Cruce de fuego: niñas, niños y adolescentes en el narcotráfico mexicano

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Facultad de Estudios para Graduados
Doctorado en Ciencia Política
Cruce de fuego: niños, niñas y adolescentes
en el narcotráco mexicano
N° 274 Norberto Emmerich
Documentos
de Trabajo
Universidad de Belgrano
Universidad de Belgrano
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Departamento de Investigaciones
Noviembre 2011
ISSN 1850-2512 (impreso)
ISSN 1850-2547 (en línea)

Documentos de Trabajo Cruce de fuego: niños, niñas y adolescentes en el narcotráco mexicano
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Cruce de fuego: niños, niñas y adolescentes
en el narcotráco mexicano1
Dr. Norberto Emmerich2
En otras épocas, las principales víctimas de la guerra eran los soldados. Sin embargo se estima que
en la última década 1 millón y medio de niños y niñas han muerto en conictos armados, otros 4 millones
han quedado discapacitados, tullidos, ciegos o han sufrido lesiones cerebrales, al menos 5 millones se
han convertido en refugiados y 12 millones más se han visto desarraigados de sus comunidades : en
total 22 millones de niños fueron víctimas de las guerras en los últimos 10 años. Un número mucho más
grande ha sufrido un deterioro de su salud, nutrición y educación como resultado de la destrucción de las
cosechas, las infraestructuras nacionales, los centros de salud y las escuelas.
La Convención de los Derechos del Niño, que reconoce los derechos civiles, económicos, políticos,
sociales y culturales de la infancia, establece en su artículo 38 que ningún niño menor de 15 años de edad
deberá participar directamente en hostilidades o ser reclutado por las fuerzas armadas. Todos los niños
afectados por conictos armados tienen derecho a recibir protección y cuidados especiales.
México ocupa un lugar destacado en el mapa mundial de niños y adolescentes víctimas de la violencia
armada.
El 5 de julio de 2011 la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y diversas Organi-
zaciones de la Sociedad Civil presentaron ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Navanethem Pillay, un panorama de la situación de violencia contra la infancia y la
adolescencia en México, población que representa el 33% de los habitantes del país.
Esta violencia se corporiza en 4 grandes dimensiones estructurales pre-existentes: social, criminal,
institucional y gubernamental. Todas ellas decantan en el gran actor de la violencia mexicana: el Estado
nacional. Y a ello se suma la violencia del crimen organizado. La declaración de “guerra” del Estado a la
delincuencia organizada eleva todos los indicadores preexistentes a niveles insospechados.
Dado que la actuación estatal penetra todas las dimensiones de la violencia, se produce un cruce de
fuego donde los niños y adolescentes mueren víctima de la interconexión de las 4 dimensiones, imbricadas
dentro de la lógica estatal de la “guerra contra el narcotráco”.
La violencia social
1. La pobreza patrimonial alcanza al 40% de los mexicanos y uno de cada diez mexicanos sufre de
pobreza alimentaria4.
2. La tasa de mortalidad por homicidio en la población de 15 a 17 años en 2009 se incrementó un 33%
con respecto al 2008, pasando de 8 a 10.7 muertes por cada 100 mil habitantes, esto representa más
de 680 muertos5.
1 Trabajo presentado en el Encuentro Bilateral para el Estudio del Maltrato y el Abuso Sexual Infanto-Juvenil, 21 de setiembre de
2011, Mexicali, Baja California, México.
2 Doctor en Ciencia Política y Licenciado en Relaciones Internacionales, investigador invitado por Conacyt en el posgrado en
Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Investigador senior del Centro Argentino de
Estudios Internacionales (CAEI). Miembro de la Red de Investigadores Parlamentarios de México. Miembro de la Asociación
Mexicana de Estudios del Trabajo (AMET).
3 Los niños y la guerra, Red por los derechos de la infancia en México,
http://www.derechosinfancia.org.mx/Temas/temas_guerra1.htm
4 Infancia y conicto armado en México, Red por los derechos de la infancia en México, enero de 2011, http://www.
derechosinfancia.org.mx/iaespanol.pdf
5 Base de Datos de Defunciones 1979 – 2009, SINAIS, SSA

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3. La tasa de mortalidad por suicidio en la población de 15 a 17 años en 2009 tuvo un incremento del
24% con respecto al 2008, pasando de 5 a 6.2 muertes por cada 100 mil habitantes, lo cual representa
395 muertos6.
4. La Base de Datos de Presidencia mostró un incremento de más del 100% del 2009 al 2010 en el
número de muertes de la población de 16 a 20 años de edad. Eso signica más de 2 mil muertos7.
5. El conteo hemerográco de la REDIM muestra un incremento del 50% en número de muertes infantiles
relacionadas con el crimen organizado en la primera mitad del 2011, respecto al 2010. Esto representa
más de 120 defunciones8.
La violencia criminal
De acuerdo el Centro de Documentación de los Movimientos Armados existen 45 grupos armados en el
país9. Frente a ellos la actuación del gobierno ha sido similar en todos los casos: le restó importancia a las
circunstancias y reclamos sociales vinculados al surgimiento de estos grupos armados y la respuesta se
limitó invariablemente al restablecimiento del orden mediante el aniquilamiento físico de los movimientos10.
En la Masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, un grupo armado asesinó en el Municipio de
Chenalhó, Chiapas, a 45 personas. Entre ellas había 14 niñas y 4 niños. Posteriormente la CNDH esta-
bleció la responsabilidad por omisión o comisión de diversos funcionarios públicos de gobierno.
A raíz de la militarización el número de desplazados forzados en Chiapas fue considerable. Los cálcu-
los realizados lo estimaban entre 12 mil y 50 mil personas, lo que equivaldría a que entre 5.000 y 12.500
niños y niñas tuvieron que vivir fuera de sus comunidades de origen y en condiciones precarias.
Esta situación se nacionalizó y se acentuó exponencialmente en el reciente período 2006/2010:
1. fueron asesinados 1.300 menores de edad
2. se provocó un indeterminado número de desplazados
3. 27 mil adolescentes se convirtieron en víctimas del narcotráco.
4. se incrementó la violencia de las autoridades contra los adolescentes.
Cifras del mundo académico hablan de unos 30.000 niños y niñas que cooperan con los grupos crimi-
nales de varias formas y están involucrados en la comisión de unos 22 tipos de delitos (tráco de drogas,
secuestro, trata de personas, extorsiones, contrabando, piratería, corrupción, etc.)11.
El crimen ofrece a estos niños y niñas las recompensas, el reconocimiento y el dinero que no encuen-
tran en la sociedad de manera legal.
Además, el narcotráco está teniendo un impacto cultural sobre niños y niñas que quieren convertirse
en líderes de un grupo criminal, exaltan los actos de los narcotracantes y quieren emularlos. “Las guras
que representan la dimensión ética de la sociedad se encuentran deterioradas y no hay una correspon-
dencia entre los valores éticos y el reconocimiento social, en los ojos de muchos niños y niñas no hay
diferencia cualitativa entre el policía y el narcotracante”, dice Rossana Reguillo, investigadora del ITESO.
Diversas encuestas señalan que 1.561.641 niños entre los 5 y 17 años y 7.796. 630 jóvenes entre
los 12 y los 29 años de edad no estudian ni trabajan. Esa población es presa fácil del narcotráco y la
delincuencia organizada.
6 Idem
7 Estimaciones a partir de la base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial en el periodo
diciembre 2006 a diciembre 2010, Presidencia de la República Mexicana.
8 Estimaciones a partir del seguimiento de notas periodísticas sobre muertes infantiles durante 2011, REDIM.
9 Centro de Documentación de Grupos Armados, CEDEMA,
http://www.cedema.org/index.php?ver=mostrar&pais=9&nombrepais=Mexico
10 Infancia y conicto armado en México, Red por los derechos de la infancia en México, enero de 2011,
http://www.derechosinfancia.org.mx/iaespanol.pdf
11 Infancia y conicto armado en México, Red por los derechos de la infancia en México, enero de 2011,
http://www.derechosinfancia.org.mx/iaespanol.pdf

