,

a la adopción de estrategias de control que implicasen directamente a

las comunidades interesadas, ha sido propuesto por Cohen, S.,

Visions of Social Control: Crime, Punishment and Classification,

Polity Press, Cambridge, 1985; ver también Ídem., «The Punitive City:

Notes on the Dispersal of Social Control», op. cit., p. 359: «Este princi-

pio de disciplina indefinida —enjuiciamiento, examen y observación

que nunca terminan— representaron la nueva forma de control, al

igual que las ejecuciones públicas habían representado la vieja. El

nuevo movimiento hacia la comunidad es simplemente una continua-

ción del modelo de conjunto surgido en el siglo XIX». También con-

cuerdan con esta lectura Shearing, C. D./Stenning, P. C., «From the

Panopticon to Disney World: the Development of Discipline», op. cit.,

p. 415: «Es precisamente debido al penetrante carácter de la disciplina

que su naturaleza cambia en función del contexto en el que se aplica. Y

es por esta razón que, cuando se aplica en el contexto de la pena carce-

laria, uno de sus elementos distintivos es el del tratamiento individua-

lizado [...]. Como hemos tratado de ilustrar, sin embargo, cuando se

aplica en un contexto que es primariamente instrumental antes que

moral, los elementos de la disciplina son significativamente diferen-

tes». Básicamente, Shearing y Stenning tienden a explicar el desplaza-

miento del objeto de control (del individuo hacia los grupos) por el

debilitamiento de la fundamentación moral (moral foundation) del

poder de castigar; este último, ahora ya sólo legitimado en términos

de racionalidad instrumental, puede desinteresarse del individuo

como sujeto moral y limitarse a la vigilancia de los grupos de riesgo.

Sin embargo, según ambos autores, ello no da lugar a la superación del

paradigma disciplinario, sino tan sólo a su diversa articulación inter-

Migraciones

En la primera parte hemos reconstruido las transformacio-

nes más recientes que han afectado, por un lado, al pensa-

miento criminológico y, por otro, a las prácticas y políticas

de control social.

Frente a la progresiva crisis de algunos modelos consoli-

dados de reflexión sociológico-criminal, he intentado mos-

trar la emergencia de un nuevo paradigma actuarial que, aun-

que sea sólo de forma tendencial, considero adecuado para

explicar las orientaciones que parecen guiar a las principales

agencias de control social y las políticas sobre la desviación.

Al formular tales consideraciones, he subrayado la nece-

sidad de anclar este género de reflexiones, si no directa o

exclusivamente a un contexto institucional, como mínimo

a algunas experiencias político-legislativas relativas a fenó-

menos percibidos como desviados o potencialmente des-

viados. Experiencias de gestión del riesgo de las que pue-

den emerger de forma más clara algunos elementos del

nuevo modelo de control.

La decisión de tratar la cuestión de la inmigración extra-

comunitaria, aunque sólo sea en lo concerniente a las estra-

tegias de control, comporta una ampliación potencialmente

indefinida del objeto del discurso. En particular, no es fácil

aislar del complejo de políticas migratorias aquellas explíci-

tamente inspiradas en objetivos de control.

Sin embargo, quizá se pueda decir que las finalidades de

control de la población inmigrada emergen explícitamente

de todas las disposiciones legislativas que regulan la condi-

comparación de un rango de factores abstractos considerados los res-

ponsables de producir riesgo en general».

43. La literatura sobre la prevención situacional de la criminalidad es ya

suficientemente amplia, pese a que pocos autores han identificado en

la misma la novedad de algunas de sus características, las cuales hacen

necesario someter a discusión en sí mismo el paradigma del control

disciplinario. Ver Newman, O., Defensibile Space, McMillan, Nueva

York, 1972; Skogan, W. G., Disorder and Decline: Crime and the Spiral

Decay in American Neighbourhoods, Free Press, Nueva York, 1990;

Murray, C. A., «The Physical Environment and Community Control of

Crime», en Wilson, J. Q. (editor), Crime and Public Policy, Institute for

Contemporary Studies, San Francisco, 1983, pp. 107-122; South, N.,

«The Security and Surveillance of the Environment», en Lowman,

J./Menzies, R./Palys, T. S., Transcarceration: Essays on the Sociology of

Social Control, Gower, Alderhot, 1987, pp. 139-152; Schmidt, A. K.,

«Electronic Monitoring in the United States», en Zvelic, U., Alternatives

to Imprisonment in Comparative Perspective, Nelson-Hall Publishers,

Chicago, 1993, cap. 15.

44. Como escriben Feeley y Simon en «Actuarial Justice: the Emerging New

Criminal Law», op. cit., p. 192: «En contraste con otros que pueden ser

pobres y desempleados, la underclass constituye una población per-

manentemente disfuncional, analfabeta, sin habilidades ni capacida-

des, sin expectativas ni esperanzas; se autoperpetúa como segmento

patológico de la sociedad, resulta imposible de ser integrada dentro

del conjunto y presenta una cultura que fomenta la violencia. La justi-

cia actuarial le invita a ser tratada como categoría de alto riesgo que

debe ser gestionada para la protección de toda la sociedad».

45. Estrategia de prevención de la microcriminalidad difundida en los

últimos años, que consiste en implicar a los mismos habitantes de un

barrio, o de una determinada zona de la ciudad, en la actividad de vigi-

lancia del propio vecindario. En estrecho contacto con las fuerzas del

orden, los grupos de ciudadanos (a menudo instruidos y organizados

por los mismos agentes de policía) se comprometen a observar el terri-

torio y a denunciar a la policía cualquier persona, comportamiento o

situación extraña, insólita o sospechosa.

SEGUNDA PARTE

Inmigrantes y desviados.

Los nuevos territorios del control

munitarios, con el objetivo de describir el fenómeno de

forma realista.

Al hacer esto, no podemos evitar mirar hacia los Estados

Unidos: un país cuya historia está estrechamente enlazada a

la de las minorías étnicas. Esto parece tanto más necesario si

consideramos el porcentaje de inmigrantes encarcelados

respecto al total de la población carcelaria italiana. Un por-

centaje que supera ampliamente el de los inmigrantes res-

pecto a la totalidad de la población residente: este dato debe

inducirnos a una reflexión crítica más amplia sobre las diná-

micas de criminalización y encarcelamiento, que en los paí-

ses de larga tradición migratoria (sobre todo en los Estados

Unidos) cada vez involucra más a las ethnic minorities. En

definitiva, nos preguntaremos por qué en Italia, en Europa y

en los Estados Unidos la cárcel es cada vez más negra.

Emergencias

La reflexión sociológica contemporánea a menudo ha pres-

tado atención a los fenómenos migratorios, analizando

según variadas perspectivas los diversos factores que los

caracterizan, las principales direcciones tomadas por los

flujos, las formas históricas de consolidación de la movili-

dad territorial, las dinámicas de interacción entre grupos

inmigrados y poblaciones residentes.

Pero sólo recientemente los investigadores se han con-

centrado en el caso italiano: el análisis ha sacado a la luz

algunas peculiaridades que parecen distinguir de forma

bastante clara este país de otros Estados europeos y

extraeuropeos.

Examinando el fenómeno en su evolución temporal, las

dinámicas migratorias y de movilidad territorial que han

afectado a Italia pueden ser reconducidas a cuatro momen-

tos fundamentales, que corresponden a otras tantas trayec-

torias de los flujos.

Históricamente, el país se ha caracterizado por olas

migratorias hacia el exterior (ya desde fines del siglo XIX),

ción jurídica del extranjero. Ello independientemente del

hecho de que varias disposiciones, de carácter genérica-

mente «social», se encuentran en los textos legislativos

europeos y nacionales. Pero las que tienen una actuación

concreta son, en definitiva, las normas de tipo represivo, y

no las de inspiración social, que tienen reservado el estatus

de vagas normas programáticas.

En realidad, todas las políticas sobre inmigración extra-

comunitaria parecen inspirarse en una filosofía político-

legislativa que considera la población inmigrada como un

grupo social potencialmente desviado, cuyos comporta-

mientos hay que prever y prevenir, cuyos flujos hay que con-

tener y limitar, y cuya condición jurídica casi siempre viene

determinada por un contexto marcado por la emergencia.

Por tanto, deberemos cruzar los límites de las normas explí-

citamente sancionadoras, para dirigir nuestra atención a

todo el complejo de políticas que orientan el tratamiento de

los inmigrantes. Sin descuidar tampoco las profundas impli-

caciones de carácter social que siempre se siguen de tales

elecciones político-legislativas.

La segunda parte del libro pretende entonces, ante todo,

suministrar un cuadro descriptivo del fenómeno migratorio

que Italia está viviendo durante estos años, alimentando

sentimientos públicos de preocupación, inseguridad y

«pánico moral». Analizaremos después la más reciente pro-

ducción legislativa italiana sobre la inmigración, detenién-

donos en particular en las disposiciones relativas al control

de la población inmigrada. También tomaremos en conside-

ración las políticas europeas, en particular la reciente Con-

vención de Schengen, a cuyas directivas la ley italiana se ha

adaptado plenamente.

Desde el momento en que, tanto la llamada opinión

pública como las instituciones, parecen percibir en térmi-

nos de emergencia los fenómenos de desviación inmigrada

y, por consiguiente, la propia presencia extracomunitaria

en territorio nacional, es oportuno extender la reflexión al

tema específico de la desviación de los inmigrantes extraco-

indicadores más dramáticos del progresivo empobreci-

miento de partes cada vez mayores del planeta en el marco

de una economía global. El motivo es evidente: si cada país

(incluidos aquellos desde los que el éxodo es más masivo)

es también punto de llegada de los flujos, esto significa que

por cada país pobre existe, como mínimo, uno en condicio-

nes todavía más desesperadas.

Por otro lado, se puede identificar una ulterior transfor-

mación de las características generales de las migraciones

que están atravesando Europa. Se pasa de una inmigración

incentivada a una inmigración que llega para ofrecer trabajo.

Durante los años cincuenta y sesenta, los flujos migrato-

rios habían sido incentivados y promovidos por los países

europeos más industrializados, cuyos sistemas productivos

desarrollaban una fuerte demanda de mano de obra poco o

nada cualificada para emplear en el sector siderúrgico, meta-

lúrgico o minero: una demanda que la fuerza de trabajo local

no era capaz de satisfacer. El pull factor de la demanda de

fuerza de trabajo ha ejercido por tanto una función funda-

mental, determinando, además —o al menos en parte— las

condiciones para que se garantizase un discreto nivel de

integración social a las masas de inmigrantes que en esos

años llenaban las fábricas y grandes industrias del centro y

norte de Europa1.

Pero, a partir de los primeros años setenta, estos países se

inclinan por el cierre de las fronteras, inaugurando una

orientación política que se mantendrá constante hasta nues-

tros días y que se puede atribuir a las profundas transforma-

ciones que afectan al sistema productivo en las áreas del capi-

talismo avanzado. El progresivo aumento del sector terciario

de la economía, la descentralización productiva y los proce-

sos de reestructuración del sistema industrial determinan

un excedente de mano de obra que provoca una incapacidad

de asimilación de los flujos migratorios.

En un contexto de globalización de la economía, los sis-

temas productivos más avanzados tienden a privilegiar el

traslado de las empresas al exterior, ya que encuentran más

sobre todo hacia los Estados Unidos, Canadá y América Lati-

na. A partir de la Segunda Posguerra y hasta fines de los años

sesenta, grandes masas de emigrantes italianos llegaron a

países de Europa central y septentrional, sobre todo a Ale-

mania, Bélgica, Francia y Suiza. Esta movilidad transnacio-

nal vino acompañada de una gran migración interna que

vio como los trabajadores meridionales se transfirieron a

las ciudades del norte, en particular al triángulo industrial.

En la última fase —en la cual nos encontramos actual-

mente— asistimos a un vuelco total de la experiencia migra-

toria italiana. Han cesado (al menos a partir de la primera

mitad de los años setenta) tanto los flujos de mano de obra

italiana que salían hacia los países europeos y extraeuro-

peos, como los movimientos de población del sur al norte

del país. Desde hace unos años, Italia ya no se presenta

como país de salida, sino de destino (aunque a veces sólo

provisional) de nuevos flujos migratorios, procedentes

sobre todo de los países del ex Bloque Socialista, del norte

de África (aunque en parte también del África subsahariana)

y, en menor medida, de los países del sur y este asiático.

Aquí no podemos describir detalladamente los factores

que en estos últimos años han determinado estas transfor-

maciones tan radicales en las trayectorias y en los flujos,

tanto a nivel nacional como internacional. Son factores

complejos, que implican grandes acontecimientos de natu-

raleza política y militar, cambios económicos radicales y

procesos de transformación cultural. Pero lo cierto es que

estamos delante de una profunda redefinición a escala glo-

bal de los push y los pull factors, es decir, de aquellas condi-

ciones (relativas, respectivamente, a los países de destino y

a los de procedencia) que determinan atracción o impulso

de los flujos migratorios entre las diversas áreas geográficas

del mundo.

Todo el mapa geopolítico de las migraciones está cam-

biando rápidamente. Se puede decir que ya todos los países

del mundo son, simultáneamente, lugares de procedencia

y de destino de los flujos migratorios. Éste es uno de los

Datos recientes, relativos a los permisos de residencia

expedidos en los años 1992-1997, indican una presencia

extranjera regular que aumenta de las 649.000 presencias en

1992, a las 678.000 en 1995, hasta las 986.000 en 19975. Fren-

te a casi un millón de inmigrantes que poseen permiso de

residencia, se calcula una presencia de 200.000 o 300.000

irregulares6. En base a estos datos, la población extracomuni-

taria no constituiría más del 1,5% del total de la población ita-

liana; un porcentaje poco alarmante, considerando que la

media europea está en el 5%. Resulta injustificable el síndro-

me de invasión que los mass-media y las instituciones han ali-

mentado de manera constante en los últimos años. Basta pen-

sar que los extranjeros constituyen el 8,6% de la población

alemana, el 6,6% de la francesa, el 18% de la suiza, el 9,1% de la

belga, el 8,9% de la austríaca y el 5,1% de la inglesa7.

Las principales áreas geográficas de procedencia de los

ciudadanos inmigrados son los países norteafricanos y los

del Este (sobre todo la ex Yugoslavia y Albania). Al contrario

de lo que generalmente se cree, estas poblaciones a menu-

do tienen un elevado nivel de escolarización; una escolari-

zación infravalorada si se tienen en cuenta los sectores

laborales en los que encuentran empleo los inmigrantes8.

Realmente es infundado el temor de que la presencia

extranjera en Italia ejerza una presión competencial sobre

el mercado de trabajo. Los principales sectores de empleo

de la mano de obra inmigrada son en definitiva el terciario

no cualificado —restauración, trabajo estacional en el sec-

tor turístico—, el sector agrario, el industrial no especiali-

zado (sobre todo en el noroeste del país), el manufacturero

(en el noreste) y el trabajo autónomo —que para los inmi-

grantes significa la venta ambulante, y no el ejercicio de

profesiones liberales—. Por otro lado, se estima que la fuer-

za de trabajo ocupada irregularmente (o en el sector de la

economía «informal», que es como el Ministerio del Inte-

rior define el trabajo negro) constituye el 42% del total de la

mano de obra inmigrada a nivel nacional, con picos que

rozan el 60% en las regiones meridionales. Un dato que no

conveniente contratar fuerza laboral directamente en los

países menos avanzados (donde el coste del trabajo es

menor), que emplearla en sus propios Estados, donde un

welfare todavía no del todo reestructurado garantiza a los

inmigrantes paridad de garantías sociales y salariales con la

fuerza de trabajo local.

Pero el cierre de las fronteras, si bien interviene de

forma violenta sobre uno de los principales factores de

atracción, obviamente no ha sido capaz de constituir un

freno significativo sobre los factores de impulso de la inmi-

gración, los cuales incluso tienden a intensificarse debido a

motivos políticos, económicos y culturales2.

Por tanto, la nueva inmigración afronta una actitud de

cierre y rechazo por parte de los mismos gobiernos que

hasta hace pocos años más habían incentivado la llegada de

flujos migratorios.

En este contexto internacional profundamente trans-

formado se inserta la experiencia italiana de la inmigra-

ción: una experiencia particularmente reciente, dado que

Italia se ha convertido en lugar de llegada de flujos migrato-

rios solamente a partir de mitad de los años ochenta3.

De este modo, la literatura sociológica italiana, que tradi-

cionalmente se había concentrado en el análisis de los flujos

migratorios del país hacia el exterior o en el interior del

territorio nacional, empieza a ocuparse del nuevo fenóme-

no migratorio4. En definitiva, Italia se está insertando de

lleno entre los otros países europeos en cuanto a destino de

nuevos flujos migratorios. Italia se asemeja a los otros países

también en el intento de poner freno a quien pretende atra-

vesar sus fronteras. Y, sin embargo, se trata de fronteras que

en estos últimos años son cruzadas en sentido de «entrada».

No es fácil hacer una cuantificación fiable de la presen-

cia extracomunitaria en Italia, debido tanto a la superposi-

ción de fuentes estadísticas a menudo discordantes (y,

sobre todo, elaboradas siguiendo métodos de cómputo

divergentes), como a la dificultad de valorar las presencias

irregulares, aunque sea aproximadamente.

Schengen

Antes de analizar las disposiciones legislativas introducidas

recientemente en Italia y las líneas de acción política en las

que se basan, resulta oportuno prestar atención a la impor-

tante producción normativa que ha tenido lugar a nivel

europeo a través de la realización de acuerdos y convenios,

ya que a unos y otros hacen constante referencia las diferen-

tes legislaciones nacionales, incluida la italiana.

Todas las innovaciones fundamentales acaecidas a nivel

europeo no hacen otra cosa que llevar a cabo una parte del

Tratado de Maastricht: el Título VI, relativo a la Coopera-

ción en Materia de Justicia e Interior.

Las diversas formas de colaboración, más o menos oficia-

les, que se han consolidado en estos años entre los países

europeos, hacen referencia en general a temas de coopera-

ción policial para la seguridad interna e internacional; sólo

algunas de ellas están destinadas específicamente a la inmi-

gración extracomunitaria y a su contención.

En este contexto se inserta el Acuerdo de Schengen, estipu-

lado el 14 de junio de 1985 entre los países del Benelux, la

entonces República Federal Alemana y Francia, relativo a la

gradual eliminación de los controles policiales en las fronteras

comunes entre estos países. Este acuerdo, que establece una

serie de líneas maestras a la vista del posterior Convenio de

Schengen, define los términos generales de la colaboración

entre las diversas policías de los Estados adherentes: una cola-

boración destinada, por una parte, a la supresión de los con-

troles fronterizos entre los países colindantes (en la óptica de

la libre circulación de capitales, mercancías y personas) y, por

la otra, a la intensificación de los controles en las fronteras

exteriores de los países firmantes11.

Cinco años después, exactamente el 19 de junio de 1990,

se estipula el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schen-

gen al cual se adhiere Italia12. El Convenio disciplina todos

los aspectos relativos al cruce de las fronteras exteriores por

parte de «extranjeros», esto es, de ciudadanos de países no

sorprende, si se tiene en cuenta el efecto de irregularidad

forzada en las relaciones laborales debido a la discrimina-

ción —impuesta por la ley— entre inmigrantes regulares e

irregulares, en base a la cual estos últimos sólo tienen la

posibilidad de desarrollar actividades laborales sumergi-

das. Por tanto, es un modelo de complementariedad, y no

de concurrencia, el que prevalece en la relación entre inmi-

grantes y residentes en el mercado de trabajo9.

Frente a la alternativa entre dos opciones radicales, la

del «rechazo y expulsión» tout court (que impediría a los

empresarios italianos sacar ventajas de la presencia de una

mano de obra dispuesta a aceptar condiciones laborales

degradantes, inseguras e infrapagadas), y la de la «coopera-

ción y ciudadanía» (que igualmente comportaría la pérdida

de esa ganancia, ya que implica el reconocimiento de las

mismas garantías laborales para todos); frente a la alternati-

va entre estas hipótesis prevalece entonces una «tercera

vía»: la de la «inclusión subordinada»10. Un control de los

flujos, es decir, una limitación de las entradas sobre la base

de las exigencias efectivas del sistema productivo, acompa-

ñada de una política legislativa de «dosificación» de los

derechos de ciudadanía que constriñe a las ciudadanas y

ciudadanos inmigrados a aceptar cualquier forma de inte-

gración económica, con tal de que ofrezca alguna perspec-

tiva de inclusión y, sobre todo, evite la expulsión.

Las políticas restrictivas de la inmigración determinan

las condiciones estructurales para la consolidación de un

grupo social constantemente marginado, permanentemen-

te bajo control y, por tanto, socialmente precario. Una

nueva categoría de sujetos a los cuales, exactamente como a

los «pobres laboriosos» del siglo XVII, se les puede aplicar

con éxito una política del terror. Si en el caso de los pobres

laboriosos se trataba de evitar la cárcel, en nuestro caso el

fantasma es la amenaza de expulsión.

Los diversos tratamientos de estas políticas, su concre-

ción normativa y, sobre todo, sus implicaciones en el plano

del control social serán el tema que ahora afrontaremos.

ros que residan en el territorio de una de las Partes contratan-

tes y que se dirijan al territorio de otra Parte contratante,

estarán obligados a declarar su presencia»15.

Los países del área Schengen reconocen gran importan-

cia a la circulación y a la actualización de las informaciones

relativas a los extranjeros: el continuo intercambio de infor-

mación se considera quizá la forma más importante de coo-

peración policial. Con este objetivo se establece el SIS, Siste-

ma de Información de Schengen: «El Sistema de Información

de Schengen permitirá que las autoridades designadas por

las Partes contratantes dispongan de descripciones de per-

sonas y de objetos, al efectuar controles en la frontera y com-

probaciones y otros controles de policía y de aduanas reali-

zados dentro del país de conformidad con el derecho

nacional, así como, únicamente en relación con la categoría

de la inscripción del artículo 96, a efectos del procedimiento

de expedición de visados, de expedición de permisos de resi-

dencia y de la administración de extranjeros, en el marco de

la aplicación de las disposiciones sobre la circulación de las

personas contempladas en el presente Convenio»16.

Se prevé el establecimiento de dos categorías de archi-

vos: una a nivel nacional y otra a nivel central. Cada Estado

establece y actualiza continuamente su propio archivo, a

indicación de las fuerzas del orden que efectúan los contro-

les en las fronteras. Las informaciones recogidas se hacen

confluir entonces en el archivo centralizado, una especie

de megabanco de datos policiales, al cual pueden acceder

los diferentes Estados para verificar en tiempo real si la per-

sona que cruza el límite ha sido ya fotografiada, descrita y

fichada por alguna otra policía estatal.

La siguiente disposición del Convenio indica cuáles son

las finalidades del Sistema de Información de Schengen,

estableciendo que el mismo «tiene como objeto [...] preser-

var el orden y la seguridad públicos, incluida la seguridad

del Estado, y la aplicación de las disposiciones del presente

convenio sobre la circulación de personas por los territo-

rios de las Partes contratantes»17.

miembros de la Comunidad Europea, determinando condi-

ciones particularmente restrictivas, cuya aplicación a escala

transnacional se garantiza mediante un complejo sistema

de elaboración e intercambio de las informaciones referen-

tes a las personas en situación de llegada y de tránsito. Se

prevé el establecimiento de un «visado uniforme», es decir,

de un documento que permite el ingreso regular en el terri-

torio de los países firmantes, cuyas condiciones de expedi-

ción y de renovación vienen determinadas sobre la base de

reglas comunes.

Las condiciones para la expedición de un permiso de resi-

dencia no superior a tres meses son muy selectivas. En parti-

cular, se prevé: la obligación del extranjero de «presentar, en

su caso, los documentos que justifiquen el objeto y las condi-

ciones de la estancia prevista y disponer de medios adecua-

dos de subsistencia, tanto para el período de estancia previsto

como para el regreso al país de procedencia o el tránsito hacia

un tercer Estado en el que su admisión esté garantizada, o

estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios;

además, el extranjero no debe estar incluido en la lista de no

admisibles». Finalmente, no debe «suponer un peligro para el

orden público, la seguridad nacional o las relaciones interna-

cionales de una de las Partes contratantes»13.

Por otro lado, se especifica que «el control de las perso-

nas incluirá no sólo la comprobación de los documentos de

viaje y de las restantes condiciones de entrada, de residen-

cia, de trabajo y de salida, sino también la investigación y la

prevención de peligros para la seguridad nacional y el

orden público de las Partes contratantes»14.

El Convenio establece también una obligación de conti-

nua declaración de su presencia al extranjero que haya logra-

do acceder a uno de los Estados miembros. Dispone, en defi-

nitiva, que «los extranjeros que hayan entrado regularmente

en el territorio de una de las Partes contratantes estarán obli-

gados a declararlo, en las condiciones establecidas por cada

Parte contratante, a las autoridades competentes de la Parte

contratante en cuyo territorio entren. Además, los extranje-

Un primer aspecto que merece ser denunciado es el de

la escasa transparencia de los procesos decisorios que

han llevado a la elaboración del propio Convenio. De

hecho, los procedimientos sólo han implicado a los

gobiernos de los países firmantes, excluyendo toda parti-

cipación de los Parlamentos nacionales (a los cuales sólo

se ha consentido una valoración a posteriori de los acuer-

dos) y del Parlamento Europeo. Esto ha impedido la con-

frontación pública de cuanto se estaba decidiendo. Tam-

bién hay que denunciar la atmósfera de informalidad

(para no decir de verdadero secreto) que ha envuelto los

innumerables momentos de encuentro, cooperación e

intercambio de informaciones entre las principales fuer-

zas gubernativas europeas (actividad de la que Schengen

sólo es uno de los resultados). Un proceso de decisión

política sobre cuestiones vitales que se ha visto sistemáti-

camente sustraído a la verificación de los órganos repre-

sentativos de las poblaciones europeas21.

Schengen representa el verdadero centro de gravedad

de la nueva orientación restrictiva que los países europeos

están adoptando para hacer frente al fenómeno migratorio.

Pero Schengen es también una forma particular de ejer-

cicio del control social, de un control que opera a través de

los flujos imperceptibles de la información, del fichaje en

masa de sujetos. Es control de los movimientos de pobla-

ciones enteras en éxodo, control de la relación cuerpo-

territorio, población-territorio: es «gobernabilidad». Son

las poblaciones, y no los individuos, las que son objeto de

control. La gobernabilidad y el control biopolítico se insti-

tucionalizan en el dispositivo Schengen.

Este dispositivo expresa una estrategia de prevención

frente a las poblaciones migratorias, una filosofía de con-

trol y de limitación de las libertades que se basa en la repre-

sentación de los inmigrantes como portadores de un peli-

gro; un peligro que ellos constituirían en cuanto tales, no

como individuos determinados, sino por su pertenencia a

una categoría de sujetos «de riesgo»: los extranjeros.

