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Familias latinoamericanas en
transformación: desafíos y
demandas para la acción pública
Marcela Cerrutti
Georgina Binstock
División de Desarrollo Social
Santiago de Chile, septiembre de 2009
147
políticas sociales
S E R I E
Este documento fue preparado por Marcela Cerrutti y Georgina Binstock, del Centro de Estudios de Población,
de Argentina y consultoras de la División de Desarrollo Social, bajo la supervisión de María Nieves Rico, Oficial
de Asuntos Sociales de la misma división de la CEPAL, en el marco de las actividades de la Asociación CEPAL-
UNFPA: "Género, Población y Desarrollo" (proyecto RLA/6P41A- componente: Estructuras Familiares en
América Latina y el Caribe).
Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva
responsabilidad de las autoras y pueden no coincidir con las de la Organización.
Publicación de las Naciones Unidas
ISSN versión impresa 1564-4162 ISSN versión electrónica 1680-8983
ISBN: 978-92-1-323333-7
LC/L.3100-P
N° de venta: S.09.II.G.82
Copyright © Naciones Unidas, septiembre de 2009. Todos los derechos reservados
Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile
La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones,
Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N. Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones
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informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.
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147 Familias latinoamericanas en transformación: desafíos y demandas para la acción pública
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Índice
Resumen .................................................................................................... 5
Introducción.............................................................................................. 7
I. Nuevas familias, nuevos retos........................................................ 11
II. Los cambios demográficos y sus impactos en la familia............. 13
III. Las transformaciones en la formación, disolución
y estructura familiar.......................................................................19
A. El inicio de la vida familiar: la entrada a la vida en pareja....... 19
B. Persistencia y cambio en los patrones de fecundidad............... 23
C. La inestabilidad conyugal y la formación de nuevas uniones...26
D. Arreglos residenciales de niños, niñas y adolescentes .............29
E. Estructura y tamaño de los hogares.......................................... 30
IV. Las dinámicas internas: tiempos de trabajo y funciones
de cuidado .......................................................................................33
A. La participación de las mujeres en el mercado de trabajo........ 33
B. Los arreglos laborales de las parejas ........................................39
C. El sistema de género y las funciones de cuidado...................... 41
D. Trabajo femenino y reducción de la pobreza............................44
E. Programas de combate a la pobreza y roles familiares............. 45
V. Sinergias positivas entre políticas públicas sectoriales y
transversales.................................................................................... 47
VI. Desafíos a futuro............................................................................. 51
Bibliografía.............................................................................................. 55
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147 Familias latinoamericanas en transformación: desafíos y demandas para la acción pública
5
Resumen
A lo largo de las últimas décadas en América Latina se han dado una serie
de transformaciones demográficas, sociales, económicas y culturales que
afectaron las formas de vivir en familia y las dinámicas de la vida familiar.
Estos cambios societales alteraron, tanto los gustos, preferencias y
orientaciones de los individuos, como las estructuras de oportunidades a las
que tienen acceso. La creciente heterogeneidad en las formas familiares no
sólo se debe a una modernización de los vínculos sociales y de creciente
autonomía individual sino que es también el resultado de las crisis, del
crecimiento económico desigual y de una mayor inequidad en la región. Las
familias tuvieron que enfrentar y adecuarse a las nuevas circunstancias en
función de los recursos y los activos disponibles. Para muchas estos cambios
vinieron acompañados por un empobrecimiento de la oferta y calidad de
servicios públicos y de apoyo institucional
.
Este trabajo se propone contribuir a la discusión sobre cambios
familiares y los retos que imponen para las políticas públicas. Inicialmente
se recorren las principales transformaciones sociodemográficas que
contribuyen a alterar las estructuras y dinámicas y las funciones familiares
de cuidado. Seguidamente se establecen los cambios en los procesos de
formación, disolución y estructura familiar identificando patrones
intrarregionales comunes y determinando comportamientos diferenciados
derivados de las inequidades socioeconómicas. En tercer lugar se examinan
las dinámicas intra-familiares, en particular los cambios en la división sexual
del trabajo. Se presentan los procesos que subyacen a la ruptura del modelo
patriarcal y la creciente necesidad de apoyos institucionales para facilitar las
tareas de cuidado, protección y socialización dentro y fuera de la familia
Finalmente, se analizan las políticas de protección y bienestar, planteando la
necesidad de aplicar conjuntamente políticas sectoriales y transversales para
mejorar la equidad y hacer efectivo el acceso a derechos de ciudadanía
.
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Introducción
A lo largo de las últimas décadas en América Latina se han dado una
serie de transformaciones demográficas, sociales, económicas y
culturales que afectaron las formas de vivir en familia y las dinámicas de
la vida familiar. Estos cambios societales alteraron, por un lado, los
gustos, preferencias y orientaciones de los individuos, y por el otro, las
estructuras de oportunidades
1
a las que tienen acceso. En efecto las
transformaciones en la formación, dinámica, y estructura familiar
expresan la difusión y adopción de nuevos valores vinculados a un
proceso de autonomización y reivindicación de los intereses y derechos
individuales, particularmente en lo atinente a la relación entre
generaciones y entre géneros (Jelín, 1994 y 1998). Hoy sin duda en
América Latina la familia centrada en la autoridad patriarcal se ha ido
resquebrajado y el modelo de varón como único proveedor resulta para
unos inaceptable y para otros inviable.
La familia nuclear intacta, consagrada socialmente como el modelo
normativo tanto culturalmente como desde la política estatal hoy no
expresa sino sólo una de las tantas realidades del vivir en familia.
Posiblemente representa ya sólo una instancia, un período dentro de las
más largas trayectorias que transitan los individuos a lo largo de sus vidas.
La creciente heterogeneidad en las formas familiares, sin embargo, no sólo
se debe a procesos asociados a una modernización de los vínculos sociales
y de creciente autonomía individual sino que es también el resultado de las
crisis, del crecimiento económico desigual y de una mayor inequidad en
las sociedades latinoamericanas.
1
“Las estructuras de oportunidades se definen como probabilidades de acceso a bienes, a servicios o al desempeño de actividades.
Estas oportunidades inciden sobre el bienestar de los hogares, ya sea porque permiten o facilitan a los miembros del hogar el uso de
sus propios recursos o porque les proveen recursos nuevos” (Katzman y Filgueira, 1999, p.9).
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Prácticamente todos los países de la región luego de transitar la “década perdida” de los
ochenta, y las distintas variantes de ensayos político-económicos de apertura y desregulación de
los mercados en los noventa experimentaron un retroceso en materia de equidad. Si bien amplios
sectores se vieron favorecidos por los procesos de globalización económica y cultural, otros
fueron desplazados a vivir en los márgenes, nutriendo a nuevos sectores socialmente vulnerables
o en un estado de exclusión.
Las familias, en su proceso de transformación, tuvieron que enfrentar y adecuarse a las
nuevas circunstancias en función de los recursos y los activos disponibles. Para algunos sectores
sociales, la retirada estatal y el mayor protagonismo del mercado implicó su acceso a una oferta
de bienes y servicios diversificada, acorde a los estándares de una economía globalizada. Para
otros sectores, los más numerosos, las transformaciones en los contextos familiares vinieron
acompañadas por un empobrecimiento de la oferta y calidad de servicios públicos y de apoyo
institucional. Esta situación los condenó a un estado de carencia y desprotección con pocas
posibilidades de movilidad y progreso.
La creciente vulnerabilidad de vastos sectores poblacionales impactó sin duda en la
capacidad de las familias de brindar protección, contención y cuidado en el sentido más amplio.
Asimismo, los mecanismos tradicionales de movilidad social ascendente también se vieron
afectados, facilitando la reproducción y perpetuación de los sectores más favorecidos y
deteriorando la capacidad de movilizar y acceder a recursos (materiales y simbólicos) por parte
de los más pobres.
Al quebrantarse uno de los pilares básicos sobre el que se montó la política social y de
protección en América Latina, el acceso al trabajo formal
2,
resquebrajarse pautas culturales sobre
las cuales se asentó dicho modelo, y alterarse los perfiles demográficos de la población, se ha sin
duda modificado tanto en número como en calidad los riesgos sociales. Hoy en día, y siguiendo a
Filgueira (2007), los nuevos riesgos sociales generan una serie de “trampas” intergeneracionales,
intrageneracionales y de situaciones catastróficas
3
, que llevan a repensar y redefinir la
arquitectura del Estado social en América Latina.
El presente trabajo se propone contribuir a la discusión sobre cambios en las familias
latinoamericanas y los retos que imponen para las políticas públicas. En una primera parte se
recorren las principales transformaciones sociodemográficas que alteraron las estructuras y
dinámicas familiares. Concretamente se presentan los cambios en las estructuras etareas de la
población y los retos que impone en los sistemas de cuidado y de protección (sistemas de
seguridad social, de salud y las propias familias). Asimismo, se reseñan las tensiones y desafíos
derivados del incremento en la migración internacional de la región, en particular de las mujeres.
Seguidamente se establecen los cambios ocurridos en los procesos de formación, disolución y
estructura familiar. Se examinan las continuidades y los cambios, particularmente en lo referente a la
mayor inestabilidad de los arreglos familiares. Estas tendencias son examinadas desde dos perspectivas:
por un lado, identificando patrones intrarregionales comunes y, por el otro, determinando
comportamientos diferenciados derivados de las inequidades socioeconómicas.
2
Vale la pena recalcar que dada la característica heterogeneidad estructural de las sociedades latinoamericana y la significativa
magnitud del empleo de carácter informal dicho modelo nunca respondió cabalmente a las realidades de los países de la región, lo
cual históricamente implicó que una porción significativa de la población no gozara de sus beneficios (cobertura de la seguridad
social y acceso a servicios de salud, entre otros).
3
Por trampa intergeneracional entiende a la congelación en una situación de pobreza como efecto de la carencia de canales de movilidad desde
el mercado, el Estado o las propias familias; trampa intrageneracional es la transmisión de desventajas entre generaciones debido a la
inexistencia de paliativos o correctivos de las desventajas; eventos catastróficos son procesos abruptos de movilidad social descendente como
consecuencia de riesgos no contemplados y la incapacidad de movilizar activos (Filgueira, 2007).
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En tercer lugar el interés se sitúa en las dinámicas intra-familiares, en particular en la división
sexual de tareas remuneradas y no remuneradas. Se comparan las situaciones en ámbitos urbanos de los
distintos países de la región y se señalan patrones en relación a los usos del tiempo. Se presentan los
procesos que subyacen a la ruptura del modelo patriarcal de proveedor único y en sus consecuencias.
Nuevamente, y como es común a lo largo del trabajo, se enfatiza en los impactos de la inequidad en este
proceso, es decir, en las diferencias en cómo afrontan las familias el cuidado, la incertidumbre e
inestabilidad de acuerdo a los activos con los que cuentan.
Finalmente, el trabajo vira la mirada hacia las políticas de protección y bienestar. Se
plantea la necesidad de aplicar en forma conjunta políticas sectoriales y transversales como
forma de mejorar la equidad y hacer efectivo el acceso a derechos de ciudadanía. En este
sentido, se aboga por la necesidad de robustecer el rol del Estado tanto como fiscalizador de
normativas existentes como en la provisión de servicios públicos y de protección.
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I. Nuevas familias, nuevos retos
La familia y la unidad doméstica constituyen espacios concernientes a
la reproducción cotidiana y generacional de los individuos. En la
esfera doméstica se llevan a cabo funciones vinculadas a la
procreación, crianza y socialización de los hijos como a la
reproducción de la fuerza de trabajo. Asimismo se desarrollan
actividades tendientes a la obtención y distribución de los recursos
(monetarios y no monetarios) y de consumo (Ariza y Oliveira, 2003).
Estas funciones de la familia, diversas y heterogéneas a lo largo de la
historia, se definen no sólo por aspectos normativos y de valor sino
también por el nivel de recursos y de activos con los que cuentan. En
función de ambos, se define una particular división sexual y
generacional de las actividades, las cuales a su vez son sin duda
influidas por los sistemas de protección y bienestar.
En la región han tenido lugar una serie de transformaciones sociales
que sin duda alteraron y tornaron más heterogéneas las trayectorias de vida
individual. En general, la vida se ha prolongado, la entrada a la adultez se
ha retrasado, los jóvenes se mantienen más tiempo dentro del sistema
educativo, las personas son más libres de decidir tanto unirse como
separarse y el número de hijos que prefieren tener y también lo son de
manifestar diversas orientaciones sexuales. A la par, las carreras laborales,
si bien continúan diferenciándose de forma significativa de acuerdo al
sexo, se han tornado más inestables y los canales de movilidad social son
cada vez más dependientes del origen social de las personas. Por cierto, las
secuencias, duración y consecuencias de estos cambios no son similares
para todos, variando en forma significativa género, etnia y clase social.
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Existe un amplio consenso sobre los cambios ocurridos durante la era del Consenso de
Washington en América Latina en los vínculos entre familia, reproducción social y políticas
públicas. Los impactos de este período en el empleo y en el bienestar fueron variados aunque
predominó en los países de la región un incremento en la vulnerabilidad de vastos sectores
poblacionales y una creciente disparidad en la distribución del bienestar (Kaztman, 2002; Bayón y
Saravi, 2002, Filgueira, 2002; Portes y Roberts, 2005; Altimir,1998 y Altimir y Beccaria, 2001). Al
mismo tiempo, la reducción del tamaño del Estado bajo el modelo de privatización de los servicios
públicos tuvo como consecuencia un desplazamiento de la provisión de los recursos institucionales
desde el Estado hacia el mercado, y principalmente hacia las familias (en particular hacia las
mujeres) (Arriagada, 2006).
En este marco, la producción y distribución de los riesgos sociales se han visto modificados.
En efecto, las nuevas dinámicas y formas familiares están generando nuevas necesidades y por
ende demandan nuevas herramientas en las políticas estatales. Las políticas de privatización y
desregulación estatal como las reformas en la protección social que agravaron la pobreza en la
región, también han contribuido a promover el desarrollo de políticas focalizadas en los grupos más
vulnerables a lo largo de toda América Latina. El principal cambio de modelo de política social en
América Latina pasó de una orientación universalista a tipos híbridos de combinación de oferta de
bienes y servicios provistos por el mercado, las familias y el Estado (Arriagada y Mathivet, 2007)
4
.
Los Estados son actores centrales con poderosas herramientas para alterar la producción de
riesgos y la generación de oportunidades. Como sostiene Filgueira (2007) “los Estados influyen en las
chances de las personas porque controlan el sistema impositivo, el gasto público y las leyes que regulan
las interacciones entre personas y unidades colectivas (sean éstas de mercado, familia o comunidades)
(p.11). A través de sus marcos normativos y de sus políticas públicas, tienen una fuerte injerencia en las
funciones familiares y en sus dinámicas. Mediante sus marcos normativos (por ejemplo en relación a la
formación y disolución de vínculos, a los derechos de los cónyuges, al aborto, a la herencia, al trabajo y a
los derechos de la niñez y la adolescencia) la provisión de servicios públicos de bienestar y sus políticas
focalizadas de atención a los grupos vulnerables, cumplen un papel central en los procesos de
reproducción social y en las funciones de las familiares.
Desde hace unos años en la región se está dando una revalorización social del rol del Estado. El
modelo privatizador va dando paso a un modelo revisado de injerencia estatal caracterizado por un leve
incremento en el gasto social, una más sofisticada oferta de programas orientados a combatir la extrema
pobreza y una mayor preocupación por orientar las políticas hacia el logro de una mayor igualdad de
oportunidades y desarrollo de capacidades de las personas (Arriagada, 2006).
4
Vale la pena enfatizar que esta orientación universalista estuvo lejos de ser plasmada en la realidad, aún en los países con sistemas
de bienestar más consolidados, como los del cono sur y Costa Rica. Aún en ellos, la obtención de beneficios y protección social ha
estado fuertemente ligada a la participación en el mercado formal de empleo.
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II. Los cambios demográficos
y sus impactos en la familia
Los países de América Latina han venido experimentado, con distinta
intensidad y magnitud, una serie de transformaciones de carácter
sociodemográficos en sus niveles de fecundidad, mortalidad y movilidad
territorial que afectan directa e indirectamente a la familia y a los
sistemas de protección y bienestar. Con independencia del estadio en su
transición demográfica la esperanza de vida al nacer ha aumentado en
forma significativa en todos los países (Cuadro 1), como producto de
una caída en la mortalidad, particularmente en la mortalidad en la
infancia. La ganancia ha sido obviamente más pronunciada en aquellos
con tasas de mortalidad iniciales más elevadas.
Por otro lado, el incremento en el uso de anticonceptivos modernos
ha repercutido en una disminución significativa de las tasas de fecundidad
(Cuadro 1), contribuyendo al cambio de las estructuras por edades de las
poblaciones de la región. El enlentecimiento del crecimiento poblacional
ha conducido sin excepción a que disminuya el número relativo de niños y
niñas y a que la población se torne crecientemente más envejecida
(Gráficos 1 y 2).