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La pandilla local es normalmente la manera más sencilla para niños y niñas de entrar en interacción
sistemática con el crimen organizado. En ese caso, el rol principal de los niños se limita al narco-menudeo,
a la protección de las actividades que realizan las organizaciones criminales y no se puede realmente ha-
blar de membresía. Se habla de membresía en un grupo criminal cuando esos niños y niñas se incorporan
a la base operativa de pandillas trasnacionales, que trabajan con y para los carteles del narcotráco. Es
sabido que la Mara Salvatrucha está operando con Los Zetas, involucrando a unos 35.000 niños, niñas y
jóvenes, mientras que la M18 está operando con el cartel de Sinaloa y enrola alrededor de 8.000 niños,
niñas y jóvenes.
Estos niños y niñas son víctimas de explotación económica por parte del crimen organizado desde una
edad muy temprana. En lo que se reere a la trata de personas, a partir de los 9-10 años, los niños y las
niñas se involucran en estos delitos. Los niños más pequeños son utilizados como vigías o informadores
o se les utiliza para abordar los trenes, monitoreando la cantidad de migrantes que llegan cada día. A
partir de los 12 años se les utiliza para cuidar las casas de seguridad y controlar que nadie se escape.
Lo más grandes a partir de los 16 años trabajan en ejercicios más violentos, como los secuestros, los
asesinatos. Y todos portan armas.
En lo que se reere al narcotráco, los niños están involucrados en toda la línea de la industria. Lo
más pequeños trabajan como vigilantes, lo más grandes se ocupan del traslado de la droga y a partir de
los 16 años empiezan a ser contratados como sicarios. Las niñas están involucradas sobre todo en el
empaquetamiento de la droga.
Esta situación de violencia criminal se asienta sobre una realidad de violencia social pre-existente,
situación que se maniesta en algunos datos que reejan la difícil situación de violencia contra la infancia
y la adolescencia en México.
La violencia institucional
Con la violencia social y la violencia criminal se entremezcla también la violencia institucional:
En Michoacán una niña fue encerrada 19 horas por su maestra como castigo por hablar en clase, el
pasado 2 de marzo de 2011, y 6 meses después seguía sin poder regresar a su escuela ante las posibles
represalias por la denuncia de abuso efectuada.
Mayra Vanessa Martínez Herrera, alumna de cuarto año de la primaria “General Lázaro Cárdenas”
del municipio de Uruapan, Michoacán, fue encerrada toda la noche por la profesora María Dolores Servin
Rodríguez “en castigo” por haber hablado durante la clase12.
La Secretaría de Educación Pública de Michoacán es la tercera entre las autoridades señaladas como
presuntas responsables de vulnerar los derechos humanos, con 272 quejas emitidas en su contra y es
la primera en incumplir las recomendaciones emitidas.
El Estado de Michoacán establece en la Ley de derechos de niños y niñas un límite superior de edad
de 16 años. Además incluye apartados sobre obligaciones de la infancia y no considera todos los derechos
contemplados en la Convención de los Derechos del Niño13.
1. En el año 2009 Michoacán tuvo el segundo porcentaje más alto a nivel nacional en la población de 12
a 17 años que no estudia ni trabaja, 68 mil niños y niñas, que representan el 13.6% de la población
de esa edad.
2. En 2008 tuvo la tasa más alta de mortalidad por suicidios en la población de 15 a 17 años: 9.4 por
cada 100 mil.
12 Martirizan a alumna con encierro escolar, El Sol de Morelia, 4 de marzo de 2010,
http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n1541981.htm
13 Red por la defensa de la infancia en México, Boletín de prensa, 20 de agosto de 2010,
http://www.derechosinfancia.org.mx/Especiales/boletinmayramh.html

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3. En 2009 fue el segundo estado del país con mayor porcentaje de niñas entre 12 y 17 años dedicadas
a los quehaceres del hogar: 19%.
Si bien en el país hubo avances importantes en los sistemas de información pública, en el ámbito de la
infancia aún queda mucho por hacer dado que México carece de un sistema de información sobre la niñez.
Actualmente México enfrenta una situación alarmante por la normalización de la violencia en algunas
zonas, como consecuencia de la guerra contra el crimen organizado que se mantiene como punto central
desde la presidencia de la República. Sin embargo es importante señalar que la violencia comprende
distintos niveles y modalidades de existencia que resulta pertinente puntualizar, hacer visible, denunciar
y modicar.
México va ascendiendo rápidamente en el ranking mundial para ocupar los primeros lugares debido
a la creciente violencia contra niños y niñas, desde la violencia física, el abuso sexual y el homicidio de
adolescentes14. Pero la violencia más extendida es el castigo corporal con nes disciplinarios y el maltrato
infantil (físico o psicológico), seguido de la falta de atención de sus necesidades básicas (omisión de
cuidados) y los tratos humillantes (violencia emocional).
Los altos niveles de impunidad que existen en virtud del frágil sistema de justicia mexicano, no se limi-
tan a las mujeres y hombres adultos. Esta falta de protección del Estado permite que el Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) registre anualmente más de 20.000 casos comprobados
de maltrato infantil.
En el año 2008 los casos comprobados de maltrato infantil llegaron a la cifra de 34.023, con sólo un
13.7% de casos presentados ante el Ministerio Público. En el año 2009 esta cifra de casos comprobados
de maltrato cayó a 22.129, con un 26.5% de casos llevados al Ministerio Público. Esto parecería un logro
importante si no fuera que entre 2008 y 2009 se duplicó el número de entidades que no entregaron re-
gistro de casos de maltrato. En este caso por omisión el Estado es actor principal de la dimensión social
del maltrato infantil.
En México menos de una tercera parte de las denuncias comprobadas tienen consecuencia jurídica.
Quedan en el ámbito privado de la impunidad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres 2003, un 42% de ellas fueron
golpeadas en su niñez por sus padres o familiares, el 21.5% declaró haber recibido insultos de manera
reiterada y un 16.5% haber sido humillada, además de protagonizar incidentes de violencia emocional
en la etapa escolar entre los que destacaban el sentimiento de inferioridad por ser mujer, violencia física
o represalias por negarse al hostigamiento sexual. Es decir, la discriminación y la violencia de género se
inician en las niñas, por ello la defensa y promoción de los derechos de las mujeres tiene que comenzar
en la infancia.
Sin embargo, en México aún no existe una legislación profunda que regule y proteja a los niños y
niñas en contra de la violencia. Algunos de los motivos son el escaso conocimiento sobre los derechos
de la infancia, en particular del derecho a una vida libre de violencia; la ausencia de datos estadísticos
que permitan analizar a fondo las causas y efectos de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes así
como la falta de mecanismos de participación infantil que promuevan la opinión, exigibilidad o denuncia
por parte de los propios niños y niñas que sufren de violencia y abuso.
La violencia gubernamental
El 16 de agosto de 2011 la REDIM pidió al gobierno de Acapulco Guerrero que eliminara las políticas
de limpieza social contra las poblaciones callejeras, entre ellos niños y adolescentes.
14 La violencia contra niños, niñas y adolescentes en México 2010, Red por la defensa de la infancia en México,
http://www.derechosinfancia.org.mx/datosicm2010.pdf

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Desde el mes de marzo de 2011, distintos medios de comunicación documentaron las acciones de
la Patrulla Ciudadana, encabezada por Gustavo Telíz, Coordinador del programa, dependiente de la
Secretaria de Seguridad Pública municipal. En las distintas notas periodísticas se documentó que la Pa-
trulla ciudadana retiraba de manera forzada a “indigentes, franeleros, vagabundos y enfermos mentales”,
quienes “viven en las banquetas y que dan mala imagen”. Los mismos posteriormente eran llevados a
albergues o regresados a sus ciudades de origen.
Estos hechos se suman a los operativos implementados en Chiapas, Veracruz, Guadalajara, Ciudad
Juárez y el Distrito Federal en contra de las personas que viven en el espacio público.
Esta espiral de violencia social, criminal, institucional y gubernamental tiene como actor central sinte-
tizador al Estado mexicano, protagonista de las cuatro calidades de violencia mencionadas.
La violencia del Estado
Por necesidades de legitimidad en diciembre de 2006 el gobierno federal decidió emprender acciones
militares contra el narcotráco. Entre muchas otras consecuencias nefastas resultado de esa política de
militarización del país, más de 1000 niñas, niños y adolescentes perdieron la vida.
El Estado nacional no presentó hasta el momento una acción articulada, preventiva y armativa de
derechos; al contrario se encuentra una “ausencia de protocolos de seguridad para la niñez en el marco
de las acciones armadas”15.
Hay un fuerte incremento del estigma contra niños y niñas que mueren en las acciones militares contra
el narcotráco, asociándolos inmediatamente con actividades delictivas, sin pruebas ni investigación.
La CNDH señaló el incremento de las denuncias contra las fuerzas armadas por violaciones a los
derechos humanos, sin lograr hacer mella en la inmunidad de la que goza el fuero militar. Adicionalmente
no hay información ocial y pública que permita conocer el número de niños y niñas detenidos, heridos
y asesinados en la lucha contra el crimen organizado.
En México está pendiente la creación de un sistema nacional de protección de derechos de la infancia,
que permita articular las políticas públicas y los esfuerzos de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.
El protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas relativo a la partici-
pación de niñas y niños en los conictos armados data del 12 de febrero de 2002.
La raticación de este protocolo efectuada por el gobierno mexicano lo convierte en parte del orde-
namiento jurídico mexicano.
Tanto en el Protocolo Adicional de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
como en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se prohíbe el reclutamiento de niños y niñas
menores de 18 y 15 años, respectivamente. Esta legislación es obligatoria para el Estado mexicano, pero
en la práctica para su aplicabilidad se requiere que la legislación interna establezca expresamente la cri-
minalización de las conductas prohibidas por el Protocolo, cosa que no ha sucedido hasta el momento y
es un constante reclamo de Naciones Unidas al Estado mexicano, ya que armonizar la legislación interna
al texto de los tratados internacionales rmados es una obligación del Estado.
Las disposiciones del Código de Justicia militar, tan antiguo que es anterior a las Convenciones de
Ginebra, son muy pobres respecto a los crímenes de guerra y no contemplan el reclutamiento de niños
y niñas por parte de las fuerzas armadas ni por parte de grupos armados. En consecuencia ni el Código
Penal Federal ni ninguna otra ley sancionan esas conductas.
15 Infancia y conicto armado en México, Red por los derechos de la infancia en México, enero de 2011,
http://www.derechosinfancia.org.mx/iaespanol.pdf

