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Alcances y limitaciones de la política Mipyme para la atención de empresarios en situación de desplazamiento: un estudio de caso en Bogotá

PROYECTA (ARTICULOS SOBRE ECONOMÍA) 01/2010;
Source: RePEc

ABSTRACT El desplazamiento forzado es una de las mayores crisis sociales que enfrenta el país. Cada día miles de colombianos y colombianas tienen que abandonar sus territorios a causa de la intensifi cación del confl icto armado interno, y del involucramiento cada vez mayor de la población no combatiente en las hostilidades de los actores armados. De acuerdo con las investigaciones sobre esta grave problemática social, a partir del año 1995 se recrudeció el conflicto armado interno y se intensifi có la estrategia de nvolucrar a la población civil en el mismo, extendiéndose el número de municipios y de personas afectadas (PÉREZ, 2004, 48). Al respecto, las cifras de la Red de Solidaridad Social indican que en el periodo 1995-2003, 1.340.000 personas solicitaron ser incluidas en el Registro Único de Población Desplazada, a efectos de acceder a los programas de atención estatal en materia de asistencia humanitaria de emergencia y estabilización y consolidación socioeconómica. Al tiempo que ha aumentado la población desplazada, se ha desbordado la capacidad de atención del Estado, las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales de atención humanitaria. La crisis social que conlleva el desplazamiento se ha agudizado con la falta de atención oportuna por parte de las instituciones responsables, al punto de que es cada vez más evidente que ante la falta de atención, la población desplazada termina viviendo en las zonas más pobres y deprimidas de las medianas y grandes ciudades. Con referencia a lo anterior, vale mencionar que la investigación de Pérez (2004, 69) encuentra evidencia para afi rmar que la población desplazada enfrenta mayores niveles de pobreza y exclusión social si se le compara con la población residente de las zonas más pobres de las ciudades. Concretamente, la investigación da cuenta de que la población desplazada habita en viviendas con pisos, techos y paredes inadecuadas, en situación de hacinamiento y con un elevado défi cit de servicios públicos. Así mismo, se encuentra que la población desplazada no dispone de servicios de salud y que las familias tienen que poner a los niños y niñas a trabajar o a mendigar ante la imposibilidad de cubrir los costos escolares y ante la necesidad de conseguir recursos para la supervivencia de la familia. La misma investigación da cuenta de los bajos niveles educativos de los jefes y jefas de hogar desplazados, lo cual les imposibilita la consecución de trabajos formales con remuneraciones que les permitan cuidar del sustento de sus familias. Señala la investigación que mientras el 63 % de los jefes de hogares desplazados trabajan en el mercado laboral informal, en los hogares no desplazados el porcentaje es de 33%. Ante estas difi cultades, las familias desplazadas se ven en la necesidad de emprender toda clase de negocios en la economía informal, generalmente vendiendo toda clase de productos en las calles, exponiéndose de paso a que se decomisen sus mercancías y no consigan para el sustento diario. Sumado a las anteriores difi cultades, vale mencionar, además, que en la medida en que muy pocas familias desplazadas son propietarias de vivienda u otros bienes, el estudio citado señala que sólo el 5% de las familias desplazadas en Bogotá son propietarias de vivienda, este grupo de población no puede acceder a créditos ante los establecimientos fi nancieros, así como tampoco puede emplear parte de las casas en que habitan para implementar su propio negocio u obtener ingresos por arrendamiento (PÉREZ, 2004, p. 62). En reconocimiento de la situación precaria en que vive la población desplazada, el Gobierno Nacional ha promulgado la Ley 387 de 1997 en la que se establece la obligación de las instituciones del Estado de asignar programas especiales de atención a la población desplazada y asegurar el acceso, con prioridad, a los programas regulares de la política social. En este sentido, es fundamental asegurar que se disponga de mecanismos efi cientes para que la población desplazada pueda acceder de manera efectiva a los programas de fortalecimiento de las Mipymes. Ante las fallas de diseño e implementación de las políticas estatales de atención a la población desplazada, y en especial las políticas orientadas a la estabilización y consolidación socioeconómica, entre ellas las de asegurar el acceso