La continua referencia al orden y a la seguridad pública, e

incluso a la seguridad del Estado, haría pensar que estos archi-

vos están destinados a contener datos relativos a sujetos parti-

cularmente peligrosos, como terroristas, traficantes interna-

cionales de estupefacientes o de armas. Pero en realidad no es

en absoluto así, desde el momento en que el sistema de infor-

mación hace referencia, indistintamente, a todos los extranje-

ros que entran y recoge datos personales y descriptivos, a los

que se añade la eventual «indicación de que las personas en

cuestión son violentas»18.

Finalmente, el convenio especifica los parámetros en base

a los cuales las distintas autoridades nacionales tienen el

poder de incluir al extranjero en el SIS; hecho que comporta

automáticamente la prohibición de admisión al territorio de

cualquiera de los países contratantes. Una vez más predomi-

nan las preocupaciones relativas a la tutela del orden público:

«las decisiones podrán basarse en la amenaza para el orden

público o la seguridad nacional que pueda constituir la pre-

sencia de un extranjero en el territorio nacional»19.

Los redactores del Convenio deben haber tenido pre-

sente la absoluta indeterminación de esta norma, hasta el

punto de considerar oportuno especificar su significado

del siguiente modo:

Éste podrá ser particularmente el caso:

a) de un extranjero que haya sido condenado por

una infracción sancionada con una pena privativa de

libertad de un año como mínimo;

b) de un extranjero sobre el cual existan razones

serias para creer que ha cometido hechos delictivos

graves [...], o sobre el cual existan indicios reales de

que piensa cometer tales hechos en el territorio de una

Parte contratante20.

Tenemos aquí un resumen de la filosofía común a las polí-

ticas que en estos últimos años han sido adoptadas a nivel

europeo para hacer frente a la cuestión de la inmigración.

presencia allí donde se encuentre, la demostración de no

tener intención de cometer delitos, la ausencia de indicios

de un carácter violento, la demostración de tener trabajo y

alojamiento) que no es un peligro para el orden público.

No ser un peligro para el orden público significa, para el

inmigrante, adecuarse a exigencias que si las pudiese satis-

facer completamente harían incomprensible su emigra-

ción. No ser un peligro para el orden público significa no

tener motivos para emigrar.

Objeto de control no lo son los inmigrantes peligrosos:

más bien lo son los inmigrantes que buscan trabajo, condi-

ciones de vida más dignas que las de su país de origen, los

inmigrantes en busca de sentido, de valoración de sí mis-

mos. En resumen, los inmigrantes tout court.

La condición de estas «poblaciones peligrosas» es per-

manente, estructural23. La consecuencia de todo incumpli-

miento siempre es la expulsión.

Desde un punto de vista criminológico, el hecho de que

frente al extranjero la sanción típica sea el rechazo en la

frontera (cuando todavía no ha entrado en el territorio

europeo) o la expulsión (una vez ha entrado), es señal de

una práctica represiva dirigida a excluir lo que produce

riesgo o es percibido como peligroso. La expulsión, el aleja-

miento, se aplican también independientemente de la

comisión de un delito: basta cualquier tipo de «desviación»

(incluido el hecho de no disponer de rentas). La expulsión

constituye una práctica actuarial. Se aplica a toda una cate-

goría de sujetos y sólo a esa. Excluye, en el sentido más dra-

mático del término. No reeduca ni pretende corregir; por

definición, no reinserta. Prescinde de la responsabilidad,

de la culpa, de la voluntad, de las acciones individuales.

Castiga una forma de ser: inmigrante-desempleado, inmi-

grante-pobre, inmigrante-clandestino. Reduce los costes

del sistema.

De esta forma, se crea una categoría de sujetos peligro-

sos, cuyo status de clase determina una condición de peli-

grosidad ontológica.

Una definición normativa («se considera extranjero a

quien no es ciudadano de un Estado miembro de la

Comunidad Europea») da lugar a una clasificación que

comporta un status jurídico de peligrosidad social que

las diversas normas deberán especificar en la figura sub-

jetiva del indeseable, del designado a los fines de la no

admisión. El inmigrante no comete delitos: él mismo «se

convierte» en un delito.

La obsesión de la presunta peligrosidad invade todas las

disposiciones de Schengen. Una concepción de la peligrosi-

dad y del riesgo criminal que ignora a los individuos, las

situaciones culturales, sociales y familiares de cada uno, para

en cambio tratar el problema en términos de categorías,

poblaciones y grupos sociales, cuya definición negativa se

basa en parámetros diferentes a los normalmente aplicados a

los residentes. Las condiciones que el inmigrante debe satis-

facer para tener acceso a Europa y, por tanto, para tener acce-

so a un status de legalidad, de normalidad y de libertad fren-

te a las medidas de control, son muy distintas de las que se

exigen a cualquier ciudadano.

Por ejemplo: la ausencia de medios suficientes de subsis-

tencia, que constituye uno de los posibles motivos de recha-

zo de la admisión, es una condición que el inmigrante debe

evitar para no ser devuelto a la frontera. Una disposición de

este tipo sólo se explica sobre la base de una filosofía según

la cual, ante la carencia de medios económicos, es más pro-

bable que un inmigrante delinca para subsistir que no un

ciudadano europeo; según la cual, los pobres son más peli-

grosos para el orden público si son magrebíes que si son

holandeses. La falta de dinero constituye por sí misma una

carencia desde el punto de vista legal, una carencia que jus-

tifica la limitación de una libertad fundamental: la libertad

de movimiento22.

Un trato evidentemente discriminatorio. A quien quiere

entrar en la fortaleza Europa se le exige demostrar (a través

de la documentación de los motivos de entrada, la exhibi-

ción de dinero suficiente, la continua declaración de su

todo ésas las que diseñan un estatuto diferenciado, cuyo obje-

tivo es hacer frente a una condición de presunta peligrosidad.

Al regular las facultades y obligaciones inherentes a la

residencia se establece que: «El extranjero que, a pedido de

los oficiales y agentes de seguridad pública, no exhiba sin

motivo justificado el pasaporte u otro documento de iden-

tificación, o bien el permiso o carta de residencia, será casti-

gado con arresto de hasta seis meses y multa de hasta ocho-

cientas mil liras unos 400 euros»28.

Comparemos esta norma con el artículo del Código Penal

que regula esta misma infracción respecto a un ciudadano

italiano: «El que, a pedido de un oficial público en el ejercicio

de sus funciones, se niegue a dar indicaciones sobre su iden-

tidad personal, su estado o sobre otras cualidades, será casti-

gado con arresto de hasta un mes o con multa de hasta cua-

trocientas mil liras unos 200 euros»29. En definitiva, frente a

la misma infracción, el ciudadano extranjero puede ser casti-

gado con un arresto hasta seis veces más prolongado y con

una multa del doble respecto al ciudadano italiano.

Evidentemente no es la gravedad del comportamiento

la que determina la entidad de la sanción, sino una presun-

ción de peligrosidad del inmigrante en cuanto tal.

Esta peligrosidad es reconducida a la situación de difi-

cultad económica de las poblaciones inmigradas (una con-

dición destinada a agravarse también debido al estado de

«semilibertad» en el que viven), y debe, por tanto, ser man-

tenida constantemente bajo control30. A este propósito la

misma norma establece que: «Para las verificaciones previs-

tas en la presente ley o en su reglamento de ejecución, la

autoridad de seguridad pública, cuando existan razones

fundadas (¿cuáles?) solicitará a los extranjeros informacio-

nes y actas de comprobación de la disponibilidad de rédito,

de trabajo o de otras fuentes legítimas que sean suficientes

para el propio sostenimiento y el de los familiares que con

él convivan en el territorio del Estado»31.

Esto significa que el inmigrante tiene la obligación de

suministrar información (siempre que el oficial o agente de

Pánico y discriminación

La reciente ley italiana sobre inmigración es la primera dis-

posición legislativa orgánica dirigida a regular el fenómeno

migratorio; una disposición completa, que sustituye las

disciplinas sectoriales que hasta hoy habían regulado la

condición jurídica del extranjero.

Hasta hace pocos años, las únicas disposiciones signifi-

cativas en la materia eran las contenidas en el Texto único

de Seguridad Pública de 1931, disposiciones por tanto de

carácter penal dirigidas explícitamente a la salvaguarda del

orden y la seguridad pública. La primera ley orgánica no

penal sobre los extranjeros se remonta a 198624: su princi-

pio inspirador consistía en garantizar la paridad de trata-

miento jurídico y retributivo a los trabajadores inmigrados

y a sus familias. Le sigue después, a pocos años de distancia,

la Ley Martelli25, una reforma parcial relativa a la entrada, la

residencia y la expulsión. En cierto sentido, esta ley inaugu-

ra la diferenciación entre inmigrantes regulares e irregula-

res, basada en la tenencia de un documento.

La única consecuencia verdaderamente significativa de la

Ley Martelli ha sido el hecho de definir (aunque de forma

incierta) un ámbito limitado de regularidad, cuyos límites

determinan en negativo toda la amplia área de la clandestini-

dad, caracterizada por un status jurídico precario y punitivo

que expone al inmigrante a la continua amenaza de la exclu-

sión social26. La ley de 1998 todavía se caracteriza más por una

marca discriminatoria y represiva. Ésta determina las condi-

ciones de acceso del extranjero al territorio del Estado27, reto-

mando ampliamente las disposiciones del Convenio de

Schengen, desde la exigencia de satisfacer las cláusulas relati-

vas a los recursos económicos, a la ausencia de inclusión en el

SIS para la no admisión, a no constituir un peligro para el

orden público, la seguridad nacional y las relaciones interna-

cionales. Pero las normas más significativas son las que disci-

plinan la situación del inmigrante una vez que ha conseguido

entrar regularmente en el territorio del Estado. Son sobre

drá que el extranjero sea internado por el tiempo estricta-

mente necesario en el centro de permanencia temporal y

asistencia más cercano»32.

El período máximo de internamiento del inmigrante es de

veinte días, prorrogable por el jefe de policía por otros diez.

Además: «El jefe de policía, valiéndose de la fuerza pública,

adoptará medidas eficaces de vigilancia para que el extranje-

ro no se aleje indebidamente del centro y procederá a resta-

blecer sin retrasos la medida en caso de que sea violada»33. Se

trata de una medida limitadora de la libertad personal, que se

aplica con independencia del hecho de que se haya cometido

un delito, sin ninguna garantía jurisdiccional y en prejuicio

del derecho de defensa. Es más, en el caso de extranjeros que

estén a la espera de que se les reconozca el derecho de asilo

(por ser refugiados), se trata de una medida restrictiva que se

impone en presencia de un derecho garantizado por la Cons-

titución italiana y por varias convenciones internacionales.34

El tratamiento de semidetención reservado a los inmi-

grantes debido a su status, y no como consecuencia de vio-

laciones de la ley, ya constituye una medida difundida a

nivel europeo, que se lleva a cabo desde hace algunos años

en Alemania, Inglaterra y Francia.

La sospecha sobre el carácter segregativo de la medida de

internamiento es cuidadosamente «ahuyentada» por una cir-

cular del Ministerio del Interior35, que dice lo siguiente: «El

tratamiento en el centro no podrá en ningún caso asemejar-

se a la aplicación de una pena privativa de libertad, por lo

cual deberá tenerse el máximo cuidado a fin de que la acogi-

da en los centros no conlleve limitaciones de la libertad que

no sean estrictamente necesarias para evitar el alejamiento

abusivo y para garantizar la seguridad de las personas que

conviven o trabajan en el mismo centro». Pero se especifica,

pocas líneas más abajo, que su plasmación a nivel organizati-

vo «deberá inspirarse en criterios de máxima seguridad y de

prevención de eventuales riesgos derivados de la conviven-

cia entre muchas personas, que no se conocen entre sí y, a

menudo, pertenecientes a culturas muy distintas».

seguridad pública se lo solicite) sobre su situación de

empleo, sobre sus ganancias y sobre las condiciones de

vida de sus familiares. Todo ello sin que dependa de pará-

metro alguno, sin que se le reconozca la facultad de no res-

ponder, sin respeto alguno por el derecho a la privacy

sobre el que actualmente tanta retórica se genera.

La ausencia de suficientes medios económicos constitu-

ye un índice de peligrosidad, que las nuevas políticas

migratorias tratan en términos «preventivamente represi-

vos», determinando una decisiva superación de las tradi-

cionales políticas (también criminales) de inspiración wel-

farista. Si antes el problema se trataba en términos de

prevención social de las formas de desviación ligadas a fac-

tores socio-económicos, ahora el mismo problema es inter-

pretado como riesgo de un grupo social, al cual hay que

gobernar mediante el alejamiento físico.

Toda una serie de derechos de los y las inmigrantes se

subordinan a la disponibilidad de una renta suficiente y

legítima: como, por ejemplo, la reagrupación familiar. Un

capítulo aparte es el relativo a la expulsión y devolución del

extranjero. Aquí sólo me limitaré a algunas consideracio-

nes sobre una institución complementaria al alejamiento,

que resalta de forma aún más clara la filosofía de control

preventivo que subyace en toda la disciplina.

La ley prevé la creación de «centros de permanencia tem-

poral y de asistencia», que deben ser instituidos mediante

un decreto del Ministerio del Interior; centros en los cuales

el jefe de policía del lugar dispone (de forma automática, no

discrecional) que los extranjeros sean internados en una

multiplicidad de casos. En particular: «Cuando no sea posi-

ble ejecutar inmediatamente la expulsión mediante acom-

pañamiento coactivo a la frontera, ni tampoco la devolu-

ción, porque sea necesario socorrer al extranjero, realizar

comprobaciones suplementarias en orden a determinar su

identidad o su nacionalidad, la adquisición de documentos

de viaje, o por falta de disponibilidad de medios de traslado

u otro medio de transporte idóneo, el jefe de policía dispon-

mente recientes, poco significativas para comprender los

efectos que se producen tras la estabilización del fenóme-

no migratorio.

Es conveniente tener en cuenta la situación norteameri-

cana, particularmente significativa debido a la extensión

del fenómeno, al carácter ya consolidado de las minorías

étnicas y, sobre todo, a la especificidad de las formas de con-

trol ejercidas sobre estas últimas.

Desde los primeros años del siglo XX, la sociología de la

desviación manifestó un notable interés hacia la cuestión

de la criminalidad de los inmigrantes; se realizaron muchas

investigaciones, sobre todo por sociólogos cercanos a la

escuela de Chicago, con el objetivo de verificar la hipótesis

según la cual las poblaciones inmigradas serían más desvia-

das que las poblaciones residentes.

Entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, el

gobierno de los Estados Unidos estableció cuatro comisio-

nes de investigación sobre este fenómeno. Tal iniciativa

muestra hasta qué punto también en aquel período la alar-

ma respecto a la inmigración estaba difundida en el tejido

social norteamericano.

De estas comisiones, la que afrontó el problema de la

desviación inmigrada con mayor profundidad analítica fue

la última: la Comisión Wickersham, de 1930. Tomando en

consideración una serie de elementos significativos en el

plano criminológico, como la edad media de las poblacio-

nes inmigradas, las proporciones entre sexos, los datos

sobre ganancias medias y sobre niveles de integración

social y laboral, la Comisión Wickersham llegó a conclusio-

nes que desmentían la alarma social.

En particular, sostuvo que era infundado el temor de una

mayor criminalidad de los extranjeros respecto a los resi-

dentes; que los delitos más frecuentes entre los inmigrantes

eran globalmente menos graves que los cometidos por ciu-

dadanos norteamericanos y que, en su mayoría, estaban vin-

culados a condiciones de marginalidad económica. Sin

embargo, los estudios de la comisión pusieron en evidencia

101

Basta hojear las crónicas periodísticas del verano de 1998

para hacerse una idea, aunque sea filtrada por la tendenciosi-

dad de los mass media, de cuál ha sido (y todavía es) la reali-

dad de los centros de permanencia temporal. Intentos de

fuga por parte de personas inermes y abusivamente reclui-

das han sido tratados por las fuerzas del orden como si se tra-

tase de evasiones de cárceles de máxima seguridad por parte

de criminales mafiosos. Como en toda fase de emergencia en

la historia italiana, también entre los inmigrantes detenidos

en estos centros no han faltado muertes sospechosas o «acci-

dentales». Si se puede sacar alguna conclusión de la reciente

experiencia de los centros de permanencia temporal, es que

ciertamente ha habido riesgos en una situación de conviven-

cia entre diferentes culturas, pero riesgos para los ciudada-

nos y las ciudadanas inmigrantes, no para el orden público;

que la cultura «diferente» y peligrosa es la de las fuerzas del

orden italianas, cuya brutalidad ha sido extensamente docu-

mentada incluso por los voluntarios involucrados en los cen-

tros. Por ello, los campos de concentración postdisciplina-

rios deben ser cerrados inmediatamente.

Es oportuno preguntarse en base a qué elementos las

agencias institucionales de control social se inclinan por este

tratamiento frente a los inmigrantes. La discusión sobre este

problema también nos permitirá valorar si la alarma social

que se difunde cada vez más, a propósito de la peligrosidad

criminal de los inmigrantes, es o no fundada. Se trata de una

alarma que parece legitimar la adopción de políticas restric-

tivas frente a la población extranjera.

En definitiva, ¿es o no cierto que las y los inmigrantes

delinquen de promedio más que los ciudadanos italianos?

Inmigrantes y desviados

Un análisis de las dinámicas de desviación que involucran a

las poblaciones inmigradas y, sobre todo, de las estrategias

de control, no puede limitarse al caso italiano ni tampoco

sólo al europeo, ya que se trata de experiencias relativa-

100

difundiendo a nivel de opinión pública la convicción de

que las poblaciones inmigradas son portadoras de eleva-

dos índices de criminalidad, que han conquistado el mono-

polio de las sustancias estupefacientes, que la inseguridad

y la degradación urbana son debidas a la presencia de inmi-

grantes criminales y que la única vía a seguir es la del con-

trol, la segregación y la represión37.

Si examinamos las estadísticas sobre criminalidad, la

primera impresión es que, en gran medida, este sentido de

inseguridad y de alarma está justificado.

De 1991 a 1996 el peso de la población inmigrada sobre

el total de la población carcelaria ha pasado del 16% al 28%.

Un incremento impresionante, teniendo en cuenta que ya

el porcentaje de 1991 mostraba una gran sobrerrepresenta-

ción carcelaria de los inmigrantes (que en Italia no consti-

tuyen más del 1,5% del total de la población residente)38.

Otros datos, relativos esta vez a los arrestos, indican un

incremento del 98% entre 1990 y 1994, con una cifra abso-

luta de extranjeros arrestados que pasa de los 11.659 en

1990 a los 23.062 en 1994 (lo que significa que tres de cada

diez extranjeros presentes en el territorio nacional son

arrestados). La tendencia no varía si se examina el índice de

los extranjeros denunciados entre 1990 y 1993: se pasa de

un 12,4% de denunciados extranjeros sobre el total, en

1990, a un 16,1% en 1993, con un aumento del 84,4%, fren-

te a un índice global de crecimiento de las denuncias (que

comprende por tanto a italianos y extranjeros) de poco más

de la mitad (42,6%)39.

También la difusa opinión que atribuye una mayor cri-

minalidad a los inmigrantes procedentes de África septen-

trional y de la ex Yugoslavia parece confirmada por las esta-

dísticas40. Las poblaciones de procedencia norteafricana o

eslava son las más representadas tanto desde el punto de

vista de las denuncias, como de las condenas y las perma-

nencias en la cárcel.

Sin embargo, podemos preguntarnos cuáles son los

delitos que más frecuentemente se atribuyen a los inmi-

103

la posibilidad de realizar una distinción entre la población

inmigrada de «primera generación» (caracterizada por índi-

ces de criminalidad especialmente contenidos) y la de

«segunda generación», caracterizada en cambio por un

aumento de las conductas desviadas. Esta hipótesis fue tam-

bién confirmada por los estudios de la escuela de Chicago36.

La comparación entre la experiencia europea y la norte-

americana pone de manifiesto la diversidad de perspecti-

vas en base a las cuales los fenómenos deben ser observa-

dos en cada uno de los contextos.

A propósito del caso norteamericano parece más oportu-

no referirse a «minorías étnicas» (ethnic minorities) que sim-

plemente a «inmigrantes», ya que se trata de observar la inter-

acción entre sistemas de control, conductas desviadas y

poblaciones cuya presencia en el territorio ya se ha estabiliza-

do históricamente. Es decir, se trata de grupos definidos

cuyos horizontes sociales, económicos y culturales están con-

solidados. En cambio, el caso de las poblaciones inmigradas

en Europa e Italia es distinto: aquí no se trata de grupos histó-

ricamente definidos, sino de un complejo de flujos migrato-

rios en continuo movimiento, sobre todo los de primera

generación. Grupos étnicos cuyo estatus jurídico, e incluso

social, se encuentra todavía en curso de definición y es mucho

más incierto que el de las ethnic minorities estadounidenses.

Por otro lado, respecto a estas últimas no pueden ser olvi-

dadas una serie de experiencias históricas, de fenómenos

sociales y políticos que con el tiempo han cristalizado una

geografía étnico-social de la población norteamericana: basta

pensar en la segregación racial, en la explosión de las nuevas

pobrezas, en la agudización de la estratificación social. No

obstante ello, el análisis de la situación norteamericana hace

emerger un cuadro tendencial de aquellas estrategias de

interacción conflictual y de control de la desviación hacia las

que hoy se están orientando los sistemas políticos y sociales

de los países europeos respecto a los flujos migratorios.

En la Italia y la Europa actual, exactamente como en los

Estados Unidos de los primeros años del siglo XX, se está

102

Si, además, observamos las tipologías delictivas con

mayor frecuencia imputadas a los inmigrantes y las clasifi-

camos según un orden de frecuencia decreciente (orden

que desde hace un tiempo se ha institucionalizado), el pri-

mer elemento que llama la atención es la escasa incidencia

de los delitos contra las personas. Según los datos Istat rela-

tivos a las personas denunciadas en el año 1995, sobre un

total de 43.000 extranjeros denunciados en Italia, sólo

3.500 habrían sido imputados por delitos contra las perso-

nas, mientras que las denuncias por delitos contra el patri-

monio son mucho más numerosas (18.000), así como con-

tra la economía y la fe pública (12.000). También parece

moderada la categoría de las denuncias por delitos contra

el Estado y el orden público (aproximadamente 3.000)43.

Este cuadro, que sugiere una peligrosidad social con-

tenida, resulta confirmado también por los datos del

Ministerio del Interior relativos al quinquenio 1991-

1995: el primer lugar en la gradación de los delitos impu-

tados a ciudadanos extracomunitarios corresponde a los

delitos contra el patrimonio (los hurtos superaban por

bastante a los robos), seguidos de los delitos de «desobe-

diencia a la autoridad» (categoría que no se especifica

más, en la que probablemente se incluyen el atentado y la

resistencia a las autoridades públicas). Después le siguen

los delitos relativos a sustancias estupefacientes y el deli-

to de «inmigración» (otra categoría misteriosa, que pare-

cería comprender las infracciones de las normas sobre

ingreso y permanencia de los extranjeros). Continuando

siempre en orden de frecuencia decreciente, encontra-

mos los delitos de falsificación (de marcas y signos distin-

tivos industriales: un delito cometido básicamente por

los vendedores ambulantes). Los delitos contra las perso-

nas se sitúan recién en el sexto puesto, con una incidencia

relativa de poco menos de la mitad de las violaciones cata-

logadas bajo la genérica voz de «inmigración»44.

Un análisis de la criminalidad de los inmigrantes que

profundice más, hasta determinar la incidencia relativa de

105

grantes: qué gravedad revisten objetivamente y, sobre

todo, qué tipo de reacción se produce por parte de las agen-

cias de control, según si comete el mismo delito un ciuda-

dano italiano o un ciudadano extracomunitario. Así se

puede verificar si las estadísticas demuestran una efectiva

criminalidad de los extranjeros o, en cambio, muestran una

vez más el funcionamiento selectivo de los aparatos de

represión y control social. En este sentido emergen algu-

nos elementos significativos.

Un primer dato importante: a 1 de septiembre de 1997,

el porcentaje de extracomunitarios encarcelados que care-

cían de permiso de residencia se situaba en torno al 83% del

total de los extranjeros presentes en las cárceles italianas41.

Esto significa que apenas el 17% de los inmigrantes ha

entrado a prisión partiendo de una condición de regulari-

dad, con todo lo que la misma comporta desde el punto de

vista de las oportunidades de inserción social y laboral, de

integración económica y cultural y, sobre todo, desde el

punto de vista del nivel de sujeción al control policial.

El hecho de que un porcentaje tan elevado de los inmi-

grantes detenidos cargue con una situación de irregulari-

dad nos empuja a reflexionar sobre tal mecanismo de selec-

ción de la población desviada: un mecanismo que se pone

en marcha desde el principio. La condición de irregulari-

dad, que cada vez es más frecuente a causa de la regulación

tan restrictiva del permiso de residencia, crea de hecho los

presupuestos para una escasa o nula integración social y

para una fuerte marginación económica y cultural.

La irregularidad o «clandestinidad» alimenta situacio-

nes de degradación social, de las que la desviación repre-

senta un epílogo cada vez menos improbable42.

Por tanto, se puede trazar una primera línea de demarca-

ción entre regulares e irregulares, subrayando en particular la

dramática conexión entre condición de irregularidad, pre-

ponderancia de delitos dirigidos a hacer frente a las conse-

cuencias de esta condición y sobrerrepresentación carcelaria

de los irregulares.

104

ción de «semilibertad» del extranjero en Italia, estos datos

nos dicen poco sobre los motivos de la sobrerrepresentación

de los extranjeros entre la población carcelaria. Teniendo en

cuenta la relativa gravedad de los tipos delictivos más fre-

cuentemente cometidos por los inmigrantes, es preciso des-

arrollar una hipótesis interpretativa que explique esta pre-

sencia de extranjeros en las cárceles italianas tan relevante

en los últimos años.

Al tratar este aspecto, tampoco podemos dejar de consi-

derar las condiciones sociales en las que se encuentran

actualmente la mayoría de los y las inmigrantes. En definiti-

va, es evidente que las condiciones sociales, familiares, cul-

turales, laborales y, en general, ambientales constituyen

variables fundamentales en la relación entre el imputado y

el sistema penal y procesal.

Por ejemplo: respecto a la adopción de medidas cautela-

res privativas de libertad (prisión preventiva), resulta obvio

que las mismas se aplican con más facilidad a un extranjero

que a un ciudadano italiano. Y ello porque, según la valora-

ción del magistrado, el peligro de fuga parece casi inevita-

ble, debido a que con frecuencia el extranjero no puede

indicar una residencia estable.