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El 4 de febrero de 2011 un duro informe del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas
indicó al gobierno mexicano que lamentaba “el clima de violencia que ha hecho un impacto signicativo
sobre los derechos y las vidas de los niños en el Estado parte”16.
El Comité instó a México a “establecer un sistema de datos centralizado para recopilar información y
datos estadísticos acerca de la aplicación del Protocolo Facultativo y a que identique –entre otros– el
número de niños involucrados con grupos armados no estatales, y el número de niños sobre los que tiene
jurisdicción que puedan haber sido reclutados o utilizados en hostilidades por grupos armados no estatales
en el extranjero”17… mejore el sistema de información y análisis… sobre el reclutamiento voluntario por
parte de las fuerzas armadas…, etc.
La situación en las escuelas militares
El Estado no solo tiene una conducta criminal hacia afuera, sino también se comporta criminalmente
con los propios adolescentes que son miembros de las Fuerzas Armadas. El Comité de Naciones Unidas
expresó su inquietud de que “alumnos de las escuelas militares sean involucrados en tareas de lucha
contra el narcotráco, participando en la búsqueda y destrucción de drogas ilegales, lo que pone seria-
mente en peligro los derechos y las vidas de los niños”.
El Comité recomendó “que se prohíba ocialmente el castigo corporal” y que “se asegure que los niños
en las escuelas militares no participen en la búsqueda y destrucción de drogas ilegales u otras tareas en
la lucha contra el narcotráco”18.
El Comité expresó su preocupación de que “se admitan niños a partir de los 16 años en las unidades
de transmisiones para técnicos”.
Es que según el artículo 25 de la Ley del Servicio Militar, “el servicio militar anticipado está permitido
para los niños de 16 y 17 años que deseen salir del país en la época en que reglamentariamente les
corresponde prestar servicios, o quienes por razón de sus estudios les sea menester hacerlo así”.
El Comité recomendó “abrogar el artículo 25 de la Ley del Servicio Militar, acabar con la práctica del
servicio militar anticipado para los niños de 16 y 17 años e incrementar la edad mínima de reclutamiento
voluntario hasta los 18 años, sin excepciones”19.
Según el Comité, México “no dispone de información sobre la utilización de niños por grupos armados
no estatales, y en consecuencia no tome ninguna medida para prevenir el reclutamiento de niños por
parte de grupos armados no estatales”20
El Comité recomendó tomar “todas las medidas necesarias para asegurarse que los niños no sean
reclutados por grupos armados no estatales, identicando y monitoreando los diferentes grupos armados
en el país, incluso los grupos paramilitares, los grupos de delincuencia organizada y las compañías de
seguridad”21.
Además solicitó facilitar información sobre este tema en su próximo informe sobre la Convención sobre
los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos.
Expresó su gran preocupación “por el elevado número de niños víctimas (alrededor de 1000 en los
últimos 4 años) como resultado de la lucha contra el crimen organizado, violaciones de derechos humanos
y falta de investigación de los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas”22.
También pidió que se investiguen “todos los delitos cometidos contra los niños y se asegure que las
cortes civiles tengan jurisdicción sobre los delitos contra los niños cometidos por el Ejército”23.
16 Comité por los Derechos del Niño de Naciones Unidas, 56° período de sesiones, 4 de febrero de 2011,
www.derechosinfancia.org.mx/recomendacionesopsc.pdf, pág. 1.
17 Idem, pág. 2
18 Idem, pág. 3
19 Idem, pág. 3
20 Idem, pág. 4
21 Idem, pág. 4
22 Idem, pág. 5
23 Idem, pág. 5

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Estas observaciones del Comité son vinculantes para México porque se derivan de un tratado que el
país se comprometió a respetar cuando lo raticó.
Menores de edad en el reclutamiento obligatorio
De conformidad con los arts. 5 y 11 de la ley del Servicio Militar24, todos los mexicanos en el año que
cumplen los 18 años de edad tienen la obligación de inscribirse en las Juntas Municipales o en los con-
sulados en el extranjero para cumplir con sus obligaciones militares.
El artículo 25 de la misma ley establece la excepción por la que niños de 16 y 17 años pueden solicitar
el anticipo de incorporación, cuando de acuerdo a sus necesidades o intereses propios, opten por cumplir
con su servicio militar antes de los 18 años.
En el año 2009 se les ofreció a 314 jóvenes del Servicio Militar Nacional la posibilidad de cumplir con
su servicio militar en 3 meses (en lugar de un año) e integrarse a un adiestramiento de erradicación de
cultivos de amapola y mariguana, materializando sus actividades del 25 de mayo al 1° de agosto de 2009,
en el estado de Michoacán. Era la primera vez que se involucraban jóvenes reclutas en tareas de lucha
contra el narcotráco.
Servicio militar anticipado 2000-2009
Año Clase Cantidad
2000 84 2
83 65
82 774
2001 85 8
84 60
83 715
2002 86 2
85 57
84 648
2003 87 0
86 43
85 521
2004 88 0
87 35
86 59
2005 89 1
88 56
87 863
2006 90 0
89 99
88 1106
2007 91 0
90 101
89 1143
2008 92 0
91 109
90 1152
2009 93 0
92 138
91 1219
24 Ley del servicio militar, 31 de agosto de 1942, www.sedena.gob.mx/pdf/leyes/ley_smn.pdf

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Menores de edad en el reclutamiento voluntario
La edad mínima para el reclutamiento voluntario está establecida a los 18 años de edad. Sin embargo,
en el activo del Ejército se podrán admitir voluntarios y voluntarias menores de 18 años de edad y mayores
de 16 sólo en las unidades de transmisiones para su preparación como técnicos mediante contrato con el
Estado que no deberá exceder de 5 años25. La Sedena enfatiza los benecios del reclutamiento voluntario.
Sin embargo se desconoce el número de niños y niñas menores de 18 años que cada año se engan-
chan en el Ejército, ya que la secretaría de la Defensa Nacional no desglosa sus datos por edad, y no
contestó a las solicitudes de la Red por los Derechos de la Infancia en México al respecto.
Los mexicanos que ingresan al activo del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos deben tener 18 años de
edad salvo que se integren al sistema de educación militar26. Sin embargo tampoco existe disposición
legal que excluya expresamente la posibilidad de que en caso de conictos armados se puedan utilizar
niños y niñas menores de 18 años y mayores de 16 que se engancharon voluntariamente o que están
prestando su servicio militar de manera anticipada.
El sistema de educación militar tiene 35 instituciones educativas y cinco jefaturas, con 5.000 estudian-
tes. Se requiere que los niños hayan terminado la escuela secundaria o el bachillerato. Con un certicado
de secundaria, a partir de los 15 años, niños y niñas pueden ingresar a los cursos.
En el año 2010 la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) tenía la siguiente cantidad de alumnos
ingresantes:
15 años: 14 alumnos
16 años: 23 alumnos
17 años: 29 alumnos27
Pero al consultar la cantidad de alumnos egresados/graduados:
2007 1.002 alumnos
2008: 1.379 alumnos
2009: 1.335 alumnos28
Por su parte la Secretaría de Marina Armada (Semar) tenía un total de 314 niños/as menores de 18
años atendidos por sus escuelas militares.
Podría ser que la mayoría de los alumnos que ingresan a las instituciones del Sedena ya son mayores
al hacerlo, pero no está clara la razón de estas discrepancias.
En todas las escuelas, independientemente del tipo de militar que se va a formar, se adiestra a los
alumnos en el manejo de las armas.
La secretaría de la Defensa Nacional reporta que “del 15 de junio al 4 de julio de 2009 en la jurisdicción
de la III Región Militar (Mazatlán, Sin.), se realizaron actividades de erradicación, mediante la búsqueda,
localización y destrucción de enervantes, con la participación de 12 Planteles Militares y 6 Unidades-
25 Infancia y conicto armado en México, Red por los derechos de la infancia en México, enero de 2011,
http://www.derechosinfancia.org.mx/iaespanol.pdf, pág. 18.
26 Convocatoria 2011 en: http://www.sedena.gob.mx/index.php/component/content/article/151-admision-/5934-convocatorias-2011
Con bachillerato concluido:
http://www.sedena.gob.mx/images/stories/archivos/educacion_militar/admision/2011/bachillerato/convoca_bach_2011.pdf, pág.
14. Edad mínima: 16 años
Con secundaria concluida:
http://www.sedena.gob.mx/images/stories/archivos/educacion_militar/admision/2011/secundaria/convoca_sec_2011.pdf, pág. 10.
Edad mínima: 15 años.
27 Infancia y conicto armado en México, Red por los derechos de la infancia en México, enero de 2011,
http://www.derechosinfancia.org.mx/iaespanol.pdf, pág. 20.
28 Idem

