Díkaion

Fascinante artículo que nos transporta en el tiempo para explicarnos el inicio de la codificación; la utilidad de la codificación; de la unificación del derecho: de Voltaire a la Unión Europea; métodos de codificación y tipos de códigos; etc., etc., hasta llegar al Código de Comercio de 1673 llamado el "esquelético", el de 1807 "un código falsamente nuevo" y el de septiembre de 2000, llamado el código "obeso". Los tres códigos han sido útiles, pero no ofrecen una visión real del derecho aplicable. El autor recomienda a los ciudadanos y a los juristas que deben utilizar los códigos de comercio publicados por editores privados.

1. Introducción 2. El control parlamentario del gobierno 2.1 Los principales instrumentos de control del parlamento españolA. Las preguntas. a) Las preguntas con respuesta oral. b) las preguntas con respuesta escrita B. Las interpelaciones e las comisiones de investigación C. La petición de información D Las mociones de reprobación individual 2.2 Otros controles parlamentarios a. Las proposiciones no de ley b. La convalidación de decretos-leyes c. Control de decretos legislativos d. Autorización de celebración del referéndum e. Intervención de la camara baja en los regímenes de excepción f. El control de medidas coactivas sobre las comunidades autónomas 3. Las relaciones parlamento-gobierno en la práctica 4. Los problemas para ejercer el control parlamentario Conclusión

Este ensayo se centra en torno a la justicia constitucional. Señala la manera como se fue estructurando en el medio, y el papel que está llamada a desempeñar la corte constitucional, y en general los jueces, en la vida institucional. Está orientado a contribuir al rescate de la historia del derecho público nacional.

El artículo tiene por objeto analizar a garantía de hábeas data partiendo de los antecedentes extranjeros; comparando la fórmula constitucional argentina con la de otros países. Se establecen de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia nacional el objeto, la finalidad y los derechos tutelados por el instituto. Se realiza una análisis de la Jurisprudencia más importante de Argentina; demostrando cómo la Ley Reglamentaria 25.326, del articulo 43 de la Constitución Nacional toma los principios básicos sentados por la jurisprudencia y la doctrina; tal el caso de la ampliación de la legitimación, la creación pretoriana del derecho a la verdad objetiva, y los límites al secreto de Estado.

Un análisis sobre cómo la Constitución y la Ley reconocen el derecho de propiedad privada y garantizan su ejercicio, pero sus regulaciones condicionan y restringen cada vez con mayor rigor el uso o utilización de los bienes inmuebles. Los planes de desarrollo de los distintos niveles -nación, regiones, departamentos, áreas metropolitanas, distritos, municipios- han generado una profusa legislación que entraba el libre ejercicio de este desarrollo en lo concerniente a su utilización, en la ejecución de los propósitos de un Estado Social de derecho.

La fe y la razón resultan perfectamente compatibles en el ámbito académico. La búsqueda de la verdad genera la solidaridad en el marco de la comunidad universitaria. Frente al naturalismo inmanentista de la modernidad o el escepticismo nihilista de la posmodernidad, la recuperación de la persona resulta un elemento clave en la reformulación de la cultura.

Las acciones ambientales intentan tanto la recomposición del ambiente como el resarcimiento de los daños y perjuicios. Existen distintas acciones a través de las cuales se ha intentado acceder a la justicia a los fines de la tutela del derecho al ambiente sano de acuerdo con las disposiciones del artículo 41 de la Constitución nacional, y ello se ha prestado a diversas interpretaciones. El constituyente argentino previó una acción colectiva frente a un derecho de incidencia colectiva a todos los titulares del mismo, y el legislador, al reglamentar la prescripción constitucional, no legitima a cualquiera que no sea el titular del derecho a ejercer una acción, porque se trataría de una acción popular, y en Argentina no existe la misma.

El objetivo principal de este trabajo es analizar la actividad interpretativa del juez constitucional cuando se pronuncia frente a las reformas constitucionales. Este trabajo sostiene que la Corte Suprema de Justicia en su momento, y ahora la Corte Constitucional, combinan varios criterios o métodos de interpretación jurídica cuando justifican el incremento de sus facultades de control de constitucionalidad de las reformas de la Carta Política, mientras que acuden al criterio literal cuando se “autorrestringen” frente a esta competencia. el artículo se refiere a la interpretación y a los criterios de interpretación en general, y analiza la interpretación de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (sentencias de 1978, 1981 y de 1990), y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional entre los años 1992 y 2006.