El aumento en la dependencia de adultos mayores constituye un
gran desafío para todas las naciones de la región ya que implica para los
gobiernos la necesidad de ir reorientando el gasto público y adaptar los
sistemas de salud y de seguridad social a la nueva realidad. Como puede
apreciarse en los Gráficos 1 y 2, en todos los países de la región la
dependencia de adultos mayores crece a la par que decrece la de los niños,
aunque con marcadas variaciones de acuerdo a su estadio en la transición
demográfica.
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CUADRO 1
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD Y ESPERANZA DE VIDA POR SEXO, 1980-2005.
Esperanza de vida [B]
País Tasa global de
fecundidad [A] Varones Mujeres
1980-85 2000-05 1980-85 2000-05 Dif. 1980-85 2000-05 Dif.
Argentina 3,2 2,4 66,8 70,6 3,8 73,7 78,1 4,4
Bolivia (Estado Plur. de) 5,3 4,0 52,0 61,8 9,8 55,9 66,0 10,1
Brasil 3,8 2,3 60,4 67,3 6,9 66,9 74,9 8,0
Chile 2,7 2,0 67,4 74,8 7,4 74,2 80,8 6,6
Colombia 3,7 2,6 63,6 68,0 4,4 70,2 75,4 5,2
Costa Rica 3,5 2,3 71,6 75,8 4,2 76,1 80,6 4,5
Cuba 1,8 1,6 72,6 75,3 2,7 76,0 79,1 3,1
Ecuador 4,7 2,8 62,5 71,3 8,8 66,7 77,2 10,5
El Salvador 4,5 2,9 50,8 67,7 16,9 63,8 73,7 9,9
Guatemala 6,1 4,6 56,1 65,5 9,4 60,6 72,5 11,9
Haití 6,2 4,0 50,2 56,4 6,2 52,9 59,9 7,0
Honduras 6,0 3,7 59,4 68,6 9,2 63,8 73,4 9,6
México 4,2 2,5 64,4 72,4 8,0 71,2 77,4 6,2
Nicaragua 6,0 3,3 56,5 68,0 11,5 62,6 73,8 11,2
Panamá 3,5 2,7 68,4 72,3 3,9 73,3 77,4 4,1
Paraguay 5,3 3,8 64,9 68,7 3,8 69,3 72,9 3,6
Perú 4,7 2,9 59,5 67,5 8,0 63,8 72,5 8,7
República Dominicana 4,2 2,7 62,1 68,1 6,0 66,1 74,4 8,3
Uruguay 2,6 2,3 67,6 71,6 4,0 74,5 78,9 4,4
Venezuela (Rep. Bol. de ) 4,0 2,7 65,9 69,9 4,0 71,8 75,8 4,0
Fuentes: [A] CEPAL /CELADE Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía - División de Población, Boletín
demográfico N0. 73
[B] CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL: Revisión 2006. Base
de datos.
Estas tendencias demográficas, heterogéneas dentro de la región, también son marcadamente
diferentes dentro de cada país de acuerdo a los niveles económico sociales de la población,
reflejando de este modo patrones internos de inequidad. Como señalaran Paz y otros (2004), la
mayor fecundidad de la población pobre más que compensa su mayor mortalidad relativa, lo que
contribuye a la reproducción intergeneracional de la pobreza
5
. Asimismo, a una escala microsocial,
la desigualdad y la persistente pobreza se refleja en su transmisión intergeneracional, es decir,
niños nacidos en hogares pobres tienen una nutrición inadecuada, una menor atención e inversión
realizada en cada uno de ellos en relación tanto a su educación y salud. Cuando adultos, se
encuentran en una situación laboral desventajosa por lo que tienden a replicar la condición de
pobreza de sus padres.
5
“La evidencia todavía sugiere que, a escala agregada, pobreza y rezago son concomitantes, pues las comunidades nacionales y
subnacionales más pobres de la región aún registran los niveles más altos de fecundidad y mortalidad. Así, los países y regiones con
menos presupuesto deben enfrentar un más alto ritmo de expansión de los requerimientos sociales derivados de su transición
demográfica más tardía” (Paz y otros, 2004, p 15).
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GRÁFICO 1
DEPENDENCIA DE ADULTOS MAYORES
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Argentina
Bolivia (Estado Plur. de)
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela (Rep. Bol. de)
América Latina
Porcentaje
1980 2000 2020
Fuente: CEPAL, Base de datos online CEPALSTAT, Estadísticas Sociales, Población.
GRAFICO 2
DEPENDENCIA DE NIÑOS
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Argentina
Bolivia (Estado Plur. de)
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela (Rep. Bol. de)
América Latina
Porcentaje
1980 2000 2020
Fuente: CEPAL, Base de datos online CEPALSTAT, Estadísticas Sociales, Población.
(http://www.eclac.org/estadisticas/bases/), febrero de 2009.
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Los impactos de estos cambios demográficos son múltiples y cuestionan los sistemas de previsión
y atención al riesgo social, llamando la atención sobre la necesidad de redefinir los contratos intra e
intergeneracionales vinculados a la seguridad social y los gastos en salud y en educación
6
.
Otros dos fenómenos caracterizan la evolución sociodemográfica reciente en la región con
impactos en las dinámicas familiares y en su vulnerabilidad: la incesante concentración urbana y la
creciente relevancia de las migraciones internacionales.
La proporción de población residiendo en áreas urbanas continuó creciendo en toda América
Latina: entre 1980 y el 2005 aumentó del 65% al 78%. En la mitad de los países de la región el
porcentaje de población urbana supera el 70%
7
. Un aspecto significativo de este proceso de
urbanización es el alto crecimiento en el número de personas viviendo en ciudades de gran tamaño.
De acuerdo a datos de DEPUALC
8
el número de urbes con más de un millón de habitantes se
incrementó entre 1980 y 2000 de 26 a 49. Esto implicó que el número de personas residiendo en
ellas pasara de 89 millones en 1980 a 122 en 1990, alcanzando casi 158 millones en el 2000. A la
par que crece el número de latinoamericanos residiendo en grandes urbes, ha tenido lugar un
proceso de diferenciación interna, una polarización creciente en la distribución espacial de las
clases sociales. La significativa segregación espacial -señalada para la mayoría de las metrópolis de
la región- tiene como resultado que en los barrios con mayores desventajas se activen mecanismos
que realimentan el aislamiento social de sus residentes (Kaztman y Retamoso, 2005). Ella acarrea
una serie de impactos negativos no sólo debido a la más limitada accesibilidad a servicios públicos
y oportunidades laborales, sino también en cuanto a procesos de cohesión social y de generación de
subculturas urbanas
9
.
La creciente segregación espacial en las grandes urbes latinoamericana con el consecuente
deterioro en la calidad de vida de sus pobladores corroe la capacidad de las familias de llevar a
cabo sus funciones adecuadamente y generar y transmitir capital social a las nuevas generaciones.
Mientras en los barrios integrados la oferta de servicios públicos y privados es amplia y de mayor
calidad, en los barrios marginales, es decir en donde las familias requieren de mayor apoyo, los
servicios públicos son deficientes y su funcionamiento recae en la buena o mala predisposición de
sus agentes. Este proceso, en gran medida generado por una ausencia de políticas e inversión
pública, incrementa la inestabilidad, la inseguridad y los riesgos sociales de la población.
Finalmente, otro de los procesos de cambio sociodemográfico con significativos impactos en la
familia es la migración internacional. La emigración de latinoamericanos ha crecido en forma
significativa en las últimas dos décadas y continua haciéndolo. De acuerdo a datos de CELADE, el
número de migrantes latinoamericanos y caribeños se incrementó entre el 2000 y el 2005 de un total
estimado de más de 21 millones de personas a casi 25 millones (CEPAL, 2006). Los emigrados de la
región han diversificado los destinos y se dirigen crecientemente a países desarrollados.
Familia y migración se encuentran fuertemente relacionadas, aunque los vínculos no son
unidireccionales ni inequívocos. La decisión migratoria puede formar parte de una estrategia adaptativa
familiar, aunque también puede ser una vía de escape a situaciones familiares de opresión. La familia
puede facilitar el proceso migratorio (ya sea en la sociedad de origen o de destino), como puede
6
Para un detallado análisis sobre los desafíos que imprime los cambios sociodemográficos en los sistemas de bienestar en América
Latina, ver Filgueira, 2007.
7
En el 2005, en Argentina, Chile, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela la población urbana supera el 85%.
8
Base de datos DEPUALC 2004, CELADE/CEPAL. UN World Urbanization Prospects: The 2003 Revision.
9
“El aumento de la distancia física y social entre las poblaciones de los vecindarios pobres y el resto de la ciudad también modifica la
forma en que las clases sociales se miran unas a otras a medida que se reducen las oportunidades de sociabilidad entre las clases,
aquellas que son parte de los circuitos principales de la sociedad urbana van perdiendo su capacidad para “colocarse en el lugar de la
otra” (empatía). Por otro lado, el aumento de la densidad de carencias en los barrios pobres produce fisuras en su tejido social, por
las que germinan las subculturas marginales. La combinación de ambos procesos favorece la creación de estigmas” (Kaztman y
Retamoso, 2005, p. 144).
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entorpecerlo. A su vez el proceso migratorio trastoca las dinámicas familiares y modifica las formas en
las que se mantienen vínculos de afecto y solidaridad. La distancia separa padres de hijos, aunque en
muchas instancias esta separación significa un acto de entrega y de altruismo
10
.
Uno de los rasgos distintivos de la reciente migración es la creciente presencia de mujeres,
particularmente en la migración sudamericana (Cerrutti, 2009). La feminización de los flujos
migratorios sin duda refleja las importantes transformaciones que a nivel social han repercutido en
los roles de las mujeres, quienes hoy en día son frecuentemente agentes activos en la toma de
decisión migratoria y no meros acompañantes. El deterioro significativo en la capacidad de acceder
a empleos dignos y a bienes y servicios públicos de amplios sectores de la población, ha tenido
repercusiones en la división sexual del trabajo, implicando un mayor protagonismo de las mujeres
en los destinos económicos de sus familias. En este contexto, la migración internacional, en
particular de las mujeres, facilitada por un abaratamiento de los costos de transporte, una mayor
fluidez de la comunicación, y la operatoria de redes sociales transnacionales, puede ser entendida
como una estrategia adaptativa de los hogares (en el sentido de una búsqueda de mejores
oportunidades de vida) a los cambios globales.
A nivel internacional, la feminización de la migración y la mayor incidencia actual de la
migración femenina independiente (en contraposición a la migración de carácter familiar o
asociativo), están generando un debate en torno a las familias transnacionales y particularmente
sobre la llamada maternidad (y paternidad) a “larga distancia”, es decir la separación de los
progenitores e hijos como producto de la migración. Los estudios llaman la atención sobre este
fenómeno particular, y muchos lo vinculan con la conformación a nivel internacional de “cadenas
globales de cuidados” (INSTRAW, 2007; Herrera, 2005 y 2008; Orozco, 2007). Mediante este
concepto se alude a la migración laboral de mujeres que se insertan en el sector de los servicios
personales (particularmente de trabajo doméstico, cuidado de niños y de ancianos) en países que
otorgan más posibilidades que los de origen. De este modo, emerge la paradoja de que son las
madres inmigrantes quienes se hacen cargo de las tareas domésticas en hogares de otras mujeres
trabajadoras. En este proceso, los niños de los países pobres son quienes deben pagar el precio de
la separación (Hinojosa Gordonava, 2009). En los países emisores la preocupación por la diáspora
es relativamente reciente y constituye un dato alentador. Tanto como efecto de una genuina
preocupación por los derechos de los migrantes como por motivos políticos o económicos (las
remesas) varios de los gobiernos de la región están mostrando un interés creciente por los destinos
de sus emigrados.
10
El análisis de los vínculos entre familia y migración ha transitado por una serie de etapas y produjo diversas líneas de investigación
a lo largo de los últimos años. Por un lado, la centralidad de la familia en la constitución de redes sociales migratorias devino en un
interés particular por comprender sus formas de funcionamiento y dar cuenta de los factores que intervienen para perpetuar los
procesos migratorios. Las redes familiares, como recursos del migrante fueron examinadas dando pie a una serie de hipótesis acerca
de su rol en los procesos de integración social de los migrantes. En la actualidad dos aspectos que concitan un amplio interés son los
estudios de sistemas de género y migración internacional por un lado, y de familias, remesas y sus impactos en las sociedades de
origen, por el otro.
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147 Familias latinoamericanas en transformación: desafíos y demandas para la acción pública
19
III. Las transformaciones en la
formación, disolución
y estructura familiar
En esta sección se abordan los principales cambios en la formación,
disolución y vida en familia en la región. Se examina los tiempos y las
formas de entrada en una vida conyugal, así como la creciente
inestabilidad de la vida en pareja. Asimismo se examina la variación
en la conformación de los hogares y los cambios en los entornos de
vida familiar. Lamentablemente dada la carencia de datos y de
estudios en la región, excede a los alcances de este trabajo una
descripción o examen de la evolución de nuevas formas familiares
integradas por parejas homosexuales.
A. El inicio de la vida familiar, la entrada
a la vida en pareja
La unión o matrimonio de una pareja es, para una gran parte de la
población, el origen de la constitución de una familia y la adopción de
roles adultos. En el contexto latinoamericano, la primera unión ha
venido ocurriendo de una manera bastante estable por las últimas
décadas a edades que no son excesivamente jóvenes. Más
recientemente aparecen indicios de una relativa postergación (García y
Rojas, 2002; Westoff, 2003; Mench, Singh and Casterline, 2005;
Rosero-Bixby, 2004, Heaton, Forte y Otterstrom, 2002).
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147 Familias latinoamericanas en transformación: desafíos y demandas para la acción pública
20
En efecto, Heaton, Forte y Otterstrom (2002) en su estudio comparativo de los países de la
región (exceptuando a los del Cono Sur) estiman que la edad mediana de la entrada a la primera
unión entre mujeres nacidas en la década de 1940 eran entre los 20 y 21 años y que en la
generación nacida en los setenta no alcanza a superar los 22 años (ver Cuadro 2).
Esta relativa estabilidad encubre importantes variaciones en la edad al matrimonio o primera
unión dentro de los países de la región. Ellas son el resultado de múltiples factores, entre otros los
valores y modelos de familia transmitidos por los progenitores y el entorno, y las distintas
oportunidades de vida a las que tienen acceso las personas durante la adolescencia y temprana
juventud. En este sentido, el acceso y alcances educativos han sido consistentemente identificados
como dimensiones relevantes en modelar las trayectorias de vida, incluyendo una pauta más tardía
en edad a la que se realiza la transición de la soltería a la convivencia en pareja. Heaton , Forte y
Otterstrom (2002) estiman que la brecha en la edad de formación de la familia entre las mujeres
con baja y alta educación nunca es inferior a los 2.5 años y en la mayoría de los países es de
alrededor de 4 años (ver Cuadro 2).
CUADRO 2
EDAD MEDIANA DE LAS MUJERES A LA PRIMERA UNIÓN POR COHORTE DE NACIMIENTO Y POR
AÑOS DE EDUCACIÓN ALCANZADOS
Cohorte Educación (años)
1940 1950 1960 1970 Sin Instrucción 1-5 6-8 9 y más
Bolivia (Estado Plur. de)
20,7 20,4 20,5 21,6 20,0 19,6 19,9 22,8
Brasil 21,2 21,1 21,0 21,5 18,9 19,8 21,0 24,2
Colombia 20,5 21,1 21,6 21,7 18,3 19,7 20,5 24,1
República Dominicana 17,8 18,5 19,4 19,6 16,2 17,1 18,4 22,5
Ecuador 20,2 20,1 20,6 -- 18,6 18,8 19,5 23,0
El Salvador 19,3 19,1 19,3 -- 17,8 18,3 19,4 22,6
Guatemala 18,9 18,6 18,5 19,0 17,6 18,4 20,1 23,0
Haití 21,0 21,0 20,6 20,9 19,8 20,5 21,9 24,8
México 20,0 20,3 21,4 -- 17,5 18,4 20,5 23,5
Nicaragua -- 18,2 18,1 18,1 16,6 17,0 18,1 21,4
Paraguay 20,7 20,9 20,7 -- 19,5 19,1 20,8 23,8
Perú 20,3 20,5 20,9 21,5 18,6 18,8 19,6 23,7
Trinidad y Tobago 19,6 19,8 19,7 -- 17,9 18,3 19,1 20,7
Fuente: Heaton, Forte y Otterstrom (2002). "Family transition in Latin America: First intercourse, First Union, First
birth", International Journal of Population Geography, 8, pp: 1-15. Tabla 2, en base a datos de encuestas de
demografía y salud (DHS) de los respectivos países.