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Escuela, con un efectivo de 5.609 elementos, que incluyeron Docentes, Dicentes y Apoyo de Servicios”29.
Es la primera vez que se involucran jóvenes alumnos de las escuelas militares en tareas de lucha contra
el narcotráco, demostrando como esas tareas “temporales” del ejército han adquirido una importancia
tal que ya forman parte del adiestramiento de los alumnos.
Los alumnos de las escuelas militares, independientemente de su edad, tienen estatus militar y en caso
de violaciones de ley, son juzgados en el fuero militar y juzgados como adultos. La única diferencia de
tratamiento entre adultos y niños radica en las penas aplicadas, ya que para los alumnos de las escuelas
militares menores de 18 años de edad se establecen penas de la mitad de las aplicadas a los adultos
(artículos 153-156 del Código de Justicia Militar)30. Asimismo, el aspecto disciplinario en los planteles
militares se apega a lo establecido en el reglamento interior de cada institución, así como a las leyes
y reglamentos militares en vigor. Por consecuente, los alumnos están sujetos a la ley de Disciplina del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y esa ley se aplica tanto a los alumnos como a los militares adultos.
En lo que se reere a la procedencia de los alumnos, como se ha señalado, fuentes no ociales repor-
tan que un 70% de los alumnos provienen de las provincias y los demás son en gran mayoría familiares
de militares. Casi el 100% de los alumnos pertenecen a la clase media-baja. Todos los alumnos están
internados, reciben uniforme, comida y alojamiento. Es prácticamente imposible salir de esas escuelas
por renuncia del alumno ya que los reglamentos internos listan expresamente las causales que permiten
la baja y entre ellas no está incluida ninguna causal que indique la voluntad del alumno como causal
29 Secretaría de la Defensa Nacional, Tercer informe de labores, 2009, pág. 28.
30 Código de Justicia Militar, última reforma publicada en el DOF el 29 de junio de 2005,
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/4.pdf

Documentos de Trabajo Cruce de fuego: niños, niñas y adolescentes en el narcotráco mexicano
12
suciente para dejar la escuela. Los alumnos pueden solicitar la baja pero se requiere obligatoriamente
que la misma sea aceptada por los mandos superiores.
Todos los alumnos que son admitidos para efectuar cursos de formación en los planteles de educación
militar deben rmar un contrato o compromiso en el que se establece que están obligados a servir al
ejército y fuerza aérea como mínimo el doble de tiempo de lo que haya durado el curso correspondiente,
lo que complica aún más la baja.
Ejército y policía, defensa y seguridad
En las tareas de colaboración entre policía y ejército existe una categoría de trabajo conjunto que in-
cluye tareas ambiguas, donde el trabajo del Ejército y el trabajo de las autoridades civiles se superponen
y es el área en que las fuerzas armadas mexicanas se han involucrado crecientemente en los últimos
años. Y es también el área que ha causado controversias, principalmente debido a que las tropas han
quedado muy cerca de la población civil. Dentro de esta categoría las tareas más sobresalientes incluyen:
a) erradicación de cultivos de droga e incautación;
b) inspecciones aduaneras y migratorias en diferentes puntos de entrada y salida del país;
c) redadas y detención de importantes miembros de los carteles de la droga. El Grupo Aeromóvil de
Fuerzas Especiales (GAFE) lleva a cabo la mayoría de las operaciones sensibles y riesgosas que
involucran el arresto de líderes de los carteles;
d) seguridad pública y orden público. Una gran parte del trabajo del Ejército se concentra en el despliegue
de tropas para tareas de patrullas de seguridad, puestos de control y redadas. En algunas ciudades
particularmente violentas, como Ciudad Juárez y Tijuana, los gobiernos locales han designado a mi-
litares de alto rango al frente de la policía.
El Gobierno ha aprobado un incremento de la partida de gastos para el Ejército en todos los ejercicios
contables recientes. A partir del año 2006 el incremento de presupuesto para la Secretaría de la Defensa
Nacional ha sido del 24% en 2007, del 8% en 2008, del 20,09% en 2009 y del 0,02% en 2010.
Años Presupuesto
2010 43.632.410.311
2009 43.623.321.860
2008 34.861.005.900
2007 32.200.896.500
2006 26.031.900.900
2005 24.002.172.080
Utilizar las fuerzas armadas para tareas de orden público y seguridad es una facultad reconocida por
en el ordenamiento jurídico mexicano.
¿Conicto armado o violencia interna?31
A pesar de las declaraciones ociales, que denen la estrategia del Estado como una “batalla”, una
“lucha” o una “guerra contra el narcotráco”, es preciso aclarar si se trata verdaderamente de una guerra,
en el sentido de un conicto armado entre el Estado mexicano por un lado y los grupos de delincuencia
organizada del otro, o si se trata de disturbios internos u otras situaciones de violencia interna.
Categorizar una situación es mucho más que un ejercicio teórico: la categorización tiene consecuen-
cias directas, dado que determina las normas aplicables y la protección que éstas ofrecen a las personas
conforme a la situación jurídica de que se trate32.
31 Infancia y conicto armado en México, Red por los derechos de la infancia en México, enero de 2011,
http://www.derechosinfancia.org.mx/iaespanol.pdf, pág. 24 y ss.
32 CICR, Violencia y uso de la fuerza, Ginebra, 2008, pág. 5

Documentos de Trabajo Cruce de fuego: niños, niñas y adolescentes en el narcotráco mexicano
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Según el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, “existe un conicto armado cada vez que
se recurre a la fuerza armada entre Estados o se desarrolla un conicto armado prolongado entre las au-
toridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos en el seno de un Estado”.
Un conicto armado internacional es una guerra declarada o cualquier otro enfrentamiento armado
entre dos o más Estados, aunque uno de ellos no haya reconocido el estado de guerra.
Al contrario, para categorizar un conicto armado no internacional es necesario que se reúnan las
siguientes características: grupos armados no gubernamentales luchan entre sí o contra las fuerzas guber-
namentales, con un nivel de intensidad que excede el de los actos de violencia aislados y esporádicos, y
con un nivel de organización colectiva que les permite llevar a cabo operaciones sostenidas y concertadas.
Además, los grupos armados pueden ejercer un control mínimo sobre el territorio.
El Protocolo II adicional a los convenios de Ginebra de 1949 excluye del ámbito de aplicación de los
conictos armados no internacionales “las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores,
tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son
conictos armados”33. Estas problemáticas se encuentran por debajo del umbral de un conicto armado.
Se la han dado varios nombres: violencia interna, “violencia armada organizada”, “violencia urbana” o
simplemente delincuencia organizada, según los diferentes contextos de aplicación. En algunos países
será más apropiado hablar de violencia urbana, en otros de tensiones internas. En el caso de México la
expresión “delincuencia organizada” parece ser la más adecuada.
A nivel internacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trans-
nacional (Convención de Palermo, aprobada en 2000) es el instrumento principal para luchar contra el
crimen organizado. Esa convención está complementada por dos Protocolos Adicionales: el Protocolo para
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y el Protocolo contra
el tráco ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Según la convención, por delincuencia organizada se
entiende todo grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe
concertadamente con el propósito de cometer un delito grave, con miras a la obtención directa o indirecta
de un benecio económico u otro benecio de orden material.
En México la materia está regulada por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que contiene
una denición parcialmente diferente de la de la Convención de Palermo.
La diferencia principal entre las dos deniciones se radica en la nalidad de lucro, necesaria para
constituir un grupo delictivo organizado según la Convención y no requerida por la ley federal mexicana.
Esa ausencia abre la posibilidad de que el concepto de delincuencia organizada pueda ser utilizado para
acusar a movimientos sociales o políticos. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el
marco del Examen Periódico Universal, señaló que la concepción de delincuencia organizada contenida
en la Ley Federal posibilita que los miembros de movimientos sociales o políticos sean acusados de
pertenecer a grupos criminales organizados y recomendó al Estado mexicano ajustar el derecho interno
a los compromisos adquiridos por el país a nivel internacional, en particular “promulgando una denición
de delincuencia organizada que sea compatible con la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional”.
Con respecto a las normas mencionadas la situación mexicana permite describir algunos rasgos que
tienden a incluirla (equivocadamente) en la categoría de “conicto armado no internacional”. Es cierto
que mueren en México más personas que en otros conictos armados del mundo, que los carteles de
la droga tienen fuerte presencia territorial en algunas zonas del país o que las armas utilizadas por las
organizaciones ilegales son las mismas que se utilizan en cualquier conicto armado.
33 Infancia y conicto armado en México, Red por los derechos de la infancia en México, enero de 2011,
http://www.derechosinfancia.org.mx/iaespanol.pdf, pág. 25.