Los datos sobre prisión preventiva demuestran la gran

diferencia existente entre italianos y extranjeros en la apli-

cación de esta medida. Con relación al hurto, sufre prisión

preventiva el 10,8% de los italianos frente al 17,2% de los

inmigrantes; para el robo la relación es entre el 37,4% de los

italianos y el 44,6% de los inmigrantes; para los delitos rela-

tivos a la producción y comercio de sustancias estupefacien-

tes, sufren la prisión preventiva el 36,1% de los italianos

frente al 50,3% de los inmigrantes45.

Estos datos todavía nos dicen más si comparamos el

número de denunciados con el de arrestados y el de conde-

nados. Esto nos permite reconstruir a través del tiempo el

típico recorrido de un inmigrante a lo largo de las diversas

fases del proceso penal, desde la noticia de un delito hasta

la condena definitiva.

107

los diversos delitos y que, sobre todo, tenga en cuanta la

variable regularidad-irregularidad, demuestra lo injustifi-

cado que resulta el pánico que se ha desarrollado en torno a

la desviación extranjera.

Los datos demuestran de forma evidente que existe un

estrecho vínculo entre la precaria condición social de los

inmigrantes y la distribución de los delitos: delitos que en

la mayoría de los casos son instrumentales, es decir, desti-

nados a encontrar medios de subsistencia negados por un

mercado de trabajo que margina e infravalora la competen-

cia y la profesionalidad de los y las inmigrantes; negados

por un sistema de seguridad y garantías sociales cada vez

más reducido y selectivo; y, finalmente, negados por una

cada vez más frecuente condición de irregularidad que

agrava la ya difícil situación ocupacional y social del ciuda-

dano y de la ciudadana extracomunitaria.

Si además se considera la incidencia (no menor) de los

delitos vinculados al status mismo de inmigrante (delitos

de falsificación de documentos, de inobservancia de la

orden de expulsión, etc.), aparece aún más claro que gran

parte de la desviación inmigrada se puede relacionar inme-

diatamente con un estatus jurídico precario. Este estatus

jurídico, discriminatorio en términos de derechos de ciuda-

danía, de libertad y de defensa, se basa en una línea política

que pretende limitar y controlar a los inmigrantes por cuan-

to los percibe como una fuente de riesgo criminal. Pero a

menudo son precisamente los efectos de marginación

social inducidos por esta política los que producen, o como

mínimo alimentan, determinadas formas de desviación.

En otras palabras, una normativa elaborada para conte-

ner una situación de presunta emergencia-peligrosidad

constituye el primer factor desencadenante de las diversas

formas de delincuencia de los inmigrantes, el principal

agente de producción social de la desviación de toda una

categoría de individuos.

Pero, aun cuando la distribución de los delitos pueda

apoyar la hipótesis de un vínculo entre desviación y condi-

106

En la mayoría de los casos los fenómenos de desviación

inmigrada revisten una gravedad objetivamente moderada;

se trata de formas de desviación que no es posible abstraer

de la condición social, económica y civil del inmigrante,

marcada por una grave merma de los derechos de ciudada-

nía. Hay un amplio predominio de los delitos de carácter

instrumental, que tienen poco que ver con presuntas ten-

dencias a delinquir, con subculturas de la violencia o con

modelos culturales retrasados.

El sistema penal y de control social se activa de forma

selectiva frente a la población inmigrada, una vez que la

selectividad del sistema social ya ha producido sus propios

efectos de marginalización.

Las actuales políticas migratorias se sitúan a lo largo de un

continuum de estrategias penales y no penales. Sin embargo,

todas ellas están dirigidas a la contención represiva y al con-

trol preventivo de los flujos migratorios. Los aspectos represi-

vos y selectivos de estas políticas se empiezan a desplegar en

el mismo momento en que se inicia una experiencia migrato-

ria, se consolidan en la fase en que ésta trata de estabilizarse

en el nuevo territorio de residencia y se disparan, definitiva-

mente, cuando esta experiencia de los inmigrantes no consi-

gue adaptarse a las difíciles condiciones establecidas por las

instituciones de los países de destino.

El carácter restrictivo de las políticas migratorias euro-

peas produce un primer efecto de selección cuando el flujo

migratorio hace su aparición. En definitiva, cuanto más se

limitan las posibilidades de acceso legítimo a la experiencia

migratoria, más probable resulta que emprendan esta

experiencia sobre todo los individuos dispuestos a correr

todo tipo de riesgos con el fin de llevar a cabo su proyecto;

dispuestos incluso a entrar en las redes de la ilegalidad

difusa con tal de lograr el acceso a un espacio de autorreali-

zación y de promoción social. Por tanto, ya en este primer

momento opera selectivamente una política dirigida a con-

tener un fenómeno cuya expansión no puede ser controla-

da a través de prácticas represivas49.

109

En relación a 1990, por ejemplo, tenemos 210.000

denuncias de inmigrantes realizadas por la policía, que han

sido seguidas de una acción penal en tan sólo 12.400 casos,

y de los cuales finalmente el procedimiento penal ha con-

cluido en condena en únicamente 7.600 casos. Estos datos

demuestran, por un lado, una fuerte tendencia de la policía

a presentar denuncia (actitud explicable, al menos en parte,

por la mayor «visibilidad» de los inmigrantes respecto a la

población residente) y, por otro, una progresiva disminu-

ción de las acusaciones iniciales, que sólo en el 3% de los

casos terminan en condena (pero que probablemente,

teniendo en cuenta los datos sobre prisión provisional,

habrán comportado en muchos casos un «ensayo de pena»

para el inmigrante)46.

Por tanto existe un fuerte «privilegio» de los inmigrantes

en la aplicación de medidas cautelares carcelarias; se trata

de un elemento significativo, sobre todo si tenemos en

cuenta la notable incidencia de los imputados en espera de

juicio sobre el total de la población presente en las cárceles

italianas47.

Pero este mecanismo de reclutamiento selectivo de los

inmigrantes no sólo se verifica respecto a la desigual distri-

bución de medidas cautelares carcelarias: se puede sostener

el mismo discurso en relación a las medidas favorables al

imputado, respecto a las cuales el extranjero está discrimina-

do. Pensemos, por ejemplo, en la suspensión condicional de

la pena, cuya aplicación se subordina a la valoración de crite-

rios inherentes «a los motivos del delito y al carácter del reo, a

los antecedentes penales, a la conducta y vida del reo prece-

dente, contemporánea y posterior al delito, a sus condicio-

nes de vida individual, familiar y social48. También en este

caso los elementos en los que normalmente se basa la discre-

cionalidad del juez en la concesión de la medida juegan en

perjuicio del inmigrante, determinando su estancia en la cár-

cel incluso en los casos en que otros sujetos consiguen salir.

Intentaré ahora extraer alguna conclusión del discurso

que he desarrollado hasta aquí.

108

No future

Una parte considerable de la literatura sociológico-crimi-

nal estadounidense, a partir de los primeros años del siglo

XX, se ha dedicado al tema de la inmigración, en particular

a verificar la hipótesis según la cual las poblaciones inmi-

gradas se caracterizarían por una particular propensión al

crimen y a la desviación en general. Ya he recordado cómo

los estudios más significativos sobre el tema concordaban,

en líneas generales, en rechazar este estereotipo, ofrecien-

do descripciones del fenómeno de la desviación de las eth-

nic minorities más tranquilizantes que las trazadas por los

mass-media51.

Señalaba también la distinción que algunos sociólogos

han trazado entre primera y segunda generación de inmi-

grantes: en la primera los índices de criminalidad son inclu-

so inferiores que los de la población residente, mientras

que se observa un fenómeno de progresiva criminalidad a

partir de la segunda generación.

Distintas teorías, a menudo de alcance más amplio, han

sido adoptadas en el intento de explicar las causas de la cri-

minalidad de las comunidades afroamericanas, hispanoa-

mericanas y de las minorías étnicas en general: desde la

hipótesis de las asociaciones diferenciales de Sutherland52,

pasando por la teoría ecológica de la desorganización

social de Shaw y McKay53 y las teorías del conflicto cultural,

hasta los recientes estudios de Wilson sobre la american

underclass54.

A pesar de que la relativa convergencia entre los estudios

sobre la desviación inmigrada sugiere atenuar la preocupa-

ción social vinculada a los fenómenos de criminalidad «étni-

ca», es evidente que el estereotipo del «negro-delincuente-

violento» persiste todavía de manera difusa en amplios

sectores de la sociedad norteamericana, alimentado de

forma sistemática por las periódicas campañas de Law and

Order y Zero Tolerance desencadenadas contra la delin-

cuencia callejera. Es decir, contra las formas de desviación

111

El segundo estadio del proceso de selección se cumple

en el momento en que los inmigrantes consiguen (pese a

todo) entrar en el territorio de destino: aquí se encuentran

con condiciones sociales de privación, discriminación, hos-

tilidad y, sobre todo, con un estatuto de ciudadanía vacío de

todo contenido. Objeto de un estrecho y discriminatorio

control por parte de las fuerzas del orden, penalizados por

una visibilidad mucho mayor respecto a la de la población

local, continuamente amenazados por el fantasma de la

exclusión y la clandestinidad, a los y las inmigrantes no les

quedan muchas alternativas: el ingreso en las redes de la ile-

galidad difusa, el trabajo negro, la microcriminalidad, las

nuevas esclavitudes.

La interacción entre los sentimientos públicos de inse-

guridad y la intervención represiva frente a los inmigrantes

(que se legitima políticamente en esos sentimientos) con-

cluye el proceso de selección con el cada vez más frecuente

recurso al sistema de control penal y policial.

Una clase peligrosa —cuya peligrosidad, más que perci-

bida realmente, parece objeto de una construcción social e

institucional— se materializa así, de forma dramática, en

los alarmantes datos sobre población carcelaria, denuncias

y arrestos de inmigrantes.

La adopción de una estrategia preventiva de contención

y gestión de un fenómeno social percibido como potencial

fuente de riesgo predetermina, de este modo, las condicio-

nes estructurales en base a las cuales ese riesgo se transfor-

ma en una realidad, que a su vez genera (o más bien permite

canalizar hacia determinados fenómenos en vez de hacia

otros) sentimientos de inseguridad.

Estos sentimientos de inseguridad (aislados de un con-

texto más amplio de precariedad social difusa, del cual a

menudo parecen emerger) producen nuevas exigencias de

medidas penales frente a los sujetos percibidos como fuente

inmediata del peligro y, de este modo, ofrecen nueva legiti-

mación a las políticas de control social selectivas50.

La profecía se autorrealiza.

110

Además (y esto es muy significativo), las mismas encues-

tas de victimización muestran de forma clara que los negros

tienen mayores probabilidades de ser víctimas de un delito

que los blancos. Este dato ha llevado a algunos criminólo-

gos a hablar de un carácter mayoritariamente intraétnico

de la delincuencia afroamericana (intraracial nature of

black crime)56.

El cuadro descrito no puede ser completamente expli-

cado recurriendo tan sólo a la hipótesis del funcionamien-

to discriminatorio de las instancias del sistema penal y de

control social en general. O, mejor dicho, esta lectura sólo

es aplicable a determinados niveles del aparato represivo,

en particular a los niveles menos elevados (la policía), en

los cuales están difundidos los sentimientos autoritarios,

discriminatorios, violentos y racistas. En otras palabras, la

hipótesis de la discriminación es demostrable respecto al

comportamiento de la policía frente a la criminalidad calle-

jera, pero es más difícil imaginar actitudes abiertamente

racistas en el ámbito del sistema judicial en su conjunto.

Quizá es este aspecto el que por ahora parece diferen-

ciar en mayor medida la experiencia norteamericana res-

pecto al caso europeo e italiano. Si respecto al caso italiano

es posible rebatir (por ejemplo, examinando cuáles son los

delitos más frecuentemente atribuidos a los inmigrantes)

el estereotipo de la peligrosidad social de los ciudadanos

extracomunitarios, un discurso similar no se puede trasla-

dar inmediatamente al contexto estadounidense, caracteri-

zado por una efectiva mayor criminalidad «étnica» respecto

a la blanca. Se trata más bien de tomar en consideración

toda una serie de factores (que incluyen la actitud discrimi-

natoria de las agencias de control social) que históricamen-

te han determinado la producción de esta situación.

Aludimos a factores económicos, sociales y ambienta-

les, que podemos remontar a la experiencia histórica de la

segregación racial, explícitamente activos hasta hace pocos

años y cuyas consecuencias todavía hoy se perciben. Una

segregación racial que persiste de manera mucho más sola-

113

que más a menudo involucran a personas pertenecientes a

la comunidad negra, las más inmediatamente percibidas

por la opinión pública, las más preocupantes y, consecuen-

temente, las más satisfactorias políticamente para quien se

muestre determinado a combatirlas de forma radical.

Por lo demás, analizando las estadísticas carcelarias de

los Estados Unidos, no podemos pasar por alto el hecho de

que también en ese contexto, al igual que en la mayoría de

países europeos, las minorías étnicas se encuentran

ampliamente sobrerrepresentadas en la cárcel respecto al

resto de la población, y en proporciones mucho mayores

que en el caso italiano.

Los afroamericanos —la minoría étnica más sólida y que

provoca mayor alarma social respecto a la criminalidad—

constituyen aproximadamente el 12% de la población de

EE.UU., pero en 1993 constituían el 31% de las personas

encarceladas.

El promedio diario de ingresos carcelarios de la pobla-

ción blanca en 1990 estaba en torno a los 289 ingresos por

cada 100.000 habitantes (una proporción muy alta respecto

a la media europea), y aumentó sólo en dos unidades en

1994 (291 encarcelados por cada 100.000 habitantes). En

cambio, por lo que se refiere a la población afroamericana

las proporciones cambian drásticamente: en 1990 el índice

de negros encarcelados era de 1.860 por cada 100.000 (una

equivalencia de 6,5 a 1 respecto a los blancos), y en 1994 la

proporción era de 2.316 ingresos carcelarios por cada

100.000 (8 a 1 frente a los blancos)55.

Datos de este tipo, extraídos de las estadísticas oficiales,

harían pensar en una efectiva mayor criminalidad de la mino-

ría étnica afroamericana; y es cierto que las encuestas de vic-

timización realizadas para verificar ulteriormente las estadís-

ticas judiciales y policiales parecen confirmar esta hipótesis.

Tanto las encuestas de victimización como las encuestas de

autoincriminación muestran índices de criminalidad más

elevados (al menos a partir de fines de los años setenta) entre

los negros y los hispanoamericanos que entre los blancos.

112

de inseguridad social, precariedad e insatisfacción política

que los mass-media, la prensa y las agencias gubernamen-

tales consiguen canalizar hacia un enemigo interno (en

este caso la microcriminalidad de los afroamericanos), a

través de un proceso de simplificación consistente en aislar

una categoría entera de sujetos peligrosos identificados

como la principal causa de disgregación del tejido social.

La construcción social dominante del problema exige el

establecimiento de estrategias con un fuerte impacto que

no están dirigidas a la efectiva solución del problema (fran-

camente improbable si se mantienen las actuales condicio-

nes sociales), sino a producir un sentimiento de seguridad:

este proceso de legitimación a través de la opinión pública

es la base de los programas de Law and Order, de War on

Drugs y de Zero Tolerance58.

En otras palabras, resulta innegable que la pobla-

ción afroamericana es responsable de un nivel de desvia-

ción superior al de la blanca. Esto significa que las eventua-

les actitudes discriminatorias de las agencias de control no

explican íntegramente el fenómeno de la sobrerrepresenta-

ción carcelaria de este segmento de la sociedad. Es a los pro-

cesos de organización social, esto es, al nivel de determina-

ción de los estatutos de ciudadanía que trazan los límites

entre inclusión y exclusión social, a los que hay que prestar

atención para buscar una explicación del fenómeno.

La construcción de un imaginario difuso que percibe

determinadas categorías de individuos como peligrosas y

la adopción de estrategias de gestión represiva del riesgo

criminal, producido efectivamente por estas categorías,

determina, una vez más, las condiciones ambientales, eco-

nómicas y culturales para que el riesgo se concrete y se

reproduzca en una escala amplificada.

Pero la conformación social de las metrópolis nortea-

mericanas, internamente diferenciadas en base a la etnia y

atravesadas por límites de renta que aíslan a verdaderas

zonas-gueto, provoca que las consecuencias de la desvia-

ción cada vez más a menudo sean soportadas por las mis-

115

pada que en el pasado, en la forma de un acceso selectivo a

la movilidad social, de una desigual distribución de los

recursos, de una división con base étnica de las grandes

metrópolis57.

Una historia de creación de guetos, de marginación social

y económica de los afroamericanos, insertada materialmente

en la geografía étnica de las grandes metrópolis americanas,

que ha producido la consolidación de condiciones ambienta-

les y culturales objetivamente favorables a la emergencia de

comportamientos desviados. Así las cosas, es evidente el

impacto selectivo de cualquier estrategia política que se

adopte frente a las comunidades afroamericanas. Éstas son

las primeras que experimentan la dureza de las políticas de

rigor y severidad penal, y las últimas en aprovechar las venta-

jas que producen las políticas de inspiración social.

Por otro lado, el progresivo endurecimiento de las polí-

ticas federales dirigidas a contener la desviación —un

endurecimiento del que se puede percibir el efecto inme-

diato si observamos el vertiginoso aumento (en números

absolutos) de la población carcelaria— ha ejercido un par-

ticular impacto en las comunidades más marginales de las

ciudades norteamericanas.

La política penal estadounidense ha sufrido una drásti-

ca conversión en estos últimos años, consistente en el

abandono de las estrategias dirigidas a la reinserción social

de los desviados y a favor de estrategias de implantación del

control. Una estrategia orientada a gestionar una pobla-

ción peligrosa cuyas filas están destinadas a ampliarse debi-

do a la explosión de las nuevas pobrezas. Se trata de una

guerra sin cuartel a la criminalidad callejera, que involucra

sobre todo a los jóvenes negros del gueto, cada vez más

atraídos por las únicas perspectivas de ganancia que les

ofrece una sociedad selectiva de base étnica: el comercio de

sustancias estupefacientes, los hurtos y los robos.

La progresiva disminución de las redes de asistencia

social, que en los Estados Unidos se inicia al menos en la

primera mitad de los años setenta, produce sentimientos

114

Se trata de una máquina de producción simbólica que

interpreta estrategias de control y de gestión del riesgo per-

cibido, las cuales se convierten en realidad al determinar

los presupuestos sociales de una efectiva expansión de la

criminalidad inmigrada.

En resumen, la situación norteamericana anticipa una

imagen bastante nítida de lo que se puede producir como

consecuencia de la adopción sistemática de estrategias de

control a través de la marginación y de marginación a través

del control. Nos pone en guardia sobre las consecuencias rea-

les de las políticas represivas dirigidas contra categorías

sociales enteras, marcadas por una condición material de pri-

vación, a la cual se superpone una representación simbólica

de peligrosidad. Delinea los trazos de una dinámica reflexiva

que finalmente termina en una condición de peligrosidad

material, real, que a su vez legitima nuevas estrategias de

exclusión y criminalización de categorías de individuos.

El modelo norteamericano señala de forma dramática el

horizonte próximo, casi un «futuro anterior», de las políti-

cas de control, rigor y neutralización selectiva que los paí-

ses europeos están adoptando frente a las poblaciones

inmigradas.

117

mas categorías sociales que la producen: los afroamerica-

nos, los nuevos pobres y las minorías étnicas en general.

En definitiva, las profundas transformaciones econó-

micas y sociales a las que están sometidos los Estados Uni-

dos (así como los países de Europa occidental) contribu-

yen a agravar las condiciones de privación económica que

golpean a segmentos cada vez más amplios del tejido

social. Estas condiciones, que se concentran espacialmen-

te, reproducen una underclass, una infraclase social defi-

nida también por las diferencias étnicas, a la cual se niega

un acceso legítimo a los recursos económicos y sociales

disponibles y que se convierte en objeto de una construc-

ción social basada en la peligrosidad, en la amenaza para la

seguridad urbana59.

A su vez, esto legitima la adopción de estrategias de con-

trol diferenciado y selectivo, dirigidas principalmente a gene-

rar tranquilidad social y, por tanto, consenso político de la

middle class americana; estrategias que remarcan de nuevo

los límites (también materiales) entre incluidos y excluidos.

Es necesario subrayar el carácter histórico de este proceso

que ha tenido como protagonistas en los Estados Unidos a la

minorías étnicas, cuya estabilización como underclass ha

sido posible precisamente a partir de su tratamiento como

clases peligrosas. Este es el elemento más interesante en rela-

ción a la situación europea; es decir, en relación a un contexto

que se dirige peligrosamente hacia la construcción de aque-

llos presupuestos estructurales que en los Estados Unidos se

han demostrado idóneos para transformar las poblaciones

inmigradas en una nueva underclass.

Los fenómenos de alarma y de inseguridad que, tanto en

Europa como en los Estados Unidos, tienen orígenes socia-

les mucho más profundos de lo que las instituciones del

poder nos quieren hacer creer, tienden a ser tematizados

en los términos del miedo al crimen y, sobre todo, al crimen

inmigrado.60

Un nuevo dispositivo de legitimación político-simbólica

se constituye así a partir del tratamiento de una emergencia.

116

vante, sobre todo en algunas áreas del país, incluso teniendo en cuen-

ta el componente de extranjeros residentes irregularmente (no cuan-

tificable), que sólo puede encontrar empleo en tal sector; sin embar-

go, es necesario subrayar que, junto a esta área “gris”, la inserción

laboral de los inmigrantes extranjeros se está desarrollando lenta-

mente, incluso en varios sectores de la economía regular, generalmen-

te con función complementaria respecto a la fuerza de trabajo autóc-

tona que ya no está dispuesta a cubrir ciertas tareas de bajo contenido

profesional» (p. 27). También sobre inmigrantes y mercado de trabajo,

ver Nocifora, E., «Il mercato del laboro degli extracomunitari nell’Ita-

lia degli anni Novanta», en Dei delitti e delle pene, 1/1993, pp. 93-113;

Gambino, F., «Sulla cittadinanza proprietaria. Dai bagagli appresso

all’investimento anticipato», en Dal Lago, A. (coord.), Lo straniero e il

nemico. Materiali per l’etnografia contemporanea, Costa & Nolan,

Génova, 1998, pp. 187-208; Ídem, «Alcune aporie delle migrazioni

internazionali», en aut aut, 275/1996, pp. 129-141.

10. Cotesta, V., «La cittadella assediata. Immigrazione e conflitti etnici in

Italia», ibídem.

11. «En materia de circulación de personas, las Partes se emplearán para

eliminar los controles en las fronteras comunes, transfiriéndolos a sus

fronteras exteriores. A tal fin, se emplearán de forma preliminar para

armonizar, en caso necesario, las disposiciones legislativas y reglamen-

tarias relativas a las prohibiciones y a las restricciones sobre las que se

basan los controles y para adoptar medidas complementarias para la

salvaguarda de la seguridad y para impedir la inmigración clandestina

de ciudadanos de Estados no miembros de la Comunidad Europea».

Art. 17 del Acuerdo de Schengen, en Gazz. Uff. Suppl. Ord. 232/1993, p.

619.

12. Dándole ejecución a través de la L. 388/1993.

13. Art. 5, Convención de Schengen, 1990.

14. Art. 6, Convención de Schengen, 1990.

15. Art. 22, Convención de Schengen, 1990.

16. Art. 92, Convención de Schengen, 1990.

17. Art. 93, Convención de Schengen, 1990.

18. Art. 94, Convención de Schengen, 1990.

19. Art. 96, Convención de Schengen, 1990.

20. Art. 96, Convención de Schengen, 1990.

21. Basta pensar en la constitución «semiclandestina» de algunos grupos y

organismos de cooperación europea, como Trevi, Ad Hoc Inmigración,

Ad Hoc Cooperación Política y la Europol. A este propósito señala con

razón Lode Van Outrive, en Legislation and decision-making in Europe.

International police cooperation and human rights, Paper presented at

the «Twentieth Annual Conference of the European Group for the Study of

Deviance and Social Control», 3-6 Septiembre 1992, Padua, Italia, p. 4:

«El proceso de toma de decisiones referentes a la cooperación policial se

desarrolla de forma oculta y antidemocrática, pese a que los acuerdos

finales se realicen a través de Convenios. Ante todo oculta, porque para

los miembros del Parlamento con sentido de la responsabilidad y para los

grupos de presión e interés es muy difícil saber qué está siendo discutido y

decidido, cuándo se inicia algo, cómo se desarrolla luego y qué resultados

se alcanzan y se cumplen».

22. «El inmigrante, sobre todo si es de baja condición social, no sólo está

obligado a la simple formalidad común, sino a una hiperformalidad.

Toda forma de infracción, incluso las no sancionadas penalmente ni

119

Notas:

1. Sin embargo, es posible dividir los diferentes casos nacionales desde el

punto de vista de las políticas inmigratorias que fueron adoptadas en

aquellos años. Así emergen diferentes modelos de tratamiento jurídico

y político-social de los inmigrantes. Veamos algunos ejemplos. En Fran-

cia, siguiendo la estela de su propia tradición colonial, se privilegió una

orientación de tipo asimilador («los inmigrantes han de convertirse en

buenos franceses») sostenida por una fuerte inversión en estrategias de

integración de los inmigrantes. En cambio, Alemania nunca consideró

como ciudadanos plenos a los inmigrantes: sólo eran «trabajadores

huéspedes» (Gastarbeiter), cuya permanencia en suelo alemán debía

cesar apenas disminuyera la necesidad de fuerza de trabajo inmigrada.

Finalmente, en Inglaterra se adoptó el modelo de la separación subordi-

nada. Los inmigrantes nunca serán buenos ingleses; sus culturas de ori-

gen son «respetadas». Este multiculturalismo diferenciador se tradujo

de hecho en la creación de guetos urbanos basados en la etnia. Si bien

todos estos modelos son muy discutibles bajo diversos aspectos, lo cier-

to es que razones de carácter económico favorecieron de hecho un pro-

ceso de integración global de los inmigrantes en la Europa de los años

sesenta y setenta.

2. «Desde 1973 las políticas migratorias de los principales países de

Europa noroccidental han cambiado radicalmente, volviéndose cada

vez más restrictivas. En parte a causa de la crisis petrolera de aquellos

años y en parte por las tensiones sociales que la presencia de inmi-

grantes había producido en el período precedente, los gobiernos de

estos países decidieron bloquear la afluencia de trabajadores del exte-

rior, haciendo cada vez más difícil la entrada o estableciendo progra-

mas de incentivos financieros para favorecer el retorno a la patria»

(Barbagli, M., Inmigrazione e criminalità in Italia, Il Mulino, Bolo-

nia, 1998, p. 26).

3. Ver Bonifazi, C., L’immigrazione straniera in Italia, Il Mulino, Bolo-

nia, 1998.