En el caso de los países del Cono Sur si bien las mujeres en promedio inician la formación
familiar a edades algo más tardías, sus patrones son bastante similares a los recién indicados, es
decir, que quienes más postergan la salida de la soltería son las personas con los mayores alcances
educativos (Binstock, 2005; Cabella, Perí y Street, 2005).
Pareciera entonces que la moderada postergación en la formación familiar en distintos países
de la región responde más a cambios en los comportamientos de los sectores medios y altos
mientras persisten las mismas tendencias de inicio familiar temprano entre los sectores sociales
más bajos.
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147 Familias latinoamericanas en transformación: desafíos y demandas para la acción pública
21
Sin duda, más que la edad a la que varones y mujeres realizan la transición de la soltería a la
vida conyugal, el cambio más significativo en las últimas décadas ha sido la creciente preferencia
por parte de las parejas de convivir consensualmente en lugar de casarse legalmente. La
coexistencia de la unión consensual y el matrimonio legal lejos de ser una novedad en el contexto
latinoamericano ha sido uno de los rasgos característicos del proceso de formación familiar,
particularmente en Centroamérica y el Caribe. Sin embargo, en la actualidad su incidencia es muy
superior a lo que era en el pasado.
La presencia de “uniones consensuales”, “uniones de hecho”, o “matrimonios sin papeles”
─como suelen ser alternativamente denominadas─ como un componente del sistema familiar
latinoamericano ha respondido tanto a herencias culturales como a condiciones económicas y
sociales. Esta modalidad de unión ha sido tradicionalmente una opción más difundida entre los
sectores sociales de menores recursos dado que, entre otras razones, involucra menos costos
económicos y responsabilidades legales que el matrimonio. Sin embargo, a partir de la década de
1980 y en concomitancia con las tendencias observadas en países desarrollados, la convivencia de
parejas sin papeles comenzó crecientemente a ser una opción de entrada a una vida conyugal
también entre los sectores medios y altos. Como se observa en el Cuadro 3, en la última década las
uniones consensuales continuaron aumentando en todos los países de la región, particularmente
entre aquellos donde dicha modalidad de unión estaba menos extendida (Argentina, Brasil, Chile y
Uruguay). Las únicas excepciones la constituyen Nicaragua y Honduras, países en donde la
prevalencia de este tipo de uniones ya era muy alta a mediados de los 1990s.
Si bien las uniones consensuales crecieron en todos los grupos de edades, su incremento fue
superior entre los jóvenes, evidenciado un cambio más generalizado de las preferencias de las
nuevas generaciones en la conformación familiar. Tanto en Chile como en Uruguay, países en
donde las uniones sin papeles eran poco frecuentes, ellas más que se duplicaron durante la última
década entre la población joven. En Argentina, se observa una tendencia similar. Otros países en
los que se detectan cambios de gran magnitud entre las nuevas generaciones son Brasil, Costa Rica,
México y República Bolivariana de Venezuela.
Hoy en día, la unión consensual constituye la modalidad más frecuente de formación familiar
y si bien ha permeado en los distintos sectores sociales, persisten importantes diferencias entre
quienes son más proclives a convivir sin papeles en contraposición a quienes optan por casarse
legalmente. De hecho la evidencia muestra que las uniones consensuales son más frecuentes en la
población de niveles socioeconómicos bajos, con escasa educación formal. También entre quienes
se inician sexualmente más temprano, comienzan la convivencia conyugal a edades más tempranas,
y ya han tenido un hijo. Las parejas que optan por esta modalidad de unión son menos homógamas
en lo que respecta a sus edades y a su nivel educativo (Castro Martin; Martín García y Puga
González, 2008), y suelen tener noviazgos más breves comparados por quienes optan por el
matrimonio (Binstock, 2008). Como se verá más adelante, estos perfiles socioeconómicos se
asocian con la estabilidad conyugal por lo que las uniones consensuales suelen ser más inestables y,
por lo tanto, disolverse más frecuentemente que los matrimonios.
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22
CUADRO 3
PORCENTAJE DE UNIONES CONSENSUALES ENTRE TOTAL DE UNIONES CONYUGALES,
SEGÚN GRUPO DE EDAD Y PERÍODO
1990-1995 2000-2005
15-24 25-34 35-49 Total 15-24 25-34 35-49 Total
Argentina 37,9 20,8 16,3 21,1 62,9 35,1 21,2 30,6
Bolivia (Estado Plur. de) 51,7 23,5 13,4 24,2 62,1 31,3 16,6 31,1
Brazil 36,5 21,8 15,2 21,1 55,5 35,3 22,3 33,3
Chile 16,6 11,3 10,1 11,6 44,2 21,0 14,0 19,8
Colombia 66,6 49,1 32,7 45,9 81,3 63,2 34,0 57,7
Costa Rica 33,1 19,5 18,2 21,0 48,4 29,2 21,9 29,4
Ecuador 40,8 30,3 24,6 30,7 52,3 35,0 28,4 36,4
Guatemala 47,2 32,8 28,7 34,8 51,2 35,9 33,2 38,9
Honduras 74,4 54,6 46,6 57,3 80,2 57,4 44,1 58,3
México 24,7 13,9 11,0 15,3 35,8 20,5 14,5 21,2
Nicaragua 71,5 53,3 45,9 55,9 68,7 48,6 42,2 51,8
Panamá 75,4 54,5 46,9 53,6 82,4 58,6 45,9 58,1
Paraguay 49,5 28,4 20,6 29,7 54,9 35,2 22,9 33,3
Perú 69,3 44,5 25,1 41,2 82,6 55,6 32,0 47,7
Rep. Dominicana 76,7 59,4 53,4 61,5 80,6 64,4 53,7 63,6
Uruguay 18,6 13,6 10,0 12,6 40,4 20,7 14,8 21,1
Venezuela (Rep. Bol. de) 42,4 34,8 30,4 34,8 65,7 48,2 44,4 47,8
Fuente: Castro Martín, T. (2002). “Consensual unions in Latin America: persistence of a dual nuptiality system”.
Journal of Comparative Family Studies 33(1): 35-55; Castro Martín, T; Martín García, T. y D. Puga Gonzalez (2008).
“Matrimonio vs. unión consensual en Latinoamérica: contrastes desde una perspectiva de género”. III Conferencia
de la Asociación Latinoamericana de Población. Córdoba, Argentina, 4-6 de septiembre.
Acompañando este incremento de las uniones consensuales se han abierto varios
interrogantes en torno a su significado: ¿Cómo conceptualizar e interpretar su expansión en
distintos sectores sociales?, ¿Cuáles son los vínculos actuales entre las uniones consensuales y
matrimonios?, ¿Existen uniones “tradicionales” y uniones “modernas” de acuerdo a las
características de la pareja y el significado que le otorgan a la unión?
Otro de los interrogantes que surge es en qué medida las generaciones más jóvenes que optan
por unirse en lugar de casarse prolongarán dicha unión como el contexto familiar para tener y criar
sus hijos. En efecto, la menor proporción de mujeres en unión a edades centrales comparado con
las más jóvenes sugiere que son muchas las parejas que se casan cuando tienen hijos. Sin embargo,
la proporción de mujeres adultas que continúa unida ha ido también en aumento lo que indica una
creciente preferencia por la unión en lugar del matrimonio aun cuando se han tenido hijos.
En cuanto a si la expansión de la consensualidad tiene impactos sociales negativos o
positivos, la evidencia empírica latinoamericana es escasa y controvertida por las falencias de las
fuentes de datos en las que se basan, y las dificultades para establecer relaciones causales en lugar
de asociaciones estadísticas.
Los pocos estudios que han examinado el tema se han focalizado en el rendimiento escolar y
nivel de asistencia de los niños y adolescentes en distintos arreglos familiares (Kaztman y
Filgueira, 2002; Loayza y Fukazawa, 2006; Geldstein, 2006). Recientemente, Castro, García y Puga
González (2008) examinaron un aspecto poco analizado en el contexto latinoamericano, el del nivel
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23
de control ejercido por el cónyuge y la experiencia de maltrato físico, emocional o sexual en
uniones consensuales y matrimoniales. El estudio indica que las mujeres en uniones consensuales
se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad que sus pares casadas, aún controlando por
el perfil socioeconómico, variables demográficas y características de la unión. De todos modos,
alerta sobre la posibilidad de que las diferencias observadas estén afectadas por un proceso de
selección en el cual las parejas unidas menos violentas tengan una mayor probabilidad de casarse y
que las parejas casadas tengan mayores probabilidades de separarse.
B. Persistencia y cambio en los patrones de fecundidad
Una de las pautas vinculadas a la formación familiar que se ha mantenido relativamente estable es la edad a
la que las mujeres realizan la transición a la maternidad. La edad mediana a la que han tenido su primer hijo
es muy similar entre las últimas generaciones de mujeres (Cuadro 4). La aparente contradicción entre este
patrón y el descenso en la fecundidad en muchos países de la región no es tal, dado que dicho descenso ha
sido más el resultado de cambios en los comportamientos reproductivos una vez que se tuvo el primer hijo
(Heaton, Forte y Otterstrom, 2002; Rutstein, 2002). En la mayoría de los países la llegada del primer hijo
ocurre, en promedio, un año más tarde que la edad mediana a la primera unión o matrimonio (Heaton, Forte
y Otterstrom, 2002; Westoff, 2003).
Otra de las tendencias que persiste, si bien algo más atenuada que en décadas atrás, son las
diferencias en la fecundidad de las mujeres de acuerdo a su situación socioeconómica. Las mujeres
con mayores niveles educativos postergan la maternidad y tienen menos hijos que sus pares con
menores niveles de instrucción (Rutstein, 2002). Dichas diferencias son una de las manifestaciones
de la mayor vulnerabilidad y menor control sobre su reproducción de las mujeres en situación de
pobreza. En efecto, mientras en cada país de la región las mujeres tienen preferencias relativamente
similares sobre el número de hijos que desean tener, son sólo aquellas con mayor educación
quienes alcanzan a concretar sus preferencias reproductivas. Hacia mediados de la década de 1980,
las mujeres con menor educación tenían una tasa global de fecundidad que casi duplicaba al
promedio de los hijos deseados en varios países de la región (Castro Martín y Juárez, 1995). Si bien
tanto las brechas entre la fecundidad deseada y la alcanzada como la diferencia de la fecundidad
según el nivel educativo de la mujer se han reducido durante las últimas décadas, persisten
importantes brechas (Rutstein, 2002). Así, por ejemplo, hoy tanto en Bolivia, Colombia, Honduras
y Paraguay, la tasa global de fecundidad de las mujeres con educación primaria casi duplica a la de
las mujeres con educación media o superior
11
.
11
Estimado de www.measuredhs.com para las Encuestas de Demografía y Salud realizadas en Bolivia (2003), Colombia (2005);
Honduras (2005), y del Informe resumido de los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva
realizada en Paraguay en 2008 (www.cepep.org.py).
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CUADRO 4
EDAD MEDIANA DE LAS MUJERES AL PRIMER HIJO POR COHORTE DE
NACIMIENTO Y POR AÑOS DE EDUCACIÓN ALCANZADOS
Cohorte Educación (años)
1940 1950 1960 1970 Sin Instrucción 1-5 6-8 9 y más
Bolivia (Estado Plur. de) 21,6 21,1 20,9 21,3 20,6 20,1 20,3 23,2
Brasil 22,5 22,4 22,0 22,1 20,0 20,9 21,9 26,0
Colombia 21,5 21,9 22,4 21,9 19,3 20,4 21,3 25,4
República Dominicana 19,7 20,2 21,1 20,9 18,1 18,8 19,9 24,1
Ecuador 21,4 21,0 21,6 -- 19,7 19,7 20,6 24,0
Guatemala 20,2 19,8 19,7 20,0 19,0 19,5 21,0 23,8
Haití 22,4 22,2 22,0 22,6 20,9 21,6 23,4 27,7
México 21,2 21,3 22,2 -- 19,0 19,6 21,5 24,6
Nicaragua -- 19,5 19,6 19,7 18,0 18,5 19,4 22,9
Paraguay 21,4 21,6 21,3 -- 19,9 19,8 21,5 24,8
Perú 21,1 21,1 21,3 21,7 19,5 19,6 20,0 24,2
Trinidad y Tobago 21,1 21,9 22,6 -- 19,4 19,9 20,9 23,8
Fuente: Heaton, Forte y Otterstrom (2002). "Family transition in Latin America: First intercourse, First Union, First
birth", International Journal of Population Geography, 8, pp: 1-15. Tabla 3, en base a datos de encuestas de
demografía y salud (DHS) de los respectivos países.
Vinculado a ello es la permanencia o incluso el incremento de la tasa de fecundidad
adolescente. En un contexto regional de descenso de la fecundidad, de aumento en la cobertura de
los sistemas educativos, de mayor conocimiento y acceso a métodos anticonceptivos, es
sorprendente que la fecundidad adolescente no haya descendido en forma significativa (Rodríguez
y Hopenhayn, 2007), lo que lleva a pensar en la relevancia de otros aspectos sociales y culturales
que determinan el fenómeno. La maternidad durante la adolescencia refleja claramente un
problema de desigualdad, y ocurre primordialmente entre las mujeres pobres. Más aún, a diferencia
de lo que ocurre entre las mujeres adultas, las brechas en la fecundidad de las adolescentes entre el
estrato más pobre y el estrato más rico se han profundizado durante la última década en varios de
los países de la región. Hacia el año 2000, la fecundidad adolescente del estrato socioeconómico
más bajo al menos triplica la del quintil más alto, y en varios países la relación se quintuplica
(Cuadro 5).
CUADRO 5
RAZÓN DE FECUNDIDAD ADOLESCENTE TOTAL Y URBANA DEL ESTRATO
SOCIOECONÓMICO
a
MÁS POBRE RESPECTO AL MÁS RICO. 1990-2000
Desigualdad fecundidad adolescente E1/E5
b
Total Urbana
1990 2000 1990 2000
Brasil 2,80 4,68 4,04 5,60
Chile 3,23 4,21 3,44 4,40
Honduras 2,00 3,13 2,34 3,83
Panamá 6,10 5,34 4,33 5,20
Paraguay 3,23 4,07 4,19 4,00
Rep. Bol. de Venezuela 3,17 5,29 3,71 5,37
Fuente: Filgueira, Fernando (2007). Cohesión, riesgo y arquitectura de protección social en América
Latina. Serie Población y Desarrollo n° 135, Santia go de Chile, CEPAL, en base a CEPAL-
Panorama Social 2005, Cap.3.
a
La variable estrato socioeconómico usada en este estudio se construyó mediante la combinación
de dos subíndices, uno de ellos referido al equipamiento con que cuenta el hogar y el otro a la
educación del jefe de hogar.
b
Razón Estrato Inferior /Estrato Superior
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El panorama se torna aún más preocupante cuando se considera que una fracción importante
de estas adolescentes no desea el embarazo, y no son acompañadas por su pareja para el nacimiento
y crianza del niño (Gogna y otras, 2008). Resulta también inquietante desde un punto de vista
social que para muchas adolescentes la maternidad represente el modo de alcanzar cierto
reconocimiento social por parte del entorno y que constituya el único proyecto de vida (López,
2006; Zamberlin, 2005).
Tanto para las mujeres adultas como para las adolescentes, el contexto conyugal en el que se
conciben, dan a luz y crían los hijos ha sido uno de los cambios más significativos durante las
últimas décadas. El matrimonio ha dejado de ser la única institución socialmente aceptada para la
concepción y crianza de los hijos. Hoy en día algo más de uno de cada dos nacimientos ocurre
fuera del matrimonio en la mayoría de los países de la región (ver Cuadro 6) (Castro Martin;
Martín García y Puga González, 2008).
CUADRO 6
PORCENTAJE DE NACIMIENTOS NO MATRIMONIALES,
ALREDEDOR DE 1970 Y 2000
Año % Año %
Argentina 1980 29,8 2000 57,6
Chile 1970 18,8 2001 50,5
Costa Rica 1970 29,4 2003 57,5
El Salvador 1970 67,8 1998 72,8
México 1970 27,3 2001 39,6
Panamá 1970 70,9 2002 79,9
Paraguay 1970 42,6 2002 51
Uruguay 1970 21,1 2001 55,2
Fuente: Castro Martín, Teresa et al. (2008) Matrimonio vs. Unión consensual en
Latinoamérica: contraste desde una perspectiva de género. III Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Población, ALAP. (Tabla 1) En base a United Nations Demographic
Yearbook & World Fertility Report, e Institutos Nacionales de Estadística.
Los nacimientos por fuera del matrimonio ocurren mayoritariamente en el marco de uniones
consensuales, si bien también hay algunos indicios de que se han incrementado los de madres no
convivientes con una pareja. Tal es el caso, por ejemplo, entre las adolescentes madres de
Argentina y Chile (Binstock y Pantelides, 2005; Rodríguez Vignoli, 2005).