Documentos de Trabajo Cruce de fuego: niños, niñas y adolescentes en el narcotráco mexicano
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Sin embargo, y a pesar de estas semejanzas, no se puede calicar la situación mexicana de “conicto
armado no internacional”:
1. En primer lugar, la delincuencia organizada no es orientada políticamente, no tiene ningún objetivo
político denido ni ningún interés explícito por sustituir al Estado, como sí ocurre en las guerras civiles
con los grupos armados que pretenden instaurar un diferente orden político o crear un nuevo Estado
nación.
2. En segundo lugar, aunque se reconozca que los carteles de la droga detentan un cierto poder e in-
uencia sobre el territorio en lo que ejercen sus actividades criminales, el requisito del control efectivo
del territorio, de acuerdo con la denición del Protocolo II, no se encuentra realizado.
3. En tercer lugar, categorizar la situación mexicana como “conicto armado” tendría como consecuencia
la calicación de los criminales involucrados como “combatientes”, en el sentido de los Convenios de
Ginebra, con toda la protección que les pertenece, incluida la posibilidad de ejercer violencia “legal-
mente” y así legalizar los “daños colaterales” relacionados con la guerra.
4. En cuarto lugar, el derecho internacional humanitario contiene muchas disposiciones sobre la protección
de los “civiles” en caso de conicto armado. Se puede distinguir entre un soldado y un civil o entre un
guerrillero y un civil pero ¿cómo se distingue entre un delincuente y un civil?
5. Por último clasicar al conicto mexicano como “conicto armado” contribuiría por un lado a legitimar la
violencia de los carteles y por otro lado justicaría los niveles ya altos de fuerza letal estatal utilizados
en la lucha contra el narcotráco.
Muertos en la lucha Diciembre 2006-
contra la delincuencia organizada Julio 2010
Total 28.228
Ejecuciones 25.455
Muertos en enfrentamientos 2.773
En lo que se reere a la infancia, desde diciembre de 2006 hasta octubre 2010, 994 niños y niñas han
perdido la vida en la lucha contra la delincuencia organizada. Para subrayar la importancia de la cifra, es
suciente comparar los 503 niños y niñas muertos desde 2000 hasta 2006 con los 994 muertos en los
últimos tres años y diez meses.

Documentos de Trabajo Cruce de fuego: niños, niñas y adolescentes en el narcotráco mexicano
15
Fuente: Infancia y conicto armado en México, Red por los derechos de la infancia en México, enero de 2011,
http://www.derechosinfancia.org.mx/iaespanol.pdf, pág. 28.

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Fuente: Infancia y conicto armado en México, Red por los derechos de la infancia en México, enero de 2011,
http://www.derechosinfancia.org.mx/iaespanol.pdf, pág. 29.
La respuesta del Estado
Frente a esta situación la respuesta del Estado ha estado sólo focalizada en la criminalización y la
militarización.
En los operativos del Ejército, Marina y policía federal en contra de la delincuencia organizada se
registran cada vez más frecuentemente arrestos y detenciones de adultos pero también de niños y niñas
supuestamente involucrados en la comisión de crímenes relacionados con la delincuencia organizada.
Niños/niñas detenidos en operativos militares y policiales contra la delincuencia organizada
Fuerza período cantidad
SEDENA 2007/2010 232
SEMAR 2007/2010 26
POLICIA 2008/2010 363
601

Documentos de Trabajo Cruce de fuego: niños, niñas y adolescentes en el narcotráco mexicano
17
El periódico Reforma, en sus investigaciones sobre el mismo tema y citando fuentes de la Procuraduría
General de la República, arma que el número total de niños y niñas detenidos en operativos federales
contra la delincuencia organizada desde diciembre 2006 hasta abril 2010 es de 3.66434.
Año Número
2006 (diciembre) 64
2007 868
2008 1.020
2009 1.272
2010 (enero-abril) 440
Total 3.664
Es preciso señalar que esas detenciones, cualquiera que sea su número exacto, se están llevando a
cabo en una preocupante situación de vacío legal, debido a la falta de expedición de la Ley Federal de
Justicia para Adolescentes, cuya creación se encuentra atorada en las Cámaras del Congreso desde 2005.
En diciembre de 2005, la reforma al artículo 18 de la Constitución introdujo en México el sistema in-
tegral de justicia para adolescentes.
La reforma constitucional instituyó una obligación para la Federación y cada entidad federativa de
contar con un sistema de justicia penal para adolescentes, en sus respectivas esferas de competencia. En
el plazo establecido del 12 de septiembre de 2006, todos los estados cumplieron con la instrumentación
de las leyes estatales de justicia juvenil para procesar y juzgar los delitos de fuero común. Al contrario,
para la Federación, responsable de los delitos del fuero federal, no se estableció ningún plazo y hasta la
fecha (septiembre 2011) la expedición de la ley federal aún está pendiente.
Ante el retraso en la ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación trasladó en 2008 la responsabi-
lidad de los procesos jurídicos federales a los gobiernos estatales al amparo de la anterior Ley para el
Tratamiento de Menores Infractores de 1991.
Sin embargo, la ley de 1991 reconoce sólo un recurso ordinario de defensa para niños y niñas en
conicto con la ley y no los cuatro de todo proceso jurídico como apelación, denegada apelación, queja
y revocación; asimismo la ley anterior no obliga al juez a conocer y escuchar al adolescente en proceso,
ni a tener una defensa ni a reconocer a sus padres como representantes.
Entre las razones que pueden explicar la falta de una legislación federal seguramente ocupar un lugar
principal la carencia de recursos económicos para hacer funcionar el nuevo sistema. Ello requiere una
importante reestructuración orgánica, operativa y presupuestal para crear agencias del Ministerio Público,
juzgados, policías, defensores públicos y centros de internamiento especiales para adolescentes que
cometen delitos federales en toda la República. Sin embargo nada de esto descarta la necesidad de que
la Federación se avoque a la creación de su ley de justicia para adolescentes con la máxima urgencia.
La prevención de la delincuencia organizada es tarea de todo Estado que pretenda luchar ecazmente
contra ella. La Convención de Palermo lista algunas principales medidas que los Estados partes deberían
adoptar para reducir las oportunidades de los grupos delictivos de participar en actividades ilícitas. Entre
ellas gura la de mitigar las circunstancias que hacen vulnerables a los grupos socialmente marginados
a las actividades de la delincuencia organizada transnacional.
Para luchar ecazmente contra el reclutamiento y la explotación de niños y niñas por parte de grupos
criminales es obligación del Estado mexicano establecer una estrategia de prevención especialmente
dirigida a esa parte de la población y sus familias. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU le reco-
mendó al gobierno mexicano que tomara en cuenta las normas internacionales en materia de prevención
34 Infancia y conicto armado en México, Red por los derechos de la infancia en México, enero de 2011,
http://www.derechosinfancia.org.mx/iaespanol.pdf , pág. 39.