de la población desplazada a proyectos productivos y a recibir apoyo para el desarrollo de sus iniciativas empresariales, la Corte Constitucional, en sentencia SU-1150- 2000, ha ordenado a las instituciones del Estado hacer efectivo el acceso de la población desplazada a los distintos programas sociales, a fi n de reparar los derechos vulnerados de este grupo de población y atender sus necesidades con máxima prioridad. Por lo anterior, se considera necesario abordar una investigación que dé cuenta de los alcances y limitaciones de las políticas estatales de fortalecimiento y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa para la atención de los empresarios desplazados por el confl icto armado interno. En particular, analizar en qué medida los programas de las entidades agrupadas en el Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes disponen de estrategias que, en reconocimiento del trato prioritario que ha ordenado la Corte Constitucional para los empresarios desplazados, asegure su acceso a los programas de creación de empresa, comercialización de productos, esquemas de fi nanciación y crédito, y formación de capacidades para la gestión y administración de pequeñas unidades productivas. En el mismo sentido, es necesario analizar si las políticas estatales de apoyo a las Mipymes responden a la realidad del desplazamiento forzado y a las características productivas y educativas de los empresarios desplazados, así como determinar si el Gobierno Nacional ha adoptado medidas positivas tendientes a flexibilizar los requisitos de acceso a los programas Mipyme por parte de los empresarios desplazados, en particular a los programas de desarrollo y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa previstos constitucionalmente y desarrollados en la normatividad Mipyme, en especial las leyes 590 de 2000 y 905 de 2004. En desarrollo de los planteamientos antes mencionados, la investigación se propuso como objetivo general establecer los principales alcances y limitaciones de las políticas estatales de apoyo y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa para la atención de empresarios desplazados asentados en Bogotá, ciudad a la que según las cifras de la Red de Solidaridad Social, llega el 6% de la población desplazada en el país. Como objetivos específi cos se planteó estudiar los alcances y limitaciones de cada uno de los componentes de la política para la atención de los empresarios desplazados, a saber: creación de empresa, comercialización de productos, financiación y crédito, y formación de capacidades para la gestión y administración de pequeñas unidades productivas. El marco teórico de la investigación está dado por las políticas públicas y la normatividad en materia de atención a grupos vulnerables y el desarrollo de las políticas de fortalecimiento y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. A nivel metodológico, y ante la falta de información secundaria en la que se analice esta problemática, la investigación planteó como estrategia realizar un estudio de caso con 15 empresarios desplazados asentados en Bogotá que participan del diseño del Plan Distrital de Atención Integral a la Población Desplazada. A estos 15 empresarios desplazados se les aplicó una encuesta en la que se indagó sobre los alcances y limitaciones de las políticas Mipyme para apoyar el desarrollo de sus empresas y los factores por los que sus iniciativas empresariales han sido o no exitosas. El artículo se encuentra organizado en tres secciones: la primera expone las principales obligaciones del Estado en lo que se refiere a brindar un trato prioritario a los empresarios desplazados en el diseño y ejecución de las políticas nacionales de atención a las micro, medianas y pequeñas empresas y reseña la lista de entidades comprometidas en la atención de este grupo poblacional. La segunda presenta el marco legal que sustenta la política estatal de apoyo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. La tercera sección describe las empresas y las características sociodemográficas de los empresarios desplazados, además de evaluar los alcances y limitaciones de las políticas Mipyme para la atención a los empresarios desplazados, con especial referencia en los componentes de acceso al crédito y a los programas de capital semilla, programas de formación empresarial, acceso a mercados y comercialización de productos y creación de empresa; finalmente, se presenta una sesión con las principales conclusiones y recomendaciones de la investigación.

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