Un estudio reciente de Argentina, por ejemplo, sugiere que entre las generaciones más
jóvenes es frecuente que el primer embarazo ocurra en el marco de un noviazgo, que se legitima a
través de la convivencia consensual más que por el matrimonio –al menos durante un período
(Binstock, 2008). Asimismo, Laplante y Street (en prensa), también para el caso argentino,
encontraron que el nacimiento de un hijo no sólo no aumenta el riesgo de transformar la
convivencia en matrimonio sino que lo disminuye.
En concordancia con un incremento en la tolerancia a un mayor abanico de opciones para la
conformación y desarrollo familiar, Rosero-Bixby y otros (2009) sugieren la reciente emergencia
de un nuevo patrón de fecundidad en el caso de las mujeres con mayor educación: ellas estarían no
sólo retrasando la transición a la maternidad, sino que incluso –aunque los autores coinciden en que
es aún prematuro concluirlo- estarían decidiendo no tener hijos (Rosero-Bixby y otras, 2009)
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C. La inestabilidad conyugal y la formación de nuevas uniones
A la par de los cambios señalados también esta teniendo lugar un incremento en la inestabilidad de las
uniones conyugales. Aunque menos estudiada en el contexto latinoamericano, los datos disponibles son
claramente indicativos del aumento de las separaciones y divorcios. Con sus significativas limitaciones
12
los
datos muestran el incremento en la proporción de separados y divorciados se incrementó en 8 de los 10
países para los que se dispone información para el inicio y el final de la última década (ver Cuadro 7).
CUADRO 7
PORCENTAJE DE MUJERES ENTRE 25 A 54 AÑOS
SEPARADAS O DIVORCIADAS, ÁREAS URBANAS. CIRCA 1994-2005
% de separadas y divorciadas
País
Circa 1994 Circa 2005
Argentina
7,1 10,7
Bolivia (Estado Plur. de)
9,4 9,4
Chile
7,7 9,4
Colombia
13,8 17,8
Costa Rica
13,3 16,9
Ecuador
-- 11,2
El Salvador
-- 25,2
Guatemala
-- 8,4
Honduras
20,6 6,7
México
-- 10,7
Nicaragua 23,0 --
Panamá
-- 20,7
Paraguay
3,7 6,5
Perú
-- 13,1
Uruguay
10,2 14,7
Venezuela (Rep. Bol. de)
6,8 13,3
Fuente: CEPAL, Base de datos online CEPALSTAT, Estadísticas de Género.
(http://www.eclac.org/estadisticas/bases/), febrero de 2009.
Las tasas de divorcio también han aumentado, aún cuando dicho indicador refleja sólo la
situación de quiénes se han casado legalmente y disolvieron el vínculo a través del divorcio legal.
Muchos matrimonios que disuelven su relación no se divorcian o tardan varios años en realizar
dicha tramitación.
La mayoría de los estudios coinciden en que los matrimonios y las uniones se han vuelto más
frágiles y se disuelven con mayor frecuencia. Por ejemplo, en Uruguay, en menos de una década la
proporción de matrimonios que disuelven el vínculo se duplicó alcanzando a casi más de un tercio
(Cabella, 2006). Cabella interpreta la intensificación de las rupturas conyugales con independencia
de la duración de la unión como el posible resultado de cambios generacionales y coyunturales.
Concretamente señala que las generaciones más jóvenes tienen actitudes más laxas hacia la vida en
pareja y mayor tolerancia hacia las rupturas, formando un nuevo ambiente social y cultural que se
afianzó a partir de la década de 1980.
12
La mayoría de los censos y encuestas de la región proveen una fotografía estática de la situación conyugal de los individuos, es decir
ofrecen un estimador muy conservador de la relevancia de este fenómeno. Concretamente, dejan de lado al conjunto de varones y
mujeres que a lo largo de sus vidas han atravesado una disolución (ya sea de una unión matrimonial o consensual) que al momento
de relevamiento se encuentran casados o conviviendo con otra pareja y por lo tanto definen su situación a partir del estado conyugal
o civil presente. Asimismo, dichas fuentes presentan graves problemas de consistencia en torno a cómo clasificar a quienes se han
separado de una unión de hecho. En la mayoría de las fuentes, dicha categoría no existe, y por lo tanto los encuestados deber optar
por otras alternativas de respuesta.
CEPAL - Serie Políticas sociales N
o
147 Familias latinoamericanas en transformación: desafíos y demandas para la acción pública
27
Tendencias similares pueden observarse en Argentina. Utilizando datos correspondientes a la
Ciudad de Buenos Aires que permiten reconstruir las trayectorias matrimoniales de distintas
generaciones de mujeres
13
. Binstock (2004) muestra el aumento y la aceleración de la disolución
del primer matrimonio en sucesivas generaciones (Gráfico 3). Así, mientras las mujeres nacidas
entre 1930 y 1934 sólo un 1 y un 7 por ciento habían disuelto su matrimonio por separación antes
de cumplir 5 y 20 años de matrimonio, respectivamente; entre aquellas que nacieron un cuarto de
siglo más tarde (entre 1955 y 1959) dichas proporciones ascienden a 8 y 27 por ciento
respectivamente. Entre las jóvenes que al momento del relevamiento, es decir en el año 2002 tenían
entre 33 y 39 años, el 21% se había separado o divorciado antes de cumplir diez años de casados. Si
a ello se pudiera incluir las tasas de disolución de las uniones consensuales que nunca fueron
legalizadas, los niveles de ruptura a duraciones cortas serían significativamente mayores.
GRÁFICO 3
ARGENTINA, CIUDAD DE BUENOS AIRES 2002. PORCENTAJE ACUMULADO DE MUJERES CUYO
PRIMER MATRIMONIO FUE DISUELTO POR SEPARACIÓN O DIVORCIO A DURACIONES
MATRIMONIALES SELECCIONADAS SEGÚN COHORTE DE NACIMIENTO
0
5
10
15
20
25
30
1930-1934 1935-1939 1940-1944 1945-1949 1950-1954 1955-1959 1960-1964 1965-1969
Cohorte de nacimiento
5 años 10 años 15 años 20 años
Fuente: Binstock, G. (2004). “Cambios en las pautas de formación y disolución de la familia entre las mujeres de la
Ciudad de Buenos Aires” en Población de Buenos Aires, Año 0, Num 1. págs. 8-15.
Muchos autores concuerdan en que las uniones consensuales son más frágiles que los matrimonio,
y que se separan con mayor frecuencia. Esto no debiera sorprender dado que, como indica Rodríguez
Vignoli (2005), es probable que el propósito inicial de la unión para muchas de las parejas no sea la de
una convivencia para toda la vida, expectativa que usualmente sí acompaña al matrimonio. En Uruguay,
por ejemplo, las chances de disolución entre las uniones son tres veces mayores a las de los matrimonios.
Una estimación similar se encontró para el Area Metropolitana de Buenos Aires, con el agregado de que
13
Nos referimos a la Encuesta Anual de Hogares 2002 (EAH 2002) relevada por la Dirección General de Estadísticas y Censos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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28
la brecha entre las tasas de disolución de matrimonios y uniones se incremente a más de cuatro entre las
generaciones más jóvenes (Santillán y Street, 2005).
La disolución de una unión conyugal (ya sea consensual o matrimonial) conlleva cambios
importantes para los actores involucrados en la relación, aún cuando la ruptura no se produzca en
un entorno extremadamente conflictivo. Las mujeres, quienes en la mayoría de los casos
permanecen residiendo con sus hijos son quienes tienen que incrementar sus cargas de trabajo
cotidiano (tanto remunerado como no remunerado). Ya sea que deban integrarse o reinsertarse al
mundo laboral, o que deban aumentar la dedicación horaria en sus empleos la carga de trabajo
aumenta en forma significativa, particularmente entre aquellas con escasa educación formal, con
hijos (Raimondi, 2005). Estas mujeres se constituyen luego de la separación en jefas de hogares
monoparentales o alternativamente pasan a residir en hogares extendidos de modo de poder
afrontar las nuevas demandas.
Si bien no existen numerosos trabajos en América Latina, las escasas evidencias apuntan a
que la contribución económica de los padres hacia sus hijos a posteriori de una ruptura de una
unión o matrimonio es muy limitada (Castro, 2002). Para el caso uruguayo, por ejemplo, Bucheli
(2003) estimó que el 60% de los menores de 21 años que ya no conviven con su padre no ha
recibido transferencias económicas luego de la ruptura. Un estudio actualmente en curso realizado
por Binstock encuentra resultados similares en base a una encuesta en zonas urbanas de Argentina
realizada en el año 2008. Sólo la mitad de los menores de 18 años que no convivían con su padre
recibían manutención económica de forma regular. El resto, de acuerdo al reporte de la madre
nunca lo hace o muy de vez en cuando. Asimismo, casi cuatro de diez ve al padre al menos dos
veces a la semana, y un 15 por ciento adicional una vez. Contrariamente, un cuarto de los menores
sólo se encuentra con el padre unas pocas veces al año o prácticamente nunca lo ve
14
.
A pesar de las dificultades con las que se encuentran muchas mujeres luego de la separación,
el terminar con relaciones amorosas insatisfactorias produce en muchos casos un alto grado de
bienestar emocional. Si bien con frecuencia las mujeres declaran que la separación implicó para
ellas el tener que cambiar de residencia, incrementar su carga laboral, adoptar nuevas
responsabilidades, y disminuir significativamente su nivel económico, no necesariamente evalúan
que su vida haya empeorado en otros aspectos o manifiestan estar disconformes (Raimondi, 2005;
Bucheli y otros, 2002).
En este mismo sentido, de acuerdo a Geldstein resultados de distintas investigaciones
cualitativas basadas en historias de vida o trayectorias maritales de mujeres jefas de hogares pobres
concluyen que los hogares monoparentales a cargo de una madre sola constituyen entornos más
propicios para una socialización sana de los hijos que la convivencia en una familia formalmente
completa, pero en la que el padre no contribuye al presupuesto familiar, no se involucra en el
cuidado de los hijos, y en la que incluso los niños pueden ser víctimas o testigos de violencia
doméstica (Geldstein, 1994, 2001). Asimismo, se argumenta que la madre suele asignar una mayor
proporción del presupuesto familiar a gastos vinculados al bienestar de los hijos cuando es ella
quien controla los recursos económicos del hogar (Chant, 1997).
Las trayectorias conyugales una vez disuelto un matrimonio o unión no han sido extensamente
estudiadas en América Latina, fundamentalmente dada la escasez de datos para hacerlo. En efecto, los
censos y encuestas de hogares no proveen información suficiente que pueda distinguir las trayectorias
conyugales de los individuos, ni el orden de unión, ni la filiación de los hijos que residen en los hogares.
A medida que las uniones se disuelven con más frecuencia por decisión de los miembros de la pareja el
riesgo de formar sucesivas familias aumenta. Asimismo, dado que las disoluciones ocurren a duraciones
14
Nos referimos a la Encuesta Anual de Hogares 2002 (EAH 2002) relevada por la Dirección General de Estadísticas y Censos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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29
más tempranas, es de esperar que las familias reconstituidas incluyan hijos pequeños. En la medida que
las trayectorias conyugales y parentales se vuelven más complejas se requiere para el estudio de la
situación y bienestar familiar de datos específicos que contemplen el amplio abanico de arreglos
conyugales y familiares a largo de la vida.
Un estudio sobre las trayectorias conyugales en Montevideo indica que al menos más de la mitad
de las mujeres que disuelven su matrimonio o unión vuelven a formar una pareja dentro de los primeros
cuatro años a posteriori de la disolución. La celeridad en la formación de un nuevo núcleo conyugal
depende de la edad y nivel educativo de la mujer. Cuanto más joven y menor su nivel de instrucción
forman más rápidamente una nueva unión (Bucheli y otros, 2002). Contrariamente a lo esperado, la
condición de maternidad, en cambio, pareciera no hacer diferencia en la probabilidad de formar una
nueva pareja. La convivencia consensual aparece como la modalidad generalizada a través de la cual se
forman uniones de segundo orden. Similares resultados fueron obtenidos para Buenos Aires, aunque en
este caso la condición de maternidad significativamente reduce las chances de la formación de una
subsiguiente unión hogar (Santillán y Street, 2005).
D. Arreglos residenciales de niños, niñas y adolescentes
Los cambios en las pautas de formación y disolución familiar y en los estilos del vivir en familia han tenido
un impacto en los contextos residenciales en los que niños, niñas y adolescentes crecen y se desarrollan. En
la última década prácticamente en todos los países de la región aumentó la proporción de menores de quince
años que residen en hogares con jefa mujer. Las únicas excepciones la constituyen Guatemala, Honduras, y
la República Dominicana, países donde dicha proporción no se alteró o levemente descendió.
En efecto, el año 2005, entre un quinto y más de un tercio de todos los niños y niñas
latinoamericanos de hasta 14 años de edad viven en hogares cuyo jefe es una mujer (Cuadro 8).
Esto es un hecho significativo desde el punto de vista de las políticas públicas destinadas tanto a la
pobreza como aquellas que tienden a promover la mejor inserción de la mujer en los mercados de
trabajo. Los hogares con jefatura femenina son en su mayoría hogares monoparentales, y por ende
tienen a su cargo las responsabilidades productivas y reproductivas. Por otra parte en general la
incidencia de la pobreza es mayor en los hogares con jefatura femenina.
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147 Familias latinoamericanas en transformación: desafíos y demandas para la acción pública
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CUADRO 8
PORCENTAJE DE NIÑOS Y DE NIÑAS ENTRE 0 Y 14 AÑOS DE EDAD
QUE VIVEN EN HOGARES CON JEFA MUJER, ÁREAS URBANAS. 1994-2005
% niños en hogares con jefa mujer
Varones Mujeres
País
Circa 1994 Circa 2005 Circa 1994 Circa 2005
Argentina
18,3 26,4 18,1 26,3
Bolivia (Estado Plur. de)
17,6 20,8 15,1 21,5
Brasil
19,3 26,6 19,4 27,1
Chile
18,4 21,1 18,5 21,3
Colombia
23,2 29,0 24,9 29,6
Costa Rica
24,0 25,8 26,0 29,2
Ecuador
16,4 19,4 15,9 19,7
El Salvador
25,9 34,7 26,9 32,5
Guatemala
21,4 15,5 21,3 16,7
Honduras
27,3 28,0 28,8 28,8
México
12,5 19,8 13,7 19,2
Nicaragua
32,1 37,8 33,4 37,1
Panamá
22,8 28,3 23,7 28,2
Paraguay
22,5 28,4 20,7 30,5
Perú
17,8 19,3 18,0 20,3
Uruguay
19,6 26,5 20,8 26,0
Venezuela (Rep. Bol. de)
26,3 33,0 26,7 32,6
Fuente: CEPAL, Base de datos online CEPALSTAT, Estadísticas de Género.
(http://www.eclac.org/estadisticas/bases/), febrero de 2009.
E. Estructura y tamaño de los hogares
Una de las manifestaciones de los cambios en las pautas de formación y disolución familiar es la
coexistencia de diversas formas de organización y convivencia de las familias. El modelo
predominante en los albores del siglo XXI continuaba siendo el nuclear biparental, el que
representa entre el 43 y 60 por ciento de los hogares en los países de la región, proporción que
disminuyó –aunque levemente– durante la última década. Sin embargo, debe considerarse que la
clasificación de hogar nuclear biparental engloba realidades y organizaciones familiares
heterogéneas dado que incluye tanto a un hogar conformado por una pareja con hijos de ambos
padres, como también familias ensambladas o reconstituidas. Como se especificara en la sección
anterior, es de esperar que en un contexto de uniones conyugales más frágiles, en donde las
separaciones y los divorcios no sólo son más frecuentes sino también ocurren más
tempranamente en el curso de la relación, se entablen uniones y matrimonios de segundo o
ulterior orden. Por lo tanto, es altamente probable que la composición de las familias nucleares
biparentales hayan cambiado, incrementándose (en un porcentaje que hoy no es posible
determinar) la participación de familias ensambladas
15
.
Una consecuencia de la mayor inestabilidad conyugal se observa en el incremento de los
hogares nucleares monoparentales. En su mayoría estos hogares están a cargo de una mujer, dado
que es la madre la que suele quedarse residiendo junto a sus hijos. Como se aprecia en el Cuadro 9,
15
Una de las excepciones la constituye el trabajo de Street (2007) para las áreas urbanas en Argentina donde estima que una de cada
diez familias nucleares biparentales es ensamblada. Las familias ensambladas son algo más frecuentes entre los hogares de ingresos
más bajos, siendo más frecuente que convivan en una unión consensual en lugar de una legal.
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147 Familias latinoamericanas en transformación: desafíos y demandas para la acción pública
31
en la región aproximadamente uno de cada diez hogares tiene estas características, aunque en
algunos países como El Salvador, Costa Rica y República Dominicana supera el 13%.