4. Por ejemplo, Balbo, L./Manconi, L., I razzismi possibili, Feltrinelli,

Milán, 1990; Ídem, I razzismi reali, Feltrinelli, Milán, 1992; Cotesta,

V., La cittadella assediata. Immigrazione e conflitti etnici in Italia,

Editori Riuniti, Roma, 1992; Melotti, U., «Immigrazione e politiche

sociali: sfide e confronti in Europa», en Dei delitti e delle pene, 1/1993,

pp. 71-91; Padovan, D., «Razzismo e modernità. Appunti per una dis-

cussione sui razzismi e le loro rappresentazioni sociologiche», en Dei

delitti e delle pene, 2/1994, pp. 91-119.

5. Fuente Istat, citado en Ministero dell’Interno, Relazione sulla presen-

za straniera in Italia e sulle situazioni di irregolarità, 1998.

6. Fuente de la estimación Istat, citado en Ministero dell’Interno, op. cit.

7. Datos extraídos de Bonifaci, C., op. cit., p. 71.

8. «Desde este punto de vista, es decir, desde el punto de vista del valor

de la fuerza de trabajo, resulta notorio cómo se registra uno de los

casos más evidentes de derroche de recursos humanos, con el hecho

de que una cuota importante de la fuerza de trabajo escolarizada pro-

cedente del Tercer Mundo termine por ser degradada» (Pugliese, E.,

«Gli immigrati nel mercato del lavoro», en Polis, IV, 1/1990, p. 78).

9. Lo admite incluso el Ministerio del Interior en el informe citado:

«Parece por tanto evidente que el empleo en la economía informal de

trabajadores extranjeros constituye todavía un fenómeno muy rele-

118

reserva de jurisdicción del art. 13.2, teniendo una esfera de aplicación

tan amplia y exhaustiva que a su vez se traduce en regla absoluta [...],

hay que reconocer que parece dudoso que la medida de internamiento

pueda ser considerada excepcional en el sentido del art. 12.1 de la

nueva ley» (Bonetti, P., «Alcuni profili di illegittimità costituzionale

relativi alle norme della Legge 6 marzo 1998 n.40 in materia di allonta-

namento dello straniero», en ASGI-Magistratura Democratica, Diritto e

Immigrazione. Opúsculo informativo reservado a los socios, Turín-

Bolonia, 1998, p. 94).

35. Ministerio del Interior, Circ. n.º 11 del 20 de marzo de 1998.

36. Ver en particular Thomas, I.T./Znaniecki, F., Il contadino polacco in

Europa e in America, Ed. Comunità, Milán, 1968; Trasher, F., The Gang,

The University of Chicago Press, Chicago, 1927; sobre la escuela de Chi-

cago en general se puede ver Rauty, R. (coord.), Società e metropoli. La

scuola sociologica di Chicago, Donzelli Editore, Roma, 1995.

37. Para contrastar la difusión de sentimientos de pánico moral, sobre todo

en las áreas metropolitanas italianas, basta pensar en el enorme des-

arrollo en estos años de iniciativas de ciudadanos que cada vez más a

menudo se reúnen en comités de barrio, asociaciones espontáneas,

agrupaciones ciudadanas: todas ellas son experiencias que comparten

un sentido común de inseguridad y de preocupación por la degrada-

ción urbana, fenómenos generalmente vinculados a la presencia de

inmigrantes extracomunitarios. En la mayoría de los casos estos grupos

se caracterizan por una obsesión por la seguridad, que los induce a ejer-

cer fuertes presiones sobre las autoridades locales, la prensa local y,

sobre todo, las fuerzas del orden, cuando no incluso a asumir directa-

mente la iniciativa de «hacer orden» en forma de vigilancia y de rondas

ciudadanas. Sobre las formas de interacción entre comités espontáneos

y fuerzas policiales en un contexto de inseguridad urbana difusa, ver en

particular: Palidda, S., Considerazioni sui problemi della ricerca e

delle esperienze riguardanti l’insicurezza e la sicurezza urbana. Inter-

vención en la reunión del 10/10/1994 del Comité Científico del Proyecto

«Città sicure» de la Región Emilia-Romagna. Sobre el efecto de legitima-

ción de prácticas represivas ejercido por las movilizaciones ciudadanas

y, en particular, por las campañas periodísticas dirigidas a exaltar la inse-

guridad producida por la desviación inmigrada, ver Maneri, M., «Lo stra-

niero consensuale. La devianza degli immigrati come circolarità di prati-

che e discorsi», en Dal Lago, A. (coord.), Lo straniero e il nemico.

Materiali per l’etnografia contemporanea, op. cit., pp. 236-272.

38. Datos extraídos de Barbagli, M., Immigrazione e criminalità in Italia,

op. cit., pp. 46-49.

39. Datos extraídos de Palidda, S., «Devianza e criminalità», en Rapporto

annuale sull’immigrazione 1995, Fondazione Cariplo-ISMU, Milán,

1995, pp. 3-4.

40. Ver Palidda, S., op. cit., p. 11. Un autor particularmente inclinado a

sostener la tesis de una mayor predisposición a delinquir por parte de

las poblaciones inmigrantes es Segre, quien, analizando los datos

sobre ingresos carcelarios, denuncias y población carcelaria italiana y

extranjera (excluyendo categóricamente que la evidente sobrerrepre-

sentación de los extranjeros pueda ser determinada, al menos en

parte, por dinámicas de discriminación y selección por parte de las

agencias de control), llega a la conclusión de que subsiste una mayor

tendencia a la desviación que caracterizaría en particular a determina-

dos grupos étnicos. Ver Segre, S., «Immigrazione extracomunitaria e

121

juzgadas por los tribunales, están prohibidas para los inmigrantes y,

por tanto, se castigan con una sanción a menudo agravada por la cuali-

dad del autor —un extranjero estigmatizado por sus orígenes—»

(Sayad, A., «La doppia pena del migrante. Reflessioni sul pensiero

dello Stato», en aut aut, 275/1996, pp. 15-16).

23. «Se deben efectuar controles para asegurar que los ciudadanos de terce -

ros países autorizados a circular libremente (sic) conforme a la legisla-

ción comunitaria y que han obtenido un permiso para residir y eventual-

mente trabajar durante un período limitado continúen satisfaciendo las

condiciones en el caso previstas»; y poco antes: «En particular deben

efectuarse controles de las personas que son sospechosas de residir o tra-

bajar ilegalmente, incluidas aquellas a las que se les ha rechazado una

demanda de asilo», Grupo Ad Hoc Inmigración, Progetto di raccoman-

dazione concernente i controlli e l’espulsione dei cittadini di paesi terzi

che soggiornano o lavorano illegalmente sul territorio degli Stati mem-

bri, aprobado por los ministros competentes en materia de inmigración,

reunidos en Copenaghen los días 1 y 2 de junio de 1993, publicado en

ASPE Migrazioni, 19/1993, pp. 8-9.

24. L. 943/1986.

25. L. 39/1990.

26. Cfr. Pastore, M., «Produzione normativa e costruzione sociale della

devianza e criminalità tra gli immigrati», Quaderni ISMU, 9/1995, p.

13: «Las diversas políticas de cierre, características no sólo de la legis-

lación italiana sino de todo el contexto europeo, terminan de este

modo alimentando de hecho la formación de una población de clan-

destinos, a los que se niega la posibilidad de acceder a una ocupación

regular y que, por tanto, buscan sus fuentes de sustentación y ganan-

cia en las oportunidades que ofrece el mercado de trabajo negro, ile-

gal o criminal».

27. Art. 4, L.40/1998.

28. Art. 6, L.40/1998.

29. Art. 651 c.p.

30. Escribe también Pastore, M., «La nuova legge sugli stranieri extraco-

munitari: disciplina innovativa o razionalizzazione dell’esistente?»,

en Questione Giustizia, 2/1990, p. 345: «Por tanto, nos parece que

podemos destacar [...] un indicio de continuidad con las líneas que,

sobre la estela de las disposiciones del Texto Único de Seguridad

Pública, durante años han caracterizado el enfoque italiano del pro-

blema extranjero: competencia administrativa tendencialmente

exclusiva, establecimiento de normas preferentemente dirigidas al

control penal y policial, graves carencias y retrasos en la legislación

sobre derechos civiles, sociales y políticos».

31. Art. 6, L. 40/1998.

32. Art. 12, L. 40/1998.

33. Art. 12, L. 40/1998.

34. Respecto a esta previsión legislativa se pueden albergar grandes reser-

vas acerca de su conformidad con la Constitución (así como con las

convenciones internacionales en materia de tutela de derechos huma-

nos): «La configuración de la medida de internamiento la coloca en el

ámbito de las medidas provisionales que, en base al art. 13.3 de la Cons-

titución, la autoridad de seguridad pública puede adoptar en casos

excepcionales de necesidad y urgencia indicados de forma taxativa en

la ley [...]. Debido a que, en base a la jurisprudencia constitucional, el

requisito de excepcionalidad no permite realizar derogaciones a la

120

proporcionalmente los extranjeros sufren más arrestos que denun-

cias. Pero como demuestran los datos sobre presencias carcelarias en

una fecha determinada, y como muestran los flujos de ingresos y sali-

das de las cárceles, en comparación con los italianos los extranjeros

han sufrido más arrestos que luego no son confirmados por los jueces o

que se traducen en estancias en la cárcel relativamente cortas. Ello es

debido [...] a que a menudo se trata de delitos menores, delitos por los

cuales los italianos cada vez son más difícilmente arrestados».

48. Art. 133 c.p.

49. Cfr. Palidda, S., «Devianza e criminalità tra gli immigrati: ipotesi per

una ricerca sociologica», en Inchiesta, 103/1994, p. 32: «... precisa-

mente sobre esto es importante reflexionar: la fuerte restricción de la

inmigración no sólo parece tener el efecto de aumentar las ganancias

de las organizaciones dedicadas a la inmigración clandestina (al igual

como el prohibicionismo aumenta el precio del alcohol y las drogas),

sino que de hecho corre el peligro de impedir la inmigración de los

que aspiran a la libertad de emancipación económica, social, política y

cultural, y de favorecer la de aquellos que están subordinados a orga-

nizaciones criminales».

50. «Parece entonces que se produce un cortocircuito, es decir, una inter-

acción incontrolada e incontrastable entre la construcción social de la

desviación y criminalidad de los inmigrantes y un sentimiento de inse-

guridad (debido también a la degradación urbana, la ineficacia de los

servicios públicos, problemas económicos e incluso adhesiones a

valores centralistas) que ha convertido al extracomunitario en el fácil y

cómodo chivo expiatorio, en el enemigo. Por tanto, existe el riesgo de

que se construya una frontera entre integrados y excluidos, esto es,

entre comunitarios y extracomunitarios, que se superpone a una divi-

sión de estatus entre acomodado y no acomodado. Y es quizá en este

sentido que existe el peligro de establecer una especie de nueva sepa-

ración entre clases trabajadoras y clases peligrosas» (Palidda, S., op.

cit., p. 23).

51. Para una reseña de las distintas posiciones, en particular de las más

recientes, ver Gibbons, D. C., «Review Essay: Race, Ethnicity, Crime and

Social Policy», en Crime & Delinquency, vol. 43, 3/1997, pp. 358-380.

52. Sutherland, E. H., Criminology, Lippincott, Filadelfia, 1924.

53. Shaw, C. D./McKay, H. D., Juvenile Delinquency and Urban Areas, Uni-

versity of Chicago Press, Chicago, 1942.

54. Wilson, W. J., The Truly Disadvantaged, University of Chicago Press,

Chicago, 1987.

55. Datos extraídos de Tonry, M., «Ethnicity, Crime and Immigration», en

Ídem (editor), Ethnicity, Crime and Immigration. Comparative and

cross-national perspectives, University of Chicago Press, Chicago,

1997, p. 6.

56. Ver, por ejemplo: Marshall, I. H., «Minorities, Crime and Criminal Jus -

tice in the United States», en Ídem (editor), Minorities, Migrants and

Crime: Diversity and Similarity across Europe and United States,

Sage Publications, Londres, 1997, p. 9.

57. Escribe, por ejemplo, Douglas Massey: «La segregación racial es la con-

dición estructural impuesta a los negros que hace posible, e incluso pro-

bable, la existencia de comunidades intensamente deprimidas. Cuando

se produce segregación racial en el ambiente de separación de clases de

las típicas ciudades norteamericanas, la misma concentra privación de

ingresos en un pequeño número de áreas negras pobres y genera condi-

123

delinquenza giovanile: un’analisi sociologica», en Studi Emigrazione,

XXX, 111/1993, pp. 384-415, en particular p. 408: «Este ensayo se pro-

pone averiguar si existe una particular predisposición a la desviación

criminal por parte de los inmigrantes en Italia originarios de países

retrasados, y cuáles son sus eventuales causas. Se ha comprobado que

según las estadísticas judiciales que reportan tanto los ingresos carce-

larios como las condenas por cada uno de los grupos étnicos y por los

inmigrantes de forma global, efectivamente existe esta particular pro-

pensión de los inmigrantes, incluso en igualdad de coordenadas de

edad de los inmigrantes y los italianos». Segre adopta una explicación

multifactorial del fenómeno, empeñándose en demostrar la interac-

ción entre factores de tipo socio-psicológico, culturales y económicos

sin, por otro lado, preguntarse nunca de forma crítica sobre los posi-

bles efectos de tipo discriminatorio producidos por la sobreexposi-

ción de los inmigrantes desviados respecto a los autóctonos, sobre el

uso diferencial de toda una serie de medidas de prevención, sobre la

mayor intensidad y continuidad del control ejercido en todos los nive-

les frente a una población «diferente» como es la inmigrada. Además,

también la insistencia de Segre en explicaciones de tipo sociológico

(teorías de la privación relativa, de la anomia, del control) parece

como mínimo sospechosa, si se considera la frecuencia con la que apa-

recen en su artículo expresiones del tipo «propensión», «tendencia»,

«predisposición», conceptos más propios de teorías psico-biológicas

que no psico-sociales.

41. Dato citado por Barbagli, M., Immigrazione e criminalità in Italia,

op. cit., p. 108.

42. El propio Barbagli subraya el estrecho vínculo existente entre condi-

ción de irregularidad e incidencia de comportamientos delictivos (en

particular de los delitos «instrumentales», preferentemente dirigidos

a satisfacer necesidades económicas), cuando escribe que: «Es, por

tanto, cierto que una enorme parte de los delitos de ciudadanos extra-

comunitarios es cometida por parte de irregulares. Pero esto se verifi-

ca más a menudo en el caso de delitos de naturaleza preferentemente

instrumentales, cometidos con fines económicos, que para los de tipo

expresivo, que nacen de acciones impulsivas y que constituyen fines

en sí mismos» (Ibídem, p. 108).

43. Datos Istat extraídos de Savona, E. U./Di Incola, A., «Immigrazione e

criminalità. Trent’anni dopo», en Transcrime. Working Papers,

12/1997, p. 21.

44. Ministerio del Interior, «Rapporto sul fenómeno della criminalità

organizzata», 1996, p. 361.

45. Datos extraídos de Barbagli, M., op. cit., p. 89; el autor toma además en

consideración un posible «efecto en cadena» que se podría producir

en las sucesivas fases del proceso penal por el hecho de haber sufrido

un período de prisión preventiva, determinando ulteriores mecanis-

mos de selección y discriminación: «Pero esta decisión [...] puede

influir sobre las sucesivas. En otras palabras, ante la igualdad de indi-

cios disponibles y de toda otra condición, es más probable que un juez

se convenza de que un imputado es culpable si ha sufrido la prisión

preventiva» (Ibídem, p. 90).

46. Marotta, G., Immigrati: devianza e controllo sociale, Cedam, Padua,

1995, en part. pp. 112-129.

47. Todo esto está bien subrayado por Palidda, S., op.cit., pp. 4-5: «La rela-

ción entre denunciados y arrestados demuestra que, respecto al total,

122

Interacciones

Somos testigos de una profunda transformación de las estra-

tegias de control, de las políticas carcelarias y de las orienta-

ciones político-criminales de los países occidentales.

Asistimos a un alarmante incremento, difundido a nivel

global, de los índices de encarcelamiento, que parecen

haber alcanzado niveles a los que nunca antes se había lle-

gado. La composición de clase de la población carcelaria se

ha estabilizado, con una presencia cada vez más significati-

va de las minorías étnicas y de las franjas de la población

económica y socialmente excluidas.

Estos elementos nos hablan de un estrecho vínculo

entre las situaciones de marginalidad social y el acceso dife-

renciado al circuito punitivo; son elementos que confir-

man la hipótesis de la selectividad como rasgo característi-

co de las nuevas políticas criminales.

Las prácticas punitivas se concentran en las categorías

de sujetos cuya clasificación sobre bases actuariales viene

determinada por el hecho de ser percibidas social e institu-

cionalmente como fuentes de riesgo1.

En perfecta sintonía con todo esto, constatamos un pro-

ceso de radical ausencia de inversión pública respecto a la

política social, en favor de una fuerte inversión en ámbitos

e instituciones propias de la política criminal. Una transfe-

125

ciones sociales y económicas de profunda desventaja. Estas condicio-

nes se acumulan y refuerzan mutuamente, llevando directamente a la

creación de comunidades underclass caracterizadas por elevados índi-

ces de desestructuración familiar, dependencia de instituciones asis-

tenciales, criminalidad, mortalidad y fracaso escolar. La segregación

crea la condición estructural en la que puede pervivir y florecer un ciclo

autoperpetuado de pobreza que afecta a las minorías étnicas» (Massey,

D. S., «American Apartheid: Segregation and the Making of the Under-

class», en Americal Journal of Sociology, vol. 96, 2/1990, p. 350).

58. «Así, el crecimiento del Estado penal americano responde no tanto al

aumento de la criminalidad, que se ha mantenido constante durante

todo este periodo, sino a la desestructuración social provocada por la

retirada del Estado caritativo. Es un crecimiento que tiende a encon-

trar en sí mismo su propia justificación, en la medida en que sus efec-

tos criminógenos contribuyen fuertemente a la inseguridad y a la vio-

lencia a las que se considera que debería poner remedio» (Wacquant,

L. J. D., «Dallo Stato caritatevole allo Stato penale. Note sul trattamen-

to della miseria in America», en Dal Lago, A. (coord.), Lo straniero e il

nemico. Materiali per l’etnografia contemporanea, op. cit., p. 290).

59. Además de Wilson, adoptan la categoría explicativa de la underclass,

entre otros, Sampson, R. J., «Structural Variations in Juvenile Court

Processing: Inequality, the Underclass and Social Control», en Law

and Society Review, vol. 27, 2/1993, pp. 285-311; Irwin, J., The Jail.

Managing the American Underclass, University of California Press,

Berkeley, 1985; Jackson, P. I., «Minority Group Threat, Social Context

and Policing», en Liska, A. E. (editor), Social Threat and Social Con-

trol, State University of New York Press, Albany, 1992; Keith, M., «Cri-

minalization and Racialization», en Race, Riots and Policing, UCL

Press, Londres, 1993, pp. 238-252; Massey, D. S., op. cit.

60. Sobre el pánico moral y, en particular, sobre la utilización de la alarma

social con fines de legitimación de prácticas penales represivas, ver Qui-

rico, M., «Capro espiatorio, politiche penali, egemonia», en Dei delitti e

delle pene, 1/1993, pp. 115-130; además, Cottino, A., «Panico morale e

nemici appropriati: riflessioni in margine a due contributi di T. Mathie-

sen e di N. Christie/K. Bruun», en Giasanti, A. (coord.), Giustizia e con-

flitto sociale. In ricordo di Vicenzo Tomeo, Giuffrè, Milán, 1992; donde

el autor utiliza, a propósito de los inmigrantes y del pánico moral que se

desarrolla en torno a su presencia, la categoría sociológica de los «enemi-

gos apropiados», introducida por N. Christie para definir a los sujetos

sociales hacia los que los aparatos del poder y las clases hegemónicas

dirigen los sentimientos sociales de inseguridad, desviándolos de las ver-

daderas razones de su emergencia. Sobre las dinámicas estructurales de

producción del pánico moral: Goode, E./Ben-Yehuda, N., «Moral Panics:

Culture, Politics and Social Construction», en Annual Review of Socio-

logy, 20/1994, pp. 149-171.

124

TERCERA PARTE

Control actuarial y

transformación social.

Lineamientos para una

posible crítica

luciones del sistema punitivo y las dinámicas de transfor-

mación económica y social que han tenido lugar en los últi-

mos años. No es posible aislar el discurso punitivo y las

estrategias de control del contexto social en el cual se des-

arrollan y hacia el cual se dirigen.

En resumen, pretendo formular algunas hipótesis sobre

posibles conexiones entre las transformaciones del control

social descritas en la primera parte y algunas transformacio-

nes más amplias que han afectado a las sociedades occiden-

tales postindustriales, haciendo especial referencia a las

dinámicas económicas y a las consecuencias que de ellas se

pueden hacer derivar desde un punto de vista político-

social. Las observaciones se circunscribirán a las dos últimas

décadas; es decir, a un arco temporal que se inicia a media-

dos de los años setenta y se prolonga hasta nuestros días.

Para ello trataré de asumir como horizonte de reflexión

una literatura sociológico-criminal de orientación crítica.

Me refiero en particular a algunos estudios que han hecho

el esfuerzo de conjugar el pensamiento criminológico-crí-

tico marxista y la tradición sociológica derivada del interac-

cionismo, en particular el labelling approach3.

Dicho contexto teórico es útil debido a su capacidad

para reconstruir críticamente la interacción entre fenóme-

nos económicos y percepciones sociales; entre ideologías

de control socialmente construidas y producción social de

discursos hegemónicos sobre la desviación y sobre las

estrategias de control.

Fordismo y postfordismo

Empezaré por las profundas transformaciones que han

revolucionado el sistema económico occidental a partir de

la primera mitad de los años setenta.

Importantes procesos de reestructuración industrial y

productiva han afectado las economías de los países del

capitalismo avanzado, determinando consecuencias socia-

les de alcance histórico. La radical reestructuración tecno-

127

rencia de recursos públicos que se orienta hacia la cons-

trucción de nuevas cárceles, campos disciplinarios (boot

camps) en los Estados Unidos, estructuras de máxima segu-

ridad y campos de concentración para inmigrantes en Italia

y en Europa.

Al mismo tiempo la seguridad se privatiza, hasta el punto

de ser percibida socialmente (y a menudo tratada institucio-

nalmente) como un bien a adquirir en un mercado en fuerte

expansión. Por otra parte, este mercado se apoya en una cre-

ciente demanda social de protección que se dirige sobre

todo hacia determinadas categorías de sujetos considera-

dos como fuente de riesgo. Quizá sería apropiado hablar de

una difusión social de la ideología actuarial y de su léxico, de

una «actuarialización» de la percepción social de la desvia-

ción. Este fenómeno se presenta tan invasivo y denso que

nos lleva a plantear la posibilidad de que sean precisamente

los sistemas, las tecnologías, las prácticas organizativas y de

gestión de la seguridad privada las que se constituyan como

paradigma de las nuevas formas de control social2.

Todos estos factores, cargados de significativas implica-

ciones respecto al análisis de las transformaciones del con-

trol social, por una parte, convergen hacia el paradigma

actuarial y representan sus ulteriores articulaciones; pero,

al mismo tiempo, plantean una serie de problemas que es

necesario profundizar. Indican que el modelo actuarial no

es capaz por sí sólo de describir un conjunto de fenómenos

más extendidos, que se sitúan más allá de la criminología y

del análisis de la pena en sentido estricto.

El paradigma actuarial contribuye a describir las dinámi-

cas del sistema punitivo y los procesos de selección de la

población criminal; pero no parece capaz de reconstruir las

dinámicas de interacción social que se generan en torno a

la penalidad —y que, a partir de ella, se desarrollan históri-

camente— ni, más en general, la relación entre estructura

social e instituciones punitivas.

El problema que quiero plantear es la necesidad de

indagar los vínculos que subsisten entre determinadas evo-

126

selectivo han sido analizadas ya demasiado a menudo.

Sobre todo respecto al contexto estadounidense, los soció-

logos han anunciado con preocupación la aparición de una

nueva undeclass, es decir, de una clase de sujetos definiti-

vamente aislados de cualquier posibilidad de inserción

social, de acceso a la ciudadanía y de integración económi-

ca y social6.

Con ello, sin embargo, no se quiere en absoluto soste-

ner que los fenómenos de precariedad económica y de

inseguridad social hayan afectado únicamente a la clase

obrera, aunque es la más expuesta al desempleo. Sería una

lectura reductora, que no nos permitiría valorar los efectos

sociales globales de estas transformaciones y, sobre todo,

vincular estos efectos a lo que paralelamente observamos

en la vertiente del control social.

En realidad también la middle class se ha visto afectada

por un proceso de crisis7. Cuando hablo de crisis de la clase

media me refiero en particular a aquellas dinámicas sobre

todo económicas (aunque también políticas y culturales),

que han determinado el agotamiento de las certezas vincu-

ladas a modelos sociales y existenciales consolidados.

Domina la incertidumbre. Domina también sobre una

middle class que los procesos de reestructuración econó-

mica actuales empujan, salvo modestas excepciones, hacia

abajo, esto es, hacia la working class.

Las nuevas trayectorias de movilidad social, inscritas en

una creciente polarización entre nuevos ricos y nuevos

pobres, se traducen luego en una inseguridad difusa, en

una crisis de representación política, en una crisis de iden-

tidad. Se rediseñan globalmente las subjetividades indivi-

duales y colectivas, y con ellas las percepciones difusas de

los problemas. La fase de transición que las sociedades

occidentales están atravesando parece articularse en torno

a procesos (de transformación económica, de innovación

tecnológica, de redefinición social de las clases) de los cua-

les choca la impersonalidad, la ausencia de sujetos prota-

gonistas que no sean el capital y su valorización.

129

lógica iniciada en ese periodo e intensificada en el transcur-

so de los años ochenta, asociada a una revisión global de los

sistemas de gestión de las empresas, ha sentado las bases

para una superación del modelo político-económico que

podemos definir como fordista, prefigurando una nueva

fase que puede ser definida como postfordista o de acumu-

lación flexible4.

Al definir la transición del fordismo al postfordismo se

describen procesos de transformación que determinan

una verdadera superación de un ciclo político-económico.

Limitándonos a los aspectos más destacados, podemos

señalar: una drástica y constante contracción de la deman-

da de fuerza de trabajo asalariada, favorecida por la masiva

introducción de nuevas tecnologías productivas; el progre-

sivo dominio de formas de trabajo autónomo y atípico res-

pecto al trabajo subordinado clásico, esto es, obrero; una

consistente reducción de la producción industrial en favor

de otros sectores más avanzados de la economía.

La crisis del modelo taylorista-fordista de organización

del trabajo gira en torno a la flexibilidad, tanto del mercado

de trabajo como de la misma prestación laboral. Emerge un

desempleo que, al estar vinculado a la innovación tecnoló-

gica, ya no es coyuntural, sino más bien estructural5.