Documentos de Trabajo Cruce de fuego: niños, niñas y adolescentes en el narcotráco mexicano
18
de la delincuencia juvenil, en particular las Directrices de Riad. Asimismo, el Comité, en su observación
general N.10 sobre “Los derechos del niño en la justicia de menores”, hizo hincapié en la importancia de
la prevención, porque “una política de justicia de menores que no vaya acompañada de un conjunto de
medidas destinadas a prevenir la delincuencia juvenil comporta graves limitaciones”.
La tendencia actual en políticas públicas sobre seguridad es la represión. En México, toda intervención
en defensa de la integridad de la población escolar se enfoca en la protección policial de las escuelas y
se descuida la neutralización de los factores de riesgo.
El gobierno mexicano parece considerar la delincuencia organizada sólo como un problema de seguri-
dad pública y un desafío criminal y no como un problema social. En consecuencia responde con medidas
policíacas en vez de medidas preventivas.
Hasta ahora no se conoce ningún programa estatal centrado en bloquear los ujos de niños y niñas
que cada año se unen a los grupos criminales. Las políticas de militarización no solucionan el problema
porque no enfrentan las causas profundas de la violencia sino sus consecuencias. Esas políticas tienen
además el efecto de centrar la atención de la población y los medios de comunicación sobre las medidas
represivas y la lucha contra la delincuencia mientras los aleja de los verdaderos problemas que son la
corrupción, la pobreza, el desempleo y la falta de alternativas de vida. Asimismo, la criminalización de
algunas conductas, la detención y el encarcelamiento de niños y niñas o la disminución de la edad míni-
ma de responsabilidad penal demostraron ser inefectivos y contraproducentes porque sólo aumentan la
reincidencia, la radicalización de la conducta criminal y el fortalecimiento de las redes criminales.
La violencia criminal del narcotráco
Los daños colaterales de la guerra contra el narcotráco se hacen más evidentes en niños de escasos
recursos que habitan en ciudades fronterizas con altos niveles de violencia, tales como Ciudad Juárez y
Tijuana. Alrededor de 7 mil niños han sido víctimas directas de este conicto. Según la periodista Xime-
na Vega desde el año 2006, 4 mil niños y adolescentes fueron asesinados directamente por comandos
armados o perecieron en fuegos cruzados entre carteles o entre estos y el ejército. Los otros 3 mil han
quedado huérfanos por las mismas causas35.
Los niños en edad escolar están en riesgo, ante el desempleo futuro, de terminar trabajando como sica-
rios de poca monta para algún cartel de la droga. Aunque no sólo es el desempleo el factor determinante.
Muchos niños ven a los narcotracantes como modelo a seguir. Lo más preocupante es la edad a la que
estos jóvenes serán reclutados por los narcotracantes. Debido al gran atraso en materia educativa hay
muchos adolescentes que no estudian ni trabajan: los ninis. De hecho se calcula que al menos la mitad
de los 10 mil arrestados por crímenes violentos en Mexicali en el año 2010 eran menores de 13 años36.
En el Foro “Violencia Armada en México: Violaciones Graves a los Derechos Humanos” llevado a cabo
el 18 de marzo de 2011 en la CDHDF se armó que la vida de niñas, niños y adolescentes se ha visto
impactada de manera importante por la violencia generalizada.
Entre otros, Carlos Cruz, director de Cauce Ciudadano, habló sobre la importancia de reconocer qué
es lo que pasa con los adolescentes a los cuales se les criminaliza, siendo que en realidad son obligados
a participar con el crimen organizado y son señalados como criminales en lugar de como víctimas37. Con-
sideró que la situación es comparable con un sistema de leva pero operado por integrantes del crimen
organizado quienes secuestran a niñas, niños y adolescentes, de hasta 8 años de edad. En este contexto
es necesario elaborar casos que lleven a juzgar a las líneas de mando adultas que han obligado a niñas
y niños a cometer delitos, así como generar mecanismos de protección para ellos. Resaltó la falta de
oportunidades para la infancia y la disminución de la participación del Estado en términos sociales ya que
indicó, no se generaron opciones en los últimos 15 años.
35 Los niños y el narcotráco en México, Ximena Vega, 19 de mayo de 2010,
www.vivirmexico.com/2010/05/los-ninos-y-el-narcotraco-en-mexico
36 Idem
37 REDIM, Boletín de Prensa, 18 de marzo de 2011, http://www.derechosinfancia.org.mx/Especiales/boletin_cdhdf2011.html

Documentos de Trabajo Cruce de fuego: niños, niñas y adolescentes en el narcotráco mexicano
19
Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México
resaltó que la “narco explotación” es un tema emergente, ya que recién ahora se está hablando de es-
clavitud, trata y captación de adolescentes. Consideró que “en la búsqueda de alternativas la respuesta
tiene que ver con la participación las y los ciudadanos. Tenemos recuperar espacio públicos y proteger
los derechos humanos, ubicar a niñas niños y adolescentes y promover su participación”38.
Las organizaciones civiles de México contabilizan aproximadamente 25.000 menores que están vin-
culados con el crimen organizado. Según los expertos los niños que trabajan para el narco mexicano son
víctimas del agresivo entorno social en el que se desenvuelven39. Muchos menores enrolados en carteles
de la droga crecieron en un entorno de violencia permanente, con hogares pobres, sin oportunidad de
empleo o educación y en medio de una sociedad que los margina y condena a la delincuencia.
En ese entorno son presa fácil del narcotráco que les ofrece no sólo empleo, sino un sentido de
pertenencia a algo, en ese caso la organización. Y se aprovechan de eso.
Los adolescentes enrolados en los carteles pueden cumplir diversas funciones. En primer lugar, son
vigilantes que se ponen en las estaciones de gasolina y en las entradas y salidas de las carreteras “para
avisar a los narcotracantes quién llega y quién sale de la zona de su inuencia”, explica el profesor de
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Víctor Manuel Quintana. También los utilizan para ciertos
tipos de robos.
Pero el mayor problema es que está incrementándose “el empleo de los niños como ejecutores”, dice
Quintana. Estos chicos han tenido problemas de socialización en la infancia y tienen a menudo problemas
psicológicos que les convierten en personas capaces de asesinar a alguien.
Hay dos factores principales que llevan a los niños a los carteles, según el profesor Quintana. En primer
lugar está el componente socioeconómico, ya que crecieron en un entorno violento y de pobreza. Son
“adolescentes que se quedaron fuera del sistema escolar de México y tampoco tienen oferta de empleo
para ellos”.
Por otro lado existe un aspecto cultural. La cultura popular presenta a los narcotracantes como
héroes que “llegan a tener mucho dinero, poder y prestigio”.
Pero la mayoría de estos menores no alcanza a escalar altas posiciones en las organizaciones cri-
minales porque este papel suele estar reservado para los familiares de los capos. Además, existe una
estadística de que los niños del narco no llegan a edades avanzadas. Según datos ociales, en los últimos
4 años, han muerto más de 2.500 adolescentes sin cumplir la mayoría de edad40, más precisamente 2.526
adolescentes de los cuales 346 son menores de 15 años41.
No se sabe cuántos forman parte de carteles de la droga, pero organizaciones civiles hablan de unos
25.000 vinculados a la delincuencia organizada.
Los niños y adolescentes del narcotráco duran poco en los carteles, e incluso algunos dicen que su
promedio de vida es de tres años.
La mayoría no escala posiciones en la organización, pues ese papel generalmente está reservado a
familiares de los grandes capos. El resto sólo sirve como carne de cañón, según declaró a BBC Mundo el
periodista Javier Valdéz, autor del libro Los Morros42 del Narco. “Son material de desecho para los narcos,
a los que echan por delante en los enfrentamientos. Son los primeros que matan o detienen”, arma.
38 REDIM, Boletín de Prensa, 18 de marzo de 2011, http://www.derechosinfancia.org.mx/Especiales/boletin_cdhdf2011.html
39 Actualidad RT, Hay más de 25 mil niños del narco en México, 26 de marzo de 2011,
http://actualidad.rt.com/actualidad/america_latina/issue_22169.html
40 Idem
41 BBC Mundo, Los niños soldados del narcotráco en México, 25 de marzo de 2011,
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110324_mexico_ninos_soldados_narcotraco.shtml
42 Sinónimo de niño en México.

Documentos de Trabajo Cruce de fuego: niños, niñas y adolescentes en el narcotráco mexicano
20
El 27 de enero de 2011 los militares mexicanos capturaron en el municipio de Jiutepec en Morelos, a
un menor de 15 años que confesó trabajar para el cartel del narcotráco del Pacíco Sur.
En una declaración ante medios de comunicación, el niño dijo que fungía como halcón (vigilante)
de los narcos, que sólo había estudiado hasta quinto de primaria y que colaboraba con ese grupo bajo
amenaza de muerte.
Esta historia llegó a los medios de comunicación cuando analistas e investigadores no habían terminado
de estudiar el caso de un pequeño de 14 años que en diciembre fue acusado de ser asesino a sueldo
del mismo cartel. El menor dijo, también ante medios, que cometía los homicidios después de haber sido
drogado por un líder de ese grupo.
Según la Procuraduría General de la República (PGR), 3.664 menores fueron detenidos en operativos
contra la delincuencia organizada de diciembre de 2006 a abril de 2010.
Sin embargo el gobierno mexicano aseguró ante el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU
que “no cuenta con datos” sobre la participación de infantes en grupos delictivos o armados, según publicó
la agencia France Press.
La delegación mexicana, liderada por el subsecretario Felipe de J. Zamora Castro de la Secretaría
de Gobernación y por Cecilia Landerreche Gómez Morín del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), negó ante el comité que en México haya algún conicto armado o niños en medio de éste.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), integrada por 63 organizaciones de la
sociedad civil con programas a favor de la infancia, ha documentado que al menos 30.000 menores
están involucrados en algún grupo delictivo con diversas actividades ilícitas. Según la Redim los niños
suelen ser parte del crimen organizado por amenazas de muerte o para recibir un sueldo ante su precaria
situación económica y social43.
Según José Luis Cisneros, sociólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana, los niños son presa
fácil de la delincuencia cuando se trata de menores sin oportunidades que “socialmente, ven a la violencia
como la única forma de hacerse respetar y de ejercer cierto poder, algo que se les ha negado a sus familias”.
El caso de estos menores detenidos por participar en diferentes acciones con el cartel del Pacíco Sur,
un nuevo grupo armado que según investigaciones federales está aliado con Los Zetas, se suma a los
42 niños de entre 13 y 17 años que fueron capturados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
entre enero y mayo de 2010, según cifras de la Redim.
En ese mismo periodo la Secretaría de Marina (Semar) realizó nueve detenciones de menores, mien-
tras que la PGR, casi diez veces más, con 440 niños aprehendidos.
Con esta denuncia, la Red por los Derechos de la Infancia en México ha pedido al Estado mexicano
reconocer un nuevo tipo de explotación infantil: “los cárteles no los están formando para ser cabecillas,
es una nueva forma de explotación en la que se les utiliza para delinquir, violar la ley y burlar a las auto-
ridades”, dijo Verónica Morales, de la Redim.
Entre 25 mil y 35 mil menores de edad han sido reclutados por el narcotráco en los últimos cuatro
años, de acuerdo con datos de un centenar de organizaciones civiles.
El Informe Alternativo sobre protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo
a la participación de niños en conictos armados, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia
en México (Redim) y presentado a la ONU, reporta que el crimen usa a niños y adolescentes en toda la
línea de producción y tráco de drogas.
43 Los niños vinculados al crimen: víctimas de la delincuencia y del Estado, 2 de febrero de 2011,
http://mexico.cnn.com/nacional/2011/02/02/la-opcion-para-los-ninos-dentro-de-los-grupos-armados