Los hogares extendidos continúan vigentes como arreglo familiar y su representación varía entre
el 20% en Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, hasta más del 40% de los hogares en Nicaragua y
Honduras. Es muy posible que estos tipos de hogares, que expresan la necesidad de las familias de
compartir y distribuir recursos económicos y de cuidado, integren también núcleos secundarios, aunque
lamentablemente muchas veces la información no permite reconstruirlos. Asimismo, y en ciertos
contextos residenciales ponen al descubierto la problemática del acceso en la vivienda, vedada para
vastos sectores sociales de la región. Una manera de ponerlo de manifiesto sería asociando ambos tipos
de características, es decir, en qué medida factores tales como el hacinamiento crítico y la calidad de la
vivienda guardan relación con la proporción de hogares extendidos.
El peso relativo de los hogares unipersonales varía en forma significativa entre países de la
región, aunque más como producto de las diferencias en las estructuras por edad entre los países
que debido a pautas residenciales diferentes
16
. En Uruguay y Argentina, países con población
significativamente más envejecida, el porcentaje de hogares unipersonales supera al de los hogares
monoparentales y se sitúa en torno al 17%. Contrariamente, países con una fecundidad aún elevada
o en los que ha descendido recientemente la proporción es significativamente más baja (por
ejemplo Nicaragua, Honduras Guatemala).
CUADRO 9
DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE HOGAR, ÁREAS URBANAS. CIRCA 1995 Y 2005
Circa 1995 Circa 2005
País Unipersonal Nuclear
Biparental Nuclear
Monoparental Extenso y
compuesto Unipersonal Nuclear
Biparental Nuclear
Monoparental Extenso y
compuesto
Argentina 14,0 57,8 8,8 19,5 16,4 52,7 11,6 19,3
Bolivia
(Estado
Plur. de) 7,4 60,8 10,5 21,3 8,7 57,4 12,5 21,4
Brasil 8,6 59,9 10,1 21,4 10,8 56,4 12,0 20,8
Chile 8,0 55,3 8,8 27,9 8,7 53,2 9,9 28,3
Colombia 5,0 53,7 10,8 30,6 8,3 46,6 12,1 33,0
Costa Rica 5,8 57,5 12,6 24,1 8,5 53,8 14,0 23,7
Ecuador 6,3 54,9 9,1 29,7 8,1 49,1 11,3 31,5
El Salvador 6,1 43,6 11,4 38,9 9,3 43,4 13,0 34,3
Honduras 3,4 48,3 9,9 38,4 5,0 42,3 11,2 41,5
México 6,0 62,6 8,2 23,2 8,7 55,6 10,3 25,4
Nicaragua 5,0 43,6 11,1 40,3 4,2 41,9 11,5 42,4
Panamá 7,9 48,0 11,7 32,4 10,6 46,2 12,7 30,5
Paraguay 7,8 46,7 8,2 37,3 8,4 47,0 10,0 34,6
Uruguay 15,2 54,2 8,7 21,9 18,3 50,2 10,8 20,8
Fuente: CEPAL, Base de datos online CEPALSTAT, (Estadísticas de Género. www.eclac.org/estadisticas/bases/), febrero
de 2009.
La información sobre los cambios en los tipos de hogares de acuerdo a los quintiles de
ingreso muestra que entre los hogares más ricos aumentan la presencia relativa de los hogares
16
Dadas las marcadas diferencias en los perfiles etéreos entre los países, sería recomendable que las comparaciones regionales sobre
los tipos de hogar fueran estandarizadas por la edad de la persona que ejerce la jefatura de hogar, de modo de poder disipar los
cambios por efecto de composición demográfica.
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32
unipersonales y en concomitancia descienden los nucleares biparentales. En cambio, entre los
hogares más pobres la tendencia en menos homogénea a lo largo de todos los países. En la mayoría
si bien disminuye la proporción de los nucleares biparentales, esto se da en algunos países a
expensas del incremento de los monoparentales mientras en que en otros por la mayor relevancia de
los extensos o compuestos.
Los cambios demográficos, particularmente el descenso de la fecundidad y el proceso de
envejecimiento de la población como así también el incremento de la disolución conyugal tienen como
consecuencia una reducción en el tamaño medio de los hogares en todos los países de América Latina
(ver Cuadro 10). Sin embargo, los vínculos entre nivel socioeconómico del hogar y tamaño continúan
siendo significativos: en todos los países el tamaño medio de los hogares en el quintil de ingresos más
alto es significativamente inferior que en el más bajo y la brecha se ha mantenido.
CUADRO 10
NÚMERO MEDIO DE PERSONAS POR HOGAR, POR QUINTIL DE INGRESO DE HOGAR,
ÁREAS URBANAS. 1990-2005
País Año Quintiles
Total 1 2 3 4 5
Argentina 1990 3,4 4,5 3,2 3,5 3,2 2,8
2005 3,3 4,6 3,6 3,1 2,8 2,5
Brasil 1990 4,0 4,8 4,3 4,0 3,7 3,2
2005 3,4 4,4 3,8 3,1 3,0 2,7
Chile 1990 4,0 4,8 4,4 4,1 3,6 3,4
2000 3,8 4,7 4,3 3,8 3,3 3,0
Colombia 1990 4,4 5,1 4,8 4,5 4,0 3,4
2005 3,8 4,5 4,3 4,0 3,5 2,8
Costa Rica 1990 4,2 4,7 4,7 4,2 4,1 3,3
2005 3,7 4,1 4,2 3,9 3,6 2,9
Ecuador 1990 4,7 5,3 5,2 4,8 4,3 3,7
2005 4,1 4,9 4,6 4,2 3,7 3,1
Guatemala 1990 4,5 5,2 4,8 4,5 4,2 3,8
2000 4,6 5,6 5,2 4,7 4,0 3,5
México 2000 5,0 5,0 4,3 4,0 3,5 3,1
2005 3,9 4,9 4,3 3,8 3,4 2,9
Paraguay 1990 4,7 5,7 5,3 4,8 4,0 3,6
2005 4,1 5,1 4,6 4,0 3,6 3,1
República Dominicana 2000 3,9 4,2 4,4 4,1 3,6 3,4
2005 3,8 4,2 4,1 3,9 3,6 3,1
Uruguay 1990 3,3 4,5 3,5 3,1 2,8 2,4
2005 3,0 4,4 3,2 2,7 2,3 2,1
Venezuela (Rep. Bol. de) 1990 5,0 5,8 5,5 5,1 4,6 3,8
2005 4,3 4,8 4,9 4,5 4,0 3,4
Fuente: CEPAL, Base de datos online CEPALSTAT, Estadísticas de Población.
(http://www.eclac.org/estadisticas/bases/), febrero de 2009.
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147 Familias latinoamericanas en transformación: desafíos y demandas para la acción pública
33
IV. Las dinámicas internas:
tiempos de trabajo y funciones
de cuidado
En esta sección se vira la atención a los cambios ocurridos en las
dinámicas internas de las familias como producto de procesos sociales más
amplios. Se destacan el incremento de la participación económica
femenina y el resquebrajamiento del modelo de varón proveedor único. En
función de estos cambios se reseña cómo las familias resuelven las
cuestiones de cuidado en contextos de una tradicional división de roles y
una escasa provisión de apoyos institucionales y las principales tensiones
que de ello se deriva.
A. La participación de las mujeres en el
mercado de trabajo
Uno de los hechos más significativos en torno a las transformaciones
experimentadas por las familias de la región son los cambios en la
división sexual del trabajo, particularmente la creciente participación
de las mujeres en la producción de bienes y servicios para el mercado.
El ritmo de crecimiento del trabajo extra-doméstico femenino
comenzó a acelerarse durante un período de deterioro profundo en la
creación de empleos de calidad y un aumento del desempleo abierto de
los jefes de hogar. Es decir que la crisis y la consecuente mengua en la
capacidad de subsistencia de los hogares en vastos sectores sociales,
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147 Familias latinoamericanas en transformación: desafíos y demandas para la acción pública
34
constituyeron aspectos clave en los modelos explicativos del trabajo extra-doméstico femenino
17
.
En efecto, a lo largo de los noventa, el incremento en los niveles de desempleo en la región y
de inestabilidad económica en los hogares impulsó a que muchas mujeres se incorporaran a la
fuerza laboral (Wainerman 2002; Cerrutti, 2000). Asimismo, la reestructuración productiva y los
procesos de globalización de la producción ampliaron la demanda de trabajo femenino tanto en el
sector terciario como en el secundario en varios países del continente (Ariza y Oliveira, 2002, Rico
y Marco, 2006).
La realidad de los mercados de trabajo y los ingresos muestran que resulta prácticamente
inviable, desde un punto de vista económico, que un hogar pueda sostenerse a lo largo del tiempo
con el único aporte del jefe de familia. El salario familiar, como tal, ha ido prácticamente
desapareciendo y la contribución de las cónyuges en el bienestar económico de los hogares es hoy
en día indiscutido. Muestra clara de ello es que, como se verá más adelante, la incidencia de la
pobreza en hogares con doble proveedor es más baja que en los hogares en los que la mujer no
contribuye con ingresos al hogar.
Si bien la difícil situación económica fue un motor significativo en la decisión de las mujeres
de participar en el mercado de trabajo es innegable que también estuvo influenciada por un
conjunto de aspectos sociales, institucionales y culturales. Tal como se sostenía varias décadas
atrás, el incremento en la participación económica femenina en los países de la región se asocia
también a procesos más amplios de modernización social (ver Recchini de Lattes, 1980 para el caso
argentino). El mejoramiento en los perfiles educativos de las mujeres ha redundado en las
posibilidades de acceder a un espectro más variado de ocupaciones y posiciones ocupacionales más
gratificantes y como sostiene Wainerman (1979) en un trabajo pionero sobre trabajo femenino,
educación y familia, “una mayor exposición a la educación formal habitualmente incrementa las
aspiraciones económicas, contribuye a redefinir el gustos por las tareas inherentes al desempeño
del rol doméstico y a modificar la posición de las mujeres dentro de la estructura familiar” (p.511).
En este sentido, la ampliación de la cobertura educativa en la región es sin duda un hecho
promisorio. Entre 1990 y 2006, la tasa de asistencia escolar ha crecido de manera significativa, aún
en los quintiles más bajos de ingresos per cápita del hogar y en las edades entre 20 y 24 años
18
. Esta
mejora en los niveles educativos se manifiesta no sólo en términos absolutos sino también en las
brechas de género. De acuerdo a estimaciones de la UNESCO y para todos los países para los que
se cuenta con información, con la excepción de Chile y de México, hoy en día las mujeres superan
en número a los varones en la educación terciaria (universitaria y no universitaria)
19
.
Sin embargo, en la decisión de las mujeres de trabajar se ponen también en juego las
dificultades para compatibilizar dicha participación con las tareas de cuidado en el seno de sus
familias, las restricciones para acceder a determinados empleos (y el nivel de ingresos ofrecidos en
los empleos disponibles) y los potenciales conflictos familiares que se derivan de dicha
participación. Bajo estas circunstancias, hoy en día son más las mujeres que trabajan fuera del
hogar que quienes lo hacen exclusivamente dentro. Las estadísticas lo reflejan claramente: mientras
en 1990 el 38.2% de las mujeres de 15 años y más formaban parte de la fuerza de trabajo, en el año
17
Utilizando datos longitudinales correspondientes a los hogares del Area Metropolitana de Buenos Aires durante el primer
quinquenio de los años noventa, Cerrutti (2000) puso en evidencia mediante el empleo de modelos estadísticos que la inestabilidad
laboral del varón jefe de familia (es decir la pérdida de empleo y entrada al desempleo), incrementaba de modo significativo la
probabilidad de las cónyuges de incorporarse a la fuerza de trabajo.
18
Se refiere a las áreas urbanas de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras y la República Bolivariana de Venezuela. La única
excepción la constituye Ecuador, país en el que la tasa de asistencia de las mujeres de 20 a 24 años sólo se incrementa en los
quintiles más privilegiados (en base a datos de CEPAL, CEPALSTAT, sobre asistencia escolar femenina en áreas urbanas por
grupos de edad y quintiles de ingresos).
19
En algunos países las diferencias a favor de las mujeres es notable, como por ejemplo en el caso de Uruguay (1.84), Argentina (1.55)
y la República Bolivariana de Venezuela (1.46).
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147 Familias latinoamericanas en transformación: desafíos y demandas para la acción pública
35
2005 pasaron a constituir el 50.6% es decir crecieron en más de 30%. Este crecimiento tuvo lugar
en todos los países de la región sin excepción (ver Gráfico 4). Asimismo, se detecta una tendencia a
la convergencia entre países, ya que la dispersión en los niveles de actividad de las mujeres ha ido
disminuyendo a lo largo del tiempo. Para el año 2010 se proyecta que el rango de variación en los
niveles de actividad femenina oscilará entre un 40% y algo más de un 60%.
GRÁFICO 4
TASAS DE ACTIVIDAD DE LAS MUJERES DE 15 AÑOS, ÁREAS URBANAS.
1990, 2000 Y 2010
0
10
20
30
40
50
60
70
Argentina
Bolivia (Estado Plur. de )
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Dominican Republic
Uruguay
Venezuela (Rep. Bol. de)
América Latina
Tasas de actividad
1990 2000 2010
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2007.
El aumento en las tasas de actividad femenina fue de mayor intensidad en el caso de las
mujeres en edades adultas jóvenes y centrales. A pesar de su heterogeneidad social, económica y
cultural, se detecta una homogeneización en los niveles de participación económica entre los países
de la región. En el 2006 en áreas urbanas, alrededor del 65% de las mujeres entre 25 y 44 años
forma parte de la fuerza de trabajo (CEPAL, 2007) y en la mitad de los países más del 70% de las
mujeres entre los 35 y los 44 es económicamente activa (ver Cuadro 11). A pesar de ello aún
predomina la idea de que las mujeres son mano de obra secundaria o que su trabajo extradoméstico
constituye sólo una ayuda para los presupuestos familiares.
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147 Familias latinoamericanas en transformación: desafíos y demandas para la acción pública
36
CUADRO 11
TASAS DE ACTIVIDAD FEMENINA ESPECÍFICAS POR EDAD,
ÁREAS URBANAS. CIRCA 2006
Países GRUPOS DE EDAD
15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 y más
Argentina 38,4 67,0 69,9 61,8 18,0
Bolivia (Estado Plur. de) 41,1 68,1 76,0 71,1 39,6
Brazil 56,7 72,9 72,6 56,2 16,2
Chile 30,6 64,2 61,8 54,8 16,4
Colombia 46,2 74,7 73,3 57,2 16,7
Costa Rica 39,5 66,2 65,3 49,7 11,7
Ecuador 45,0 68,4 68,5 62,9 34,6
El Salvador 36,1 67,0 70,5 56,6 22,3
Guatemala 41,5 62,0 60,8 59,0 27,6
Honduras 37,1 62,2 65,2 54,0 23,9
México 40,1 62,9 65,2 56,8 21,5
Nicaragua 36,1 63,9 71,0 60,5 24,0
Panamá 37,2 67,1 68,1 58,0 11,8
Paraguay 49,8 71,8 74,3 63,4 31,3
Perú 47,3 65,4 71,0 58,9 26,0
República Dominicana 45,7 73,0 73,1 54,0 14,7
Uruguay 45,8 76,1 77,3 67,5 12,8
Venezuela (Rep. Bol. de)
33,1 64,5 69,9 58,8 20,4
Fuente: CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2007.
Esta elevada participación evidencia a las claras que el modelo de hogar sostenido por un
único proveedor varón ha continuado resquebrajándose y que hoy en día sólo representa a una
minoría de los hogares. Sin embargo los prejuicios en torno al trabajo femenino aún permean las
prácticas y expectativas sociales en torno al rol esperado de la mujer, particularmente respecto a las
responsabilidades de cuidado de los hijos y del hogar, promoviendo su discriminación en el
mercado de trabajo. La idea de una madre trabajadora, como se verá más adelante, continúa siendo
omitida en el diseño de políticas destinadas a la familia y los apoyos institucionales son escasos.
El Cuadro 12 muestra que tanto en el conjunto de las mujeres como entre quienes se declaran
como cónyuges, la proporción de quienes sólo se dedican a los quehaceres domésticos ha
disminuido de manera notable entre 1994 y 2005 y muy probablemente haya continuado
disminuyendo. Este es un fenómeno extendido a lo largo de todos los países de América Latina,
salvo unas pocas excepciones (como es el caso de Uruguay, el país con las más baja proporción de
mujeres dedicadas sólo a las labores domesticas). Es muy probable que los hogares con proveedor
único varón no constituyan en la actualidad modelos familiares estables que perduren a lo largo del
tiempo, sino más bien sólo por períodos acotados, particularmente cuando las demandas de cuidado
son más intensas, es decir cuando los hijos son pequeños.