Los niveles de desempleo han empezado a crecer de

forma incontrolable desde fines de los años setenta, acele-

rando su ascenso en el transcurso de los años ochenta y en

los primeros años noventa. Se trata de un dato que mani-

fiesta carácter de permanencia debido, por una parte, a las

evidentes dificultades del sistema económico para reabsor-

ber una fuerza de trabajo que ya se considera superflua en

amplios sectores de la producción y, por otra parte, al debi-

litamiento de los dispositivos institucionales, en particular

estatales, de mediación en las relaciones productivas y de

redistribución de los recursos económicos.

Las duras consecuencias sociales de esta permanente

exclusión de amplias franjas de población de la posibilidad

de acceder a un mercado de trabajo cada vez más saturado y

128

nal neoautoritaria de orientación neoliberal, por lo que se

refiere en primer lugar a la política económica y a la política

social. Toman forma campañas emergenciales de sensibiliza-

ción de la opinión pública, basadas en una presunta explo-

sión de la criminalidad callejera. Verdaderas cruzadas mora-

les generan un clima social de moral panic, que sustenta y

legitima una intervención institucional cada vez más represi-

va y punitiva, sobre todo frente a la microcriminalidad9.

De esta forma, en pocos años se ha producido una drás-

tica inversión de tendencia en el ámbito de la política crimi-

nal. Los índices de encarcelamiento aumentan rápidamen-

te; tanto dentro como fuera de las cárceles se abandonan

progresivamente los programas de reinserción y rehabilita-

ción que se habían puesto en marcha en la fase del trata-

miento, denunciando su inutilidad frente a un índice de

criminalidad y de reincidencia en continuo aumento.

Parece llegar a su fin una fase histórica caracterizada por

políticas económicas de tipo keynesiano, orientadas hacia

la inclusión e inspiradas en la universalidad de las garantías

sociales; políticas a las que correspondía, en la vertiente del

control social, una flexibilidad del sistema penal, demos-

trada por los índices de encarcelamiento que en los prime-

ros años setenta alcanzaron su mínimo histórico en

muchos países europeos y en los Estados Unidos.

A esta fase le sigue un ciclo político económico neolibe-

ral que derriba aquellas garantías sociales, provocando la

transición de un modelo de welfare a un modelo de work-

fare, con la consiguiente explosión de la inseguridad y de la

precariedad. Todo ello viene acompañado de políticas cri-

minales punitivas, dirigidas de forma selectiva precisamen-

te hacia aquellas franjas sociales que más sufren material-

mente los efectos del nuevo ciclo económico10.

En las páginas que siguen intentaré establecer una cone-

xión entre estos procesos paralelos. Es decir, pretendo

demostrar que la transición de la sociedad disciplinaria a la

sociedad actuarial (y de control) forma parte de la transi-

ción del fordismo al postfordismo.

131

Sobre esta base cambian las modalidades del conflicto

social, la percepción del otro, los criterios de atribución de

la responsabilidad. En la descripción social de los proble-

mas de nuestro tiempo, el vocabulario de la política se vuel-

ve inútil porque entre los sujetos predomina la afasia. Y se

buscan nuevos instrumentos para manifestar el propio

malestar.

Problemas sociales que con anterioridad eran tratados

con el lenguaje de la política, tienden ahora a ser traduci-

dos a otros ámbitos semánticos como el derecho o la econo-

mía, que parecen ofrecer mayores referencias a los actores

sociales.

En este proceso de redefinición de actores y problemas,

la cuestión social a menudo se convierte en cuestión crimi-

nal, y la justicia social en justicia penal8.

Paralelamente, los sistemas de Welfare State, cuya con-

solidación en el transcurso de la Segunda Postguerra había

garantizado un apoyo a la integración social mediante un

fuerte compromiso de gasto público en servicios y subsi-

dios, son reducidos drásticamente. La reducción de la

intervención pública está vinculada a una nueva fase políti-

ca, llamada neoliberal, que asume como objetivo principal

la necesidad de contener la crisis fiscal del Estado a través

del rigor financiero y de las estrategias de deflación.

Es evidente que todo esto agrava de hecho los efectos

de precarización económica, inseguridad social y verdade-

ra pauperización provocados por la reestructuración eco-

nómica.

En la geografía social que toma forma en torno a este

ciclo económico se desarrollan las nuevas políticas crimi-

nales inspiradas en el rigor, en un uso masivo del encarcela-

miento y en una radical revisión de las estrategias asisten-

ciales de tratamiento institucional de la desviación y de la

criminalidad.

Las campañas políticas de Law and Order, promovidas en

los Estados Unidos y en Inglaterra, a partir de fines de los años

setenta, pueden ser consideradas una vuelta politico-crimi-

130

En lo fundamental, se trata de una reconstrucción que

delinea históricamente un recorrido cíclico de evolución

paralela de la economía y los sistemas punitivos, identifican-

do un nexo estructural entre economía y castigo, en base al

cual el segundo se articula como estrategia de sostenimien-

to de la primera, de sus dinámicas y de sus equilibrios.

También estudios más recientes, orientados al análisis

de la fase de desarrollo capitalista postfordista, han utiliza-

do esta hipótesis interpretativa, vinculando la explosión de

los índices de encarcelamiento al aumento del desempleo

y, más en general, a las transformaciones de la organización

del trabajo que he descrito antes. Se parte de que los índi-

ces de criminalidad se mantienen sustancialmente cons-

tantes en el tiempo y que, por tanto, el castigo evoluciona

de forma independiente respecto de aquellos13.

Esta línea de análisis pone seriamente en cuestión la

clásica representación (de derivación positivista) del vín-

culo entre desempleo y castigo como dependiente de una

intensificación de las actividades criminales, que serían

consecuencia del deterioro de las condiciones sociales. En

realidad, sobre todo los análisis más recientes —que se

enmarcan en la línea de investigación inaugurada por Rus-

che y Kirchheimer— demuestran una sustancial estabili-

dad de los índices de criminalidad en el transcurso de las

últimas dos décadas, mientras que son llamativas las varia-

ciones en el castigo, que no pueden considerarse depen-

dientes de la variable «delito».

La construcción del discurso sobre el control social

como economía política del castigo permite interpretar

las dinámicas de reacción institucional frente a la desvia-

ción a la luz de las diversas articulaciones de factores eco-

nómicos. Sin embargo, un análisis de signo puramente

materialista, elaborado sobre las coordenadas del paradig-

ma estructura económica/superestructura punitiva, parece

inadecuado porque excluye del propio horizonte una serie

de variables ulteriores, que interactúan con las de tipo eco-

nómico y que merecen ser tomadas en cuenta.

133

La pregunta es la siguiente: ¿cómo se redefinen los dis-

positivos de control social frente a la decadencia de la socie-

dad salarial?

Economías del control

La cuestión de la existencia de un nexo estructural entre las

oscilaciones del sistema económico, sobre todo en sus trayec-

torias cíclicas relativas al mercado de trabajo, y la transforma-

ción de las estrategias punitivas puede ser considerada una

constante en el ámbito de la reflexión sociológico-criminal

marxista11.

El leitmotiv de esta tradición de pensamiento se

resume, quizá, en la hipótesis según la cual entre modos de

producción y modos de punición existe un vínculo históri-

co que se renueva continuamente. El castigo varía cuantita-

tiva y cualitativamente en función de los ciclos económicos.

A los ciclos económicos durante los cuales se presenta

un superávit de fuerza de trabajo en el mercado (ciclos

caracterizados por altos niveles de desempleo), les corres-

ponde una tendencia al endurecimiento de las políticas

penales y de control social. Este endurecimiento está desti-

nado a consolidar un ejército industrial de reserva que per-

mita mantener determinadas condiciones de equilibrio en

el mercado de trabajo.

El dispositivo que explica esta interrelación dinámica

entre sistema de control y sistema económico es la less eli-

gibility. Con esta expresión se hace referencia al principio

según el cual en períodos caracterizados por un agrava-

miento de las condiciones económicas para amplias franjas

de la población, golpeadas por el desempleo o por un dete-

rioro general de las condiciones de trabajo, la estabilidad

del sistema y el orden social son aseguradas a través de un

endurecimiento de las políticas punitivas. El castigo

aumenta hasta el punto de que cualquier condición de tra-

bajo resulte preferible si se compara con las condiciones de

quien es tratado institucionalmente como criminal12.

132

gar las dinámicas de interacción que a partir del contexto

económico se constituyen en torno al nuevo paradigma.

Un recorrido analítico que se despliegue en esta dirección

puede ofrecernos una importante ampliación del horizonte

de observación. Queremos decir que una reconstrucción de

los vínculos existentes entre ciclo político-económico y ciclo

punitivo, que se mantuviera de forma rígida en la metodolo-

gía de Rusche y Kirchheimer, limitaría su propio campo de

visión solamente a la vertiente instrumental del control

social. Es decir, se limitaría a formular hipótesis sobre los

objetivos inmediatos del castigo y del control, indagando el

sistema de control sólo desde el punto de vista de la eficacia,

de la funcionalidad económica o de su finalidad de conserva-

ción del orden económico constituido.

Pasaríamos por alto otra dimensión del problema, una

dimensión cuya importancia para determinar los presu-

puestos que permiten la reproducción del sistema social

es tan decisiva como aquella estructural. Me refiero al

perfil simbólico del castigo y, sobre todo, a la construc-

ción de un consenso social que se alimenta de este hori-

zonte simbólico.

En el momento en que la atención se dirige hacia las

dinámicas simbólicas que se constituyen socialmente en

torno al tema del control, emerge la importancia de los sis-

temas de comunicación social del castigo y de la desviación,

es decir, de aquel conjunto de códigos básicamente comu-

nicativos que se extienden como intermediarios entre la

experiencia objetiva del ciclo económico y la experiencia

subjetiva del control social.

En momentos históricos caracterizados por un malestar

económico difuso y por una inseguridad social generaliza-

da, las élites del poder parecen activar estrategias de des-

plazamiento de los problemas o favorecen la construcción

de un imaginario social punitivo, con el objetivo de distraer

la alarma social de cuestiones más profundas, que de esta

forma se concentra en los criminales, los desviados, los dis-

tintos: más en general, sobre un enemigo15.

135

En particular, este modelo explicativo omite el proble-

ma de la construcción social del consenso, es decir, del

apoyo social difuso de las políticas de intransigencia y

endurecimiento penal que podemos constatar, por ejem-

plo, en la fase actual. En definitiva, a esta economía política

del castigo le falta una economía política del consenso, de

aquel imaginario socialmente compartido que apoya y legi-

tima las nuevas formas de control.

Paralelamente a la crisis económica, al aumento del des-

empleo, a la difusión de la precariedad social, hemos asisti-

do, sobre todo a partir de fines de los años setenta, a una

creciente demanda social de seguridad, de protección y,

por consiguiente, de severidad frente a la criminalidad.

Estas dinámicas no pueden ser pasadas por alto en un

análisis de los vínculos entre sistema económico y sistema

punitivo que no quiera reducirse a un paradigma viciado

por el determinismo: existe una dimensión social de per-

cepción de los fenómenos, de elaboración de los proble-

mas a nivel de la opinión pública. Existen espacios de

mediación social entre ciclo económico y ciclo punitivo.

Éste es el sentido de la fusión de un análisis de derivación

interaccionista (que permite evidenciar las dinámicas de

construcción social de los problemas, de tratamiento lin-

güístico de los fenómenos, de interacción simbólica entre las

agencias de control y su público) y una perspectiva de tipo

materialista (capaz de diseñar aquel marco estructural den-

tro del cual estos procesos de interacción toman forma)14.

Si pensamos en la práctica del control actuarial, y asumi-

mos que la misma se configura como un conjunto de estra-

tegias punitivas especialmente selectivas que emergen en

el ciclo político-económico postfordista, no basta con vin-

cular este incremento de la punición con indicadores pura-

mente económicos, de acuerdo a un nexo de causalidad

simple. Debido a que se trata de una punición selectiva,

cuyas estrategias se activan frente a categorías determina-

das de sujetos, y debido a que, sobre todo, un imaginario

actuarial parece difundirse a nivel social, debemos investi-

134

Es en la vertiente instrumental del sistema que conviene

reflexionar para comprender por qué determinadas formas

de castigo prevalecen históricamente respecto de otras

(por qué, por ejemplo, en determinado momento el encar-

celamiento sustituye al suplicio). Pero referirse a las funcio-

nes simbólicas del castigo permite descodificar las dinámi-

cas que dan lugar a la sucesiva estabilización de estas

nuevas formas de castigar y, sobre todo, permite indagar

acerca de las modalidades de interiorización social de la

cuestión criminal que, a su vez, legitiman las nuevas formas

del castigo.

Si la evolución del sistema punitivo es la plasmación en el

tiempo de estrategias que desarrollan una función de con-

servación de las estructuras económicas y sociales predomi-

nantes, y de adecuación del castigo a sus transformaciones,

resulta fundamental poner de manifiesto las diversas articu-

laciones de la relación entre vertiente instrumental y simbó-

lica del control.

Consideremos la forma en que Foucault describe la tran-

sición histórica hacia las formas punitivas disciplinarias. En

la vertiente instrumental, la decadencia del suplicio a favor

del internamiento puede ser reconducida a una cuestión de

economía del poder y, por tanto, de eficacia y estabilidad del

sistema punitivo17; así como puede ser reconducida a las

exigencias del naciente sistema capitalista industrial y,

sobre todo, a la exigencia de transformar la multitud en fuer-

za de trabajo adecuada al nuevo sistema de producción. La

cárcel deberá producir cuerpos dóciles para la fábrica; la

cárcel deberá producir transformaciones tanto en el cuerpo

como en el alma de los internados, volviéndoles disponibles

para el trabajo asalariado. Las funciones instrumentales

determinarán entonces las modalidades de organización de

lo penitenciario (que, en definitiva, reproducen las de la

fábrica), y determinarán sobre todo los criterios de selec-

ción de la clase de delincuentes que hay que internar.

Pero junto a estas funciones instrumentales se extien-

den las estructuras de legitimación y descripción simbóli-

137

Esto permite explicar por qué, cuando se producen

determinadas situaciones económico-sociales, se empren-

den cruzadas morales contra determinados fenómenos

señalados ante el público como la fuente de todos los males.

De la pedofilia a la microcriminalidad, de las drogas a las

mafias y al terrorismo. Haciendo posible la disociación de

los fenómenos reales respecto de los metadiscursos social-

mente construidos a su alrededor, este tipo de análisis dan

importancia a los factores «culturales» en el ámbito de las

dinámicas de conservación del orden constituido.

Sin embargo, es necesario ampliar este discurso ulte-

riormente, analizando la interacción entre determinadas

variables estructurales (de carácter económico) y una

variable coyuntural (la actitud social dominante frente a

la desviación y al control), a fin de introducir el elemento

de la valoración social bajo el prisma de la interacción

simbólica.

Al mismo tiempo, hay que tener presente el aspecto

estructural, prestando atención a las dinámicas efectivas de

funcionamiento de la penalidad. Adoptando una perspecti-

va integrada de este tipo, es posible reconstruir la actual

articulación de la relación entre las funciones instrumenta-

les y las funciones simbólicas del control16.

Cuando hablamos de funciones instrumentales del con-

trol, nos referimos a las finalidades materiales que se pue-

den atribuir a un sistema punitivo en un contexto histórico

y socialmente definido, a los objetivos «útiles» que se pue-

den atribuir a la pena. Pensamos también en aquellos obje-

tivos cuya persecución predefine los criterios de organiza-

ción y de gestión de las estructuras y de las instituciones del

control social. En cambio, cuando hablamos de funciones

simbólicas del castigo y del sistema de control social, toma-

mos en consideración los universos políticos de discurso a

través de los cuales determinadas prácticas punitivas son

legitimadas mediante una representación que las sitúa

como una superación positiva de otras prácticas, a fin de

producir un consenso social frente a las mismas.

136

reformadores penales, por un cambio en las sensibilidades

relativas a las formas de castigar, por una religiosidad que

impone la ética de la redención a través del trabajo, cuando

observamos las retóricas legitimadoras de la disciplina con-

temporánea, el contexto se muestra profundamente cam-

biado. En definitiva, se afirma una conversión a la «laicidad»

de la función punitiva, cuyas legitimaciones son alimenta-

das por narraciones que versan sobre la ética del trabajo, la

necesidad de garantizar plenas e iguales oportunidades a

todos y el compromiso de un Estado providencia para erra-

dicar las situaciones de privación económica y social que

favorecen la desviación.

Las importantes transformaciones del tejido económico

y productivo de la sociedad que se inician a partir de media-

dos de los años setenta, determinando la progresiva transi-

ción de una sociedad fordista a una sociedad postfordista,

exigen una revisión de las funciones instrumentales del

castigo disciplinario, así como una redefinición de los ins-

trumentos de legitimación simbólica del control.

Asistimos a un progresivo agotamiento de aquella

estructura económica (la gran fábrica y su organización, la

producción en masa, el pleno empleo) que había constitui-

do el presupuesto material del modelo disciplinario, de sus

tecnologías de poder y de sus finalidades.

Un paradigma de tratamiento de la desviación que privi-

legiaba la transformación positiva de los sujetos orientán-

dolos hacia la producción, el orden y la interiorización de

los códigos de comportamiento inspirados en la ética del

trabajo asalariado, deja su lugar a estrategias de simple con-

tención de los fenómenos de desviación y criminalidad, de

incapacitación de los sujetos peligrosos y de aislamiento de

las categorías productoras de riesgo.

Ya no es necesario ni útil ni, sobre todo, económico trans-

formar a los desviados en trabajadores que no son necesarios

para el sistema productivo. De todas formas, éstos irían a

engrosar las listas del desempleo y volverían rápidamente al

delito, a la desviación.

139

ca del internamiento: un complejo de narraciones basadas

en la moralidad y la religiosidad. Se trata de un proceso de

legitimación social de las funciones de la cárcel en térmi-

nos de redención, arrepentimiento y expiación de los

males cometidos18.

Volviendo a lo nuestro, es precisamente en la redefini-

ción global de la relación entre funciones instrumentales y

funciones simbólicas del castigo en lo que ahora debemos

concentrarnos.

Al inicio de este trabajo he intentado aislar un conjunto de

características fundamentales de las políticas criminales que

habían ido madurando durante el periodo de máxima expan-

sión del Welfare State. También he sostenido que precisa-

mente aquellos rasgos peculiares permitían incluir el control

social del Welfare State dentro del modelo disciplinario. De

esta forma ponía en evidencia la continuidad histórica de un

proyecto de gran transformación de los individuos a través

del castigo. Una utopía puesta en práctica en un archipiélago

de lugares (cárceles, fábricas, hospitales), tiempos (senten-

cia, contrato, prognosis) y prácticas (tratamiento, formación

profesional, terapia). Podemos ahora afirmar que la continui-

dad histórica de la que se hablaba se limita a las funciones ins-

trumentales; funciones que en este caso se pueden recondu-

cir a la producción de sujetos disponibles para el trabajo,

dispuestos a entrar en el circuito de la integración social a tra-

vés del empleo. Se puede sostener esto si se tiene presente el

hecho de que, hasta la reestructuración económica de los pri-

meros años setenta y la explosión del desempleo, era al

menos teóricamente posible una continuidad entre trata-

miento (carcelario o extracarcelario) de los desviados y acce-

so a la inclusión económica a través del trabajo.

La continuidad se limita a este aspecto instrumental del

castigo y del control, habiendo evidentemente cambiado

en el transcurso del tiempo las formas de legitimación sim-

bólica del sistema punitivo.

Si en sus orígenes el control disciplinario fue sostenido

por valoraciones sociales vinculadas al humanismo de los

138

viduales21. Los parámetros que guían la acción institucional

son análogos a los que informan el comportamiento econó-

mico: eficacia, ahorro, capacidad de previsión y seguridad.

Pero, pese a la aparente neutralidad tecnocrática de estas

estrategias, como del resto de todas las nuevas formas de

castigo que históricamente se han sucedido, también el con-

trol actuarial se extiende mediante un universo simbólico

del cual obtiene su propia legitimación, mediante una gene-

ralizada interiorización que lo convierte en paradigma.

En torno a las estrategias actuariales se desarrolla un

léxico de la peligrosidad, del grupo de riesgo, de la zona de

riesgo, que se difunde socialmente afectando directamente

a las formas de interacción social. El discurso que tematiza-

ba las desigualdades, los problemas sociales (y en particu-

lar la desviación) en términos de clase, etnia y género, es

sustituido por narraciones y percepciones de uno mismo y

de los otros basadas en el peligro, el riesgo y la seguridad22.

La nueva articulación entre funciones simbólicas y fun-

ciones instrumentales puede, a estas alturas, ser clarificada.

Respecto al control actuarial, el plano instrumental y el sim-

bólico tienden a superponerse. Es decir, parece subsistir

una plena coincidencia entre el nivel público de percepción

y de construcción de la desviación, y las estrategias institu-

cionales. El léxico de la seguridad, de la neutralización de

los sujetos productores de riesgo, se difunde socialmente y

es, al mismo tiempo, institucionalmente hegemónico: ya no

parece que exista una legitimación pública del castigo como

algo separable de la actuación de los sistemas punitivos23.

En otras palabras, el consenso social y el apoyo público a

las emergentes políticas selectivas y represivas se constru-

yen en torno a prácticas discursivas no disociables de aque-

llas de los operadores del sistema: ya no hay un término de

mediación entre castigo social e institucional.

Con esto no pretendo negar que exista una dinámica de

construcción social del discurso sobre la desviación.

Un nuevo discurso hegemónico sobre el castigo se

extiende a partir de la crisis de los discursos precedentes y

141

Parece mucho más oportuno utilizar estrategias de neu-

tralización, elaboradas sobre bases actuariales, que permitan

identificar las categorías sociales más problemáticas (no es

difícil prever cuáles son) a fin de incapacitarlas, hasta el punto

de aislarlas geográficamente en condiciones de «libertad»

(como en el caso de las estrategias de control que están redi-

señando las metrópolis americanas), abandonando la retóri-

ca y la práctica de la reinserción y de la rehabilitación social.

Lo que hemos descrito en la vertiente del análisis instru-

mental vuelve una vez más de actualidad la hipótesis inter-

pretativa de Rusche y Kirchheimer, que nos permite vincu-

lar el endurecimiento de las funciones de control a un

excedente de fuerza de trabajo, en base al cual se reduce el

valor de la vida humana.

Escriben los dos criminólogos marxistas: «La acumula-

ción capitalista produce constantemente una población

superflua respecto a las exigencias ordinarias del capital

para su valorización. Esta población no necesaria para el

proceso productivo se convierte en una cuestión que exige

la intervención de las instituciones. Si se trata de deshechos

sociales (...) los mismos deben ser gestionados; si se trata

de dinamita social, como los desempleados o los imposi-

bles de emplear, entonces debe ser controlada»19.

Control y terror

Hoy la cárcel tiene una función de simple incapacitación,

de neutralización de clases específicas de individuos.

Las estrategias actuariales se presentan en primera ins-

tancia como un instrumento de racionalización del sistema

punitivo, como un dispositivo dirigido a economizar la res-

puesta punitiva, con la finalidad de lograr una gestión

racional y eficaz del sistema en conjunto. El control actua-

rial se caracteriza como una nueva articulación de las fun-

ciones instrumentales del control20.

Del modelo actuarial parece absolutamente ausente toda

referencia a valores morales que orienten las conductas indi-

140

poner de un esquema interpretativo que explique las rela-

ciones entre ciclo económico y verbalizaciones que se des-

arrollan sobre los problemas sociales y la desviación en par-

ticular, convalidando socialmente un ciclo punitivo.

Se difunde socialmente un léxico de la seguridad, del

riesgo, de la peligrosidad, a través del cual se construye una

descripción alarmista de categorías enteras de sujetos. Este

léxico es un instrumento de legitimación social de prácti-

cas de control: es un vocabulario de motivos. Un vocabula-

rio de motivos actuarial y fuertemente punitivo, que define

determinados grupos —excluidos del circuito de la inte-

gración económica y social— como desviados, como clases

peligrosas que merecen ser incapacitadas a través de la res-

puesta punitiva.

Pero falta clarificar por qué emerge tal género de voca-

bulario en este contexto histórico específico. Utilizo la

hipótesis de Dario Melossi, para quien existe una corres-

pondencia entre periodos de crisis económica y difusión

de vocabularios de motivos orientados a la punición, al

rigor frente a la desviación.

La activación de esta dinámica lingüístico-motivacional

de mediación entre ciclo económico y ciclo punitivo puede

ser atribuida a las élites del poder que, a través de un uso

estratégico de los mass-media, alimentan una verbaliza-

ción punitiva de los problemas sociales vinculados a la cri-

sis económica, favoreciendo así un consenso difuso respec-

to a la autoridad encargada de la lucha contra el delito y

distrayendo la atención del público de los factores estruc-

turales que determinan la situación28.

El problema también puede ser planteado en estos térmi-

nos: situaciones de malestar económico, de precariedad de

las condiciones sociales y de trabajo, de elevado desempleo,

originan un difundido sentido de precariedad (un vocabula-

rio de la inseguridad, podemos decir), que las agencias de

control orientan hacia fenómenos específicos que, si bien

son contingentes, resultan inmediatamente percibidos por

la opinión pública. Es decir, podemos suponer que en estos

143

del debilitamiento de las bases estructurales que los habían

sostenido. El discurso actualmente hegemónico se consti-

tuye como un nuevo término medio entre ciclo político-

económico y ciclo punitivo, marcando la total interioriza-

ción social de un imaginario de la desviación y del castigo

que asume el punto de vista institucional.

Discurso hegemónico significa un conjunto de disposi-

tivos, fundamentalmente lingüísticos, cuya capacidad de

penetración y difusión social permite la constitución de

universos compartidos de identificación de uno mismo y

del otro. Más exactamente, la elaboración de modelos de

interpretación de la propia conducta en relación a la con-

ducta ajena; sobre todo de modelos de tratamiento lingüís-

tico de la conducta conformista, de la conducta desviada y

de la reacción institucional frente a esta última.

El recorrido analítico que estamos desarrollando aquí

retoma con amplitud el paradigma de los vocabularios de

motivos de Wright Mills24; un modelo interpretativo de la

interacción social que ya ha recibido aplicaciones en el

campo de la sociología criminal25.

Según la definición de Mills, los vocabularios de moti-

vos pueden ser descritos como «una respuesta irrefutable a

las demandas relativas a la conducta social o lingüística, ya

sean éstas planteadas por el mismo actor o por cualquier

otro miembro de la situación»26. Se trata, por tanto, de dis-

positivos lingüísticos, gracias a los cuales se desarrolla una

argumentación aceptable de la conducta que otorga al

actor una imagen de sí mismo compartible por parte de su

propio público. Estos dispositivos pueden ser concebidos

también como verbalización de la desviación y del control

social; es decir, como formas lingüísticas que, refiriéndose

al mismo vocabulario (el punitivo), pueden justificar

socialmente la percepción de un comportamiento como

desviado y, sobre todo, legitimar las reacciones de las agen-

cias de control frente a este comportamiento27.