Documentos de Trabajo Cruce de fuego: niños, niñas y adolescentes en el narcotráco mexicano
21
En el país, según otro análisis de 96 organizaciones sociales, hace una década la edad de recluta-
miento se ubicaba entre los 20 y 35 años. Ahora ingresan a las las de la delincuencia muchachos de
entre 12 y 15 años.
Este fenómeno ha dejado su huella de sangre. De diciembre de 2006 a octubre de 2010, entre 1.060 y
1.200 menores murieron en la guerra contra el crimen organizado y entre 30 y 50 mil quedaron huérfanos,
tan sólo 10 mil en Ciudad Juárez44.
Y entre 2009 y 2010 se incrementó 34% el número de adolescentes detenidos por delincuencia orga-
nizada, portación de armas y delitos contra la salud.
El reclutamiento de niños y adolescentes se explica en parte porque los menores de 14 años tienen
inmunidad constitucional para no responder penalmente por sus actos aunque hayan asesinado, secues-
trado o torturado. De hecho —y al contrario que las 32 entidades federativas— la Federación no tiene
una ley de justicia para adolescentes.
El narcotráco recluta a 9 mil niños cada año
Hasta 35 mil niños, niñas y adolescentes menores de edad han sido reclutados por el narcotráco en
los últimos cuatro años, según cálculos de organizaciones civiles, lo que signicaría que, en promedio,
8.700 infantes se sumaron a las las del crimen cada año45.
Las estimaciones realizadas por la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) y una centena de or-
ganizaciones del norte del país, agrupadas en el monitoreo que hace el Programa Infancia en Movimiento,
arrojan que entre 25 mil y 35 mil menores de 18 años fueron cooptados de 2006 a la fecha.
En el caso exclusivo del Informe Alternativo sobre protocolo facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en conictos armados, presentado en junio de
este año por la Redim ante la Organización de las Naciones Unidas sentó que aproximadamente en este
periodo, 30 mil menores de edad han sido utilizados y explotados por el crimen organizado para toda la
línea de producción y tráco de drogas.
“En su mayoría estamos hablando de niños entre los 13 y los 17 años, pero cada vez está bajando más
la edad. Tenemos que poner en el centro que son niños y niñas que supuestamente deberían de estar
cursando lo que hoy es el periodo de educación básica obligatoria en nuestro país, y que no se están
quedando en la escuela”, advirtió Nashieli Ramírez, directora de la organización Ririki Intervención Social.
Y es justo en la falta de una oferta educativa para los infantes donde se concentra el problema, aseguró
la experta en temas de infancia. “Hoy estamos viendo con preocupación sobre todo en ciudades como
Juárez, Reynosa y Matamoros la transición de la deserción escolar entre primaria y secundaria, y eso
te cuadra exactamente con cómo está reduciéndose la edad de reclutamiento. En Ciudad Juárez, por
ejemplo, la edad de reclutamiento bajó en cinco años de entre 14 y 16 años a entre 12 y 14 años, según
las estimaciones de las organizaciones de Juárez”, detalló.
En el resto del país, según un pronunciamiento realizado por 96 organizaciones de la sociedad civil
como Colectivo Marabunta, Infancia Común, A.C., INCIDE Social, A.C. y la Academia Mexicana de De-
rechos Humanos hace una década la edad de reclutamiento se ubicaba entre los 20 y 35 años, y ahora,
ingresan a las las del crimen organizado muchachos de entre 12 y 15 años, para los que las posibilidades
de emplearse en actividades legales son prácticamente inexistentes.
44 Recluta el narco en México a nueve mil niños al año, revelan, Laura Toribio, Claudia Solera y Leticia Robles de la Rosa,
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=686479, 16 de noviembre de 2010.
45 Idem

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La Federación carece de marco legal para juzgar a menores
Por primera ocasión, antes que la Federación, las 32 entidades del país tienen sus leyes de justicia
para adolescentes, aunque en varias de ellas todavía no se aplica plenamente porque carecen de las
instalaciones especiales para la creciente población de menores infractores y de los juzgadores, minis-
terios públicos y defensores de ocio especializados en adolescentes.
La constante en estas legislaciones es el colocar como último recurso el internamiento de los menores
de edad por plazos máximos que van de cinco a diez años.
Desde diciembre de 2005, el artículo 18 de la Constitución ordena a la Federación, los estados y el
Distrito Federal a crear “un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la reali-
zación de una conducta tipicada como delito por las leyes penales y tengan entre 12 años cumplidos y
menos de 18, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para
todo individuo”.
A pesar del tiempo transcurrido y la experiencia nacional acumulada al respecto, la Federación es la
única entidad que aún carece de una Ley Federal de Justicia para Adolescentes.
Crecen 34% los ilícitos de jóvenes
Los delitos federales en jóvenes van en aumento. En tan sólo un año, se incrementó 34% el número
de adolescentes detenidos por delincuencia organizada, portación de armas y delitos contra la salud,
según los centros de tratamientos para menores de la Ciudad de México. Mientras en 2009 se contaban
3.843 detenidos en 2010 ya se sumaban 5.602.
El secuestro es otro delito que se ha expandido entre los jóvenes. De 2007 a 2008 la Procuraduría
de Justicia del Distrito Federal alertaba que había crecido 289% el número de implicados por secuestro.
Al incremento de los delitos contra la salud y al crimen organizado, encabezados por los jóvenes mexi-
canos, también se cuenta el homicidio. Un alto porcentaje de asesinatos fueron cometidos por personas
muy jóvenes: del total de homicidios cometidos en 2009, 32.59% tuvo como responsable a personas entre
los 18 y los 24 años, según el INEGI.
El robo también se ubica en el primer lugar de la lista de delitos que cometen los adolescentes.
El Instituto Mexicano de la Juventud señaló que de los 45.593 menores de edad que realizaron acti-
vidades consideradas delictivas, en el 41% de los casos cometieron un robo.
Pero hay estados como Sinaloa, donde la presencia delictiva de los jóvenes es alarmante.
72% de la comisión de delitos que van del robo, asalto bancario, secuestro, homicidios, portación de
armas y tráco de drogas están protagonizados por jóvenes que van de los 18 a los 29 años de edad,
según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Entre los factores del incremento de la juventud en la delincuencia están la escasa condición económica
y los bajos niveles de estudios. Según el abogado Hanzel Holzhaimer, del Reclusorio Norte, la mayoría de
los adolescentes sentenciados tienen entre 14 y 18 años y su nivel escolar apenas alcanza la secundaria.
Por este perl varios analistas han señalado que hasta siete millones de jóvenes son vulnerables al
crimen organizado, porque no estudian ni trabajan.