En efecto, como lo muestra el Cuadro 12 la dedicación exclusiva de las mujeres a las labores
domésticas ha disminuido tanto entre quienes no tienen hijos en el hogar como entre aquellas que
son madres. Aún así, continúan siendo las cónyuges con al menos dos hijos quienes tienen las
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147 Familias latinoamericanas en transformación: desafíos y demandas para la acción pública
37
probabilidades más elevadas de sólo dedicarse a labores domésticas. Nuevamente, se detecta una
tendencia a la convergencia entre países
20
.
Vale la pena mencionar que el vínculo entre domesticidad, presencia de pareja en el hogar y
número de hijos en áreas urbanas no guarda una relación directa ni con el nivel de desarrollo
humano de los países ni específicamente con aspectos generales vinculados a la igualdad de
género
21
. El Cuadro 12, que presenta a los países ordenados de acuerdo al Indice de Desarrollo de
Género estimado para el año 2005 (UNPD, 2007/2008) lo pone en evidencia. En otras palabras,
pareciera que los cambios en la división del trabajo por género en el hogar, particularmente en lo
que respecta al trabajo de la mujer (doméstico y extradoméstico) tienen un carácter extendido y van
más allá de las diferencias entre los países
22
.
Resulta innegable, por lo tanto, que las sociedades latinoamericanas (particularmente en las
áreas urbanas) se han ido transformando y que hoy en día el trabajo extra-doméstico de mujeres
con hijos predomina por sobre el exclusivamente doméstico. Sin embargo, el proceso no ha venido
acompañado ni por un cambio muy significativo en las relaciones de género como tampoco en las
instituciones que deben facilitar y contribuir a legitimizar el trabajo femenino extra-doméstico.
Como se verá más adelante, la ruptura del modelo tradicional sólo ha implicado para muchas
mujeres la extensión de su carga de trabajo cotidiana.
20
Así, por ejemplo, si el rango de variación mínimo y máximo de participación doméstica exclusiva de mujeres cónyuges con dos
hijos o más era en 1994 entre 35% (en Uruguay) y 74% (en Costa Rica) once años más tarde pasa a ser entre 40% (en Uruguay) y
57% (en Panamá).
21
Este resultado sugiere la relevancia de otras variables a nivel micro social para dar cuenta de la probabilidad diferencial de las
mujeres de dedicarse en forma exclusiva a tareas domésticas.
22
Cabe mencionar que dado que la información presentada no controla por la edad de las mujeres, es de esperar que el promedio de
edad de aquellas con dos o más hijos sea significativamente superior a de las mujeres sin hijos o con uno sólo. Por ende, parte de las
diferencias en la probabilidad de las mujeres de sólo dedicarse a labores domésticas se deba a un efecto de composición.
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38
CUADRO 12
PORCENTAJE DE MUJERES DEDICADAS EN FORMA EXCLUSIVA A LOS QUEHACERES
DOMÉSTICOS, POR NÚMERO DE HIJOS, ÁREAS URBANAS. 1994-2005
Países y año Mujeres total Conyugues
IDG
a
Sin hijos Sólo uno Dos y más Sin hijos Sólo uno Dos y más
Argentina 1994 27,3 38,6 50,6 51,6 55,0 64,2
2005 0.865 19,7 29,6 38,0 39,6 42,8 50,7
Cambio relativo (%) 27,8 23,3 24,9 23,3 22,2 21,0
Chile 1994 36,4 45,8 51,8 59,6 63,8 68,6
2005 0.859 27,8 33,2 33,9 48,8 49,1 50,0
Cambio relativo (%) 23,6 27,5 34,6 18,1 23,0 27,1
Uruguay 1994 0.849 14,4 22,5 27,1 27,6 30,2 34,6
2005 13,1 23,4 30,6 26,0 32,0 39,8
Cambio relativo (%) 9,0 -4,0 -12,9 5,8 -6,0 -15,0
Costa Rica 1994 36,0 44,2 56,4 58,2 61,5 74,1
2005 0.842 26,2 33,1 42,0 47,2 46,6 54,5
Cambio relativo (%) 27,2 25,1 25,5 18,9 24,2 26,5
México 1994 38,9 50,7 62,1 63,7 65,3 73,6
2005 0.820 32,8 44,1 53,7 51,0 56,4 65,0
Cambio relativo (%) 15,7 13,0 13,5 19,9 13,6 11,7
Panamá 1994 28,2 31,6 45,7 48,1 48,0 62,0
2005 0.810 21,3 28,9 42,3 36,1 42,0 56,5
Cambio relativo (%) 24,5 8,5 7,4 24,9 12,5 8,9
Venezuela (Rep. Bol. de) 1994 42,1 47,1 56,1 62,1 62,0 69,5
2005 0.787 27,2 32,0 41,0 41,3 44,3 53,4
Cambio relativo (%) 35,4 32,1 26,9 33,5 28,5 23,2
Colombia 1994 35,1 38,2 42,1 57,1 54,5 57,5
2005 0.789 29,8 30,9 37,1 44,5 42,0 49,6
Cambio relativo (%) 15,1 19,1 11,9 22,1 22,9 13,7
Ecuador 1994 29,3 37,1 43,2 49,4 52,3 56,6
2005 23,9 30,5 37,4 37,9 42,0 48,4
Cambio relativo (%) 18,4 17,8 13,4 23,3 19,7 14,5
Paraguay 1994 26,9 32,8 40,5 45,1 48,9 55,7
2005 0.744 17,7 24,5 32,7 33,5 36,3 44,7
Cambio relativo (%) 34,2 25,3 19,3 25,7 25,8 19,7
El Salvador 1994 25,9 34,6 40,4 41,9 48,8 56,2
2005 0.726 25,3 34,7 40,4 38,6 44,7 51,8
Cambio relativo (%) 2,3 -0,3 0,0 7,9 8,4 7,8
Nicaragua 1994 23,8 32,1 40,2 44,0 49,1 55,3
2005 0.696 24,6 29,4 35,7 42,3 43,6 50,6
Cambio relativo (%) -3,4 8,4 11,2 3,9 11,2 8,5
Honduras 1994 33,0 41,9 48,5 51,0 58,8 64,5
2005 0.694 24,3 31,1 38,7 40,4 45,1 52,7
Cambio relativo (%) 26,4 25,8 20,2 20,8 23,3 18,3
Bolivia (Estado Plur. de) 1994 20.,7 30,2 38,4 41,0 46,6 49,6
2005 0.691 17,0 23,2 33,1 30,7 34,0 44,4
Cambio relativo (%) 17,9 23,2 13,8 25,1 27,0 10,5
Fuente: CEPAL, Base de datos online CEPALSTAT, Estadísticas de Género.
(http://www.eclac.org/estadisticas/bases/), febrero de 2009.
a
Índice de Desarrollo Humano relativo al género
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147 Familias latinoamericanas en transformación: desafíos y demandas para la acción pública
39
En casi todos los países, entre las mujeres cónyuges la tenencia de sólo un hijo pequeño no
incrementa en forma significativa su propensión a dedicarse en forma exclusiva a las labores
domésticas respecto a la de quienes no tienen hijos pequeños. Sin embargo, la situación es diferente
ante la presencia de al menos dos hijos pequeños en el hogar. Cuando esto ocurre, condiciona más
fuertemente la participación exclusiva de las mujeres en labores domésticas, aunque con marcadas
diferencias entre países
23
. Las razones de ello son complejas, ya que al igual de lo que ocurre en el
caso del trabajo remunerado de la mujer, son múltiples los factores que contribuyen a moldear
dichos comportamientos. En efecto, la influencia de la situación socioeconómica, familiar y
subjetiva queda sin duda oculta en los indicadores agregados. Así, por ejemplo, el número de hijos
pequeños en el hogar se asocia tanto al ciclo de vida, como a los alcances educativos de la madre y
al nivel socioeconómico del hogar. Mujeres casadas o unidas de niveles socioeconómicos más
bajos son, por un lado, más probables de tener un número mayor de niños, contar con perfiles
educativos más bajos y tener una participación más limitada en el mercado de trabajo.
Lamentablemente, excede al alcance de este trabajo la realización de un análisis estadístico
multivariado comparativos entre países que permita desentrañar el efecto neto de cada uno de los
rasgos relevantes, en particular del número de hijos pequeños, en la propensión de las mujeres a
dedicarse sólo a labores hogareñas.
B. Los arreglos laborales de las parejas
A pesar de las transformaciones en su conformación y de su inestabilidad a lo largo del tiempo, los
hogares biparentales con hijos (propios o ajenos) continúan siendo las formas más difundidas de
vivir en familia en América Latina. En efecto para el 2005, el 64% de los hogares nucleares son
biparentales con hijos (Arriagada, 2007). Los cambios más notables en relación a este tipo de hogar
han sido, por un lado y como producto del conjunto de transformaciones señaladas anteriormente,
una reducción relativa en su magnitud y por el otro la transformación en la división sexual del
trabajo en su interior. Como se ha venido mostrando, decrecen de manera significativa la
proporción de hogares con un único proveedor (varón) a la par que aumentan los hogares con
parejas trabajadoras. Arriagada (2007) muestra para la región en su conjunto que en los hogares
biparentales con hijos, la proporción de aquellos en los que la cónyuge trabaja aumentaron del 36%
a casi el 50%, entre 1994 y 2005.
Los impactos del trabajo de la mujer en las dinámicas de los hogares con hijos se encuentran
fuertemente vinculados a la situación de clase de las familias y varían de acuerdo a los contextos
institucionales, concretamente a la forma de organización social de provisión de bienestar. La
pertenencia a distintos sectores sociales establece el grado de acceso a un conjunto de recursos materiales
y simbólicos que afectan las relaciones entre los géneros, el proceso de formación y reproducción de las
familias, y obviamente el tipo y calidad del empleo a los que es posible acceder.
Sin duda la variedad en la oferta, calidad y accesibilidad de servicios que brindan el Estado, el
mercado y la propia comunidad en los distintos contextos nacionales son particularmente relevantes a la
hora de explicar cuanto del trabajo reproductivo y de cuidado es desarrollado por la propia familia y
cómo se distribuye el trabajo dentro y fuera del hogar entre varones y mujeres. Los arreglos
institucionales que contribuyen al bienestar social en cada país han sido denominados de diversos modos
en la literatura. Razavi (2007) señala que más allá de los términos que se empleen -regímenes de
bienestar, triángulo de bienestar, arquitectura de bienestar o diamante de bienestar- estas
conceptualizaciones tienen la virtud de ir más allá del concepto de Estado de Bienestar. Estas
23
En el año 2005 los países en los que se detectaron las mayores distancias en la propensión a desarrollar exclusivamente tareas
hogareñas entre cónyuges sin hijos pequeños y las que tienen al menos dos se observa en Panamá (36.1% vs. 56.5%), seguidas de
cerca por las de Uruguay. Las menores distancias se detectaron en Chile y Colombia. En estos países prácticamente no hay
diferencias en los comportamientos de un grupo de mujeres y del otro.
CEPAL - Serie Políticas sociales N
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147 Familias latinoamericanas en transformación: desafíos y demandas para la acción pública
40
conceptualizaciones acentúan la diversidad de sitios o instancias productoras de bienestar y también
enfatizan el carácter social de la distribución del cuidado, señalando que son las propias sociedades las
que toman decisiones y privilegian ciertas formas de provisión de cuidado sobre otras.
Un punto significativo en contextos caracterizados por un escaso apoyo institucional a las
familias con doble proveedor pasa a ser entonces la manera concreta en cómo se negocian,
resuelven y garantizan las funciones de reproducción biológica y generacional dentro de las propias
familias, particularmente entre los miembros de las parejas. En este sentido, se ha enfatizado desde
un punto de vista tipológico las diversas formas en las que las parejas pueden hacer compatible
tareas productivas y reproductivas de mujeres y varones en los contextos familiares. Razavi (2007)
en su adaptación del trabajo de Lewis (2001) presenta cinco patrones en los que se combinan
básicamente el tiempo de trabajo (completo y parcial para cada uno de los miembros), y el origen
en la provisión de cuidados (la propia mujer, de familiares, y proveniente del estado, mercado o
asociaciones voluntarias). Los tipos que se definen son los siguientes: “varón único proveedor”,
“versión modificada del único proveedor” (el signo distintivo es una participación a tiempo parcial
de las mujeres en actividades económicas remuneradas quienes se hacen mayormente cargo de
tareas de cuidado con alguna ayuda de parientes); “modelo de doble proveedor con sesgo de
género” (ambos miembros trabajan a tiempo completo y las tareas de cuidado son delegadas
principalmente a parientes), “doble proveedor-doble carrera” (ambos trabajan a tiempo parcial y
ambos se hacen cargo de las tareas de cuidado), y finalmente “doble carrera” (ambos trabajan a
tiempo completo y el cuidado se obtiene principalmente en el mercado).
Si bien de gran utilidad, estas tipologías en las que no sólo se distingue la carga de trabajo
remunerado de ellas y ellos sino que se identifica concretamente la fuente de provisión de cuidado
(la propia mujer, estado, mercado, ONGs) no han sido cotejadas empíricamente de manera
sistemática y comparativa en América Latina. Seguramente las encuestas de uso de tiempo
relevadas con metodologías similares permitirán efectuar este tipo de investigaciones comparativas
para la región y vincular los resultados con los sistemas de estratificación y los regímenes
genéricos de bienestar que dominan en cada estado nacional.
Es conveniente sugerir que cualquier uso de este tipo de análisis tipológico con el objeto de
mejorar políticas debe sin duda tomar en cuenta el carácter dinámico de cada uno de los posibles
“estados” que transitan las familias. En efecto, con el transcurrir del tiempo las familias
experimentan transformaciones, algunas esperadas y otras inesperadas que pueden alterar estos
patrones. Estos cambios pueden ocurrir en el devenir del curso de vida familiar (por ejemplo a
partir de la llegada de un hijo, de la separación o divorcio, o de la enfermedad de algun miembro de
la familia) o como producto de ciclos económicos que alteran las oportunidades laborales
disponibles (pérdida de un empleo o la aparición de una oportunidad laboral).
Por otro lado, también es importante tomar en consideración que los patrones que se
establecen dentro de las familias, en general responden a dinámicas que se han forjado a lo largo
del tiempo. En efecto, estudios cualitativos muestran por ejemplo que en algunas familias en las
que tradicionalmente predominó un modelo de proveedor único, un episodio de desocupación
masculina puede por cierto afectar el patrón de actividades de los miembros de las parejas,
promoviendo la entrada de la mujer a la fuerza de trabajo. Sin embargo es muy probable que el
trabajo extradoméstico de la mujer sea realizado en forma esporádica sin trastocar en forma
significativa una división rígida de roles sexuales. Contrariamente, la mayor permanencia de las
mujeres en la fuerza de trabajo contribuye a la adopción de cambios actitudinales con relación a los
roles de género (Huber y Spitze, 1983).
De hecho para comprender las acciones concretas de los miembros de las parejas en el
cumplimiento de las funciones productivas y reproductivas dentro de las familias es necesario
incorporar cabalmente su co-dependencia. Ni la propensión a trabajar, ni las características de la
CEPAL - Serie Políticas sociales N
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147 Familias latinoamericanas en transformación: desafíos y demandas para la acción pública
41
dedicación y del tipo de trabajo que efectúa la mujer (y por ende sus ingresos) se encuentran
desvinculados de la naturaleza y características del trabajo de su cónyuge. Cerrutti (2003) en su
estudio sobre la intermitencia del trabajo femenino en la Ciudad de México y de Buenos Aires
mostró la existencia de arreglos laborales entre miembros de la pareja.
24
Estos arreglos, en general
tácitos, pueden ser la resultante tanto de procesos conflictivos, negociados o de decisiones
coordinadas entre miembros de las parejas. Asimismo, Wainerman y Cerrutti (2001) mostraron
para el Area Metropolitana de Buenos Aires la creciente influencia de la condición de actividad y
del tipo de empleo del jefe de hogar varón en la probabilidad de que las conyugues participen de la
fuerza de trabajo
25
.
Las políticas sociales, en particular las focalizadas y muy especialmente las que procuran
transformar los incentivos y el costo-oportunidad de empleo y cuidado, deben tomar en
consideración la racionalidad, expectativas y valoraciones que guían a los sujetos de modo de
lograr incidir en los comportamientos de la manera más adecuada y esperada. Para promover
cambios actitudinales respecto a la división sexual de género y promover un mayor bienestar en las
familias, las políticas deberán atender no sólo los aspectos vinculados al cuidado actual, sino que
también deben orientarse a la formación futura, es decir a incidir en los procesos de socialización y
formación de las nuevas generaciones.
C. El sistema de género y las funciones de cuidado
Uno de los grandes desafíos que se han impuesto a las familias se vincula a cómo llevan a cabo las
actividades de cuidado, de crianza y domésticas. Se han señalado una serie de cambios tanto demográficos
como socioeconómicos y en las formas de vivir en familia que alteran las condiciones en las que se brindan
los cuidados y los tipos de cuidado. Así, por ejemplo, si bien en la mayoría de los países de la región el
número de niños por hogar se redujo, se han mantenido –como pudo verse- pautas reproductivas signadas
por la desigualdad social y económica, siendo los hogares más pobres aquellos con un mayor número de
infantes que requieren atención. Es también de esperar que el proceso de envejecimiento incremente la
demanda de cuidado familiar en aquellos hogares que no cuentan con los medios y recursos y que el
aumento en el número de hogares monoparentales implique una sobrecarga de trabajo para las jefas, quienes
generalmente se quedan a cargo de los hijos.