La descripción de las dinámicas de verbalización que se

activan en torno a los vocabularios de motivos permite dis-

142

incapacitar las categorías de riesgo, las clases peligrosas

que ya son objeto de pánico moral y de verbalización social

punitiva.

Por tanto, se trata de una reorganización de las funcio-

nes simbólicas y instrumentales del control, de una rearti-

culación que se desarrolla a través de formas renovadas de

desigualdad social. En un nivel de integración social

medio-alto, parece prevalecer el aspecto simbólico del con-

trol, en su función de cohesión moral en torno a la necesi-

dad de seguridad, de reducción de los riesgos y de acceso al

mercado. Donde en cambio se propaga la marginación

social, el plano simbólico se mantiene en segundo término

y prevalece la incapacitación, la selección de categorías

sociales de riesgo que son las destinatarias del control y de

la cárcel, la less eligibility como medio extremo para forzar

a aceptar condiciones de vida cada vez más dramáticas.

Dicho de otro modo, por una parte operan vocabularios

de motivos centrados en la inclusión en el circuito del mer-

cado, en el acceso al recurso seguridad, en el posible goce

de un bienestar que parece acechado sólo por la criminali-

dad32. Por otra, operan vocabularios de motivos construi-

dos sobre la amenaza de la exclusión total, esto es, del inter-

namiento, del encarcelamiento para quien no se adecue a

las condiciones de existencia que el sistema impone. Asisti-

mos al retorno de experiencias históricas que parecían con-

finadas a los albores del capitalismo, como el gran encierro

del que nos habla Foucault, las leyes sobre pobres, la sepa-

ración entre pobres vagabundos y pobres trabajadores des-

crita por Marx.

Prácticas y estrategias de la sociedad de control. O quizá

sería mejor decir: prácticas y estrategias de la sociedad del

capital. Pero éste es todavía otro discurso.

145

periodos los desviados asumen el papel de enemigos hacia

los que catalizar los sentimientos de inseguridad, que de

otro modo se correría el riesgo que fuesen expresados en

forma peligrosa para el sistema y su estabilidad29.

La creciente demanda de protección, que ha favorecido

el nacimiento de un verdadero mercado de la seguridad,

constituye un índice significativo de la difusión social de un

vocabulario motivacional de la precariedad y del miedo.

Estamos ante un proceso de verbalización de los aconte-

cimientos, de los macrofenómenos y de los problemas

sociales que ya no se articula en el discurso político, en la

demanda de transformación social o en la persecución del

bienestar colectivo como instrumentos de erradicación de

las causas sociales de la desviación, sino más bien en el

acceso a la seguridad como bien que puede ser obtenido en

el mercado30.

Aquí las funciones simbólicas y las funciones instrumen-

tales del castigo se superponen. La construcción de un voca-

bulario de motivos de la seguridad y de la demanda de casti-

go amplifica el consenso social hacia políticas de rigor, frente

a una desviación destinada a reproducirse en condiciones de

nueva pobreza y precariedad, y de deterioro de las condicio-

nes laborales. Es un vocabulario que suprime de forma eficaz

cualquier verbalización que de algún modo pueda poner en

discusión los orígenes reales de la inseguridad.

La inseguridad es sistemáticamente imputada a los nue-

vos enemigos públicos (los inmigrantes, los toxicómanos,

los delincuentes callejeros), seleccionados y puestos en el

centro de campañas de pánico moral31.

Tanto a nivel institucional como a nivel de la opinión

pública, un idéntico vocabulario de la seguridad, de la tute-

la de los riesgos y de la eficacia en la prevención de los peli-

gros sustituye a cualquier concepción alternativa de los

problemas.

Por otra parte, en el plano de la eficacia instrumental, la

metodología actuarial garantiza una gestión eficaz y de cos-

tes reducidos de la desviación, permitiendo controlar e

144

del etiquetamiento capaz de poner en relación el discurso social en

torno a la cuestión criminal-penal con el discurso social en torno a lo eco-

nómico y lo político» (Melossi, D., «È in crisi la criminologia critica?», en

Dei delitti e delle pene, 3/1983, pp. 465-466; ver también, Ídem, «Oltre il

Panopticon. Per uno studio delle strategie di controllo sociale nel vente-

simo secolo», en La questione criminale, 6/1980, pp. 277-361).

4. Para una síntesis del debate sobre postfordismo, se puede ver por

ejemplo Revelli, M., Le due destre. Le derive politiche del postfordis-

mo, Bollati Biringhieri, Turín, 1996; más específicamente sobre las

transformaciones en las formas de trabajo: Bologna, S./Fumagalli, A.

(coord.), Il laboro autonomo di seconda generazione. Scenari del

postfordismo in Italia, Feltrinelli, Milán, 1997; Cillario, L., L'econo-

mia degli spettri. Forme del capitalismo contemporaneo, manifesto-

libri, Roma, 1996; Marazzi, C., Il posto dei calzini. La svolta lingüísti-

ca dell'economia e i suoi effetti nella politica, Ed. Casagrande,

Bellinzona, 1996.

5. «La tendencia a largo plazo hace prever niveles cada vez mayores de des-

empleo. La introducción de tecnologías cada vez más sofisticadas, con

las consiguientes ganancias en términos de productividad, conlleva que

la economía global corra el riesgo de producir cada vez más bienes y ser-

vicios empleando una porción cada vez menor de la fuerza de trabajo dis-

ponible» (Rifkin, J., La fine del laboro. Il declino della forza lavoro glo-

bale e l'avvento dell'era post-mercato, Baldini & Castoldi, Milán, 1997,

pp. 35-36). Sobre el carácter estructural del desempleo, ver también

Gorz, A., Il lavoro debole. Oltre la società salariale, EL, Roma, 1994.

6. Ver, por ejemplo, Murray, C., The Emerging Underclass, Institute of

Economic Affairs, Londres, 1990, en especial pp. 1-23; Wilson, W. J.,

The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass and Public

Policy, University of Chicago Press, Chicago, 1987; Ídem, «Public

Policy Research and the Truly Disadvantaged», en Jencks, C./Peterson,

P. E. (eds.), «The Urban Underclass», Brooking, Washington DC, 1991.

7. Escribe Marazzi, C., op. cit., p. 107: «Es evidente estadísticamente que

en el transcurso de la transición del fordismo al postfordismo la clase

que más ha sufrido los efectos de la reestructuración productiva y de la

polarización de las rentas es la clase del medio, aquella clase que

durante el fordismo había encontrado una estabilidad ocupacional, es

decir, que había asegurado la previsibilidad de comportamientos y la

fidelidad partidaria».

8. Cfr. Pitch, T., Responsabilità limitate. Attori, conflitti e giustizia pena-

le, Feltrinelli, Milán, 1989.

9. Sobre las campañas de Law and Order desarrolladas en Inglaterra

frente a la criminalidad callejera, ver Lea, J./Young, J., What is to be

done about Law and Order?, Penguin Books, Harmondsworth, 1984.

También escribe al respecto Tony Platt: «La actual preocupación políti-

ca por el delito y la justicia tiene poco que ver con ambas cosas [...].

Veinte años de desempleo estructural en las antiguas zonas industria-

les, implacables recortes en el gasto público, disminución de la parti-

cipación en el proceso electoral, políticas más apoyadas en una mali-

ciosa negligencia respecto al aumento de la división racial, han

desgarrado el tejido social y han creado extendidas ansiedades respec-

to al bienestar y la seguridad personal» (Platt, A. M., «The Politics of

Law and Order», en Social Justice, vol. 21, 3/1994, pp. 4-5).

10. «Es posible situar los sistemas penales dentro de una red de poder que

opera tanto a nivel nacional como internacional con otras micro y

147

Notas:

1. «En la actualidad, presenciamos la mayor ola de encarcelamiento

desde hace un siglo, y los problemas del delito y de la pena se rodean

cada vez más de claros discursos punitivos y de sus consecuentes políti-

cas penales»; así se expresa R. Van Swaaningen, en Critical Crimino-

logy. Visions from Europe, Sage Publications, Londres, 1997. Ver tam-

bién Christie, N., Il business penitenziario. La via occidentale al

Gulag, Elèuthera, Milán, 1994; Scraton, P./Chadwick, K., «The Theore-

tical and Political Priorities of critical criminology», en Stenson, K.

Cowel, D. (eds), The Politics of crime control, Sage Publications, Lon-

dres, 1995, pp. 161-185; Barlow, H. D., «Introduction: Public Policy and

the Explanation of Crime», en Ídem (editor), Crime and Public Policy.

Putting Theory to Work, Westview Press, Oxford, 1995, pp. 1-13;

Hagan, J., «Rethinking Crime Theory and Policy: the New Sociology of

Crime and Disrepute», ibídem, pp. 29-42; Cullen, F. T./Van Voorhis, P.

Sundt, J. L., «Prisons in crisis: the American Experience», en Matthews,

R./Francis, P. (eds.), Prisons 2000. An International Perspective of the

Current State and Future of Imprisonment, Macmillan Press, Londres,

1996; Sim, J./Ruggiero, V./Ryan, S., «Punishment in Europe: Percep-

tions and Commonalities», en Ídem (eds.), Western European Penal

Systems. A Critical Anatomy, Sage Publications, Londres, 1995.

2. A propósito de la penetración de filosofías de tipo managerial y privati -

zadoras en el ámbito de las agencias públicas de control, escribe Stan-

ley Cohen: «En la industria del control del delito podemos ver el

ascenso de estilos manageriales, administrativos y tecnocráticos. Las

viejas ideologías liberales (tratamiento, rehabilitación, reforma

social) están desacreditadas. El objetivo es mantener el sistema penal

con unas características razonables. Los directores de las cárceles ya

no son los arquitectos morales de principios del siglo XX, ni tampoco

los profesionales de la ideología del tratamiento: más probablemente

se trata de simples contables» (Cohen, S., «Social Control and the Poli-

tics of Reconstruction», en Nelken, D. (ed.), The Futures of Crimino-

logy, Sage Publications, Londres, 1994, p. 72). Sobre las funciones de

control ejercidas en un contexto de progresiva privatización de los

espacios y, sobre todo, sobre la integración, observable en el ámbito

de la empresa, entre funciones de control y funciones económicas, se

puede ver Shearing, C. D./Stenning, P. C., «From the Panopticon to Dis-

ney World: the Developement of Discipline», en Doob, A./Greenspan,

E. (eds), Perspectives in Criminal Law, Canada Law Book Inc., Onta-

rio, 1985, pp. 335-349; Shearing, C. D./Stenning, P. C., «Private Secu-

rity: Implications for Social Control», en Social Problems, vol. 30,

5/1983, pp. 493 ss.; Pavarini, M., «Bisogni di sicurezza e questione cri-

minale», en Rassegna italiana di criminologia, 4/1994, pp. 435-462;

Ídem, «Note sulle concezioni amministrative e tecnocratiche della

penalità», en Dei delitti e delle pene, 3/1994, pp. 157-167; Ídem, «Con-

trolling Social Panic: Questions and Answers about Security in Italy at

the end of the Millennium», en Bergalli, R./Sumner, C. (eds.), Social

Control and Political Order. European Perspectives at the end of the

Century, Sage Publications, Londres, 1997, pp. 75-95.

3. Dario Melossi, autor especialmente comprometido en esta tarea de inte-

gración de las dos perspectivas de análisis, escribía: «Tal operación equi-

valdría a poner en práctica lo que propongo denominar una teoría basa-

da en el etiquetamiento (grounded labelling theory), es decir, una teoría

146

ciones simbólicas del castigo, Melossi escribe lo siguiente: «De hecho,

la cárcel tiene esencialmente un papel simbólico e ideológico, que no

puede ser concebido como directamente funcional a la economía [...].

Por tanto, el hecho de que los índices de encarcelamiento estén

influenciados, en términos generales, por la economía, significa que

los indicadores económicos miden un tipo de cambio social que ter-

mina por influir en el encarcelamiento» (Melossi, D., «An Introduc-

tion: Fifty Years Later, Punishment and Social Structure in Comparati-

ve Analysis», en Contemporary Crises, 13/1989, p. 316).

15. Una construcción analítica de este tipo caracteriza algunas contribu-

ciones elaboradas en el ámbito de la criminología crítica, que intentan

conjugar un análisis materialista de la desviación con una perspectiva

atenta a la construcción social de los problemas. Ver por ejemplo

Cohen, S., Folk Devils and Moral Panic. The Creation of the Mods and

Rockers, St. Martin's Press, Nueva York, 1980; y, sobre todo, Hall,

S./Critcher, C./Jefferson, T./Clarke, J./Roberts, B., Policing the Crisis,

Macmillan, Londres, 1978. Con mucha claridad escriben Goode y Ben

Yehuda: «Por ejemplo, durante tiempos de crispación y crisis, el públi-

co traslada su ansiedad hacia un miedo irracional de ser víctima de un

delito callejero, y ello lleva al público a aceptar, e incluso demandar,

enfoques punitivos al problema del delito» (Goode, E./Ben Yehuda,

N., Moral Panics: the Social Construction of Deviance, Blackwell,

Oxford, 1994, p. 129; ver también de los mismos autores: «Moral

Panics: Culture, Politics and Social Construction», en Annual Review

of Sociology, 20/1994, pp. 149-171).

16. Sobre el uso simbólico de lo penal: Pitch, T., op. cit.; Van Swaaningen,

R., op. cit.; Matthews, R. Francis, P., op.cit; Henry, S./Milovanovic, D.,

«Constitutive Criminology: The Maturation of Critical Theory», en Cri-

minology, vol. 29, 2/1991, pp. 293-315; Garland, D., «Punishment and

Culture: The Symbolic Dimension of Criminal Justice», en Studies in

Law, Politics and Society, vol. 11/1991, pp. 191-222; Chancer,

L./Donovan, P., «A Mass Psychology of Punishment: Crime and the Futi-

lity of Rationality-Based Approaches», en Social Justice 3/1994, pp. 50-

72. Poniendo en evidencia de forma eficaz la importancia de tomar en

consideración el carácter simbólico de la penalidad, escribe David

Garland, op. cit., p. 218: «Cuando diseñamos políticas penales no

estamos simplemente decidiendo qué hacer con un grupo de perso-

nas marginadas de la sociedad —si intimidarlas, reformarlas o incapa-

citarlas y de qué modo—. Tampoco estamos simplemente ejerciendo

poder o recursos económicos con fines penológicos. Al mismo tiempo

también nos estamos definiendo a nosotros mismos y a nuestras socie-

dades de maneras que pueden ser bastante centrales para nuestra

identidad cultural y política».

17. En palabras del propio Foucault: «La reforma del derecho penal debe

ser leída como una estrategia para la reorganización del poder puniti-

vo, según modalidades que lo hagan más regular, más eficaz, más cons-

tante y mejor detallado en sus efectos: en resumen, que aumenten los

efectos disminuyendo su coste económico [...] y su coste político. La

nueva teoría jurídica de la ciencia penal encubre en efecto una nueva

economía política del poder punitivo» (Foucault, M., Sorvegliare e

punire. Nascita della prigione, op. cit., p. 88).

18. Shearing y Stenning han puesto en evidencia una moral foundation

del discurso disciplinario, que contraponen a la pura instrumental

foundation característica de las nuevas formas de control. Si bien la

149

macroinstituciones de poder en la construcción, regulación, discipli-

namiento y punición de aquellos grupos cuyo estilo de vida, compor-

tamiento y acciones presentan un desafío material y simbólico a la

hegemonía del neoliberalismo en todas sus manifestaciones econó-

micas, políticas e ideológicas» (Sim, J./Ruggiero, V./Ryan, M., «Punis-

hment in Europe: Perceptions and Commonalities», op. cit., p. 10).

11. Pienso en obras que ya constituyen clásicos de la sociología criminal y

de la historia de los sistemas punitivos, entre las cuales podemos citar

a título de ejemplo: Rusche, G./Kirchheimer, O., Pena e struttura

sociale, Il Mulino, Bolonia, 1978; Rusche, G., «Il mercato del lavoro e

l'esecuzione della pena», en La questione criminale, 2-3/1976, pp.

519-535; Melossi, D./Pavarini, M., Carcere e fabbrica. Alle origini del

sistema penitenziario, Il Mulino, Bolonia, 1977; Ignatieff, M., Le origi-

ni del penitenziario. Sistema carcelario e rivoluzione industriale

inglese (1750-1850), Mondadori, Milán, 1982.

12. Según la definición de Melossi, D., «Mercato del lavoro, disciplina,

controllo sociale: una discussione del testo di Rusche e Kirchheimer»,

en Rusche, G./Kirchheimer, O., op. cit., p. 12: «El principio de la less

eligibility [...] exige que el nivel de subsistencia garantizado por las

instituciones carcelarias (o de asistencia) sea inferior al de la franja

social trabajadora más degradada, de forma que el trabajo peor paga-

do sea de todos modos preferible (elegible) a la condición carcelaria o

de asistencia, y se cumpla así el doble objetivo de constreñir al trabajo

y salvaguardar la intimidación de la pena».

13. Ver Scraton, P./Chadwick, K., «The theoretical and Political Priorities of

Critical Criminology», op. cit., en especial p. 172; Sparks, R., «Penal Aus-

terity: the Doctrine of Less Eligibility Reborn?», en Matthews, R./Francis,

P. (eds.), Prisons 2000. An International Perspective of the Current

State and Future of Imprisonment, op. cit., pp. 74-93; Faugeron, C.,

«The Changing Functions of Imprisonment», ibídem, pp. 121-138; Hale,

C., «Economy, Punishment and Imprisonment», en Contemporary Cri-

ses, 13/1989, pp. 327-349; Box, S./Hale, C., «Unemployment, Crime and

Imprisonment, and the Enduring Problem of Prison Overcrowding», en

Matthews, R./Young, J., Confronting Crime, Sage Publications, Londres,

1986, pp. 72-96; Barak, G./Bohm, R. M., «The Crimes of the Homeless or

the Crime of Homelessness? On the Dialectics of Criminalization, Decri-

minalization and Victimization», en Contemporary Crises, 13/1989, pp.

275-288; Morrison, W., «Modernity, Imprisonment and Social Solida-

rity», en Matthews, R./Francis, P., op. cit., pp. 94-120; Hale, C., «Crime

and the Business Cycle in Post-War Britain Revisited», en The British

Journal of Criminology, vol. 38, 4/1998, pp. 681-698. En particular,

escribe Sparks, R., op. cit., p. 87: «Ocurre actualmente, como siempre ha

sucedido, que el peso de la disciplina penal cae de forma desproporcio-

nada sobre los más pobres. Recordando la tenacidad histórica del dis-

curso de la less eligibitity, advertimos que éste es su objetivo». En pala-

bras todavía más acordes con el clásico concepto de less eligibility se

expresa Chris Hale, op.cit., p. 331: «Es sin embargo posible sostener que

en tiempos de crisis económica, caracterizados por crecientes niveles

de desempleo, el encarcelamiento realiza una importante función de

control social como constante advertencia para los que no trabajan

acerca de las consecuencias de traspasar la línea».

14. Sobre los límites implícitos de una concepción puramente mecánica

de la relación entre indicadores económicos e indicadores del sistema

punitivo, y acerca de la oportunidad de extender el discurso a las fun-

148

minologia critica?, op. cit.; Ídem, «Gazette of Morality and Social

Whip: Punishment, Hegemony, and the Case of the USA, 1970-1992»,

en Social and Legal Studies , vol. 2, 3/1993, pp. 259-279; Ídem, «Punis-

hment and Social Action: Changing Vocabularies of Punitive Motive

within a Political Business Cycle», en Current Perspectives in Social

Theory, vol. 6/1985, pp. 169-197; Ídem, «State and Social Control à la

fin de Siecle: From the New World to the Constitution of the New Euro-

pe», en Bergalli, R./Sumner, C., op. cit., pp. 52-74; Ídem, «The Eco-

nomy of Illegalities: Normal Crimes, Elites and Social Control», en

Nelken, D., op. cit., pp. 202-219; Ídem., The State of Social Control. A

Sociological Study of Concepts of the State and Social Control in the

Making of Democracy, Polity Press, Cambridge, 1990.

26. Wright Mills, C., «Azioni situate e vocabolari di motivi», op. cit., p. 47.

27. «Dentro de los límites (empíricamente determinados) delimitados

por el vocabulario de derecho en los libros, los funcionarios públicos

que están a cargo de la aplicación de la ley dan cuenta de su comporta-

miento utilizando los vocabularios de motivos punitivos de una forma

toscamente oscilante a lo largo del tiempo; ello constituye una res-

puesta, entre otras cosas, a las oscilaciones del talante del público, el

cual, a su vez, está vinculado con las oscilaciones de los factores eco-

nómicos» (Melossi, D., The State of Social Control. A Sociological

Study of Concepts of the State and Social Control in the Making of

Democracy, op. cit., p., 153).

28. «Es en tiempos de depresión cuando se pide al público que centre su

atención en el delito [...]. Puede haber muchas incertidumbres acerca

del delito, pero no cabe duda de que los tiempos de depresión son

tiempos de punición. Los políticos lamentan el comportamiento

derrochador e inmoral de los años anteriores, el temible incremento

de actividades criminales y desviadas, la destrucción de los límites ins-

titucionales y morales de la sociedad» (Melossi, D., «Punishment and

Social Action: Changing Vocabularies of Punitive Motive within a Poli-

tical Business Cycle», op. cit., p. 181).

29. La expresión «enemigos apropiados» (suitable enemies) es utilizada

por Christie, N., «Suitable Enemies», ponencia presentada en la

Segunda Conferencia Anual del Howard League sobre Individual

and the State: The Impact of Criminal Justice, Oxford, 1984; ver tam-

bién Quirico, M., «Capro espiatorio, politiche penali, egemonia», en

Dei delitti e delle pene, 1/1993, pp. 115-131; Cottino, A., «Panico

morale e nemici appropriati», en Giasanti, A. (coord.), Giustizia e con-

flitto sociale. In ricordo di Vicenzo Tomeo, Giuffrè, Milán, 1992, pp.

209-222. Ericson y Carriere expresan la hipótesis de forma especial-

mente clara: «Amenazas y peligros, y miedos sobre éstos, tienen que

ver con la construcción de enemigos apropiados, y concurren con eti-

quetas negativas, negación, rehuida y exclusión. La solidaridad se basa

en una comunidad de miedos. En algunos casos, como en el de la gue-

rra a las drogas, las inseguridades se cultivan y se centran en gente des-

afortunada para ganar réditos políticos y para contrarrestar la expe-

riencia de inseguridad endémica cada vez más general en la vida

diaria» (Ericson, R./Carriere, K., op. cit., pp. 102-103).

30. Escribe Gregg Barak: «En la televisión, por ejemplo [...], la clase trabaja-

dora ha desaparecido. En consecuencia, encontramos básicamente tres

tipos de clases construidas por los mass-media: las clases ricas, las cla-

ses medias y las clases criminales» (Barak, G., «Between Waves: Mass-

mediated Themes of Crime and Justice», en Social Justice, 3/1994, p.

151

descripción del sistema disciplinario que nos ofrecen estos autores

está contextualizada en el marco de un discurso relativo a la supera-

ción de la disciplina, la misma refleja y subraya el aspecto simbólico, la

legitimación discursiva propia del mecanismo disciplinario: «Lo que

convierte al control privado en algo distinto del sistema tradicional de

justicia penal no es su carácter disciplinario, el cual es compartido con

el control carcelario, sino más bien el desafío que realiza a la moral

foundation del proceso de mantenimiento del orden» (Shearing, C.

D./Stenning, P. C., «From the Panopticon to Disney World: The Deve-

lopment of Discipline», op. cit, pp. 335-339; de los mismos autores

ver: «Private Security: Implications for Social Control», op. cit., pp.

493 ss.). Para una reconstrucción atenta, en cierto modo innovadora,

de la interacción entre aspectos instrumentales de la penalidad y diná-

micas simbólicas de legitimación del control, ver sobre todo Garland,

D., Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale, Il Saggiato-

re, Milán, 1999.

19. Box, S./Hale, C., op. cit., p. 78.

20. Feeley y Simon ponen en evidencia la racionalidad instrumental típica

del control actuarial: «Éste no habla de individuos perjudicados que

necesitan tratamiento o de personas moralmente irresponsables que

necesitan responsabilizarse de sus acciones. Más bien, considera el

sistema penal y persigue racionalidad sistémica y eficacia. Busca orde-

nar y clasificar, separar los menos de los más peligroso y desplegar

estrategias racionales de control» (Feeley, M./Simon, J., «The New

Penology: Notes on the Emerging Strategy of Corrections and its

Implications», en Criminology, vol. 30, 4/1992, p. 452).

21. «Las orientaciones subjetivas del actor (ya se basen en cálculos, en una

socialización satisfactoria o en una disciplina insuficiente) son simple-

mente ignoradas» (Marx, G., «The Engineering of Social Control», en

Hagan, J./Peterson, R. D., op. cit, p. 227).

22. Escriben Ericson y Carriere: «La integración social se intensifica a tra-

vés de un miedo común, que une la comunidad de necesidades como

una fuerza socialmente obligatoria y basada en la solidaridad. Hay un

giro en la agenda pública que se aleja de la desigualdad económica y se

centra en la distribución y el control de riesgos. Los valores de la socie-

dad insegura desplazan a los de la sociedad desigual [...]. El riesgo

traspasa las categorías y límites tradicionales basados en la clase, el tra-

bajo y la propiedad, desdibujando y también restableciendo las bases

de la jerarquía y del mantenimiento de los límites» (Ericson, R./Carrie-

re, K., «The Fragmentation of Criminology», en Nelken, D. (ed.), op.

cit., p. 103; ver también Simon, J., «The Ideological Effects of Actuarial

Practices», en Law and Society Review, vol. 22, 4/1988, pp. 771-800.

23. Lo destaca de forma eficiente David Garland: «Parecería, entonces,

que la distinción convencional entre actividades instrumentales y sim-

bólicas, o entre acción social y significados culturales tiene poca apli-

cación aquí [...]. En el castigo, lo instrumental es simbólico y el acto

social de castigar, si bien mundano, al mismo tiempo es una expresión

con significado cultural» (Garland, D., Punishment and Culture, op.

cit., p. 198).

24. Ver sobre todo «Linguaggio, logica e cultura», en Saggi di sociologia

della scienza, Bompiani, Milán, 1971, pp. 5 ss.; «Azioni situate e voca-

bolari di motivi», ibídem, pp. 43 sgg.

25. Melossi, D., «An Introduction: Fifty Years Later, Punishment and Social

Structure», en Comparative Analysis, op. cit.; Ídem, È in crisi la cri-

150

Tolleranza zero

abbiamo questo in comune

zero tolleranza per davvero

ultima frontiera

ora

spirali di piramidi sociali

mi stringono alla gola

Assalti Frontali, Banditi, 1999

Emergencia

Creo haber concluido. Pero todavía se podría añadir algo

más.