Documentos de Trabajo Cruce de fuego: niños, niñas y adolescentes en el narcotráco mexicano
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El “ponchis”: un paradigma de violación a los derechos del niño46
En diciembre de 2010 un adolescente de 14 años acusado de varios homicidios encargados por un
narcotracante mexicano enfrentó en su detención una insólita serie de preguntas lanzadas por varios
reporteros.
El adolescente explicó que era un huérfano que se unió a las las del cartel del Pacíco Sur a los 12
años. Dijo que Julio Padilla, a quien las autoridades identican como el líder del grupo, lo amenazó. “O
trabajaba o él me mataba”, aseguró.
Con las manos dentro de los bolsillos de los pantalones el menor dijo a los reporteros que recibía su
pago semanalmente en dólares y pesos. Pero al responder preguntas sobre si sabía lo que hacía cuando
presuntamente cometió los homicidios el menor explicó que se encontraba bajo la inuencia de las drogas
y sin darse cuenta de sus actos. “No, no sabía”, contestó.
La cara del menor estuvo visible todo el tiempo que duró el intercambio con la prensa en contraste
con los agentes de policía apostados a los lados.
Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, advirtió que las autori-
dades no debieron dar permiso a camarógrafos y fotógrafos para acceder a imágenes del menor. “Fue
completamente inapropiada la forma de presentarlo ante los medios”, dijo.
“Todo el mundo tiene el derecho de presunción de inocencia”, explicó. “Además esto pudo haber puesto
su vida en un serio riesgo. Tenemos que recordar que esta es una pelea entre organizaciones criminales”.
El Ponchis dijo que fue a la escuela antes de unirse a la banda de narcotracantes. “Yo estudiaba”,
pero explicó después que dejó la escuela. “Ya no quise estudiar… no me gustó”.
El vacío legal para los niños en la lucha contra el narco
Las organizaciones civiles en pro de la infancia consideran que los niños que participan en los grupos
delictivos son víctimas de la delincuencia pero también de las mismas autoridades que permiten que
haya graves fallas en la ley.
“No existe una ley Federal de Justicia Penal para adolescentes. Hay una propuesta en revisión en el
Congreso pero incluso ésta tiene omisiones importantes. La convención sobre los Derechos de los Niños
señala que los niños tienen que estar en tratamiento y no necesariamente recluidos tras haber cometido
un crimen”, dijo a CNN México Verónica Morales, de Redim47.
La Red denuncia que se violan las garantías individuales cada vez que un menor es detenido en un
operativo y después presentado ante autoridades y medios de comunicación como delincuentes, sin to-
mar en cuenta el principio de presunción de inocencia y la protección de identidad de un menor de edad.
Arturo Argente, director del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca,
explicó a CNN México que para respetar las garantías individuales de cada menor detenido las autorida-
des mexicanas deben resguardar su identidad y garantizar que se seguirá un proceso “desde un ángulo
de explotación infantil, como un niño que está trabajando en un negocio ilegal”. Además deberá recibir
atención psicológica y orientación para aprender a respetar la ley.
En diciembre de 2010 el Ejército permitió que un menor de 14 años detenido en Morelos, cuando
se dirigía al aeropuerto para viajar a la ciudad de San Diego, en Estados Unidos, dijera ante medios de
46 Adolescente declara que cortó la garganta de sus víctimas bajo amenaza, 5 de diciembre de 2010,
http://mexico.cnn.com/nacional/2010/12/05/el-ponchis-declara-que-corto-la-garganta-de-las-victimas-bajo-amenaza
47 Los niños vinculados al crimen: víctimas de la delincuencia y del Estado, 2 de febrero de 2011,
http://mexico.cnn.com/nacional/2011/02/02/el-vacio-legal-para-los-ninos-en-la-lucha-contra-el-narco

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comunicación haber cometido diversos asesinatos desde los 11. En este caso se violaron el derecho a
la privacidad y no se resguardó su identidad.
Lo mismo ocurrió con el menor de 15 años detenido el 27 de enero en Jiutepec, Morelos, cuando los
militares lo llevaron ante los medios antes de ponerlo a disposición de la scalía (PGR).
Las otras víctimas
Los niños involucrados con grupos criminales no son las únicas víctimas de la Estrategia Nacional de
Seguridad encabezada por el gobierno mexicano.
Según el conteo realizado por la Redim, desde que se anunció el programa de combate al crimen orga-
nizado, en diciembre de 2006, han muerto al menos 994 niños víctimas de los enfrentamientos armados48.
Esta cifra, de ser reconocida por el gobierno federal, podría representar al 2.87% de las 34.612 muertes
violentas que las autoridades mexicanas tiene contabilizadas desde que inició la lucha contra el narcotráco.
Desde 2006 la Secretaría de Salud ha registrado un aumento en el número de homicidios de niños
entre 15 y 17 años. La tendencia es más marcada en los estados del norte del país como Baja California,
Chihuahua y Sinaloa, entidades que alojan a los municipios calicados por el gobierno federal como los
“más violentos del país”.
La Redim asegura que la cifra de niños huérfanos podría alcanzar los 30.000 aunque deja claro que
éste también es sólo un cálculo y no una cifra ocial.
Cruce de fuego
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU le solicita una rendición de cuentas a México sobre la
participación de niños en la llamada “guerra del narco”49.
México “carece de información sobre el uso de niños por grupos no estatales armados y por lo tanto
no ha tomado medidas para impedir el reclutamiento”, señala el Comité, compuesto por 18 expertos
independientes que vigilan el cumplimiento de la Convención internacional en la materia.
Un colectivo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) denunció ante este Comité, que entre
25 mil y 30 mil adolescentes habrían sido forzados a colaborar con los carteles de la droga y que otros
mil fueron asesinados en el contexto de la represión del narcotráco.
La ONU le pide a México “que adopte las medidas necesarias para garantizar que no haya niños
reclutados por grupos no estatales”, que haya una ley que lo penalice, y requiere “la identicación y se-
guimiento de los diversos grupos armados en el país, incluidos los grupos paramilitares, la delincuencia
organizada y las empresas de seguridad”.
Al mismo tiempo la ONU le recomienda a México que “mejore el sistema de recogida de datos y
análisis sobre el reclutamiento voluntario y el reclutamiento obligatorio por las fuerzas armadas y en las
escuelas militares”.
La Convención autoriza la edad de 18 años para ingresar al servicio militar, admitiendo la posibilidad
de hacerlo desde los 16 años si el adolescente da su consentimiento y obtiene la aprobación de su padre
o tutor, una eventualidad que la ONU sin embargo desaconseja a los Estados.
48 Los niños vinculados al crimen: víctimas de la delincuencia y del Estado, 2 de febrero de 2011,
http://mexico.cnn.com/nacional/2011/02/02/las-otras-victimas
49 ONU pide cuentas a México sobre niños en el conicto del narcotráco, 05 de Febrero de 2011,
http://www.nssoaxaca.com/nacional/122-general/61028-onu-pide-cuentas-a-mexico-sobre-ninos-en-el-conicto-del-narcotraco

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En su comparecencia ante el Comité el gobierno mexicano aseguró respetar esas normas, pero las
ONGs revelaron un “incremento de las acciones del Ejército mexicano de promoción para la incorporación
temprana de adolescentes en comunidades rurales altamente excluidas socialmente”, donde “ha crecido
el servicio militar anticipado para adolescentes de 15 a 17 años de edad”.
El Comité exige “que los niños en las escuelas militares no participan en la búsqueda o la destrucción
de drogas ilegales o de cualquier otra forma de participar en la lucha contra el narcotraco”, que sean
considerados “como civiles hasta que cumplan los 18 años” y que su formación sea supervisada por la
Secretaría de Educación.
Las ONGs comunicaron al Comité tener documentado que en 2009 alumnos de escuelas militares de
15 a 17 años de edad “fueron llevados a cumplir con acciones de erradicación de cultivos de mariguana”
en Michoacán y que “se está involucrando a los estudiantes de las escuelas militares que suman cerca
de 5 mil adolescentes”, pero el gobierno mexicano no lo conrmó.
En ese contexto, el Comité exhorta a México a que “los niños en las escuelas militares” que tuvieron
problemas con la ley sean tratados por tribunales civiles, que no sean sometidos a “castigos corporales y
otras formas crueles y degradantes”, y que tengan “un acceso adecuado a las denuncias independientes
y mecanismos de investigación”.
La ONU espera de México le notique “sobre el número de niños detenidos, heridos o muertos en la
lucha de las fuerzas del ejército y la policía contra la delincuencia organizada”, que se investiguen los
delitos “contra los niños”, y que sus autores sean “procesados y castigados”.

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Bibliografía
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2. Comité Internacional de la Cruz Roja CICR, Violencia y uso de la fuerza, Ginebra, 2008.
3. Comité por los Derechos del Niño de Naciones Unidas, 56° período de sesiones, 4 de febrero de
2011, www.derechosinfancia.org.mx/recomendacionesopsc.pdf
4. Sedena, Convocatoria 2011 en:
http://www.sedena.gob.mx/index.php/component/content/article/151-admision-
/5934-convocatorias-2011
5. Infancia y conicto armado en México, Red por los derechos de la infancia en México, enero de 2011,
http://www.derechosinfancia.org.mx/iaespanol.pdf
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mexicano, Aguilar, marzo de 2011, México.
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en México, http://www.derechosinfancia.org.mx/datosicm2010.pdf
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9. Los niños y la guerra, Red por los derechos de la infancia en México,
http://www.derechosinfancia.org.mx/Temas/temas_guerra1.htm
10. Secretaría de la Defensa Nacional, Tercer informe de labores, 2009.

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