Las actividades de cuidado
26
son fundamentales en los procesos de reproducción social y se
vinculan fuertemente al bienestar de las personas y sus familias. La “forma en que la sociedad
aborda los problemas relativos al cuidado tiene importantes consecuencias para la igualdad de
género, ya sea que se aumenten las capacidades y opciones de las mujeres y hombres, o se perpetúe
24
En el caso de parejas de clase media y de clase popular se puso de manifiesto una serie de arreglos laborales. Por ejemplo, el pequeño grupo de
entrevistadas denominadas “trabajadoras estables”, con largas trayectorias en la fuerza de trabajo prácticamente sin interrupciones derivadas de
la vida familiar, tenían esposos dedicados a actividades independientes o con carreras irregulares, típicas del trabajo por cuenta propia en
contextos económicos inestables. Ellas se sienten tan responsables como sus cónyuges del sostenimiento económico del hogar y son las que
proveen un ingreso regular. El “arreglo”, implícito en algunos casos y explícito en otros, consiste en que la estabilidad laboral de las mujeres
“compensa” de algún modo la inestabilidad laboral de sus maridos. Contrariamente, el arreglo laboral típico de trabajadoras intermitentes de
clase media con un bajo compromiso laboral, tienen un cónyuge con empleo estable (en general asalariado con beneficios laborales) con una
escasa participación en labores domésticas o de cuidado.
25
Mediante modelos de regresión logística que predicen la probabilidad de que las cónyuges participen de la fuerza de trabajo se
mostró que entre 1980 y el 2000, fue decreciendo la importancia de variables vinculadas al capital humano y a la fecundidad y
aumentando la relevancia del empleo del jefe para predecir la condición de actividad de las cónyuges. En el año 2000 el desempleo
masculino, o su participación en actividades de tipo informal incrementan las chances de participación de las cónyuges en el
mercado de trabajo.
26
Si bien en general se considera “cuidado” a las labores de cuidado físico y emocional de otras personas y se los distingue del trabajo
doméstico (es decir preparación de comidas, compras, lavado, planchado y limpieza, entre otras); en la práctica ambas labores son
difíciles de discernir, en particular cuando las personas a las que se cuida no están en condiciones de desarrollar las labores
domésticas por si mismas (por ejemplo niños pequeños, ancianos, enfermos).
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147 Familias latinoamericanas en transformación: desafíos y demandas para la acción pública
42
el confinamiento de las mujeres a las funciones tradicionales relacionadas con la feminidad y la
maternidad” (Razavi. 2007, p.vii).
En la actualidad existe en la región un interés creciente por la economía del cuidado.
Posiblemente el aspecto más saliente de esta aproximación sea la conexión entre reproducción
social y género y la revalorización social de las tareas de cuidado en la sociedad. Bajo la
perspectiva de la economía del cuidado, la cuestión de la inequidad de género se hace más
explícitamente extensiva a la reproducción e inequidad social y a las responsabilidades de las
instituciones, fundamentalmente del Estado
27
.
Hoy en día, la mayor carga de las tareas de cuidado continúa recayendo sobre los hombros de
las mujeres aunque la forma como ellas lo resuelven varía en forma significativa de acuerdo a la
clase social, raza o etnia. En este sentido es preciso considerar también estos ejes de inequidad en
los análisis sobre la economía del cuidado
28
.
La relevancia del cuidado (ya sea remunerado o no remunerado) en la reproducción social
demanda sin duda de su cuantificación
29
. Si bien se han realizado esfuerzos por incluir en los
sistemas de cuentas nacionales el trabajo no remunerado, aún hoy se deja de lado la producción de
servicios no remunerados para autoconsumo (en oposición a la producción de bienes para
autoconsumo)
30
. De acuerdo a Razavi (2007), las razones argumentadas para haber dejado fuera de
la contabilidad nacional estas actividades son: que el cuidado no remunerado posee limitadas
repercusiones para el resto de la economía; la dificultad de imputarle un valor monetario, sus
efectos adversos y escasa utilidad en los análisis macroeconómicos.
A pesar de los intentos frustrados por incorporar los servicios no pagos de cuidado a las
cuentas nacionales, se han desarrollado una serie de avances tendientes a estimar con precisión las
contribuciones en tiempo que realizan distintos miembros del hogar a las múltiples tareas de la vida
diaria (incorporando las actividades de cuidado). Las encuestas de uso de tiempo que actualmente
se están desarrollando en varios países de la región, si bien no son nuevas (Araya, 2003) han
cobrado un renovado interés (Milosavljevic y Tacla, 2007). Con variadas metodologías, niveles de
precisión y periodicidad se han desarrollado encuestas de uso de tiempo entre otros países en
Argentina (2005, para la Ciudad de Buenos Aires), Bolivia (2001), Chile (2007), Cuba (1985, 1988
y 1997), Ecuador (2005), Guatemala (2000), México (1996, 1998 y 2002), Nicaragua, (1995-1996)
y Uruguay (2003, para Montevideo).
Estas encuestas ponen al descubierto la asincronía entre las expectativas sociales de las
mujeres y la realidad. Si bien las mujeres han alcanzado una serie de logros en distintos ámbitos de
la vida social, política y económica y cada vez son menos las que adhieren a una concepción
tradicional de roles femeninos y masculinos, la contabilización del uso del tiempo muestra que
trabajan en promedio un mayor número de horas que los varones. Ello se debe fundamentalmente a
que la carga de labores de cuidado y hogareñas no remuneradas recaen más fuertemente sobre ellas
y que, adicionalmente, muchas también participan del trabajo remunerado.
27
Para un detallado análisis de la contribución de las mujeres latinoamericanas a la economía en general y a la protección social
mediante su trabajo no remunerado ver Montaño y Rico (2007).
28
Como claramente lo expresa Razavi (2007) “Históricamente, en una diversa gama de países, las mujeres pertenecientes a grupos
raciales y étnicos desfavorecidos han tendido a proveer servicios de cuidado para satisfacer las necesidades de los grupos sociales
más poderosos, al tiempo que desatienden y colocan en segundo plano sus propios requerimientos de cuidado. De allí que los
análisis de cuidado que falsamente presentan los intereses de las mujeres como un elemento homogéneo resulten sumamente
problemáticos” (2007, p.vii).
29
La discusión en torno a la medición del trabajo doméstico y de cuidado no es nueva a nivel internacional ni específicamente en
América Latina. Sin embargo, hace un par de décadas atrás se vinculaba más a la invisibilidad de la labor de la mujer en actividades
de autoconsumo y para el mercado (Wainerman y Moreno, 1987; Wainerman y Lattes, 1981; Dixon-Mueller y Anker, 1988).
30
Esta decisión implica no contabilizar actividades tales como preparación de comidas, lavado de ropa, limpieza, compras, cuidado de
niños y adultos, servicios no pagos en organizaciones voluntarias.
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A pesar de las diferencias existentes en los instrumentos de recolección y por ende en las
medidas resultantes, los estudios realizados en America Latina acuerdan en señalar la existencia de
una brecha significativa en las horas dedicadas por las mujeres y los varones a las tareas de cuidado
y a las labores domésticas. Por ejemplo, en la Argentina, la Encuesta de Uso del Tiempo relevada
en la Ciudad de Buenos Aires
31
indica que el tiempo simple de trabajo (es decir sin tener en cuenta
el trabajo que es realizado en simultaneidad) es superior entre las mujeres que entre los varones
(Rodríguez Enriquez, 2007)
32
. El mismo estudio muestra que en la ciudad de Montevideo, Uruguay
se detectó una situación muy similar. Al igual que en toda la región, la composición entre trabajo
remunerado y no remunerado es significativamente diferente. Las mujeres dedican casi dos tercios
del tiempo total trabajado a actividades domésticas y de cuidado sin remuneración mientras que sus
pares varones dedican menos de un tercio
33
.
Otro hallazgo en el que coinciden los estudios es que el promedio de horas dedicadas a
labores domésticas es superior al que se dedica a actividades de cuidado de los niños, aunque entre
los varones se observa el patrón opuesto
34
.
Un resultado indicativo de que la división tradicional de roles y tareas dentro de las familias
se manifiesta en que cuando las personas viven solas, no existen diferencias significativas por sexo
en el número de horas dedicadas al trabajo no remunerado. Sin embargo, cuando están en pareja la
carga de trabajo no remunerado recae fundamentalmente en las mujeres, en particular si ellas
también trabajan en forma remunerada. Llamativamente, a medida que aumenta el número de niños
presentes en el hogar las horas promedio que las mujeres dedican a actividades no remuneradas se
incrementan, lo que no ocurre entre los varones
35
.
En el Estado Plurinacional de Bolivia
36
, México (Encuesta Nacional de Uso de Tiempo,
ENUT, 2002)
37
y Chile (Uso del Tiempo en el Gran Santiago)
38
encontraron también patrones
similares en cuanto a la mayor carga de trabajo de las mujeres. Sin embargo para el primer país,
también se detectó si bien el género es muy significativo para explicar las diferencias en los
tiempos dedicados al trabajo no remunerado y al remunerado, no lo es tanto para dar cuenta de los
tiempos totales dedicados al trabajo Medeiros, Osorio y Costa, 2007). La inequidad en los tiempos
totales de trabajo se explica más por desigualdades dentro de cada grupo (mujeres y varones) que
entre ellos. En otras palabras, la posición de clase y la composición demográfica de las familias son
más significativos para explicar esta inequidad.
31
Encuesta relevada en el 2005 por la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
32
Asimismo muestra que en la población entre 15 y 74 años, en comparación con los varones, las mujeres dedican en promedio 3
horas al trabajo doméstico en el propio hogar, prácticamente una hora al cuidado de niños y adultos y 2:15 hs. al trabajo para el
mercado. Ellos dedican en promedio 5:14 al trabajo para el mercado, poco más de una hora al trabajo doméstico del propio hogar y
menos de media hora (22 minutos) al cuidado de niños y adultos en el propio hogar.
33
Los datos citados por Rodríguez Enrique referidos a Uruguay son extraídos de Aguirre y Batthyány (2005).
34
Aguirre (2005), muestra que en Uruguay el promedio de horas dedicadas a labores domésticas es 3.2 veces superior entre las
mujeres. La dedicación al cuidado de niños es inferior, aunque casi el doble de tiempo del que dispensan los varones.
35
Aguirre (2005) encuentra que mientras en los hogares con solo un niño con mujeres que trabajan en forma remunerada ellas dedican
en promedio 46.7hs. semanales al trabajo no remunerado y ellos 17.7hs., en los hogares con 3 hijos, la dedicación de ellas asciende a
50.9 mientras que la de ellos se reduce en una hora (16.7 horas).
36
En el caso de la población adulta urbana las mujeres también trabajan (tanto en forma no remunerada como remunerada) en
promedio diez horas más a la semana que los varones (Medeiros, Osorio y Costa, 2007).
37
Si bien la tasa de participación en tareas domésticas de los varones es elevada (85%), las horas que les dedican son
significativamente más bajas que las de las mujeres (11.5 vs. 44.9 horas promedio a la semana). Las cónyuges dedican casi 60 horas
semanales a las actividades del hogar. Cuando pertenecen a hogares que transitan la etapa de reemplazo y tienen más de 45 años de
edad las horas disminuyen a 44 horas y si son jefas de hogar dedican menos tiempo a las labores no remuneradas (43.3 horas a la
semana) y más a las remuneradas (INMUJERES, 2003).
38
La carga global de trabajo es de 10.4 horas diarias en el caso de las mujeres (compuestas de 7.5 horas de trabajo remunerado y 2.4
horas de trabajo no remunerado) y de 8.8 horas diarias entre los varones (compuestas por 8 horas de trabajo remunerado y 0.8 de no
remunerado). Datos de del Instituto Nacional de estadísticas de Chile,
http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/noticias/2008/mayo/pdf/presentacion300508.pdf
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Los estudios sobre la participación de los varones en actividades no remuneradas del hogar
acuerdan en tres aspectos generales: en primer lugar, su menor dedicación horaria en comparación
con las mujeres. En segundo lugar, que tienden a participar en cierto tipo de actividades no
remuneradas pero no otras. En este sentido, los varones son algo más proclives a desempeñar tareas
asociadas al cuidado de los hijos que labores domésticas tales como limpiar la casa, lavar y
planchar la ropa, preparar alimentos, etc.
39
Asimismo, las pocas horas dedicadas son destinadas a
“servicios de apoyo” es decir, arreglos en la vivienda, trámites y pago de cuentas, etc. (para el caso
argentino ver Wainerman, 2001 y 2007, y para el mexicano García y Oliveira, 2006).
40
En tercer
lugar, se ha encontrado tanto para el contexto argentino como para el mexicano una discrepancia en
la percepción que tienen ellos (los jefes) y ellas (las esposas). Ellos reportan una mayor
participación de la que reportan ellas.
La mayor “visibilización” del trabajo de la mujer dentro del hogar tiene un alto significado
político, dado que extiende la discusión sobre la equidad de género más allá de los mercados de trabajo e
implica un cambio valorativo de importancia: el intento por otorgar valor social y económico a las
actividades que hasta el presente se han dado como “naturales” de la condición femenina.
D. Trabajo femenino y reducción de la pobreza
A pesar de que en la actualidad las mujeres continúan insertándose de manera segmentada en las estructuras
ocupacionales y obteniendo ingresos inferiores a los varones
41
, los estudios son elocuentes sobre la
relevancia de su aporte en los presupuestos familiares. Así, por ejemplo, estudios econométricos
desarrollados en la Argentina en base a datos longitudinales han mostrado que manteniendo constante una
serie de factores relevantes, la probabilidad de salida de un hogar del estado de pobreza al de no pobre se
incrementa con el aumento en el número de perceptores (particularmente en el paso de uno a dos
perceptores por hogar) (Paz, 2002). Trabajos realizados en otros países con datos análogos llegaron a
conclusiones similares (para Chile ver Aguilar, 2002: para Costa Rica ver Slon y Zúniga, 2006: y para
Brasil ver Zepeda, et al. 2007).
Datos referidos a áreas urbanas de la mayoría de los países de la región también son
indicativos de esta asociación entre el trabajo de las mujeres y el bienestar económico de sus
hogares. En efecto, en hogares biparentales con cónyuges que contribuyen con ingresos a sus
hogares la proporción que cae bajo la línea de pobreza es inferior a la que se observa en hogares en
las que ellas no realizad ninguna contribución (Gráfico 5). En el 2005 la brecha en la incidencia de
la pobreza entre uno y otro tipo de hogar varía entre alrededor de un 40% en los casos de Argentina
y Uruguay y un 25% en la mayoría de los restantes países. En Bolivia, Honduras y Paraguay, -los
tres países con la mayor número relativo de hogares bajo la línea de pobreza- la disminución no
llega a alcanzar el 20%.
39
Para el caso de Ecuador, se mostró que en distintas provincias el tiempo semanal promedio de cuidado de niños y niñas entre las
mujeres es superior en alrededor de tres horas del dispensado por varones (Marco Navarro, 2007). En México, tomando las horas
dedicadas a cada actividad, la de cuidado de niños insume alrededor de 14 horas semanales, mientras que las de cocina y limpieza
unas 30 (INMUJERES, 2003). El mismo estudio muestra para México que las brechas de género más amplias en cuanto a la
dedicación horaria se da en las tareas vinculadas a las de limpieza y cuidado de ropa y aquellas en las que la brecha es menor es en
el cuidado de niños menores. Ellos dedican alrededor de 7.7 horas promedio por semana.
40
En su estudio sobre “Las familias en el México Metropolitano: visiones femeninas y masculinas” García y Oliveira (2006) se
refieren a una serie de estudios con resultados similares.
41
“En el año 2005, la relación entre los ingresos laborales (es decir, todos los ingresos obtenidos por el trabajo) de mujeres y hombres
alcanzaba un 70% en promedio en América Latina, mientras que el ingreso salarial de las mujeres representaba el 87% del de los
varones” (Montaño y Rico, 2007, p. 55). Asimismo, datos de la CEPAL correspondientes al año 2006 para áreas urbanas señalan
que las brechas de ingresos entre mujeres y varones asalariados entre 20 y 49 años que trabajan al menos 35 horas por semana son
siempre en favor de los varones con independencia de los años de escolarización alcanzados para todos los países con información
de América Latina.
