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La violencia contra las mujeres en relaciones de pareja (VcM) es una pandemia crónica que tiene un
efecto multinivel en la sociedad. La VcM produce impactos adversos en las mujeres, sus hogares, sus
comunidades, las empresas y el Estado, con cuantiosas repercusiones económicas.
Mediante un diseño causal-multinivel, se encuestó a 2.501 mujeres en su...
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Citations
Objetivo. En la presente investigación se determina cómo la violencia contra las mujeres (VcM) basada en el género está impactando en la productividad laboral de las empresas de Bolivia, dentro del contexto pandémico correspondiente para el año 2021.
Método. Se usó un diseño descriptivo-explicativo, sobre la base de datos observacionales (encuestas) y relaciones de variables acorde a un modelo teórico. Los datos provienen de encuestas a 2567 trabajadoras y 2646 trabajadores de 20 empresas grandes y medianas de Bolivia.
Resultados. [1]. En general, la pandemia ha afectado a 3 de cada 4 trabajadoras*es tanto en su vida personal como laboral. En cuanto a la VcM, 47% han vivido experiencias de VcM, principalmente violencia psicológica y control coercitivo. Por otro lado, el 35.9% de trabajadoras ha experimentado algún incidente de hostigamientos sexual en el trabajo (HSL), con un promedio de 9.5 incidentes al año. Solo el 13.8% ha informado a alguien de la empresa sobre su situación violenta. [2]. Quienes experimentan VcM, ya sea como agredida o agresor, tienen mayores niveles de aceptación hacia la VcM, tanto implícita como explícitamente. En cuanto a sus efectos, la VcM tiene un impacto negativo en la concentración y energía (41.2%), el ausentismo (52.1%) y en los resultados laborales (42.1%). Controlando los efectos de la pandemia, el personal involucrado en situaciones de VcM pierden entre 5.4 y 7.6 días al año promedio. Contabilizar los costos adicionales del HSL (aislando los costos de la VcM y de la pandemia), significa 6,4 días perdidos más al año para la empresa por mujer agredida. [3]. Controlando el impacto del COVID-19, se observa que las empresas que vienen realizando acciones continuas de prevención tienen entre 17.8 y 25.2% menos prevalencia de VcM y ataques promedio por año, así como 10.1% menos actitudes a favor de la violencia. Incluso, la cantidad de días perdidos por VcM son 25.4% menos; es decir, en los casos donde ocurre VcM, el impacto negativo en la productividad es significativamente menor en las empresas que previenen la VcM.
Conclusiones. Hoy más que nunca las empresas bolivianas necesitan involucrarse en la prevención de la violencia contra las mujeres, no solo por el impacto económico que produce la misma en la productividad, sino también porque es estratégico para la recuperación económica pos pandémica. A diferencia de tiempos normales, la recuperación pos pandémica exige un mayor compromiso del personal, además de la disposición de todos sus recursos y capacidades para aumentar la productividad. Sin embargo, tal como los resultados de la investigación han mostrado, la VcM es la antítesis de esta recuperación, por cuanto disminuye la salud emocional del personal, aumenta el conflicto entre la vida personal y laboral, disminuye el compromiso laboral y, por consiguiente, disminuye la productividad laboral.
Intimate partner violence against women (VAW) is a chronic pandemic that has a multi-level impact on society. VAW has adverse impacts on women, their homes, their communities, businesses, and the state, with significant economic repercussions.
Using a causal-multilevel design, we surveyed 2,501 women in their households and 11,670 employees of large and medium-sized companies, reanalyzed data from 3,856 female owners of micro-enterprises, and reviewed national accounts and all available data to determine the country costs of VAW in Ecuador.
This research estimates that 59 out of every 100 women are assaulted by their partners or ex- partners, which causes an approximate cost to Ecuador of US$4,608 million, equivalent to 4.28% of its gross domestic product (GDP). Of the country costs of VAW, 49.9% would be borne by the women themselves, their households, and their micro-enterprises, 38.8% would be borne by medium and large-sized companies, and 11.3% by the state.