En Italia ha explotado la enésima emergencia: esta vez

se llama «microcriminalidad». Ella ocupa cotidianamente

las primeras páginas de los periódicos y el primer cuarto de

hora de las noticias de televisión desde hace dos meses a

esta parte. Robos y daños a indefensos jubilados, agresio-

nes delante de las ventanillas de Bancomat, hurtos y atracos

que terminan en homicidios. No es posible continuar así.

Las estadísticas sobre criminalidad relativas a los prime-

ros seis meses del año 1999, difundidas cada día en todos

los diarios, revelan que la situación es muy seria pero que

todavía se puede hacer algo. Eso sí, siempre y cuando se

actúe con rapidez; de otro modo, corremos el riesgo de que

los ciudadanos hagan justicia por su cuenta. Es más, ya han

comenzado a hacerlo. No aceptaremos un clima de Far

153

134). Con esto Barak quiere mostrar, por una parte, el proceso de supre-

sión de los problemas sociales en los términos en los que habían sido

tratados en periodos anteriores; por otra, el hecho de que las nuevas

representaciones de los mismos problemas sociales tienden a temati-

zarlos exclusivamente en términos de peligro, inseguridad y necesidad

de control.

31. «Porque el Enemigo es un dato permanente. No forma parte de la

situación de emergencia, sino del estado normal de cosas. Presenta

amenazas tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra (y quizá

todavía más); de esta forma aquél se inserta en el sistema como una

fuerza de cohesión» (Marcuse, H., L'uomo a una dimensione. L'ideo-

logia della società industriale avanzata, Einaudi, Turín, 1974, p. 71).

32. Aparecen, por tanto, nuevas representaciones de la segmentación

social: si la integración es definida por la posibilidad de acceso al mer-

cado, la exclusión del mismo comporta ser percibido y descrito como

peligroso, como delincuente potencial, como clase de riesgo. Así, por

ejemplo, escribe Rose: «Debido a que se entiende la civilidad como afi-

liación por el consumo, las prácticas divisorias están siendo reconfigu-

radas para problematizar ciertas personas, sectores y locales para la

específica atención reformadora: la underclass, los excluidos, los mar-

ginados» (Rose, N., «The Death of the Social? Re-figuring the Territory

of Government», en Economy and Society, vol. 25, 3/1996, pp. 327-

356). A la descripción ofrecida por Rose de la transición hacia la distin-

ción entre affiliated y marginalized, que se refiere al concepto de

comunidad, podemos añadir la distinción, también significativa, entre

seduced y represed, propuesta por Z. Bauman («Is There a Postmodern

Society?», en Theory, Culture and Society, vol. 5, 3/1988, pp. 217-237).

152

APÉNDICE

Emergencias de fin de siglo.

La incubación de la

zero tolerance

ahora ya un reflejo condicionado, un fenómeno de «pavlo-

vismo periodístico» que supera todo límite de la lógica y de

la racionalidad. Pero es así como se construye el imaginario

colectivo y el sentido común: presentando como un hecho

consumado aquello que no lo es.

Ahora que el problema ha sido presentado, ahora que el

enésimo pánico moral ha sido cebado, se puede pasar a las

propuestas, se puede desarrollar la retórica del «máximo

esfuerzo» y su complementaria de las «necesidades de la

gente».

Porque un jubilado debe poder ir tranquilo a buscar su

pensión, sin inmigrantes ni aves de rapiña que le acechen.

Si su pensión alcanza o no para la compra, poco importa:

para esto sirven los enemigos públicos. El gobierno te

garantiza la pensión y te tutela contra quienes te la quieren

quitar.

Ni una palabra, en estos meses, respecto al fondo social

de los problemas, ni una palabra sobre el reaseguro públi-

co (salvo las promesas de más policía en las calles), ni una

palabra respecto al escenario de «Estado policial» que va en

contra de la democracia al crear enemigos internos.

Sólo dos palabras que hemos visto pronunciadas de

modo obsesivo, tanto por la derecha como por la izquierda:

casi una fórmula mágica, una invocación cuya resonancia

abre las puertas doradas de la seguridad, del orden, del

decoro: tolerancia cero.

Palabras reclamadas y declamadas por alcaldes, prefec-

tos, ministros, subsecretarios, jefes de policía e, indefecti-

blemente, comités de comerciantes-ciudadanos.

Probemos ahora de trazar algunos puntos sobre este

objeto del deseo, sobre el último producto incubado por

los norteamericanos que el provincialismo italiano ha con-

vertido en un sueño.

155

West. Los ciudadanos deben depositar su confianza en las

instituciones.

Y de repente nos encontramos con las contramedidas

de un gobierno que, pasados los fuegos de artificio por la

liberación de Kosovo, puede volver a hacer notar su presen-

cia frente a la emergencia de la microcriminalidad, después

de algunos meses atrapado por los embrollos de la micro-

política interna.

Revisar la Ley Simeone, revisar la Ley Gozzini, revisar el

ordenamiento penitenciario, revisar el Código Penal.

Todo el arco constitucional se tensa para lanzar su flecha

envenenada contra el último enemigo público.

En este delirio colectivo resulta legítimo disparar contra

un ladrón desarmado para defender la propiedad, resulta

posible disparar contra los montenegrinos en pateras para

combatir el contrabando de cigarrillos y contra los albane-

ses para atacar el contrabando de seres humanos.

Pero, ¿realmente ha aumentado tanto la criminalidad en

Italia? Un poco sí, es cierto. Pero las estadísticas (especial-

mente aquellas aparecidas en los últimos meses) dicen muy

poco. Y, normalmente, menos de cuanto se quiere hacer

creer. Antes bien, por la forma en que han sido concebidas,

no dicen realmente nada. Lo que sí sucede es que asusta el

tono, asusta el fundamentalismo que emerge del debate

público en curso.

La microcriminalidad es el nuevo enemigo público, es

más imprevisible que la misma macrocriminalidad porque

es más violenta, carece más de prejuicios y es más indiscri-

minada1.

En consecuencia, basta. Basta de laxitud, basta de excar-

celaciones fáciles, basta de puerta abierta al Adriático, basta

de concesión indiscriminada de medidas alternativas a la

detención.

Una anotación: constituye un hecho ordinario que a las

estadísticas sobre criminalidad en Italia le acompañen los

datos sobre inmigración extracomunitaria (no sobre aque-

lla irregular: sobre la inmigración tout court). Parece ser

154

Ventanas rotas

En 1982, un criminólogo y un docto en política norteameri-

cano firmaron un artículo con el sugestivo título de «Bro-

ken Windows» (ventanas rotas) en la Monthly Review.

Los dos autores avanzaban una hipótesis que más que

pertenecer a la esfera de la ciencia política o de la crimino-

logía parece provenir directamente del sentido común:

existe un ligamen entre simple degradación urbana y ver-

dadera y propia criminalidad.

Según Kelling y Wilson, cuanto más degradado aparezca

un ambiente urbano, abandonado a sí mismo, reducido a

territorio de comportamientos «desviados» e incluso pro-

piamente criminales, tanto más probable resultará que en

aquel contexto determinado se manifiesten, antes o des-

pués, formas más graves de transgresiones. La tesis, ele-

mental, viene así ejemplificada por los dos autores: si una

ventana de un edificio en desuso es rota por alguien, y no se

repara de forma urgente, rápidamente todas las demás ven-

tanas serán destrozadas y, en algún momento, alguien

entrará con malas intenciones en el interior del edificio y,

poco tiempo después, todo el edificio se convertirá en esce-

nario de comportamientos vandálicos. En otros términos,

la degradación urbana introduce en la comunidad una sen-

sación de abandono, de falta de atención por parte de la

autoridad, todo lo cual facilita los comportamientos des-

viados. La degradación eleva el umbral de indiferencia de la

comunidad urbana hacia las diversas formas de desviación,

con la consecuencia dramática de producir la consolida-

ción de culturas criminales2.

La consecuencia obvia, en el pensamiento de Wilson y

Kelling, es que no se puede pensar en reducir la criminalidad

en las calles de las grandes ciudades sin producir una drásti-

ca inversión de tendencias respecto a las estrategias de pre-

vención del delito. La policía debe volver a desarrollar aquel

rol de «tuteladora del orden» de la comunidad que había

tenido en el inicio de su propia historia, antes de que fuera

157

Zero Tolerance

«Zero tolerance» es, en realidad, algo que resulta difícil de

definir: es más una nueva retórica política, casi una tenden-

cia subcultural o una filosofía popular, que una estrategia

específica de política criminal. Zero tolerance sólo es en

parte una estrategia de seguridad urbana. La historia

misma de la expresión lo demuestra: a partir de 1990, en lo

tocante al contexto norteamericano (pero rápidamente

también en Europa), se comenzó a hablar de zero tolerance

como si se tratase de una fórmula capaz de materializar, por

el sólo hecho de ser pronunciada, soluciones inmediatas

para problemas muy diversos entre sí. De la droga a la

microcriminalidad, a la pedofilia, al abandono y fracaso

escolar: zero tolerance va bien para todo.

Es cierto que se puede sostener que zero tolerance indi-

ca un complejo de estrategias encaminadas a reducir drásti-

camente la frecuencia y la gravedad de determinados fenó-

menos percibidos como socialmente indeseables, pero

esto es insuficiente para decir que constituye una verdade-

ra y propia orientación política. Se puede sostener que zero

tolerance encierra un complejo de estrategias de control y

prevención de la criminalidad; pero también aquí cabría

preguntarse: ¿de qué criminalidad se habla?, ¿de la calleje-

ra, de la empresarial, de la violenta, de la delincuencia sin

víctimas?

Por otro lado, este concepto invade desde hace años

cada vez más el lenguaje político y, en particular, el vocabu-

lario de la política criminal. «Zero tolerance», «modelo

Nueva York» y «modelo Giulliani» constituyen expresiones

recurrentes tanto en el debate criminológico como en el de

las conversaciones de cada día. Intentemos ahora clarificar

qué es zero tolerance, de dónde nace, cuáles son sus presu-

puestos teóricos y cuáles las consecuencias.

156

das: que después se trate de normas jurídicas, de juicios

morales o de convicciones estéticas, poco importa.

La era de la zero tolerance ha comenzado.

Nueva York: la incubación del control

Rudolph Giulliani fue elegido alcalde de Nueva York en el

mes de enero de 1994. Su campaña electoral se abocó ente-

ramente al tema de la criminalidad, de la seguridad, de la

recuperación de Nueva York de la degradación urbanística.

La criminalidad en Nueva York, como por cierto en el

resto del mundo occidental, ha experimentado un cierto

aumento en los últimos treinta años. Hablamos aquí, obvia-

mente, de la delincuencia callejera, porque es respecto de

esta última que se concentran las preocupaciones de la opi-

nión pública y de los políticos.

Al inicio de los años noventa, Nueva York era una de las

ciudades más violentas de los Estados Unidos y, tal vez, del

mundo occidental. Lo que más preocupa es la violencia

callejera, un fenómeno que a partir de la primera mitad de

los años ochenta experimentó un vertiginoso aumento.

Giulliani lanza su desafío, declara su guerra a la delin-

cuencia callejera, a la droga, a las bandas, a la violencia de

los jóvenes en general, haciendo apelaciones a los valores

más radicales de la sociedad norteamericana. Promete

ingentes cantidades de dinero a la policía de Nueva York y

anuncia el renacimiento de la calidad de vida basada en la

restauración del orden, del decoro urbano y de la seguri-

dad. El programa de Giulliani necesitaba de un hombre

fuerte como jefe del NYPD (New York Police Department)

para que se pudiera concretar: un hombre capaz de reorga-

nizar de manera global la policía de la ciudad, orientando

los planos de acción de sus fuerzas del orden hacia la nueva

prioridad. Este hombre se llama William Bratton.

Bratton ya había dado pruebas de plena consonancia con

la filosofía de tolerancia cero en la ciudad de Nueva York cuan-

do, entre 1990 y 1993, había estado a cargo del TPD (Transit

159

transformada en un dispositivo que sólo se activa después de

que un delito ha sido cometido. La policía, antes que ocupar-

se de la macrocriminalidad, de los serial killers y de los crí-

menes violentos, debe estar en condiciones de tutelar aquel

orden, aquellos valores difusos, aquel espíritu aceptado de

pertenencia a la comunidad que naturalmente preserva a la

ciudad de la aparición de la criminalidad más grave.

Substancialmente, esto significa que la policía debe

reprimir aquellos comportamientos que, aun no constitu-

yendo propiamente un delito, resultan sin embargo moles-

tos, fastidiosos y ofrecen al ciudadano una imagen degrada-

da de la ciudad; los graffiti urbanos, el pedido agresivo de

limosnas, la insistencia de quienes lavan los cristales de los

vehículos en los semáforos, la prostitución callejera, la

embriaguez en lugares públicos, la presencia de sin techo

en las calles y demás situaciones similares.

A Wilson y Kelling no les interesa qué tipo de fenómenos

puedan ser la expresión más o menos directa de malestar

social y de conflictos culturales para, de ese modo, requerir

una política de mediación. Y tanto menos les interesa a los

autores que estos comportamientos tengan mayor o menor

presencia visible en ciertas partes: lo que cuenta es que no

se manifiesten en público y en la calle, representando una

amenaza para los valores tradicionales de la comunidad.

En otras palabras, de sus teorizaciones no quedan claros

los parámetros en base a los cuales juzgar como ordenados

(orderly) o desordenados (disorderly) los comportamien-

tos públicos: sólo queda claro que el único juez de la legitimi-

dad de determinados actos lo será una policía renovada, que

sea genuina intérprete del común sentir de los ciudadanos3.

El pesimismo criminológico respecto a las estrategias de

reducción de la criminalidad resulta ahora tan sólo un

recuerdo, gracias a una nueva y prometedora perspectiva

completamente centrada en la restauración del orden.

La policía, como segura voz de una comunidad angustiada

por el miedo al delito, debe cesar de tolerar desviaciones. No

se debe seguir permitiendo que las normas sean quebranta-

158

La tolerancia cero funciona

Así, en 1994, Bratton fue nombrado jefe de la policía de

Nueva York.

El día en el que asume plenos poderes, Bratton exclama:

«Combatiremos casa por casa, barrio por barrio, ¡y vencere-

mos!».

Estos son los objetivos de su guerra en aquel breve perí-

odo4:

– incremento sustancial de los órganos del NYPD;

– máxima discrecionalidad para el NYPD en el cumplimien-

to de las funciones de control;

– conjunción permanente entre los diversos departamen-

tos de zona de la policía, con reuniones semanales de

coordinación;

– patrullaje agresivo por las zonas calificadas como de

mayor riesgo de la ciudad;

– establecimiento de un banco de datos informáticos capaz

de recoger toda la información sobre personas paradas,

identificadas y arrestadas por la policía (Compstat);

– fusión del NYPD y del TPD.

Bratton pudo anunciar al público norteamericano sus

primeras victorias pasado apenas un año:

– la práctica del squeegeeing (el lavado abusivo de cristales

de vehículos practicado en los cruces de calles y semáfo-

ros de la ciudad), desapareció en pocas semanas porque,

con Bratton como jefe de policía, la sanción ya no es sólo

de multa, sino de arresto inmediato en caso de que aqué-

lla no sea pagada en muy pocos días;

– lo mismo se puede decir de los casos de limosnas «agresi-

vas»;

– el NYPD, con 6.000 agentes de refuerzo, alcanzó a contar

con 38.000 efectivos;

– la cantidad de identificaciones de personas sospechosas

efectuadas por la policía se triplicó en el curso de pocos

meses.

161

Police Department, el organismo de policía responsable de la

seguridad de los transportes públicos en Nueva York).

Bratton se había distinguido por haber conducido una

sensacional operación de tolerancia cero en el metro de

Nueva York, área de altas tasas de microdelincuencia. En

aquellas circunstancias, los objetivos principales de la cam-

paña de Bratton habían sido:

– la eliminación total de los graffitidel metro;

– el alejamiento de los sin techo que se servían del metro

como cobijo nocturno;

– la prohibición de la limosna «agresiva» (aggressive pan-

handling) en el metro;

– una drástica reducción de los delitos contra la propiedad;

– el reconocimiento de poderes discrecionales a la policía

para proceder a arrestos y registros personales.

A pesar de la fuerte oposición por parte de las asociacio-

nes de defensa de los derechos de los homeless y de la New

York Civil Liberties Association (que en muchas ocasiones

ha logrado declaraciones jurisdiccionales de inconstitucio-

nalidad de las prácticas adoptadas por el TPD), Bratton

tuvo éxito en su intento. En pocos meses el metro de Nueva

York fue prácticamente renovado, los homeless alejados y

los graffitilimpiados de las paredes.

Entre 1990 y 1994, las detenciones por delitos menores

efectuadas en el metro de Nueva York experimentaron un

incremento notable, pasando de 1.300 en agosto de 1990, a

casi 5.000 en enero de 1994. El metro de Nueva York, según

Bratton, había sido «reconquistado para los ciudadanos de

Nueva York» y resultaba uno de los lugares más seguros

donde pasar el tiempo. La hipótesis sostenida en «Broken

Windows», según la cual para acabar con el delito es necesa-

rio eliminar la incivilidad urbana y la degradación, parecía

confirmada.

¿Por qué, entonces, no extender la experiencia del

metro también al resto de la ciudad?

160

ta impensable que la policía de una gran metrópoli como

Nueva York aplique literalmente los principios expresados

en «Broken Windows», empleando una estrategia de verda-

dera y propia tolerancia cero. Los recursos a disposición de

cualquier policía no lo permiten. No es imaginable que las

fuerzas del orden patrullen veinticuatro horas sobre veinti-

cuatro todos los barrios de Nueva York a la caza del desor-

den, a menos que se decida que éste es el único objetivo y

competencia institucional de la policía. Ciertamente, es

evidente que la policía de Nueva York ha reorientado signi-

ficativamente sus propios objetivos, incluyendo la función

de tutela del orden (público, moral, estético, dominante) a

la que antes no estaba destinada: pero la relación causa-

efecto es inversa respecto a la presentación que hacen los

apologistas de la tolerancia cero.

En otras palabras, la policía de Nueva York ha podido

dirigir su propia atención al tipo de desorden aludido, gra-

cias al hecho de que la criminalidad más seria estaba ya dis-

minuyendo: son las características del ambiente las que

determinan los niveles de prestación de la policía, como

del resto de las demás organizaciones. No es creíble que el

NYPD haya podido modificar de manera radical e imprevis-

tamente su propio target sobre la base de una decisión

administrativa. Si las tasas de delincuencia en Nueva York

(que eran tan elevadas que el mismo NYPD se había declara-

do con frecuencia impotente para modificarlas) hubiesen

permanecido invariables, el cambio de objetivos a los que

hemos asistido no habría sido posible, a menos que se

hubiese acordado descuidar la criminalidad grave para aca-

bar con los graffiti, alejar a los sin techo y arrestar a los men-

digos y alcohólicos.

No obstante el furor de Giulliani y Bratton, ello me pare-

ce francamente improbable.

En definitiva, una estrategia de tolerancia cero en senti-

do estricto no es imaginable, si no es en una fase donde el

conjunto de la actividad criminal seria resulte altamente

contenido y sea así capaz de liberar energías suplementa-

163

La nueva línea de intransigencia total parecía dar sus fru-

tos, como demuestran los datos sobre criminalidad en

Nueva York.

Limitándose a los tipos de delito (tipología del Index Cri-

mes) sobre los que se basan las estadísticas norteamericanas

(Uniform Crime Reports), los datos aparecen claros.

En el primer año de servicio de Bratton, los homicidios

descienden un 19% y los robos de vehículos un 15%. Sólo en

el bienio 1994-1995, el total de delitos denunciados en

Nueva York pasa de 107.773 a 90.443. En su conjunto, entre

1994 y 1996, los delitos denunciados descienden un 30%,

mientras que los homicidios bajan alrededor de un 40%. Y

para los últimos dos años de 1997-1998, la tendencia parece

confirmarse ampliamente, si no acentuarse. Por otra parte,

las encuestas realizadas por las agencias de registro estadís-

tico muestran que el 73% de los habitantes de Nueva York

dice sentirse seguro en la ciudad y se declara satisfecho por

lo realizado por la policía: un dato que supera en un 32% la

media nacional de los Estados Unidos.

El entusiasmo por el milagro de la tolerancia cero es irre-

frenable. Los hechos parecen dar la razón a Giulliani-Bratton

y a su estrategia. Giulliani puede así declarar con satisfacción

que «Nueva York es la metrópoli más segura del mundo».

Desvelar el misterio

Es difícil establecer si la tolerancia cero ha funcionado o no

tanto. Antes de realizar cualquier tipo de valoración, es aún

necesario plantear algunos interrogantes: ¿es verdad que

en Nueva York fue aplicada una estrategia de tolerancia

cero en un sentido literal? ¿La criminalidad callejera dismi-

nuyó sólo en Nueva York y sólo a partir de 1994? ¿Se puede

demostrar que la causa de la disminución de la delincuen-

cia en Nueva York ha sido efectivamente la nueva filosofía

del control inaugurada por Bratton y Giulliani?

En realidad, a pesar de las declaraciones de guerra total

lanzadas por William Bratton al inicio de su mandato, resul-

162

ficas de lucha contra el delito, ya sea en aquellas en las que

se adoptaron modos muy diversos de tolerancia cero.

Si entonces la delincuencia comienza a disminuir ya

desde 1990, y no sólo en Nueva York sino en todo el territo-

rio de los Estados Unidos (por no mencionar el hecho de

que disminuye en catorce de los diecisiete países más

industrializados del mundo), sobre qué base puede creerse

que la tolerancia cero sea el milagro antidelito de fin de

siglo.

No se le puede reconocer a la estrategia de Bratton-Giu-

lliani el mérito de haber derrotado al delito en Nueva York.

Es probable que la reorientación de los objetivos estratégi-

cos del NYPD haya contribuido de algún modo, reforzando

tendencias que ya habían comenzado (completamente

independientes de la tolerancia cero), a hacer disminuir

algunos fenómenos de street crime, pero eso es muy dife-

rente a decir que el NYPD ha ganado la guerra.

Y otra cosa, por supuesto, es afirmar que se haya tratado

de una «guerra justa».

Crack

Los criminólogos que han analizado críticamente el mode-

lo de tolerancia cero han avanzado algunas hipótesis que

pueden ayudar a comprender qué ha sucedido, efectiva-

mente, no sólo en Nueva York, sino en general en las mayo-

res metrópolis norteamericanas en los últimos años.

Un análisis que desee explicar realmente el fenómeno de

la reducción de la actividad criminal en Nueva York debe

estar en condiciones de comparar, paralelamente, otros

contextos urbanos estadounidenses en los cuales se ha veri-

ficado un proceso análogo. Parece particularmente convin-

cente la hipótesis que apunta a las recientes transformacio-

nes de los mercados de la droga como la probable causa

indirecta del descenso de la delincuencia en Norteamérica.

No toda la criminalidad aumentó en los Estados Unidos

a partir de los primeros años setenta: lo que verdaderamen-

165

rias por parte de la policía. No es la tolerancia cero quien ha

reducido la criminalidad, antes al contrario, es la reducción

de la criminalidad la que ha hecho posible la estrategia de

tolerancia cero5.

Respecto al segundo punto: para demostrar que la tole-

rancia cero ha funcionado, es necesario comprobar dos cir-

cunstancias. La primera es que el descenso de la delincuen-

cia en Nueva York se haya verificado efectivamente en

concomitancia con la adopción de la nueva estrategia del

NYPD. La segunda es que el descenso de la criminalidad se

haya verificado sólo en Nueva York.

Ninguna de las dos hipótesis es verdadera.

La delincuencia callejera, en particular la violenta, pero

también la que atenta contra la propiedad, experimentaba

ya un descenso en Nueva York con anterioridad a la inaugu-

ración de la tolerancia cero. Para decirlo con exactitud, es

desde 1990 que los delitos denunciados disminuyen, tras

un período (1984-1989) de sustancial incremento. Es cierto

que desde 1994 el descenso se aceleró, pero esto no basta

para afirmar la existencia de un nexo causal entre la toleran-

cia cero y disminución de los delitos. Mi hipótesis es que, a

partir de 1994, determinados procesos sociales, ya vislum-

brados desde hacía algunos años, habían comenzado a pro-

ducir de manera muy sensible sus propios efectos sobre la

actividad criminal. Más adelante intentaré explicarlo mejor.

Tampoco la segunda circunstancia, relativa a si sólo

Nueva York había experimentado un descenso de la delin-

cuencia, obtiene una respuesta afirmativa en relación al

análisis de los datos. En todo el territorio de los Estados Uni-

dos, a partir de 1990, se asiste a un descenso sustancial de la

actividad delincuencial callejera, con pronunciadas dife-

rencias geográficas que impiden una conclusión unívoca: la

criminalidad no desciende sólo en Nueva York.

Limitando la observación a las grandes ciudades, que se

prestan mejor que las pequeñas a una comparación con los

datos de Nueva York, encontramos tendencias análogas ya

sea en metrópolis que no han adoptado estrategias especí-

164

de la demanda de crack por parte de los jóvenes norteame-

ricanos; un equilibrio en la división del mercado, incentiva-

do por grandes distribuidores; un acuerdo tácito estipula-

do por estos últimos para resolver pacíficamente aquellos

conflictos cuya resolución violenta atraía demasiado la

atención de la policía; una progresiva difusión de la mari-

huana entre los más jóvenes, hecho que ha producido una

disminución de la demanda de crack.

Pero ello no significa, por otro lado, haber identificado

las razones del descenso: nuestra convicción más profunda

es que no resulta posible imputar factores específicos y

determinados, ni mucho menos un única causa.

Atribuir la reducción de las tasas de homicidio sólo a la

cuestión droga, sería tan simplista como atribuirlo a la tole-

rancia cero. En realidad, tanto los fenómenos de descenso

como de incremento de la delincuencia callejera deben ser

imputados a complejas sinergias de macrofenómenos socia-

les, de los que resulta muy difícil rendir cuenta de modo pre-

ciso. Por ejemplo, se ha sostenido que los recientes progresos

de la economía estadounidense, caracterizada en particular

por un aumento de las ocupaciones (aunque se trate de traba-

jos precarios, flexibles y no asegurados), podrían haber favo-

recido un alejamiento de los jóvenes (sobre todo de los afroa-

mericanos) de la calle y de la economía informal y sucia. Otros

han trazado hipótesis en torno al posible rol desempeñado

por factores demográficos (disminución significativa de la

población joven en Estados Unidos, después del baby boom

de los años cincuenta y sesenta). Otros, incluso, han señalado

como probable causa concomitante la disminución de la cri-

minalidad, las políticas federales de disuasión del uso de

armas de fuego. Ninguna de estas hipótesis está a salvo de

cuestionamientos y oposiciones. Las suposiciones siguen

siendo suposiciones.