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Otra forma de evidenciar esta relación, aunque algo más indirecta es a partir del examen de
la proporción de mujeres que siendo cónyuges no generan ingresos propios en los hogares pobres y
los no pobres. Los mismos datos provenientes de las encuestas de hogares para el año 2005
(CEPALSTAT, Estadísticas de Género) indican que en todos los países de la región sin excepción,
el porcentaje es significativamente superior en los hogares pobres que entre los no pobres. Vale la
pena mencionar que dicho cuadro también pone de manifiesto que entre 1994 y 2005 la proporción
de hogares con cónyuges que contribuyen con ingresos al hogar aumentó tanto entre los hogares
pobres como entre los no pobres.
GRÁFICO 5
MAGNITUD DE LA POBREZA EN HOGARES BIPARENTALES CON Y SIN APORTES
DEL CÓNYUGE AL INGRESO FAMILIAR. AREAS URBANAS, 2005
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Argentina
Bolivia (Estado Plur. de)
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Honduras
México
Panamá
Paraguay
República Dominicana
Uruguay
Venezuela (Rep. Bol. de)
Magnitud de la pobreza en hogares
Sin aporte de cónyuges Con aporte de cónyuges
Fuente: CEPAL, Base de datos online CEPALSTAT, Estadísticas de Género. (http://www.eclac.org/estadisticas/bases/),
febrero de 2009.
Cabe mencionar que son las madres con baja educación, y por ende con mayores chances de
ser pobres, las que tienen tasas de participación laboral más baja. Esto se debe en gran medida a
que ellas ─a diferencia de las que cuentan con mayor capital humano y por ende ingresos─ no
pueden adquirir mercantilmente los servicios de cuidado infantil que les permitiría salir a trabajar
en contextos de escaso apoyo público para el cuidado de los niños.
E. Programas de combate a la pobreza y roles familiares
Desde mediados de la década de los noventa se han implementado diversos programas de transferencias de
ingresos hacia los sectores más pobres en un significativo número de países de América Latina y el Caribe
42
.
Una característica distintiva de estos programas es la de establecer corresponsabilidades con los
42
Al menos 13 países de América Latina han puesto en marcha programas de transferencia condicionada de ingreso (Fonseca, 2006).
Algunos ejemplos de estos programas son: Oportunidades en México, Bolsa Familia en Brasil, Familias por la Inclusión Social en
Argentina, Programa Puente Chile Solidario, Ingreso Solidario en Uruguay, y Programa Juntos en Perú.
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beneficiarios de modo de contribuir al mejoramiento de los perfiles educativos y sanitarios de la población.
Concretamente los apoyos son condicionados a la asistencia regular a la escuela y asistencia a servicios de
salud. Como sostiene Fonseca (2006), “estos programas fueron considerados singulares por establecer
corresponsabilidades con el objetivo de mejorar los niveles educacionales, impedir la evasión escolar, el
trabajo infantil y también para apoyar la nutrición mediante el consumo de alimentos e incrementar los
cuidados de la salud” (p.7). La selección de los hogares beneficiarios se realiza en cada programa en base a
una serie de criterios, siendo el fundamental el de su condición de pobres o indigentes con niños o
adolescentes en edad escolar.
Desde un punto de vista conceptual, los programas se proponen trabajar directamente sobre los
activos de los pobres de modo de intentar ampliarlos. Al mismo tiempo algunos de ellos buscan mediante
estrategias combinadas robustecer más de un activo en forma simultánea. Sin embargo, como señala
(Bebbington, 2005) si bien la mayoría trabaja sobre los activos de los pobres, sólo se lo hace muy
parcialmente, si en alguna medida, sobre las estructuras sociales y político económicas que influyen en la
distribución de los activos, así como en su potencial productividad y sostenibilidad.
Dejando de lado las objeciones o reparos en torno a una opción de política de reducción de la
pobreza focalizada (es decir sobre los criterios, formas y efectos de la selección de beneficiarios),
así como los debates en cuanto a su real impacto en la disminución pobreza y formación de capital
social,
43
en numerosas ocasiones se ha alertado sobre los impactos de estos programas en la
distribución de las tareas y sobre sus supuestos en torno a la familia. En su operatoria, el enlace
primordial entre el programa y la familia es la mujer. Ellas mayormente son quienes tramitan,
reciben y cumplen con las obligaciones impuestas por los programas. En parte esto se debe a que se
considera que las mujeres son mejores administradoras y tienen criterios más altruistas para realizar
gastos familiares, son quienes tienen a su cargo la supervisión de los hijos y además cuentan con
más tiempo.
En su análisis del programa chileno Puente Solidario (Serrano, 2007) realiza una serie de
observaciones que pueden hacerse extensiva a la mayoría de los programas de transferencias
condicionadas de ingresos. Sostiene que “El enfoque familiar corre el riesgo de ser asumido
conservadoramente, es decir, obviando la raíz estructural de los problemas que aquejan a la familia,
invisibilizando a todos sus miembros y reafirmando estereotipos de género que tensionan las
relaciones de pareja. Esto último se refiere a recargar a las mujeres con más preocupaciones
sociales, quitándole a los hombres la posibilidad de asumir esos roles; y también recargar a los
hombres con más preocupaciones productivas, que reproducen su rol de proveedor, quitándole a las
mujeres la oportunidad de participar en este campo” (p. 329). Algo similar fue observado en el caso
de Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en la Argentina (Rodríguez Enriquez, 2008).
Los programas de combate a la pobreza no incluyen provisiones para facilitar la
incorporación de las mujeres en actividades económicas sino que en cierta medida refuerza su rol
tradicional. Las bases sobre las que se asienta la distribución de trabajo remunerado y no
remunerado dentro del hogar no son alteradas sino que en alguna medida son reafirmadas. En este
sentido, Montaño propone que frente al enfoque “familiarista” de las políticas es necesario
determinar sus efectos igualitarios en la sociedad y la familia.
43
Estos aspectos han sido analizados en detalle para distintos programas en América Latina por Bebbington, 2005; González de la
Rocha 2005; Kessler y Roggi, 2005; Navarro, 2005; Arriagada y Miranda, 2005; Arriagada y Mathivet, 2007 y Serrano 2007.
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V. Sinergias positivas entre
políticas públicas sectoriales
y transversales
Las nuevas realidades sociales presentan retos múltiples para mejorar
las estructuras de oportunidades de la población y disminuir la fuerte
inequidad. Demandan, por un lado, de una fuerte acción y regulación
por parte de los Estados y, por el otro, de una activa participación
ciudadana que haga oír sus demandas.
Los contextos familiares se han tornado más inestables, los riesgos
sociales han ido en aumento y los requerimientos, especialmente hacia las
mujeres, son cada vez mayores. Frente a esta situación y como paso previo
a cualquier cambio de carácter más radical en los sistemas de bienestar, es
preciso fortalecer la capacidad de los estados para que ejerzan los roles
que ya tienen asignados, que reglamenten las normas ya existentes y que
hagan un control efectivo de su aplicación. Así, por ejemplo, como
muestra Marco Navarro (2009) en su estudio sobre legislación comparada
en Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, Colombia y la
República Bolivariana de Venezuela, existe un número importante de
marcos regulatorios en materia de familia
44
, del derecho laboral dirigido a
trabajadores con responsabilidades familiares
45
y de derechos de la niñez y
adolescencia, que aún con sus falencias, sesgos, y prejuicios, están
bastante lejos de ser cumplidas en la región.
44
En los que incluye la normativa referida al matrimonio, uniones de hecho y divorcio; a los deberes de los integrantes de las familias,
al reconocimiento de la paternidad y maternidad y a las obligaciones del Estado.
45
Abarcando, entre otras, provisiones referidas a licencias maternales, paternales y parentales, excedencia, protección a la maternidad
y paternidad, provisión de guarderías, hora de lactancia y asignaciones familiares.
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Debe destacarse que la falta de aplicación de muchas de estas normas no se debe a que hayan
quedado obsoletas o que no reflejen la realidad (que con frecuencia no lo hacen), sino debido a que
algunas no han sido siquiera reglamentadas y a la incapacidad o inacción de los organismos
públicos para hacerlas cumplir.
Si bien, efectivamente, los marcos normativos (en particular los de más larga data) parten de
un modelo tradicional de familia con expectativas dirigidas a una figura de mujer/madre/cuidadora
y un varón/trabajador/principal pilar de la provisión familiar del hogar, algunas de sus
disposiciones, referidas al trabajo, a las responsabilidades paternas en caso de separación o
divorcio y a los derechos de los niños son trasgredidas de manera sistemática. Ya sea producto de
la incapacidad de fiscalización estatal, negligencia o corrupción, es muy importante tomar como
punto de partida esta realidad para cualquier adecuación o cambio.
Esto no implica que los marcos normativos no puedan ser mejorados y adaptados a las
realidades que viven las familias, pero sí que se requiere de una activa participación de la sociedad
civil y de un fuerte compromiso político para llevar a cabo cualquier reforma en los sistemas de
protección social y en el bienestar. En efecto, y en gran medida propiciados por los organismos
internacionales, a lo largo de la región se han dado avances muy significativos en relación a los
derechos de ciudadanía, al establecimiento de igualdad de oportunidades y al mejoramiento de las
capacidades de los individuos. La adhesión de los gobiernos a declaraciones y convenios
internacionales ha contribuido sin duda a sensibilizarlos para diseñar algunas políticas
contemplando estos principios rectores. Así y todo es importante insistir sobre la necesidad de
mejorar la capacidad institucional de los estados, ya que de otro modo la distancia entre la norma y
la realidad será cada vez más grande.
Otro aspecto importante y punto de partida para la acción estatal en materia de política social
es que sus principios rectores deben ser la solidaridad y la universalidad. Como sostiene Arriagada
(2006), “Las políticas sociales ya no debieran regirse por el asistencialismo sino en un marco de
derechos de los ciudadanos orientadas a aumentar el bienestar y la cohesión. Para ello es preciso
reorientar las acciones hacia las causas de la pobreza y de la desigualdad y no sólo de sus
manifestaciones” (p.12). Partiendo de esta base propone un mejoramiento de la gestión, cobertura y
calidad de políticas sectoriales de salud, educación y empleo y su articulación con políticas
transversales orientadas a la equidad de género, las familias y grupos específicos (por ejemplo,
niños, adultos mayores).
En materia de bienestar familiar, es preciso identificar sinergias positivas que puedan emerger del
desarrollo conjunto de políticas sectoriales y transversales. Un ejemplo concreto de estas sinergias es el
de favorecer la participación económica femenina y efectivizar el derecho a la educación de niños. El
estímulo para facilitar el trabajo femenino remunerado de modo de mejorar su contribución a los
presupuestos familiares no ha constituido un componente significativo de las políticas de combate a la
pobreza en la región. Mientras en varios países desarrollados occidentales, la creciente participación de
las mujeres en el mercado de trabajo coincidió en gran medida con la expansión de la provisión de
apoyos institucionales a la mujer trabajadora
46
, este no ha sido el caso en los países latinoamericanos. Las
mujeres de la región se han volcado a la actividad económica sin que se mejorara de manera substancial
las condiciones laborales e institucionales.
Investigaciones realizadas en países desarrollados muestran la asociación positiva entre una
oferta amplia de servicios de cuidado para los niños y la participación económica femenina.
Asimismo, señalan la importancia de políticas activas para el subsidio del cuidado infantil en el
46
Dicho aumento en el trabajo de las mujeres en actividades extradomésticas ha sido positivamente asociado con el crecimiento del
sector de servicios y ocupaciones administrativas, el mejoramiento en los niveles educativos, la legislación anti-discriminatoria y la
provisión de servicios sociales (en particular de guarderías infantiles) (Oppenheimer, 1976; Hartmann, 1987; Goldin, 1990; Joshi
and Davies, 1992).
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caso de quienes tienen acceso limitado
47
. El supuesto implícito es que la acumulación en capital
humano y experiencia a partir del empleo de las mujeres, generará con el tiempo un ahorro de
gastos de bienestar (welfare expenditures).
En América Latina, como se mostrara, un número creciente de madres, ya sea jefas de hogar
o cónyuges se integra o procura permanecer dentro mercado de trabajo por tiempos más
prolongados. En los hogares con desventajas económicas, el cuidado infantil no puede adquirirse
en el mercado (como lo hacen las familias de sectores medios y altos), sino que debe provenir de
miembros del propio hogar u otros parientes (generalmente mujeres), el estado o de asociaciones
civiles y caritativas. Particularmente para estos sectores la provisión estatal de cuidado infantil
resulta crucial. Los estudios muestran que a lo largo de la región existen importantes déficits en lo
que respecta a la cobertura de los servicios públicos de atención tanto en jardines maternales como
educación inicial pre-primaria. En general la cobertura educativa es significativamente baja entre
niños menores de cinco años (Rodríguez Enrique, 2007)
48
y las tasas de asistencia son aún más
reducidas en el caso de los sectores más pobres.
Indudablemente, esta situación impacta en el bienestar de los hogares más pobres de dos
maneras: dificulta la inserción de las mujeres pobres en el mercado de trabajo, lo que reduce las
posibilidades de incrementar los ingresos familiares y niega a los niños y niñas las ventajas de una
escolarización temprana. La relevancia del nivel educativo inicial posee fundamentos pedagógicos,
sociales y políticos. Desde un punto de vista pedagógico, la investigación educativa concuerda en
señalar las ventajas de una escolarización temprana en las trayectorias educativas posteriores.
También se ha destacado su importancia en el proceso de socialización y en la temprana promoción
de valores asociados a la tolerancia, convivencia y solidaridad. La oferta de servicios públicos de
nivel inicial contribuye a efectivizar el derecho a la educación de los niños y a mejorar la estructura
de oportunidades para todos los sectores sociales.
Ahora bien, la demanda de apoyo a las tareas de cuidado de las familias, particularmente de las
mujeres, debe prolongarse más allá del nivel inicial. Como se dijera, la duración de la crianza de niños
pequeños se ha ido acortando debido a la disminución de la fecundidad, por lo que la provisión de
servicios educativos y de cuidado es de utilidad sólo para una porción de las madres. En el caso de los
niños en edad escolar, gran parte de los establecimientos de educación pública de la región sólo
ofrecen una jornada escolar simple. La oferta de servicios educativos de jornadas extendidas también
contribuiría a liberar tiempo no sólo de cuidado sino también de labores domésticas. Al igual que en el
caso de la educación inicial, si bien alargar la jornada contribuye a facilitar la participación de las
mujeres en el trabajo remunerado no es su principal argumento ni justificación. De hecho, desde la
investigación educativa, esta demanda se vincula a los beneficios pedagógicos de contención,
sociabilidad y formación académica de niños, niñas y adolescentes. En suma, la extensión de la
jornada escolar así como el incremento en la cobertura del nivel inicial, debieran formar parte de
políticas sectoriales educativas. La relevancia de incrementar el gasto educativo, especialmente en los
niveles iniciales ha sido claramente señalada por Filgueira (2007) quien sostiene que la “universalidad
con gasto homogéneo por unidad ─o mejor aún con gasto compensatorio progresivo─ en un contexto
de desigualdad abrumadora, constituye el arma más potente para lograr que las desigualdades se
mitiguen y que no se traduzcan en exclusión social.” (p.49).
El apoyo indirecto que se estaría brindado a la mujer trabajadora mediante un aumento en la
cobertura, tiempo y calidad de la educación durante la niñez debiera también ser acompañado por un
contralor más efectivo en materia de aplicación de la normativa laboral, tanto en materia de igualdad de
47
En una investigación realizada para países de OCDE Jaumotte (2003) señala la asociación entre el trabajo de las mujeres y el
otorgamiento de subsidios a las familias para que el cuidado de niños.
48
Para la Argentina, datos del Censo Nacional de Población indican que el porcentaje de niños y niñas de 4 años que asisten a algún
establecimiento educativo es del 48.2% y entre quienes tienen 3 años es tan sólo de 29.9% (Cerrutti, 2008).
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oportunidades como en lo que respecta a las políticas de conciliación de trabajo y familia para varones
como para mujeres. Si bien con sus diferencias, existe un corpus normativo para promover la equidad
entre sexos en toda la región. En efecto, en su estudio sobre la legislación laboral en Argentina, Chile,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Uruguay, Pautassi, Faur y Gherardi (2004) sostienen que todos estos
países poseen marcos legales que reconocen el principio de igualdad entre hombres y mujeres, lo que da
cuenta de la equiparación formal en términos de derechos y obligaciones. Sin embargo, señalan, la
legislación cubre un pequeño porcentaje de las mujeres trabajadoras, las empleadas de manera regular,
dejando excluidas a una gran cantidad de mujeres que se ven reducidas a la informalidad como única
forma de inserción y de obtención de un ingreso. Asimismo, habría que agregar que aún entre las
trabajadoras formales, hay normas que no se cumplen debido a que no están reglamentadas o porque
sencillamente no se controla su cumplimiento.
Finalmente, en el ámbito del bienestar familiar, otro aspecto central que no ha formado parte
de los debates se vincula a la generación de políticas referentes a la duración de la jornada laboral.
Como se ha mostrado a lo largo del trabajo, la organización del tiempo