El presente artículo constituye una reflexión acerca de la necesidad (o no) de aplicar, en el marco de la interpretación prejudicial (IP), regulada en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (TJCA), la doctrina del acto aclarado. Como se sabe, el tratado en mención creó la interpretación prejudicial, que consiste en la posibilidad que tienen los jueces de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de consultar al TJCA, acerca de la interpretación de una norma comunitaria, en el supuesto de que dichos jueces se encuentren resolviendo un caso en el cual deban aplicar disposiciones jurídicas de la CAN, o al menos las partes discutan dicha aplicación. Los jueces nacionales están obligados a realizar la referida consulta en todas las hipótesis en las que la sentencia que dicten no sea susceptible de recurso, según el derecho interno correspondiente. En el resto de los asuntos tal consulta es facultativa de los jueces internos. En este marco, el trabajo trata sobre si, en el supuesto de que la consulta del juez nacional al TJCA sea obligatoria, tal imperatividad debería ceder cuando el propio Tribunal ha resuelto la cuestión reiteradamente, a través de una IP previa, en un asunto que guarda analogía de hecho y de derecho.

Trabajo realizado por encargo de la Fundación VOC de Investigación de la Comunicación entre Científicos.

La división del poder público en ramas o funciones se sigue manteniendo hasta el día de hoy y se hace visible en la asignación de funciones específicas que hace cada constitución a los órganos del poder público y consecuencialmente en el sistema de controles que de allí se desprende. A pesar de ello, los controles que se ejercen sobre la rama ejecutiva del poder público pueden variar de un Estado a otro, en la medida que algunos incluyen estas funciones en la Constitución Política y otros defieren esta tarea en el legislador; a pesar de lo anterior, sustancialmente versan sobre los mismos aspectos. En algunos Estados, se deja entrever una fundamentación ideológica en la consagración constitucional de los controles, tal como ocurre con Cuba y Venezuela. En otros la raigambre federal hace que el desarrollo constitucional sea escaso, como ocurre en Argentina y México. No obstante, estas diferencias, la mayoría de los Estados parten de una clara consagración de un sistema de controles sobre la función ejecutiva del poder público

De la segunda etapa de esta investigación se desprende que la tridivisión de poderes como una noción clásica de la teoría del Estado, y como el medio principal para limitar el ejercicio del poder público parece haber perdido fuerza en las constituciones de América Latina; nociones tales como la colaboración armónica entre órganos y la especialización de la función de control, parecen tomar el lugar de la acostumbrada división del poder público. El análisis comparativo evidencia que las diferencias entre uno y otro Estado en el punto de los controles que se ejercen sobre el ejecutivo, se hacen perceptibles en la forma de ejercicio de dichos controles, pero se mantiene la misma estructura de una constitución a otra

Si en el proyecto de Código de Procedimiento Penal aprobado en segundo debate por la Plenaria de la Cámara de Representantes se faculta a la Fiscalía para no exhibir todos los medios cognoscitivos que se encuentren en su poder al momento de efectuar la imputación, o al solicitar la imposición de medida de aseguramiento, y a la postre puede presentarlos cuando la defensa solicite la revocatoria de la referida medida, resulta evidente que con ello se violan los principios rectores de lealtad, igualdad y contradicción, así como el derecho fundamental de defensa establecido en la Carta Política, el Pacto de Nueva York y la Convención de San José de Costa Rica. No es procedente con criterios eficientistas reemplazar a los fiscales sin rostro por fiscales con rostro que ocultan las pruebas para sorprender al procesado en la audiencia. Por tanto, se impone retirar del proyecto la facultad de reservar medios demostrativos a la Fiscalía al efectuar la imputación o al solicitar la imposición de medida de aseguramiento, pues solo de tal manera podrán hacerse efectivos los principios rectores declarados en el mismo estatuto, con lo cual se garantizará el derecho a la defensa reconocido en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad, a fin de hacer legítimo y válido materialmente el sistema procesal próximo a implantarse.