Una única conclusión es posible extraer de los datos de

los que se dispone: la tolerancia cero no ha acabado con las

tasas de criminalidad en Nueva York. Los milagros no cons-

tituyen una nueva rama de la sociología criminal.

167

te aumentó (hasta triplicarse) fueron las tasas de homici-

dios que involucraban a jóvenes comprendidos en la franja

de los 18 a los 24 años, sobre todo de homicidios cometidos

con armas de fuego.

El período de máxima explosión del fenómeno transcu-

rre entre 1984 y 1990. En estos años se verifica un hecho

muy importante: en las calles de Nueva York, San Francisco,

Chicago y Los Ángeles se difunde el crack.

En torno al crack, a su mercado, a su consumo, se afirma

una subcultura delincuencial particularmente violenta y

cuyas características podríamos resumir en cinco puntos:

– reclutamiento de jóvenes (18-24 años), en su inmensa

mayoría afroamericanos, para la venta de droga en las

calles;

– costumbre de portar armas de fuego (ya no facas o nava-

jas, como en el anterior período de la heroína) para auto-

defensa;

– rápida difusión de las armas sobre todo entre las gangs (el

mercado del crack involucra grupos de jóvenes y no indi-

viduos aislados);

– creciente uso (y muy irresponsable) de las armas de fuego

para la resolución violenta de conflictos;

– conflicto y competencia despiadada en las calles de Nueva

York por el monopolio del mercado.

A partir de 1990-1991, el mercado del crack comienza a

languidecer, o por lo menos a estabilizarse y a encontrar un

equilibrio interno propio: ello comporta un descenso sus-

tancial de la violencia ligada a la distribución de la sustan-

cia. No resulta fácil describir exactamente las característi-

cas de esta transformación del mercado, ni menos aún

identificar las causas específicas. De cualquier manera,

estas últimas parecen ser principalmente endógenas, es

decir, no inducidas por la policía o por otros agentes exter-

nos, sino por dinámicas internas: en parte económicas, en

parte culturales. Actualmente, algunos de aquellos ele-

mentos parecen contrastados: un descenso generalizado

166

mente el reconocimiento que hoy se le tributa por los

aprendices de inquisidores de todo el mundo. La respuesta

ha sido negativa. Más que de una estrategia, se trata de una

retórica, de un vocabulario populista que confunde arbi-

trariamente moral y derecho, restauración de los valores y

tutela del orden público, demagogia securitaria y respuesta

política a la demanda social de seguridad. Ahora se trata de

cambiar de perspectiva y de preguntarse si, no habiendo

vencedores, en el campo de batalla de la tolerancia cero no

han quedado sin embargo algunos vencidos.

Veamos algunos datos, relativos a Nueva York, que pue-

den aclarar la situación7:

– 1994-1997: incremento del 50% de las demandas de resar-

cimiento por daños causados por las persecuciones vio-

lentas efectuadas por el NYPD;

– 1994-1997: incremento de un 41% de las denuncias pena-

les contra el NYPD por abusos cometidos durante las ope-

raciones policiales;

– 1993-1994: incremento del 35% del número de civiles

muertos por el NYPD durante operaciones de policía;

– 1993-1994: incremento del 53% del número de personas

fallecidas en circunstancias «sospechosas» durante la

custodia de la policía;

– 1992-1997: los resarcimientos abonados a civiles por vio-

lencia cometida por la policía de Nueva York pasaron de

13,5 millones de dólares a 24 millones de dólares.

En 1996, Amnistía Internacional publica un informe

titulado Police Brutality and Excessive Force in the New

York Police Departament. El informe documenta detalla-

damente una serie de casos de violencia y presenta datos

que muestran en qué medida el llamado «patrullaje agresi-

vo», inaugurado por Giulliani y Bratton, había agravado el

ya serio problema de la violación sistemática de derechos

humanos por parte de la policía de Nueva York. El fuerte

incremento de la discrecionalidad policial, el enorme

apoyo político ofrecido a la policía por parte del alcalde

169

¿Quién paga?

«A black teenager pedalling rapidly is fleeing crime. A

white teenager pedalling at the same speed is feeling

the freedom of youth.»6

[La Asociación Nacional para la Emancipación de las

Personas de Color ha denunciado el caso de un

adolescente afroamericano tiroteado por la policía

después de haberse caído de su bicicleta en

Indianápolis, Indiana, marzo de 1993.]

Como señalaba al inicio, cada vez más los alcaldes, repre-

sentantes políticos y responsables de las fuerzas del orden

reclaman la implementación, también en Italia, de una

estrategia de tolerancia cero para hacer frente a la presunta

emergencia de la criminalidad. Responder a estas personas

que la tolerancia cero no es la panacea que ellos se creen,

como hemos hecho hasta aquí, no es suficiente. Queda una

zona de sombras.

Cuando se hace un análisis crítico de un nuevo modelo,

de una nueva estrategia de control social, es posible asumir

dos puntos de vista diversos: un punto de observación

interno y otro externo al sistema. Adoptando la perspectiva

interna, se observa si el modelo es racional, eficiente en

relación a los costos económicos que comporta, eficaz en el

logro de los fines que se ha propuesto, etc. Éste es un punto

de vista tecnocrático.

Adoptando la perspectiva externa se observa si, prescin-

diendo de la eventual eficacia de la estrategia, de su carácter

más o menos económico y de su viabilidad, la misma pueda

ser socialmente aceptable según otros parámetros: los pro-

cesos de inclusión o de exclusión social que promueve, el

nivel de garantía de los derechos individuales o colectivos

que promete o las consecuencias que produce en el plano

de la dignidad de los diversos grupos (étnicos, sociales, eco-

nómicos, culturales) que constituyen nuestra sociedad.

Hasta aquí nos hemos limitado a un punto de vista inter-

no, preguntándonos si la tolerancia cero merecía efectiva-

168

homicidios por parte del NYPD se sitúa entre los 14 y los 17

años. En la mayor parte de los casos se trataba de personas

sin armas o ya desarmadas e inmovilizadas por la policía.

Para despejar cualquier duda, basta considerar las circuns-

tancias en las cuales se verificaron estos episodios de vio-

lencia, tiroteos, causa de heridas o directamente asesinatos

de civiles por parte de policías. En estos casos no prevalecí-

an los enfrentamientos ni las persecuciones de peligrosos

criminales; por el contrario, se trataba de los casos siguien-

tes: litigios producidos como consecuencia de leves inci-

dentes callejeros; casos de circulación sin permiso; proble-

mas con asistentes sociales y sucesiva intervención policial;

casos de conducta «desordenada» (disorderly conduct);

arrestos de personas sospechosas de venta de droga; parti-

cipación en manifestaciones de protesta; presencia de

curiosos durante un arresto; violaciones del código de la

calle; hurtos en supermercados; protestas respecto de

arrestos percibidos como injustos o inmotivados.

Todas estas circunstancias, que en la conciencia de los

observadores comunes se presentan como leves y, cierta-

mente, no susceptibles de justificar una particular agresivi-

dad o directamente una violencia o asesinato por parte de

la policía, asumen en el mundo de la tolerancia cero un sig-

nificado del todo distinto. Es precisamente sobre estas

situaciones y sobre las personas en ellas involucradas,

donde el modelo pretende ser aplicado y funcionar.

A pagar las cuentas de la zero tolerance han sido llama-

dos, y lo son siempre, los sin techo, los drogodependientes

y pequeños traficantes, los grafiteros, las prostitutas y los

jóvenes afroamericanos del gueto. En suma, aquellos cuya

presencia recuerda, también a quienes no quieren verlo,

que éste no es, para todos y para todas, el mejor de los mun-

dos posible.

171

Giulliani, por los medios de comunicación y también por la

middle class neoyorquina, han producido un clima de con-

senso de masas hacia el NYPD, de aislamiento de la NYCLA

(New York Civil Liberties Association, la Asociación para la

defensa de los derechos civiles de Nueva York) y de legiti-

mación de las prácticas policiales más discutibles.

Aministía Internacional pone de relieve, sobre todo:

– La sospecha de prácticas abiertamente racistas por parte

del NYPD: el 75% de aquellos que denuncian violencia

por parte de la policía está constituido por afroamerica-

nos o latinoamericanos, contra un 21% de blancos. Las

proporciones, por cuanto se refiere a policías acusados

de abusos, se invierten: en el 69% se trata de blancos, el

17% se refiere a latinoamericanos, en el 12% se trata de

afroamericanos.

– La existencia de un código de silencio, de una cultura de la

omertà en el interior del NYPD (alimentada por el propio

Bratton), gracias a la cual desde 1977 hasta hoy en día sólo

un agente del NYPD ha sido condenado por homicidio,

mientras en la mayor parte de los casos las acusaciones de

homicidio han sido reducidas a las de abuso, exceso en la

legítima defensa, etc., garantizando así de hecho impuni-

dad a los responsables.

Aparentemente, incluso en base a estos datos, no habría

razón suficiente para sentenciar que el inquietante incre-

mento de las tasas de violencia y de abuso por parte de la

policía sea una consecuencia directa de la tolerancia cero.

Se podría pensar, por ejemplo, que el aumento de los casos

de violencia por parte de la policía demuestra (paradógica-

mente) una mayor eficiencia, y que constituye una conse-

cuencia inevitable, aunque triste, de la mayor implicación

de la policía en operaciones de alto riesgo; se demostraría

así (por inducción) que la policía ha sabido identificar

correctamente los propios objetivos8.

Pero no es así.

La edad típica entre las víctimas de violencia, abusos u

170

mento de identidad, te hará un control preventivo, probablemente te

llevará a la comisaría para un informe y —si aparecen antecedentes—

puedes terminar en la cárcel».

5. Young, J., The exclusive society, Sage, Londres, 1999.

6. «Un adolescente negro que pedalea velozmente está huyendo del

(lugar del) delito. Un adolescente blanco que pedalea a la misma velo-

cidad está experimentando la libertad de la juventud».

7. Fuente: Task Force on Police-Community Relations, Report 1998,

Nueva York.

8. William Bratton ha sostenido en muchas circunstancias esta posición:

podíamos decir que esta refinación intelectual representa un ejemplo

significativo de «la razón de Estado en manos de un policía».

173

Notas:

1. «Enemigos apropiados» (Suitable Enemies): así define Nils Christie a

los sujetos sociales que periódicamente resultan objeto de campañas de

pánico moral, como aquellas sobre la microcriminalidad a las que asisti-

mos hoy (pero, precedentemente, enemigos apropiados han sido tam-

bién los pedófilos, los terroristas, las prostitutas, los inmigrantes, etc.).

Christie señala, explicando el rol del enemigo apropiado: «La condición

ideal para cualquier Jefe de Estado sería que cada año aparezca un

nuevo enemigo, odiado por la opinión pública, aparentemente fuerte

pero en realidad débil» (Christie, N., «Suitable Enemies», en Bianchi,

H./van Swaaningen, R. (eds.), Abolitionism. Towards a Non-Repressive

Approach to Crime, Free University Press, Amsterdam, 1986, p. 42). La

función del enemigo apropiado es la de permitir a las élites del poder

reafirmar su propia imagen, legitimar su propio rol y, sobre todo, incre-

mentar el nivel de cohesión social y de consenso en de un contexto

determinado. Ello significa que toda fase político-económica (especial-

mente si es de transición) requiere la construcción de un enemigo apro-

piado que, de tanto en tanto, sea diverso (pues aunque el mismo enemi-

go pueda durar en el tiempo, en ocasiones, si se produce una inflación

de emergencias, éste puede resultar inapropiado). Un enemigo apro-

piado debe responder a una serie de «requisitos» que le conviertan en

potencial chivo expiatorio: debe ser precisamente individualizable,

pero también suficientemente indistinto para poder estar «en todas

partes»; debe ser un enemigo que pueda golpear a quien sea, indiscrimi-

nadamente, de modo completamente imprevisible y causal; debe ser un

enemigo que está, en conjunto, fuera y dentro de nuestra sociedad;

fuera en el sentido de que no comparte los valores de fondo, dentro en

el sentido de que es más cercano a todos nosotros de lo que sospecha-

mos; por lo demás, debe ser un enemigo contra el cual, «a costa de gran-

des esfuerzos y con la contribución de todos», se podrán alcanzar victo-

rias significativas, pero que no podrá ser derrotado definitivamente;

debe ser suficientemente distinto de la sociedad «normal» para que sea

reconocido y combatido por las fuerzas del orden, pero suficientemen-

te igual a esa sociedad para no poder ser reconocido y combatido por

los ciudadanos ordinarios.

2. En palabras de los dos autores: «Una ventana rota y no reparada consti -

tuye una señal de que nadie vigila, nadie cuida y, por ello, romper más

ventanas no tiene consecuencias [...]. Graves delitos callejeros flore-

cen en áreas donde las conductas desordenadas no son contenidas»

(Wilson-Kelling, 1982).

3. Escriben Wilson y Kelling en un segundo artículo de 1989, publicado

también en la Monthly Review: «la policía es la única agencia ciudada-

na que atiende las llamadas de los hogares vecinales durante todo el

tiempo, y también el público define muy genéricamente qué piensa y

qué entiende por orden público y hace responsable a la policía del

mantenimiento del orden» (Wilson/Kelling, 1989).

4. La filosofía del nuevo NYPD fue sintetizada de una manera muy clara

por una periodista entusiasta de los procesos de transformación en

curso: «Es muy, muy simple: los pequeños delitos deben ser tratados

tan seriamente como los delitos graves. ¿Te emborrachas en la calle?

Hay una ley que prohibe beber en lugares públicos. ¿Orinar en los

callejones, pedir limosna en las aceras, colarse en el metro? El viejo

NYPD lo permitía. Pero el nuevo NYPD te pillará, te pedirá tu docu-

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pean Perspectives at the End of the Century, op. cit., pp. 131-150. Hay tra-

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Otros títulos publicados

PANÓPTICO

Revista de Crítica a la Política Criminal

Panóptico tiene por objetivo desenmascarar los discursos dominantes que el

Estado moderno emplea —basados en la exclusión social, la criminalización y el

desarrollo de sistemas de control policial, militar y penal— con el fin de asegu-

rar la pervivencia de una sociedad donde la marginación y la desigualdad son las

claves para entender la lógica de la aplicación de las leyes y la interpretación de

los derechos.

Panóptico (nueva época) Consta de seis secciones: correspondencia y denun-

cias, artículos de fondo, movimientos sociales, dossier monográfico, crónica de

la lucha en la cárcel en la España de los años 70 (Col·lectiu Arran) y comentarios

de libros.

Redacción: Iñaki Anitua, Mónica Aranda, Marta Monclús, Iñaki Rivera

Panóptico n.º 1

1er semestre 2001, 9 euros, Dossier sida y cárcel 9 euros,

Panóptico n.º 2

2.º semestre 2001, 9 euros, Dossier mujer y cárcel

Panóptico n.º 3

1er semestre 2002, 9 euros, Dossier inmigración y cárcel

Panóptico n.º 4

2.º semestre 2002, 9 euros, Dossier movimientos sociales y cárcel

Panóptico n.º 5

1er semestre 2003, 9 euros, Dossier mercado de trabajo y cárcel

Panóptico n.º 6

2.º semestre 2003, 9 euros, Dossier la contrarreforma penal

Panóptico n.º 7

2.º semestre 2004, 9 euros, Dossier funcionarios de prisiones

El encarcelamiento de América

Una visión desde el interior de la industria penitenciaria de EE.UU.

Prólogo y postfacio de Loïc Wacquant

Daniel Burton-Rose (ed.), Dan Pens y Paul Wright

376 págs., 15 euros, ISBN: 84-96044-02-5

Control urbano: la ecología del miedo

Más allá de Blade Runner

Mike Davis

(2ª edición) 72 págs., 4,5 euros, ISBN 84-88455-89-5

Huye, hombre, huye

Diario de un preso FIES

Prólogo de Iñaki Rivera

Xosé Tarrio

(3ª edición) 356 págs., 12 euros, ISBN 84-88455-45-3

www.viruseditorial.net

www.altediciones.com

Subjetivación y deuda ontológica: familiares de personas privadas de libertad

Article

Full-text available

Jun 2024
Rev Mexic Soc

From Latin American feminisms, this article argues that in a context of financialization of life, the precarious relation between capital, work and life is exacerbated by various devices, such as the debt contracted in response to the imprisonment of a family member. By observing the relevant “corporal itineraries”, this text analyzes the subjection derived from the familiarization of the debt and the intensification of productiveness. It proposes that the imprisonment of a family member leads to a form of indebtedness that redefines the production and extraction of value from the lives of those who are outside, and upholds a morality based on an economics of care.

El papel del aislamiento en el mantenimiento del orden en prisión

Article

Full-text available

Dec 2024

Rachele Stroppa

La contribución pretende explorar la estricta relación existente entre la imposición de medidas de aislamiento y la necesidad institucional de mantener el orden en prisión. Tras una reflexión teórica desde una perspectiva sociojurídica sobre el concepto de orden penitenciario, se propondrá una selección de los resultados cualitativos de una investigación de carácter etnográfico empezada en 2018 en los centros penitenciarios catalanes. Se tratará, entonces, de deconstruir las justificaciones formales de las medidas de aislamiento propuestas por el discurso institucional, aportando una reflexión sobre la relevancia que asume en la imposición del aislamiento la política de gestión del riesgo de conducta violenta. Posteriormente, se analizará el impacto de las medidas de aislamiento en el día a día de las personas presas, abordando también las percepciones de éstas últimas. A través de dichas operaciones se intentará aclarar cuáles son las reales funciones del aislamiento penitenciario y, en particular, en qué medida y a qué precio éste último contribuye al mantenimiento del orden intramuros.

El Uso Politico del Derecho Penal del Enemigo

Book

Full-text available

Aug 2022

Carlos Alexander Garcia

En este trabajo, lo primero que haremos será presentar los cambios esenciales que, respecto al Estado, ha significado la implementación del neoliberalismo, el cual, unido a las prerrogativas y herramientas que le dio la globalización, han engendrado un Estado mínimo que abandona sus funciones de representación de la voluntad popular y de regulador del mercado, abocado solamente a su misión punitiva y coercitiva. En un segundo momento nos preguntaremos si esa restructuración social, política y económica del Estado también ha significado una restructuración del Derecho Penal. Nos centraremos en aquellos aspectos que tienen que ver con el aumento de las acciones punitivas y la desaparición de muchos principios garantistas, preguntándonos si este giro punitivo responde, realmente, al aumento de la violencia global y de los actos delictivos, o si existen otros motivos para la explanación del Derecho Penal. Una vez respondida esta pregunta, esbozaremos el Derecho Penal del enemigo y el modo en el que esta propuesta teórica, unida al discurso hegemónico y a los medios de subpolítica sirven para atacar “legalmente” a aquellos individuos y colectivos que se muestran reticentes a aceptar un sistema social, político y económico que se muestra como injusto, excluyente y contra los segmentos sociales desfavorecidos por el sistema. Esta práctica punitiva pudiera ser una derivación conceptual de la denominada judicialización de la política. Terminaremos presentando cuáles son aquellos mecanismos “legitimados” que se utilizanpara neutralizar e inocuizar a los empobrecidos y marginados que el mismo sistema neoliberal ha creado.

Ciclos de violencia en la ciudad de Medellín, antecedentes para pensar las dinámicas de una paz urbana

Article

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Jun 2023

Yani Vallejo Duque

Aproximación a nivel histórico sobre los ciclos de violencia por los cuales ha trasegado la ciudad de Medellín, comenzando desde la década de 1980 cuando se configura propiamente el cartel de Medellín, para luego adentrarnos en su terminación y las consecuencias derivadas de ello; analizando también la violencia por la formación de las milicias populares y su confrontación con los grupos paramilitares, pasando por la desmovilización de ambas fuerzas armadas y concluir en la época actual con las observaciones acerca de las estructuras organizadas al margen de la ley derivadas de un conflicto urbano de más de 40 años con toda clase de violencias. Se concluye con el contraste entre los ciclos de violencia y el tratamiento punitivo por parte del estado, abordando a modo de conclusión cual fue la política criminal que durante todo este tiempo implementó el estado colombiano y como se articuló de manera práctica en la ciudad de Medellín.

La privatización punitiva en México. Subjetivaciones laborales frente al outsourcing penitenciario

Article

Full-text available

May 2023

Given the scarcity of research on the impact of the privatization of the prison system in Latin America, we take the Mexican case with the aim of problematizing the implementation of prison outsourcing and the accreditation of new prisons by the American Correctional Association (ACA). In historical context, we will see how the privatization of prisons and the expansion of precariousness and incarceration as a form of government began with the signing of the Merida Plan, amidst the crossfire of the war declared against drug trafficking, which brought the neoliberalizing impulse with which the prison outsourcing model would begin. Based on the methodology of situated narratives, we problematized, together with a prison worker, the subjectivizing conditions that would mobilize prison outsourcing among new employees in this type of prisons. We also analyzed the details of the labor activity regime that the ACA standards require of them. We conclude that prison outsourcing poses a labor horizon of precariousness in which those who integrate it are required to progressively develop a multipurpose technical toolbox; this kind of polytechnical worker must also be subject to the activity regime of the ACA and to the punitive sensitivity of the actuarial model.

Un clásico contemporáneo: Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, 50 años después

Article

Full-text available

Apr 2025

Discriminación hacia migrantes sudamericanos en Argentina: intersecciones entre género, clase social y origen étnico-nacional

Article

Full-text available

Dec 2024

Racismo institucional: Prejuicios y discriminación hacia el migrante externo en la actividad judicial

Article

Full-text available

May 2014

Paula Luciana Buratovich

El presente artículo se propone rastrear las representaciones sociales que emergen de los discursos de los funcionarios de alta jerarquía del Poder Judicial del Área Metropolitana de Buenos Aires acerca de la figura del migrante externo, de su posibilidad efectiva de acceso a la justicia y de sus vínculos con la sociedad hospitante. A la luz del concepto de racismo institucional, se analizará el modo en que el diseño de la legislación, la aplicación de las normas, y las representaciones y los prejuicios de los funcionarios resultan factores de preponderancia en la definición de los migrantes como ciudadanos de segunda clase y coadyuvan en la constitución de la diversidad étnica como desigualdad, reproduciendo así relaciones interculturales de dominación y discriminación.

Gestión de la seguridad en territorios populares de CórdobaSecurity Management in Popular Neighborhoods of CórdobaGestão de segurança em territórios populares em Córdoba: Análisis etnográfico de una política de “seguridad ciudadana”An Ethnographic Analysis of a “Public Safety” PolicyAnálise etnográfica de uma política de participação cidadã

Article

Full-text available

Dec 2024

The article addresses the implementation of public security policies in diverse social contexts from an ethnographic perspective. Specifically, it examines the sociopolitical processes involved in two popular sectors of the city of Córdoba, Argentina, and the experiences of participation in a network that brings together residents, officials, experts, and police within the framework of so-called "Neighborhood Councils." These spaces were established as part of the integral Córdoba Encounters Plan (2016), setting themselves apart from previous security approaches by adopting a "comprehensive preventive" focus and a Quadrant System that classifies neighborhoods according to their "level of vulnerability." The cases analyzed correspond to councils located, according to this system, in red quadrants with a high vulnerability index and "urgent needs." While they have different histories of formation and urbanization, they share a series of interesting definitions regarding "insecurity" and policy, useful for examining contemporary local processes.

Tolerancia cero y responsabilidad individual

Article

Full-text available

Jun 2024

El objeto del trabajo es exponer un aspecto poco desarrollado de la teoría de la tolerancia cero: en qué sentido el modelo propuesto por las autoridades norteamericanas a fines del siglo XX constituye una recuperación implícita de la antropología clásica, que pone en el centro de la acción humana la libertad, y por lo tanto la posibilidad de atribuir responsabilidades individuales. Para ello, el trabajo expone el significado de las políticas penales de tolerancia cero, desarrolla el punto de partida de esta (la teoría de las ventanas rotas) y explica por qué se la considera una interrupción de la doctrina penal contemporánea, que tiende en parte a diluir la responsabilidad individual a través de categorías filosóficas (como el posestructuralismo) o empíricas: aplicando nociones provenientes de las ciencias sociales para indicar que la responsabilidad penal es estructural, y responde a condicionantes externos al sujeto.

From the Panopticon to Disney World: The Development of Discipline

Article

Full-text available

Jan 1985

One of the most distinctive features of that quintessentially American playground known as Disney World is the way it seeks to combine a sense of comfortable — even nostalgic — familiarity with an air of innovative technological advance. Mingled with the fantasies of one's childhood are the dreams of a better future. Next to the Magic Kingdom is the Epcot Center. As well as providing for a great escape, Disney World claims also to be a design for better living. And what impresses most about this place is that it seems to run like clockwork. Yet the Disney order is no accidental by-product. Rather, it is a designed-in feature that provides — to the eye that is looking for it, but not to the casual visitor — an exemplar of modern private corporate policing. Along with the rest of the scenery of which it forms a discreet part, it too is recognizable as a design for the future. We invite you to come with us on a guided tour of this modern police facility in which discipline and control are, like many of the characters one sees about, in costume.

Blacks and Crime: A Function of Class

Book

Jan 1995

James A Chambers

This text examines the social forces that influence Black responses to differential conditions in American society. It raises the issue of differential social status and its effect on whites who are similarly situated at the low end of the class spectrum. Chambers identifies the elements that contribute to the fluctuations in maintaining the status quo and analyzes the attempts made to control dissidence. The standard functional approach is taken so students can interpret the data within a traditional theoretical framework. Chambers' book is an excellent introductory work in criminology on America's most challenging issue, racism.

The Jail: Managing the Underclass in American Society

Book

Sep 2013

John Irwin

Actuarial Justice: The Emerging New Criminal Law

Chapter

Jul 2017

Simon Jonathan

Prisons 2000: An International Perspective on the Current State and Future of Imprisonment

Book

Jan 1996

A collection of original articles from a number of the world's leading authorities on imprisonment. The aim of the book is to review the current state of imprisonment around the world and to look at possible future developments. The underlying theme of the book is that imprisonment is undergoing a significant change in a number of different countries and that there are important lessons which can be learned from the analysis of these changes. At the same time this book is perceived as a 'state of the art' collection which provides an informed and comprehensive analysis of the major aspects of imprisonment. Consequently the book should be of interest to a wide-ranging international audience of academic researchers and policy-makers as well as students.

The Changing Functions of Imprisonment

Chapter

Jan 1996

Claude Faugeron

Since the Second World War the organization and the use of custody has changed significantly in many western countries. This chapter presents a framework for analyzing these changes. Although the mode of analysis draws primarily on the French situation it is applicable, I believe, with certain qualifications, to most Western countries.

Distorted by fear: The make believe war on crime

Article